¿Se acabó la era del dinero barato?

Allister Heath, analista de la City londinense, afirma que la era del crédito ultrabarato se ha acabado. Los resultados recién publicados de Barclays muestran un balance con más capital líquido y menos apalancamiento.
A partir de ahora el coste de los préstamos será más alto y los intereses de las cuentas de ahorro serán más bajos. Es el precio inevitable, dice Heath, de un sistema financiero más seguro.

En un artículo publicado en City AM, Era of cheap money is gone forever, el economista Allister Heath destaca los resultados anuales publicados por Barclays el pasado 16 de febrero como prueba de que el sector bancario está apostando por la prudencia, y ahorradores y prestatarios van a notarlo. Los créditos van a encarecerse, y las cuentas de ahorro rendirán intereses más bajos.

Los resultados de Barclays muestan, en opinión de Heath, un conjunto muy sólido de cifras que ratifica la estrategia seguida por el banco en los últimos 18 meses. Ha doblado el capital nivel 1 (“core Tier 1 capital”), un importante cojín contra futuros problemas, y aumentado el capital líquido hasta 127.000 millones de libras (desde 47.000 millones de libras el año anterior).

El apalancamiento se ha reducido de 28 a 20 veces. El tamaño de la hoja de resultados se ha reducido en un 33%. De esta forma el banco está en buenas condiciones para afrontar una posible impago de Grecia o incluso otro desplome de los precios de la vivienda.
Heath había aplaudido a finales del año pasado la iniciativa de la FSA (Financial Services Authority) de elevar los requisitos de liquidez del sector bancario.

No hay ninguna duda que bajo un sistema desregulado, de libre mercado, donde se dejara quebrar a los bancos, estos mantendrían reservas mucho mayores que las que han mantenido los últimos años, cuando unas regulaciones viciadas les han dado luz verde para poner muy pocos activos de verdadera calidad a buen resguardo. Los bancos también dependerían mucho menos del mercado interbancario. El plan de la FSA no es tan bueno como una solución de mercado real, pero lo que mejor que tenemos.

Juan Ramón Rallo, economista del Instituto Juan de Mariana, había expresado una opinión muy similar en su artículo ¿Hace falta más regulación?

Económicamente, sabemos que la crisis actual tiene su origen en este doble arbitraje de tipos de interés (endeudarse a corto e invertir a largo) y riesgos. Desde un punto de vista ético, no parece muy respetuoso con la propiedad ajena que los bancos destinen los fondos de los ciudadanos a propósitos para los que no les han sido confiados. (…) En la práctica, la interdicción del arbitraje de riesgos debería pasar por varias regulaciones concretas, como el incremento de los márgenes de apalancamiento o el aumento de los fondos propios necesarios sobre el activo inmovilizado.

La iniciativa de la FSA ilustra que el problema de la iliquidez permanente de los bancos o lo que se conoce como transformación de plazos (endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo) empieza a comprenderse en las altas esferas de las instituciones reguladoras. Prueba de ello es también la referencia de William C. Dudley, actual presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a las propuestas que se están discutiendo en el seno del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. En una conferencia en Australia el pasado 8 de febrero, Dudley apuntaba:

En el ámbito de la liquidez, hay varias iniciativas en proceso. El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria está trabajando en el establecimiento de estándares internacionales para los requisitos de liquidez. Hay dos partes en esta iniciativa. (…) La segunda es un estándar de liquidez que limite el grado permisible de transformación de plazos – esto es, la cantidad que endeudamiento a corto plazo permitida para la financiación de activos ilíquidos a largo plazo. Bajo estos estándares, los activos ilíquidos a largo plazo de una compañía tendrán que estar financiados principalmente por fondos propios o deuda a largo plazo.

Denunciados 22 bancos y cajas por limitar la bajada de las hipotecas

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) presentó ayer en los juzgados de instrucción de Madrid una demanda contra 22 entidades financieras por limitar la bajada de los préstamos hipotecarios de sus clientes. Esta organización estima que casi un millón de familias pueden estar afectadas por estas cláusulas «abusivas» que impiden a los usuarios beneficiarse de las rebajas de los tipos de interés, según dijo su presidente, Manuel Pardos.
Según la propia organización, es la primera demanda de estas características en España que se dirige contra varias entidades financieras por aplicar un suelo en los préstamos a interés variable.
La citada cláusula establece un porcentaje mínimo del interés en las hipotecas de interés variable del que no se puede bajar, al margen del valor del euríbor. Este índice ha registrado en los últimos meses varios mínimos históricos.
Aunque en la denuncia están representados 239 afectados, Adicae ha comenzado una campaña para que se adhieran a la misma más familias. Los demandados son el BBVA, los bancos Castilla, Galicia, Pastor, Popular, Sabadell y Vasconia, así como las cajas Catalunya, España, Extremadura, Galicia, Girona, Inmaculada, Cajamar, Caixa Nova, Penedès, Rural de Aragón, Sabadell, Duero, San Fernando, Segovia y Tarragona.

El precio de los alquileres seguirá bajando, según los expertos

La sobreoferta y la situación económica, además del perfil de quienes suelen optar por la vivienda en régimen de arrendamiento, son factores que seguirán presionando a la baja los precios de los alquileres. Lo bueno es que las rentabilidades pueden ir subiendo.

La situación económica le está haciendo un flaco favor al mercado del alquiler. En los últimos días, se han publicado dos informes sobre cómo le fue a esta actividad en el año 2009. Según la estadística de Fotocasa.es, los alquileres bajaron un 4,8 por ciento, de media, el año pasado, hasta los 8,55 euros por metro cuadrado al mes. Y ya acumula 22 meses consecutivos cayendo.

