Iniesta, el más ‘impactante’

Haberse convertido en el autor del único gol de la final del pasado Mundial ha aupado a Andrés Iniesta al primer lugar entre los futbolistas con más impacto en la prensa escrita en inglés. Dos holandeses, Wesley Sneijder y Arjen Robben, completan el podio como jugadores más mediáticos. Las conclusiones pertenecen a un estudio realizado por la Universidad de Navarra (Unav) que acaba de hacerse público y que ha analizado más de 300.000 noticias publicadas desde enero de 2010.

De los artículos consultados, un 38% procede de Estados Unidos, un 17% de Reino Unido, un 11,5% de Canadá, un 8,6% de Australia y el resto pertenece a periódicos de otros países con el inglés como lengua principal.

En el ‘once’ ideal del Mundial en esta categoría aparecen también otros españoles. Villa es cuarto, Casillas séptimo, Xavi décimo y Pujol undécimo. Completan esta particular alineación los alemanes Müller y Klose y el argentino Messi. Fernando Torres y Xabi Alonso están entre los 20 ‘elegidos’. Iniesta alcanza los 18,2 puntos, mientras Sneijder roza los 17 y Robben los 16 en una clasificación que responde a una metodología basada en los contenidos de los reportajes desarrollada por la Unav.

El estudio se detiene también el impacto de las selecciones, que lidera España, seguida no por la subcampeona, Holanda, sino por Alemania, con la que la ‘oranje’ ‘intercambia’ el puesto alcanzado en el torneo. Uruguay precede a Argentina y Brasil, mientras Inglaterra, Ghana, Portugal y Francia completan el listado de los 10 combinados más mediáticos.

Nuestro país fue responsable del 20,8% de las crónicas que generó el Mundial. Alemania, del 14,8%, y Holanda, que completa el terceto de cabeza, del 14,3%. Además, es significativa la importancia que logran los equipos a partir de octavos de final. España, por ejemplo, ocupaba la octava posición en este apartado tras los tres partidos de la fase de grupos, con el 5,6% de las reseñas.

Maradona
Por lo que respecta a los entrenadores, el más mencionado fue Diego Armando Maradona, seleccionador argentino, con 6,4 puntos de valor mediático, por delante de Vicente del Bosque, con 5,4, y del germano Joaquim Löw, con 2,9. Entre el colectivo de los árbitros, el más aludido fue el inglés Howard Webb, que pitó la final, con 8,2 puntos.

A continuación aparece el uruguayo Jorge Larrieonda, con 4,1 puntos, encargado del Inglaterra-Alemania de octavos en el que no concedió un gol legal a Frank Lampard. El tercer lugar lo ocupa el italiano Roberto Rosetti, con 3,3 puntos, el colegiado designado para el Argentina y México, también de octavos, donde abrió la victoria de la ‘albiceleste’ un tanto en fuera de juego de ‘El Apache’ Tévez. El navarro Undiano Mallenco ‘conquista’ una ‘cómoda’ decimotercera posición.

El informe determina además que el éxito de la selección nacional ha impulsado la mejora de la imagen exterior de España, pero también que se trata de un triunfo ligado a valores emocionales, los que responden a la asociación del país a adjetivos como espectacular, impresionante, aclamado, talentoso, excitante o maravilloso. Sin embargo, no ocurre lo mismo con factores racionales y de responsabilidad. Vamos, que España no ha visto alterada la percepción que transmiten los medios sobre conceptos como innovación, coherencia, compromiso o liderazgo.

“Hay muchos que habrían esperado que el título reforzara la marca España en su asociación con el liderazgo, pero nuestros datos indican claramente que esto no es así. La noción que aparece en la prensa sobre este particular no se liga más ahora al país que hace un mes. Al contrario: son otros aspectos que se han situado en primera fila, ahogando en cierta manera la alianza de España con el perfil de líder”, apunta el autor del estudio, el profesor Francesc Pujol.

