Bruselas prevé que España salga de la recesión en el segundo trimestre

España saldrá de la recesión y volverá al crecimiento económico entre abril y junio de este año, según las previsiones económicas hechas públicas hoy por la Comisión Europea, que advierte que la subida del IVA aprobada por el Gobierno que comenzará a aplicarse en julio provocará una recaída en territorio negativo durante el tercer trimestre.
De este modo, España será la única gran economía de la Unión Europea que se contraiga en 2010. En concreto, retrocederá un 0,6% del PIB, dos décimas menos de lo que Bruselas había pronosticado en noviembre. No obstante, la previsión del Ejecutivo comunitario sigue siendo más pesimista que la del Gobierno, que prevé que la contracción sea sólo del 0,3% del PIB.

En concreto, Bruselas cree que la economía española se contraerá un 0,1% en el primer trimestre, crecerá un 0,1% en el segundo trimestre, pero recaerá entre julio y septiembre (-0,2%. «La subida del IVA prevista para mediados de 2010 se hará notar en el consumo e impactará en el patrón de crecimiento trimestral», afirmó el Ejecutivo comunitario. A finales de año volverá a haber una ligera recuperación (0,1%).

Frágil crecimiento en Europa
Para el conjunto de la eurozona y para la UE, la Comisión augura un frágil crecimiento del 0,7% del PIB. Francia y Alemania se distanciarán con un crecimiento del 1,2% del PIB, por delante de Países Bajos (0.9%), Italia (0,7%) y Reino Unido (0,6%). El único país de los 7 examinados por Bruselas en estas previsiones intermedias que registrará un crecimiento robusto será Polonia (2,6%).

En cuanto a la inflación, Bruselas considera que en 2010 se mantendrá la estabilidad de precios debido a la débil actividad económica, que contrarrestará los aumentos en los precios de la energía y de las materias primas. La inflación subirá un 1,4% en la UE y un 1,1% en la eurozona, muy por debajo del objetivo del 2% que se marca el Banco Central Europeo (BCE).

España se situará en la media de la zona euro (1,1%) para el conjunto de 2010, aunque a finales de año la inflación llegará hasta el 1,5% debido a la subida del IVA y de los precios de la energía. Tras un importante aumento en 2009, la Comisión prevé que los salarios se moderen en 2010.

El Ejecutivo comunitario prevé para 2010 una contracción menor de la demanda doméstica. «De hecho, las recientes mejoras en la confianza de los consumidores y de la industria apuntan a una recuperación de la demanda doméstica en 2010 más rápida de lo que se había previsto», resalta.

No obstante, «la contención del consumo público, las dificultades para lograr créditos y la desaparición progresiva de los efectos positivos de las ayudas directas a la compra de coches dificultarán la recuperación», indica Bruselas.

Las exportaciones crecerán durante los próximos trimestres a mayor ritmo que el previsto en otoño gracias a la mejora en la demanda mundial. No obstante, la menor caída de las importaciones debido al aumento de la demanda doméstica provocará que la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB sea menor.

La vivienda más buscada: 90 metros y tres habitaciones por 165.000 euros

Los españoles están dispuestos a pagar hasta 15.000 euros más que hace cuatro meses para adquirir una vivienda, lo que podría constatar que los potenciales compradores se están acercando a los precios de oferta, según el último informe del portal pisos.com.

En el informe, que analiza las búsquedas de pisos entre noviembre de 2009 y febrero de este año, el precio del piso más solicitado oscila entre los 150.000 euros y 165.000 euros, con 90 metros cuadrados y tres habitaciones.

«Aquellos que quieren comprar un piso comienzan a marcar precios de búsqueda más realistas, más cercanos al mercado, lo que podría traducirse en un incremento de las operaciones de compraventa», reflexionó el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, quien auguró que «todo apunta a que las transacciones del primer semestre serán muy positivas».

Con todo, Cataluña, Madrid y País Vasco se sitúan como las comunidades autónomas donde más dinero se está dispuesto a invertir para comprar una casa, hasta desembolsar 345.000 euros.

Mientras, en las Islas Canarias y Murcia predomina la búsqueda de viviendas con precios entre los 105.000 y los 120.000 euros, en tanto que burgaleses, palentinos y conquenses son los potenciales compradores que menos esfuerzo económico están dispuestos a realizar, sin sobrepasar los 60.000 euros.

El perfil de la vivienda más buscada
El inmueble de 90 metros cuadrados concentra las búsquedas con 20 provincias, una más que en el informe anterior. Las de 80 metros cuadrados pierden una provincia, pasando de 12 a 11.

Por número de dormitorios, las viviendas de 3 habitaciones vuelven a liderar las preferencias, pero pasan de 34 a 32 provincias.

Por su parte, las de 2 habitaciones pasan de 15 provincias interesadas a 17. Únicamente en Santa Cruz de Tenerife predomina la intención de comprar un inmueble con un dormitorio.

En cuanto al alquiler, la renta más solicitada se sitúa en la horquilla entre los 400 y los 500 euros, y se consolida la tendencia de meses anteriores.

En concreto, Cataluña, Madrid y País Vasco son las regiones donde los arrendatarios realizarían un esfuerzo mayor, llegando a pagar entre 600 y 700 euros, mientras que los inquilinos que buscan los precios más económicos, entre 300 y 400 euros, se localizan en las Islas Canarias y en Extremadura.

