La banca aprieta lentamente las tuercas en las hipotecas

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas acumula descensos por tercer año consecutivo en 2009, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque en 2009 la caída (del 21,9%) fue más moderada que la experimentada en 2008 (32,5%), en el tercer año de ajuste inmobiliario se detectan movimientos que revelan el cambio de actitud de los bancos y cajas, que han endurecido las condiciones generales de financiación de las hipotecas: menos créditos, menos cantidad contratada y plazos significativamente más cortos. En definitiva: la banca sigue apretando las tuercas.

Es destacable que el plazo medio de los préstamos hipotecarios se ha reducido tres años en un solo ejercicio, al pasar de 24 a 21 años. Esto responde a la política restrictiva del crédito que aplican los bancos a raíz de la crisis por su mayor aversión al riesgo. Hay que recordar que en el punto máximo del ciclo, en los primeros meses de 2006, la vida media de las hipotecas contratadas superaba los 26 años.

Asimismo, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas ha caído desde el máximo de 149.007 euros registrado en 2007 a 137.780 euros en 2008 y a 117.688 euros en 2009. El descenso acumulado en estos dos años es de 31.319 euros en tres años, un 20,81%. Este porcentaje refleja la caída nominal de los precios medios de las viviendas adquiridas en el mercado.

Por otro lado, de las cerca de 1.100.000 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, la mitad cambió sus condiciones el pasado año, y el 43,9% (234.828) modificaron los tipos de interés. De hecho, se ha producido una fuga absoluta hacia los tipos de interés variables, especialmente hacia precios referenciados al euríbor. La media bajó del 4,47% antes del cambio de las condiciones hasta el 3,84% después del mismo. El 95,9% de las hipotecas constituidas en 2009 utilizó un tipo variable frente al 4,1% que optó por un tipo fijo.

Los bancos ganan terreno a las cajas
La banca comercial, a pesar de haber endurecido las condiciones, ha ganado un buen trecho de cuota de mercado a las cajas de ahorros. Mientras éstas han firmado casi el 53% de las operaciones, los bancos han acumulado sólo el 36,7%. Pero hace sólo dos años, en 2007, los bancos sólo acaparaban el 31,6% de los créditos hipotecarios (cinco puntos menos), mientras que las cajas rozaban el 60% (siete puntos más).

En cuanto al capital prestado, las cajas han perdido diez puntos, desde el 57,2% hasta el 47,3%, mientras que los bancos comerciales prestan ahora el 42,3% del dinero, mientras que dos años antes sólo prestaban el 35,1%. El resto los conceden otras entidades, fundamentalmente cooperativas de crédito.

Este trasvase de negocio hacia los bancos revela la gran acumulación de riesgo hipotecario de las cajas hasta 2007, y la obligada restricción ulterior. Los bancos, con menos concentración de riesgo hasta 2007, se han visto menos obligados a restringir su política crediticia hipotecaria.

¿Qué hago si me acaban de despedir?

Cómo gestiono mi propio despido.
La pérdida de un trabajo no supone el final de una carrera laboral. Su relanzamiento dependerá de que el profesional planifique una estrategia de búsqueda activa de empleo y no pierda la confianza en sí mismo.

El despido representa, posiblemente, el momento más delicado de una carrera profesional, no sólo porque supone una pérdida de ingresos o por la incertidumbre laboral que implica, sino porque el trabajo es la actividad que realizamos durante más tiempo, el lugar donde desarrollamos casi todas nuestras relaciones personales y una de las principales bases sobre las que se asienta nuestro reconocimiento social.

«Se trata de uno de los episodios laborales más duros porque, aunque el afectado lo intuya, el factor sorpresa siempre juega en contra», dice Ignacio Álvarez de Mon, profesor de IE Business School y autor del libro ¡Eduardo, estás despedido! En su opinión, todos los profesionales son susceptibles de vivir una experiencia de este tipo a lo largo de su vida laboral y deben aprender a gestionar esta pérdida: «No en vano, el despido es la situación laboral más democráctica, porque puede afectar a cualquier persona, independientemente de su posición».

El momento del despido es sumamente sensible, pero conviene no perder la compostura y asumir que el enfrentamiento no servirá para nada. «Una vez es llamado para ser despedido, el empleado tiene que entender que la decisión está tomada y que no tiene vuelta atrás», explica Diego Boluda, uno de los autores del libro Punto y seguido. «Es recomendable que tenga la cabeza fría, porque deberá prestar atención a muchos detalles y recabar una información importante de cara a las gestiones que realizará a continuación», dice Boluda, quién concreta que el profesional «deberá comprobar, por ejemplo, que todos los papeles estén debidamente preparados, firmados y sellados por los responsables, así como analizar cuidadosamente tanto el finiquito como la carta de despido».

