Los parados sin prestación podrán soliticar la ayuda de los 426 euros a partir del 17 de Febrero

Todos aquellos desempleados que agoten el subsidio por desempleo entre el 17 de Febrero y el 15 de agosto podrán solicitar desde mañana la ayuda de 426 euros mensuales de gobierno, según recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida, que se aprobó el pasado viernes, podría beneficiar a 243.000 personas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros por el que se prorroga durante seis meses más el plan de ayudas de 426 euros para parados sin prestación, el llamado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.

Hasta el 15 de agosto
De esta ayudas sólo se podrán beneficiar aquellos desempleados que extingan la prestación y el subsidio por desempleo entre hoy y el 15 de agosto, ambos inclusive, lo que según cálculos del Ejecutivo beneficiará a 243.100 personas y supondrá un coste adicional de 517,8 millones de euros.

Los parados que ya estaban cobrando esta ayuda no verán ampliada su prestación por otros seis meses, pues la ampliación del programa sólo afectará a los nuevos desempleados. Tanto unos como otros sólo tienen derecho a cobrar la ayuda un máximo de seis meses, con independencia de cuando se produzca su entrada en el programa.

El ‘Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción’ se reguló por vez primera en agosto del pasado año mediante un Real Decreto Ley, que fue sustituido por la Ley 14/2009 de 11 de noviembre. La cuantía de la prestación equivale al 80% del IPREM, que en 2009 fue de 420 euros, y en 2010 asciende a 426 euro.

Mismas condiciones
La Ley habilitaba al Gobierno para que teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la situación del desempleo pudiera prorrogar el programa por periodos de seis meses. Pero, al cumplirse la duración inicial fijada para dicho programa y «mantenerse las condiciones de crisis económica y su impacto sobre el empleo que lo motivaron», según manifestó el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el Gobierno ha decidido hacer uso de la habilitación y prorrogar por seis meses la medida.

Según el Gobierno, este programa de ayudas ha supuesto hasta febrero un desembolso de 295,3 millones de euros, con 333.000 beneficiarios, de los que un 72% está incluido en itinerarios de inserción. Además, el 18%, más de 52.000 personas, ya han encontrado trabajo.

El Ejecutivo destacó el pasado viernes que este programa de ayudas ha permitido elevar la cobertura por desempleo en más de 5 puntos porcentuales, hasta alcanzar al 80% de los parados, y subrayó que la prórroga de esta prestación extraordinaria y temporal supone «una iniciativa más para reforzar la protección frente al desempleo y la reinserción laboral».

Las matriculaciones de turismos aumentan el 54% en febrero

Las matriculaciones de turismos en la primera mitad de febrero se elevaron a 38.216 unidades, un 54% más de las que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.

Según fuentes de la patronal de concesionarios de automóviles Faconauto, que cita a la consultora sectorial MSI, esta evolución es síntoma de «las buenas expectativas que el sector anuncia para el arranque de este año».

Incrementos en todos los sectores
El canal de particulares ha subido en ventas de turismos en el periodo de referencia el 38,5%, con 23.358 unidades matriculadas estas dos primeras semanas del mes, frente a las 16.868 de hace un año.

Las compras de las empresas de alquiler han aumentado esta quincena el 369,4%, con un registro de 8.364 vehículos, frente a los 1.782 de hace un año.

El canal de flotas de empresas, varios meses deprimido, ha subido el 6,5%, con 6.494 matriculaciones, en comparación con las 6.106 de hace un año.

Madrid, el mejor dato
Por comunidades autónomas, es la Comunidad de Madrid la que encabeza los crecimientos, con el 97,4%, impulsada por las compras hechas por los rent a car, que han aumentado el 582%.

En la línea de fuertes incrementos se encuentran también la Comunidad Valenciana (69,2%), seguida de Extremadura (58,5%) y Andalucía (52,8%), donde el canal de los alquiladores también se disparó (769,2%).

