Los ‘100 economistas’ plantean bajar la pensión respecto del último salario

El Pacto de Toledo debe dejar paso a expertos independientes que elaboren un Libro Blanco – Piden al Gobierno que no «apunte bajo» en la reforma:
Su propuesta de un contrato laboral único con despido creciente desató la polémica el pasado año. Ahora, el llamado grupo de los 100 economistas vuelve a la carga con un documento para la reforma de las pensiones que respalda ampliar la vida laboral y no tener en cuenta sólo los últimos 15 años para calcular la pensión, pero únicamente como puntos de partida. Y tras calificar como «errores» los «titubeos» del Gobierno plantean que el Pacto de Toledo ceda el paso a un grupo de expertos independientes que elabore un Libro Blanco.
Un objetivo a conseguir, en opinión de los economistas, es que baje la relación entre la primera pensión y el último salario. Esta proporción es del 80% en España, una de las más altas de la OCDE ¿Esto supondría un recorte de las pensiones? Aseguran que no y el argumento es que el crecimiento económico hará que la gente llegue a la jubilación con salarios más altos y, por tanto, pensiones más elevadas, aún cuando se reduzca esa proporción respecto de la situación actual.

Hay fórmulas ya ensayadas en otros países, que la propuesta de los economistas recoge. En Alemania, por ejemplo, se ha optado por ajustar la pensión en función del crecimiento económico y de la longevidad. En Suecia, el sistema se basa en cuentas individuales teóricas, de forma que la pensión se percibe según las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y la esperanza de vida.

Además de las razones conocidas sobre el envejecimiento de la población, los autores de la propuesta azuzan al Gobierno con el argumento de la credibilidad ante los mercados financieros. «Se acaba el tiempo», dicen, «porque a la vista de los cambios demográficos que se vislumbran ya se ha retrasado mucho [la reforma] y porque necesitamos recuperar el crédito internacional que los mercados financieros están poniendo en duda». Creen que «no hay mucha pólvora que gastar en el debate» y que el Gobierno no debe cometer el error de «apuntar bajo».

El manifiesto por la reforma laboral de abril del pasado año contó con la firma del actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. En esa ocasión, no ha prestado su apoyo, aunque fuentes conocedoras del proceso de elaboración de la propuesta sobre pensiones explican que Economía ha estado al tanto de ella. Los 100 economistas que ahora la apoyan, la mayoría catedráticos de universidad, son prácticamente los mismos que respaldaron la de la reforma laboral. Como en aquella ocasión, Fedea, fundación ligada al Banco de España y grandes empresas del Ibex, ha coordinado el documento, que se presentará el próximo viernes en Madrid.

Las mismas fuentes aseguran que el acuerdo con Economía sobre el documento es bastante amplio, con excepción del aspecto que supone dar por superado el llamado Pacto de Toledo. «Es probable que el Pacto de Toledo haya cumplido un ciclo y que en estos decisivos momentos un nuevo impulso para la reforma pase sobre todo por una renovación de los conceptos operativos, bajo los cuales debería abordarse el debate actual sobre las pensiones», dice el documento.

El Pacto de Toledo fue suscrito en 1994 por todas las fuerzas parlamentarias con la principal virtud de sacar del debate político lo relativo a las pensiones y -quizá lo más importante en estos momentos- es respetado por los sindicatos como lugar para el consenso. Pero los economistas consideran que si bien en sus orígenes ha producido avances importantes, el Pacto de Toledo «no ha propuesto todavía medidas concretas que puedan resolver los retos demográficos a los que se enfrenta el sistema de pensiones en las próximas décadas». El Pacto de Toledo debe, en opinión de los economistas, ceder el puesto de vanguardia a una comisión de expertos independientes, que elabore un Libro Blanco que comprometa al propio Pacto de Toledo.

Los «créditos malos» de bancos y cajas rozan los 180.000 millones de euros

¿Son creíbles los datos de mora? Según cifras oficiales, la morosidad cerró 2009 en el 5,07%. Sin embargo, los analistas de Credit Suisse denuncian los artificios contables para ocultar créditos fallidos. La entidad eleva la mora real al 10%, casi 180.000 millones en «créditos malos».
De ser ciertas las cifras de morosidad que ofrecen los analistas de la entidad helvética, más de una entidad española estaría haciendo uso de los trucos contables para ocultar su insolvencia. Y ello, con el permiso del Banco de España. La morosidad del sistema financiero español cerró 2009 con una morosidad del 5,07% -cerca de 93.000 millones de euros-, el nivel más alto desde mayo de 1996.