En caso de desacuerdo con esta misiva -que representa la notificación oficial del despido-, los expertos recuerdan que el empleado puede firmarla indicando «no conforme», presentar una demanda o papeleta de conciliación al Servicio de Medición, Arbitraje y Conciliación y buscar ayuda legal, teniendo en cuenta que la ley está de su parte.

Por otro lado, si la extinción de la relación laboral se debe a causas objetivas del negocio, Boluda aconseja que el afectado solicite una carta de recomendación, «que aclare que su despido no está relacionado con su desempeño o competencias», y la inclusión en un programa de recolocación, «que le ayude a encontrar una nueva ocupación». Psicológicamente, es conveniente aclarar que todo despido suele llevar asociadas dos fases: la de negación -frustración, enfado y rechazo que el profesional debe dejar aflorar- y la de asunción de responsabilidad -el problema se ve en perspectiva y el trabajador comienza su recuperación personal-.

En todo caso, como recuerda Álvarez de Mon, «la pérdida de autoestima es el miedo más peligroso y dañino de los que aparecen durante un despido». Para superar esta situación, Carlos Viladrich, director de recursos humanos del grupo Adecco, explica que se debe pensar más en el futuro que en la sensación de fracaso que se vivió en el pasado. «Para esto, lo más recomendable es contar con ayuda profesional. La búsqueda de trabajo es una verdadera ocupación que requiere el mismo ímpetu y entrega que se demostraba en el empleo anterior, por lo que hay que planificarse, actuar de forma muy activa, actualizando la red de contactos y sin alterarse por los resultados a corto plazo», dice Viladrich.

El primer paso es actualizar el currículo y adoptar una actitud proactiva. No vale con acudir al Servicio Público de Empleo. El profesional debe confeccionar una auténtica estrategia de búsqueda diaria a través de portales de empleo, prensa especializada, webs de consultoras de selección, bolsas de trabajo de escuelas de negocios, redes profesionales online, empresas de trabajo temporal, etcétera. Álvarez de Mon incide también en la necesidad de combatir el síndrome del orgullo malsano, «aquél que le dice que tiene un caché al que no debe renunciar. Las oportunidades sólo aparecerán cuando esta persona deje de creer que es la mejor en su área y tenga una concepción real sobre sí misma».

Una vez en la entrevista de trabajo, lo importante es ser positivo y actuar con calma, confianza y naturalidad. El despido puede suponer una oportunidad para mejorar aunque para esto, como recuerda Ignacio Álvarez de Mon, «el profesional tiene mucho sobre lo que trabajar, empezando por sí mismo».

Multa de 300.000 euros al Ayuntamiento de Málaga por su red ‘wi-fi’ gratuita

El regulador justifica la sanción porque el consistorio no se inscribió como operador.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una sanción de 300.000 euros al Ayuntamiento de Málaga por una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones, al no inscribirse como operador para su red de acceso gratuito a Internet con tecnología inalámbrica, por wi-fi.

El consistorio malagueño ha anunciado en un comunicado que estudia interponer un recurso administrativo contra la resolución al considerar que el acceso a Internet que pone a disposición de los usuarios de servicios municipales está dentro del régimen de autoprestación.

Tres atenuantes
El acuerdo de la CMT recoge tres atenuantes para la sanción: la aparente escasa utilización del servicio (algo más de 500 usuarios), la inexistencia de infracciones anteriores del consistorio y el hecho de que la actividad no tenga una finalidad comercial.

La CMT entiende que el ayuntamiento es consciente de que ha cometido una infracción administrativa, teniendo en cuenta que el servicio de comunicaciones electrónicas se presta en régimen de autoprestación únicamente en bibliotecas, centros culturales o salas de encuentros. Y que dentro de los edificios municipales, no es necesario conexión gratuita «para satisfacer las necesidades de los servicios prestados en tales dependencias».

De 40 a 120 puntos de red
La iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, con 40 puntos de red susceptibles de ser ampliados a 120, «lejos de contribuir a solventar un fallo de mercado, puede producir, de no realizarse en las condiciones adecuadas, una distorsión de las condiciones de esa competencia», ha señalado la resolución.

Fuentes de la Comisión han señalado que se trata de la primera sanción impuesta a un ayuntamiento de una gran población, donde compiten muchos operadores, y han insistido en que las administraciones públicas también debe respetar la normativa, por lo que el consistorio malagueño debe inscribirse como operador.