Desde que en mayo de 2007 alcanzara máximos en los 10,12 euros por metro cuadrado y mes, el descenso ya es de un 15,6 por ciento. A cierre de 2009, sólo la Comunidad de Madrid ha registrado crecimientos en el precio de la vivienda en alquiler en España: cerró 2009 con una subida del 0,8 por ciento y un precio medio de 11,06 euros por metro cuadrado y mes. Por provincias, los alquileres han bajado en 43 de las 48 analizadas por el estudio. La caída más importante tuvo lugar en Huesca, con un retroceso de un 18,7 por ciento. Y descendiendo al nivel de los municipios, en el 92 por ciento de los 153 estudiados por Fotocasa.es. Entre las capitales de provincia, el descenso más importante correspondió a Zaragoza, donde en el último año, los alquileres bajaron un 13,7 por ciento.

El informe de Idealista.com arroja cifras parecidas. A su juicio, el precio de la vivienda en alquiler en España terminaba el ejercicio pasado con descensos de entre un seis y un diez por ciento en los principales mercados. Aunque, en algunos casos, los precios experimentaban caídas anuales de dos dígitos en Castellón de la Plana, Zaragoza, Barcelona y Valencia. En concreto, los precios cayeron un 14,2 por ciento en Castellón y algo más de un 11 por ciento en las otras tres capitales.

¿Por qué el INE dice que sube?
Entonces, ¿cómo hay que interpretar que, según el INE, los precios de los alquileres hayan aumentado un 1,8 el pasado año? «Los datos obtenidos por el INE pueden llevar a la confusión, dado que la medición se realiza a través de las actualizaciones de precios que pagan personas que ya están de alquiler, y que suelen tomar como referencia el IPC, en lugar de ofrecer datos de los precios de las viviendas actuales, de aquéllas que en este momento están en el mercado», explica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com. Este experto ha detectado que, en la situación actual, si alguien quiere alquilar una vivienda, llega a bajar sus objetivos entre un diez y un quince por ciento.
Pero como no sólo está bajando el precio de la vivienda en alquiler, sino que también lo está haciendo el precio de la vivienda en venta y en una proporción menor. Por eso, el lado positivo de toda esta dinámica es que la rentabilidad del alquiler aumenta. Hace un año, Madrid estaba a la cola de los cuarenta países más importantes en lo que a rentabilidad por el alquiler de vivienda se refiere, con un 3,7 por ciento. Sólo Italia ofrecía una rentabilidad menor. Un año después, la rentabilidad por el alquiler en España ha subido una décima, hasta el 3,8 por ciento. Con ello, esa subida de una décima le ha permitido subir cinco posiciones en el ranking e igualar a Nueva York y adelantar a Londres. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra los precios de venta han aumentado más que los alquileres.

Con todo, la rentabilidad del alquiler en España aún se encuentra lejos de Berlín, donde supera el 5 por ciento, o de Bruselas, donde roza el 6 por ciento. Y lo mismo ocurre con las principales capitales del este europeo.

La subida de la rentabilidad en una décima es la única buena noticia con la que se encuentran los propietarios. A juicio de los analistas de Forcadell, el contexto seguirá jugando en contra de la subida de precios. En estos momentos hay un gran volumen de sobreoferta a la que han contribuido los promotores: según cálculos de Aguirre Newman, entre un 10 y un 15 por ciento de las promociones que se comercializan lo hacen ofreciendo alquiler con opción a compra. Este nivel de sobreoferta ha provocado, según Forcadell, que los propietarios ya no fijen precios. Manuel Gandarias, director de estudios de Pisos.com, ha detectado que muchas viviendas que, en principio, iban destinadas al mercado de la venta han llegado al del alquiler y, por ello, considera que las rentas seguirán bajando moderadamente en el primer semestre de 2010. Los analistas de Forcadell coinciden: consideran que es muy probable que el ajuste de los precios del alquiler se prolongue durante unos trimestres más y que vaya suavizándose, para encontrar una cierta estabilización en el segundo semestre de este ejercicio.

La FAES del PP saca pecho y asegura que fueron «los primeros» en vaticinar la crisis inmobiliaria

Eso sí, varios años después de que Aznar desoyera las alertas del Banco de España.
El Observatorio Económico de FAES ha cumplido cinco años y para celebrarlo han difundido un documento en el que se apuntan supuestos logros, algunos realmente sorprendentes, como que fue “la primera organización española en vaticinar la crisis en el sector de la construcción”. Lástima que cuando se dieron cuenta de la inminente crisis del ladrillo ya habían pasado varios años de las alertas de expertos sobre la generación de una burbuja inmobiliaria, alarmas que al final del segundo mandato de Aznar ya había hecho sonar hasta el propio Banco de España, poniendo el foco en el alto endeudamiento familiar por vivienda. Pero entonces la FAES callaba, el ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos decía que si los pisos estaban caros era porque “muchos españoles” podían pagarlos y periodistas como Jiménez Losantos animaban a los ciudadanos a “endeudarse” con vivienda sin hacer caso de advertencias.

La FAES presume de los méritos de su observatorio económico otorgándole medallas como que “ya en 2007 pronosticó que la economía española entraría en recesión” o que “fue la primera organización española en vaticinar la crisis de la construcción”.

