España pasará a crecer más que Alemania, Francia e Italia desde 2013, según el FMI

Hacer previsiones es difícil, aunque lo realmente complicado es hacerlas sobre el futuro, dice un viejo aforismo económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece algunas sorpresas en su último Informe Económico. Una de las destacadas, que España crecerá a partir de 2013 más que la eurozona. Por encima de Alemania, Francia, Holanda y sobre todo de Italia, las grandes economías del euro.

El Fondo ve más claridad al final del túnel para España: mejora ligeramente los pronósticos para 2010 y 2011, pero a medio plazo el avance es sustancial -superior al 2% desde 2013- y coincide con revisiones menos optimistas para otros países. En resumen: a España le va a ir algo mejor de lo esperado, y al resto de Europa, algo peor. Se trata en parte de un rebote técnico, fruto de los modelos estadísticos del FMI. Pero de alguna manera le quita fuerza al mantra de una salida de la crisis a cámara lenta para España.

Siempre hay que tomarse las predicciones del Fondo con un saludable escepticismo: en ocasiones fallan con estrépito. Pero las estadísticas muestran al menos que algunas cosas están cambiando. A preguntas de este diario, Jorg Decressin, jefe del departamento de Europa del FMI, explica que hay «signos evidentes de que España está ajustando con rapidez algunos de los desequilibrios acumulados en los años del boom: lo peor ya ha pasado». Pero a pesar de ese cambio de viento, y sobre todo de que las cifras sean mejores que las de la UE a medio plazo, «el escenario central sigue siendo una recuperación débil, frágil, que se reflejará por ejemplo en una caída del paro muy gradual». Fuentes del Fondo atribuyen parte de la mejora desde 2013 a un rebote puramente estadístico: si España se rezaga en estos momentos, después tiene que salir más aprisa porque su crecimiento potencial sigue siendo elevado. Las mismas fuentes añaden que España recuperará los niveles de riqueza previos a la crisis en 2013, más tarde que Francia, Alemania y Holanda, y solo con más celeridad que Italia. Aun así, el tirón solo permitirá recuperar parte del terreno perdido respecto al resto de la eurozona durante la crisis.

Y aun así, los datos son un soplo de aire fresco en una economía con dos agujeros tremendos -el desempleo y el pinchazo inmobiliario-, con una retahíla de debilidades inacabable: déficit comercial endémico, problemas en el sector financiero, un volumen de endeudamiento fenomenal en el sector privado y cada vez más en el público, que ha provocado una crisis fiscal y ha obligado al Gobierno a dar un giro en su política económica.

Encabezado por la vicepresidenta Elena Salgado, el equipo de Economía desplazado a Washington atribuye parte de la mejoría al efecto calendario («España empezará a crecer más tarde que Europa y después el rebote será mayor»), pero también a las reformas y al final del pinchazo en la construcción: «El ajuste inmobiliario ha sido muy fuerte, de 700.000 viviendas anuales construidas en los años del boom a menos de 100.000; ese ajuste acabará en 2013 y desde ahí las cifras deben mejorar», explican fuentes del Ministerio. Aun así, los datos que maneja el Gobierno son sensiblemente más optimistas: según sus vaticinios, España crecerá por encima del 2,5% en 2012 y 2103, en torno a medio punto más que el FMI.

Para el ex vicepresidente Pedro Solbes, asesor del Fondo, «las previsiones del Fondo pueden cumplirse». Con algunos peros: «Siempre en función de las medidas que se tomen, y siempre que el escenario internacional no se complique». Solbes apunta a una salida del túnel «relativamente lenta, al menos por dos razones: el paro y el sector inmobiliario».

El Gobierno confía en que el consumo y las exportaciones tiren de la economía más de lo que piensan las instituciones internacionales y en general los mercados. Y en Washington se detecta una sensibilidad diferente para con España desde la crisis de la deuda y los posteriores recortes, reformas y demás. «España ha hecho las cosas bien, aunque no hay que perder de vista que va a tardar en volver a niveles normales de paro», asegura Paul Romer, de Stanford. «Las percepciones han cambiado, España se ha despegado de los países más atacados y el FMI suele estar muy atento a eso. Digamos que las noticias han pasado de catastróficas a razonablemente malas. A partir de ahí solo queda mejorar», añade Luis Servén, del Banco Mundial.