Aquellos maravillosos pactos

La gravedad de la crisis exige drásticas reformas que invitan a cerrar un pacto de Estado similar al suscrito en 1977 por todos los partidos…
… Pero el enfrentamiento entre los dos grandes partidos y unas elecciones generales a dos años vista, convierten el consenso en una quimera.
Más de cuatro millones de parados, caídas del PIB que rozan el 4%, déficit público disparado, crisis de deuda, pérdida de competitividad, de confianza, de imagen, de credibilidad… ¿Requisitos para lograr un pacto de Estado que saque a España del pozo de la recesión? ¿Requisitos para emular los históricos Pactos de la Moncloa sellados el 25 de octubre de 1977 por todo el arco parlamentario? Entonces se trataba de salvar la democracia salvando la situación económica; ahora se trataría de salvar la situacion económica con un pacto político, evitar que la crisis termine desestabilizando el país. Pero la realidad es bien distinta.

El nexo entre ambas situaciones es ahora la gravedad de la crisis; la predisposición y la forma de atajarla, diferente. «O los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia», dijo en 1977 Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía del primer Gobierno de Adolfo Suárez e impulsor de los Pactos de la Moncloa. Tres décadas después, la historia parece repertirse, pero en este caso, el Rey, que fue motor del cambio hacia la democracia, está siendo el «motor del pacto» para sacar a España de una crisis sin precedentes, cuyo calado parece ignorar el Ejecutivo, centrado en su particular batalla con el principal partido de la oposición.

Pero ¿de qué situación se partía en 1977 y de qué situación se parte ahora? ¿Es ahora factible un acuerdo de similares características? Y los políticos, ¿tienen idéntica predisposición al pacto que entonces?

Hace tres décadas la situación económica era explosiva. En un país en el que casi el 70% de la energía era importada, la crisis del petróleo de 1973 llegó a mover el precio del barril del petróleo de 1,63 a 14 dólares en doce meses. La inflación pasó del 20% en 1976 a un 44% un año después, las exportaciones sólo cubrían el 45% de las importaciones, y la deuda exterior acumulada entre 1973 y 1977 ascendía a 14.000 millones de dólares. Como guinda, el alto endeudamiento empresarial y el creciente paro.

Los números ahora no son los mismos, pero sí una situación económica crítica. España atraviesa la peor crisis vivida en la historia. Su virulencia ha sido de tal envergadura que dos años han bastado para anular quince de crecimiento sostenido, estabilidad en las cuentas públicas y fuerte creación de empleo, dos años en los que se han destruido más de un millón de puestos de trabajo, el paro ha alcanzado cotas alarmantes, el desajuste en las cuentas públicas ha sido histórico y los precios han descendido al bajo cero.

¿Qué se hizo entonces? ¿Qué se puede hacer ahora? La estructura de la economía era en los comienzos de la democracia muy distinta de la actual. Se trataba de una economía muy intervenida, en la que el peso del Estado era mayúsculo. Los Pactos de la Moncloa allanaron el camino de las reformas que permitieron mejorar el funcionamiento de la economía. Se introdujo un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases de la modernización del sistema financiero, hubo reformas en la incipiente Seguridad Social y se aplicó una política presupuestaria y monetaria que permitió en un año rebajar a la mitad la inflación sin que se produjeran pérdidas de poder adquisitivo de los salarios. Y todo llegó a buen puerto por consenso de partidos, sindicatos y empresarios.

Ahora las circunstancias son diferentes porque la economía española está mucho más integrada en los mercados mundiales y también porque la clase política es bien distinta de la que inauguró la democracia en España. Entonces, se partía de cero tras largos años de dictadura: ahora el pacto nacería pervertido tras el enrocamiento y la continua pugna entre los dos grandes partidos, los que deberían tomar las riendas del consenso para encarar de nuevo la senda de la estabilidad.

Huida hacia adelante
¿Qué propone ahora el Ejecutivo para sacar a España del abismo? Acorralado por la situación económica, por la pérdida de crédito internacional, el Gobierno se mueve en el desconcierto total. Empujado por la caída de la afiliación a la Seguridad Social el presidente tomó el rábano por la hojas y sin contar con nadie, presentó una improvisada reforma del sistema de pensiones que, entre otras medidas, alargaba de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Polémicas fueron las medidas, pero más polémico por chapucero fue el envío a Bruselas de otros cambios que fueron rectificados a las seis horas de ser enviados. Reforma de quita y pon que provocó un desplome de los mercados.

Temas espinosos aparte
La cercanía de una tragedia griega en España obligó también al presidente a presentar a los agentes sociales una reforma laboral con más música que letra, llena de generalidades y pocas concreciones, un punto de partida para negociar sin plazos, apoyada en el contrato de fomento de empleo estable acordado en 1997. Los temas espinosos, como el despido o la rebaja de cotizaciones no se tocan. Y todo aderezado con un plan de austeridad por 50.000 millones inconcreto y generalista. Todo, buenas intenciones, medidas en marcha, ninguna.