El 10% de los hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro

Diez de cada 100 hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro y en Canarias asciende a 15 de cada 100. Las ETTs colocan 4,5 veces más trabajadores que los servicios públicos de empleo en el conjunto del país, según el último informe regional sobre el mercado laboral de Agett.
La tragedia laboral española tiene nombres y apellidos y, a la vista de los datos, se intensifica. Así, según el último informe regional sobre empleo elaborado por la Asociación de grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), el número de hogares en los que todos sus miembros activos están parados asciende a 1.219.915, lo que equivale al 9,5% del total de hogares españoles. Es decir, en casi 10 de cada 100 hogares ya no se perciben rentas del trabajo.

Desde que comenzó la crisis -que la entidad sitúa en el tercer trimestre de 2007-, el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado en 840.000. Lo grave es que dicha tendencia “continuará con bastante probabilidad y sus consecuencias sociales serán especialmente relevantes dada la escasez de entrada de ingresos en el conjunto del hogar”, incide el informe.

De hecho, si se incluyen a aquellos hogares donde al menos la mitad de los activos están en paro, esta cifra se eleva a los 2.760.250, el 21,5% del total de hogares españoles (casi 1,6 millones de hogares más en esta situación desde que comenzó la crisis).

Canarias, Andalucía, C. Valenciana y Murcia continúan siendo las comunidades que presentan un porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en paro superior al total nacional, según los datos del último trimestre de 2009.

La región con un mayor número de hogares en esta circunstancia es Canarias, que toma el relevo a Andalucía, aumentando su tasa del 13,5% al 15,2%, mientras en el otro extremo se sitúa Navarra, por quinto trimestre consecutivo, con un 5% de hogares con todos sus miembros en paro.. En 14 de las 17 comunidades la situación empeora, hecho que especialmente relevante en Baleares (aumenta un 4,1% intertrimestral).
Baja la población activa

Por otro lado, “por primera vez en la historia, España ha perdido activos laborales”, advierte el estudio. En concreto, “han salido de la actividad laboral 92.200 personas en el último año (-0,4% interanual) debido al, cada vez más intenso, efecto desánimo. “Ya son doce de las diecisiete CCAA las que registran pérdidas de población activa respecto al mismo periodo del año anterior (tres más que en el trimestre precedente), destacando las comunidades de Asturias, Cataluña, Cantabria, País Vasco y Galicia».

Desde que comenzó la crisis se han destruido 1,86 millones de empleos netos, de los cuales el 65% se han perdido en 2009. El factor estacional desfavorable unido al todavía fuerte factor recesivo hacen, por tanto, que el número total de ocupados se sitúe en los 18,6 millones, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2005.

El sector privado destruye empleo asalariado en todas las CCAA respecto al mismo periodo de 2008 (a una tasa del -6,4% interanual en el conjunto de España), mientras el sector público lo sigue creando en 11 de ellas (a un ritmo del 1,2% de media nacional).

En este sentido, Cataluña, Andalucía y C. León han generado el 75,6% del empleo público en el último año. No obstante, “en ninguna CCAA el crecimiento del empleo público es capaz de compensar la pérdida de empleo del sector privado”, señalan los expertos.

Desde el tercer trimestre de 2007, España ha incrementado el paro en más de 2,5 millones de personas; el 44% se han generado en el último año. El número de desempleados asciende a 4.326.500 personas en el último trimestre de 2009.

Todas las CCAA, sin excepción, aumentan su tasa de paro respecto al trimestre precedente. La comunidad que más incrementa su tasa de desempleo es Baleares, con un aumento de 4,72% intertrimestral, alcanzando una tasa del 19,5%. Además, la tasa de paro balear podría haber ascendido hasta el 23,8% si la población activa no se hubiera reducido.

El paro de larga duración
Los desempleados de larga duración ya suponen el 34,5% del desempleo, cuando en el trimestre anterior suponían menos del 30% de los parados. Han pasado de 393.200 parados de más de un año de duración al inicio de la crisis, a ser 1.493.500 en el último trimestre de 2009, el volumen más elevado desde 1998.

Esto supone un incremento de más de un millón de personas (279,8%) desde el tercer trimestre de 2007. La dinámica del incremento de este tipo de desempleo se observa en todas las CCAA, con la excepción de Cantabria y Extremadura. Destaca, en negativo, la comunidad asturiana, donde 4 de cada 10 parados llevan más de un año buscando empleo y no lo encuentra. Le siguen Canarias (38,5%), Andalucía (36,8%) y La Rioja (36,4%). Por el contrario, las CCAA con menor porcentaje de parados de larga duración son Navarra y Cantabria, al igual que ocurría el trimestre anterior.

Bajan los contratos indefinidos
Por otro lado, el ajuste del empleo se está dando ahora en la contratación indefinida en todas las CCAA. La contratación indefinida presenta caídas interanuales superiores al 25% (92.669 contratos menos) frente al 2,1% de la temporal (-72.873).
Sólo el 3,5% de los contratos temporales realizados en el cuarto trimestre se han convertido en indefinidos, lo que supone el peso más reducido desde que se elabora el Informe Regional Agett. Las comunidades que más apuestan por la contratación indefinida directa son Madrid, Murcia y Extremadura.

