La mitad de los ahorradores, preocupados por la solvencia de su banco

Casi la mitad de los ahorradores españoles (48,5%) se muestran preocupados por la solvencia de la entidad financiera con la que trabajan, según se desprende de la encuesta realizada por la European Financial Planning Association (EFPA) entre sus asociados.

Esa preocupación por la solvencia, consecuencia de la actual crisis económica, sería la principal conclusión del estudio en el que han participado un total de 1.500 asesores financieros.

Los asesores encuestados consideran que casi todos los inversores (95,5%) han disminuido su confianza en las entidades financieras, un dato que también queda de manifiesto al constatar un mayor rechazo hacia productos con mayor riesgo (28%).

En este sentido, el 62% de los asesores financieros considera que tanto profesionales como bancos gozan de bajo prestigio entre sus propios clientes. Por todo esto, la mayoría (92,8%) considera que las entidades deberían hacer un mayor esfuerzo por mejorar su imagen ante la sociedad en el momento actual.

No en vano, y según los propios datos de la encuesta, más de la mitad de los encuestados (53,7%) señalan que sus clientes siguen pensando que las entidades financieras anteponen sus propios intereses a los intereses de sus clientes después de la crisis, mientras otro 41,4% considera que esta postura de las entidades no ha variado después la crisis.

Respecto a las soluciones que tendrían que llevar a cabo las entidades financieras para mejorar su imagen, la opción mayoritaria sería la de prestar mayor atención y seguimiento de las necesidades de la clientela, valorada con un 4,2 sobre 5 por los encuestados.

De cerca estarían otras medidas encaminadas a mejorar la relación cliente-entidad, como sería la de saber reconocer y poner solución inmediata a los problemas con la clientela (4,1) o tener total transparencia en el tema de comisiones y retribuciones (4,1).

La transparencia es vital
La transparencia se erige como vital en la renovación de la confianza en las entidades financieras. Al preguntar por las medidas que deberían poner en marcha los bancos para mejorar su imagen, la más valorada (4,3) sería la de mostrar mayor claridad en la explicación de sus productos, seguida con un 4,1 por la de mostrar total transparencia con las comisiones de sus productos.

En esa renovación de la confianza en las entidades también se apunta a medidas como la despolitización de las mismas (4,3), por delante de las nuevas normas regulatorias que afectan a la banca (3,8), mayor control de la retribución de los directivos (3,7), o la salida a Bolsa de algunas entidades y la entrada del FROB en otras (3,4).

Por último, en cuanto a la figura del asesor financiero, el estudio destaca la necesidad de que el profesional bancario disponga de mejores conocimientos y cualificación, la medida más valorada para conseguir la regeneración del sector.

[Via CincoDias]

¿Pagar menos a Hacienda en la próxima declaración? Es hora de tomar decisiones

Como cada año, se acerca el cierre del año fiscal y es el momento de aprovechar para tomar como contribuyente las medidas adecuadas para reducir al máximo nuestra factura con Hacienda, rebaja que puede llegar hasta los 1.600 euros. Es ahora cuando tenemos que ponernos en marcha para que el próximo junio no nos encontremos con sorpresas en la declaración de la renta 2011.

Como siempre, dejarse llevar por los impulsos y permitir que corra el tiempo sin hacer nada sale muy caro, así que si no somos terriblemente ricos o terriblemente indolentes, debemos ponernos ya mismo a tomar medidas.

¿Y qué medidas? Las hay, dentro de la ley, y sin incurrir en fraude fiscal. Las hay, y según la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cada contribuyente puede ahorrarse entre 1200 y 1600 euros en su próxima declaración si tiene un poco de ojo.

CAMBIOS EN LA DEDUCCIÓN DE LA VIVIENDA.
Con la desaparición de la desgravación por vivienda habitual, no vale ya la pena apurarse en estos últimos meses para comprar un piso, a menos que la renta bruta anual sea inferior a 24.107 euros. Y con esa renta bruta, salvo casos excepcionales, es difícil encontrar vivienda o banco que conceda la hipoteca para comprarla. El año pasado vimos un repunte del agónico mercado inmobiliario por esta razón, pero en estos momentos lo único que puede tener alguna utilidad es la rehabilitación o mejora de una vivienda.

Es importante tener en cuenta la posibilidad de que el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apruebe durante el ejercicio 2012, como prometió, la recuperación de la deducción por vivienda incluso con carácter retroactivo. Aunque probablemente la medida no entraría en vigor hasta el año 2012 podría aplicarse también con carácter inmediato.