Lo más curioso, si cabe, es que mientras que los bancos vieron repuntar su morosidad desde el 4,71% en noviembre hasta el 5,02% el pasado diciembre, en el caso de las cajas de ahorros ésta bajó 21 décimas hasta el 5,05%. ¿Cómo es posible? Todos los analistas y organismos coinciden en que las cajas de ahorros, sobre todo las medianas y pequeñas, son las más expuestas al estallido de la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, las que deberían reflejar un mayor deterioro de sus balances como resultado del impago de promotores e hipotecas.

La respuesta está, nuevamente, en las trampas contables que realizan determinadas entidades, con el consentimiento del Banco de España, según Credit Suisse. Así, si el pasado octubre la entidad alertó de que bancos y cajas ocultaban cerca de 30.000 millones de euros en créditos dudosos, esta cifra podría ascender ahora a 90.000 millones, según un informe del pasado 18 de febrero.

Así, tal y como recoge Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, las nuevas estimaciones de la entidad helvética son contundentes. En primer lugar, la mora del sistema ha aumentado un 600% en dos años, hasta los 92.600 millones de euros.

Sin embargo, “las cajas han declarado mejoras en su mora de un 50% desde finales del primer trimestre del 2009 a pesar de que están materialmente más expuestos al mercado de la propiedad residencial en general y a los promotores en particular”, incide el informe. Además, bancos y cajas han adquirido 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios, mientras que las reestructuraciones financieras podrían alcanzar el 3,5% de los créditos (unos 60.000 millones). De hecho, las entidades están destinando casi el 50% de las nuevas hipotecas a renovar créditos antiguos.

De este modo, “combinando los dos conceptos tenemos activos manejados (managed assets ) de 90.000 millones -más o menos el tamaño de la mora-, con lo que el total de créditos malos es de alrededor de 180.000 millones de euros”, concluye Garicano.

Por su parte, el capital del sistema financiero se aproxima a los 191.000 millones de euros, mientras que las provisiones totales (genéricas más específicas) se sitúan en 54.000 millones, con lo que apenas cubrirían el 16% del crédito promotor (325.000 millones).

¿Conclusión?
“La magnitud de los números de mora, de créditos reestructurados, de provisiones y de capital en el sistema sugieren que, dada la enorme heterogeneidad en el sistema, hay varias instituciones insolventes, que sólo sobreviven por artificios contables”.

Según Credit Suisse, “los problemas están siendo pospuestos con la esperanza de una pronta recuperación económica (probable) y del mercado hipotecario (improbable, en nuestra opinión […] Estamos preocupados por el impacto a medio plazo de esta práctica, así como por la cantidad de intereses que las instituciones financieras contabilizan pero no reciben”.

Es decir, los balances de las entidades no son creíbles en muchos casos, sobre todo, en el ámbito de las cajas de ahorros. En este sentido, Garicano indica que “los bancos informan de las compras de activos y las contabilizan de forma relativamente realista y son capaces, por tanto, de venderlos. Por ejemplo, Bankinter en el tercer trimestre del 2009 hizo un mark down [depreciación] del 37% en una venta de activos. Santander y BBVA acaban de dar unos resultados bastante transparentes y creíbles”. Sin embargo, “no existe ninguna duda de que hay instituciones en las que la transparencia brilla por su ausencia”, alerta.

“Necesitamos, si vamos a rescatar la credibilidad de nuestro sistema financiero, mucha más transparencia. Bienvenida, en ese sentido, si es cierta, la nueva norma del regulador que exige provisionar el 30% del valor de los inmuebles”, concluye.

Las grandes inmobiliarias siguen pagando las consecuencias de la crisis: pierden más de 800 millones de euros en 2009

El sector inmobiliario, uno de los más afectados por el estallido de la burbuja de crédito, capea como puede la crisis. La recesión del sector les ha llevado por el camino de la amargura y les arrastra al barranco de las pérdidas. Durante los últimos días la práctica totalidad de estas compañías ha dado a conocer unos pésimos resultados, correspondientes a 2009, que no hacen sino refrendar lo que es ya bien sabido por todos: que la situación pinta muy mal para el sector.