Crecimientos significativos también se han dado en Castilla-La Mancha (48,8%), Baleares (48,1%), Catalunya (40%), Navarra (35,4%) y Canarias, (32,3%).

El 86% de los autónomos ve inapropiadas las medidas anticrisis del Gobierno

La encuesta también revela que más del 96% de los autónomos se siente afectado directamente por el momento económico | Les encuestados atribuyen su mala situación a la caída de las ventas (49,2%), la morosidad (23,29) y a la falta de crédito (21,5%)
El 86,4% de los autónomos ve inapropiadas las medidas que ha tomado el Gobierno ante la crisis y sólo el 5,2% las considera positivas, según los resultados de una encuesta presentada hoy por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
La encuesta también revela que el 96,4% de los autónomos se siente afectado directamente por la crisis y el 86,4% manifiesta que su negocio ha disminuido sensiblemente desde el comienzo de la recesión económica. Casi la mitad de los autónomos, el 49,2%, achaca su mala situación a la caída de las ventas y la pérdida de actividad, mientras que el 23,29% lo atribuye a la morosidad y el 21,5% a la falta de acceso al crédito.

El informe apunta en este sentido que el 47,6% de los autónomos solicitó un crédito en 2009, pero sólo se le concedió al 35,7% de ellos, mientras que el 40% se encontró con algún tipo de restricción crediticia. En cuanto a la morosidad, ha afectado, según esta encuesta, al 72,9% de los trabajadores por cuenta propia y el 38,5% de los impagos provenían del sector público.

En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que el período de pago de las administraciones públicas españolas triplica la media de la Unión Europea, lo que «lleva a la ruina» a muchos autónomos que «no pueden soportar» la falta de liquidez que les producen esos largos períodos de pago.

Frente a las medidas ya tomadas, que consideran inapropiadas, los autónomos proponen otras: el 19,4% aboga por una reducción de impuestos, y el 17,8% por bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. El 13,6% de los encuestados reclama que se obliga al pago de las facturas en 30 días, el 13,2% pide acciones que den más facilidades de crédito y el 13,1% exige una prestación por el cese de su actividad.

Lorenzo Amor advirtió de que sigue siendo muy mala la situación de los autónomos y, como ejemplo, puso los datos de enero, mes en el que hubo 21.000 trabajadores por cuenta propia menos, es decir, dejaron de trabajar unos 700 autónomos cada día. A la hora de ser preguntados por las perspectivas para 2010, sólo uno de cada veinte autónomos prevé contratar a alguien, ocho de cada diez opina que la economía española empeorará y nueve de cada diez cree que su negocio irá a peor.

Sólo el 10% de los españoles percibe la situación económica como ‘buena’

Sondeo realizado por Ipsos y Reuters
España es uno de los países con la percepción más negativa sobre la evolución de la crisis financiera, hasta el punto de que tan sólo el 10% de sus ciudadanos considera que la situación actual es ‘buena’, frente al 90% que la califica de ‘mala’, según un sondeo realizado conjuntamente por Ipsos y Reuters entre 24.000 personas de 23 países.
De los 23 países analizados en el informe, 17 de ellos, representativos del 75% del PIB mundial, tienen ciudadanos que definen la situación económica actual de su país como ‘buena’, una importante mejora respecto a la anterior encuesta, realizada en mayo de 2009, cuando sólo 8 de los 23 países registró respuestas positivas ante el futuro de la recesión económica.

Para los responsable de Ipsos, ello supone el «primer signo de optimismo de la opinión pública mundial» ante la delicada situación económica que enfrentan los distintos gobiernos desde finales de 2008.

Sin embargo, entre los españoles no sólo no se percibe esa sensación de mejora que se da en otros países, sino que además los resultados de este nuevo sondeo indican que se ha producido un retroceso de un punto respecto a la anterior encuesta.

El pesimismo español contrasta con el optimismo de otros países. Así, en India, el 82% de los encuestados consideran «buena» la situación económica actual; en Australia lo ven así el 81% de los sondeados; en Brasil este porcentaje alcanza el 72%; en Canadá, el 60%, y en Suecia, el 58%.