Otros expertos aguan más el optimismo del Fondo. «A tres años vista, las previsiones no tienen ningún valor. Y menos si se sostiene que el crecimiento va a volver a niveles previos a la crisis, como si nada hubiera pasado. Diga lo que diga el FMI, a España le va a costar mucho recuperar la distancia que se ha abierto y que aún va a ampliarse en 2011 y 2012 con la eurozona», dice Daniel Gros, del Center for Economic Policy Research de Bruselas. «Puede ocurrir un milagro; yo no confiaría demasiado. España tiene un largo camino por delante», cierra Costas Lapavitsas, del think tank británico RMF.

La inmobiliaria de la ONCE es rentable pese al golpe de la crisis

En plena debacle inmobiliaria en España, con gran parte de las empresas en números rojos o incluso en concurso de acreedores, la ONCE está consiguiendo salir airosa con Oncisa, su filial en el mercado del ladrillo.

Aunque es cierto que ha sufrido una drástica reducción de sus ventas en los dos últimos ejercicios debido al parón del mercado -la facturación se ha dividido por tres desde 2007, hasta 59,18 millones de euros-, el último ejercicio se ha cerrado con un resultado neto de 3,1 millones.

Creada en 1993 para invertir en inmuebles, Oncisa está sufriendo como el resto de sus competidores el estallido de las burbuja, pero sus cimientos parecen algo más sólidos y está resistiendo, pese a todo, el golpe causado por la crisis. Y eso que la caída aún no ha terminado. En sus últimas memorias la empresa explica que su previsión es facturar este año apenas 35 millones de euros.

La caída de la facturación obedece a un cambio de estrategia con el fin de mantener la rentabilidad. «En consonancia con la situación macroeconómica general, la sociedad ha reducido su actividad de promoción inmobiliaria y ha mantenido su actividad de arrendamiento de patrimonio, que presenta unos ingresos recurrentes que permiten afrontar mejor la situación de crisis que vive el sector», explica la empresa.

Aún así, los ingresos por venta de promociones se elevaron en el último ejercicio a 44,06 millones de euros, lo que supone un 74,5 por ciento del total. Aunque está intentando cambiar la situación, los arrendamientos, en cambio, tan sólo representan por ahora el 25,5 por ciento del negocio, con una cifra de ventas de 15,12 millones de euros en 2009. Su potencial sigue estando en unos activos valorados en 588 millones.

Santander, único entre los seis grandes españoles con más depósitos que créditos

El Santander es el único banco del grupo de los seis mayores en España (BBVA, Popular, Banesto, Sabadell y Bankinter) cuyos depósitos captados superan el importe de crédito concedido, en 3.665 millones de euros.

El banco que preside Emilio Botín contaba con depósitos de clientes a cierre del pasado mes de agosto de 175.644 millones de euros, lo que supone más de la cuarta parte (26,7%) del total de la banca española, mientras que en ese periodo había concedido créditos por 171.979 millones.

Los depósitos de los clientes en los bancos alcanzaron al cierre de agosto 657.061 millones de euros, con lo que se situaron un 2,56% por encima del saldo registrado el octavo mes de 2009. Un año antes bajaban un 1,16%.

El conjunto de los seis grandes bancos concentra el 84,3% del total de depósitos de la banca, según los últimos datos de la Asociación Española de Banca (AEB) correspondientes a los ocho primeros meses del año y recogidos por Europa Press.

Santander captó 30.000 millones de euros en menos de tres meses con el depósito «ganador» que ofrece una remuneración del 4% a Tasa Anual Equivalente (TAE), y que supuso la reedición de la guerra por la liquidez que emprendió con la supercuenta en el 89.

Según explicó el consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, además de captar liquidez, la campaña de depósitos tiene otra vertiente de más peso, la de robar clientes y negocio de otras entidades financieras competidoras.

Los expertos consultados por Europa Press creen que en los próximos meses se acentuará la «guerra del pasivo» ante los elevados vencimientos a los que tiene que hacer frente la banca española en los dos próximos años.

BANESTO, PLATA, Y POPULAR, BRONCE
Además de liderar el ranking de volumen de depósitos, el Santander encabeza el grupo en cuanto a cobertura de créditos con depósitos, seguido de Banesto, que cuenta con depósitos de 66.260 millones, lo que significa el 89% de sus créditos (74.840 millones).

El Popular cuenta con 70.560 millones de depósitos, el 80% del importe de créditos, BBVA con 171.634 millones de depósitos (el 74% del volumen de crédito), Sabadell con 43.469 millones (+70%), y Bankinter con 26.844 millones (63%).