¿Los primeros?
Las alertas del observatorio que dirige el ex falangista Juan Velarde se produjeron en el contexto de la crisis hipotecaria de EEUU, que eclosionó en 2007 y derivó en todos los colapsos posteriores, incluido el del mercado inmobiliario español. Aunque en esos momentos la crisis ya era inminente y no había margen de maniobra, las señales de alarma venían de muchos antes, concretamente del Gobierno de Aznar, cuando a pesar de las alertas de organismos como el Banco de España ni el entonces presidente ni la fundación del PP se inquietaron a pesar de sus dotes de clarividencia.

En 2003 la prensa liberal negaba burbujas
Por ejemplo, en 2003 y tras varios años de crecimiento de hasta dos dígitos en el precio de la vivienda, el Banco de España alertó sobre el excesivo endeudamiento de las familias en esa partida. Periodistas de la órbita de la derecha más liberal, como Federico Jiménez Losantos, salieron al paso de esos avisos para tranquilizar a la población: “Años llevan avisando del pinchazo de la famosa burbuja inmobiliaria, menos mal que nadie les hizo caso…”.

La doctrina Cascos
Meses antes, el ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos ya había restado importancia a los datos sobre el sobreprecio de la vivienda asegurando que si era cara respondía a que “muchos españoles” podían pagarla y preferían invertir en bienes inmuebles que en otras cosas. Varios años después y ya en la antesala de la crisis, llegaron los vaticinios de la FAES.

Los sindicatos anuncian que la huelga general no está en sus previsiones

Las centrales se muestran convencidas de que no se retrasará la edad de jubilación.
UGT es partidaria de que se resuelva con más impuestos y CC.OO. no.
Méndez y Toxo difieren del papel del ministro de Trabajo en la comisión.

Los dirigentes sindicales están aflojando la tensión de sus bases ante el convencimiento de que el Gobierno no aprobará la jubilación por ley a los 67 años. El próximo martes, 23-F, se manifestarán en Madrid, pero descartan una huelga general. «No está en el escenario de las reflexiones del sindicato», afirmó ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
El dirigente sindical dijo que «no hay empleos en la huelga general; los empleos los genera la actividad económica», afirmó Toxo en una entrevista en la Cope. Sin embargo, admitió presiones «para que venga a cuenta o no se convoque una huelga general». De hecho, en las últimas reuniones de los órganos directivos de ambos sindicatos, sus dirigentes han tenido que frenar a sus propios delegados, que les reclamaban una respuesta contundente contra el retraso de la jubilación por ley. El problema al que se enfrentan sus cuadros sindicales es que algunos de ellos han ganado las elecciones haciendo bandera de la jubilación a los 60 años.

Tras las reuniones que han mantenido de manera informal, los sindicatos creen que el Gobierno será flexible. Es decir, que la fórmula que acabará aprobando el pacto de Toledo podría ser una recomendación y no un cambio legislativo. Es decir, alguna fórmula que suponga un retraso progresivo incentivado de la jubilación a partir del 2013. El próximo lunes el ministro de Trabajo explicará en el Parlamento la propuesta gubernamental.

Por el contrario, los sindicatos creen que se puede avanzar en alguna fórmula que refuerce la contribución que hacen los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Esto permitiría garantizar los ingresos teniendo en cuenta que las nuevas generaciones trabajan menos años y con periodos más intermitentes. Hay que tener en cuenta que la clave de las dos grandes reformas aprobadas fue alargar el periodo de cómputo (en 1985, de 2 a 8 años; en 1997, de 8 a 15 años, y en el 2001 se planteó y luego no se concretó). Por eso se podría habilitar una fórmula que incluyera los mejores años de cotización por determinados periodos laborales.

UGT y CC.OO. no mantienen una posición unitaria ante la reforma de las pensiones públicas. Comisiones admite que es necesario recortar los gastos. De hecho, siempre ha sostenido que el problema de la viabilidad del sistema es su «contribuidad». Esto significa garantizar la máxima aportación de los trabajadores teniendo en cuenta que empiezan a trabajar más tarde y con contratos más precarios. De hecho, esta organización ha avalado todas las reformas, como le gusta decir a su responsable Carlos Bravo, incluida la del 2001, que abrió la puerta al aumento del periodo de cálculo. Además, cree que se deben hacer ajustes para que el sistema se financie con las cotizaciones de trabajadores y empresas, sin necesidad de recurrir a impuestos. Por eso se niega rotundamente a una bajada de cotizaciones que pueda disminuir los ingresos, dada la evolución demográfica española.

Por el contrario, UGT se cierra en banda al aumento del periodo de cálculo de las futuras pensiones. Por esta razón, lo ha impedido siempre que ha podido (en el 2001). Además, considera que si hay problemas de financiación se debe recurrir a subir impuestos para resolverlo.

Ambas organizaciones están de acuerdo en que hay que limitar los expedientes de regulación de empleo. También coinciden en que es necesario adaptar la pensión de viudedad a la nueva realidad laboral de la mujer para las futuras generaciones.

UGTy CC.OO. también discrepan del papel del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la salida de la crisis. Toxo pidió que se le incluya en la comisión integrada por la vicepresidenta Elena Salgado y los ministros de Fomento, José Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián.

Por el contrario, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer que «no se deben hacer lecturas torcidas». Es consciente de que el Gobierno quiere mantener dos planos diferentes de negociación, uno político y otro sindical. El objetivo es evitar que los desacuerdos que puedan surgir en la negociación de la reforma laboral y de las pensiones contaminen el consenso que requiere la salida de la crisis.

Ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que propondrá un nuevo contrato con una indemnización por despido progresiva en la reunión que mantendrá el próximo día 23 con la comisión «anticrisis».