En el extremo opuesto, además de España, se encuentran Estados Unidos, donde el 20% ve la situación como «mala»; Gran Bretaña y Francia (14% en ambos casos); Japón (8%), y Hungría (7%).

A nivel global, haciendo una media de los 23 países del estudio, el 36% de los encuestados opina que la situación económica de ahora es buena, frente al 64% que la considera mala o bastante mala.

Siete de cada diez españoles, preocupados por el futuro
El sondeo también revela que el 70% de los españoles se muestra preocupado por el futuro de la economía del país, frente al 30% que expresa su confianza en que las cosas mejoren en los próximos meses. La confianza de los españoles avanza así tres puntos desde el anterior estudio.

Los resultados generales muestran que el 44% de los ciudadanos de los 23 países analizados tiene confianza en el futuro económico, en tanto que el 56% siente preocupación. Los autores del informe destacan que la confianza global ha aumentado desde finales de 2008, cuando sólo el 42% expresó su confianza en el futuro.

Los países que más confianza manifiestan hacia el futuro de sus economías son India (79%), China (78%), Australia (73%), Canadá (66%) y Países Bajos (61%), y los que se muestran más pesimistas son Japón (14%), Francia (21%), República Checa (25%) y Rusia (28%).

Por su parte, Argentina, China, Australia y Brasil son los países donde más se ha incrementado la confianza respecto al anterior sondeo, con crecimientos superiores a los 10 puntos en el porcentaje de ciudadanos que muestran confianza, en tanto que los habitantes de República Checa, Suecia, Francia y Alemania son los que más han reducido su confianza en el futuro económico.

Los efectos impagados caen el 16,6% en el 2009

Los impagos en los efectos comerciales se han estabilizado en el 2009. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de morosidad en las compras que realizan mayoritariamente las empresas entre sí ha aumentado hasta el 5,1%, una décima más que en el 2008, cuando repuntó en un punto y medio hasta el 5%.
El cambio de tendencia se debe a que los bancos y cajas han autorizado menos letras de cambio, que se han reducido un 19%, frente al descenso del 16% registrado en el número de efectos devueltos por impago. Se trata del primer descenso desde el 2007. A su vez, el importe total de estos efectos devueltos ha caído por primera vez en cinco años con un descenso del 34,8% hasta los 13.793 millones de euros. En el 2008, este indicador casi se duplicó con un ascenso del 84%.
Los efectos vencidos rozaron los 110,4 millones, tras descender un 19,2%, mientras que el importe (258.694 millones) también fue inferior.

OUTLET RESIDENCIAL: Metrovacesa ‘despedirá’ 70 viviendas con descuentos de hasta el 50%

En el reciento ferial de Ifema, Pabellón 5 (stand 5D04) del 19 al 21 de febrero.

Metrovacesa está presente en la II edición del Salón Outlet Residencial, que se celebra del 19 al 21 de febrero en el reciento ferial de Ifema (Madrid).

En el Pabellón 5 (stand 5D04), Metrovacesa ofrece al visitante del salón 70 viviendas, con hasta un 50% de descuento.

Durante estos días, Metrovacesa sacará al mercado el lote 5 de la campaña Adiós Pisos. Las viviendas de este nuevo lote se encuentran situadas en Madrid, Alicante, Almería, Cádiz, Castellón, Málaga, Valencia y Valladolid.

Las promociones que Metrovacesa ofrece en el certamen son:
· Comunidad de Madrid: Liceo Residencial (Madrid) y Residencial Miramadrid II (Paracuellos del Jarama).
· Alicante: La Fuente (Alicante), Mirador del Sur (Elche)
· Almería: Jardines de la Pipa, Oasis de Playa Serena (Roquetas de Mar).
· Málaga: Reserva de San Antón (Málaga), La Romana (Marbella), Roc Bay II (Manilva).
· Castellón: Golf Panorámica (Vinaroz), Almenara II (Almenara), Sagunto II (Sagunto).
· Cádiz: Sotorebolo VII (Algeciras), Delfines (Algeciras), Bahía Swing (Puerto Real).
· Valencia: Metrovacesa La Hípica (Bétera), Mirador del Serpis III (Gandía).
· Valladolid: Residencial Hoyo 15 y La Hacienda V.