Los depósitos del conjunto de la banca española no alcanzan la cuantía de los créditos concedidos, sino que existe una brecha de 175.697 millones de euros, lo que pone de manifiesto que las entidades han recurrido a otras formas de financiación.

No obstante, esta brecha, que significa que el 80% del crédito está cubierto por financiación minorista, es superior a la un año antes, cuando totalizaba 182.598 millones, el 77% de los créditos concedidos por los bancos.

De hecho, la deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) se moderó en agosto hasta los 109.793 millones de euros, pero había registrado dos récords consecutivos en junio y julio a raíz de la relajación de las tensiones en el mercado interbancario.

Así, aunque las peticiones de financiación de la banca española en agosto al instituto emisor europeo suponen el primer descenso desde el pasado mes de abril, el dato es el tercero más alto de la historia y eleva en un 46% el de hace un año, cuando se situaba en 74.820 millones de euros.

Cajas de Ahorros niegan ser «talón de Aquiles» del sistema financiero español

El director general dee la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Jose Antonio Olavarrieta, negó hoy que estas entidades sean el «talón de Aquiles» del sistema financiero, y dijo que quien les acusa de serlo ignora la salud que tienen.

«Naturalmente respeto la opinión del FMI, pero no la comparto», dijo el director general de la (CECA) en un encuentro con la prensa española.

Olavarrieta, que se desplazó a Washington para participar en una reunión del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros, se quejó de que a nivel internacional exista un total desconocimiento de la solvencia que tienen las cajas de ahorros, motivada por las duras exigencias de provisiones del Banco de España.

Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó al Gobierno español a no bajar la guardia y proseguir de forma «muy decidida» con la reestructuración de las cajas, después de que en abril alertara de que estas entidades estaban en peor situación que los bancos si la crisis empeorara.

Para Olavarrieta, «hay quien ha querido ver en la reestructuración de las cajas de ahorros el Bálsamo de Fierabrás», la poción mágica que podría resolver los problemas del sector, explicó.

«El FMI reconoce el esfuerzo que hemos hecho. Yo no creo que seamos el talón de Aquiles del sector», apuntó.

«Pero como la crisis comenzó siendo una crisis financiera e inmobiliaria, y nosotros tenemos de largo el liderazgo en el mercado hipotecario, pues es lógico que haya quien diga que son las Cajas las que tienen problemas, pero ignorando las provisiones y la salud que tenemos», explicó.

Como prueba de la confusión que existe con la situación del sector, Olavarrieta dijo que en el 2009 se acusó a las Cajas de estar provocando el estrangulamiento en la financiación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por la lentitud con que avanzaba su proceso de reestructuración.

Sin embargo, al acabar el ejercicio se vio «que las Cajas aumentaron durante el año el crédito a las pymes en 300 millones de euros, cuando el resto del sector financiero (que incluye a la banca) lo redujo en 26.000 millones.

El director de la patronal de cajas indicó que, pese a la solvencia que disfrutaba antes de la crisis, el sector se vio abocado a una reestructuración debido a las fuertes exigencias de provisiones del Banco de España, la caída de los márgenes financieros, y las nuevas exigencias de capital que supondrá el acuerdo de Basilea III.

«Es evidente que necesitábamos tener un mayor volumen, un mayor tamaño y eso es lo que ha provocado el proceso de reestructuración», que según Olavarrieta, ha sido «muy complicado».

Como resultado, el sector ha pasado de tener 45 cajas de ahorros a contar con 34 entidades, que están agrupadas en 18 grupos financieros y 5 SIP, como se denomina al proceso de fusión mediante el «Sistema Institucional de Protección» (SIP).

Con este proceso de reestructuración y sobre todo con la aprobación de la Ley de Cajas, dijo el directivo, el sector se encuentra preparado para afrontar el futuro con mayor fortaleza, y respetando las características con las que nacieron estas entidades, su vocación de banca minoristas y su obra social, a la que destinan más del 25% de los beneficios netos.

Olavarrieta ha aprovechado su presencia en Washington para mantener una reunión con inversores, gestores de fondos y bancos de negocio, para explicarles la marcha del sector y sus planes para emitir cuotas participativas, las participaciones con derechos a voto que podrán ser colocadas en los mercados internacionales.

