Primera bajada de la tasa de paro desde 2007, según Eurostat

Los datos de la oficina estadística europea así lo reflejan a pesar de que en enero se registraron 124.000 parados más
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El desempleo se mantuvo en el 9,9% en la zona del euro durante el mes de enero, mientras que en España bajó una décima, hasta el 18,8%, según los datos divulgados hoy por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), el paro también siguió sin cambios el mes pasado, en el 9,5%. Según los datos corregidos de Eurostat -que revisan una décima a la baja la estadística del paro en los países del euro en diciembre-, el desempleo se mantuvo estable en los últimos tres meses entre los socios de la moneda única. Hay que tener en cuenta que la tasa de paro puede bajar a nivel estadístico incluso con subida neta del número de parados, si la población activa disminuye. De hecho, en enero de 2010 las oficinas del INEM registraron a 124.000 personas más y se superaron por primera vez los cuatro millones de parados registrados.
En España, la bajada mensual del paro en enero es la primera registrada desde mayo de 2007.
En comparación con enero de 2009, el paro en la zona del euro aumentó 1,4 puntos, desde el 8,5%, mientras que en el conjunto de los Veintisiete lo hizo 1,5 puntos, desde el 8,0%.
Durante los últimos doce meses, España ha acumulado un aumento del paro de tres puntos.
El desempleo afectó en enero en la UE a 22,979 millones de personas en edad de trabajar, 3,8 millones más que en el mismo mes de 2008, y a 15,683 en los países de la moneda única, 2,2 millones más que un año antes, según las estimaciones de Eurostat.
Sólo entre diciembre y enero el número de desempleados en la UE se incrementó en unas 136.000 personas, de ellas 38.000 en los países del euro.
Pese a su bajada mensual, España se mantiene como segundo estado miembro con más desempleo, sólo superado por Letonia (22,9%), que registró un aumento de tres décimas.
En el otro extremo se mantiene Holanda, con sólo el 4,2%, seguida de Austria (5,3%).
De entre los 21 estados miembros con datos disponibles, el paro aumentó en enero en 14 países, se mantuvo estable en dos y retrocedió en cinco. En comparación con el mismo mes de 2009, todos los estados miembros experimentaron aumentos del paro.
Las subidas anuales más moderadas se registraron en Alemania, desde el 7,2% al 7,5%; Luxemburgo, desde el 5,4% al 5,9%; y Bélgica, del 7,5% al 8,0%.
Los incrementos más elevados respecto a enero de 2009 tuvieron lugar en Letonia (del 12,3% al 22,9%); Lituania (del 6,4% al 14,6%, según datos de los terceros trimestres de 2008 y 2009) y Estonia(del 7,6% al 15,5%, también según cifras trimestrales).

Este mensaje se destruirá en 60 segundos

Una aplicación para teléfonos móviles elimina los mensajes cuando el remitente lo desea.
Una aplicación para el iPhone permite controlar el tiempo que un mensaje enviado por teléfono podrá leerse antes de que se autodestruya. La aplicación se llama Tigertext y, según sus creadores, el nombre se inspira en el tigre, uno de los animales cuya pista es más difícil de seguir y, casualmente, se ha lanzado en el año del Tigre chino. Algunos comentaristas más maliciosos lo relacionan con los problemas que ha tenido el golfista Tiger Woods con su sinceridad erótica en la mensajería instantánea, pero el programa, aunque se ha publicado el 25 de febrero, estaba bautizado con anterioridad a que estallase el escándalo sobre el deportista.

El cliente de Tigertext puede definir cuándo se destruirá el mensaje. Cuando envía el mensaje a través de la aplicación si quien lo recibe quiere leerlo debe instalar el lector gratuito. Así podrá tener acceso al texto del mismo, pero el mensaje no se deposita en su teléfono, no puede copiarse ni pegarse. El texto se administra desde los servidores de Tigertext. El remitente puede fijar el tiempo de vida que tendrá el mensaje. Cumplido éste, desaparecerá de los terminales y del servidor de la compañía. También puede ordenar que se destruya a los 60 segundos de que el receptor lo haya abierto para leerlo. Pero, si éste lo intenta abrir cuando haya expirado el tiempo fijado para la existencia del mensaje, no lo encontrará. La aplicación que próximamente estará disponible para Blackberry y Android, puede probarse gratuitamente (100 mensajes en 15 días). Las tarifas son de 1,49 dólares al mes por 250 mensajes y 2,49 dólares mensuales sin límite de mensajes enviables. Sus creadores no quieren hacer hipótesis sobre quienes serán los clientes de la misma. Algunos medios ya hacen sus cálculos: políticos y sus amantes, empresarios temerosos de que se filtren sus secretos industriales…

