El Banco de España envió inspectores a Caixa Girona y la obligó a ser absorbida por La Caixa

En una semana, un puñado de economistas consiguió lo que las instituciones financieras -léase Banco de España y consejería de Economía de la Generalitat- no habían conseguido en casi un año: que Caixa Girona abandonase su camino en solitario y aceptase ser engullida por La Caixa. De hecho, la repentina decisión de esta integración se debe a que el organismo regulador envió a un puñado de sus inspectores a principios de la semana pasada para revisar las cuentas de la entidad gerundense.

No fue una intervención oficial de la entidad, pero casi estuvo a punto de serlo. El equipo trabajó a fondo desde dentro de Caixa Girona para conocer todos los entresijos financieros que ésta tenía. Examinaron con lupa todos los movimientos y no dejaron rincón sin escrudriñar atentamente. Los directivos colaboraron en todo momento con los inspectores y les facilitaron la tarea.

“Cada día que pasaba, había una sorpresa nueva”, dicen fuentes cercanas a la investigación. Se trataba de documentos con operaciones que deberían haber sido comunicadas al regulador pero de cuya existencia el Banco de España no tenía ni idea. Cuestiones puramente administrativas, pero que causaron un gran malestar en la institución que maneja Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Las mismas fuentes admiten que “es necesario poner orden en las cuentas de Girona, para que luego no haya sorpresas”. La semana, pues, dio para mucho. Y conforme pasaban los días, aumentaba la posibilidad de que el Banco de España decidiese la intervención pura y dura. O eso o la aceptación de la absorción por La Caixa. Y como a MAFO no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones -lo demostró con la intervención de CajaSur esta misma semana-, los ejecutivos gerundenses lo tuvieron muy claro y claudicaron.

Patata caliente
La presión de las autoridades aumentó considerablemente desde el pasado mes de marzo, paralelamente a su enfado después de que la entidad se descolgase por sorpresa de la fusión a cuatro con las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu. Desde los círculos económicos se tilda la sorpresiva retirada de “operación política” promovida desde la Diputación de Gerona, que ahora preside el republicano Enric Vilert. Después de desbaratar la integración, las autoridades monetarias reclamaron en diversas ocasiones un plan de futuro que asegurase la viabilidad de la institución gerundense, ya fuese mediante una fusión tradicional o mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP).

Fuentes de la Generalitat consultadas por El Confidencial reconocen que “en las últimas semanas, los contactos con esta caja y con las otras que faltaban por fusionarse han sido constantes”. Por parte del Banco de España, ocurrió exactamente lo mismo. “Desde el regulador son partidarios de intervenir lo menos posible, pero sí existían grandes posibilidades de que, al no presentar plan de futuro, la caja fuese intervenida”, afirman estas fuentes.

En realidad, las autoridades monetarias también presionaban a la otra pequeña entidad catalana que no tenía pareja: Caixa Laietana. Ésta había congelado su incipiente proceso de fusión con Caixa Penedès poco antes de Navidad y, aunque siguió habiendo contactos discretos durante estos meses, ninguna de las dos entidades estaba por la labor. Las dos eran conscientes de que había muchos elementos positivos para acometer la operación, como un modelo de negocio parecido, una red de oficinas complementaria o una filosofía similar. Pero el tamaño de Penedès, que dobla en activos a Laietana, asfixiaba a ésta, que quedaba totalmente marginada y diluida en el organigrama propuesto por el director general de Penedès, Ricard Pagès.

Fuentes de la Administración señalan también que, ante la congelación de esta operación y visto que Laietana no encontraba socios a su medida, en un principio se planteó que La Caixa se quedase también con la entidad de Mataró. “Pero el endosarle dos patatas calientes era demasiado. Se llegó a hablar del tema y llegamos a la conclusión de que tampoco podíamos obligarle a realizar un esfuerzo tan grande como ése. Bastante ha hecho con quedarse Caixa Girona”. A esta reflexión ayudó también el hecho de que, en esta semana, Fitch decidió rebajar el ratio a ambas cajas: el de Girona, de BBB+ a BBB; y el de Laietana, de BBB a BBB-.

El PP pide que se retiren las embajadas autonómicas mientras mantiene 64

Valencia es la segunda región española con más oficinas de este tipo.