De hecho, únicamente entre cuatro inmobiliarias españolas -a falta de Metrovacesa- las pérdidas ascienden a más de 800 millones de euros durante el pasado año. A muchas de las empresas dedicadas a esta actividad no les ha quedado otra que refinanciar su deuda porque prácticamente no pueden pagarla debido a sus cuantiosas pérdidas.

La primera ha logrado no pagar capital ni interreses por su deuda durante cinco años, aunque ha registrado unas pérdidas de 474 millones de euros, reduciendo de esta forma los números rojos en un 88,1%. Su cifra de negocio experimentó una caída del 40,2%. Y ahora, tras la reestructuración de su deuda, la firma soporta un endeudamiento neto de 4.545 millones de euros.

Una de las primeras compañías en publicar sus resultados fue Reyal Urbis, que anunció un descenso en las mismas del 83,5%, y de esta forma se ha dejado en el camino 144,4 millones de euros. Es más, los ingresos netos de la empresa se redujeron más de la mitad a lo largo de dicho ejercicio, ya que pasaron de 2.242 millones a 1.002.

Otra de las inmobiliarias que durante 2009 también ha logrado reducir su deuda, en esta ocasión un 26%, fue Urbas, que, junto a una posterior ampliación de capital le ha dotado de un balance algo más equilibrado. Aún así, la compañía registró una pérdida neta de 33,87 millones de euros en 2009, lo que supone una reducción de sus números rojos en un 42,2%.

Finalmente, la cifra de negocio de Afirma se ha visto reducida en un 63,7%, registrando de esta manera una pérdida neta de 150,15 millones de euros en 2009. Así, ha reducido en un 38,3% sus números rojos. También esta firma ha conseguido refinanciar su deuda y contenerla en el entorno de los 1.481 millones de euros.

Castells advierte que el Gobierno central »no está en condiciones de dar lecciones» de gasto público

El conseller d’Economia, Antoni Castells, ha defendido hoy un «frente catalán» de los partidos catalanes en el Congreso, y ha advertido de que el Gobierno central «no está en condiciones de dar demasiadas lecciones» a las comunidades en materia de déficit y gasto público.

En una entrevista en TV-3 ha recordado que la mayoría del déficit proviene del Estado, ante lo que ha censurado el «tono de superioridad moral que a veces expresa el Gobierno español» respecto a CCAA y ayuntamientos, y ha añadido: «¿Qué se creen, que son los profesores y nosotros los pequeños alumnos?».

El titular de Economía, enmarcado en el sector más catalanista del PSC, se ha mostrado «absolutamente» partidario de que «todos los diputados catalanes actúen juntos» cuando se trate de «cuestiones esenciales de país que se dilucidan en Madrid» o bien de «autogobierno», algo «conveniente», ha dicho.

Durante del debate monográfico de anteayer en el Parlament sobre la crisis económica, el presidente de CiU, Artur Mas, planteó al President Montilla, extender el frente común contra la crisis económica al Congreso para poder así «influir» en la política económica española.

En respuesta a Mas, Montilla se comprometió a defender en el Congreso la parte de acuerdos anticrisis que afecten al Estado, pero respondió a la idea del frente diciendo: «Hay actitudes que aunque tengan rendimiento en clave catalana, a la larga tienen efectos negativos».

«Inapropiado»
«Preguntado por si trabajará para que los 25 diputados del PSC se desmarquen del PSOE en determinadas circunstancias, Castells ha evitado hablar de desmarques, pero ha recordado que continúa defendiendo que «el PSC ha de tener voz propia en Madrid en política española», aunque siempre «al servicio» de Catalunya.

«Es indispensable, y más cuando gobiernas la Generalitat, porque muchas de las cosas que afectan a Catalunya se dilucidan en el ámbito de la política española», ha comentado. Castells ha argumentado que «si queremos aspirar a ser el partido central de Catalunya, hemos de tener voz propia».

A continuación, ha afirmado: «Si a esto le quiere llamar grupo propio, no seré yo quien me oponga», pero ha comentado que lo «fundamental» es el concepto, no el «nombre».