A finales de noviembre de 2009, Metrovacesa puso a la venta 1.500 pisos en 10 provincias españolas con descuentos que van desde el 25 por ciento al 52 por ciento del precio final de la vivienda. Esta campaña, denominada Adiós Pisos, es uno de los mayores stock de viviendas que se ha puesto a la venta en España.

El concepto de esta campaña, que durará hasta junio de 2010, es totalmente novedoso: cada quince días, se pondrá a la venta un lote a través de la página web de Metrovacesa (www.metrovacesa.com), y también de la página web de Adiós Pisos (www.adiospisos.com) y sólo estará disponible durante esa quincena. Según Ignacio Ramírez, director comercial de Metrovacesa, “Adiós pisos es una propuesta que responde a la nueva realidad del sector inmobiliario. Metrovacesa saca a la venta su stock de viviendas: 1.500 pisos a precios y condiciones muy favorables y que nunca antes se habían visto”.

¿No encuentras trabajo? Cobra el paro de golpe y hazte emprendedor

Puedes cobrar el paro en un único pago de la cantidad a percibir con un límite del 60%.
Si está en paro y no encuentra trabajo tal vez sea el momento de plantearse empezar de nuevo y convertirse en un emprendedor. Así, los servicios de empleo facilitan el cobro del paro en un único pago de la cantidad a percibir con un límite del 60%. El resto se destinará a los pagos sociales como autónomo.

Se trata de una medida que tiene como objetivo fomentar y facilitar iniciativas de empleo autónomo, a través del abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones que pretenden incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, constituirlas, o que quieren desarrollar una nueva actividad como trabajadores autónomos.
Existen varios supuestos. Un trabajador beneficiario de prestación que pretenda incorporarse como socio laboral a una cooperativa o sociedad laboral, de nueva creación o en funcionamiento podrá obtener el abono de la prestación de una sola vez por el importe que corresponda a la aportación establecida con carácter general en cada cooperativa y a la cuota de ingreso, o al de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral, en ambos casos en lo necesario para acceder a la condición de socio.Se abonará como pago único la cuantía indicada con cargo a la prestación pendiente de percibir, calculada en días completos, a la que se aplicará el importe relativo al interés legal del dinero: el 5,50 %, hasta el 31 de diciembre de 2009.

La cuantía de la subvención será fija y equivalente al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social al inicio de la actividad subvencionada, calculada en días completos de prestación. El derecho a subvención de cuotas se mantiene hasta agotar la cuantía de la prestación por desempleo, siempre que el trabajador permanezca en la actividad.

También será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%. En este supuesto el trabajador puede solicitar el abono de una sola vez de su prestación contributiva por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio, con el límite máximo del 40% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir para solicitudes presentadas hasta el 2 de diciembre de 2008 incluido. A partir de esta fecha el límite será del 60%. El indicado límite no afecta a la cuantía que pueden obtener los trabajadores que acrediten una discapacidad en grado igual o superior al 33% y pretendan iniciar una actividad por cuenta propia.

Si no se capitaliza por la modalidad de abono en un solo pago la totalidad de la prestación, en el mismo acto de la solicitud podrá pedirse el abono del resto para subvención de cuotas de Seguridad Social.

La cuantía de la subvención corresponde al importe de la aportación del trabajador como autónomo a cualquier régimen del sistema de Seguridad Social del mes de inicio de la actividad. No son objeto de subvención, acogiéndose a esta medida de fomento de empleo, las cuotas ingresadas a Colegios Profesionales o a Mutualidades de Previsión Social, por tratarse de sistemas alternativos al sistema público de Seguridad Social.