Paraísos para el empleo cualificado

Madrid, Barcelona y País Vasco son las regiones que más posibilidades de trabajo de calidad generan en un mercado escaso de oportunidades. Las tecnologías, las energías renovables o las ingenierías son los ámbitos con mejores perspectivas, pero todo depende de la zona.

El mapa del empleo cualificado en España es tan dispar como el tamaño de las comunidades autónomas. Las oportunidades de trabajo de calidad, que suponen el 40% de la oferta total de acuerdo con los datos de Randstad, no se reparten de forma homogénea.

Madrid y Barcelona acaparan la mayor parte de las ofertas de trabajo para los perfiles que cuentan con formación. La comunidad madrileña ha generado 2.570 ofertas de empleo cualificado durante el primer trimestre del año –el 29,7% de todos los puestos de trabajo–, y Cataluña, 2.208 –el 25,5%–, según un estudio de Adecco Professional.

País Vasco también ocupa los puestos de cabeza al crear 1.075 empleos. Eduardo Quero, coordinador de Randstad Search & Selection, explica que “esta región destaca porque su tejido empresarial es más maduro y su tasa de paro es más baja que la media”.

A estas tres zonas Dolors Poblet, directora general de Manpower Professional, suma Navarra. “Las grandes organizaciones, las multinacionales y las empresas de tecnología se asientan en Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra; por eso son las regiones que más empleo generan. Y se establecen en estas regiones porque ahí está el talento”. Para Esther Carrera, consultora de Michael Page, esto se debe a que “son comunidades que basan su Producto Interior Bruto en sectores que requieren empleo más cualificado, como el de la industria, la energía, el farmacéutico, el de gran consumo o los servicios”.

En este sentido, Javier Rodrigo, director de operaciones de Ray Human Capital, señala que “el 35% de los puestos de mando se encuentran en la Comunidad de Madrid; el 25%, en Barcelona; y entre el 4% y el 8%, en el País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia”.

El lado menos optimista lo representan Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Andalucía al ser las zonas que menos ofertas de empleo cualificado generan. Las cifras de Adecco Professional muestran que la demanda de perfiles con formación ha caído un 58% en un año y, en concreto, en la región andaluza ha descendido un 76%. Además, en las comunidades que generan menos del 4% del empleo, las solicitudes para este tipo de profesionales han disminuido un 83%.

Javier Rodrigo destaca que “en los últimos tres años, el número de ofertas ha bajado notablemente porque la crisis también ha afectado a los equipos directivos y a los profesionales cualificados. Aunque en el segundo semestre de 2010 se aprecia cierta recuperación de las ofertas de empleo de calidad”.
No obstante, existen oasis laborales. En Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Canarias se necesitan médicos de varias especialidades, farmacéuticos y terapeutas. En Canarias, además, se precisan ingenieros agrónomos, de acuerdo con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura elaborado por los Servicios Públicos de Empleo.

Aquí hay trabajo
La geografía también influye en los perfiles demandados. El director de operaciones de Ray Human Capital matiza que “en Madrid se piden profesionales orientados a la gestión, al márketing, a los puestos financieros y a los recursos humanos; en Cataluña precisan perfiles ligados al sector industrial, especialmente para producción e ingeniería debido a la alta presencia de empresas de gran consumo y del sector farmacéutico. Y en País Vasco y Navarra existe una mayor demanda de puestos relacionados con las energías renovables”. Por su parte, Quero precisa que “en la provincia de Sevilla existe un incremento de ingenieros en Aeronáutica; y en Madrid, Barcelona y Valladolid hay necesidad de perfiles informáticos”.

En general, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el sanitario son los ámbitos con mejores perspectivas de trabajo. En cambio, el de la banca ha visto reducidas sus posibilidades de empleo debido a las fusiones de las cajas de ahorro y a la paralización de los planes de expansión.

Si gana de 24.000 a 36.000 euros al año y busca casa, compre ya

Apenas quedan tres meses para que se suprima la desgravación fiscal por compra de vivienda, excepto para las rentas más bajas, y, para muchos, el tiempo se agota. Sobre todo, para esos cerca de 50.800 contribuyentes que tienen abierta una cuenta vivienda que está próxima a vencer y tienen una renta superior a los 24.107 euros brutos al año que marcan el límite para beneficiarse de la ayuda.

Ha llegado el momento de tomar la trascendental decisión: comprar casa antes de que acabe el año y beneficiarse de la desgravación fiscal o esperar a que los precios sigan bajando y compensar con este ahorro lo que, de otra forma, obtendrían vía devolución de impuestos.