Las ETTs reclocan 4,5 veces más que el Inem
Por último, el estudio destaca que los Servicios Públicos de Empleo (SPE, antigio Inem) intermediaron el pasado año en 3 de cada 100 colocaciones (381.050 colocaciones sobre un total de 13.977.537), mientras que la tasa de intermediación de las ETTs fue del 12% (con cerca de 1,7 millones de colocaciones). Es decir, las empresas privadas de colocación lo hacen en una proporción 4,5 veces mayor que el sector público.

Los servicios públicos de empleo sólo colocaron a un joven de cada 100 en 2009. Sin embargo, las ETTs gestionaron nueve veces más colocaciones que los SPE a jóvenes menores de 25 años, y su intermediación es 4 veces superior en el caso de las mujeres. Ambos, principales colectivos de difícil inserción. Las ETTs intermedian más que los servicios públicos de empleo en todas las CCAA salvo Extremadura.

El ‘lobby’ inmobiliario, en peligro de extinción

El 1 de octubre de 2007, trece responsables de las compañías inmobiliarias más importantes de España y la patronal madrileña, Asprima, creaban un grupo denominado G-14, inmobiliarias por la excelencia.
En pleno auge del negocio promotor, estas compañías decidían imitar el modelo norteamericano y fundaban un lobby o grupo de presión, que les sirviera para defender sus intereses, como foco principal de la actividad económica del país. «Las grandes inmobiliarias españolas firmaron hoy [por el 1 de octubre de 2007] en Madrid su constitución oficial como grupo organizado para la defensa de sus intereses empresariales y el desarrollo de todo tipo de acuerdos y medidas que redunden en la defensa de la actividad, bajo la denominación de Grupo 14, Inmobiliarias por la Excelencia», rezaba el comunicado oficial de esta exclusiva patronal.

Sin embargo, apenas dos años y medio después, el objetivo de convertirse en un poderoso lobby ha quedado desdibujado por los problemas del sector y de las propias compañías. A día de hoy, «la representatividad, la representación, promoción y defensa de los intereses profesionales» que buscaban las compañías con la puesta en marcha de esta iniciativa, con grandes nombres de la esfera empresarial, ha quedado lejos. «Ya no es lo que era», comenta una fuente cercana a una de las compañías participantes.

Según el propio secretario general del G-14, Pedro Pérez, tan sólo diez empresas y Asprima continúan dentro de la organización. «Somos los 13 de antes, menos Colonial, Renta Corporación y Parquesol», asegura Pérez. Pero sólo ocho socios contribuyen financieramente al grupo, a través del pago de una cuota, ya que la presencia de Asprima es testimonial y dos de sus integrantes no estarían haciendo frente al desembolso como miembro del grupo. Desde Metrovacesa, Reyal Urbis, Afirma Grupo Inmobiliario (antigua Rayet), Realia, Grupo Sanjosé (donde está integrada Parquesol), Vallehermoso confirmaron su presencia en el grupo inmobiliario.

No obstante, según fuentes del sector, la cuota fijada en concepto de contribución como socio ha sido reducida hace unos meses. Otras fuentes apuntan a que el propio Pérez habría podido renunciar al cobro de algún tipo de honorario relacionado con su cargo de máximo responsable del lobby inmobilario. Para más inri, los propios miembros del grupo no tienen del todo claro quién es miembro de pleno derecho y quién no. Un miembro del G-14 aseguró a EXPANSIÓN: «Quedamos para comer y nunca estamos todos, por lo que ya no sabemos quién puede abandonar [la condición de miembro activo]». Este alto cargo inmobiliario confirma que hay poca actividad en el grupo.

¿Disolución?
Y no es el único. Todos los expertos consultados al respecto coinciden en que el G-14 está tocado. Un reputado analista asegura incluso que el grupo se encuentra en un estado catatónico que apunta a la disolución. ¿Caerá en el concurso de acreedores alguna empresa más del lobby? Pero Pedro Pérez cree que no: «No lo veo y no lo quisiera ver», dijo. Recientemente aseguró que su intención es aguantar el chaparrón: «Si el Gobierno hace las cosas que pedimos, en un trienio podríamos converger en un nivel de 400.000 viviendas en stock». Es decir, reducirlo a la mitad y, así, resucitar algo de la bonanza inmobiliaria.

«Los promotores ahora mismo son zombies; el G-14 está en manos de las entidades financieras», aseguran los expertos. Pérez no lo desmiente, porque «los pisos de la banca tienen preferencia. Esperamos que la situación de dependencia de la banca sea breve, coyuntural y momentánea», subrayó, para aprovechar y afearle al sector financiero «el bloqueo del crédito».

El gran hólding formado por gigantes de la economía española, que llegaban a sumar entre ellos entre 500 y 600 viviendas construidas al mes, ha pasado a ver como sus producción se quedaba paralizada. Así, en agosto de 2009, las compañías del G-14 encadenaban nueve meses sin construir ni una sola vivienda libre frente a las 6.000 que llegaron a construir en ejercicios anteriores. Y eso que Pérez aduce que las empresas que representa ofrecen descuentos de entre el 20% y el 30%.