Juan Velarde, vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, explica que el momento económico no es parecido al que precedió a los Pactos de la Moncloa, «salvo que entonces y ahora existe una situación muy grave en la economía». Añade que «entonces se vivían los resultados de una crisis doble: la del petróleo y la de la Transición, con un componente político que no se parece en nada al de ahora. En este momento —relata—, con otro componente político, existe una crisis internacional muy seria; una española derivada del endeudamiento y de una crisis en la industria de la construcción. Pero, desde luego, en ambos casos, repito, la gravedad es extraordinaria».

Gobierno de concentración
Asegura el profesor que para salir de la crisis es necesario hacer reformas y hacerlo «con un pacto de Estado, en un gobierno de concentración, o con un gobierno mayoritario recién concluida una campaña electoral». Explica que «para lo primero se necesita, evidentemente, un pacto de Estado y para lo segundo, un adelanto electoral. De ahí —puntualiza—la importancia de que nada menos que el Rey impulsase alguna de estas posibilidades que, en principio, forzosamente llevan a un gobierno de concentración».

Rafael Pampillón, economista de IE Business School, se pregunta si es comparable la situación económica que vive España con la que se vivió en el verano de 1977. Concluye que «los problemas son parecidos aunque nuestra economía ha cambiado bastante. Al igual que entonces tenemos una caída de la inversión y en el consumo que se manifiesta en un estancamiento en el crecimiento, déficit público impresionante (12% del PIB), creciente tasa de paro y un desequilibrio con el exterior (5,4% del PIB) que debemos financiar».

Tajante dice que «la adopción de las medidas que contemplaba aquellos Pactos consiguió reconducir y estabilizar la economía». Pero cree que ahora «tenemos una mayor dificultad que antes, porque en 1977 la devaluación de la peseta permitió recuperar la competitividad que se había perdido por nuestra mayor inflación. Y ante la imposibilidad de devaluar, la competitividad y el equilibrio exterior sólo se pueden alcanzar mediante reformas estructurales y una política fiscal adecuada que se deberá plasmar en los Presupuestos para 2011».

Añade que «tanto las necesarias reformas, como los Presupuestos para 2011 necesitan, dada la situación económica, un acuerdo político entre los dos grandes partidos nacionales. Y sería conveniente que el Gobierno intentase pactar con el principal partido de la oposición una reforma laboral y unos Presupuestos que incluyan sacrificios para el conjunto de los ciudadanos». Piensa que en un contexto de fuerte reducción de los ingresos públicos y de aumentos en el gasto público, el hipotético pacto debería contemplar la reducción del gasto público y también la necesaria reducción del gasto y del intervencionismo de los entes territoriales (creación de empresas públicas, aumento de tasas y de trámites burocráticos que generan lentitud e incrementos en los costes empresariales).

«En definitiva, la economía española ha acumulado en los últimos años muchos desequilibrios (en el mercado de la vivienda, mercado laboral, déficit público, balances de las cajas de ahorros y déficit exterior) que la hacen muy vulnerable en un entorno internacional muy inquieto. Un acuerdo entre el Gobierno del PSOE y el PP daría confianza a los agentes sociales y a los mercados internacionales, lo que sería lo más beneficioso para el conjunto de los españoles», señala.

Juan Pérez-Carballo, director del máster en Dirección Financiera de ESIC y director de Converthia, también encuentra similitudes entre la situación económica que había en 1977 y la actual. «Pero —dice—aquélla era una encrucijada más grave, pues la crisis amenazaba la democracia». Cree que el problema actual sólo es económico y surge por el fraude fiscal, la especulación, la aparente permisividad social y la débil regulación y supervisión. Piensa que un eventual pacto entre los partidos, que debería contar con apoyo empresarial, sindical y con amplio respaldo social, «debe abordar las causas de estas crisis recurrentes y no limitarse a sus síntomas, para prevenir en vez de curar».

Ilusión y voluntad
Para Pérez-Carballo las prioridades ahora son perseguir el fraude fiscal y la corrupción para mejorar el déficit público y la deuda exterior y respetar las genuinas reglas del mercado, en el marco de la ley. En este último punto aboga por «dejar que ajuste el precio de los activos inmobiliarios para liquidar lo acumulado que, paradójicamente, convive con una demanda insatisfecha». Es partidario de moderar las rentas y apoyar la productividad, así como «investigar y desarrollar más». A su entender, estas medidas requieren «un pacto amplio». Y cree que «los políticos están capacitados para acometerlo; sólo se requiere la ilusión colectiva que había en 1977 y la voluntad para hacerlo».

