Hacienda busca coches de alta gama, pisos caros y becarios sin contrato

Hacienda lanza una ofensiva para sangrar más a los contribuyentes, tanto familias como empresas. Según publica en exclusiva La Gaceta, una casa de lujo o un vehículo de alta gama serán “signos externos de defraudación”. Además, pequeños comercios y autónomos serán perseguidos.
Tal como adelantó LD, el Gobierno ha iniciado una ofensiva para intentar aumentar la recaudación fiscal como sea. Primero aprobó la mayor subida de impuestos de la historia, después ordenó a los inspectores que aumenten un 15% los ingresos (bajo amenaza de bajada salarial) y ahora lanza un plan antifraude que, en lugar de perseguir a los grandes delincuentes fiscales, se centra en las familias, pequeños comerciantes y profesionales autónomos.

Según publica este miércoles Jesús García en La Gaceta, una casa de lujo o un vehículo de alta gama serán “signos externos de defraudación”, siempre que el investigado no sea un político, ya que los diputados, senadores y miembros de las ejecutivas de los partidos tienen carta blanca. De hecho, hasta el 75% de sus ingresos no tributan al Fisco.

Con la aprobación el pasado viernes a bombo y platillo del nuevo Plan Integral de Prevención del Fraude, el Gobierno quiso transmitir la idea de que se iba a perseguir hasta el último resquicio la economía sumergida en España. Sin embargo, a medida que se van desgranando cada una de las actuaciones que se pondrán en marcha, la pregunta que surge es: ¿qué se ha hecho hasta ahora y por qué han tenido que pasar tantos años para que la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, luchasen codo con codo en esta lucha contra el fraude?

De hecho, la principal novedad del plan será, precisamente, esta colaboración entre estos organismos inspectores de lo laboral y lo fiscal. La iniciativa pone también en el punto de mira la contratación de becarios, el control de las horas extraordinarias y la actividad de los negocios regentados por chinos, los populares “todo a cien”.

El Ministerio de Economía y Hacienda cifra ahora en 4.000 millones el impacto del plan antifraude aprobado en el último Consejo de Ministros para el periodo 2010-2013. El objetivo inicial era obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros), pero días después de lanzar el programa las previsiones de recaudación se han duplicado, sin que el Gobierno haya explicado la justificación del nuevo cálculo.

Así, según lo explicado el pasado viernes, el nuevo plan solo iba a añadir 1.000 millones de recaudación adicional, al cabo de tres años, a los resultados que ya vienen dando las actuaciones de control de la Administración Tributaria (8.119 millones, en el 2009).

Reforma de la Ley de Morosidad

Seopan plantea que los contratistas paguen a sus proveedores cuando cobren de la Administración.
El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, abogó ayer por permitir que los contratistas puedan acordar con sus proveedores plazos de pago iguales a aquellos en los que pagan, de forma efectiva, las Administraciones Públicas.

‘No cuando dice la Ley que deben pagar, sino cuando efectivamente paguen’, recalcó Taguas, quien participó en la reunión con los ponentes de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU.

Asimismo, Taguas pidió que la nueva ley contemple como ‘medida excepcional’ la posibilidad de que el contratista principal pueda pagar más allá del plazo legal (asumiendo cualquier coste financiero por el aplazamiento superior al plazo legal de 60 días) a través de un sistema de gestión de pagos de ‘confirming’, avalado por una entidad financiera.

La proposición de reforma de la Ley de Morosidad que estudia en estos días la Cámara Baja plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, que se reduce a 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar este tiempo.

Sin embargo, Taguas señaló que, ‘dadas las restricciones presupuestarias actuales’, resulta difícil admitir que las administraciones vayan a pagar puntualmente por el hecho de que la Ley rebaje el plazo de pago.

‘Si las empresas constructoras deben ahora pagar a 60 días y, por el contrario, van a seguir cobrando de las administraciones Públicas en un promedio de 157 días, es obvio que dependerán del escaso y caro crédito bancario para financiarse’, explicó, alertando del estrangulamiento de su tesorería.

A su juicio, antes de prohibir que las empresas puedan seguir pactando los aplazamientos de pago que ahora permite la Ley, deben adoptarse medidas que garanticen que las Administraciones Públicas cumplirán sus obligaciones de pago en el plazo fijado por la Ley.

Según los cálculos de Seopan, la deuda vencida (con antigüedad superior a 60 días) de las administraciones públicas ascendía a finales de 2008 a 16.400 millones de euros, aproximadamente el 1,5% del PIB y un tercio del total de obra pública ejecutada en dicho año.