REHABILITACIÓN
Hay que tener en cuenta que se aplica una deducción del 10 % por las obras de mejora de vivienda habitual, siempre que cumplan una serie de condiciones. Por ejemplo, no se admiten las ampliaciones de la vivienda, ni las mejoras decorativas, ni cambiar el baño de toda la vida por un jacuzzi, pero sí son deducibles las obras que tengan como objeto mejorar la eficiencia energética de la vivienda, sus aislamientos, cubiertas, instalaciones de agua, gas, electricidad, la mejora de accesibilidad para discapacitados, o incluso acceso a internet.

Estas obras, que disfrutan además de un tipo reducido de IVA, pueden convertirse en el mundo real en casi cualquier cosa, así que conviene pensarlo un poco a la hora de acordar los conceptos de las reformas con los contratistas.

PLANES DE PENSIONES
Otra manera de reducir la cuota que nos saldrá en el próximo IRPF son las aportaciones a los planes de pensiones. Las cantidades aportadas a estos planes por menores de 50 años disfrutan de una deducción del 30 % y llegan hasta el 50 % cuando el sujeto pasivo es mayor de 50 años. El límite deducible para estos casos es de 10.000 euros y 12.500 respectivamente, aunque puede modificarse en la Ley de Presupuestos Generales, aún por aprobar (y que posiblemente no se apruebe en una buena temporada, ya que las elecciones son el 20 de noviembre).

PLUSVALÍAS Y MINUSVALÍAS EN BOLSA
Un tercer modo de reducir la factura fiscal es armonizar las ganancias financieras con las pérdidas. Quienes tengan plusvalías hasta este momento, pueden evitar pagar por ellas vendiendo acciones, fondos u otros productos financieros en los que acumulen pérdidas. Por ejemplo, quien a principios de año hizo una buena operación bursátil, con beneficios, pero se quedó pillado en otros valores que han ido acumulando pérdidas, puede vender algunas de estas últimas acciones para compensar los beneficios de la primera operación y evitar así pagar el 21 % de lo ganado mientras se come él solito, de momento, el total de las pérdidas.

Hay más opciones, como la creación de una cuenta ahorro-empresa, para los que estén pensando en ponerse crear una empresa, pero las más comunes, las que afectan a más gente, son las expuestas anteriormente. De todos modos, lo difícil es haber tenido grandes beneficios durante 2011.

[Via Invertia]

La reducción de las cargas urbanísticas busca estimular la construcción

La consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha asegurado que la reducción de cargas urbanísticas que contempla la Ley de Acompañamiento tiene como objetivo estimular el sector de la construcción y crear empleo garantizando las dotaciones e infraestructuras de los municipios.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Mariño se ha referido a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad, conocida como Ley de Acompañamiento, que contempla reducir las cargas urbanísticas en la Ley de Suelo, especialmente en cesiones en redes supramunicipales, para bajar los costes de urbanización.

La consejera ha dicho que las cesiones obligatorias de suelo han incidido «de forma muy negativa» en el precio de la vivienda, y por eso con la supresión de la obligatoriedad de las cesiones se abaratará la construcción.

«Nuestra propuesta garantiza las zonas verdes, dotaciones e infraestructuras, pero reduce las cargas que incrementan el precio del suelo y la vivienda», ha especificado.

Mariño ha afirmado que las cesiones no se acotarán por ley, sino que se decidirán «en función de las necesidades reales de cada municipio, generando una mayor incidencia en la prestación de los servicios municipales».

«Los servicios y equipamientos quedan perfectamente cubiertos; el sistema de redes locales se actualiza, pero mantenemos los 30 metros cuadrados de cesión por cada 100 construidos y flexibilizamos su contenido: 15 metros cuadrados sí tendrán que seguir siendo para zonas verdes privadas y computarán como red local, pero no será necesario que el ayuntamiento asuma el mantenimiento de espacios verdes privados adicionales», ha explicado.

[Via ElMundo]

Los empleados del sector público cobran más que los del sector privado

Los asalariados del sector público tienen salarios más elevados que los del sector privado en términos relativos, según los datos difundidos hoy por el INE. Según indica, la mayor concentración de sueldos altos el los empleos públicos se explica por los niveles de estudios superiores y se localiza principalmente en Educación y Sanidad.

No obstante, el porcentaje de asalariados del sector público que se encuentra en el tramo de salarios más elevados descendió el año pasado al 20,8%, frente al 22,6% de 2009.