Cálculo
Para aquellos que no acaben de tenerlo claro, la página web especializada en venta de viviendas idealista.com ha echado cuentas. Según un estudio elaborado por HelpMyCash para este portal inmobiliario, aquellos que tengan unos ingresos anuales brutos de entre 24.000 y 36.000 euros y estén pensado en adquirir una vivienda son el grupo que más debería plantearse hacerlo antes de que termine el año. Si lo dejan para el que viene, haría falta que los precios de las casas cayeran una media de un 17 por ciento para que pudieran lograr un ahorro similar al que les reportaría la deducción fiscal a la que tendrían derecho si adquiriesen su vivienda antes del próximo 31 de diciembre (ver cuadro adjunto).

El estudio parte de varios supuestos de hipotecas que tienen en cuenta las actuales condiciones del mercado hipotecario. Así, considerando que la banca en este momento no concede préstamos que excedan el 80 por ciento del valor de la vivienda y cuya letra sobrepase el 33 por ciento de los ingresos mensuales del comprador, el informe estima que una persona con una renta de 24.000 euros brutos al año podría adquirir una casa de 130.190 euros con un préstamo a 25 años y a un interés de un 3%. En este caso, la desgravación fiscal que lograría si comprase su vivienda antes de fin de año a lo largo de los 25 años de vida de su préstamo hipotecario ascendería a 28.311 euros. Para lograr similar ahorro sin beneficiarse de la deducción, la casa debería bajar de precio un 17,1% por ciento.

Aunque aquellos que ganen 17.700 euros o menos podrán seguir deduciéndose un 15% de la cantidad anual que paguen de hipoteca, hasta un máximo de 9.015 euros, la realidad es que ninguna persona conseguirá percibir la desgravación máxima. El motivo, según idealista.com, es simple. Un gasto hipotecario anual de 9.040 euros equivale a una cuota mensual de 755 euros. Y los únicos que pueden permitirse una vivienda con esa cuota son los que tienen una base imponible de 36.000 euros anuales y que quedan fuera de las desgravaciones con la nueva ley que entrará en vigor a partir de enero.

Bajada improbable
Si hay que guiarse por los informes y los comentarios de los expertos más recientes, cuesta imaginar que se vaya a producir una corrección de precios tan drástica como la necesaria para que la demora en la compra compense. Los promotores inmobiliarios no se han cansado de repetir en los últimos meses –la última vez, la semana pasada a través del presidente de su patronal, José Manuel Galindo– que ellos ya han ajustado los precios un 20% y que no pueden bajarlos más si no es perdiendo dinero. Y aunque José Luis Rodríguez Zapatero también es de la teoría de que la correción de los precios ya se ha completado, los últimos estudios no dicen lo mismo, si bien parecen corroborar que la caída está próxima a su fin.

Sendos informes de las webs inmobiliarias fotocasa.es y pisos.com publicados la pasada semana aseguraban que los precios de la vivienda usada han caído en el último trimestre un 1,3% y 1,5%, respectivamente. Ambos estudios, sin embargo, están realizados tomando como referencia los precios a los que los vendedores ponen a la venta sus viviendas en los portales por lo que la caída habrá sido, previsiblemente, inferior a la que reflejan sus conclusiones.

La propia Comisión Europea, en su último informe trimestral sobre vivienda dado a conocer el pasado día 5, advertía de una «considerable sobrevaloración» en los precios de la vivienda en España, que rondaba a principios de año, precisamente, el 17% del análisis

Se forman pocos parados y no se colocan

Unos 400.000 parados participan al año en cursos para acceder a un empleo. Un número escaso comparado con otros países europeos, que hay que elevar con recortes presupuestarios y más desocupados.

El presidente Rodríguez Zapatero afirmó hace menos de un mes que los desempleados en cursos de formación no son realmente parados porque trabajan para el país. Sin embargo, lo cierto es que el primer objetivo de la poco conocida formación ocupacional es precisamente que los desocupados accedan a un puesto de trabajo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo? ¿Cómo son los cursos y de qué manera se financian? Según el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2011, el próximo año se destinarán 2.300 millones de euros a la formación profesional para el empleo. Casi el 56% de estos fondos procede de las cotizaciones a la Seguridad Social, un 42% es aportado por el Estado y el 1,5% procede del Fondo Social Europeo, que dejará de hacer aportaciones a nuestro país en el año 2012.