El Partido Popular sigue exhibiendo su doble rasero político, esta vez a cuenta de las embajadas de las comunidades autónomas en el exterior. Ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aprovechó un acto en Segurilla (Toledo) para pedir la retirada de las conocidas como embajadas autonómicas, una de las medidas que este partido propone para evitar la congelación de las pensiones. “No se pueden tener miles y miles de millones de euros en algunas medio embajadas de comunidades autónomas a lo largo y ancho de todo el mundo”, lamentó. El PP olvidó, no obstante, que las comunidades en las que gobierna tienen 64 de esas oficinas y ninguna prevé suprimirlas. En concreto, en el ranking destaca la Comunitat Valenciana, con 23 sedes de este tipo y una en concreto que cuesta más de un millón de euros al año –la de Bruselas-. Incluso el líder del PP, Mariano Rajoy, ha apostado por eliminar las embajadas, recuerda el diario Público.

“Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia, se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores del Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes innecesarios o falsos”, incidió Rajoy en septiembre del año pasado.

El PP, crítico con las embajadas
También hace unas semanas el diputado por Jaén, Eugenio Nasarre, elevó el asunto al Congreso, donde pidió al Ministerio de Política Territorial la relación de las oficinas autonómicas en el extranjero, cuya existencia tildó de “despilfarro”. Según el documento que expidió la cartera de Manuel Chaves, hay 188 oficinas de este tipo, y 184 de ellas son autonómicas. “Ha habido una creación desbocada de este tipo de organismos y no podemos permitirnos ese lujo”, indicó Nasarre al periódico referido. Este parlamentario, en cualquier caso, envió la lista de embajadas a Rajoy, quien “propuso la necesidad de reformar los planteamientos” autonómicos sobre el tema.

Valencia a la cabeza
En cualquier caso, la lista que llegó a manos de Rajoy era autoexplicativa: 64 centros son de autonomías del PP destacando en el empeño Valencia, la segunda región española con más embajadas, 23 superadas únicamente por las 47 de Cataluña. De esas 23, 21 son institutos de exportación cuya finalidad es facilitar las transacciones comerciales. Estos se ubican en países europeos, en África, EEUU o América Latina. Más llamativo si cabe resulta el centro de este tipo radicado en Cuba, un régimen muy criticado por el PP.

Murcia
En cuanto a presupuestos, las embajadas más costosas son las de Bruselas, donde todas las autonomías del PP tienen delegación para asegurarse buenas relaciones con los países europeos. Además de estas oficinas, destacan las de promoción turística, un empeño en el que destaca Murcia con 12 distribuidas en Europa, América y Asia. Ni en Murcia ni en Valencia hay previsión de eliminar estos centros.

Madrid
En Madrid, Esperanza Aguirre, en su línea, no ha desaprovechado la oportunidad de marcarse un discurso populista a propósito del tema: “Madrid abre hospitales, otros abren embajadas”, remachó en julio de 2009. Resulta que en esta autonomía hay once embajadas repartidas en el mundo. De hecho, en 2008 Aguirre avanzó la creación de una red de “oficinas comerciales” en el exterior. “Las primeras abrirán en México, Miami, Shaghai y Sao Paulo y les seguirán las de Nueva York y Tokio”. Todas estas, excepto las dos últimas, ya han sido inauguradas. Finalmente, también hay embajadas en Galicia (11), Castilla y León (5) y La Rioja (2).

Doble rasero
Así las cosas, el PP volvió a quedar en evidencia el pasado 19 de mayo, cuándo UPN solicitó al Congreso poner fecha a la eliminación de las embajadas. El PP se negó pidiendo “un informe sobre la situación de las oficinas y un diálogo para definir claramente las necesidades de las comunidades en cuanto a su representación”.

La Generalitat regala una suscripción de prensa a los jóvenes que cumplen 18 años en 2010

La medida busca fomentar la lectura de diarios y revistas en soporte digital o papel.

Jóvenes lectores de prensa. Chicos y chicas que con 18 años leen el diario. Este es el objetivo de una convocatoria que lanza por tercer año consecutivo la Generalitat y que ofrecerá a los 68.000 catalanes que nacieron en 1992 una suscripción gratuita a un diario o revista en soporte de papel o digital.

El acercamiento de esta población a la prensa busca mostrarles que «los medios tradicionales tienen algunas virtudes que todavía no están garantizadas en los digitales y es saber quién habla y con qué garantías habla», ha explicado Joan Manuel Treserras, el consejero de Cultura de la Generalitat.