Pueden optar a esta modalidad tdos los beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo y tener pendiente de recibir, a fecha de solicitud al menos, tres mensualidades. Pero no tienen que haber hecho uso de este derecho en cualquiera de sus modalidades, en los cuatro años anteriores.

Requisitos y solicitud
Una vez que se haya percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad laboral en el plazo máximo de un mes.

Para ello, debe presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio de la actividad. Además, debe destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de trabajadores autónomos con o sin minusvalía.

Si el beneficiario no iniciase la actividad o no justificase la afectación del importe abonado en los plazos indicados, la Entidad Gestora procederá a la reclamación la misma como prestación indebidamente percibida, quedando obligado el trabajador a su reintegro.

En el caso de incorporación a cooperativas o a sociedades laborales ya constituidas el solicitante del pago único debe persentar un certificado de haber solicitado su ingreso en la misma, indicando las condiciones de trabajo como socio de carácter estable, si se fija o no periodo de prueba y su duración, así como el importe de la aportación obligatoria, en su caso la aportación voluntaria, o cuota de ingreso. Si parte de la cantidad obtenida se destina a financiar la aportación voluntaria, compromiso del solicitante de que dicha aportación permanecerá en la cooperativa el mismo tiempo que la obligatoria, o el mismo tiempo durante el que hubiera percibido prestación por desempleo en la modalidad ordinaria de abono mensual.
En el caso de constitución de cooperativas o a sociedades laborales de nueva creación, la documentación a presentar consta de un proyecto de escritura pública de constitución y de los estatutos, una memoria explicativa del proyecto de la inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como cuanta documentación acredite su viabilidad. En el caso de que parte de la cantidad obtenida se destina a financiar la aportación voluntaria, compromiso del solicitante de que dicha aportación permanecerá en la cooperativa el mismo tiempo que la obligatoria, o el mismo tiempo durante el que hubiera percibido prestación por desempleo en la modalidad ordinaria de abono mensual.

En caso de inicio de actividad como trabajador autónomo también debe desarrollar una memoria explicativa del proyecto de la actividad a desarrollar y la inversión necesaria para su inicio, así como cuanta documentación acredite su viabilidad. En caso de solicitar exclusivamente la subvención de cuotas no será necesario que la memoria refleje datos sobre la inversión.

Las indemnizaciones por despido en España y su tributación: la situación actual

Dentro de la Unión Europea, España ocupa el tercer puesto entre los países con mayores costes por despido. En relación al gasto en concepto de indemnización, la compensación media por cada trabajador en España asciende aproximadamente a 12 meses de salario, únicamente por detrás de Portugal y Grecia. Este dato contrasta con países como Dinamarca, donde la indemnización media por trabajador asciende a 2,5 meses de salario.

En relación a las indemnizaciones por despido improcedente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece una indemnización ascendente a 45 días de salario por año de servicio, hasta el límite de 42 mensualidades. Como supuesto específico se encuentra el denominado contrato de fomento de la contratación indefinida, reservado a colectivos de difícil inserción laboral. Este contrato reduce la indemnización por despido a 33 días de salario por año trabajado.

En la actualidad el debate social está sobre la mesa, siendo numerosos los estudios que abogan por la reducción de estas cuantías como forma de frenar la contratación temporal así como vía de alcance de una mayor flexibilidad laboral que estimule a las empresas a llevar a cabo nuevas contrataciones de carácter indefinido.

La polémica no sólo se encuentra en el número de días de indemnización, sino que también presenta una importancia capital el número máximo de mensualidades a satisfacer (42 mensualidades). De acuerdo con la regulación actual, un trabajador con contrato indefinido estaría acumulando antigüedad a efectos de indemnización hasta el año 28 desde su contratación.