De esta inversión, 1.380 millones de euros serán gestionados por la Fundación Tripartita, integrada por la Administración central y los dos sindicatos y patronales mayoritarios, para la cualificación prioritaria de ocupados, pero también de parados.

Algo más de 500 millones de esta cantidad se destinarán a bonificar la formación interna de las empresas entre sus empleados, en forma de descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera se formó el pasado año a 1,86 millones de trabajadores.

El Ministerio de Administraciones Públicas manejará 128 millones para formar a unos 650.000 funcionarios. Mientras, los agentes sociales gestionarán 744 millones (391 millones a escala nacional y 353 millones en el ámbito autonómico) para programar los cursos denominados de oferta, a los que asistirán 1,3 millones de profesionales. Aunque en éstos puede participar hasta un 40% de parados, la realidad es que sólo el 12% de los alumnos son desempleados (unos 110.000 al año). El otro 88% son ocupados, a pesar de que la última reforma del sistema operada en 2007 cuando Jesús Caldera era el titular de Trabajo tenía entre sus objetivos acercar la formación de parados a la de ocupados.

Paralelamente, se desarrolla la llamada formación ocupacional, dirigida exclusivamente a desempleados, que está coordinada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) –el antiguo INEM–, pero las competencias están transferidas a los gobiernos autonómicos. En 2011, se destinarán 919 millones de euros, que podrán ser incrementados por las administraciones territoriales, a mejorar la cualificación de unos 300.000 parados. Es decir, sumando los 110.000 que se forman en los cursos dirigidos prioritariamente a ocupados, unos 410.000 parados se forman cada año en España.

Sin embargo, nuestro país es de los que menos actualiza a su población activa en general y a sus desempleados en particular. Teniendo en cuenta que el paro registrado ha superado en septiembre la barrera de los cuatro millones de personas, sólo el 7% de los parados está recibiendo formación a través de los servicios públicos de empleo. Una tasa que aumenta ligeramente hasta el 10% si se suman los desempleados que participan en cursos para ocupados.

Si tenemos en cuenta los 3,72 millones de profesionales que se formaron en 2009, sumando parados y empleados, y lo comparamos con los 23,12 millones de población activa según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, la tasa de activos formados es de sólo el 16%. Si lo que medimos es el ratio de trabajadores ocupados formados, éste se eleva al 18%, pero sigue siendo claramente insuficiente. Estos porcentajes se quedan a medio camino de los datos que presentan los países más avanzados de Europa, donde participa cada año en programas de formación entre el 30% y el 50% de su fuerza de trabajo.

Calidad
Una de las diferencias fundamentales entre la formación de los ocupados y la de los parados es la duración de los programas. Mientras que los cursos bonificados que se desarrollan en las empresas tienen una duración media de 28 horas y la de los programas gestionados por los agentes sociales de 72, la formación ocupacional de los servicios públicos de empleo organizan programas de larga duración, unas 300 horas de media, que se prolongan durante varios meses, sobre todo tipo de temáticas, grupos profesionales y sectores. Pero no se trata sólo de cantidad, sino también de calidad. Los intermediarios privados del mercado laboral creen que la formación que se hace no es adecuada. En la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) piensan que los puestos de trabajo y las competencias han cambiado radicalmente, por lo que el catálogo de cursos tendría que ser mucho más dinámico para adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Sería necesario un marco de coordinación y programación estratégica y la medición de resultados. Es decir, si los participantes se colocan.

Coinciden con este diagnóstico las empresas de formación y las asociaciones que representan a estos proveedores, que son los que finalmente imparten los cursos que les adjudican los servicios de empleo, los agentes sociales y las empresas. El sector reclama modernizar las actividades formativas para adaptarlas a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo, renovar las metodologías y temáticas, y medir su eficiencia. Pero esto requiere una mayor inversión y consideran que a los precios actuales no es posible.

Sin embargo, la Administración se enfrenta a un doble reto: incrementar la tasa de profesionales formados, especialmente la de parados, en un momento en que el desempleo casi se ha doblado y la recaudación por cotizaciones sociales desciende porque la Seguridad Social ha perdido 1,7 millones de afiliados entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2010. ¿Cómo hacerlo? Los planes, según ha podido saber Expansión & Empleo, son reducir aún más los precios de los cursos de formación y recortar a su vez el número de horas de los mismos, pero haciendo un esfuerzo de eficiencia para obtener resultados: que realmente los participantes accedan a un empleo.