La empresa advierte que el sistema no es infalible. Aunque los mensajes no se pueden copiar ni guardar, si el receptor lo filma con una cámara puede obtener una prueba de su existencia.

La subida del IVA perjudicará más a “pobres, mayores y pensionistas”

La subida del IVA tendrá efectos perversos sobre la actividad económica. Pero no sólo eso. Perjudicará, sobre todo, a los sectores más débiles de la sociedad en términos económicos: “pobres mayores y pensionistas”. Lo dice un estudio que acaban de publicar cuatro profesores de Economía, y que hasta el momento es el trabajo más completo sobre el impacto que tendrá el anunciado incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a partir del 1 de julio. Del 16% al 18% el tipo general y del 7% al 8% el tipo reducido.

La conclusión a la que llegan es que aumentar el IVA contraerá la actividad y el empleo y será regresivo, toda vez que “llega demasiado pronto”, cuando la recuperación económica está en ciernes y no está, en absoluto, consolidada. Según sus estimaciones, la subida de los tipos supone “reducciones de la producción del 0,65% en 2009 y de aproximadamente el 1% en años sucesivos”. En términos de recaudación, el impacto será, igualmente, muy distinto a lo que prevé el Gobierno. La recaudación del impuesto sobre el consumo “aumentará aproximadamente un 10,5% a partir de 2010”. Sin embargo, aclaran, la recaudación total sólo aumentará un 1,7% debido a que como se reduce la producción “los ingresos de las demás figuras impositivas disminuyen”.

En cuanto a la redistribución de las cargas fiscales, una función esencial en la política económica, la conclusión a la que llegan es que “los aumentos del IVA tendrán un impacto relativamente mayor sobre la población “más pobre y de mayor edad”, lo que, en su opinión, “confirma el carácter regresivo de los impuestos sobre el consumo”. Según sus cálculos, el aumento de la carga fiscal será especialmente dañina en el caso de los jubilados, toda vez que el IVA entre este colectivo “es una parte mucho mayor de su carga fiscal total que para los hogares que trabajan y que tienen que pagar también impuestos sobre el trabajo”. Es decir, que los pensionistas dedican prácticamente todos sus ingresos a la función consumo, por lo que si sube el IVA, ellos son los más perjudicados.

El estudio forma parte de una beca de Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ha sido elaborado por los profesores Juan Carlos Conesa (Universidad de Barcelona), Javier Díaz-Giménez (IESE Business School) Julián Díaz-Saavedra (Universidad de Granada) y Josep Pijoan-Mas, del CEMFI, el centro de estudios del Banco de España.

Cae el empleo y el capital
Pues bien, según el estudio, la caída del PIB se debe a reducciones simultáneas del empleo y del uso del capital productivo. El aumento del IVA encarece el consumo y, por lo tanto, rebaja el valor de cada hora trabajada medido en términos del consumo. Los hogares sustituyen las horas trabajadas en el mercado laboral por horas dedicadas a actividades no remuneradas.

El modelo con un hogar representativo predice un descenso del trabajo del 1% a partir del 2009, mientras que el modelo con hogares heterogéneos predice descensos de entre el 1,2% y el 1,3%, también a partir de ese año. Además, el aumento de la presión fiscal, sostienen los autores, “empobrece a los hogares, lo que disminuye la inversión, y esto provoca un descenso creciente en el capital productivo”. Según sus cálculos, empieza en el 0,3% en 2010 y llega hasta el 0,8% en 2016 en el modelo con un hogar representativo.