Tasas de paro altas
Mientras que es muy discutida la relación entre indemnizaciones por despido elevadas y tasas de paro altas, parece claro que sí tienen un efecto muy negativo respecto a los excesivos niveles de contratación temporal. Este hecho se encuentra acentuado por la enorme diferencia entre la indemnización prevista para finalización de contratos temporales (8 días por año trabajo) y los contratos indefinidos ordinarios (42 días por año trabajado).

En relación al despido por causas objetivas (individual o colectivo) basado en circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción, los artículos 51 y 52 del ET establecen una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

El legislador ha optado por no hacer diferenciación cuantitativa entre las causas de despido objetivas, hecho que no parece lógico debido a la diferente situación patrimonial de la empresa que lleve a cabo este tipo de despidos. Un despido basado en causas técnicas, organizativas o de producción no tiene que estar acompañado por situaciones de crisis empresarial, sino de adaptación de las técnicas o formas de producción. En esta situación, no parece justificado que las indemnizaciones se vean reducidas en más de un 50 por ciento respecto a los supuestos de despido improcedente.

Supuesto de crisis patrimonial
En cambio, en casos de despidos por causas económicas, siempre estará presente un supuesto de crisis patrimonial que se vería agudizado con las indemnizaciones abonadas por los despidos, lo que desestabiliza aún más a la empresa y perjudicaría igualmente a los trabajadores que continúan prestando sus servicios en ella.

Por otro lado, resulta también significativo el tratamiento tributario que se le dé a la indemnización. Este hecho es fundamental para los trabajadores, aunque también es importante para la empresa. Por un lado afecta a la hora de gestionar fiscalmente el gasto y, por otro, afecta al cómputo de las cantidades reales ofrecidas por el empresario a la hora de negociar con los trabajadores (que recibirán estas cantidades como neto o bruto según el caso).

Hasta ahora, la regla general había sido que todas las cantidades abonadas en concepto de despido se encontraban exentas de tributación a efectos del IRPF siempre que se hallen dentro de los límites legales antes expuestos. Las cantidades que excedan de estos límites legales estarían sujetas al IRPF como rendimientos de trabajo personal y, por tanto, deben de ser objeto de retención, sin perjuicio de su tratamiento como renta irregular.

Improcedencia del despido
Este tratamiento provocaba, en supuesto de despidos colectivos, situaciones discriminatorias en relación con las indemnizaciones recibidas en casos individuales de despido. Si en un ERE se pactaban indemnizaciones por encima de las establecidas legalmente (algo totalmente habitual), éstas quedaban sujetas al IRPF. En cambio, si el despido por causas objetivas era de carácter individual era frecuente que las partes llegasen a un acuerdo mediante el que la empresa reconocía la improcedencia del despido y la exención tributaria alcanzaba a todas las cantidades pactadas (hasta el límite legal de 45 días por año de servicio).

Esta situación cambió el pasado mes de noviembre, cuando, pese a la lógica reticencia del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó una enmienda, instada por el Partido Popular y Convergencia i Unió, a la Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento del Empleo. Mediante esta enmienda, la indemnización de trabajadores afectados por un ERE estará exenta a efectos del IRPF hasta los 45 días por año de servicio.

De esta forma, se equipara el tratamiento fiscal de los despidos improcedentes y los despidos colectivos efectuados dentro de un ERE. El empresario consigue igualmente ampliar el impacto de las cantidades ofrecidas dentro de la negociación en el ERE, ya que los trabajadores van a poder recibir las cantidades ofrecidas como cantidades netas.

Por último debemos aclarar que las cantidades abonadas en concepto de salarios de tramitación estarán en todo caso sujetas a efectos del IRPF como rendimientos del trabajo y a su sistema de retenciones. Por otro lado, la indemnización por despido satisfecha por el empresario es fiscalmente deducible en el cálculo del rendimiento de la actividad económica desarrollada.

Las familias, las más castigadas por la subida del IVA

Las familias españolas serán las más perjudicadas por la próxima subida del IVA y las que soportarán un mayor esfuerzo fiscal como consecuencia de su estructura de gastos, según un estudio de la Fundación Acción Familiar y la Universidad Complutense de Madrid.

