El Estado tendrá que admitir a diez mil nuevos funcionarios

El Gobierno está obligado a dar plaza a los trabajadores que la obtuvieron en las ofertas de empleo público entre 2007 y 2008. El retraso administrativo altera los cálculos del Ejecutivo.

El Gobierno tiene un grave problema para intentar reducir el gasto en la lentitud que hay en todo el proceso de cubrir una plaza en la Administración Central del Estado.

En pleno desarrollo del paquete de medidas de ajuste que aprobó el Parlamento el pasado 12 de mayo para luchar contra el déficit público, el Ejecutivo ha informado al Congreso de los Diputados de que se ha encontrado con que en el segundo semestre de este año debe incorporar con plaza a otros 10.000 funcionarios a la Administración Central del Estado.

La mayor parte de los mismos son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía Nacional y Guardia Civil, y obtuvieron plaza en las ofertas de empleo público de 2007 y 2008. Es decir, cuando aún no se había manifestado plenamente la crisis y recesión y el Ejecutivo tuvo más manga ancha en la convocatoria de plazas de funcionarios.

La multitud de trámites que exige la legislación para garantizar que los ciudadanos acceden como funcionarios a la Administración en condiciones de igualdad, competencia y publicidad están en el fondo de que el Gobierno se haya encontrado ahora con un hecho con el que no contaba y que puede desbaratar parcialmente sus planes de ahorro.

Así, entre la convocatoria de una plaza, debidamente presupuestada, y la incorporación del funcionario a la misma pueden transcurrir hasta dos años. En el proceso se convoca el examen, se abre un periodo de reclamaciones por si alguien no está de acuerdo con los requisitos; se contesta a los recursos y se hacen las pruebas. Una vez que han salido las notas se abre otro proceso de reclamación, se contestan los recursos y, finalmente, se llena la plaza.

La desviación
Según ha manifestado a la Cámara Baja la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, el Gobierno “ya ha asumido” que se va a producir esta “desviación” de 10.000 personas respecto a las previsiones de ingresos en la Administración Central del Estado para este año. Por ejemplo, ya en plena crisis, el pasado 30 de marzo, el Ejecutivo aprobó una Oferta de Empleo Público para este año de 1.989 nuevas plazas, con una reducción del 87% respecto a las 15.089 plazas convocadas para 2009.

Es más, con el objetivo de cortar de raíz estas desviaciones, el Ejecutivo ha decidido reducir plazas vacantes entre sus funcionarios, salvo en áreas básicas como Educación, Sanidad o Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente, Rumí recuerda que ya ha tomado otras medidas urgentes para recortar el gasto en su Administración.

Por ejemplo, la reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios para este mismo año con lo que espera ahorrar 4.500 millones de euros. Otra propuesta de recorte del gasto es la ya mencionada congelación en el 10% de la oferta de empleo público, con lo que espera recortar el número de funcionarios para este año en 13.000 personas y ahorrar 300 millones de euros. Es decir, que los diferentes Departamentos sólo pueden sustituir a 10 de cada cien personas que se den de baja en la Administración. Otro tanto ocurrirá este año.

En conjunto, entre 2011 y 2013 el Gobierno espera bajar el número de funcionarios en 30.000 personas. Podrían ser más si no hubiese que incorporar a los 10.000 funcionarios que tienen derecho a tener la plaza conseguida en 2007 y 2008.

Reformas en la Administración
· Reducción de los salarios por “causa grave”Para bajar los salarios de los funcionarios un 5% e incumplir lo pactado con los sindicatos, el Ejecutivo esgrime que le autoriza el Estatuto Básico de la Función Pública. Cuando se dé una “causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”.

· Barreras internas contra la movilidad laboral
El Gobierno reconoce que, hoy en día, las diferentes normativas de las comunidades autónomas han provocado la existencia de barreras internas que impiden mayor movilidad laboral de los empleados públicos entre las diferentes administraciones, como los requisitos lingüísticos.

La clave
Es muy difícil saber cuál es salario medio entre los funcionarios del Gobierno central por los diferentes niveles de empleados que hay para saber cuál podría ser el ahorro adicional que podría obtener el Ejecutivo si no entrasen 10.000 nuevos.

Epicentro de la crisis: Constructoras ganarán el 46% menos y tocarán fondo en el 2011

En doce meses, los beneficios de las constructoras españolas han dado un giro de 180 grados. En un año especialmente difícil para el sector – recortes en el gasto en infraestructuras; desplome de la edificación…- las previsiones de los analistas apuntan a que, en conjunto,las compañías ganarán un 46% menos en 2010. El segundo año de la crisis ha puesto de relieve la fragilidad de sus cuentas tras un 2009 repleto de plusvalías por la venta de sus activos más jugosos. Sólo OHL incrementará sus ganancias, frente a la caída del 80% de Sacyr o Acciona. La senda del crecimiento se consolidará a partir de 2011.