Alemania, en cambio, está más vinculada a componentes racionales, a vectores como la excelencia y la eficiencia. Es decir, que el éxito deportivo concentra sus efectos sobre los elementos emocionales y mantiene inalterado el resto. Sin embargo, la revalorización de España como enseña sí tendrá, a juicio del experto, resultados económicos positivos. “Afectará sobre todo a la cultura, las artes y la moda y es probable que aumente el atractivo del país como destino turístico”, señala Pujol. De ahí que hayan ganado, sobre todo, las firmas de los sectores en los que este extremo es más importante para el negocio.

Está claro que se ha producido un cambio de percepción de los medios internacionales tras el título obtenido por España, pero también que esta circunstancia es “insostenible a medio plazo”, según el docente, dado “el alto nivel alcanzado”, muy lejos de “los valores normales que la marca del país tenía antes del campeonato”.

No obstante, apunta, “cabe esperar algunas consecuencias perdurables debido al impacto del torneo, que es masivo, concentrado y global y ha provocado una fuerte identificación entre la selección y España”. Además, “el hecho de que se trate de un deporte de equipo y de que la vigencia del título se mantenga cuatro años seguirá alimentando la asociación a medio plazo”.

Una “distorsión positiva” en su vertiente emocional con un efecto coyuntural y otros perdurables debidos a la huella mediática de un evento que es masivo, concentrado y global, es decir, generador de estereotipos, por una parte y, por otra, capaz de llegar, con un contenido positivo, a muchos rincones del mundo en los que la noción de la marca España era muy vaga.

El precio de la vivienda volverá a subir en 2011 entre un 3% y un 4%

El sector inmobiliario se reactivará a partir del próximo año

El sector inmobiliario recuperará su actividad en 2011, ya que los precios subirán, la venta de viviendas aumentará y el excedente de inmuebles construidos sin vender se reducirá a «niveles residuales», según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE).

El director de investigación del IPE, Patricio Sánchez, explicó hoy en una rueda de prensa que esta reactivación se deberá sobre todo a «un cambio de tendencia» en la caída de los precios, que disminuirá a lo largo de lo que queda de 2010 hasta estabilizarse a finales de año en niveles «muy cercanos al 0 por ciento».

Según la escuela de negocios, la variación en el precio entre 2011 y 2014 será «positiva, aunque moderada» y oscilará entre el 3% y el 4%.

A su vez, Sánchez indicó que, al mismo tiempo, la bajada de tipos de interés – que, según sus cálculos, se mantendrán en el 1,3%- y la recuperación de la economía hará que la capacidad de adquisición de los compradores aumente, lo que a su vez repercutirá en un crecimiento «suave y sostenido» de las ventas.

Por lo que respecta al stock de viviendas, el IPE estima que en 2010 se ha reducido a 614.742 casas, mientras que hace un año superaban las 800.000, y que habrá sido absorbido en su mayoría en 2011.

No obstante, Sánchez apuntó que en el siguiente año 2012 «puede haber cambios», ya que, si bien las expectativas sobre el precio «pueden seguir siendo positivas», la capacidad de compra «puede verse mermada» a causa de una hipotética subida de los tipos de interés motivada por la recuperación de «las principales economías europeas».

El IPE aseguró que la disminución de la capacidad de compra repercutirá en una estabilización de las ventas, en tanto que el stock «se habrá liquidado» con la excepción de «algunas líneas de costa puntuales», en tanto que, a partir de 2013, la tendencia predominante en el sector será de «crecimiento consolidado».

Por su parte, el director general del IPE, José Antonio Pérez, señaló que el repunte en las ventas y la absorción del stock conllevarán un aumento en el número de viviendas iniciadas.

Añadió que la reanudación de la actividad en el sector permitiría que, por cada 100.000 casas que se pongan en marcha, se generen 300.000 empleos directos y 200.000 indirectos, lo que equivaldría al 2,5% del PIB, al tiempo que potenciaría la recuperación del 50% de los ingresos públicos por compraventa de viviendas.

Trabajo se plantea hacer ‘cambios serios’ en el uso de las bajas por enfermedad

La extraña acumulación de bajas por enfermedad entre los controladores aéreos, acusados por Aena y las aerolíneas de hacer una huelga encubierta, ha provocado que el Gobierno abra el debate sobre la regulación legal de las prestaciones por incapacidad temporal.