Castells ha tildado de «inapropiado» el tono de «superioridad moral» que en ocasiones adopta del Gobierno español para aconsejar a comunidades y a ayuntamientos que sigan su ejemplo en algunas cuestiones. «(El Gobierno) No está en condiciones de dar demasiadas lecciones», ha comentado Castells, quien ha precisado que, del 11,4% del déficit del 2009, el 9,5% corresponde al Estado.

El conseller ha añadido «no les critico. Es un momento difícil y es lógico que hayan hecho déficit, pero que no nos quieran dar demasiadas lecciones».

Microsoft logra permiso judicial para desactivar una gigatesca red de ‘spam’

En un movimiento inusual en la lucha contra el ‘spam’, el gigante de ‘software’ Microsoft ha anunciado que obtuvo autorización judicial de un tribunal de Virginia (EEUU) para desactivar 277 dominios de Internet usados para «dirigir y controlar» una ‘botnet’ dedicada al envío masivo de correo basura.

Un juez de EEUU dio la razón a la compañía y respaldó hace tres días, a raíz de la llamada ‘Operación B49’, el cierre de los dominios sospechosos desde donde supuestamente se controla dicha ‘botnet’, que básicamente es una gigantesca red de ordenadores infectados y controlados de manera remota, normalmente sin que sus usuarios se den cuenta de la infección.

En este caso, los ordenadores están infectados con un virus denominado Waledac, causante de envío masivo de ‘spam’.

Según Microsoft, el cierre de los dominios (ordenada a la compañía Verisign, que gestiona los dominios ‘.com’) implica que alrededor de 90.000 ordenadores iban a dejar de recibir órdenes para enviar ‘spam’.

La compañía afirma que ya han sido interrumpidas las conexiones con la mayoría de los ordenadores infectados. «Nuestro objetivo es mantener este éxito», asegura en un comunicado.

La red de ordenadores infectados por Waledac tendría la posibilidad de enviar más de 1.500 millones correos basura al día. Un análisis reciente de la compañía desvela que entre el 3 y 21 de diciembre pasados «aproximadamente 651 millones de correos basura atribuibles a Waledac inundaron las cuentas de Hotmail».

«Hemos decidido que la mejor táctica era literalmente construir un muro» y «cortar el cordón umbilical» entre los equipos infectados y los que han logrado tomar el control remoto, declaró Richard Boscovich, responsable jurídico de Microsoft.

No obstante, el gigante del ‘software’ advierte de que aunque se había ‘cerrado’ la red, miles de ordenadores siguen estando infectados, por lo que aconseja la ejecución de programas antivirus actualizados.

El tripartito rechaza la propuesta de CiU para rebajar la morosidad de la Administración

Los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA han sumado hoy sus votos en el Parlament para desestimar una propuesta de CiU, apoyada por el PPC y el grupo mixto, para obligar por ley a la Generalitat a pagar a proveedores o a empresas que le prestan servicios en un plazo máximo de 30 días.
Los grupos de la mayoría han justificado su rechazo en que precisamente ayer avalaron en el Parlament una resolución por la cual se comprometían a «continuar trabajando» para reducir el plazo actual 86 días de media hasta los 60 días.

La votación ha puesto de manifiesto la distancia entre tripartito y oposición en las soluciones para atajar la crisis un día después de que todos ellos se comprometieran a reunirse con el Govern y los agentes sociales para intentar un pacto catalán contra la crisis.

De hecho, el presidente de CiU, Artur Mas, retó ayer al presidente catalán, José Montilla, durante el pleno monográfico sobre la crisis económica, a demostrar su voluntad al diálogo retirando la enmienda a la totalidad que PSC, ERC e ICV-EUiA habían presentado a dicha propuesta.

Por su parte, los grupos de la mayoría pidieron anoche a CiU que retirase esta proposición de ley habida cuenta de que el pleno había aprobado ya esa resolución sobre la morosidad de la administración. Finalmente, ni unos ni otros han cedido, por lo que ha prosperado la enmienda de retorno presentada por los grupos del tripartito y la propuesta de ley de la federación nacionalista ha sido rechazada.