2010 dejará una huella difícil de borrar en los beneficios de las constructoras. El consenso de estimaciones que maneja Reuters indica que las firmas cotizadas del sector cerrarán el presente ejercicio con una ganancia conjunta superior a los 2.200 millones de euros, frente a los 4.100 millones obtenidos un año antes.
Así, el descenso de las ganancias es una constante que se repite en todas las constructoras con la excepción de OHL y Ferrovial. La firma que preside Juan Miguel Villar Mir pondrá el broche a 2010 con un crecimiento del 10% en su beneficio hasta los 182 millones de euros.

Esta cifra encaja a la perfección con los pronósticos de la propia compañía. En mayo, OHL remitió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en que el especificaba que el aumento del beneficio neto y del resultado bruto de explotación (Ebitda) sería “claramente superior” al 10%.

Desde el departamento de análisis de Banco Sabadell señalan que a pesar de la caída tan fuerte en construcción España, lo que está permitiendo crecer a OHL a nivel de Ebitda y de beneficio después de impuestos (BDI) es la actividad de construcción internacional pero sobre todo la actividad de concesiones.

Otro dato que sobresale en las previsiones que se manejan para OHL es su endeudamiento. El grupo de construcción y concesiones elevará su deuda neta más de un 25% hasta los 4.333 millones de euros. “El endeudamiento de OHL no nos preocupa”, señala Gonzalo Pajares, analista de Inverseguros. Pajares subraya que en este caso el repunte se corresponde a deuda con recurso (es decir, la que está asociada a los proyectos) y son “las propias concesiones las que financian esa apalancamiento”.

Pese a la opinión favorable que levanta OHL entre los expertos consultados, lo cierto es que el mercado ha castigado a la compañía con una rebaja de rating. En septiembre, Moody´s empeoraba su nota hasta «Ba2» (calidad cuestionable). Sin embargo, OHL es también la firma que mejor se está comportando en Bolsa. En lo que va de año, sus acciones han subido cerca de un 25%., frente al retroceso del 30% que rondan FCC, Acciona o Sacyr (-35%).

Ferrovial saldrá de pérdidasDe acuerdo con las estimaciones del mercado, este ejercicio dejará buen sabor de boca a Ferrovial. La constructora que dirige Rafael del Pino abandonará los números rojos en 2010 al ganar más de 190 millones de euros. “La construcción y exposición a obra civil española era y es para Ferrovial poco relevante teniendo en cuenta que la mayor parte de su negocio lo genera su actividad de concesiones de autopistas (Cintra) y BAA”, subraya Maria Cebollero de Banco Sabadell.

“El que salga de pérdidas este año ha influido también las desinversiones realizadas”, asevera Cebollero. El último activo en el que Ferrovial ha soltado lastre ha sido el 10% que poseía en la autopista 407 ETR de Toronto (Canadá) y que vendió la semana pasada por algo más de 635 millones de euros. Días antes, Ferrovial se despedía del aeropuerto de Nápoles con el que ingresó 150 millones. Dejando a un lado estás últimas desinversiones, la compañía ha logrado 587 millones de euros con la venta de distintos activos (sus participaciones en APP; las tres líneas de metro de Londres y la M-45 de Madrid).

Menos alentadoras son las perspectivas para Sacyr Vallehermoso o Acciona. La empresa que preside Luis del Rivero volverá a salvar el año en números negros aunque con un descenso importante si se compara con el beneficio publicado en 2009. En este sentido, las previsiones auguran a Sacyr una ganancia de 93 millones, un 81% menos. En 2009, Sacyr abandonó las pérdidas gracias a las plusvalías obtenidas con la venta de su filial Itínere.

En ese mismo año, los beneficios extraordinario también se dejaron sentir en las cuentas de ACS y Acciona. La constructora que preside Florentino Pérez lo hizo gracias a la venta de Unión Fenosa, mientras que Acciona triplicó sus ganancias por la venta de Endesa. Para este ejercicio, los expertos calculan que sus beneficios bajarán un 37% y un 83%, respectivamente. En el caso de FCC, el recorte será menor del 3,7% hasta los 295 millones de euros.

Los españoles no se hacen pensiones privadas… porque pierden dinero

La reforma del sistema de pensiones en que se ha embarcado el Gobierno ha sembrado el temor a que el modelo actual quiebre en el futuro, pero este ambiente no se ha traducido en una suscripción masiva de planes de pensiones privados. Las gestoras lo achacan a la falta de ahorro de las familias, pero hay otra razón importantísima para ello: la paupérrima rentabilidad conseguida por estos productos, a años luz de la que ofrece hoy la deuda pública o los depósitos de todas las entidades financieras.