La solicitud de suscripción se podrá hacer entre el 1 y el 25 de junio y su duración será temporal, dependiendo de la oferta que haga cada publicación. Los 80 medios seleccionados abarcan las áreas de información general. Además de EL PAÍS están otros diarios como Avui, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia o Público, y publicaciones como DeCine, Cuina, o Historia y Vida.

Las ediciones de 2008 y 2009 de esta iniciativa se llevaron a cabo en septiembre, pero este año se ha trasladado la fecha a junio: «De esta manera es más fácil localizar a los jóvenes porque todavía están en los institutos», ha señalado el secretario de Medios de Comunicación, Carles Mundó.

El Gobierno catalán subirá dos puntos el IRPF a quien ingrese 9.000 euros al mes

Así lo indicó el secretario general de ICV, Joan Herrera, que añadió que para las rentas todavía más altas se subirán 4 puntos.

El secretario general de ICV, Joan Herrera, avanzó hoy que el Gobierno catalán aumentará en dos puntos el IRPF autonómico para las personas que ingresen unos 9.000 euros mensuales en 14 pagas, el equivalente a 108.000 euros mensuales.

Herrera explicó también que para las rentas todavía más altas el tramo autonómico del IRPF se aumentará en cuatro puntos con el objetivo de «recaudar más». En una entrevista en la televisión pública catalana, afirmó que todavía quedan «flecos» para que los socios del tripartito alcancen el acuerdo sobre la subida.

Según el líder ecosocialista el suelo de 108.000 euros permitirá un incremento notable de recaudación para el Govern, una alternativa preferible a congelar pensiones y sueldos de funcionarios.

El Consell Executiu de hoy dará concreciones sobre cómo van a subirse los impuestos a las personas más ricas y también aprobará una reordenación del sector público empresarial.

Las eléctricas advierten de que la luz debe subir en julio entre el 8 y 9%

Rivero explicó que las previsiones en los mercados a medio y largo plazo indican que «hemos pasado una etapa de energía primaria barata y que ésta tiende a subir».

El presidente de Unesa, Pedro Rivero, dijo hoy que la tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno, debería subir entre un 8 y 9% en julio si se mantiene la actual estructura de costes del recibo de la luz, y añadió que se estudia qué hacer para que la subida del IVA no se repercuta en él.

Sin embargo, el incremento se podría evitar si, por ejemplo, se sacan del recibo la primas que cobran las energías renovables, dijo Rivero, quien pidió que la TUR (a la que pueden acogerse 25 millones de hogares y pymes) desaparezca lo antes posible para que todos los clientes contraten su suministro en el mercado.

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Energía, Rivero explicó que las previsiones en los mercados a medio y largo plazo indican que «hemos pasado una etapa de energía primaria barata y que ésta tiende a subir».

«Si además mantenemos sobre el kilovatio hora todos los compromisos de primas al régimen especial, déficit e impuestos», las tarifas de acceso (que retribuyen costes regulados y anteriores déficit de tarifa) deberían aumentar «no menos de un 25%».

En este sentido, explicó que le consta que se están estudiando cambios en los costes que soporta el recibo de luz, e incluso cómo evitar que el 1 de julio se repercuta el aumento del IVA del 16 al 18%.

Dado que los peajes representan un 40% de la TUR, en su próxima revisión, ésta debería encarecerse entre un 8 y un 9%, agregó Rivero, quien insistió en que «hay muchas posibilidades de compartir esfuerzos para que esto no tenga que ser así».

Respeto a la revisión del sistema de primas al régimen especial (renovables y cogeneración) en la que trabaja el Gobierno y sobre la que se especula que podría ser aplicada con carácter retroactivo, Rivero expresó su rechazo porque, afirmó, en el sector energético la seguridad jurídica y la estabilidad son fundamentales.

«Cuando a alguien se le cambia el estatus sin razón lógica, los demás deberían echarse a temblar», advirtió Rivero, que consideró necesario ajustar las primas a la evolución de su curva de aprendizaje, así como que todos los agentes del sector eléctrico alcancen un acuerdo para dotar de estabilidad al futuro.

Por otra parte, consideró que se ha producido un desarrollo «desordenado» de la planificación energética de España, porque cada agente ha decidido por sí mismo, y subrayó que la entrada desequilibrada de renovables ha hecho que el sistema eléctrico sea más caro y difícil de gestionar.