La inclusión en el estudio del año 2009 se debe a que ya durante el ejercicio pasado entraron en juego las expectativas económicas de los consumidores, y eso ha influido en sus decisiones de gasto. Tan sólo el mero anuncio del incremento del IVA en 2010 cambia los precios relativos entre consumir en 2009 y hacerlo unos meses más tarde. Consumir en 2009 se abarata y hacerlo en 2010 se encarece. Por lo tanto, aseguran, los hogares adelantarán sus planes de gasto de consumo (sobre todo de bienes duraderos) y “procurarán consumir más antes del incremento y menos después de que la subida se haya producido”.

Este comportamiento racional de los consumidores es un lugar común en la literatura económica, y por eso los autores consideran que en línea con lo que pretendían los promotores de la subida del IVA, su anuncio anticipado habría aumentado ya el gasto en consumo en 2009 “a expensas de disminuirlo en el futuro”. O dicho en otros términos, los hogares se dan cuenta de que el consumo es más barato en 2009 que en 2010 y sustituyen consumo presente por futuro. Es muy previsible, aseguran, “que en España este efecto de anticipación del consumo se note sobre todo en los bienes duraderos y en el gasto en viviendas”. Según sus cálculos, en 2009, en el modelo con un hogar representativo el consumo aumenta en un 0,6% y en el modelo con hogares heterogéneos en un 0,9%. Sin embargo, a partir del 2010 el consumo medido a coste de los factores se reduce en un 1,1% en el modelo con un hogar representativo y en un 0,9% en el modelo de hogares heterogéneos. Pero como ocurrirá con el PIB, el consumo medido a precios de mercado (con inflación) aumentará en 2010 en un 0,6% o en un 1%. Pero estos aumentos se deben simplemente al aumento de los precios de mercado de las mercancías de consumo que se produce inevitablemente con los aumentos de los tipos de gravamen.

Retroceso de la inversión
Una consecuencia adicional del aumento del consumo en 2009 debido al anuncio de la subida impositiva es la caída de la inversión. En 2009 esta contracción fue del 3,2% en el modelo con un hogar representativo, y del 3,9% en el modelo con hogares heterogéneos.

¿Y cómo afectará a la recaudación? Los autores del estudio estiman que el incremento del impuesto sobre el consumo aumenta los ingresos fiscales totales en un 1,7% en 2010 y en cantidades parecidas en los años sucesivos. Consideran, sin embargo, que “este aumento es muy modesto si tenemos en cuenta que el aumento del tipo impositivo es del 12,5%”. Tres razones justifican la magnitud del aumento. La primera es que la base imponible de cualquier impuesto disminuye cuando aumenta el tipo de gravamen. El consumo agregado medido a coste de los factores cae en torno al 1%. Y, por lo tanto, sostienen, a partir de 2010, la recaudación del impuesto sobre el consumo aumenta en sólo un 10,5% en el modelo con un hogar representativo, y en un 11,5% en el modelo con agentes heterogéneos.

La segunda razón que justifica el bajo impacto recaudatorio del aumento de los tipos del IVA es que en 2008, antes de que se anunciara la subida, la recaudación sobre el consumo únicamente suponía un 24,6% de la recaudación tributaria total. Y la tercera razón es que las caídas de las recaudaciones de los impuestos sobre las rentas del trabajo (en torno a un 1%) y del capital (alrededor de un 2%) reducen la recaudación tributaria total.

¿Y quién pagará la factura de la subida del IVA? Los profesores Conesa, Díaz-Giménez, Díaz-Saavedra y Pijoan-Mas concluyen que el aumento de la carga fiscales es creciente en función de la edad. Y, en concreto, en 2010 la carga tributaria de los hogares con más de 61 años crece en un 5,2%, la de los hogares con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años en un 1,3% y la de los hogares menores de 41 años en apenas un 0,3%. Esta evolución tiene que ver con el hecho de que los impuestos sobre el consumo suponen una proporción mayor de la tributación total de los mayores, pero también a que “como les quedan menos años de vida su posibilidad de distribuir la incidencia del impuesto en el tiempo es menor, por lo que la elasticidad de la base del impuesto al aumento de los tipos también es menor”.