Durante su intervención en el seminario ‘La reforma del sistema de bienestar’ organizado por IE Business Schooil y Unespa, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se mostró partidario de revisar algunas prestaciones sociales como las recibidas por incapacidad temporal para que «no sean utilizadas de forma desaprensiva» ni «perversamente».

Hasta 28 de los 61 controladores aéreos del centro de El Prat faltaron a su puesto de trabajo este domingo, 24 de ellos por enfermedad. «Estadísticamente es muy difícil que se pueda producir tal número de bajas sin que obedezca a una posición concertada», criticó Granado.

Por ello, el secretario de Estado se mostró a favor de «hacer cambios serios para garantizar que no se confunda enfermos con sanos, ni pícaros y desaprensivos con personas decentes».

«Se deben proteger a los trabajadores enfermos y no pueden ser utilizadas por colectivos que persiguen finalidades diferente, como la obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos», añadió.

Al respecto, aseguró que la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha abierto una investigación junto con Aena para conocer si las bajas son «irregulares».

Reforma de la Seguridad Social
El secretario de Estado también abogó durante su intervención por «aprovechar» la crisis económica para reformar el sistema de la Seguridad Social y tachó de «gravísima irresponsabilidad» que Gobierno, partidos políticos y agentes sociales no sean capaces de llegar a un acuerdo.

Aseguró que hasta ahora los acuerdos en materia de pensiones se han hecho «bien» y sería un «disparate» que no fuera así, al tiempo que puntualizó que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida «razonable» que «no tendrá los efectos devastadores» que algunos predicen.

También apostó por un «reequilibrio» en el diseño de las cotizaciones por contingencias profesionales y dijo que podrían ser «más moderadas» para aquellos sectores más productivos.

Al respecto, anunció que el Ejecutivo estudia una modificación de estas cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad para que actúen como «estímulo a la competitividad de la economía».

Dijo que el Gobierno estudia la evolución que deben tener este tipo de cotizaciones e intentará reducir el próximo año la sobrecotización que hacen empresas que pagan cuotas más elevadas.

No obstante, se mostró en contra de que las pensiones se financien a través de subidas de impuestos, y dijo que, aparte de ser negativo para la competitividad del sector servicios, sería un «penoso error», ya que «cada ciudadano cotiza porque sabe que paga y se le devuelve en forma de prestaciones».

Proyecto de ley de arbitraje

‘Valoramos muy positivamente que desde el Gobierno se promueva, aún más, el
Arbitraje como mecanismo rápido y eficaz de solución de conflictos’
Hasta conocer a fondo el texto del proyecto, se valora concautela y preocupación algunos apartados de la nota de prensa del Consejo de Ministros, en especial la exigencia, en todo caso, de motivación de los laudos por suponer una injerencia innecesaria en la voluntad de las partes que pueden pactar, si así lo estiman que el arbitraje sea en equidad y no necesaria motivación alguna; o tener que acudir al Tribunal Superior de Justicia para el nombramiento Judicial de Árbitros, que puede demorar injustificadamente este trámite que ya era lento a través de los Juzgados de Primera Instancia.

Tampoco se cree positivo que por Ley se limite la posibilidad de hacer constar un voto particular o d irimente por ser una materia que debe ser recogida en los reglamentos institucionales y, en su caso, ser pactado por las partes o que, por Ley, se exija seguros de responsabilidad civil que sirvan más de puerta a reclamaciones que para evitar mala praxis en la labor arbitral.

El apoyo sin fisuras al arbitraje societario, potenciar el papel de la instituciones arbitrales y que decisiones relevantes sean conocidas por el TSJ son uestiones que, por el contrario, se valoran de forma muy positiva porque otorgan al arbitraje el valor real que tiene y puede ayudar a España a atraer arbitrajes internacionales.

Para Javier Íscar, secretario general de Aeade, el “arbitraje tiene vida propia siendo la voluntad de las partes y su libertad de pacto la esencia del mismo. El apoyo de las instituciones, Gobierno y Judicatura es necesario, pero tutelar y ordenar por Ley cuestiones que deben estar en la esfera de la autonomía de la voluntad puede conseguir el efecto contrario del deseado”.