Las constructoras lanzan una avalancha de demandas contra los alcaldes morosos

Las constructoras han dicho basta y han decidido pasar al ataque contra la morosidad de los ayuntamientos. Bajo el brazo, una oleada de demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa, para reclamar las oportunas indemnizaciones. No pueden esperar más. Los impagos locales, un virus económico que va pudriendo el tejido empresarial al ritmo de la crisis, las ahogan.

Además, el recortazo de la obra pública que ha acometido el Ministerio de Fomento ha generado una enorme confusión sobre el futuro de las carteras empresariales de infraestructuras, por lo que las compañías se apresuran a apuntalar por la vía judicial los derechos de cobro adquiridos.

El caso más sintomático es el de las concesionarias de los servicios públicos de limpieza, que suelen ser filiales de constructoras. Los ayuntamientos les deben más de 3.200 millones de euros, según Francisco Jardón, presidente de la patronal del ramo, Aselip, que representa a compañías que emplean a 110.000 personas. Entre ellas, FCC, Urbaser (filial de ACS), Cespa (Ferrovial) y Sufi (Sacyr).

“Todas nuestras empresas están demandando a los alcaldes”, revela Jardón a EXPANSIÓN. “En función de la deuda que tiene el ayuntamiento, se le demanda”. “Hay un consenso en litigar ahora, porque la demora es tal que van a juicio todas las empresas en casi todos los ayuntamientos, y servimos a más de 6.000 consistorios”, ahonda.

Una solución intermedia entre la rescisión del contrato y la demanda es pactar una reducción de los servicios. Pero esto se traduce, a su vez, en una merma de ingresos, en un peor servicio y en despidos, apunta Jardón.

Además, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad prepara ya las primeras acciones legales contra las empresas peores pagadoras de España, tras facultarle a ello la nueva Ley de Morosidad.

El presidente de la patronal de proveedores de la construcción (Cepco), Rafael Fernández, está observando que ahora “impera el nerviosismo” entre las constructoras contratistas del sector público, en pleno derrumbe del gasto productivo. “Por eso aumentan, claro, las demandas, para curarse en salud”, dice.

No habrá línea ICO
Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 han hecho sonar las alarmas, ya que en ellos el Gobierno ha eliminado la disposición de la Ley de Morosidad por la cual se creaba la línea del ICO (agencia financiera estatal) de 3.000 millones para sufragar las deudas de los entes locales con los proveedores, como adelantó EXPANSIÓN el 1 de octubre.

De esta forma, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias aseguran que “la Ley de Morosidad no es acatable, ya que el primero que no la cumple es el Gobierno, como se ha visto en el caso del ICO”. Jaume Puig i Canal, gerente del Gremio de Áridos de Cataluña, agrega: “Los alcaldes nos transmiten que temen demandas colectivas de los proveedores”. De hecho, muchas compañías están esgrimiendo delante de los ediles las sentencias que obligan a los alcaldes a responder con su patrimonio a parte de las deudas.

El afán recaudatorio de la zona 80 km/h se cobra 170.000 multas en dos años

Las sanciones suponen unos ingresos mínimos de unos 17 millones de euros.

CiU promete derogarlo en caso de ganar las elecciones y hasta dos terceras partes del tripartito piden flexibilizar una medida más que polémica. El límite de 80 kilómetros por hora en el área de Barcelona se empezó a aplicar el 1 de diciembre de 2007, y desde que se pudo empezar a sancionar –justo un mes después– ha supuesto un ingreso mínimo para las arcas de la Generalitat de más de 17.000.000 de euros en apenas dos años.

El Servei Català de Trànsit, según informa Europa Press, impuso durante ese lapso de tiempo 170.499 multas, –sanciones que ya son firmes–. Multas que,según defiende la entidad, suponen un ínfimo porcentaje –el 0,0026 por ciento– de los más de 600 millones de coches que circularon bajo los radares de la zona 80.

El debate sobre la eficacia de la medida lleva abierto más de dos años. Desde la conselleria de Medi Ambient, liderada por Francesc Baltasar (ICV), aseguran que la polución atomósferica y las emisiones contaminantes se han reducido un 12 por ciento desde que se implantó la medida, aunque no ha conseguido superar las expectativas, ya que las previsiones iniciales eran de un descenso del 17 por ciento.

Casi tres años después de que los conductores limitasen su velocidad en los accesos a Barcelona, las voces discordantes con la medida han llegado al Parlament e ICV se ha quedado sola en la defensa de la zona 80.