Según los datos publicados por Inverco, el conjunto de los planes de pensiones acumula una ganancia del 0,09% en los últimos 12 meses; dado que la inflación actual se sitúa en el 2,1% en el mismo período, eso significa que los partícipes de estos productos pierden el 1,2% en términos reales. En períodos más largos, el panorama es todavía más deprimente: en los últimos tres años pierden el 0,99% anual y a 10 años sólo ganan el 0,73%.

«Con estas rentabilidades, no es de extrañar que los ahorradores prefieran meter el dinero en otros productos que ofrecen ganancias mucho más atractivas sin riesgo, y además con una liquidez infinitamente mayor que la de los planes de pensiones, que sólo se pueden rescatar en caso de paro prolongado o enfermedad grave», explican en un banco privado.

La actual guerra del pasivo entre bancos y cajas hace que cualquiera pueda obtener una rentabilidad mínima del 4% a un plazo de un año, e incluso superior si va a las entidades con las ofertas más agresivas: el 4,5% en el caso del Banco Popular o el 4,75% en el de Catalunya Caixa. Pero es que incluso ganará mucho más comprando bonos del Estado a 10 años, que ofrecen el 4%. Por no hablar de los ‘bonos patrióticos’ que Montilla va a colocar entre particulares al 4,75%.

«Los planes de pensiones quedaron seriamente tocados con la reforma fiscal de 2006, que limitó la desgravación anual y, sobre todo, penalizó el rescate al eliminar la reducción del 40% en el momento de la jubilación», añaden en otra entidad. «Si a eso se le suma que siguen siendo ilíquidos, las elevadas comisiones y una gestión tan poco acertada, es lógico que la gente huya del producto».

¿Por qué van tan mal los planes?
De esta pobre rentabilidad no se libran ni siquiera los planes que invierten en bolsa, que se supone que deben obtener mayores ganancias a largo plazo: ganan el 1,18% e un año y pierden el 9,25% anual en los últimos tres ejercicios. La mejor categoría es renta fija (deuda) a largo plazo, con una subida del 1,76% a un año y del 2,72% a tres; en todo caso, muy por debajo de la inflación.

Estos resultados se explican por múltiples factores, como la mala evolución de los mercados -el Ibex pierde el 9,13% en el año y los bonos sufrieron la grave crisis de esta primavera- o la gestión eminentemente pasiva de la mayoría de estos productos, que apenas mueven la cartera en función de las circunstancias de cada momento y que sólo buscan no alejarse de la media del sector.

Pero la principal explicación, según los expertos, es la actitud de las gestoras, que prefieren dedicar sus mejores profesionales a otros productos, como los fondos de inversión, y dejan bastante de lado a los planes de pensiones. «En el fondo, a los bancos y cajas les da un poco igual la rentabilidad de los planes, porque el partícipe no puede sacar el dinero aunque el plan vaya mal, sólo traspasarlo a otro que no irá mucho mejor», señala una de las fuentes consultadas. Pero en el pecado llevan la penitencia, como demuestra que el dinero dé la espalda a estos productos.

Los hogares deberán adaptarse a un segundo apagón en la TDT

Antes de 2015 todos los canales ocuparán nuevas frecuencias y las antenas colectivas deberán ser revisadas – El Gobierno promete financiar los ajustes

Los operadores de televisión digital terrestre (TDT) tendrán que afrontar un nuevo apagón. Antes de 2015, todos los canales -públicos, privados, estatales, autonómicos o locales- deberán desalojar las frecuencias que ocupan actualmente y trasladarse a una nueva banda del espectro radioléctrico. Esta reubicación afectará también a los usuarios, que se verán obligados a resintonizar las emisiones y, en la mayoría de los hogares, a readaptar las antenas. El Ministerio de Industria asegura que el coste de esta segunda transición será asumido por el Estado.

Por un lado, se hará cargo del gasto que para las televisiones generará la emisión en simulcast (en dos frecuencias diferentes) durante el periodo de transición. Los operadores han dicho alto y claro que no están dispuestos a sufragar un proceso del que no se sienten responsables. Critican de paso que la precipitación de España a la hora de dar el salto a la TDT (el apagón culminó el abril de este año, aunque la UE dio de plazo hasta 2012) ha provocado una falta de planificación.

Por otro lado, el Estado acometerá el coste que para los usuarios supondrá la nueva adaptación de sus antenas. En algunos hogares será suficiente con resintonizar los canales, pero en otros será necesario volver a subir a los tejados para reorientar las antenas. Industria adelanta que en los edificios con amplificador de banda ancha (los unifamiliares) no habrá que abordar cambios, pero «probablemente sí» en los dotados con un amplificador por canal. Dependerá de cómo se haya realizado la antenización previa al apagón analógico. Esta segunda reestructuración no afectará a los descodificadores, que seguirán siendo válidos.