Martinsa
Su poder y relevancia en el mundo empresarial se veía truncada por un brusco cambio de ciclo en el sector y una crisis financiera internacional sin precedentes. El máximo estandarte de este ocaso se encuentra en su presidente, Fernando Martín. El responsable de Martinsa Fadesa asumió el cargo de líder del proyecto de forma coyuntural, con el objetivo de ceder la batuta, según sus propias palabras, a «un profesional que dedique todo su tiempo a desarrollar las políticas del grupo; tiempo del que yo no dispongo para el nivel de exigencia, esfuerzo y dedicación que requiere el cargo». De hecho, el relevo se produjo diez meses después, de forma más abrupta de la esperada, tras la entrada en concurso de acreedores de la compañía que preside, Martinsa Fadesa.

La solicitud concursal de la promotora de Fernando Martín supuso un momento complejo para el grupo empresarial. Tras la emisión de un comunicado donde ponían de relieve que ellos ya habían avisado de las dificultades derivadas de las restricciones financieras, a finales de julio se producía la renuncia de Fernando Martín. Junto al presidente de Martinsa Fadesa, otros dos consejeros, Mariano Miguel y Anna Birulés abandonaban el consejo del grupo inmobiliario, al haber dejado sus cargos ejecutivos en Colonial y Renta Corporación. «El grupo continuará funcionando bajo las directrices y objetivos fijados por su Consejo del que forman parte todos los miembros y con el apoyo de Pedro Pérez como secretario general», aseguraron en ese momento.

Sin embargo, la realidad ha sido otra, y Pedro Pérez, quien ocupó la Secretaría de Estado de Economía entre 1988 y 1993, además de haber sido director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Tabacalera, asumió de facto el cargo de presidente y, hasta la fecha, ha sido el único portavoz del colectivo.

«El secretario general nunca fue nombrado presidente, aunque actuara como tal», dicen desde la organización. El único presidente de una patronal de promotores sería, por tanto, José Manuel Galindo, que lidera la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce). Paradójicamente, éste también es el decimocuarto miembro del G-14, como presidente de la patronal madrileña Asprima. Fuentes de la propia Apce confirman que actualmente se aferran los unos a los otros para tratar de obrar el milagro: sobrevivir.

Los cálculos del grupo– Grupo 14, junto con analistas financieros internacionales (AFI) presentaron sus conclusiones sobre el sector inmobiliario en 2009. En ellas, cifraron en 150.000 las viviendas iniciadas durante el pasado año.

– En el informe, se señala que los precios, según Tinsa, habían sufrido una corrección del 15% desde el máximo y que, a pesar de que la venta de casas «continúa deteriorándose», muestra «síntomas de haber encontrado suelo».

– Según el análisis elaborado con AFI, a finales de 2009 existía un «stock» de viviendas sin vender de 800.000 unidades. «Aunque el stock» «es muy abundante en algunas áreas geográficas, en otras no ocurre así».

– «Es necesario tomar medidas adicionales que impulsen la demanda, en línea con las adoptadas en otros sectores», recomiendan desde el texto.

El Ministerio de Fomento licitó obras por valor de 429,55 millones de euros durante el pasado mes de enero

Un 51,8% más
El Ministerio de Fomento licitó obras por valor de 429,55 millones de euros durante el pasado mes de enero, lo que supone un incremento del 51,8% en comparación con igual mes de 2009 y romper la tendencia de descensos que registró durante el pasado ejercicio, según los datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

En 2009 el departamento que dirige José Blanco redujo un 35,1% la promoción de obras en comparación con 2008, hasta situarla en un importe total de 9.486,68 millones de euros, el 24% del total licitado en el Estado.

No obstante, en fuentes de Seopan indicaron que el dato de enero no es significativo, porque se compara con enero de 2009, cuando la licitación del Ministerio se desplomó un 80,8%, hasta 237 millones.

Además, el importe licitado en enero de 2010 es casi la mitad de la licitación media mensual de unos 800 millones de euros que, pese a los descensos, Fomento mantuvo a lo largo de 2009.

Con todo, durante el primer mes del año Fomento puso en marcha el 20,2% del total de obra pública licitada en España en el primer mes del año, que sumó 2.128,77 millones de euros, un 32,4% menos que un año antes.

La caída del total de obra pública responde a que comunidades autónomas y Administración cambiaron también la tendencia en el arranque de 2010 y experimentaron importantes descensos en licitación de obra.

En concreto, ayuntamientos, diputaciones y cabildos promovieron proyectos por 988,87 millones en enero, importe que pese a suponer una reducción del 43,4% frente al mismo mes de 2009, constituye el 46,5% del total licitado en el Estado.

Por su parte, los gobiernos regionales pusieron en marcha el 25,7% de todas las obras que se lanzaron en el comienzo del año, dado que licitaron por 546,32 millones, un 38,2% menos.

En cuanto al conjunto de Gobierno central, elevó un 14,8% la licitación, hasta los 593 millones, gracias a los datos de Fomento, principal departamento inversor, ya que el Ministerio de Medio Ambiente redujo un 56% la promoción de obras.