A su juicio, deberían modificarse las normas que regulan la financiación de las comunidades autónomas y, especialmente, de las corporaciones locales, para garantizar que dispondrán a tiempo de los necesarios recursos para afrontar en plazo sus compromisos de pago, así como extremarse la observancia de las normas presupuestarias y la exigencia, en su caso, de responsabilidades.

También pidió que, dada la trascendencia que la medida va a tener en los sectores que contratan con las Administraciones Públicas y el plazo en que éstas, razonablemente, podrán ponerse al día en la deuda que mantienen con las empresas, la medida recoja un periodo transitorio ‘lo suficientemente amplio’ para que unas y otras puedan adaptarse a las nueva norma.

Finalmente, para evitar ‘efectos retroactivos’ de la norma debería aclararse que los nuevos plazos de pago a proveedores y subcontratistas sólo serán aplicables cuando el contrato principal del que deriven se haya suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

La vivienda bajó un 5,5% en febrero

La bajada desde los máximos de finales de 2007 alcanza ya el 15,7%.
El precio de la vivienda bajó un 5,5% durante el pasado mes de febrero en tasa interanual, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) elaborado por la tasadora Tinsa.
Este índice refleja «un cierto grado de estabilización del descenso interanual», ya que la caída del 5,5% es la misma que la registrada en enero, indica la tasadora.
En todo caso, la bajada acumulada desde que el índice alcanzó máximos a finales de 2007 siguió aumentando hasta el -15,7% de febrero.
Entre los subíndices del IMIE, el que registró en febrero un descenso más brusco fue el de «Baleares y Canarias», que bajó un 8,9%, seguido de «Costa Mediterránea», con un descenso del 8,2%.
Desde Tinsa explicaron que una posible explicación a estas bajadas «puede venir por la situación de atonía en la demanda de países centroeuropeos, así como la debilidad de la demanda interna en un contexto de salida de la crisis menos optimista de lo previsto».
Por detrás se encuentran los subíndices «Grandes Ciudades» (-5,9%), «Áreas Metropolitanas» (-4%) y «Resto de Municipios» (-3,8%). Respecto a los recortes acumulados, la «Costa Mediterránea» aceleró su caída desde máximos hasta el -22%. El segundo lugar lo ocupan ya «Baleares y Canarias», con un -16,8%. Le siguieron las «Capitales y Grandes Ciudades» y sus correspondientes «Áreas Metropolitanas», con un -16,3% y un -16,2%, respectivamente.
En último lugar vuelve a situarse el índice del «Resto de Municipios» no incluidos en las divisiones anteriores, con un ajuste del -13,2%.

Las Cámaras advierten de que la banca perderá 100.000 millones del ladrillo

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, afirmó ayer que las entidades financieras «nunca recuperarán» el 30% de la deuda que ha contraído con ellas el sector inmobiliario, y que asciende a unos 97.500 millones de euros. Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), las promotoras inmobiliarias adeudan a la banca un total de 325.000 millones de euros, de los que la mitad corresponde a préstamos para la compra de suelo, informa Efe. Gómez Navarro explicó, en un encuentro organizado por la Apie, que «será difícil» saber cuándo se recuperará el resto de la deuda. Respecto a las pérdidas sufridas por las inmobiliarias, señaló que las promotoras «no se van a resarcir porque no están bajando los precios».
Al analizar la actual situación del sistema financiero español, Gómez Navarro señaló que «nunca se ha querido reconocer que está tocado» e insistió en la necesidad de que se lleve a cabo «una capitalización». Asimismo, indicó que el tiempo «se agota» para aprovechar la aprobación de Bruselas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en vigor hasta el 30 de junio.
Acerca de una de las medidas propuestas por el Gobierno para combatir la crisis, que contempla la posible administración por parte de un único banco de los préstamos directos del ICO a las pymes, opinó que «podría utilizarlos para sanear su propio balance financiero».

Las principales empresas familiares plantean bajarse la cotización y subir la edad de jubilación a los 70 años

Las propuestas incluyen un sistema que premie a quienes coticen más.
El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha aplaudido hoy al Gobierno por reavivar el debate sobre la reforma de las pensiones y, de paso, ha lanzado sus propuestas.
Apelando al «coraje político» o a la «altura de miras» que debieran tener quienes negocien en el Pacto de Toledo, la asociación de directivos ha tirado de sus propias encuestas para ofrecer, en consonancia con la patronal y con el llamado grupo de los cien economistas, retrasar la edad de jubilación hasta los 65 e incluso los 70 años; ampliar el mínimo de años a cotizar (de 15 a 20) para cobrar la pensión; y «crear un sistema de ahorro personal gestionada por el Gobierno, premiando económicamente a los trabajadores que decidan pagar tres puntos más de cotización a la Seguridad Social.»