A la hora de cuantificar económicamente los cambios, el ministerio que dirige Miguel Sebastián no da cifras. Pero estima que el coste para los usuarios será menor que el que han tenido que afrontar para dar el salto a la TDT. Fenitel, la asociación de instaladores de telecomunicaciones, calcula que la adaptación de las antenas oscila entre 125 y 650 euros por edificio.

Esta reasignación de frecuencias es consecuencia de la reserva del llamado «dividendo digital» (la banda de los 800 megahercios) para el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones, especialmente para la telefonía móvil. Este segmento ocupará los canales (del 61 al 69) que ahora utiliza la televisión. El cambio obedece a una decisión de la Unión Europea, afecta a todos los países miembros y su objetivo es «optimizar y flexibilizar» el uso del espectro y «la puesta a disposición del sector» de todas las frecuencias disponibles.

El Ministerio de Industria todavía no ha decidido el sistema que utilizará para la adjudicación de las nuevas licencias de telefonía. Puede optar por la subasta o por el concurso. Pero en todo caso, afirma que recaudará fondos suficientes para hacerse cargo del gasto que tanto para las televisiones y como para los telespectadores significará una nueva migración tecnológica. «Los adjudicatarios tendrán que pagar por ocupar el espectro, independientemente de cuál sea el procedimiento de licitación», señala una portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente de Industria.

El ministerio no tiene siquiera una estimación de las cantidades económicas que podría recaudar con estas nuevas licencias. Alemania, que ha asignado ya la codiciada franja radioléctrica, optó por la fórmula de la subasta y en mayo pasado obtuvo 4.384 millones de euros. En un país que tiene el doble de población que España, Telefónica (que opera en Alemania a través de su filial O2) llegó a pagar 1.380 millones por un bloque de frecuencias.

Industria tiene previsto decidir este otoño la propuesta concreta para la licitación del dividendo digital. El plan es abordar este trámite en el primer semestre de 2011. Pese a que la UE da de plazo hasta 2015 para que las televisiones dejen libres las frecuencias que ocupan ahora, el ministerio «tiene intención» de adelantarse otra vez a la mayoría de los países comunitarios.

Qué aspectos debe vigilar al comprar en Internet

Busque páginas con símbolos de seguridad y que ofrezcan la posibilidad de realizar devoluciones; rechace el envío masivo de ofertas; lea las condiciones de venta que aparecen en el portal y huya de los precios que sean demasiado bajos con respecto a la media del mercado de Internet.

Lo único que no podremos hacer al comprar por Internet será oler, ni saborear. Por ahora. Porque prácticamente todas las cosas que realizábamos en nuestras compras antes de que se instalara la Red, ya es posible hacerlas a través de alguna página «web». ¿Alguien podía imaginar que no iba a necesitar acudir a una tienda para ver la nueva temporada de moda, probarse una prenda y comprarla en el mostrador?

La apertura de la «web» de Zara ha abierto la puerta a nuevas formas de venta «on-line». Sólo en el primer trimestre de 2010, el volumen de negocio del comercio virtual ha mejorado un 34 por ciento con respecto al de 2009, hasta los 1.669 millones de euros. Este repunte supone un cambio de tendencia con respecto a al año pasado, cuando la facturación de estos negocios se redujo hasta los 1.239 millones de euros.

Cada día aparecen nuevas plataformas de venta y diferentes fórmulas de pago. Pero dos son las barreras con las que se encuentra el consumidor a la hora de operar a través de estas páginas: implican un cambio de hábito al comprar y muchos clientes no se fían de la seguridad que proporcionan.

Tarjetas de pago
«Quien nunca ha comprado a través de Internet, tiene miedo a los medios de pago, pero es un mito», asegura Lucas Carné, fundador de Privalia, uno de los «club» que promueven la venta de productos de moda a través de su página «web».

Incluso, «es más fácil recabar los datos de una tarjeta cuando el camarero se la lleva para cobrar en un restaurante que cuando se realiza el pago en una página segura de Internet», asegura Carné.

Antes de realizar una compra virtual, debe asegurarse de que la página en la que está operando cuenta con algún símbolo que otorgue seguridad a la hora de realizar transacciones económicas en la «web».

Confianza Online es una asociación a la que se encuentran adheridas numerosas empresas de España, y que vela por la protección de los datos personales que se mueven por Internet.

Otro de los símbolos que aportan seguridad a las «webs» es el de Verisign, una empresa que aporta certificados de seguridad para evitar estafas y capturas ilegales de datos en las redes virtuales.

Además, al operar con una tarjeta de crédito le deben solicitar el código de seguridad de esta forma de pago. Se trata de una combinación de tres números que se encuentra al lado de la firma, en el revés de la tarjeta de crédito.

Cambiar de mentalidad
El otro gran obstáculo al que se enfrentan los consumidores a la hora de realizar una compra por Internet es que supone un cambio en sus hábitos diarios. Ya no hace falta ir a ver un escaparate, porque las «web» muestran todos sus productos perfectamente organizados por precios, marcas, tallas, etc.; tampoco es necesario probarse la ropa, porque las tallas son estándares y ofrecen vistas desde diferentes ángulos; y porque muchas páginas ya aceptan las devoluciones.