Por tipo de obras, enero arroja un equilibrio entre la licitación de proyectos de edificaciones públicas y grandes proyectos de ingeniería civil por parte del conjunto de todas las administraciones públicas, al suponer 50,8% y el 49,2% del total licitado, respectivamente.
En concreto, en el primer mes de 2010 se pusieron en marcha proyectos de infraestructuras por 1.046,57 millones de euros, un 47,7% menos. Destaca la caída del 77% en las obras de urbanización y la del 52% de la de carreteras, mientras que, por contra, las de medio ambiente se elevaron un 15,1%.
Asimismo, en enero las distintas administraciones arrancaron proyectos de edificaciones públicas por 1.082,20 millones de euros, importe un 5,6% inferior al de un año antes. Sobresalen los descensos del 73% y el 66% que registraron la promoción de centros docentes y deportivos, mientras que los sanitarios se elevaron un 3,3%.

El Gobierno abre la puerta a la congelación del sueldo a los funcionarios en 2011 y 2012

Ocaña admite que habrá que revisar el pacto salarial para reducir en un 4% las retribuciones de los trabajadores públicos para reducir el déficit.
El Gobierno abre la puerta a la congelación o la reducción salarial para los funcionarios en los próximos tres años. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha planteado hoy una revisión del marco retributivo firmado con los empleados públicos, que fija subidas moderadas de aquí a 2012. «El acuerdo salarial habrá que revisarlo en la negociación con los sindicatos», ha admitido el responsable de Hacienda en la presentación de los datos de déficit del Estado para 2009, que se saldó con un desequilibrio del 9,5% en la Administración central y de un 11,4% en el conjunto de las administraciones públicas.
Ocaña ha explicado que el Ejecutivo ha previsto reducir un 4% el volumen total de retribuciones de todos los funcionarios del país, un objetivo que se logrará mediante dos vías. La más importante consiste en el anunciado recorte en el empleo público (sólo se cubrirá una de cada 10 vacantes). Pero, «adicionalmente» hay que modificar las subidas salariales pactadas recientemente, ha declarado.

El secretario de Estado ha aclarado que lo pactado este año (una subida del 0,3%) no se alterará y que el Ejecutivo tampoco está pensando en bajarles el sueldo a los empleados públicos, pero las previsiones que han realizado hasta 2013 implican, prácticamente, una congelación para los próximos años. La medida forma parte del plan de austeridad que aplicará Hacienda desde este año para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas. El objetivo es ahorrar 50.000 millones de euros de aquí a 2013 para devolver el déficit al límite del 3% que impone Bruselas.

Según ha explicado Ocaña, las medidas para reactivar la economía y el auge del desempleo, por la parte del gasto, y la caída de la recaudación impositiva motivada por la crisis, en cuanto a los ingresos, han llevado al Estado a gastar en 2009 el doble de lo que ha entrado en las arcas públicas. Durante el pasado ejercicio los gastos de la Administración Central ascendieron a 205.714 millones de euros y los ingresos a 105.929 millones, lo que explica el repunte del déficit público hasta el 9,49% del PIB o 99.785 millones, el más alto desde que hay datos comparables y muy por encima del 3,82% del año anterior. Si a esta cifra se le suma el déficit de las comunidades y ayuntamientos y se le resta el ligero superávit de la Seguridad Social, el dato definitivo asciende al 11,4%.

La recaudación cae un 17%
Tal y como ha detallado el secretario de Hacienda, la recaudación del Estado por impuestos cayó un 17,1% en 2009 por la menor actividad económica, que repercute en los ingresos por IRPF que carga las rentas del trabajo de los trabajadores y el Impuesto sobre Sociedades, así como los que cargan el consumo. Si se compara el saldo definitivo de este apartado con lo presupuestado a principios de año, el descenso es del 24%.

En concreto, la recaudación por impuestos directos fue 87.521 millones, un 14,2% menos, con unos ingresos por IRPF de 63.857 millones, una caída del 10,5%, y un descenso del 26,1% en el Impuesto sobre Sociedades, con 20.188 millones. Por su parte, los indirectos bajaron un 21,2% hasta los 55.661 millones de euros, lastrados por la caída del consumo, que redujo en un 30,1% la recaudación por el IVA con 33.573 millones. A su vez, los ingresos por los tributos especiales descendieron un 1,1% pese al alza de la recaudación de los impuestos al tabaco, que subieron en verano.

El recorte en los ingresos está condicionado por el hecho de que el Estado ha asumido la mayor parte del coste de las medidas anticrisis frente a las comunidades, al mismo tiempo que, en el apartado de los gastos, de sus arcas han salido los fondos necesarios para pagar las prestaciones por desempleo, que ha cerrado el año por encima de lo previsto. En concreto, Ocaña ha revelado que las rebajas fiscales y los cambios normativos introducidos para reactivar la economía, entre las que se incluyen las prestaciones por desempleo, el subsidio para parados de larga duración, las iniciativas para estimular la creación de empleo y la inversión, han supuesto un impacto en las arcas de la administración central de 39.910 millones de euros.

La CNC expedienta a 53 constructoras por reparto contratos y precios

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a 53 empresas del sector de la construcción por presuntamente acordar repartos de contratos y fijar precios en la actividad de rehabilitación y pavimentación de firmes de carreteras, informó hoy este organismo.