Esta última idea es novedosa: introduce una fórmula público-privada («mixta») en la que el trabajador dedica más dinero en financiar el sistema sanitario (con 8.500 millones de superávit en 2009, un 41% menos que en 2008) y que en el futuro «complementará la pensión» de dicho trabajador. El objetivo de esta asociación, que asegura basarse en el ejemplo noruego, británico e incluso neozelandés, es «mejorar la situación financiera» de la Seguridad Social

El IEF, tras su propuesta de elevar el periodo de cotización, ha planteado rebajárselo a las empresas dos puntos, aumentar la edad mínima de prejubilación y permitir a las mutuas tener la última palabra sobre las altas o bajas laborales. «Para reducir el absentismo irregular».

Sin embargo, cuando el presidente del IEF, Simón Pedro Barceló, ha sido inquirido acerca de la dificultad de aplicar algunos de estos puntos debido a los bajos salarios de los españoles, éste ha reconocido ciertas limitaciones. «La solución no es aumentar los sueldos a través la negociación colectiva, sino hacerlo en función de si somos competitivos o no. Y ahora no lo somos», ha dicho Barceló.

Las aseguradoras y los fondos de pensiones apoyan a Corbacho

Las patronales de las aseguradoras y de los fondos de pensiones, UNESPA e INVERCO, respaldaron hoy la recomendación que hizo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de que los ciudadanos contraten planes de pensiones privados, ya que creen que les permitiría mejorar su poder adquisitivo cuando se jubilen.

En declaraciones a EFE, UNESPA señaló que «todo el mundo debería aspirar a tener un complemento de renta cuando se jubile, con independencia de que la pensión pública sea el aporte principal».

Por ello, la patronal dirigida por Pilar González de Frutos destacó que «lo que debería sorprender no es que el ministro de Trabajo tenga un fondo de pensiones, sino que la mayoría de los ciudadanos no tengan ese complemento» a su pensión pública.

En la misma línea se pronunció el director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez Aldama, que se mostró «plenamente» de acuerdo con Corbacho y explicó que a su juicio, hay que ir «hacia un sistema mixto» en el que siga predominando la prestación pública, pero con más protagonismo del ahorro privado.

«Esto es lo que ocurre en todos los países de la OCDE», especialmente en Reino Unido y Holanda, aunque la primera posición del mundo en cuanto a volumen de ahorro privado la ocupa Estados Unidos, explicó.

Martínez Aldama pidió también que se mejore actual régimen fiscal de los planes de pensiones privados, que permite a los ahorradores menores de 49 años desgravarse hasta 10.000 euros anuales en su declaración de IRPF y 12.500 euros al año a los que superen esa edad.

«Cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor», ya que el esfuerzo económico es menor cuanto más joven sea el ahorrador, insistió. Para el director general de Inverco, los españoles «son ahorradores», aunque el 80 por ciento de su esfuerzo lo destinan «al ladrillo».

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recomendó ayer a los trabajadores que contraten planes de pensiones privados, por lo que recibió fuertes críticas del Partido Popular (PP) pese a que insistió en que ese consejo no significa que defienda sustituir el sistema público de pensiones.

La OCU desaconseja los planes de pensiones para complementar la pensión @BuscoPisoCasa

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desaconseja los fondos de pensiones privados como un complemento para la pensión. Según esta organización, ese tipo de productos financieros solo son interesantes para las rentas muy altas y las ventajas fiscales que ofrecen son en realidad solo «aparentes» porque en el futuro pueden llegarse a pagar más impuestos que los ahorrados inicialmente.

«¿Le tienta invertir en un plan de pensiones? No pique el anzuelo». De esta manera tan concluyente la OCU critica las declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en las que aconsejaba ayer a los ciudadanos contratar un plan de pensiones privado para completar la jubilación.

Aunque es cierto que las aportaciones a planes de pensiones son deducibles fiscalmente, al jubilarse se declaran como rendimientos del trabajo, por lo que entra dentro de lo posible que en el futuro se paguen más impuestos de lo ahorrado inicialmente. En un producto financiero a largo plazo, el marco legal inestable supone un elemento de riesgo no siempre tenido en cuenta.

Rentabilidad amenazada
Las comisiones de gestión elevadas de los fondos de pensiones son otro factor a tener en cuenta y además suelen estar marcados por una gestión conservadora, por lo que las expectativas de rentabilidad son muy pequeñas. Si en el momento del rescate del plan, la bolsa sufre un periodo bajista (como el del pasado año, por ejemplo) la rentabilidad de la operación quedará en entredicho.