Igualmente, cuando se compara la carga fiscal de los hogares agrupados por su riqueza se observa que la presión tributaria de los pobres aumenta relativamente más que la de los ricos. Este resultado, aseguran, “confirma al carácter regresivo del impuesto sobre el consumo”. La distribución del consumo es menos desigual que las distribuciones de la renta o de la riqueza. Por lo tanto, “los impuestos sobre el consumo representan una mayor proporción de la tributación total de los hogares pobres, y el aumento del tipo del IVA supone un incremento relativamente mayor de su carga fiscal”.

El precio de la vivienda usada cayó un 0,4% en febrero tras la tregua de enero

El precio de la vivienda usada se situó en los 2.399 euros por metro cuadrado en el mes de febrero, con un descenso del 0,4% respecto a enero, mes en el que la tendencia a la baja concedió una tregua, según el último índice de precios de idealista.com.

El portal inmobiliario afirma que «las bajadas vuelven a ser la tónica dominante en los principales mercados del país, que experimentan casi en su mayoría ligeras variaciones a la baja».

Sólo dos comunidades autónomas mantuvieron sus precios al alza durante el pasado mes: Extremadura (+1,1%) y Cantabria (+0,2%). El resto sufrieron caídas de entre el 1,1% de Navarra hasta el 0,1% de Galicia y Murcia.

Las viviendas más caras siguen localizándose en Euskadi (3.499 euros por metro cuadrado), por delante de la Comunidad de Madrid (3.299 euros) y Cataluña (2.836 euros). En el lado opuesto de la tabla se sitúan Extremadura (1.453 euros), Murcia (1.516 euros) y Castilla-La Mancha (1.642 euros).

Además, el precio de la vivienda de segunda mano descendió en 37 provincias, mientras que aumentó en 28 de ellas. Por otro lado, todos los grandes mercados españoles vieron caer el precio de sus inmuebles usados durante el mes de febrero.

¿Qué inmobiliaria valdrá más que Bankinter y tendrá 23.000 millones de acciones?

Del puesto 128º a acariciar el top ten de las inmobiliarias europeas. Ésta es la trayectoria que recorrerá Colonial en términos de capitalización bursátil, una vez que su proceso de reestructuración se materialice. Según las estimaciones de la propia compañía, Colonial pasará a tener 23.000 millones de acciones, lo que elevaría su valor en Bolsa hasta los 3.220 millones, superando a Bankinter o FCC.
Antes de julio, la inmobiliaria controlada por Banco Popular y La Caixa acomenterá dos ampliaciones de capital y la conversión de bonos en acciones, tal y como prevé su nuevo plan de reestructuración. Con estas operaciones, Colonial multiplicará por 13 el número de títulos que posee actualmente en Bolsa (1.700 millones de acciones).

Lejos de supersticiones, lo cierto es que este cambio cuantitativo situará la capitalización de Colonial en el top ten de las firmas europeas del sector. Si se toma como referencia el último precio de cierre (0,14 euros por papel) y el nuevo capital social, la inmobiliaria que preside Juan José Bruñera alcanzaría un valor en Bolsa de 3.220 millones de euros. Así, Colonial adelantaría a la británica Hammerson cuya capitalización ronda los 3.100 millones de euros.

En el caso de que se considerasen los 0,12 euros a los que se emitirán las nuevas acciones de la compañía (en las dos ampliaciones contempladas en su reestructuración), el peso de Colonial en Bolsa ascendería a 2.760 millones euros.

Muy por encima de la española se encuentra Unibail-Rodamco. La francesa, que recientemente ha entrado en el Eurostoxx 50, cuenta con una capitalización de 13.360 millones de euros. Land Securities Group ocupa la segunda posición en el podio con 5.490 millones y Klepierre, con 5.000 millones.

Dentro del mercado nacional, la ponderación de Inmobiliaria Colonial crecerá hasta adelantar a entidades como Bankinter (2.859 millones), la constructora FCC (3.151 millones) o Acerinox (3.154 millones). Los analistas recuerdan que las dos ampliaciones de capital que acometerá la compañía y la conversión de bonos por acciones , tendrán un fuerte efecto “dilutivo” para los accionistas.