Según Unesa, que aboga por ampliar la vida útil de las centrales nucleares y por construir 2.600 megavatios nuevos, las propuestas «iniciales» de mix energético del Gobierno encarecerían en más de 60.000 millones de euros la inversión necesaria en el sistema.

Esto se traduciría en un incremento de más del 30 por ciento en el precio del kilovatio hora «si todo lo que allí se decía se carga directamente a él».

Rivero lamentó que en su propuesta de mix energético para 2020 el Gobierno no explica cuál es su coste ni quién debe asumirlo, y señaló que él se conformaría con que se mantenga el actual reparto por tecnologías hasta 2030, pese a que el sistema se ha desequilibrado por las renovables.

Respecto a la normativa que obligará a las eléctricas a quemar carbón nacional y que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por todas las eléctricas, Rivero reiteró que no quieren soluciones para una tecnología que pasen por sacarla del mercado y afectar a las demás.

El hecho de que todas las eléctricas hayan recurrido es «significativo», subrayó Rivero, que aseguró que, no obstante, todas cumplirán la normativa.

Cataluña es la comunidad con menos proporción de empleados públicos

La Administración paga al 16% de los asalariados, en Extremadura son el 33%.

Más de 416.000 personas reciben en Cataluña un sueldo pagado por alguna Administración. Este dato convierte a la comunidad catalana en la que cuenta con menos asalariados públicos en relación con su población: el 16% frente al 20,2% de media en España. Y lejos del 33% de Extremadura y el 26% de Castilla-La Mancha, los lugares con más proporción de trabajadores públicos, según cifras del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Trabajar en los servicios públicos no es ni tan habitual ni reporta sueldos tan altos como «muestran los discursos de la derecha», según se quejó ayer el sindicato CC OO de Cataluña. Presentó un informe (en algunos apartados, basado en datos de 2008) que trataba de negar lo que la central considera mitos populares.

Por ejemplo, el estudio señala que Cataluña tiene un porcentaje muy bajo de funcionarios entre sus asalariados, a pesar de ser la comunidad que, según CC OO, «más competencias tiene asumidas». Además, subraya que el gasto sanitario es el 4,3% del producto interior bruto (PIB), uno de los más bajos de España (que de media invierte el 5,7%) y sensiblemente por debajo de Alemania, que gasta el 7,9%, y Suecia, con el 7,2%. En cuanto a la educación, Cataluña es, junto con Madrid, la comunidad donde menos porcentaje de riqueza se invierte. «El alumnado de Cataluña creció el año pasado en más de 23.000 alumnos. Para mantener la ratio de profesor / alumno de 2008, que era de 18,7, se debería haber contratado a 2.460 personas. El presupuesto estipuló un crecimiento cero», asegura el estudio.

Los sueldos de la función pública, dicen, «son modestos y no se corresponden con las tareas tan importantes que realizan», asegura CC OO. El sindicato adjunta tablas salariales: un médico escrito al Instituto Catalán de Salud cobra alrededor de 2.990 euros. Un maestro de primaria, unos 2.000 euros. Entre el personal técnico y administrativo, 9.000 funcionarios de los 18.460 que tiene la Generalitat, cobran entre 1.200 euros y 1.500 euros.

El secretario general de CC OO de Catalunya, Joan Carles Gallego, señaló durante la presentación del estudio que el recorte salarial previsto es «injusto e inútil», porque ataca no solo a los pensionistas y trabajadores de servicios públicos y concertados, sino al Estado del bienestar. Instó a la Generalitat y al Gobierno central a realizar una reforma fiscal «profunda» para que paguen más quienes más tienen (con ejemplos como el impuesto de patrimonio o gravar más los instrumentos financieros como las SICAV), para redistribuir la riqueza y contar con ingresos que puedan beneficiar a los ciudadanos.

«No descarto prorrogar los incentivos para drenar el stock»

La ministra asegura que el gran reto al que se enfrenta el mercado es el drenaje ordenado del stock, para lo cual no descarta prorrogar los incentivos aprobados, si la coyuntura lo permite.

Casi todas las quinielas la sitúan fuera del Ministerio de Vivienda a partir de julio y, sin embargo, Beatriz Corredor es, parafraseando a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, inasequible al desaliento, y comenta con CincoDías los innumerables retos y proyectos a los que se enfrenta el nuevo mercado inmobiliario, en los que reivindica el protagonismo de la acción pública.

