El debate sobre el futuro de Internet

El debate público iniciado por la Federal Communications Commission (FCC) en Estados Unidos sobre la manera de preservar un Internet abierto y libre es seguramente el más importante de los que tienen hoy lugar en las telecomunicaciones.

Porque la cuestión de fondo que plantea la FCC es si Internet está o no en peligro de perder su original carácter abierto, principal responsable de su enorme éxito y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, qué tipo de medidas cabe adoptar para evitar su potencial degradación. La regulación de Internet para conservar su espíritu distintivo, o para mantener la neutralidad que ha permitido su formidable desarrollo, es una tarea enormemente compleja y delicada.

La FCC cree que ha llegado el momento de intervenir para preservar y proteger el carácter abierto y libre de Internet, ya que la evolución de la tecnología, los nuevos servicios y el uso intensivo y ubicuo de la red permiten a los operadores de acceso, entre otras cosas, bloquear servicios de empresas de Internet (como YouTube o Skype) que compitan con los suyos o gestionar la red, en casos cada vez menos infrecuentes de congestión, de una forma discriminatoria, privilegiando a los usuarios que estén dispuestos a pagar más por la banda ancha.

Frente a esta situación, y para potenciar la capacidad de los usuarios de acceder libre y plenamente a Internet, la FCC propone dar fuerza legal a los principios que han regido la política de Internet en Estados Unidos últimamente, esto es, que los usuarios tienen derecho a acceder al contenido legal de su elección, a incorporar las aplicaciones y a usar los servicios que prefieran, a conectar los aparatos que deseen, siempre que sean legales y no dañen la red y a la competencia entre operadores de acceso y proveedores de aplicaciones, servicios y contenidos, siempre sujetos a una gestión razonable de la red, y añadir dos nuevos principios, igualmente dotados de fuerza legal y ambos dirigidos a los operadores de acceso, que son el de no discriminación, por el cual éstos han de tratar aplicaciones, servicios y contenidos de manera no discriminatoria, y transparencia, por el que han de hacer pública información relativa a la gestión de la red que pueda ser razonablemente requerida por usuarios o proveedores de aplicaciones, servicios y contenidos.

Este nuevo derecho se aplicaría a todas las plataformas de acceso, fijas y móviles, si bien no de idéntica forma o con igual intensidad, y del mismo podrían quedar parcial, o totalmente, excluidos servicios como la televisión por cable o por Internet.

El lector que haya llegado hasta aquí se habrá dado cuenta de que en la propuesta de la FCC destaca, de inicio, una preocupación casi obsesiva por “proteger” y “preservar” Internet, que se entendería mejor si la red fuese una antigüedad en vez de un fenómeno increíblemente dinámico y cambiante y, luego, una falta de equilibrio al convertir de manera automática los derechos de los usuarios en obligaciones de los operadores de red, pasando por alto cualquier contribución del resto de actores de Internet.

En cuanto a la primera nota, la FCC propone una regulación ambiciosa, de largo alcance y compleja aplicación, no sólo por razones legales de competencia material y jurisdicción, sino por la cantidad de excepciones e hipótesis que jalonan la propuesta. Respecto de la segunda, la FCC propone una versión muy restrictiva de la no discriminación, al decir que los operadores de red no pueden fijar precios distintos a los proveedores de contenidos y servicios para asegurar un mejor acceso a los usuarios, e ignora la voluntad de los usuarios que puedan estar dispuestos a pagar más por su acceso si eso les asegura mejor servicio en supuestos de congestión.

La FCC está a tiempo de corregir los puntos más débiles de su propuesta. Para ello, debería limitar su intervención, ser más modesta en los objetivos, orientar su actuación conforme a los principios vigentes, definir la no discriminación como prohibición de diferencias de trato injustas e irrazonables, y la transparencia como la información al usuario para que pueda conocer con suficiente detalle y en tiempo real cómo se gestiona la red en supuestos de congestión, reservarse poderes de actuación para establecer mínimos de calidad del servicio y aplicar estos principios a todos los participantes en el negocio y no sólo a los operadores de red. Si así lo hiciera, la libertad de elección, los derechos de los usuarios, la innovación y el desarrollo sostenible de Internet saldrían ganando.

El debate sobre la neutralidad de la red expresa una doble tensión fundamental. La primera es la que opone el modelo de negocio de los operadores de red, propietarios y gestores de la infraestructura que hace posible el flujo de la comunicación, al de las empresas típicas de Internet, que reclaman para sí en exclusiva el valor de la innovación, sobre la distribución de la cadena de valor en la red. Gregory Sidak ha resumido esta tensión como el choque de culturas empresariales de Sillicon Valley y Washington, pero lo mismo vale para Europa, donde aún resuenan declaraciones recientes de líderes de algunas de sus grandes empresas.

La segunda, estrechamente ligada a la anterior pero menos explícita, enfrenta a Estados Unidos, que como país asocia su interés económico con el de las empresas de Internet, con Europa, que tiene un mayor peso entre los operadores de red y más competencia en el acceso a banda ancha. Que Estados Unidos intentará exportar su modelo de regulación para Internet a otras partes del mundo es seguro. Que debamos adoptarlo en otros países, sin más, parece ciertamente discutible. Pero, en cualquier caso, lo que sí cabe es esperar es que en Europa ese debate sea “desinhibido, robusto y amplio”, por usar las célebres palabras del juez Brennan al referirse a uno de los casos más importantes sobre la libertad de expresión del siglo pasado.

Secretario del Consejo de Vodafone España

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