Madrid estudia una nueva ley que ‘evite cargas al suelo que encarecen las viviendas’

La consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha anunciado que el Gobierno regional está estudiando una nueva ley «que evite cargas al suelo, que inciden en el precio de la vivienda». Mariño ha insistido en que la liberalización del suelo es la solución al problema de la vivienda.

En declaraciones a Telemadrid, Mariño contrapuso la política en esta materia emprendida por el Gobierno regional y la puesta en marcha por el Ejecutivo central. «El Gobierno basa su política en la subvención, mientras que en la Comunidad de Madrid pensamos que la mejor política es el abaratamiento de las viviendas. Son políticas muy antagónicas, pero tenemos un compromiso con los ciudadanos y no vamos a permitir que ese antagonismo les perjudique», dijo.

«La nuestra es una política más pegada al terreno y creemos en la liberalización del suelo como solución al problema de la vivienda. De hecho, estamos estudiando una nueva ley que evite cargas al suelo, que inciden en el precio final de la vivienda», agregó.

Desde su punto de vista, «la política que se está llevando a cabo desde el Ministerio en materia de vivienda protegida es castrista, intervencionista». En este sentido, recuerda que el departamento que dirige Beatriz Corredor aprobó un plan de vivienda que «ha roto» el esquema tradicional de acceso a la vivienda protegida.

«Ahora hay que estar apuntado en un registro y no puedes desprotegerla nunca, lo que significa que si se aportan plusvalías nunca se van a recuperar. Además, no puedes dejarla en herencia a un hijo si éste no cumple con alguno de los requisitos exigidos», explicó.

Mariño, que al igual que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, considera que un Ministerio como el de Vivienda «sobra» porque las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas, subraya que la crisis ha afectado a Madrid porque «el 9% del PIB en Madrid viene de la construcción».

«Ha sido un sector muy pujante en la Comunidad y su bajada ha supuesto un golpe», indica la consejera, quien comentó que a las dificultades existentes, se suma que «la subida del IVA va a suponer entre un 14 y un 17% de aumento en el precio de la vivienda», lo que, a su juicio, «va a ser muy negativo para la recuperación del sector».

Para intentar salvar la situación, Mariño recuerda que la Comunidad de Madrid ha firmado acuerdos con promotores y bancos para que las viviendas que están en ‘stock’ puedan reducir su precio un 20 ó 25%, y matiza que con ello no pretenden «sacar de la crisis a los promotores con el erario público».

La titular madrileña de Vivienda volvió al enfrentamiento que mantiene en las últimas semanas con la ministra a cuenta de la Renta Básica de Emancipación (RBE) y denunció que el Gobierno central debe 24 millones de euros (115.000 mensualidades) a 14.000 madrileños por esta ayuda. [Descargue aquí su formulario]

Además, dijo que no puede permitir que el Ejecutivo de la nación culpe a la Comunidad de Madrid del atasco que están sufriendo estas ayudas. «No puedo permitir estos comentarios. La situación es la siguiente: el Ministerio quiere hacer más hincapié en la rehabilitación y nos ha traspasado 107 millones de euros para subvenciones», indicó.

A renglón seguido, precisó que de esos 107 millones, 58 son para ayuda al promotor, y no se abonan «hasta que los proyectos de urbanización no han finalizado»; 13 millones los paga el Ministerio directamente a quien reciba la subvención; y los otros 17 millones, que se recibieron el 17 o 18 de febrero, «están todavía pendientes de asignar porque hasta que la rehabilitación no ha finalizado nosotros no aportamos el importe». Con el dinero público no se juega y hay que tener muchos controles», sentencia.

Para terminar, Mariño aseguró que «la Comunidad de Madrid va a seguir manteniendo la desgravación por la primera vivienda», aunque el Gobierno ya ha anunciado que las va suprimir a partir de 2011.