El trabajo, que acaba de publicarse, determina en qué medida el aumento del Impuesto de Valor Añadido aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 repercutirá sobre las unidades familiares.

A partir de julio próximo, el IVA general se elevará dos puntos, hasta el 18 por ciento, el reducido un punto, hasta el 8 por ciento, y el superreducido se mantiene en el 4 por ciento.

Según la coautora del estudio y profesora de Economía Aplicada de la Complutense, María Teresa López, los gravámenes son iguales para todos los consumidores, pero las parejas con hijos compran «de modo más acentuado» los productos con los tipos de IVA más elevados.

En declaraciones a Efe, López ha considerado que esta medida «no sólo no constituye una política de apoyo o protección a la familia, sino todo lo contrario».

«No es justo que tengan que ser ellas las que financien la subida, sobre todo cuando juegan un papel redistributivo entre generaciones y actúan como un colchón de protección social que el Estado sería incapaz de asumir», ha añadido la directora de la cátedra de Políticas de Familia de la Complutense-Fundación Acción Familiar.

Las familias dedican casi un 30% a vivienda, agua, electricidad y gas, un 15% a alimentos y bebidas no alcohólicas, y casi un 14% a transporte, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, en la que se basa el trabajo de la Fundación.

Además de la estructura de gasto, ha añadido López, el impuesto sobre el consumo es regresivo por definición y las familias tienen menor capacidad de ahorrar porque gastan más que un individuo solo; por tanto, aunque el tipo nominal sea igual, el tipo efectivo (esfuerzo fiscal) no lo es.

Los resultados del estudio «IVA y Familia en los presupuestos Generales del Estado 2010» reflejan que las parejas con tres o más hijos pagan el mayor tipo efectivo (9,37) frente al menor de la persona sola de 65 o más años (7,29).

Según las autoras del informe, firmado por López y la profesora Mónica Gómez de la Torre del Arco, las escasas políticas de apoyo a la familia en España se llevan a cabo, sobre todo, en prestaciones de carácter universal y la mayoría están dirigidas a familias cuyas rentas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

También hay servicios sociales que se concretan en apoyo a domicilio, centros de orientación familiar, servicios de guardería etcétera, que se aplican desde las administraciones autonómicas o locales, generando, de esta manera, «derechos diferentes en función del lugar de residencia de la unidad familiar».

Desde el lado de los ingresos, son muy escasas las actuaciones de apoyo a la familia que se producen a través del sistema fiscal.

La Fundación Acción Familiar es un centro de investigación de familia, que en el año 2004 obtuvo el Estatus Especial Consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

Entre sus objetivos figura el de promover el conocimiento de los factores sociales y económicos que influyen en la familia, elaborar estudios que ofrezcan información a los responsables de las políticas de familia, y evaluar el impacto de las políticas de familia en todas sus dimensiones y ofrecer alternativas.

¿Necesita España un contrato de identidad nacional como el de Francia?

Nicolas Sarzoky quiere que los franceses sean más franceses todavía, por eso ha dado a conocer esta semana sus propuestas para “reforzar la identidad nacional”. Bajo el epígrafe Cultivar el orgullo de ser francés, el Ejecutivo galo propone la obligatoriedad de cantar (al menos una vez al año) La Marsellesa; la firma de un contrato ciudadano que recoja sus derechos y obligaciones; y la presencia de la bandera tricolor y la Declaración de los Derechos del Hombre en todas las escuelas.

Un buen conocedor de la sensibilidad de los franceses que prefiere no desvelar su nombre asegura desde París que el presidente galo busca cumplir así con su promesa electoral de 2007 y dotar de contenido al ministerio que él mismo creó, el de Inmigración e Identidad. El debate de la identidad francesa, dice esta fuente, ha sido muy recurrente durante los últimos veinte años para la intelectualidad nacional, pero nunca ha sido abordado por los políticos… hasta el ascenso de Le Pen, cuando en 2002 estuvo a punto de dar un susto a Jacques Chirac y a media Europa con la disputa de la segunda vuelta de las presidenciales.