¿Qué opinión le merece el reciente informe publicado por el FMI en el que urge a España a acometer reformas? ¿No le parece un grave toque de atención?
Lo que creo es que se trata de un respaldo grande a las políticas de recorte del déficit y a las reformas que están en marcha. En el ámbito de la construcción, propone la eliminación de la deducción fiscal por compra, cosa que hemos aprobado hacer y otra es la necesidad de profundizar en el fomento del alquiler, algo en lo que estamos trabajando desde 2004. La imagen de España que se desprende de ese informe es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.

¿Cómo definiría la situación actual del mercado inmobiliario?
Me gusta hablar con datos porque en este sector los presentimientos no sirven y el voluntarismo aún menos. No sería realista si dijera que el ajuste ya ha terminado. Las cifras oficiales de transacciones y de hipotecas van hacia arriba por primera vez en algunos casos en dos años y casi tres años, por ello parece que la parte más dura del ajuste se ha producido entre 2007 y 2009 y ahora estamos entrando en una fase de estabilización, siempre teniendo en cuenta que cuando yo hablo de normalidad, nunca me refiero a lo sucedido entre los años 2000 y 2007. Ese volumen del sector en términos de PIB y en términos de empleo se ha demostrado que era un lastre y que cuando ha venido la crisis financiera nos ha afectado por nuestro elevado endeudamiento.

¿Cuánto deberían bajar los precios todavía para terminar de estabilizar el mercado?
Depende. El stock tiene distintos matices. La tendencia de ese excedente es a ralentizar su crecimiento, aunque en 2009 subió un 12% frente al 40% de media de años anteriores. Juntando esto con las transacciones, la previsión es que este año comenzará a absorberse el stock, lo cual coincide con lo que dicen los promotores. Es un mercado muy heterogéneo, pero si se pone en relación el mapa del excedente con el de los precios, claramente es concordante. Donde hay más casas sin usar, la tensión del precio es mayor y en el caso del stock de las zonas consolidadas, la tendencia es que vaya disminuyendo paulatinamente la oferta y por tanto el precio tiende a bajar menos. Esto lo que demuestra es que hay que seguir haciendo un esfuerzo para seguir reabsorbiendo el stock con las medidas que se han puesto en marcha, pero también por iniciar nuevas promociones de vivienda protegida y de vivienda libre.

Los expertos atribuyen parte de esa recuperación de las ventas al efecto fiscal. ¿Se ha planteado el Gobierno prorrogar la deducción fiscal por compra o crear una nueva para impulsar la venta de segundas residencias?
De momento, no se ha planteado la no supresión de la deducción fiscal por compra. Lo que sí es importante recordar es que cuando hablamos del stock, tendemos a añadir sin vender y en realidad debería ser sin usar, es decir, que parte de ese excedente tiene una salida natural en el alquiler y la fiscalidad también les va a favorecer a partir del 1 de enero, ya que se añade la misma desgravación, en los mismos tramos de renta para quienes alquilen y esas casas también se pueden absorber del stock.

Y además de la fiscalidad, ¿Está previsto prorrogar las medidas transitorias del Plan de Vivienda para incentivar el drenaje del stock?
Efectivamente, se prorrogaron de 2009 a 2010 las medidas transitorias y algunas se mejoraron. Lo más importante fue incluir la posibilidad de que calificaran como protegidas viviendas libres no sólo los promotores, sino también los particulares y las entidades financieras. Y además, ampliamos la ayuda a la entrada para rentas de hasta 50.000 euros anuales, una ayuda que puede llegar a los 8.400 euros. Si se van a prorrogar o no, habrá que verlo. Yo no descarto la posibilidad de prorrogar las ayudas siempre y cuando el escenario presupuestario lo permita, puesto que estamos comprometidos con la política de austeridad.

Con todas las iniciativas y acuerdos puestos en marcha, ¿Qué es lo que reclaman ahora los promotores a este Ministerio?
Bueno, el sector está bastante concienciado de que lo que ha ocurrido estos años no puede ni debe, ni va a volver a repetirse. A lo largo de estos dos últimos años tan duros se han dado cuenta de que hay que diversificar la actividad. Y también de que parte del sector, sobre todo las pymes tienen que ir al ámbito que estaba menos atendido, que es el de la rehabilitación, un campo de negocio donde los primeros que lleguen, se situarán mejor. La previsión del Gobierno es llegar a 2020 con un 35% de inversión del sector en rehabilitación y esto son muchos puestos de trabajo y es actividad.