Otro inconveniente de los planes de pensiones es su falta de liquidez. Si ante un imprevisto es necesario obtener ese dinero será imposible o será a costa de la rentabilidad esperada.

La OCU aconseja que si se quiere ahorrar para la jubilación, la mejor opción es destinar una parte de los ahorros a una cartera diversificada de fondos de inversión. Los planes de pensiones pueden resultar atractivos porque desgravan en el IRPF, y porque el dinero que no se pague en impuestos se puede reinvertir en el plan, con lo que se rentabiliza hasta el momento de recuperarlo, cuando se jubile.

Otros expertos, en base a estudios de rentabilidad a largo plazo, consideran que lo mejor es invertir directamente en bolsa un porcentaje de los ahorros, en valores de alta rentabilidad por dividendo, y esperar a vender en un momento alcista de la bolsa en los años próximos a la jubilación.

Mecánica fiscal
En el caso de las aportaciones a los planes de pensiones, las aportaciones se deducen de la base imponible fiscal del IRPF del año de la aportación. Esto significa que el contribuyente deja de pagar impuestos por unos ingresos equivalentes a la cuantía aportada a todos los planes (de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión de asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia), dentro de un límite máximo. Como el IRPF grava en una escala creciente por tramos, el ahorro es mayor según se elevan los ingresos del contribuyente. Es decir, que el límite puede ser superior en función de los ingresos por rendimientos del trabajo y actividades económicas.

Pero cuando se recupera el dinero invertido en el plan de pensiones más las ganancias obtenidas, hay que pagar muchos impuestos, por lo que en muchos casos deja de ser interesante. Al menos de momento se puede elegir cómo recuperar el dinero, de una vez en forma de capital, o de manera sucesiva como renta. En ambos casos se tiene que declarar como rendimiento del trabajo, por lo que tendrá que tributar lo que en su día se ahorró. Frente al 18% que tributan los rendimientos de otros fondos de inversión, los del plan de pensiones tributan al tipo marginal que le corresponda por los rendimientos del trabajo.

Sólo interesan con rentas muy altas
Los planes de pensiones son interesantes principalmente para aquellos que tengan rentas muy altas (con una base liquidable superior a unos 53.000 euros anuales) y que no necesiten contar con liquidez antes de jubilarse. Suele tratarse de inversores que se han garantizado la pensión máxima de jubilación por la Seguridad Social y que saben que no tendrán otros ingresos complementarios (procedentes de rentas de alquiler, por ejemplo). Este tipo de inversor debe elegir un buen plan de pensiones, y retirarlo en forma de renta financiera eligiendo el importe mensual que se desea recibir.

Mejor aumentar la base de cotización
Para los trabajadores con rentas que no sean muy altas, es preferible invertir en un fondo de inversión con buena rentabilidad. En el caso de un trabajador autónomo, que esté contribuyendo al mínimo en la Seguridad Social y con más de 50 años, lo que le conviene es aumentar la base de cotización, en vez de realizar aportaciones a un plan de pensiones.

En cualquier caso, no conviene realizar aportaciones al plan de pensiones cuando quede poco tiempo para jubilarse, por ejemplo, dos o tres años. Entonces es preferible invertir en un depósito o fondo de inversión.

Las grandes constructoras critican que el Estado les pague a 140 días

Los planes de los grupos parlamentarios para acortar el plazo oficial de pago de la Administración con las empresas (de 60 a 30 días) y entre compañías (60 días sin opción de pactar plazos mayores) se toparon ayer con la oposición de las constructoras. Seopan, patronal de las grandes del sector, defendió en el Congreso que, mientras las propias administraciones no cumplan, es imposible que ellas lo hagan con las compañías que subcontratan.
David Taguas, presidente de la organización y exdirector de la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que las administraciones incumplen «desde siempre» sus obligaciones de pago. Según un estudio de la consultora Deloitte, el Estado pagó a 140 días a las grandes constructoras entre el 2006 y el 2008. Llama la atención, porque el Gobierno siempre ha defendido que es la única administración que cumple.
Según el estudio, las autonomías pagan aún más tarde, a 155 días; y los ayuntamientos, a 238. Taguas sostuvo, en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Industria, que si las administraciones «nunca» han cumplido sus obligaciones, ni en tiempo de bonanza, es «difícil admitir» que lo vayan a hacer con las «restricciones presupuestarias actuales».
Si estas no pagan, continuó, y además se impide a las constructoras pactar plazos de pago más largos con sus proveedores y subcontratistas, se verán abocadas a recurrir al «escaso y caro» crédito bancario para financiarse.