El mercado de oficinas necesita cinco años para recuperarse

La crisis ha dejado muchas oficinas madrileñas literalmente vacías. Este activo inmobiliario atraviesa su peor racha en lo que a contratación se refiere desde hace más de una década. Las previsiones para este año no auguran grandes mejoras y tienden al estancamiento. Para empezar a ver un crecimiento habrá que esperar a 2011 y hasta 2014 para que se ocupe el parque disponible.
Desde la crisis de los 90 el mercado de oficinas no se veía salpicado por unos bajos niveles de contratación como los que registró al cierre de 2009. Según BNP Paribas Real State, ésta descendió en Madrid hasta 296.000 metros cuadrados y fue la más baja desde 1995. Estos resultados ponen de manifiesto que la superficie media contratada continúa retrocediendo, pasando de los 921 metros cuadrados del segundo semestre de 2008 a los 881 en el pasado ejercicio.

Según el último informe de la consultora Savills, 2009 terminó con un volumen de contratación algo superior, de 315.000 metros cuadrados, muy por encima de lo esperado. Entre octubre y diciembre de 2009, aumentó un 46% la contratación de oficinas en Madrid, hasta los 146.000 metros cuadrados, explica la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle en su último informe.

“A diferencia de los trimestres precedentes, en el último periodo de 2009 se han registrado un mayor número de operaciones, fruto, en parte, de la urgencia en formalizar contratos antes de final de año, por lo que se ha observado una recuperación muy atípica que no creemos que se mantenga a lo largo de los próximos meses”, destaca Pedro de Churruca, consejero director de Jones Lang LaSalle.

Por su parte, Edward Farrelly, director de Research de CB Richard Ellis, define el comportamiento del cuarto trimestre de 2009 como un “repunte artificial”. A su vez añade que “el mercado va a seguir muy difícil en 2010 e, incluso apunta que no cree que veamos un crecimiento en 2011.

Escaso optimismo
Las previsiones para este año apuntan a un descenso aún mayor de la contratación. La división inmobiliaria de BNP Paribas confía en que se entreguen 254.000 metros cuadrados, 42.000 menos que en 2009. En ese sentido, apunta a que el tiempo requerido para ocupar el parque disponible de oficinas ha pasado de los dos años de 2008 a los cinco de 2009.

Y es que si la superficie de oficinas disponible en la capital de España alcanza los 1,4 millones de metros cuadrados, su tasa de disponibilidad oscila entre el 9,01% de Jones Lang LaSalle (del cuarto trimestre), el 10,5% de consultora Savills en el conjunto del año y el 13% para la división inmobiliaria de BNP Paribas. Desde esta compañía explican que durante el pasado año se consolidó la tendencia de los usuarios a trasladar su actividad a espacios más reducidos y aprovechar la mejora de su posición negociadora.

Respecto a los precios de alquiler de oficinas, cayeron entre un 24% y un 30% durante 2009 según Savills, y un 3,11% en el último trimestre del año, para Jones Lang LaSalle. Eusebi Carles, director general de Savills, apuntaba recientemente que “hasta mediados de 2010, los precios de alquiler pueden todavía seguir corrigiéndose a la baja, aunque queda poco margen, pues estamos cerca de nuestro suelo natural, dado que los precios han descendido ya un 30%”.

Jones Lang augura, igualmente, que los precios seguirán bajando este año aunque de manera menos acelerada que en 2009 a causa de las dificultades en la recuperación económica “que afecta directamente a las decisiones de empresas de cambiar su sede”.
Por otro lado, la menor contratación de las oficinas deja el volumen de inversión en mínimos históricos, en 500 millones de euros, el equivalente al 16% de la inversión que se realizó un año antes. Jorge Sena, director de oficinas de Jones Lang LaSalle, estima que para 2010 “los inversores privados seguirán muy activos, los fondos extranjeros tendrán una mayor presión para invertir y la oferta de edificios y cartera de activos seguirá aumentando en un mercado donde las rentabilidades empezarán a mostrar cierta presión a la baja”. Asimismo, pronostica que el volumen de inversión debería aumentar si empiezan a venderse edificios de mayor tamaño e incluso partes de portfolios y carteras de activos.

El segundo activo inmobiliario más rentable
A tenor de estas últimas declaraciones, algunos portales inmobiliarios apuestan por las oficinas como la segunda opción más rentable por alquiler entre los productos inmobiliarios, por detrás de los locales comerciales.

Es el caso de Idealista.com, que apunta que las oficinas más rentables de España están en Sevilla, con una rentabilidad anual de inversión para alquiler del 6,2%, seguida por Barcelona, con el 5,3%. En Madrid, comprar una oficina para alquilarla ofrece una rentabilidad del 5% al año, mientras que en Palma de Mallorca es ligeramente inferior, del 4,9%.

En cualquier caso, la inversión inmobiliaria que lidera el ránking de rentabilidad son locales comerciales. En Valencia encontraríamos la mayor rentabilidad, del 8,7%, seguida de Bilbao con el 7,6%.

Toda Europa retrasa la edad de jubilación

España no es el único país europeo que estudia alargar la vida laboral. Alemania y Grecia también lo han hecho, mientras Francia e Italia están pendientes de una reforma de calado.

¿Debemos jubilarnos más tarde? En España, el debate está servido desde que el Gobierno anunciara su intención de retrasar, progresivamente y a partir de 2013, de los 65 a los 67 años la edad legal de retiro laboral, además de ampliar el periodo de la vida laboral con el que se calcula la cuantía de la pensión, hoy fijado en 15 años. La propuesta ha sido duramente criticada por los sindicatos y todos los grupos de la oposición, pero el caso español no es único.