El 85,5% de las pymes siguen teniendo problemas para acceder a financiación pese a las medidas adoptadas

Aumentan las empresas que piden financiación para tener circulante y las que tienen problemas para cobrar de la Administració.

El 85,5% de las pequeñas y medianas empresas españolas que acudieron a una entidad financiera en el segundo trimestre de 2010 tuvieron problemas para acceder a financiación ajena, porcentaje que, pese a las medidas adoptadas hasta el momento, se mantiene prácticamente invariable respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior (85,4%), según datos de la encuesta sobre el acceso de las pymes a la financiación ajena elaborada por las Cámaras de Comercio.

En concreto, el 76,5% de las pymes, más de 1,2 millones de compañías, intentaron acceder a financiación externa en el segundo trimestre de 2010, casi la misma proporción que un año atrás (76,4%). De las pymes con problemas constatados para acceder a financiación, el 11,9% no obtuvo financiación externa, porcentaje inferior al del último trimestre de 2009 (14%) y al del primer trimestre de este año (13,9%).

En cuanto a la cuantía y el volumen de los préstamos, para el 33,3% (403.000 empresas) el volumen de financiación se redujo, mientras que para el 62% de las empresas (751.000 pymes) se incrementó el coste de financiación (tipo de interés) en el último trimestre.

En cuanto a otros costes, para el 66,8% (808.000 empresas) los gastos y comisiones se encarecieron respecto al trimestre anterior, mientras que para el 82% de las pymes (993.000 compañías) aumentaron las exigencias de garantías y avales. Además, al 45,7% de las empresas (454.000) se les requirió una garantía de carácter personal. Asimismo, para el 47,8% de los pequeños y medianos negocios (578.000 empresas) se dilató el plazo de la respuesta de la entidad financiera a su solicitud en los últimos tres meses, al tiempo que al 5,8% de las pymes (70.000 empresas) se les exigió un plazo de devolución más reducido.

El 92% Necesita circulante
El 92% de los negocios (1,1 millones de empresas) que solicitó recursos externos lo hizo para financiar su circulante, porcentaje superior al del último trimestre de 2009 (84,3%) y al del primer trimestre de este año (86,8%). Además, el 30,3% de las pymes que solicitaron financiación ajena lo hicieron para afrontar proyectos de inversión, frente al 14,5% de principios de este año. Dentro del total de 1,2 millones de emprendedores que demandaron financiación en los tres primeros meses del curso, el 90,8% experimentó un retraso en los pagos de sus clientes, con un promedio de demora de en torno a los 4,4 meses. En cuanto a la Administración pública, el 49,4% de las empresas proveedoras sufrió problemas para efectuar el cobro, cifra ligeramente superior a la del último trimestre de 2009 y a la del primer trimestre de este año (46,2%).

RETRASOS DE 5 MESES EN LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Así, los problemas principales para materializar el cobro se han presentado con la Administración local (27,8%), en segundo término con la autonómica (22,8%) y, por último, con la Administración central (10,1%). El retraso medio en el cobro a los tres niveles de Administración Pública se situó cerca de los cinco meses en promedio. Por otra parte, el 36,3% del total de empresas demandantes de recursos externos (439.000) solicitó líneas de crédito del ICO, de los cuales un 34,5% encontró obstáculos para la concesión de financiación. Esta última cifra es la más baja desde que las Cámaras realizan esta encuesta. En concreto, el 84% de los empresarios consideraron que las condiciones establecidas para acceder a las líneas de crédito son muy complejas, y un 26% de los solicitantes indicó que la entidad financiera no les proporcionó información al respecto.

Chapuzas con el IVA

Una norma de abril pasado desbarata las perspectivas de alivio que preveían las empresas dedicadas a las reformas. Solo se puede aplicar el tipo reducido del IVA si los materiales no superan el 33% del presupuesto, lo que frena a muchos clientes. El grupo ERC-IU-ICV ha recogido las quejas y ha propuesto modificar los criterios que fija esta norma.

La conversación antes de comenzar el trabajo acaba muchas veces así: «¿Con IVA o sin IVA?». Y no es que esa pregunta que se hace antes de iniciar cientos de obras en la economía sumergida ya no se haga. Es posible que se multiplique, según las empresas dedicadas a las reformas de cocinas y baños, las más habituales dentro de lo que se conoce como pequeñas obras.