Elecciones por delante
José Ramón Pin, profesor del IESE, piensa que «la situación económica se parece en algunos temas (paro, déficit…), no tanto en otros (inflación, deuda pública). Pero «lo más diferente es la situación política, con un Gobierno (en el 77/80) capaz de concitar acuerdos y una oposición consciente de que se jugaba el sistema, no sólo el momento económico». Y se pregunta ¿habría que hacer un Pacto de la Moncloa 2? Probablemente sí, dice. ¿Es posible? Con la situación política y con elecciones en dos años es difícil, apunta.

Para Eugenio Recio, profesor de Economía de Esade, el nexo entre la situación económica que había en 1977 y la que existe en estos momentos es la gravedad. Recuerda que entonces había acuerdo en el diagnóstico , pero que ahora no hay ni acuerdo en el diagnóstico ni en las prioridades de política económica, motivo por el que ve muy difícil alcanzar un pacto pese a que lo cree deseable. Entre los problemas para lograrlo cita la actitud del presidente del Gobierno, de admitir diálogo, pero imponer posiciones, o los diferentes puntos de vista en cuanto a impuestos. Añade este profesor como un problema la credibilidad que entonces tenía el ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, y la que hoy no tienen los miembros del Gobierno.

El número de viviendas hipotecadas cayó un 21,9% en 2009 y acumula tres años en negativo

El número de hipotecas constituídas sobre viviendas descendió un 21,9% en 2009, lo que supone una cierta moderación respecto a la caída experimentada en 2008, que fue del 32,4%. En 2007, el número de viviendas hipotecadas también se redujo, aunque sólo un 6,74%. Con el descenso experimentado en 2009, las viviendas hipotecadas acumulan su tercer año consecutivo en negativo.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó el año pasado los 117.668 euros, un 15,7% menos que en 2008, mientras que el capital prestado se redujo un 34,2% en el conjunto del año.

El diciembre de 2009, las hipotecas constituidas sobre vivienda descendieron un 1,3% respecto a igual mes de 2008, hasta sumar 47.867, y se anotaron un descenso del 8% en tasa intermensual.

La caída interanual de las viviendas hipotecadas experimentada en diciembre contrasta con el ascenso interanual del 1,8% que se registró en noviembre, en el que por primera vez en dos años aumentó el número de viviendas hipotecadas después de una racha de 28 meses consecutivos en negativo.

En general, desde enero de 2008, las viviendas hipotecadas llevan experimentando caídas interanuales superiores al 20% con pocas excepciones, y desde octubre de 2008 se han estancado en una cifra mensual cercana a las 50.000.

Los consumidores urgen al Congreso a legislar contra la cláusula suelo de las hipotecas

El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, acudió hoy al Congreso de los Diputados para entrevistarse con representantes de todos los grupos parlamentarios, a los que trasladó la necesidad de que el Parlamento legisle «de urgencia» contra las cláusulas «abusivas» que establecen las entidades contra los suelos hipotecarios y que han afectado, según sus cálculos, a más de 1,7 millones de clientes, para los que pide compensaciones con efecto retroactivo desde 2007.
Con este objetivo, Pardos entregó a los diputados un informe económico-jurídico sobre la repercusión de las economías familiares de estos mecanismos, que en los casos más graves alcanzan los 6.000 euros anuales, aunque de media oscilan entre los 1.200 y los 2.300 euros anuales.

En declaraciones a Europa Press, Pardos explicó que a la demanda presentada el pasado viernes ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra 22 entidades financieras españolas se han sumado hasta hoy más de 5.000 consumidores, lo que ha permitido detectar 17 bancos y cajas más que no estaban incluidos en la denuncia inicial.

Los bancos demandados inicialmente son BBVA, Banco Castilla, Banco Galicia, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Vasconia, y en el capítulo de las cajas de ahorros, Caixa Catalunya, Caja España, Caja Extremadura, Caixa Galicia, Caixa Girona, CAI, Caja Mar, Caixanova, Caja Duero, Caixa Penedés, Cajalon, Caixa Sabadell, Caja Duero, Caja San Fernando, Caja Segovia y Caja Tarragona.

No obstante, el informe presentado por Pardos, al que tuvo acceso Europa Press, afirma que «todo parece indicar que son la práctica totalidad de las cajas de ahorro y en el ámbito de los bancos tan sólo un porcentaje marginal de los mismo se abstenían de incorporar esta condición abusiva».

Pardos anunció además que Adicae estudia convocar movilizaciones contra estas cláusulas para «presionar» al Gobierno y a las entidades para actuar contra esta cláusulas y aseguró que la asociación «no le importa alcanzar una solución negociada».