El envejecimiento de la población europea y sus consecuencias en el mercado laboral están en la agenda de la mayoría de los Ejecutivos comunitarios. Algunos ya han anunciado retrasos legales, como Alemania y Grecia; otros se muestran prudentes, pero lo ven como algo inevitable, como Francia; otros más, sin cifras, han anunciado retrasos de calado, como Italia, mientras Reino Unido apuesta por asemejarse más al modelo estadounidense.

Alemania: «Alemania mengua y envejece»
Según los datos de la Oficina Federal de Estadísticas, su población se habrá reducido entre un 15 y un 20 por ciento de aquí al año 2060. Las causas: una baja y decreciente tasa de natalidad (situada en 1,38 niños por mujer en 2008) y una cada vez más larga esperanza de vida (que se sitúa en los 82 años para las mujeres y en los 77 para los hombres). Este cóctel tendrá efectos nefastos para el mercado de trabajo, la productividad y el sistema de pensiones de la todavía locomotora económica europea.

El anterior Gobierno de la Gran Coalición (formado por los socialdemócratas SPD y los democristianos de la CDU-CSU) ya asumió que las cuentas no salían y aprobó, en abril de 2007, una ley para prolongar la edad de jubilación dos años: de los actuales 65 a los 67.

De esta forma, entre 2012 y 2029 la edad de jubilación se irá prolongando progresiva y escalonadamente: a partir de 2012, el retiro laboral aumentará cada año en un mes. A partir de 2023, el aumento anual será de dos meses. Así, aquellos ciudadanos nacidos en 1964 sólo se podrán jubilar ya a partir de los 67 años. Una medida no exenta de polémica y sobre la que todavía hay un debate político abierto. El Gobierno federal, por otra parte, descarta de momento recortar las pensiones, pero sí prevé reducir a la mitad el aumento de las mismas a partir de 2011. Otra de las medidas para alcanzar la sostenibilidad del sistema es promover el empleo de personas de 55 años y mayores. Además, el Gobierno también ofrece ventajas fiscales para aquellos trabajadores que contraten planes de pensiones privados que complementen la pensión pública. Una medida que Berlín considera cada vez más importante para poder asegurar el actual nivel de las pensiones. Con todo, a la vista de los previsibles efectos que el envejecimiento y la mengua de la población tendrán sobre la productividad, el mercado laboral y el ingreso de dinero en las arcas públicas, muchos estudios alertan de la insuficiencia de la jubilación con 67 años. Por ejemplo, en el Este del país, donde la pérdida y el envejecimiento de la población es aún más aguda, la medida sólo supondrá un aumento del 2,5 por ciento de la población en edad laboral.

Por tanto, según los expertos, Alemania necesita un aumento de la inmigración cualificada que pueda cubrir la futura demanda de mano de obra de las empresas, un aumento de la tasa de natalidad y una mayor y mejor inversión en educación e investigación que aumente la productividad. Medidas que deberían hacer sostenible un sistema que, en este momento, parece inviable a medio-largo plazo.

Francia
Una gran reforma del sistema de pensiones forma parte de las tareas que el presidente Nicolas Sarkozy ha puesto al Gobierno y a los agentes sociales para 2010. El jefe del Estado ha asegurado que «todas las opciones» se pondrán sobre el tapete, lo que incluye la espinosa cuestión del aumento de la edad legal de jubilación, establecida en 60 años desde el año 1981. Pero, en la última reunión celebrada esta semana con los sindicatos, el presidente galo dejó claro que quiere sin prisa, pero sin pausa: anunció que el diálogo comenzará en abril -tras las elecciones regionales de marzo- y que, en septiembre, presentará un proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones para su tramitación en otoño.

De momento, ningún Ejecutivo se ha atrevido a modificar la edad de jubilación a pesar de las sucesivas reformas llevadas a cabo desde los años 90. La edad efectiva hoy en Francia es de 58,5 años en los hombres y de 59,2 años en las mujeres.

Una de las reformas más recientes, aprobada en 2008, ha prolongado progresivamente el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, que alcanzará los 41 años en 2012. Los sindicatos se han opuesto ya a aumentar a 61 años la edad de jubilación, como desearía la patronal, y alegan que Francia tiene una de las tasas más bajas de empleo (38 por ciento) para los mayores de 55 años entre los países desarrollados.

El sistema de pensiones francés reposa sobre tres pilares -pensión de base obligatoria, pensión complementaria obligatoria y ahorro voluntario- y los franceses están muy apegados al modelo contributivo, establecido en 1941, pero el sistema está amenazado por un desequilibrio financiero de gran envergadura en el contexto de envejecimiento de la población y paro elevado. En 2009, el déficit de las pensiones del régimen general de la Seguridad Social ascendió a 7.700 millones de euros.

Reino Unido
El debate también está abierto en Reino Unido. El Gobierno encargó el pasado enero una revisión para cambiar la ley que fija la jubilación en los 65 años para hombres y en los 60 para las mujeres. El límite se fijó en 2006, pero existe una demanda social para abolirlo, como prueban numerosos contenciosos legales que en 2009 obligaron al Alto Tribunal a pronunciarse. El juez negó que se incumpliese la legislación comunitaria contra la discriminación por edad, pero detectó espacio para repensar la normativa.

Actualmente, las compañías no pueden imponer retiradas prematuras y los empleados tienen el «derecho a solicitar» trabajar, una vez superada la edad obligatoria. La empresa, no obstante, puede declinar.