«Existe una gran brecha generacional entre los mayores y menores de 35 años», explica Lucas Carné, de Privalia. «Poco a poco, nos igualaremos a países como Estados Unidos, donde el índice de ventas de los grandes almacenes a través de Internet roza en algunos casos el 30 por ciento del total», indica el fundador de esta plataforma de comercio electrónico.

Se trata también de que las propias empresas ofrezcan confianza a la hora de poner a la venta sus productos y de que las condiciones sean similares a las de una venta física. Porque, por ejemplo, uno de los temores que tienen los usuarios a la hora de adentrarse en nuevas páginas es que el producto no llegue nunca a sus casas. «Existe un elevado nivel de fidelidad hacia el establecimiento habitual», explican desde la agencia de investigación de mercados TNS. Un estudio de esta compañía revela que el 71 por ciento de los compradores «on-line» es incapaz de mencionar otro establecimiento diferente al que acuden habitualmente.

Por eso, el boca a boca es clave para confiar en estas páginas y rechazar, tal y como explican los responsables de algunas «web», aquellos portales que ofrecen precios muy por debajo de la media del mercado electrónico.

¿De quién se puede fiar?
Otra de las dudas que surgen es la de la devolución del producto. Lo más recomendable es leer las condiciones de venta que todas las páginas deben incorporar en alguna pestaña de su «web». En estas condiciones se debe explicar si existe la posibilidad de realizar un cambio o una devolución del producto.

En el caso de que un portal lo permita, hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que se especifican en las condiciones del contrato, porque no suelen ser tan flexibles como las de un comercio a pie de calle.

Algunas compañías recurren la fidelización para tratar de que los usuarios vuelvan a comprar en sus «web» una vez realizada la primera operación. Lo hacen a través del envío masivo de correos electrónicos o de promociones puntuales a precios muy bajos.
Para evitar este «bombardeo» diario, no acepte el envío de información ni promociones por parte de la «web».

Facebook ya supera a Google como mejor empresa para trabajar

Además de ser la red social con mayor número de usuarios en el mundo, los trabajadores de Facebook se muestran «muy satisfechos» en la compañía, incluso por encima de Google, referencia hasta el momento del buen ambiente de trabajo.

Esta es la conclusión que se extrae del ranking de Glassdoor, que mide la satisfacción de los trabajadores y puntúa a los directivos de compañías de diferentes sectores.

Las compañías mejor valoradas según el ránking son VAMortgageCenter.com (5,0), Underground Elephant (5,0), iolo technologies, LLC (4,9), Box.net (4,8) y oint b (4,6).

La compañía de Zuckerberg asciende este año hasta la sexta posición con 4,5 puntos sobre 5 según la votación de 52 empleados que también demuestran la empatía por Zuckerberg con un 95% de aprobados.

La segunda gran compañía tecnológica que aparece en el ránking es Google, que con la votación de 485 empleados consigue una puntuación de 3,9 para la compañía y un sobresaliente para Eric Schmidt con un 96% de aprobados.

Por su parte Microsoft consigue una puntuación de 3,5, si bien el nivel de aprobados de Steve Ballmer cae hasta el 50%.

IBM tiene una puntuación de 3,0 y su director, presidente y consejero delegado, Samuel J. Palmisano, es aprobado por el 52% de los empleados.

Entre los supensos destacables se encuentra la CEO de HP, Cathie Lesjak, con un 49%, así como la propia compañía, que tiene una puntuación de 2,4 sobre 5.

El BBVA prevé un crecimiento de entre el 0,1% y el 0,2% en el tercer trimestre

Queda un mes para conocer el avance del INE sobre la evolución de la economía española en el tercer trimestre, y algo menos para que el Banco de España publique en la primera semana de noviembre sus estimaciones, aunque el Servicio de Estudios del BBVA se ha apuntado a las tesis más optimistas de que el Producto Interior Bruto crecerá entre julio y septiembre. Según confirma en su último Observatorio Económico de España publicado hoy, la economía española avanzará entre un 0,1% y un 0,2% en el tercer trimestre, en el marco de una segunda mitad del año mejor a la prevista anteriormente.

En función de los últimos datos de coyuntura, los expertos del BBVA, que a principios de septiembre ya cambiaron de opinión sobre una eventual recaída, afirman que esta posibilidad se ha reducido «considerablemente». «A falta de conocer la EPA del tercer trimestre, los datos disponibles anticipan básicamente una situación de estancamiento, pero no el retroceso significativo de la actividad que se esperaba hace unos meses como consecuencia de la aceleración del ajuste fiscal, de la desaparición de estímulos públicos o de las incertidumbres en los mercados financieros», asegura el informe.