Durante el debate, CiU y el tripartito han intercambiado reproches sobre la voluntad real de cada uno de negociar un pacto catalán contra la crisis, aunque en un tono cordial. «Abramos el debate, no demos un portazo» a esta propuesta, ha dicho el diputado de CiU Jordi Turull, quien ha destacado que si se obligara a la administración a pagar en sólo 30 días no se pondría en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas. El diputado ha denunciado que «cada vez» que la federación propone algo el tripartito «se lo toma como una crítica», y ha reivindicado que la administración «predique con el ejemplo» y no sea morosa.

La diputada del PSC Judit Carreras ha precisado que en abril de 2009 la media de pago de la administración se situó en 82 días, y ha reprochado al diputado de CiU que diga que hay empresas molestas por que el pago se alargue en ocasiones más allá de los 200 días.

Tanto Carreras como las diputadas Patrícia Gomà (ERC) y Laia Ortiz (ICV-EUiA) han justificado que el tripartito mantuviera su enmienda a la totalidad a la propuesta por el esfuerzo ya hecho para acortar los plazos de pago de la administración. «No tiene sentido mantener esta propuesta. Si esto es su predisposición al pacto, me enseñan el manual de pactos de CiU, porque no hay quien lo entienda», ha espetado Gomà al representante de CiU, a quien ha tratado de incoherente por exigir que se pague en un mes cuando CiU llegó a pagar cuando gobernaba casi con 300 días de demora.

Por su parte, la diputada del PPC Maria Àngels Olano ha tildado de «lamentable» la actitud del tripartito y ha opinado que la administración «no puede ser la principal morosa», mientras que el representante del grupo mixto José Domingo ha asegurado que muchos constructores se conformarían con que la administración cumpliera la ley del sector público.

España cae al lugar 36 en libertad económica

España ha caído del lugar 29 al 36 en la clasificación sobre libertad económica que elaboran The Heritage Foundation, The Wall Street Journal y la fundación FAES, del PP. Este índice basado en criterios ultraliberales e integrado por 183 países, está encabezado por Hong Kong y se basa en 10 variables. España tiene su mejor nota en libertad comercial y la peor en «libertad laboral», que refleja las dificultades de contratar y despedir.
Jorge Soley, vicepresidente de la Fundación Burke, atribuyó el descenso de España a las «ansias reguladoras e intervencionistas» del Gobierno y al «consenso socialdemócrata» en la sociedad. Joaquín Trigo, director ejecutivo de Foment, criticó la burocratización y alertó del riesgo de convertirse en una economía «decadente». Lituania y El Salvador, por ejemplo, superan a España en esta lista. En cambio, Francia, una economía con gran peso público y de las que mejor ha soportado la crisis, ocupa el lugar 64.

El debate sobre el futuro de Internet

El debate público iniciado por la Federal Communications Commission (FCC) en Estados Unidos sobre la manera de preservar un Internet abierto y libre es seguramente el más importante de los que tienen hoy lugar en las telecomunicaciones.

Porque la cuestión de fondo que plantea la FCC es si Internet está o no en peligro de perder su original carácter abierto, principal responsable de su enorme éxito y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, qué tipo de medidas cabe adoptar para evitar su potencial degradación. La regulación de Internet para conservar su espíritu distintivo, o para mantener la neutralidad que ha permitido su formidable desarrollo, es una tarea enormemente compleja y delicada.

La FCC cree que ha llegado el momento de intervenir para preservar y proteger el carácter abierto y libre de Internet, ya que la evolución de la tecnología, los nuevos servicios y el uso intensivo y ubicuo de la red permiten a los operadores de acceso, entre otras cosas, bloquear servicios de empresas de Internet (como YouTube o Skype) que compitan con los suyos o gestionar la red, en casos cada vez menos infrecuentes de congestión, de una forma discriminatoria, privilegiando a los usuarios que estén dispuestos a pagar más por la banda ancha.