«Hacemos muchos menos presupuestos, y los pocos que logramos se convierten en un auténtico conflicto con el potencial cliente. Este considera que tiene derecho a un IVA del 8% porque el Gobierno hizo publicidad de ello cuando reformó la norma para estimular las obras y reformas, pero, en cambio, no nos queda más remedio que aplicarle el 18%», explica quejoso José Luis Gaspar, presidente del Gremi d’Equipamient de Cuines i Banys de Catalunya (GECB).

El problema del material
Por si la crisis no fuera suficiente, el cambio en la normativa introducido hace unas semanas para estimular la actividad y, por extensión, el empleo a través de las pequeñas obras de reforma, aún les pone las cosas peor, dicen. Hasta entonces, se podía aplicar el 7% de IVA (8% desde el 1 de julio) en este tipo de obras siempre que los materiales no significaran más del 20% del coste total del proyecto. Desde abril, ese tope es del 33%, lo cual afecta esencialmente a las empresas que realizan reformas integrales y aportan no solo los materiales que no se ven (cemento, colas) sino muebles y otros que suponen «en promedio el 65% del coste total» y que en Catalunya son mayoría, sentencia Gaspar.

«Con el cambio, estimulan que el cliente se compre por su cuenta los materiales, lo cual carece de ventajas para él; o que recurra a la economía sumergida, es decir, a alguien que le haga las obras sin aplicar el IVA. Desde luego, no facilitan que se contrate a las 1.200 empresas que hacen este trabajo de forma integral en Catalunya», afirma. El cambio introducido por el Gobierno, en su opinión, resulta «decepcionante e inaplicable» y ha provocado «caos y tensión».

Y la falta de actividad, que se ha multiplicado con la subida del IVA el pasado 1 de julio, no es rara. Contando con que una reforma de esta naturaleza cuesta entre 15.000 y 18.000 euros, que el gravamen sea el 8% o que sea el 18% supone ocho puntos de diferencia en el precio final que paga el cliente. Eso, evidentemente, le retrae. Por ejemplo, si el coste de los materiales sobrepasa el 33%, los 18.000 euros acaban en 21.240, el 9,25% más o 1.800 euros de diferencia en la factura final.

Las empresas afectadas exigen equidad y transparencia al aplicar la normativa y un cambio urgente, así como poder gravar con el tipo reducido la mano de obra y con el 18% la parte del material que supere el 33% del coste total. Eso, afirman, lo adaptaría al espíritu de la directiva comunitaria que estimula la ventaja fiscal para este tipo de trabajos. El grupo de ERC, IU e ICV ha recogido el guante y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley. En la misma advierten de que el real decreto «comporta que la Agencia Tributaria haga una interpretación que dificulta que numerosas obras susceptibles de acogerse a dichos cambios finalmente lo pueden hacer (…)».

La propuesta alerta de que «la práctica habitual del sector que comporta hacer confluir en numerosas ocasiones y a petición del cliente, la aportación de materiales y de mano de obra vinculada a la renovación y reparación de viviendas en una misma persona no se vería penalizada».

España lideró la caída de la construcción en la Eurozona en mayo

La actividad del sector de la construcción en la zona euro registró en mayo un descenso de un punto porcentual respecto al mes anterior, cuando había retrocedido un 0,3%, mientras que en términos interanuales acumuló un descenso del 6,3%, según los datos de Eurostat.

Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea (UE) la producción del sector de la construcción bajó seis décimas respecto a abril, cuando había caído un 0,5%, mientras que retrocedió un 2,4% respecto a mayo de 2009.

En términos mensuales, la construcción de edificios bajó un 1% en la eurozona y un 0,5% en la UE, mientras que la obra civil disminuyó un 3,2% y un 1,1%, respectivamente. Por su parte, en los últimos doce meses la construcción de edificios bajó un 5,3% en la zona euro y un 2,2% en la UE, mientras que la obra civil retrocedió un 9,9% en la zona euro y un 1,5% entre los Veintisiete.