Sobre la piedra de toque de la economía española, el consumo, el servicio de estudios del BBVA afirma que la traslación «incompleta» a los precios de la subida del IVA y otros datos coyunturales sugieren que el deterioro del consumo ha sido inferior al previsto a comienzos del trimestre. En concreto, augura una tasa cercana a cero entre julio y septiembre, frente al repunte del 1,2% registrado en el primer trimestre. La inversión, añaden, ha seguido el mismo patrón con una caída «moderada» de la inversión empresarial.

Por este motivo, la entidad cree que la economía se encuentra en una situación básicamente de estancamiento, «a la espera de una recuperación sostenida», que, en todo caso, vendrá de la mano de las reformas estructurales que todavía necesita la economía nacional.

Expectación ante el impacto del IVA y los ajustes
El dato del tercer trimestre es esperado con impaciencia para aclarar cuál ha sido el impacto real de la entrada en vigor del IVA y las medidas de recorte del gasto del Gobierno en la economía. Las posturas siguen, de momento, enfrentadas, aunque cada vez están más próximas. Por una parte, los organismos internacionales auguran que tirará a la baja del PIB y, en primavera, no descartaban una recaída. Por la otra, el Gobierno, aunque no descarta que el incremento del impuesto y el plan de ajuste condiciones a la baja el dato, confía en que se mantendrán las tasas positivas.

Sin embargo, el último movimiento del FMI sobre España, que ahora coincide con el Ejecutivo en que el PIB caerá un 0,3% en el conjunto del año, confirma el acercamiento entre las perspectivas que se hacen desde fuera o dentro del país. Para 2011, sin embargo, se mantienen las divergencias y mientras el Gobierno augura un crecimiento del 1,3%, el Fondo lo reduce al 0,7% por que no confía tanto como el Ejecutivo en la recuperación de la demanda interna.

El 6% de déficit «es sagrado»
La falta de coincidencia sobre lo que pasará con la economía española en 2011 no es un tema menor, ya que de la evolución del PIB depende de que se llegue, o no, al objetivo de reducir el déficit público al 6%. El Estado necesita que la recuperación aporte los ingresos suficientes para que los ajustes no caigan en saco roto y se pueda alcanzar esta cifra. El objetivo está claro, no volver a sufrir la presión de los mercados de deuda. Por este motivo, tanto los organismos internacionales como el Banco de España han solicitado al Gobierno un plan B, que lo rechaza , por si no se crece el 1,3% esperado y, en ese caso, medidas adicionales de ahorro. Tal y como aseguró el propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo importante es que la cifra del 6% «es sagrada».

Sobre este punto, el BBVA estima que la reducción del gasto público hasta agosto junto con la recuperación de los ingresos hacen que «cada vez más probable» alcanzar el objetivo de déficit para este año. El Ejecutivo calcula cerrar el ejercicio en el 9,3% frente al 11,1% registrado en 2009. Además, la entidad coincide con el Gobierno en que el mayor reto se concentra ahora en las comunidades autónomas. Eso sí, advierte de que en caso de que se aprecie cualquier desviación en sus objetivos de déficit sea «proactivo» y tome más medidas de ajuste.

Los presupuestos ponen a prueba la credibilidad de las autonomías

Cuando las agencias de calificación crediticia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España coinciden, los inversores toman nota. Se señala a las comunidades autónomas como el eslabón débil del drástico plan español de ajuste presupuestario. Y el mercado se repliega. Mientras el Tesoro logra colocar toda la deuda programada por el Gobierno y elude el castigo que sufren otros títulos europeos (Irlanda, Grecia), no ocurre así con las emisiones autonómicas. Ante el cerrojazo, Cataluña ha anunciado que tratará de colocar hasta 2.000 millones en bonos a un año directamente entre particulares.

Las dudas sobre el compromiso autonómico con el recorte del gasto se han extendido y todas las miradas se centran ahora en los presupuestos de las comunidades para 2011, el año más exigente en el plan de ajuste. Es, además, año electoral en casi todas ellas, algo que suele dificultar la moderación en el gasto público.

«El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías», proclamó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la pasada semana en el Congreso. Abundaba así en argumentos esgrimidos antes por las agencias de calificación (en un goteo incesante de rebajas de los ratings de las comunidades) y por el FMI. El reto de reducir el déficit público del 9,3% (2010) al 6% (2011), el nudo del plan del Gobierno contra la crisis, quedaría así en entredicho. El gobernador añadió que «habría que buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades» y citó como ejemplo el techo de gasto que se autoimpone el Ejecutivo central cada año.