Frente a esta situación, y para potenciar la capacidad de los usuarios de acceder libre y plenamente a Internet, la FCC propone dar fuerza legal a los principios que han regido la política de Internet en Estados Unidos últimamente, esto es, que los usuarios tienen derecho a acceder al contenido legal de su elección, a incorporar las aplicaciones y a usar los servicios que prefieran, a conectar los aparatos que deseen, siempre que sean legales y no dañen la red y a la competencia entre operadores de acceso y proveedores de aplicaciones, servicios y contenidos, siempre sujetos a una gestión razonable de la red, y añadir dos nuevos principios, igualmente dotados de fuerza legal y ambos dirigidos a los operadores de acceso, que son el de no discriminación, por el cual éstos han de tratar aplicaciones, servicios y contenidos de manera no discriminatoria, y transparencia, por el que han de hacer pública información relativa a la gestión de la red que pueda ser razonablemente requerida por usuarios o proveedores de aplicaciones, servicios y contenidos.

Este nuevo derecho se aplicaría a todas las plataformas de acceso, fijas y móviles, si bien no de idéntica forma o con igual intensidad, y del mismo podrían quedar parcial, o totalmente, excluidos servicios como la televisión por cable o por Internet.

El lector que haya llegado hasta aquí se habrá dado cuenta de que en la propuesta de la FCC destaca, de inicio, una preocupación casi obsesiva por “proteger” y “preservar” Internet, que se entendería mejor si la red fuese una antigüedad en vez de un fenómeno increíblemente dinámico y cambiante y, luego, una falta de equilibrio al convertir de manera automática los derechos de los usuarios en obligaciones de los operadores de red, pasando por alto cualquier contribución del resto de actores de Internet.

En cuanto a la primera nota, la FCC propone una regulación ambiciosa, de largo alcance y compleja aplicación, no sólo por razones legales de competencia material y jurisdicción, sino por la cantidad de excepciones e hipótesis que jalonan la propuesta. Respecto de la segunda, la FCC propone una versión muy restrictiva de la no discriminación, al decir que los operadores de red no pueden fijar precios distintos a los proveedores de contenidos y servicios para asegurar un mejor acceso a los usuarios, e ignora la voluntad de los usuarios que puedan estar dispuestos a pagar más por su acceso si eso les asegura mejor servicio en supuestos de congestión.

La FCC está a tiempo de corregir los puntos más débiles de su propuesta. Para ello, debería limitar su intervención, ser más modesta en los objetivos, orientar su actuación conforme a los principios vigentes, definir la no discriminación como prohibición de diferencias de trato injustas e irrazonables, y la transparencia como la información al usuario para que pueda conocer con suficiente detalle y en tiempo real cómo se gestiona la red en supuestos de congestión, reservarse poderes de actuación para establecer mínimos de calidad del servicio y aplicar estos principios a todos los participantes en el negocio y no sólo a los operadores de red. Si así lo hiciera, la libertad de elección, los derechos de los usuarios, la innovación y el desarrollo sostenible de Internet saldrían ganando.

El debate sobre la neutralidad de la red expresa una doble tensión fundamental. La primera es la que opone el modelo de negocio de los operadores de red, propietarios y gestores de la infraestructura que hace posible el flujo de la comunicación, al de las empresas típicas de Internet, que reclaman para sí en exclusiva el valor de la innovación, sobre la distribución de la cadena de valor en la red. Gregory Sidak ha resumido esta tensión como el choque de culturas empresariales de Sillicon Valley y Washington, pero lo mismo vale para Europa, donde aún resuenan declaraciones recientes de líderes de algunas de sus grandes empresas.

La segunda, estrechamente ligada a la anterior pero menos explícita, enfrenta a Estados Unidos, que como país asocia su interés económico con el de las empresas de Internet, con Europa, que tiene un mayor peso entre los operadores de red y más competencia en el acceso a banda ancha. Que Estados Unidos intentará exportar su modelo de regulación para Internet a otras partes del mundo es seguro. Que debamos adoptarlo en otros países, sin más, parece ciertamente discutible. Pero, en cualquier caso, lo que sí cabe es esperar es que en Europa ese debate sea “desinhibido, robusto y amplio”, por usar las célebres palabras del juez Brennan al referirse a uno de los casos más importantes sobre la libertad de expresión del siglo pasado.

Secretario del Consejo de Vodafone España

¿Comprar casa en 2010 o esperar?: Las seis claves a tener en cuenta

Depende de su perfil comprador. Dos expertos independientes dan las pistas necesarias para que cada uno pueda tomar la mejor decisión. Para el economista Gonzalo Bernardos, si por sus circunstancias personales le urge más o menos comprarse una casa hágalo este año antes de julio y benefíciese del marco fiscal. Sin embargo, José García-Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, defiende que si puede aguantar, tenga calma y busque el momento más oportuno. Eso sí, para encontrar la mejor opción de compra se necesita paciencia porque quizá le toque esperar hasta más allá de 2011.