Por sexos, las mujeres presentan una mayor concentración relativa en salarios bajos que los hombres, tanto si trabajan a tiempo completo como si lo hacen a tiempo parcial. El menor nivel salarial de las mujeres se explica por su mayor presencia en actividades poco remuneradas y por tener una mayor proporción de contratos temporales, recoge el Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa 2010.

Los asalariados a tiempo parcial son los que presentan los salarios más bajos. Concretamente, el 87,8% de los asalariados que menos cobran tienen un trabajo a tiempo parcial. Los trabajadores a tiempo completo con salarios más bajos representaban el 1,4% en 2010, frente al 1,3% de 2009, mientras que los que presentan los salarios más elevados se han mantenido en un 11,7%.

Temporales, jóvenes y extranjeros
Por sectores, el INE constata que los salarios más altos se encuentran en la rama de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire condicionado y también en actividades financieras y de seguros y en información y comunicaciones.

Por el contrario, las remuneraciones más bajas las tienen las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, la hostelería, otros servicios, actividades administrativas y servicios auxiliares, y actividades artísticas y de entretenimiento,

Los sueldos más bajos tienden a concentrarse en los trabajadores temporales, en empresas de menor dimensión y en los jóvenes, frente a los trabajadores de mayor edad, que presentan un mayor peso relativo entre los sueldos más altos. Asimismo, los extranjeros se concentran en los niveles salariales más bajos, característica que también se da en los españoles de doble nacionalidad.

Madrid y País Vasco, a la cabeza
Por comunidades, Madrid y País Vasco son las regiones con sueldos más elevados. En la primera, el 15,8% de los asalariados se encontraban en 2010 en el tramo más alto de remuneraciones, frente al 14,1% de 2009. En el País Vasco, el 13,8% de los asalariados se hallaban en este tramo, porcentaje que ha bajado tres décimas respecto a 2009.

En el lado opuesto, con los salarios más bajos, se encuentran Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En esta última región se concentraban en 2010 el 20,3% de los asalariados que menos dinero ganan, un punto más que en 2009.

En cuanto al nivel educativo, las personas con estudios superiores constituían el 79,4% de los asalariados mejor remunerados, frente al 81,5% de 2009. Además, en 2010, el porcentaje de asalariados en el tramo de remuneraciones más elevadas que sólo declaraban formación básica o de desarrollo personal era del 17,8%, en contraste con el 16,5% de 2009.

Si se tiene en cuenta el número de trabajadores en el establecimiento o lugar de trabajo, el porcentaje de salarios en el tramo más alto figura en las empresas de más de 250 trabajadores, pasando del 23,1% en 2009 al 22,6% en 2010.

[Via ElEconomista]

Las pymes piden al Gobierno sanciones para los morosos

Las pequeñas y medianas empresas españolas reclaman al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy mano dura contra las empresas morosas. El secretario general de la patronal Pimec y portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, está convencido de que «hasta que se apruebe el reglamento sancionador de la ley de Morosidad no solventaremos el principal cáncer de la economía española».

Cañete participa hoy como conferenciante en el foro Cornelllà Creació, que cuenta con el patrocinio de elEconomista, donde desglosará la situación de la morosidad en España y enumerará las peticiones que las pymes realizan al nuevo Ejecutivo del PP.

En una entrevista con este diario, Cañete considera que la morosidad «era un cáncer que ya existía en la época de bonanza que hemos vivido y que, con la crisis, ha hecho metástasis y se ha extendido a todas la empresas». Sin embargo, reconoce que la última modificación de la Ley de Morosidad de 2010 ha fijado un marco adecuado para «empezar a curar la enfermedad». En su opinión, «la derogación del acuerdo entre las partes que permitía la ley de 2004 es la mejor noticia, ya que ahora las empresas saben que pagar a 300 días es ilegal y eso es un cambio muy importante».

También advierte que algunos grupos de presión empresariales (como el de la construcción Seopan) han hecho gestiones para que el acuerdo de pago entre las partes vuelva a entrar en vigor. «En realidad no es un acuerdo entre las partes, sino un chantaje a la empresa pequeña, que si no admite las condiciones de la empresa grande no puede venderle», afirma, «por lo que es muy importante que la legislación se mantenga».

Lo que lamenta es que no se haya desarrollado el reglamento sancionador para quienes incumplen la ley, porque «en realidad es como ir a 180 kilómetros por la autopista y que te digan que está prohibido y no recibas ninguna multa».