Fernández Ordóñez cargó también contra la falta de transparencia de las comunidades. A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, que informa mes a mes de la ejecución del presupuesto en vigor, las comunidades están obligadas a hacer liquidaciones trimestrales, pero muy pocas las publican, y en muchos casos lo hacen tarde y con criterios que dificultan la comparación. El resultado es que no hay forma de comprobar si las comunidades están cumpliendo el plan de ajuste acordado en junio, que fijaba el déficit autonómico en el 2,4% del PIB para este año. Una circunstancia que ahora, cuando en el mercado cala la idea de que no son capaces de recortar gasto, se ha vuelto contra las propias comunidades.

«Con los datos públicos que hay disponibles no se puede saber cuánto están gastando las comunidades», corrobora Diego Pedregal, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. La falta de datos empujó a Pedregal, junto a Teresa Leal (Universidad de Huelva) y Javier Pérez (Banco de España), a crear un modelo -publicado en la revista científica de la asociación española de economistas-, que permitiera predecir «en tiempo real» la evolución presupuestaria. Pero Pedregal admite que la falta de calidad de los datos municipales y autonómicos dificulta el empeño.

Quien sí tiene datos es el Ministerio de Economía, aunque no los haga públicos. Y su conclusión es diametralmente opuesta. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, rechazó que fuera necesario poner más controles y se mostró convencida de que las comunidades cumplirán en 2011, cuando el plan presupuestario les exige bajar el déficit del 2,4% al 1,3% del PIB. Con la información que le han suministrado las comunidades hasta ahora, también están cumpliendo este año, según un portavoz de Economía. El ministerio recuerda que en junio, además de los planes de reequilibrio, también se aprobaron nuevas reglas de endeudamiento, que obligan a dar más información sobre la marcha de los presupuestos.

«El objetivo fijado para 2011 para las comunidades es muy difícil de cumplir, en la mayoría de los casos supone reducir el presupuesto más de un 10% de un año para otro, es demasiado», tercia Santiago Lago, experto en financiación autonómica. El profesor de la Universidad de Vigo recuerda que dos tercios del presupuesto autonómico corresponde a sanidad y educación, donde el aumento de la población y el consenso político hacen casi imposible los recortes.

Y que el tijeretazo en el resto de la Administración (empresas públicas, cargos de confianza, consejerías e incluso inversión), más o menos intenso según la comunidad, no alcanza. «Están empujándolas a fórmulas que no computan para el déficit, pero que aumentan la deuda, como retener el pago de facturas a los proveedores o hacer obras con financiación público-privada», afirma.

Lago considera que, más que reformas normativas, como las que exige Ordóñez, es necesario un compromiso político de control presupuestario, que debería traducirse en mayor transparencia informativa o en un debate amplio sobre cómo financiar el sistema sanitario. «Con los datos que hay disponibles es prácticamente imposible hacerse una idea de cómo va el gasto autonómico», coincide Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico (CSIC).

De la Fuente también aboga por «suavizarles la senda de reducción del déficit», pero sí es partidario de «endurecer las leyes de estabilidad presupuestaria», en el caso de que una comunidad incumpla lo pactado. «La autorización de las emisiones de deuda es un instrumento de negociación, pero es muy difícil pensar que, a las malas, el Gobierno no les vaya a dejar emitir para cubrir gastos», objeta el investigador del CSIC. «El Gobierno tendría que tener otros instrumentos para actuar antes en los presupuestos de las comunidades que incumplan, impidiéndoles realizar determinados gastos u obligándolas a subir impuestos», añade.

Caja Madrid hará subastas continuas de viviendas que irá renovando

Caja Madrid ha ampliado sus canales de comercialización con una oferta de viviendas mediante susbastas continuas a través de Reser. Los inmuebles se irán renovando periódicamente, 24 horas, 365 días al año, según un comunidado de la entidad.

La duración de estas subastas será de 30 días, durante los cuales los interesados pueden solicitar una visita y realizar las pujas vía online. Pasado este periodo el inmueble se adjudicará a la puja de mayor cuantía.

Actualmente están en oferta 150 inmuebles, con precios que van desde los 55.000 euros hasta los 398.000 euros. Todas las viviendas ofertadas cuentan con importantes descuentos, que en algunos casos, pueden llegar hasta el 40 %.

Además, Caja Madrid ha lanzado un producto de financiación específico para la compra de inmuebles de su propiedad. Las condiciones de este producto son hasta el 100 % del importe de la compraventa, sin incluir gastos, siempre y cuando no supere el 80 % del valor de tasación, con un plazo máximo de amortización de 40 años y un tipo de interés de euribor BOE + 0’90 %, sin comisiones.