OBRAS PARADAS/ «El estrangulamiento de tesorería de las empresas les impedirá desarrollar su actividad y, como resultado, se generalizará la paralización de obras, los concursos de acreedores, los expedientes de regulación de empleo y la caída generalizada de pedidos de materiales y subcontratas», advirtió.
Taguas pidió, entre otras medidas, que la Administración se ponga al día (16.400 millones pendientes al cierre del 2008, aunque la patronal CNC lo eleva ya a 35.000) y que se mejore la financiación autonómica y local. Precisamente, la Federación de Municipios y Provincias dijo que los ayuntamientos no pagan antes porque carecen de recursos. La institución reclamó más dinero y menos trámites para poder cumplir el plazo de 60 días.

Sindicatos y patronales reclaman créditos directos del ICF a Montilla

La Generalitat, los sindicatos y las patronales negocian desde hace días una propuesta de actualización del Acuerdo Estratégico con vistas a la cumbre convocada el viernes por José Montilla con los partidos del Parlament. Sobre la mesa hay una propuesta compartida por los sindicatos y las patronales de dar prioridad a la lucha contra el problema de fondo de la falta de financiación que ha provocado la crisis en muchas empresas. Para ello, plantean que el banco público de la Generalitat, el Institut Català de Finances (ICF), ponga en marcha algún mecanismo similar al del ICO estatal para dar créditos de forma más directa.
Los líderes de CCOO y UGT, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, explicarán hoy esta propuesta al presidente de la Generalitat en una reunión preparatoria de la cumbre del viernes. El Govern envió ayer un primer borrador de actualización del Acuerdo Estratégico que fue criticado por los sindicatos y las patronales al considerarlo «demasiado genérico» y «poco novedoso» respecto a las medidas que ya están en vigor y en relación con el pacto sobre 30 compromisos contra la crisis firmado en diciembre pasado.
Todas las organizaciones firmantes del acuerdo plantearon enmiendas al departamento de Economia y a Presidència para que la convocatoria del viernes sea, según uno de los líderes de los agentes sociales, «algo más que una nueva foto y declaraciones contra la crisis».

EL GOVERN VE DIFICULTADES / El Govern ha advertido de las dificultades «técnicas y organizativas» de poner en marcha una iniciativa de créditos directos gestionados por una entidad bancaria, aunque se ha mostrado dispuesto a escuchar todas las propuestas de los firmantes del Acuerdo Estratégico. La concreción de las nuevas medidas dependerá de los contactos de hoy de Montilla con los líderes de CCOO y UGT y de mañana con los presidentes de Foment y Pimec, según fuentes del Govern.
En una batería de propuestas conjuntas de CCOO y UGT, los sindicatos plantean «revisar el funcionamiento del sistema financiero» con medidas que incluyan «dimensionar el ICF y el ICO» y acuerdos con las entidades financieras para la reactivación del crédito. Matizan que no se trata de ampliar los 1.029 millones ya previstos en préstamos y avales a empresas.
Otra de las iniciativas que el Govern está dispuesto a analizar es la de nuevos planes renove con subvenciones para incentivar el consumo en sectores estratégicos como la rehabilitación,, mobiliario y electrodomésticos. En este caso, se propondrá al Gobierno de Madrid un plan conjunto como el 2000E para la renovación de coches.

Trichet augura una larga etapa de tipos de interés bajos

Los bancos centrales de los países más industrializados (G-10) consideran que el crecimiento económico global es «robusto» y que la retirada de las medidas extraordinarias para afrontar la crisis no tiene por qué significar una subida de los tipos de interés.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE) y portavoz del G-10, Jean-Claude Trichet, afirmó ayer que «un gran número de bancos centrales» están retirando las medidas no convencionales, ya que «los mercados financieros mejoran». Tras una reunión de los gobernadores de los bancos centrales del G-10 en la ciudad suiza de Basilea, Trichet hizo hincapié en que es importante que la retirada de los apoyos extraordinarios, como la inyección de liquidez ilimitada, se produzca «sin una sobreinterpretación en los mercados en términos de cambios de la política monetaria». Por ahora, la mayoría de los bancos centrales mantienen sus medidas de emergencia para apoyar al sistema financiero.
Por su parte, el servicio de estudios de La Caixa plantea en su último informe mensual que el BCE podría empezar a «normalizar» la política monetaria, aunque «de forma ordenada». El mismo estudio advierte de que un alza prematura de los tipos de interés en la zona euro «podría afectar a la recuperación de los países más retrasados». Pese a ello, asegura que el BCE podría empezar a subir el precio del dinero antes de acabar el año para evitar un despegue de la inflación.