Asimismo, admitió que una «situación del calado, alcance y gravedad planteados requiere soluciones que excedan la mera vía judicial», y recordó que la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de diciembre contra 13 entidades fue fruto de una demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios de 2003.

Por este motivo, pide al Congreso que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a través de una «disposición adicional» incorporada a cualquiera de las normas actualmente en tramitación en las Cortes. En este sentido, mostró su confianza en que los grupos apoyen su idea, habida cuenta del consenso alcanzado en diciembre en el Senado, que impulsó una moción contra estas cláusulas.

La propuesta presentada por Adicae a los grupos parlamentarios contempla modificar el la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias para considerar como «cláusulas abusivas» aquellas que fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés variables contratado para una hipoteca.

No obstante, ofrece una alternativa a la supresión de las cláusulas techo/suelo, que plantea limitar la consideración de abusivas a las cláusulas cuyas condiciones resulten inadecuadas a las circunstancias del momento en que se contrató, y desproporcionado respecto a la cláusula que fije un límite de variación al alza por encima de un umbral por determinar.

En cualquier caso, propone que tenga una aplicación retroactiva para los contratos de préstamo o crédito hipotecario firmado con consumidores desde enero de 2007, «sin perjuicio del derecho que asiste al resto de consumidores con contratos con fecha anterior a reclamar judicial o extrajudicialmente».

De esta forma, la devolución de los «intereses indebidamente cobrados» por aplicación de esta cláusula abusiva se podrán producir a los largo del plazo de devolución del préstamo estipulado en la escritura.

«Para ello se anualizará el importe de tales devoluciones prorrateado en mensualidades», incide el texto, al que tuvo acceso Europa Press, y que tampoco cierra la puerta a otras posibilidades, siempre que no supongan una merma de los derechos de los consumidores.

Por último, Pardos celebró la llegada al Congreso de una iniciativa de Izquierda Unida que va en la misma dirección que su propuesta. Precisamente, Pardos inició su ronda de contactos con el representante de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares.

España será el próximo «campo de batalla», que determinará el destino del euro, según WSJVV

La economía de la zona euro se enfrenta a su mayor crisis desde el lanzamiento de la moneda única en 1999 y España, la cuarta economía del bloque, aunque sumida en su recesión más grave en medio siglo, se convertirá en el próximo «campo de batalla», que determinará el destino del euro.

«Grecia desencadenó la crisis que se abate sobre la zona euro. España podría determinar si la moneda compartida por los 16 países se mantiene o cae», afirma el rotativo en el arranque de un artículo dedicado a la incertidumbre respecto a un hipotético rescate de España que, en el caso de producirse, podría ascender a 270.000 millones de euros, prácticamente el doble que lo necesario para ayudar a Grecia, Irlanda y Portugal juntas, según los cálculos de BNP Paribas.

De hecho, el periódico señala que las preocupaciones sobre la solvencia de Grecia se han extendido a otros miembros débiles de la zona euro, aunque esos mismos temores «están ahora pisando los talones de España» que, sin embargo, se enfrenta al problema, en gran parte por su membresía de la eurozona, de carecer de herramientas realmente eficaces para sanar su economía.

España no puede devaluar su moneda para estimular sus exportaciones y ganar competitividad, ya que el valor del euro se ve influenciado por la potente economía alemana. Asimismo, España carece de la capacidad de recortar los tipos de interés o de `imprimir´ dinero para estimular el crédito y el gasto, ya que esas decisiones corresponden ahora al Banco central Europeo (BCE).

Así, España podría intentar estimular el crecimiento de su economía mediante rebajas fiscales e incrementos del gasto público, pero el país aplicó ya un plan de estímulo que elevó el déficit presupuestario al 11,4% del PIB en 2009 y podría verse obligado a recurrir a los mercados de deuda para conseguir más financiación, por lo que los compradores de bonos, en vista de la situación de Grecia, han comenzado a demandar mayores intereses a Madrid.

«España supone el verdadero examen para el euro», afirma Desmond Lachman, miembro del Instituto Americano de Empresa, quien afirma que «si España se encuentra en problemas serios, será complicado mantener unido al euro…y en mi opinión España está en serioS problemas».

TRES ALTERNATIVAS PARA ESPAÑA.
De este modo, la mayor parte de los economistas consultados destacan que España cuenta con tres alternativas para hacer frente a la situación, siendo la primera de éstas «que el Gobierno no haga nada» y permita que la economía sufra años de elevado desempleo e impago de su deuda.