Sin embargo, el Gobierno cree que el envejecimiento poblacional requiere un «cambio masivo» y ha iniciado ya consultas con patronal, sindicatos y colectivos como Age Concern para poner fin a un criterio «arbitrario». Aunque el debate no entra a evaluar las posibilidades de un modelo mixto de pensiones, la primera beneficiada sería la economía. Un reciente estudio concluyó que ampliar la vida laboral 18 meses reportaría 17.000 millones de euros anuales. Las encuestas revelan que la apuesta sería bienvenida, especialmente entre las mujeres. Para ellas, el tope de los 65 no entraría en vigor hasta 2020.

Italia
La edad de jubilación en el país transalpino también esta íntimamente ligada a la esperanza de vida. El pasado mes de julio, el Gobierno italiano puso las bases de un nuevo sistema que, en principio, entrará en vigor a partir de 2015. Según el ministro de Trabajo, Maurizio Sacconi, se trata de una intervención «que se revelará más robusta» de la que se está llevando a cabo en España.

Mientras tanto, según las normas vigentes (la última reforma se remonta a 2007), la edad de la jubilación en Italia se determina a través de un sistema de cuotas. Ésta se calcula sumando la edad del trabajador a los años de cotización a la Seguridad Social: la medida entró en vigor en 2009 con una edad mínima de 59 años (y una cuota de 95) y se prorrogará hasta el año 2013, cuando la cuota será de 97, con una edad mínima de 61 años.

Por otro lado, el sistema público está apoyado por un sistema privado: desde 2005 se dio a los trabajadores la posibilidad de depositar su liquidación laboral en fondos de pensiones complementarios.

Además, desde el pasado enero, Italia se ha adecuado a las normas europeas equiparando la situación de jubilación entre hombres y mujeres, pero sólo en la Administración Pública.

Los requisitos de las funcionarias, que ahora pueden jubilarse con 60 años, aumentarán hasta llegar a los 65 años en 2018, en línea con los colegas hombres.

200.000 parados se quedan sin la ‘paga’ de 420 euros

La implantación de la paga de 420 euros para los parados que hayan consumido la prestación contributiva y asistencial, el denominado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, está transcurriendo por debajo de las previsiones del Gobierno.

Al final del primer semestre de su entrada en vigor, y antes de la nueva prórroga recién aprobada por el Ejecutivo, los datos sobre su evolución son los siguientes. De los 600.000 desempleados que el Ejecutivo había situado en el universo potencial de los perceptores cuando puso en marcha la medida, a finales de enero, 318.197 habían obtenido la autorización de Trabajo para cobrar la prestación. Es decir, un poco más del 50% de los cálculos del Gobierno.

No obstante, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, puntualiza que, hasta finales de abril, hay dos meses de prórroga del primer plazo de seis meses, que comenzó en agosto del año pasado, y que, para entonces, sus previsiones son que la cifra de beneficiarios “podría superar” los 400.000.

En cualquier caso, habrá una diferencia de alrededor de 200.000 personas menos respecto a los cálculos previstos por el Gobierno. Y, por lo tanto, es presumible que el gasto en este capítulo de la protección social sea inferior a los 1.300 millones calculados por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, teniendo en cuenta que, al final, podían solicitar la paga todos los que perdieron la protección contributiva y asistencial –el subsidio, propiamente dicho– y cumplieran determinadas condiciones desde enero de 2009.

La evolución de los datos demuestra que la polémica medida no se ha convertido en una puerta por la que pueda entrar todo el mundo. Precisamente, éste es un aspecto que destaca Jesús Membrado, portavoz del PSOE de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, en sus enfrentamientos con su homólogo del Partido Popular, José Ignacio Echániz, para mostrar el “rigor” de la medida.
Echániz recrimina al Gobierno que, a partir de este momento, las comunidades autónomas “tendrán que heredar un problema creado por el Ejecutivo”, porque éste, transcurridos los primeros seis meses, ya no se hace cargo de estas personas si no han conseguido empleo.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sostiene que son las comunidades autónomas “las que tienen que proteger a estas personas, mediante las diferentes modalidades de salario social que tienen todas dentro de sus competencias”.

Sin embargo, el PP asegura que las comunidades autónomas se harán cargo de estas personas –en teoría 318.000– si cumplen las condiciones establecidas por las administraciones autonómicas para darles la ayuda. Hay que tener en cuenta que la nueva prórroga de la paga de 426 euros, que acaba de entrar en vigor, sólo se aplicará a quienes se queden en esta situación entre el 17 de febrero y el 16 de agosto. Es decir, que quienes ya la tenían no podrán seguir disfrutando de ella, aunque no encuentren empleo.

En este nuevo periodo de la prestación, el Gobierno estima un presupuesto máximo de 551 millones de euros, para cubrir las peticiones de 243.100 desempleados en el más elevado de los casos.

Para la patronal CEOE el problema es mucho menor. En palabras de Santiago Herrero, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, que el Gobierno no cubra el universo potencial de la medida se debe fundamentalmente a la economía sumergida. O a la incompatibilidad en atender los requisitos de la Administración para cobrar lo que, a partir de ahora, ya son 426 euros mensuales, mientras se está trabajando sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social. Entre las exigencias para poder cobrar la prestación, Trabajo reclama al beneficiario que se comprometa a participar en un itinerario de inserción laboral.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, recuerda que, por su propia condición, valorar la economía sumergida es difícil. Rojo, que no desea repetir la polémica en la que se vio envuelto el ministro Celestino Corbacho al cifrarla en el 20% del PIB, tiene una explicación para la diferencia que puede haber entre quienes realmente se van a acoger en el primer plazo a la paga de 420 euros –unas 400.000 personas– y el universo potencial que contemplaba el Gobierno en la regulación de la prestación, unas 600.000 personas. Maravillas Rojo opina que la razón fundamental está en el hecho de que, para poder recibir la prestación, es necesario que la unidad familiar en la que está el beneficiario no tenga ingresos de cualquier tipo superiores a 474,98 euros mensuales por cada persona.