El expediente es resultado de una información reservada que abrió tras recibir una denuncia, en el transcurso de la cual en octubre de 2009 realizó inspecciones en sedes de seis empresas.

Como resultado de esta investigación, el organismo que preside Luis Berenguer ha constatado «indicios racionales» de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, con lo que ha resuelto abrir un expediente, cuya instrucción llevará un plazo máximo de 18 meses.

Las ETT sustituyen a los servicios públicos de empleo en casi toda España

Colocan más trabajadores que los SPE en todas las CC.AA. salvo en Extremadura.
Las empresas de trabajo temporal (ETT) colocan más trabajadores que los servicios públicos de empleo (SPE) en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura, según un informe difundido hoy por la patronal de grandes ETT, Agett.

En conjunto, los servicios públicos de empleo intermediaron en 2009 en tres de cada 100 colocaciones, o lo que es lo mismo, en 381.050 empleos de un total de 13.977.537 puestos de trabajo gestionados. Por el contrario, las ETT intermediaron en 12 de cada 100 colocaciones (1,7 millones de empleos).

De esta forma, la proporción en la que intermedian estas empresas es 4,5 veces superior a la de los servicios públicos de empleo. Para el presidente de Agett, Francisco Aranda, estos datos demuestran que, a pesar de las limitaciones a las que están sometidas (las ETT no pueden operar en el sector de la construcción ni en las administraciones públicas), su gestión es «muy significativa» para el mercado laboral español.

Así, Aranda resaltó que resultaría «muy conveniente» una colaboración público-privada para generar mayores posibilidades de empleo y reducir las tasas de paro y de temporalidad. Ello, dijo, ahorraría costes al Estado y mejoraría la eficiencia de las colocaciones «con todas las garantías para trabajadores, empresarios y Administración pública».

Extremadura, la excepción
La tasa de intermediación de los servicios públicos de empleo más elevada la tiene Extremadura, con un 11,4%, porcentaje muy superior a la media española (2,7%) y a la tasa de intermediación de las ETT en la Comunidad (1,6%).

Extremadura se convierte así en la única región española donde los servicios públicos de empleo colocan más trabajadores que las ETT. En el resto, sucede todo lo contrario.
Cataluña, por su parte, es la comunidad donde menos colocaciones gestiona el servicio público de empleo, con tan sólo un 0,8%, en tanto que Murcia, Navarra y Madrid presentan las mayores tasas de intermediación de ETT, con porcentajes del 24,8%, 21,6% y 16,7%, respectivamente.

El informe de Agett también revela que los servicios públicos de empleo sólo colocaron a un joven de cada 100 durante el año 2009, mientras que las ETT gestionaron nueve veces más de colocaciones que los SPE entre los jóvenes menores de 25 años, con una intermediación cuatro veces superior en el caso de las mujeres.

En este caso, destaca el País Vasco, donde las empresas de trabajo temporal gestionaron 42 veces más de colocaciones a jóvenes menores de 25 años que el servicio vasco de empleo. En Murcia, esta diferencia es de 38; en Cataluña, de 30, y en Navarra de 23.

Por el contrario, Extremadura vuelve a ser la única región donde los servicios públicos de empleo intermedian en más colocaciones de jóvenes que las ETT (6,5% frente a 2,6%).

Entre las mujeres, las diferencias más significativas se dan en Cataluña, País Vasco y Navarra, comunidades donde las ETT median 21 veces más, 19 veces más y 16 veces más que los servicios públicos de empleo, respectivamente. Una vez más, sólo Extremadura presenta una intermediación pública en el empleo mayor a la de las ETT.

Más de medio millón de contratos gestionados por ETT
Según los datos de Agett, las empresas de trabajo temporal gestionaron 501.348 contratos en los últimos tres meses de 2009, un 16,8% más que en el trimestre anterior y un 0,8% más en tasa interanual, siendo éste su primer crecimiento en dos años.

El informe de la patronal de grandes ETT revela además que en todas las comunidades autónomas el ajuste del empleo se está dando actualmente en la contratación indefinida, y que en todas ellas se ha destruido empleo asalariado. En el caso del empleo autónomo, sólo Canarias ‘se salvó de la quema’.

También en todas las regiones españolas, menos en Cantabria y Extremadura, se ha incrementado el paro de larga duración (más de un año en el desempleo) y en 12 de las 17 comunidades se está registrando el llamado ‘efecto desánimo’ entre la población activa.

Las 5 claves para que las inmobiliarias vuelvan a ser atractivas al inversor

El sector inmobiliario se ha convertido en una inversión sólo autorizada para los más intrépidos. Las casas de análisis no se atreven a fijar en qué momento estos valores volverán a ganar peso en las carteras. Sin embargo, esgrimen que para que estas compañías sean de nuevo las “peritas en dulce” del parqué son necesarios cinco puntos clave.

1.- Mejora de la economía y crecimiento del PIB
El valor de la vivienda casi se cuadruplicó durante los años de boom inmobiliario en España. Parejo al frenesí del ladrillo, la economía española repuntaba de sobremanera. Entre 1997-2007, el PIB nacional creció a una media del 3,82% cuando el parque de pisos edificados alcanzó un valor de 5,3 billones de euros, según un estudio de la Fundación BBVA. En la década anterior, este promedio se situó en el 2,63%.

Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco de España estimaba que con una corrección del 10% en los precios de la vivienda, la economía española podría reducir en 8 décimas su crecimiento. La entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez precisaba además, que este declive podría acentuarse cuando la desaceleración económica con el menor consumo se traslade también al empleo, la renta o la propia confianza de consumidores e inversores.

Según el último boletín económico de la autoridad, los precios de la vivienda bajaron un 12% en 2009 desde los niveles máximos alcanzados durante los años del boom inmobiliario, lo que contribuyen al incremento del desempleo y a inhibir el consumo privado. Como consecuencia de la caída de actividad se produciendo un aumento del desempleo, además de un «efecto arrastre» en otras ramas productivas relacionadas con la construcción residencial.

2.- Acceso a la financiación
Según los datos del Banco de España, la concesión de créditos para actividades inmobiliarias apenas ha mostrado variación en los tres primeros trimestre del año pasado. Pese a que el importe total de los créditos otorgados por las entidades ha seguido creciendo año tras año, lo cierto es que el crecimiento anual cada vez ha sido menor. En 2006, este montante se incrementó en 225.900 millones de euros, una cifra muy superior a 38.860 millones que aumentó en 2007 y 6.750 millones de 2008.

Si estas cifras parecen reducidas, no hay más que mirar a lo concedido hasta septiembre. En última referencia publicada, los bancos sólo dieron 227 millones más. “La falta de financiación está imposibilitando el cierre de transacciones tanto en el sector residencial como en el mercado de oficinas, grandes superficies, retail… No esperamos reactivación de la demanda hasta que los bancos reestablezcan la concesión de créditos”, destacan los analistas consultados.

3-Visibilidad en los resultados
En los dos últimos dos años, los números rojos han sido los protagonistas de las cuentas del sector. “Resulta difícil estimar la cuenta de resultados de cualquier inmobiliaria por la situación económica actual y por la falta de visibilidad generalizada en el sector”, recoge un informe sectorial de Banesto Bolsa. Si bien en el último año, las inmobiliarias han aunado esfuerzos por reducir sus pérdidas, las depreciaciones de activos y el lastre de la deuda han sido las dos constantes que más se han repetido.

El consenso de mercado que maneja Reuters estima que sólo Realia albergará ganancias en 2012. En general, las previsiones vaticinan una lenta y paulatina salida de los números rojos. Así, Colonial reducirá sus pérdidas desde los 245 millones que se auguran para 2009, hasta los -77 millones en 2013. Más acelerada será la recuperación de Reyal Urbis que perderá 135 millones al cierre del año pasado y -29 millones en 2010. En cuanto a la evolución del negocio, sólo Renta Corporación mejoró su facturación al incrementarla un 60% hasta septiembre de 2009.

4- Reducción de los niveles de deuda
Los procesos de refinanciación de deuda son las notas de color dentro del sector. Colonial ha sido la última inmobiliaria en firmar el pasado viernes, un complejo acuerdo de reestructuración de su deuda que garantice la continuidad de la empresa. Después de 18 meses de negociaciones, el plan permitirá reducir la deuda de la inmobiliaria a 3.110 millones de euros, y retrasar su pago cinco años.

En el caso de Reyal Urbis o Metrovacesa, el proceso está en compás de espera. La empresa que preside Rafael Santamaría busca desde mayo un pacto con sus acreedores tras incumplir el plan de negocio fijado en la anterior refinanciación a finales de 2008. Los analistas considera estas noticias positivas a corto plazo, pero no atisban un cambio de tendencia dentro del negocio inmobiliario. “Los acuerdos de refinanciación, conocidos en los últimos días son positivos para las compañías, ya que restan algo de incertidumbre al valor. Sin embargo, “la tónica general dentro del sector se mantiene”.

El año pasado varias inmobiliarias cerraron también sus respectivas refinanciaciones. Realia prolongó el vencimiento de 921 millones de euros asociados a la actividad de promoción y suelo hasta diciembre de 2012. También, Renta Corporación selló en mayo un crédito sindicado por importe de 254 millones, con el que refinanció parte de su deuda. Mientras que Afirma concluyó el proceso de refinanciación de un endeudamiento de 1.441 millones, ampliando el periodo de carencia del crédito principal (754 millones).

5.- Eliminación de la presión accionarial
¿Quién controla a las inmobiliarias tras la crisis?. Los señores del ladrillo que reinaban años atrás han quedado destronados con la entrada de los bancos en el accionariado. Así, hombres como Enrique Bañuelos, Luis Portillo o Fernando Martín se han evaporado de la escena pública española. También, el papel de otros accionistas o grupos de referencia en el capital de estas firmas han quedado relegados. Algunos como la inmobiliaria Nozar o Global Cartera presentaron concurso de acreedores.

“A pesar de los cambios accionariales que se produjeron el pasado año en varias inmobiliarias, sigue existiendo presión en alguna de ellas por la participación que mantienen varias cajas de ahorros y alguna inmobiliaria o particular presente en el capital”, indican desde Banesto Bolsa.