«La segunda posibilidad es que el Gobierno adopte un papel más activo, recortando el gasto y adoptando medidas impopulares para estimular el lado de la oferta de la economía, incluyendo la reforma del rígido mercado laboral», apunta el rotativo, que recuerda que el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordoñez, se ha mostrado partidario de este camino.

Sin embargo, los expertos más pesimistas proponer una tercera opción en la que España, incapaz de restaurar el crecimiento económico, abandonará el euro, lo que le permitiría devaluar su moneda y ganar la suficiente competitividad para volver a crecer, aunque la corriente mayoritaria de pensamiento económico apuesta que ningún Gobierno se arriegaría al caos que tal decisión podría desencadenar.

«Resulta extremadamente costoso abandonar el euro», apunta el analista Jean Pisani-Ferry, quien afirma que en el momento en que un Gobierno sugiera una posible devaluación se producirá un `pánico bancario´ y el default efectivo de todos y cada uno de los contratos financieros en euros con el país. «En el momento en el que admitas que te lo estás planteando, te encontrarás inmerso en un desastre financiero», añade Pisani-Fery.

UGT y CCOO se manifiestan el día 4 y dicen que pensiones no están en riesgo

«Los sindicatos seríamos torpes y traidores si estuviera en riesgo la Seguridad Social», ha señalado la secretaria de UGT de Cantabria, María Jesús Cedrún, que cree que el Gobierno, al proponer esa medida, está «cargando únicamente a la espalda de los trabajadores» el recorte del gasto público que pretende realizar.

Cedrún y el líder de CCOO de Cantabria, Vicente Arce, han coincidido en que la ampliación de la edad de jubilación supondría un «recorte gravísimo» de las prestaciones, que han cifrado en torno a un 25 ó 30 por ciento de la pensión que pueda corresponder a un trabajador.

La líder regional de UGT ha explicado así que la consecuencia de esa medida sería una deducción proporcional en la cuantía de la pensión por cada año que le faltara de cotizar a un trabajador hasta llegar a los 67.

Por ello, los sindicatos han convocado una manifestación de protesta el próximo día 4, que partirá a las 19.00 horas de la Plaza de Numancia para acabar en la de Pombo, en Santander. EFE-Cantabria

La Generalitat pagará una prestación de 425 euros a autónomos sin trabajo

Los trabajadores apuntados al paro podrán recibir esta renta mensual seis meses si acuden a cursos.
Los trabajadores autónomos de Cataluña que se hayan quedado sin trabajo podrán recibir una prestación económica al mes de 425 euros. Eso sí, deberán cumplir una lista larga de requisitos: deben tener menos de 65 años, haber estado afiliados al régimen especial de autónomos al menos tres años, haber declarado el cese de su actividad y haberse apuntado al paro hace dos meses como mínimo. Además, la renta de su unidad familiar no debe superar el 75% del salario mínimo interprofesional (es decir, que los ingresos familiares, divididos entre todos los miembros, no deben superar los 475 euros por cada uno).

Si cumplen todos estos requisitos podrán pedir la ayuda a partir de mañana, en cualquier oficina de empleo de la comunidad, y los documentos necesarios pueden descargarse de la página en Internet del departamento de Trabajo. La resolución a la petición llegará como máximo en dos meses. Para recibir la ayuda, eso sí, quienes la pidan deberán comprometerse a recibir orientación profesional y formación (al menos 180 horas), bien en actividad emprendedora o bien de cualquier otro tipo de especialidad profesional.

La iniciativa catalana, pionera, se adelanta a la ley estatal, actualmente en tramitación, que tal y como ha recordado la consejera de Trabajo Mar Serna, también establecerá una prestación para los parados, pero que aún tardarán en recibir. Se calculan que las primeras mensualidades llegarán a mediados de 2011. «Nosotros ponemos esta medida en marcha ya para evitar que nadie se quede atrás», ha explicado esta mañana. Además ha subrayado que tiene carácter retroactivo (podrán acogerse quienes cesaran su actividad después del 1 de enero de 2009), siempre que al menos la mitad del tiempo que ha durado su inactividad hayan estado apuntados al paro.

La Generalitat destinará hasta 13 millones de euros a esta ayuda, a la que calculan se acogerán unos 5.000 autónomos sin trabajo. «La idea es que quienes trabajaban por cuenta propia vuelvan a emprender cuanto antes, o al menos, encuentren un trabajo por cuenta ajena», ha dicho Serna.

Cataluña es la comunidad con más personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos. Cerca del 17% de los afiliados cotizan bajo esta modalidad (más de medio millón de personas). Desde enero de 2009 hay 28.000 autónomos menos, según datos del departamento de Trabajo.