El fuerte crecimiento del desempleo cuestiona las cuentas
El fuerte crecimiento del desempleo y, en consecuencia, del gasto en protección se ha convertido en el gran problema del Gobierno para intentar empezar a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB, que es el nivel en el que se encuentra ahora, al 3% en 2013. En 2009, el gasto final en desempleo se ha aproximado a los 35.000 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado inicialmente, que fue de 19.000 millones. Las previsiones iniciales para este año de gasto estaban en 30.000 millones de euros, pero lo cierto es que el paro sigue creciendo, aunque a un ritmo más atenuado.

No obstante, y a pesar de ello, la nómina de prestaciones contributivas y asistenciales en diciembre fue de 2.772 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,88% respecto al mismo mes de 2008, cuando la recesión acababa de estallar.

El número de beneficiarios de la cobertura del paro es ya de 3.034.000 personas, mientras un millón más no tienen protección puesto que no han contribuido lo suficiente para generar el derecho. Máxime cuando crece un 185% la cifra anual de solicitantes de prestaciones por desempleo. Por esta razón, el informe AFI-Agett duda de que se puedan alcanzar los objetivos de reducción de déficit.

El consumo de las familias crece por primera vez en dos años

Lo hizo un 0,3% en el cuarto trimestre de 2009 aunque en tasa interanual cayó un 3,5%.
El gasto de los hogares no crecía desde el cuarto trimestre de 2007, cuando repuntó un 0,9%, aunque ya daba señales de recuperación en el tercer trimestre de 2009, en el que tuvo crecimiento cero.

La economía española mostró signos de mejora en el último trimestre de 2009 a pesar de que su producto interior bruto (PIB) registró una caída del 0,1% en tasa intertrimestral, por lo que continúa anclada en la recesión, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Si la comparación se hace respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB se anotó un descenso del -3,1%, nueve décimas inferior al del periodo precedente, mientras que el retroceso medio en 2009 llegó al -3,6%, es decir, cuatro puntos y medio menor que el del año 2008.

Esta menor contracción que la economía ha demostrado en la última parte del año es atribuible a la mejora generalizada en todos los componentes del PIB. Por ejemplo, el consumo de las familias españolas creció en el cuarto trimestre de 2009 un 0,3% respecto a los tres meses precedentes. El gasto de los hogares no crecía desde el cuarto trimestre de 2007, cuando repuntó un 0,9%, aunque ya daba señales de recuperación en el tercer trimestre de 2009, en el que tuvo crecimiento cero. Pero pese a crecer entre el tercer y cuarto trimestre el consumo de las familias aún retrocedía el 3,5% en términos interanuales, aunque menos que el 5% que retrocedió en el trimestre precedente, en consonancia con la evolución de su renta disponible. En efecto, el principal recurso de renta de los hogares, la remuneración de los asalariados, moderó su decremiento del -3,9% al -2,7% consecuencia de la menor reducción del nivel de empleo. Éste, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, rebajó su caída en un punto y una décima, pasando del -7,2% al -6,1%, lo que supuso la reducción de 1,12 millones de empleos netos a tiempo completo en un año.
Atendiendo a los componentes del gasto de los hogares, en el cuarto trimestre destaca el crecimiento interanual positivo del gasto en bienes duraderos (las matriculaciones de vehículos han aumentado casi un 30%). Los otros tipos de gasto (alimentos, bienes no duraderos y servicios) mantienen crecimientos negativos, si bien menos intensos que en el tercer trimestre. Si el gasto de las familias se aceleraba, el de las Administraciones Públicas se desaceleró significativamente en este cuarto trimestre, pasando del 4,1% hasta el 0,8%. Resultado que se produce por el menor ritmo de avance de la remuneración de los asalariados de las Administraciones Públicas.

Otro de los componentes del PIB, la formación bruta de capital fijo, también tuvo un mejor comportamiento en tasa interanual, ya que su crecimiento negativo se redujo en más de tres puntos, pasando del -16% en el tercer trimestre al -12,9% en el cuarto. Evolución que fue compartida por todos sus componentes como la inversión en bienes de equipo que moderó su caída en este trimestre del -23,8% al -15,3% y la inversión en construcción, que mejoró ocho décimas en el cuarto trimestre, alcanzando una tasa de crecimiento negativa del -10,2%.

Todos estos factores llevaron a la demanda nacional a reducir en un punto y tres décimas su aportación negativa al PIB (de -6,6 puntos a 5,5 puntos). Peor se comportó el sector exterior, que redujo en cuatro puntos su contribución a la economía española, pasando de 2,6 puntos a 2,2 puntos en el cuarto trimestre.

Tras conocerse estos resultados, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, previó que en el primer trimestre de 2010 la economía continúe con una tendencia de «mejoras suaves y sostenidas». Añadió que «no espera» una recaída de la economía pese a la retirada paulatina de los estímulos fiscales.