De este modo, entre los países cuyos datos estaban disponibles, la actividad en el sector de la construcción bajó un 6,6% mensual en Rumanía y un 5,6% en Eslovaquia, mientras que los mayores incrementos mensuales se observaron en República Checa (+7,2%) y Polonia y Países Bajos (+3,7%).

Asimismo, en términos interanuales los mayores descensos corresponden a Rumanía (-20,2%) y España (-18,9%), mientras que Reino Unido (+10%), Países Bajos (+5,7%) y Alemania (+3,8%) registraron los mayores avances.

Los grandes municipios paralizan la inversión por los planes de ajuste

Los grandes municipios afrontan una coyuntura muy difícil. Los 13.000 millones que han recibido en 2009 y 2010 para sufragar obras con cargo al fondo de inversión local no se renovarán en 2011, el Estado les ha prohibido recurrir al endeudamiento ante la delicada situación financiera por la que atraviesan (la deuda municipal se ha elevado un 15% en el primer trimestre de 2010) y los sucesivos planes de ajuste les han obligado a recortar las partidas de gasto previstas para este ejercicio.

Y entre ellas destacan las grandes infraestructuras, que se han visto retrasadas y en muchos casos paralizadas por los recortes presupuestarios. Un buen ejemplo de esta tendencia es el Ayuntamiento de Madrid, que ha paralizado de una tacada las obras del Estadio de Vallehermoso, el Centro de Convenciones y la Ciudad de la Justicia, con un coste estimado de 700 millones de euros. El consistorio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón es el más endeudado de España, con una deuda de 7.314 millones de euros en el primer trimestre de 2010, lo que supone el 20% del total de los municipios.

Pese a que el resto de grandes ayuntamientos no esté en una situación tan delicada, todos han tenido que frenar o retrasar su programa de grandes obras. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, anunció la paralización de la construcción del Zoo Marino (200 millones) o de la reforma del Castillo de Montjuïc (40 millones). El plan de ajuste también retrasará al menos un año las obras del Disenny Hub Barcelona, sede del nuevo Instituto de Cultura de Barcelona.

El resto de grandes consistorios también se ha visto obligado a recomponer sus previsiones de gasto en obras emblemáticas. Valencia ha paralizado la rehabilitación del Casinet (600.000 euros) y ha reducido de 4,1 a 1,1 millones de euros la inversión prevista en el Puente de Fusta, una de las principales pasarelas peatonales. El crédito de 13 millones que el ayuntamiento había pedido para la rehabilitación del edificio de Tabacalera ha sido cancelado y se utilizarán fondos ya asignados a un plan de recuperación del barrio del Cabanyal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ya ha advertido que el ajuste en el gasto le va a obligar a retrasar todas las obras incluidas en el plan estratégico Sevilla 2020, como la creación de un tranvía que complemente a la red del suburbano o la conversión de los abandonados terrenos de la Expo 92 en un nuevo barrio. «No vamos a dejar de hacer las obras, aunque se tardará más en hacer», avisó Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla. El Ayuntamiento de Málaga tampoco ha sido ajeno al recorte de gasto y ha reprogramado tres grandes obras (dos aparcamientos para residentes y varias salas del tanatorio) por valor de 11 millones de euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza es quizá el principal exponente de cómo la crisis y el ajuste en el gasto ha bloqueado la inversión en infraestructuras. Francisco Catala, concejal de Hacienda, anunció que la inversión se reducirá en un 50% en 2011. Y la partida más perjudicada será la de las obras, ya que en las cuentas públicas se contempla que no se iniciará ni una obra nueva (incluidas las pendientes de adjudicación) y que sólo se atenderán gastos ligados a financiación europea y los que jurídicamente no se puedan aplazar.

CC OO teme que BBK prevé reducir 900 empleos y cerrar 100 oficinas de Cajasur

Según explicó el portavoz de CC OO en CajaSur, José Rafael Navarro, esa información les ha llegado desde la propia BBK, de la que se han hecho eco también medios de comunicación del País Vasco, lo que, de confirmarse, a los sindicalistas de CC OO no les «gusta nada, aunque todavía no se sabe si esos 900 empleos se refieren a CajaSur y su grupo de empresas, ni tampoco se sabe qué criterios determinarán el cierre de 100 oficinas».