Claves que se deben tener en cuenta:
Cambios fiscales
1- La desgravación por vivienda generalizada, es decir, sin tener en cuenta los ingresos del comprador, se supone que se acaba el 31 de diciembre de este año. A partir de esa fecha sólo quienes tengan rentas inferiores a 24.000 euros tendrán esa ventaja fiscal. Este cambio supone un buen pellizco, porque elimina para muchos compradores una deducción anual del 15% en el IRPF durante el periodo que se prolongue la hipoteca (15, 20 ó 30 años, por ejemplo). «En una vivienda media puede suponer unos 1.300 euros al año, que por 20 años de hipoteca pueden suponer entre el 8% y el 10% del precio total del inmueble», comenta García Montalvo.

Pero hay que tener en cuenta dos factores: primero, el Gobierno todavía no ha aprobado este cambio normativo y podría retractarse; y segundo, la desgravación sólo se realiza en la compra de vivienda habitual y no en segundas viviendas (por lo tanto, no afecta si el comprador adquiere el activo más como inversión que como bien de primera necesidad).

2- IVA. A partir del 1 de julio se pasa a pagar de un 7% a un 8% de IVA por la adquisición de una nueva vivienda. «Ese punto porcentual puede suponer en una casa media unos 1.900 euros», explica García-Montalvo. Pero ojo el IVA sólo afecta a las viviendas nuevas, porque en el caso de las de segunda mano se paga el Impuesto de Transmisiones. «La cuestión es valorar cuán importante es esa cantidad cuando se va a realizar una inversión de 160.000 euros, por ejemplo» añade García-Montalvo.

Cambios normativos y su repercusión en precios
3- Cuenta vivienda. Este año finaliza la prórroga de cuatro a seis años del vencimiento de las cuentas vivienda. Eso significa que unos 180.000 ciudadanos (que son los que se han beneficiado según cifró el Gobierno) tendrán que adquirir una casa antes de fin de año si no quieren perder las desgravaciones fiscales que han disfrutado (durante cuatro años).

Esta realidad ha hecho que se difunda en el mercado el mensaje de que este repunte de la demanda podría frenar la caída de precios o incluso se habla de subidas. Pero los expertos quitan hierro al asunto. Para Bernardos, «el único efecto que puede tener la ejecución de esas cuentas vivienda es que se frene la bajada de precios durante un periodo, pero no los subirá».

4- Provisiones bancarias. Otro punto que ha suscitado interrogantes en los últimos días es que el Banco de España está estudiando subir del 20% al 30% las provisiones que bancos y cajas de ahorros deben realizar sobre el valor de tasación de los activos inmobiliarios que permanezcan en su balance durante más de un año. Pone sobre la mesa la posibilidad de que las entidades financieras saquen a la venta más inmuebles y a mejores precios para evitar ese requerimiento. Sin embargo, parece que no va a ser el caso. «En los años 90 los bancos decidieron guardárselas y sacarlas a la venta en el 96 y 97 cuando ya se había superado la crisis y ahora van a intentar hacer algo similar», explica Bernardos.

«El 30% de los activos inmobiliarios de las entidades financieras está bien ubicado y por lo tanto es atractivo para la venta y lo van a aguantar», añade.
«Pero con el 70% restante, que tiene una salida más complicada, van a tratar de diferir las pérdidas en el tiempo. Una estrategia que se está barajando en el sector es que las entidades financieras vendan esos activos a sociedades en las que tengan no tengan influencia significativa y así no tengan que consolidar en balance ni provisionar por ellos», asegura Bernardos.

En definitiva, parece que, de una u otra manera, la repercusión de este posible cambio normativo en el mercado y en los precios quedaría amortiguada.

Situación de mercado
5- Stock. En las zonas donde existe todavía sobreoferta sin vender los precios seguirán bajando. Por eso, hay que estar atentos a la evolución del stock en cada zona, una tarea complicada porque los datos públicos no están muy actualizados aunque sirven para hacerse una idea (ver gráfico).