Contabilidad nacional

Evolución económica– La economía española mejoró su comportamiento en el último trimestre del año, al decrecer en tasa intertrimestral un 0,1%, dos décimas menos que en el trimestre precedente, aunque sigue anclada en la recesión.
– Por agregación de los cuatro trimestres, la contracción del PIB de 2009 fue del 3,6%, cuatro puntos y medio menor que el del año 2008.

Familias– A su favor jugaron todos los componentes del PIB aunque destaca el consumo de las familias, que en tasa intertrimestral creció un 0,3%, lo que supone el primer repunte del consumo de los hogares en dos años.

Gasto público
– Mientras sube el consumo privado, el gasto de las Administraciones Públicas se redujo en el cuarto trimestre del 4,1% al 0,8% en tasa interanual.

Exportaciones– Las exportaciones redujeron su caída del -10,8% al -2,9%, al igual que las importaciones, del -17% al -9,6%.

Las pymes españolas son las más castigadas de Europa por la sequía del crédito

Las pymes industriales están entre las más afectadas por los efectos de la crisis financiera.
Los fabricantes de bienes de consumo no duradero capean la crisis con una caída de sólo el 6,6%.
Las pequeñas y medianas empresas españolas (pymes) son las que tienen más dificultades para acceder al crédito bancario de entre las de los grandes países de la zona euro, según un estudio realizado por el Banco Central Europeo (BCE), que señala además que, lejos de mejorar el acceso al crédito, este se ha endurecido todavía más el segundo semestre del 2009. Según el estudio, realizado con encuestas a 5.320 empresas, de las que 1.004 eran españolas, el 25% de las pymes que solicitaron un crédito en España vio su solicitud rechazada por el banco, mientras que otro 28% sólo consiguió un importe inferior al que necesitaba.
El banco emisor reconoce que esta dificultad proviene en parte del deterioro que sufren las cuentas de estas empresas por el impacto de la crisis económica. Un dato del INE corroboró ayer esta situación: la facturación de las empresas industriales en España acumula ya 17 meses de caídas consecutivas, y retrocedió el año pasado un 21,7% tras caer otro 3,2% en el 2008.

Las dificultades de acceso a la financiación bancaria están extendidas en toda la zona euro, según el BCE, que señala que el 42% de las empresas encuestadas considera que ha empeorado su acceso al crédito en la segunda mitad del año. En este contexto, sin embargo, la situación especialmente negativa de las pymes españolas se relaciona con el fuerte deterioro que sufren sus cuentas: según el banco emisor, el 52% de las empresas españolas prevén un descenso de su facturación y el 60% una caída de los beneficios, los porcentajes más altos de la eurozona.

Estas malas perspectivas contrastan con las de las pymes francesas (sólo el 9% prevé una caída de ingresos y el 23% de beneficios) y especialmente las alemanas (apenas el 1% prevé facturar menos y sólo el 15% prevé reducir ganancias), los dos países que reportan igualmente menos problemas de acceso a la financiación externa. El deterioro de las cuentas de las empresas españolas sólo es menor que el de las italianas, que son las que prevén necesitar más financiación bancaria en los próximos meses (el 28% afirma que necesitará más crédito, frente al 19% de las pymes españolas).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejaron ayer el impacto de la crisis en la industria, un sector que en Europa, según el Banco Central Europeo, sufre una caída de negocio similar al de la construcción. En España el INE señala que las empresas del sector industrial sufrieron una caída de ingresos del 21,7% el año pasado, la mayor desde que el INE inició estas estadísticas en el 2002, que se une a la caída del 3,2% que ya registraron en el 2008. En total, la industria acumula 17 meses consecutivos de caída de ingresos.

Las perspectivas tampoco serán mejores en los próximos meses, dada la evolución de los pedidos: según el INE, los pedidos cayeron un 22,1% en el conjunto del 2009, aunque el pasado mes de diciembre volvieron a registrar una tasa de variación positiva, del 6,2%. También la caída de la facturación se ha ralentizado en los últimos meses.

Por tipos de industria, el INE destaca que los fabricantes de bienes de consumo ingresaron un 10% menos, con gran diferencia entre los fabricantes de bienes de consumo duradero (muebles, electrodomésticos, automóviles, etcétera), que redujeron sus ingresos un 33,7%, y los de consumo no duradero, que ingresaron sólo un 6,6% menos. Las caídas de ingresos fueron del 20,3% para los fabricantes de bienes de equipo, del 27,7% para los de bienes intermedios y del 37,9% para la industria de la energía, que sufrió a la vez la caída de la demanda y del precio del petróleo.

La caída de las ventas de la industria de bienes de equipo refleja bien el parón que ha sufrido la inversión en España, según constató el estudio El stock y los servicios de capital en España, elaborado por la Fundación BBVA. El informe indica que los efectos de la crisis económica sobre la inversión son visibles en todos los tipos de activos. Así, la inversión en equipos de transporte descendió un 24,1% el año pasado, mientras que las inversiones en maquinaria, material de equipo y otros productos similares bajaron un 22,8%.

Las caídas de la facturación de la industria son muy superiores a las registradas en la producción como resultado de la guerra de precios que han desatado los fabricantes en la mayoría de sectores, desde el automóvil hasta la alimentación, para intentar mantener sus ventas captando los clientes de sus competidores. Así, el INE señala que la producción industrial cayó un 15,8% el año pasado, la mayor caída desde que empezó a elaborar esta estadística en 1993. La industria acumula, además, 21 meses consecutivos de caída de la producción, aunque el deterioro se está estabilizando y en diciembre la caída fue de sólo el 1,4%, la menor desde el inicio de la crisis. La guerra de precios, además, tiene un efecto devastador en los márgenes, que no reflejan las cifras del INE.