Las grandes constructoras duplican las ganancias

Las grandes constructoras cotizadas ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL obtuvieron un beneficio neto conjunto de 3.595,2 millones de euros en el 2009, lo que supone casi duplicar (+85,1%) el registrado en el 2008. El aumento se consigue gracias a las ganancias extras registradas por ACS y Acciona por distintas operaciones corporativas, y a pesar de los números rojos de Ferrovial.
No obstante, la facturación de los grandes grupos del sector cayó el 3,6% en el pasado ejercicio, afectada por la crisis de la construcción en el mercado español y el efecto de la actual coyuntura en otras de sus actividades de diversificación. Las provisiones ante previsión de impagos o depreciaciones de activos marcaron también los resultados operativos de las grandes del sector en la primera mitad del año.

Los cinco grandes tipos de morosos españoles

La tasa de morosidad a cierre de diciembre de 2009 se situó en el 5,08% según los datos del Banco de España y los créditos impagados alcanzaron los 93.305 millones de euros. Con una tasa de paro cercana al 18%, las familias españolas atraviesan uno de los peores momentos que se recuerdan y están pagando con creces los excesos cometidos durante los años del boom del crédito.

Pero no todas las situaciones son iguales y cada caso es digno de estudio. En este sentido, la empresa especializada en gestión de cobros, Solucionados, ha analizado el perfil de este grupo de personas y ha dividido a los morosos españoles en cinco grandes grupos basándose en criterios relacionados con la realidad y la situación socioeconómica y sociocultural de España.

Así, nos podemos encontrar con familias españolas con recursos limitados por la crisis. Se trata de un grupo que cada día va a más y responde a la dificultad de encontrar trabajo por parte de sus miembros dada que la cualificación de los mismos no es muy elevada. En este caso, según la firma, es posible renegociar la deuda o evitar el procedimiento concursal y, sobre todo, buscando acuerdos de pago factibles.

También están aquellas familias que tienen que ajustar su realidad a la situación actual. El 90% del endeudamiento se debe a los préstamos hipotecarios o a los créditos al consumo. La forma más fácil de salir de esta situación pasa por redefinir la realidad de la familia mediante la venta de activos o la negociación de los mismos con las entidades que correspondan.

Como consecuencia del fuerte boom de la inmigración en los años anteriores a la crisis y la importante demanda de este tipo de trabajadores durante el auge del sector inmobiliario, nos encontramos con familias de procedencia latinoamericana o con sus orígenes en los países del este. Sus recursos son limitados y el número de personas en esta situación es cada vez mayor, debido a la dificultad que encuentran a la hora de buscar un empleo ya que su nivel de formación no es muy elevado. En este caso es muy importante saber quienes quieren o no quieren quedarse en España. Además, en los casos de impago estructural es conveniente tratar dación en pago de bienes y redefinir los acuerdos.

En cuarto lugar se encuentran las familias monoparentales, que se pueden clasificar a su vez en tres grupos diferentes: personas solteras de entre 30 y 40 años, con trabajo, pero que han vivido por encima de sus posibilidades; Solteros mayores de 40 años y por debajo de 50 que además de haber vivido por encima de sus posibilidades han sufrido un divorcio o una separación y tienen el añadido de que hay hijos de por medio; y finalmente, pensionistas que han contraído deudas como consecuencia de su falta de organización financiera.

Finalmente, el último grupo de la clasificación lo compone un perfil de familia de la Unión Europea que dispone de una segunda residencia en España y que abandonan el inmueble a su suerte o que se encuentran ilocalizables porque no están ni quieren estar en España.

CE presentará nueva estrategia con la que promete crear 5,6 millones de empleos

El Ejecutivo comunitario no propondrá sanciones, como pedía Zapatero, pero sí advertencias para los países incumplidores .
La Comisión Europea presentará el próximo miércoles sus propuestas para definir la nueva estrategia de reformas económicas de la UE de aquí a 2020, con las que promete que la UE alcanzará un crecimiento anual del 2% del PIB y creará 5,6 millones de nuevos puestos de trabajo, según se recoge en el borrador que prepara el Ejecutivo comunitario.

El nuevo plan, una de las prioridades de la presidencia española para este semestre, debe sustituir a la fallida estrategia de Lisboa, que pretendía convertir a la UE en la economía del conocimiento más competitiva del mundo en 2010. Pero sus objetivos han sido sistemáticamente incumplidos por los Estados miembros.