Los expertos coinciden en que en el centro de las dos principales ciudades españolas Madrid y Barcelona el stock ya se ha agotado. Bernardos concreta incluso por barrios: «en la ciudad condal en Gracia, Sants o el Eixample y, en Madrid, en los barrios Salamanca, Chamberí, Moncloa y parte del distrito centro ya no hay sobreoferta y, por tanto, ya están a un nivel de precios atractivo». «A estas ciudades, les van a seguir otras como Valencia, Bilbao, Santander y Tarragona», sentencia Bernardos.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha ido más allá y asegurado en los últimos días que el precio de los inmuebles «podría rebotar al alza» en las zonas en las que «comienzan a disminuir» las existencias. Sin embargo, García-Montalvo no contempla esa subida y defiende que esas declaraciones «se deben al interés de la ministra de que la gente compre ya y así sujetar el mercado, pero éste ajustará por las buenas o por las malas».

6- Precios. A juicio de Bernardos, «2010 va a ser un año bueno porque se juntan dos fenómenos: los que retrasaron en 2009 su compra por si bajaban más los precios pueden hacerlo este ejercicio y los que van a adelantar su adquisición antes de final de año por los cambios fiscales. Por eso, 2011 va a haber parón y puede afectar a los precios». Por eso, según García-Montalvo va a haber muchas tentaciones y muchos mensajes que animan a adquirir la vivienda este año. Sin ir más lejos, la ministra de Vivienda ha vuelto a declarar esta semana que 2010 es un buen año para las familias que decidan comprar una vivienda, debido a la reactivación del crédito, la moderación de los precios y la concesión de más ayudas del Ministerio. Pero García-Montalvo insiste: el que pueda que espere «con tranquilidad y deje correr».

Este experto defiende que «los precios bajarán más de un 12% desde la situación actual y con esa bajada ya te compensa esperar. En una vivienda con un precio medio de 170.000 euros en la actualidad, esa caída se come el efecto de la desaparecida desgravación por vivienda», explica García-Montalvo.

Además, «el precio medio todavía tiene que bajar porque tiene que llegar a suponer 4 años de renta familiar bruta disponible y todavía está en 6,5 años», sentencia.

Eso sí, «hay que estar atentos para pillar ese momento, en el que más bajos están los precios», concluye García-Montalvo.

*Gonzalo Bernardos es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y autor del libro Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario.

*José García-Montalvo es profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y escritor de la obra De la quimera inmobiliaria al colapso financiero.

El PP pide cuentas a Corredor por el «fracaso» de su gestión contra la crisis de la vivienda

El Partido Popular quiere que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, acuda lo antes posible al Congreso para ‘rendir cuentas’ por el «fracaso» de las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo contra la crisis y su impacto en sector inmobiliario, así como para facilitar el acceso a la vivienda.
Así lo anunció portavoz ‘popular’ de Vivienda en la Cámara Baja, Pablo Matos, después de que Corredor afirmara que es un «buen momento» para que las familias accedan a la vivienda, debido a que se ha producido una «moderación de precios» en el mercado, así como por el hecho de que su ministerio «va a dar más ayudas a las familias» para el acceso a los pisos.

Matos concretó que su intención es que Corredor aclare el «fracaso» de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de moratoria hipotecaria para parados, aprobada hace más de un año con una dotación inicial de 6.000 millones, de la que sólo se ha utilizado un 1%.

Precisamente la Comisión aprobó ayer por unanimidad y por segunda vez en cuatro meses una proposición no de ley que insta al Gobierno a modificar las condiciones de acceso a esta línea destinada a desempleados «para permitir que llegue realmente a todas las familias que lo necesitan». No obstante, la propia Corredor aseguró en diciembre en el Congreso que el Ejecutivo había «cumplido» sus objetivos con esta línea.

Asimismo, el PP quiere que aclare la evolución de los planes para incorporar en el Plan de Vivienda medidas para conversión de vivienda libre en protegida, una cuestión sobre la que Vivienda no ha aportado datos, arguyendo que la gestión corresponde a las comunidades autónomas.

La intención de Matos en aprovechar la comparecencia que Corredor tiene prevista realizar en la Cámara Baja a mediados de marzo para evaluar, a instancias del Grupo Socialista, los resultados de la Renta Básica de Emancipación.