Los sindicatos han propuesto poner en marcha un Plan Estatal de Rehabilitación muy potente que aúne los programas que aplican las autonomías. ¿Qué le parece?
El plan estatal ya incluye ayudas muy potentes para las familias con ingresos de hasta 48.000 euros que rehabiliten sus casas, que pueden llegar a los 30.000 euros. Sí es cierto que hay una cuestión en la que me gustaría incidir. Habría que pedir a nuestro sector financiero que estudiara cómo poder ofrecer préstamos para las obras de rehabilitación más allá de los tradicionales. El crédito personal tiene el inconveniente de tipos de interés elevados y un plazo de devolución corto y la garantía hipotecaria conlleva unos gastos de gestión elevados y en algunos casos no es equilibrado tener que pedir una hipoteca sobre toda la casa para financiar una cantidad pequeña. Entre las dos cosas, hemos de invitar al sector financiero a que diseñe un producto adecuado.

¿Para cuándo el reglamento de la Ley de Suelo?
Existe un anteproyecto-borrador que ya está en la casa que está tramitándose con los plazos habituales. Ahí hemos querido introducir un criterio de objetividad en la valoración del suelo rústico, de forma que el uso de ese suelo no urbanizable sea también una cuestión que se tenga en cuenta a efectos expropiatorios, no a efectos de mercado. Lo que se ha hecho es introducir en el Real Decreto de Zurbano una modificación para habilitar al Gobierno a que se pueda regular de forma distinta la capitalización de este suelo a efectos de su valoración.

Antes esa capitalización era unitaria, se hacía en relación con la rentabilidad de la deuda pública y ahora lo que se ha hecho es habilitar al Gobierno para que se pueda valorar de forma diferente. Es distinto que un suelo sea destinado a un campo de golf o a un cultivo determinado y dentro de los cultivos no es lo mismo de secano o de regadío. Al estar aprobada esta modificación en el real decreto, adquiere rango de ley. Su tramitación nos puede llevar hasta otoño, no creemos que se vaya más allá de esa fecha la aprobación del reglamento.

¿Le asusta Alquilar su Piso? Por 30 Euros al mes puede asegurar el cobro

Alquilar una vivienda es una decisión difícil, el miedo al impago y los destrozos hacen que muchos propietarios no quieran hacer negocio con su piso. En el último trimestre, la morosidad del alquiler se ha disparado el 17%. Las aseguradoras han ideado el “seguro del alquiler” que por unos 350 euros anuales -30 euros al mes- ofrecen al propietario seguir cobrando la mensualidad del alquiler entre 6 y 12 meses. Además, asesoran jurídicamente al dueño y cubren desperfectos en el piso. Consulta los principales seguros del alquiler.

¿Y si no me pagan? Es la pregunta que más se repiten los propietarios a la hora de alquilar una vivienda. En el mercado existen medidas preventivas como avales y meses de fianza –algunos propietarios llegan a pedir hasta cuatro mensualidades por adelantado-, pero no salvan ante un posible impago.

2009 se cerró con una tasa de morosidad en viviendas de alquiler del 13,79%, según datos de Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). Sólo en el primer trimestre de este año, esta tasa ha subido casi tres puntos hasta el 16,82%. Además, se ha pasado de los 7.867 euros que se debían en 2009 de media a 8.182 euros. Una cantidad que casi se duplica en Madrid, ya que en la capital se adeudan de media 14.000 euros cuando se deja de pagar el alquiler.

Las aseguradoras han ideado unos seguros multirriesgo que permiten cubrir un eventual impago del alquiler. A estos se les conoce generalmente como “seguros de alquiler” o “alquiler seguro” y también los hay disponibles para locales comerciales. A la hora de tomar un seguro de este tipo se suelen pedir las dos últimas nóminas del arrendatario y los DNIs de éste y del propietario.

Las opciones posibles, normalmente, son de tres tipos: seguros que cubren el impago de 6 meses e incluyen también los gastos jurídicos, pólizas que aseguran el impago de 12 meses sin cubrir los gastos judiciales que se deriven del impago y una tercera que cubre hasta 12 meses de morosidad en el alquiler y que además incluye los gastos jurídicos.