CiU y PP exigen su derogación, ERC ha tirado la toalla frente a la velocidad variable y hasta el president de la Generalitat, José Montilla, o el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han alzado su voz para tratar de «flexibilizar» la medida.

Entre abril y mayo de este año, el debate sobre si las noches, que registran un descenso del nivel de tráfico, deberían librarse del límite 80 asaltó a la actualidad política y el propio Montilla no puso objeciones a estudiarlo en el Parlament. El president aseguró que la limitación de velocidad tiene aspectos «discutibles» y dejó la puerta abierta a posibles «cambios».
Por su parte, el conseller de Medi Ambient, aseguró también que había «muchas posibilidades» de que se reconsiderase el controvertido límite, siempre que no se aumentasen los niveles de polución.

Las críticas de la velocidad variable también se han escuchado en CiU.El portavoz de la formación, Oriol Pujol, alegó que a la «medida recaudatoria» no se le puede atribuir el mérito del descenso del número de accidentes –Medi Ambient estima que supera el 50 por ciento y las congestiones han bajado más del 25 por ciento– porque la cifra de víctimas en la carretera ha descendido significativamente también en el resto de España.

Los inmigrantes en paro renovarán los papeles si sus parejas trabajan

El director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno, Markus González, avanzó este domingo que el Gobierno plantea renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España. González anunció que el futuro Reglamento de Inmigración «flexibilizará» la renovación de permisos para evitar la irregularidad sobrevenida por la crisis», después de que muchos inmigrantes hayan perdido su puesto de trabajo en sectores como la construcción.

Por ello, el Gobierno plantea que los extranjeros en paro continúen en el país si sus parejas -marido / esposa o incluso su pareja de hecho- trabajan y cumplen con las premisas económicas establecidas. Entre las medidas que el Ejecutivo estudia para «facilitar las renovaciones automáticas», también se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos -y no tres años, como ahora- en España.

Para obtener el arraigo social los inmigrantes deben demostrar ahora que llevan al menos tres años residiendo en el país, que no tienen antecedentes penales y que cuentan con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario cuya duración no sea inferior a un año en el momento de la solicitud.

Además, tienen que probar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que respalde su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

Ley de acogida
En declaraciones a Europa Press, el director general de Inmigración afirmó además que por ahora el Tribunal Constitucional (TC) «se ha limitado» a admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley de Acogida catalana. «Aún no se ha pronunciado sobre si tiene o no fundamento», añadió, por lo que declinó hacer valoraciones.

La Ley de Acogida, que el Parlament aprobó en abril, ofrecerá un certificado de integración a los inmigrantes que sigan la formación del servicio de primera acogida, que incluye 135 horas de cursos básicos de catalán.

El PP pide explicaciones
Tras las declaraciones de González, el PP anunció este domingo que solicitará la comparecencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para que explique las líneas generales del nuevo reglamento de extranjería y «dé cuenta de la medida de regularización de papeles a los inmigrantes cuya pareja tenga trabajo estable».

El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, calificó de «lamentable» que el Gobierno filtre partes del reglamento de extranjería que tenía que haber aprobado ya el mes de mayo. «Si la ley de Inmigración no gustó, lo que empieza a aparecer del reglamento nos gusta aún menos», ha aseverado el portavoz popular.

En este sentido añadió que la modificación va a servir para «incrementar el fraude, desvincular inmigración y permanencia en España de la situación de empleo, abundar en procedimientos que constituyen en sí mismos un fraude a la ley y que sólo van a servir para incentivar mecanismos de regularización de personas en situación de ilegalidad». Para el portavoz del PP, «no tiene sentido que el Gobierno sostenga que el único destino de los inmigrantes en situación irregular es volver a su país, y que sin embargo busquen mecanismos para hacer justamente lo contrario».

Por otro lado, el portavoz del PP exigió al Gobierno que «reordene el flujo de inmigración y favorezca el retorno a sus países de aquellas personas que en estos momentos han perdido su empleo habilitando los mecanismos necesarios para que puedan volver si en el futuro lo encontrasen». Hernando quiso recordar que el PP apoya la búsqueda de una solución al problema de la inmigración en el marco de la UE con una apuesta por las «regularizaciones individualizadas» para poner freno a las regularizaciones masivas, que precisamente «son las que ha practicado y parece no querer dejar de practicar el Gobierno en los últimos tiempos»