Pese a la “presión”, el nuevo patrón de accionista inmobiliario muestra indicios de permanencia, al menos, en el corto plazo. Por ejemplo, está previsto que los principales acreedores de Colonial tomen parte del capital de la compañía con el canje de deuda por acciones. Otro punto, son la sucesión de ejecuciones de garantías de los actuales accionistas. A principios de año, Barclays elevó su peso en Metrovacesa hasta el 7% a cambio de amortizar deuda de la familia Sanahuja, antiguo accionista de control de la empresa

Pisos a 0 euros para gente sin recursos

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Para inmigrantes, Ancianos, Víctimas de violencia de género…
Renuncia a una parte de sus beneficios para ayudar a los demás. A Juan José Galiano, presidente del Grupo Crein, no le salían las cuentas intentando vender viviendas de protección oficial (VPO) en Valencia en el año 2000. Tenía que buscar otros criterios de rentabilidad distintos a los habituales del sector. Y así consiguió echar por la borda la típica imagen del ‘pelotazo’ que impera en el sector de la construcción.

“Aplicamos la fórmula de viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler, que busca que cualquier persona pueda acceder a una vivienda en óptimas condiciones a un precio acorde con sus posibilidades”. No sólo las cuentas empezaron a encajar, sino que se dieron cuenta de que podían destinar un porcentaje de esas viviendas a los que ellos mismos han definido como “beneficiarios emocionales»: familias que duermen en la calle porque no tienen ningún sitio al que ir.

Sonia de Mare, vicepresidenta de la Fundación Crein, deja muy claro que el Grupo Clein es una empresa, no una ONG, y como compañía buscamos una rentabilidad. Bajo el lema “nadie sin techo” nació la Fundación Crein. De Mare explica que la idea surgió cuando estalló el boom inmobiliario. Ellos mismos sufrieron el encarecimiento “tan brutal de la vivienda. Comprar un piso se había convertido en algo prácticamente inviable para todos. Así que imagínate para los jóvenes, mayores o los inmigrantes”.

Juan José y su equipo dividieron su oferta en dos tipos de viviendas. “Por un lado, están los pisos en alquiler para jóvenes desde 60 euros al mes, apartamentos acondicionados para personas mayores y minusválidos con acceso a un centro de día, pisos con tres habitaciones para familias inmigrantes y colectivos marginados por menos de 150 euros al mes”. Unas cifras irrisorias para los estándares medios del mercado español.

Pero aún reservaron hueco para más rebajas. “Por otro lado, tenemos 30 pisos, más o menos, que denominamos vivienda de emergencia. Son pisos destinados a aquellas personas que no tienen ningún recurso y necesitan urgentemente un cambio de vida”. De Mare se refiere a las mujeres víctimas de violencia de género que no cuentan con ningún apoyo y tienen en su potestad carga familiar. “También acogemos a mujeres embarazadas que no cuentan con ningún tipo de apoyo y no tienen ningún trabajo”. No pagan nada. Ni luz ni agua. Totalmente gratis.

La técnica solidaria que utiliza la Fundación es muy sencilla: “Nuestro objetivo es ayudar a estas familias a reinsertarlas en la sociedad». Gracias a la colaboración de los centros sociales, les buscan un trabajo y, pasados seis meses, pasan a alguna de las otras viviendas del grupo, «en la que ya pagará un alquiler acorde con sus ingresos”. Así desalojan las viviendas de emergencia y dejan su hueco a otras familias que estén viviendo su situación.

Ancianos independientes
“Yo tengo una paga muy baja y también necesitaba una vivienda adecuada a mis necesidades, sin escaleras ni obstáculos”. Amparo es una anciana que supera los 70 años y una de las personas beneficiarias de una vivienda creada por el Grupo Crein. Cobra 586 euros mensuales por su viudez y destina 170 euros al alquiler de un piso de tres habitaciones, comedor, cuarto de baño y comida. Muebles incluidos. “Me quedé viuda hace 25 años, con una pensión de 40.000 pesetas de las de entonces. Limpié muchas escaleras… Pero el dinero no me estiraba para pagar agua, luz, piso… y educar a mi nieta, que la tengo a mi cargo”. A Amparo no le gustan las residencias de la tercera edad. Está muy ‘pita’ para alojarse en un centro. “Yo sólo quería mi independencia”.

Así contactó con el Grupo Crein y así le cambió su vida: “Pude volver a Valencia, donde viven mis hermanas, lo único que me queda en esta vida. Incluso me alcanza para pagarle los estudios a mi Lidia. He firmado un contrato por cinco años renovables hasta los 25. Estoy encantada”.

Los precios de los alquileres dependen de los ingresos del beneficiario. En Torrent está la promoción de viviendas cuyos alquileres son los más altos: rondan los 350 euros. Se construyó sobre suelo privado, por eso es más caro. En Picanya y Moncada se construyó sobre terreno municipal cedido por el Ayuntamiento. Por desgracia, la lista de espera para ocupar alguno de los pisos del grupo es interminable. Grandes ideas como las de Galiano, gracias a la colaboración de empresas como el Centro Reina Sofía, o los ayuntamientos de Valencia y Torrent, llenan de esperanza y futuro a familias que, muchas veces, no saben dónde acudir para pedir ayuda.

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