Desde aquella fecha, el orgullo nacional dejó de ser un monopolio exclusivo del Frente Nacional para empezar a ser cortejado a partes iguales por la derecha y por la izquierda política. “La identidad francesa une más que divide, y es una cuestión que no hay que dejar en manos de los extremistas”, dice la fuente anónima.

¿Sería posible algo así en España? Rubén Sánchez, miembro del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid lo ve difícil. “La derecha española tiene secuestrada la idea de nación y la izquierda la ha adjetivado negativamente. Y ninguno de los dos está dispuesto a que esto deje de ser así. Es más, lo fomentan”, dice Sánchez, que llama la atención sobre el hecho de que el PP no dude en sacar a la calle la bandera de España durante sus manifestaciones (aunque no tenga nada que ver con el objetivo de las reivindicaciones) y el PSOE ni se lo plantea, precisamente, para evitar que se les vincule con la derecha.

Bernarda Jiménez, secretaria ejecutiva de Integración y Convivencia del PSOE, cree que el uso simbólico que la dictadura hizo de la bandera y del himno, así como la negación de las particularidades del los territorios históricos, es lo que ha hecho que la izquierda se defina tradicionalmente en oposición a ellos. “Todavía no ha pasado el suficiente tiempo para normalizar eso”, concluye.

Según la última encuesta de TNS-Sofres de este mes de febrero, el 85% de los franceses considera que “existe la identidad francesa”, y el 77% se siente “muy orgulloso” o “bastante orgulloso” de ser francés. Unos datos que ni por asomo pueden ser extrapolables a España donde, según Sánchez, la configuración autonómica hace casi imposible conceptuar una idea común compartida de la españolidad, a menos que sea como exclusión.

De los datos resulta especialmente reveladora la respuesta que dan los galos a la pregunta ¿cómo se define usted? El 47% se considera “únicamente francés”, el 26% “francés y ciudadano de la UE”, y el 12% “ciudadano del mundo”.

Frente a la opinión de Jiménez, que considera que la de José Luis Rodríguez Zapatero “es la política más integradora que nunca hemos tenido”, Sánchez señala que la identidad de lo nacional es una cuestión muy vinculada a la inmigración. “Es posible que la población española estuviera preparada para plantearse medidas como las francesas, pero quien desde luego no lo está es la clase política. No hay nada más que ver los últimos sucesos en Vic y Torrejón, donde las propuestas, pese a contar con un fuerte respaldo popular, no contaron con el visto bueno de los partidos, que no se atrevieron a entrar en el debate”.

Reacción en Europa
Desde Bruselas, Georgina Siklossy, portavoz de la Red Europea contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés), lamenta el debate de la identidad nacional francesa porque considera que incrementa las tensiones entre las diversas comunidades y estigmatiza a las minorías. Siklossy teme que la propuesta de Sarkozy pueda ser un mal ejemplo para el resto de países de la Unión y despierte un mensaje que empieza a calar ya en Bélgica y Dinamarca.

De hecho, la Red Musulmana Europea ha advertido a través de su portavoz, Rahni Ali, de la fuerza que está cobrando la cuestión de la identidad nacional como consecuencia de la cada vez mayor presencia de la extrema derecha en la esfera política. Ali cree que “la verdadera cuestión que hay detrás de este debate, es la crisis social, no la crisis de identidad”.

Robert Schuman, uno de los padres de la UE, dijo en 1963: “La política europea no se contradice en absoluto con el ideal patriótico de cada uno de nosotros. La organización supranacional, supera a la nación, no para disminuirla o absorberla, sino para darle un alcance más amplio y elevado”. Si no fuera porque la construcción de Europa se está llevando a cabo en oposición precisamente a esa premisa (potenciando el sentimiento europeísta en detrimento del nacionalista), cabría pensar que Schuman estaba en lo cierto.