Banca y promotores, obligados a entenderse

Una compleja situación marca la actualidad del sector inmobilario: el protagonismo casi absoluto, adquirido desde hace apenas unos meses, por parte de las entidades financieras.
Se trata de una situación ya conocida en anteriores etapas del ciclo inmobilario, donde los grandes bancos eran los propietarios de las grandes firmas del sector.
Pero, a mediados de los noventa, comenzó a emerger la figura del promotor hecho a sí mismo que, a través de una pequeña empresa en la cual imprimía su sello personal, la transformaba en una gran compañía, llegando a adquirir a la banca sus divisiones inmobilarias.

Así nacieron los gigantes del sector, protagonistas hoy día de complejos procesos de refinanciación, tanto de su deuda personal como corporativa, donde la misma entidad financiera acaba siendo accionista y acreedor de una misma compañía.

El canje de deuda por capital o la dación en pago de activos en los procesos de refinanciación ha favorecido la recuperación del protagonismo de bancos y cajas en el sector inmobiliario, algo no exento de polémica. La necesidad de trabajar conjuntamente para acabar con el stock de viviendas y para evitar la caída financiera de las compañías –una situación que incrementaría la ya abultada cifra de impagos de las entidades–, marca una relación calificada por muchos de amor-odio entre bancos y promotoras.

Conflicto
Iñaki Gabilondo, socio del departamento financiero del bufete Freshfields Bruckhaus Deringer, cree que la convivencia entre bancos e inmobiliarias cuenta con graves dificultades en su cohabitación. “Hay un conflicto de intereses en el mercado, con el tema de la venta de viviendas y la financiación de la compra, colocando a las entidades financieras en una situación privilegiada con respecto a las inmobiliarias”, señaló durante el II encuentro especializado sobre Gestión de Activos Inmobiliarios de las Entidades Financieras, organizado por Mace y Unidad Editorial, editora de EXPANSIÓN, El Mundo y Marca entre otras publicaciones.

Otro de los problemas se sitúa en el papel de banca como acreedor y accionista de una misma empresa. “La banca lo que hace es delimitar el papel de la entidad accionista y la entidad acreedora, con planteamientos diferentes dentro de la misma compañía”, añade. Las situaciones excepcionales no son, recuerda Iñaki Gabilondo, nuevas en el negocio promotor. “La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha abandonado al sector, dejando que haya los mismos accionistas entre las pocas firmas inmobiliarias cotizadas, algo impensable en otros sectores”.
A pesar de la disparidad de opiniones, bancos e inmobiliarias trabajan conjuntamente en lograr una solución que evite una situación incómoda para ambas partes: la entrada en concurso de acreedores. “La base de la negociación es la transparencia y la equidad”, explicó Mikel Echevarren, consejero delegado de la firma de asesoría Irea. “Hay promotores que han perdido gran parte de su credibilidad en anteriores procesos de refinanciación, con lo que la figura del experto independiente –puesta en marcha tras la reforma de la ley concursal– viene muy bien”, añade.

Refinanciación
Acometer un diálogo entre el promotor y las entidades financieras resulta a día de hoy un paso inevitable para la mayoría de empresas, con una tesorería en números rojos por el parón de las ventas. No obstante, no todas las promotoras podrán sortear la crisis actual.

Según un informe elaborado por RR de Acuña y Asociados, el 40,1% del total de empresas inmobiliarias analizadas (unas 58.000) se encuentran en quiebra –los recursos propios no superan su pasivo–. Estas empresas tendrían unos fondos propios negativos de 68.000 millones de euros.

La viabilidad, empresarial y financiera, de estas compañías se complica aún más teniendo en cuenta la depreciación de sus activos, principales garantías de sus préstamos. “Consideramos que la situación del sector inmobiliario trasladará unas pérdidas aproximadas de unos 50.000 millones de euros a las instituciones crediticias”, señalaba Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, que considera que las garantías reales de las empresas inmobiliarias han experimentado una depreciación del 51%. Esta pérdida de valor de las garantías sufre una depreciación de hasta el 64% si se cuenta desde el punto máximo del auge inmobiliario, en 2007.

La situación no parece tener visos de mejora para este año, donde vencen multitud de créditos contabilizados a corto plazo (con un vencimiento menor a un año). “Si atendemos a los vencimientos a corto plazo y a las cuentas de resultado, las necesidades de compra superarían los 30.000 millones de euros en el año 2010”, señalan desde RR de Acuña y Asociados.

Para encarar estos procesos, Echevarren cree que será “extremadamente difícil” que la banca acepte en adelante activos como fórmula de pago. “Tras una refinanciación, a una inmobiliaria sólo le queda tener suerte a corto plazo y optar por reducir costes de estructura, ya que la venta de suelo va a continuar paralizada”, augura.