Pese al fracaso de Lisboa, el Ejecutivo comunitario no propondrá tampoco esta vez sanciones para los países que no respeten los objetivos económicos, tal y como había sugerido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, sí que sugerirá reforzar los mecanismos de cooperación económica entre los Estados miembros, con medidas como un mayor control sobre las reformas, o el envío de recomendaciones a los países incumplidores e incluso de advertencias para que modifiquen su política económica como se ha hecho recientemente con Grecia.

Para centrar los esfuerzos y facilitar los progresos, la Comisión propone que la nueva estrategia económica se centre únicamente en cinco objetivos. En primer lugar, aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del actual 69% al 75% en 2020. Bruselas también pide incrementar el nivel de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del actual 2,9% al 4% del PIB. El Ejecutivo comunitario quiere además incluir en la estrategia económica los objetivos ya acordados de lucha contra el cambio climático: reducción de las emisiones del 20%, ahorro energético del 20% y cuota de renovables del 20%.

El cuarto objetivo que propone Bruselas tiene que ver con la educación y consiste en reducir la tasa de abandono escolar del 15% de media actual (en España el doble) a menos del 10% de aquí a 2020, y en aumentar la cuota de población entre 30 y 34 años que ha completado la educación terciaria (tanto la universitaria como la no universitaria) del 31% al 40%. Finalmente, la Comisión quiere que en los próximos 10 años se reduzca un 25% el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza respecto a la cifra de 2008, lo que significaría sacar de la pobreza a 28 millones de personas.

Cada Estado miembro deberá convertir de aquí a junio estos objetivos de la UE en objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y los diferentes puntos de partida. Una vez fijados los objetivos nacionales, los países informaran cada año a la Comisión de sus progresos. Ello se hará al mismo tiempo que se examine la política presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). De esta forma, Bruselas podrá analizar simultáneamente todos los aspectos de las políticas económicas de los Estados miembros y enviar sus recomendaciones y alertas.

Además, la Comisión quiere concentrar las ayudas europeas -por ejemplo el fondo social o los fondos estructurales- así como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el cumplimiento de estos cinco objetivos. En paralelo, se podrán en marcha una serie de iniciativas conjuntas de la UE, entre las que destaca la creación de un mercado digital, tal y como había reclamado Zapatero en el discurso que realizó ante el Parlamento Europeo.

REFORMAS EN PENSIONES, SANIDAD Y MERCADO DE TRABAJO
El Ejecutivo comunitario señala que el primer paso para cumplir la estrategia 2020 debe ser poner en marcha estrategias de salida para ir suprimiendo progresivamente las medidas de estímulo diseñadas para combatir la crisis y reducir el déficit y la deuda. Para la mayoría de los países, la consolidación fiscal deberá empezar en 2011, señala el borrador, aunque los Estados miembros con más desequilibrios deben empezar antes. Además, el proceso de reducción del déficit por debajo del umbral del 3% que marca el PEC debe completarse en 2013, plazo que tiene España.

Para lograrlo, la Comisión admite que en algunos países deberán subir los impuestos. En ese caso, pide que no se aumente la fiscalidad sobre el trabajo sino que se opte por nuevas tasas sobre la energía o medioambientales.

«La consolidación fiscal y la garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas exigirán importantes reformas estructurales, en particular en los sistemas de pensiones, salud, protección social y educación. La propia administración pública deberá hacer más con menos», advierte el Ejecutivo comunitario, que también reclama reformas laborales para reducir la segmentación entre contratos fijos con mucha protección y los temporales que no tienen ninguna.

Las propuestas de la Comisión serán discutidas en la tradicional cumbre económica de primavera que los líderes europeos celebrarán a finales de marzo. La presidencia española espera poder adoptar la nueva estrategia 2020 en junio.