Crisis autonómica: Cataluña pagará sus pagarés dos puntos por encima del mercado

La necesidad de dinero aprieta, los mercados siguen cerrados y la banca no quiere más riesgo. Esta ecuación explica que la Generalitat de Cataluña haya optado por recurrir al inversor particular para financiar sus gastos. El tipo de la emisión de sus pagarés, 4,75%, está dos puntos porcentuales por encima de las emisiones en España en septiembre.
Los mercados de financiación han mostrado una sensible mejoría tras la vuelta del verano. Los bancos y algunas cajas, como La Caixa, Caja Madrid, Bancaja y Unicaja, han conseguido colocar deuda entre inversores mayoristas, aunque para ello hayan tenido que usar cédulas hipotecarias –bonos con la mayor garantía de pago- con un plazo de vencimiento exiguo, tres años en lugar de los 20 ó 30 habituales.

Pero el mercado sigue sin prestar un céntimo a aquellos emisores que cuentan con mayor riesgo. No es el caso de España, que vende sus letras y bonos con relativa normalidad, pero sí de las Comunidades Autónomas (CC AA), cuyas cuentas públicas se han convertido en un obstáculo para cumplir con el objetivo de reducir el déficit del conjunto de las administraciones al 3% del PIB en 2013.

Esta falta de apetito del mercado ha obligado a Cataluña a contratar a un grupo de entidades, entre las que destacan La Caixa, Catalunya Caixa, Unnim y Sabadell, con el objetivo de vender deuda a la ciudadanía. El plan del Gobierno de José Montilla pasa por colocar entre 1.000 y 2.000 millones de euros en forma de pagarés con vencimiento a un año y a razón de 1.000 euros por título. Pocas diferencias respecto a un depósito.

El gancho es la rentabilidad, que se situará en el 4,75%, un tipo generoso si se examina la calidad crediticia de Cataluña. Moody´s y S&P le otorgan una nota de A1 y A+, respectivamente, la quinta más alta en ambos casos, mientras que Fitch bajó la calificación hace pocas semanas hasta A, la sexta mayor posible y muy por encima en todos los casos del bono basura.

Pese a que la calificación de la Generalitat está ligeramente por debajo de la de La Caixa o, por ejemplo, es un poco mejor que la de Sabadell, entidad que ha podido colocar deuda en el mercado, el tipo al que va a emitir sus pagarés al público está muy por encima del de las emisiones que se han producido en España en septiembre. Según el mercado AIAF, la rentabilidad media se sitúa entre el 2,5 y el 3%.
Si se compara con España, Cataluña sale mal parada. La rentabilidad de las letras a 12 meses del Tesoro público cotizan ahora con una rentabilidad del 1,25% -las últimas se emitieron al 1,9%-, muy por debajo del 2,3% marcado en junio en plena crisis de deuda soberana. Las letras de Portugal con el mismo plazo de vencimiento ofrecen un tipo del 3,3%, también según datos de Bloomberg.

Pese a que estas cifras ponen de relieve las dificultades de este emisor para financiarse, un portavoz de la Conselleria de Economía considera el proyecto como “una muestra de confianza a las entidades y del mercado”, recoge Europa Press. Este interlocutor señala que de colocarse los 2.000 millones, la Generalitat tendría que emitir otros 1.000 millones antes de que concluya el año para cubrir sus necesidades de liquidez.

Esta no es la única emisión extraordinaria que ha tenido que realizar el ente público catalán durante el presente ejercicio. En agosto, La Caixa le colocó 1.000 millones en bonos a cinco años con un tipo del 5,75% anual. El 30 de julio, la Generalitat cerró un crédito sindicado de otros 1.000 millones con un interés de Euríbor más 3%, con la idea de que La Caixa lo pusiera posteriormente en el mercado en forma de bonos.

FUERTE ENDEUDAMIENTO AUTONÓMICO
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, explicó este mes a los diputados que considera vital que las autonomías tomen medidas de calado para reducir el déficit público. El máximo responsable del supervisor bancario cree que una menor implicación de estas administraciones pondría en serios apuros los planes del Gobierno de reducir el déficit público en 2013 al 3% del PIB.

Estas declaraciones, respondidas de inmediato por algunos presidentes autonómicos, no hacen sino reflejar una realidad que las cifras muestran con toda nitidez. Las CC AA deben más de 104.000 millones de euros hasta junio (+26,5% anual), cerca del 10% del PIB español. Cataluña es la autonomía con mayor deuda absoluta y la segunda en términos relativos (14,7% respecto a su PIB).

Fitch rebajó a mitad de septiembre la nota sobre Cataluña debido a un “descenso pronunciado de la ejecución del presupuesto de 2009” pese a los adelantos del Gobierno. Esta agencia cree que el Ejecutivo catalán no mantendrá sus niveles de deuda por debajo de las indicaciones del Gobierno de Madrid. Fitch cree que las medidas de reducción del gasto público serían “políticamente difíciles de aplicar”.

Este oscuro panorama no es compartido del todo por la ministra de Economía, Elena Salgado, que está convencida de que tanto CC AA como ayuntamientos cumplirán con los objetivos de déficit presupuestarios para 2011. El plan exige a las autonomías bajar del 2,4 al 1,3% el déficit respecto al PIB.