Ante esto, Navarro destacó que su sindicato, que es el mayoritario en BBK (52% de representación de los trabajadores), mantendrá la misma posición que cuando se negociaba la ya frustrada fusión de CajaSur con Unicaja, es decir, que para cualquier ajuste de plantilla se apliquen los principios de «voluntariedad y de universalidad, desde la renuncia a la adopción de medidas traumáticas (despidos)» para reducir la plantilla.

Por otro lado, Navarro aclaró que la adquisición de CajaSur por BBK no implica la integración de la caja cordobesa en la vasca, ya que lo que ocurrirá es que «se creará un banco, con lo que hoy es CajaSur, que será propiedad de BBK, con su ficha bancaria propia, es decir, habrá un cambio en la naturaleza jurídica de la entidad, que pasa de ser una caja de ahorros a ser un banco», con lo que ello puede conllevar para las condiciones laborales de los empleados del nuevo banco, en cuanto a si se les podrá aplicar o no el vigente convenio de cajas de ahorros.

En cualquier caso, pendientes de si se confirma o no la intención de BBK de prescindir de cerca de un tercio de la plantilla de CajaSur, bajo qué fórmula se hará y de cuántas oficinas cerrará, los representantes de CC OO en la caja cordobesa coincidieron en valorar positivamente «el modelo de gestión y la solvencia» de BBK, que representa «un modelo de gestión profesional y técnico, muy distante de lo que hasta ahora ha tenido CajaSur».

Octavio Granado se muestra a favor de revisar algunas prestaciones para evitar un uso «perverso»

El secretario de Estado de la Seguridad Social apuesta por un «reequilibrio» en el diseño de las cotizaciones por contingencias profesionales.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se mostró hoy partidario de revisar algunas prestaciones sociales para que «no sean utilizadas de forma desaprensiva» y dijo que las de incapacidad temporal no pueden ser utilizadas «perversamente». Durante su intervención en el seminario «La reforma del sistema de bienestar» organizado por IE Business School y Unespa, Granado aseguró que «hay que hacer cambios serios para garantizar que no se confunda enfermos con sanos, ni pícaros y desaprensivos con personas decentes».

En este sentido se refirió al absentismo de los controladores aéreos del aeropuerto del Prat en Barcelona y dijo que «estadísticamente es muy difícil que se pueda producir tal número de bajas sin que obedezca a una posición concertada».

Al respecto, aseguró que la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha abierto un operativo de investigación junto con AENA para conocer si las bajas son «irregulares».

Granado fue contundente al aseverar que el Gobierno podría estudiar una modificación de la regulación legal de las prestaciones por incapacidad temporal ya que aseguró que éstas deben «proteger a los trabajadores enfermos y no pueden ser utilizadas por colectivos que persiguen finalidades diferente, como la obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos.»

Asimismo, durante su intervención el foro de debate sobre las pensiones, el secretario de Estado abogó por «aprovechar» la crisis económica para reformar el sistema de la Seguridad Social y tachó de «gravísima irresponsabilidad» que Gobierno, partidos políticos y agentes sociales no sean capaces de llegar a un acuerdo.

Aseguró que hasta ahora los acuerdos en materia de pensiones se han hecho «bien» y sería un «disparate» que no fuera así, al tiempo que puntualizó que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida «razonable» que «no tendrá los efectos devastadores» que algunos predicen.

También apostó por un «reequilibrio» en el diseño de las cotizaciones por contingencias profesionales y dijo que podrían ser «más moderadas» para aquellos sectores más productivos.

Al respecto, anunció que el Ejecutivo estudia una modificación de estas cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad para que actúen como «estímulo a la competitividad de la economía».

Dijo que el Gobierno estudia la evolución que deben tener este tipo de cotizaciones e intentará reducir el próximo año la sobrecotización que hacen empresas que pagan cuotas más elevadas.

No obstante, se mostró en contra de que las pensiones se financien a través de subidas de impuestos, y dijo que, a parte de ser negativo para la competitividad del sector servicios, sería un «penoso error» ya que «cada ciudadano cotiza porque sabe que paga y se le devuelve en forma de prestaciones».