Trabajo propone destinar los contratos bonificados sólo a las microempresas

El Gobierno otorgará 2.800 millones en ayudas a determinados sectores económicos y colectivos. Según el Ministerio, los mayores de 45 años serán excluidos por la falta de presupuesto de la medida.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya lo reconoció: «El actual sistema de bonificaciones a las cuotas sociales no funciona». Las ayudas a la contratación se han generalizado de tal modo que actualmente existen más de 30 tipos de bonificaciones diferentes. Por esta razón, el Ministerio ultima la modificación de éstas para limitarlas sólo a determinados colectivos (jóvenes, mujeres maltratadas y discapacitados) y destinarlas en exclusiva a pequeñas empresas y sobre todo a microempresas. El Ejecutivo llevará esta propuesta a la mesa de diálogo social, donde tendrá que consensuarla con los sindicatos y la organización empresarial CEOE como una de las partes de la futura reforma laboral, que fue propuesta por el Gobierno, cuya negociación se iniciará durante la próxima semana.

Y es que el Ministerio de Trabajo señala, en su informe Evaluación de los resultados del sistema de bonificaciones, que el impacto de los contratos subvencionados en las grandes empresas sólo se ve reflejado en la contabilidad de la compañía, pero no ayuda a que éstas contraten más. En cambio, en el caso de las microempresas (las que cuentan con menos de 10 trabajadores), la subvención, por ejemplo, del 50 por ciento de la cotización de un trabajador puede suponer la creación de un nuevo puesto de trabajo o incluso paliar el impacto de la crisis y ayudar a la propia supervivencia de la empresa.

Además, Trabajo también defiende que es necesario estudiar el efecto de estas medidas en determinados sectores económicos, ya que pueden ayudar a mantener la actividad en algunos sectores más perjudicados por la crisis. Por ejemplo, actualmente, existen bonificaciones para el sector textil que intentaban paliar las dificultades del sector. Sin embargo, en una reciente intervención ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Alfonso Prieto, subdirector de Estudios del Ministerio, recomendó que las bonificaciones no se deben generalizar para todos los colectivos aunque sólo se concreten en un determinado sector. Se deberán limitar a determinados colectivos como los propuestos por el Gobierno (jóvenes, discapacitados y mujeres maltratadas) y, a su vez, centrarlos en pequeñas empresas, que realicen su actividad en los sectores más afectados por la crisis.

300 millones para ayudas
Las bonificaciones, aunque tienen una connotación de apoyo al empresariado, no tienen ningún efecto macroeconómico. Según concretaron varios expertos reunidos en la Comisión de Trabajo, «no disminuyen la tasa de paro, sino que provoca una mayor rotación de los trabajadores». Es decir, los empleos bonificados tienen menos permanencia en el empleo que los asalariados que han sido contratados ordinariamente. Además, las empresas suelen utilizar los contratos subvencionados para emplear a trabajadores con una menor cualificación y contratos ordinarios de 45 días de indemnización para contratar a personas cualificadas, según se desprende de los informes presentados en la Comisión, que evalúa el seguimiento de estas ayudas en los últimos cuatro años.

El impacto del cambio de esta medida se deberá comprobar a largo plazo, ya que de los 2.800 millones que se destinarán en 2010 a las bonificaciones, según informó el Ministerio, quedan disponibles menos de 300 millones de euros. El resto está comprometido con bonificaciones ya realizadas. Dada la escasez de fondos, el Ministerio tendrá que excluir de las bonificaciones a determinados colectivos que necesitan subvenciones para que sean contratados: los mayores de 45 años, según informó Alfonso Prieto. Asimismo, el informe del Ministerio de Trabajo establece que el contrato de 33 días, cuya ampliación se incluye en la propuesta de reforma laboral del Gobierno, tan sólo se ha utilizado para realizar el 24 por ciento de los contratos indefinidos.

Las empresas continúan confiando más en el contrato indefinido ordinario de 45 días de indemnización, según enuncia el informe. Desde 2006, el 76 por ciento de los contratos indefinidos realizados fueron de 45 días.

El Ministerio explica que esto se debe a que, por un lado, el colectivo de 31 a 44 años queda excluido de este contrato y por otro, que el contrato de 33 está limitado al despido procedente. Además, si se rompe el contrato de forma improcedente y éste se complica, la empresa deberá pagar el salario de tramitación, hasta que el juez establezca el despido o se llegue a acuerdo.