En la actualidad, en España hay una media docena de compañías que se dedican a este negocio. Entre las grandes sólo Mapfre ofrece un servicio de este tipo. El resto son aseguradores pequeñas que en muchos casos están centradas en el mercado de seguros del alquiler.

Las cantidades van desde los 300 hasta los 485 euros, sin olvidar la opción que ofrece la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y que es el más barato. Tomando como media 350 euros, por unos 30 euros al mes se puede asegurar un alquiler de 600 euros mensuales de posibles impagos.

A la hora de tomar un seguro de este tipo hay que leer bien la letra pequeña. Además de estas características generales, también hay tener en cuenta que algunas aseguradoras ponen un mes del alquiler de franquicia a la hora de cobrar las cantidades impagadas.

Normalmente, para empezar a cobrar de la aseguradora la mensualidad impagada por el inquilino hay que presentar la demanda de desahucio. Una vez superado ese trámite se cobrarán las mensualidades pendientes, de media se tardan entre unos tres y cuatro meses.

Boyer pide dificultar los créditos bancarios para comprar piso

Una buena parte de la crisis que atraviesa España se debe a los movimientos especulativos que han inflado la burbuja inmobiliaria en los últimos años, según el diagnóstico de Miguel Boyer, exministro de Economía de Felipe González. Desde su experiencia en crisis anteriores, Boyer recomendó «retirar los estímulos fiscales que se habían dado al mercado de la vivienda y dificultar los créditos bancarios a este sector».
En su intervención en el encuentro del Cercle d’Economia en Sitges, Boyer se mostró a favor de exigir a las entidades financieras «más provisiones para frenar el entusiasmo e impedir la formación de burbujas de este tipo».

El exministro socialista entre 1982 y 1985 marcó distancias entre la situación económica de España y la de Grecia. «No vamos a caer en una sima», afirmó, aunque reconoció problemas coyunturales importantes como «una importante bolsa de desempleo».

Boyer señaló que en España «la caída del PIB no ha sido muy fuerte durante la crisis gracias a los esfuerzos del Gobierno y al paquete de inversiones acordado en 2009». Sin embargo, a su juicio, el conjunto de medidas contra el déficit público aprobadas por el Ejecutivo retrasarán al 2011 la recuperación económica.
La pérdida del 6,7% del empleo, muy superior a la media del 1,2% en la zona del euro, se debe, según dijo, a la «rigidez del mercado laboral y de los salarios, que no bajan en la crisis sino que suben, debido en parte al poder de los sindicatos».

INMIGRACIÓN / Para el exministro de Economía, «es difícil criticar la medida del Gobierno de prolongar las ayudas a parados, desde un punto de vista ético», aunque sí puso el acento en el hecho de que «los trabajadores extranjeros no están volviendo a sus países, tal y como ocurrió en ocasiones anteriores».
La intervención de Boyer dejó un tanto insatisfechos a los empresarios que participan en el encuentro de Sitges, que esperan que hubiera una mayior concreción en las recetas de uno de los artífices de una de las mayores liberalizaciones económicas de España y que asegura que mantiene encuentros periódicos con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Caja Caja Mediterráeno vende pisos rebajados hasta un 70%

El pozo de los descuentos inmobiliarios de la banca parece no tener fondo. La filial del ramo de Caja Mediterráneo (CAM), Mediterranean, acaba de lanzar una campaña en la que se ofertan más de un millar de inmuebles con rebajas de hasta el 70%, según han informado fuentes de la entidad financiera.

La iniciativa estará vigente hasta el próximo 30 de junio y garantiza un descuento mínimo del 20% en los inmuebles seleccionados.

Las ofertas incluidas en esa campaña se pueden consultar desde la web www.oportunidadescam.es, donde se pueden encontrar inmuebles con ese tipo de rebajas en zonas como Alicante, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona o Murcia.

El objetivo es dar un impulso a la compraventa de viviendas de segunda mano y viviendas nuevas de particulares con «descuentos más elevados antes de que se apliquen los nuevos cambios fiscales y la próxima subida del IVA», según las mismas fuentes. En su portal www.oportunidadescam.es, Mediterranean presenta una amplia oferta de inmuebles repartidos por toda la geografía nacional.

Entre sus servicios destacados se encuentra la posibilidad del alquiler con opción a compra que permite alquilar una vivienda y, en caso de que se adquiera antes de un plazo de dos años, se resta del precio final el importe total aportado para el alquiler durante ese tiempo, con lo cual el cliente no asume ningún riesgo.