Cañete destaca como positivo que las grandes empresas cotizadas tengan que dar cuentas a los auditores y al registro mercantil de los plazos de pago de sus facturas, porque de esta forma van a tener que cumplir con la ley.

Mejora el sector privado
La reforma favorable que ha provocado la ley de Morosidad es cuantificable. Desde que entró en vigor, los plazos de pago en el mundo empresarial se han reducido de 99 a 93 días y es muy probable que este año se alcancen los 85 días. Cañete explica que «es un hecho uy importante, porque en Pimec hemos calculado que pasar de 98 días de media de pago a 60 días sería equivalente a inyectar al sistema empresarial 1.100 millones de euros».

Donde las cosas van por el camino contrario es en el sector público. Los pagos de la administración han pasado de 143 días de plazo a 147 días. «Es una media injusta porque hay administraciones que pagan muy bien y otras como Andalucía o la Comunidad Valenciana lo hacen a 300 y 400 días».

[Via ElEconomista]

Las cajas fusionadas aún mantienen a más de 3.650 consejeros con sus dietas

Las antiguas cajas de ahorros mantienen aún a 3.657 representantes en sus órganos de gobierno. A pesar de la transformación que ha sufrido el sector en los últimos años, fruto de las fusiones y la conversión de sus filiales financieras en bancos, estas entidades cuentan con este volumen de cargos electos en sus estructuras, la mayor parte de los cuales son políticos y sindicalistas.

La función de las cajas a partir de ahora será exclusivamente la gestión de la obra social, por lo que muchos expertos coinciden en señalar que tendría que reducirse al máximo posible esta estructura y crear patronatos, similares a los de las fundaciones.

El mantenimiento de estos órganos está permitiendo a exresponsables del sector una salida laboral tras el proceso de reestructuración, que ha supuesto al Estado un coste superior a los 18.000 millones hasta el momento. Dos de los ejemplos más claros son los de José Luis Olivas y Julio Fernández Gayoso. El primero ha dimitido de la vicepresidencia de Bankia y BFA, pero permanece al frente de Bancaja. El segundo se ha quedado en Caixanova tras abandonar el consejo de NGC Banco.

Los diferentes puestos electos en las antiguas cajas conllevan el cobro de dietas por asistencia a las reuniones de los diferentes órganos (asambleas, consejos de administración y distintas comisiones). Aunque la cifra, a simple vista, no es demasiado elevada, supone un coste para estas entidades.

1.400 euros por asisitir
Sólo en 2010, los miembros del consejo y las comisiones -ejecutiva, de control, de retribuciones y de inversiones- de las cajas que han tenido que fusionarse y, en la mayor parte, necesitar ayudas públicas percibieron casi 12 millones de euros. A estas partidas habría que sumar las dietas que reciben los consejeros generales por acudir a las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias.

Las entidades no publican este coste, pero fuentes del sector lo calculan en otros 8 o 10 millones. La mayor de todas, Caja Madrid, paga 1.382 euros brutos por consejero por la asistencia a cada asamblea. Y son 343. Cada año se celebran de manera ordinaria y ge- neralizada en el sector dos reuniones, por lo que desembolsa cada ejercicio más de un millón de euros. El dinero neto que se percibe individualmente por representante es de 833 euros.

La entidad ha tomado algunas medidas para disminuir este gasto. Hace un año, tras cerrar la constitución de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -matriz de Bankia-, redujo un 5 por ciento las dietas a todos los consejeros generales.

En el caso de Bancaja, socia de Caja Madrid, los consejeros generales cobraron en conjunto 227.000 euros únicamente por asistir a las asambleas el ejercicio pasado.

En la mayor parte se han reducido el número de reuniones de las comisiones, con lo que el gasto es menor, y en otras, por una adaptación de las leyes autonómicas, se están disminuyendo los órganos de gobierno, como en Caja Segovia, que acaba de limitar a asamblea, consejo de administración y comisión de control la estructura. Además, la entidad castellano y leonesa ha impuesto una sola cita de la asamblea general, en la primera mitad de cada ejercicio.

En algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, se prohibe la recepción de dietas por su representación en las cajas, pero en la mayor parte de los organismos con derecho a ocupar estos cargos electos no. Otra excepción también es el caso de los sindicatos, cuyos representantes tienen la obligación de reintegrar este pago a la organización.

Conversión en fundaciones
En los últimos meses han surgido voces en contra de esta estructura porque supone un gasto innecesario y consideran que el PP debería cambiar la ley para impedir este tipo de emolumentos con la constitución de fundaciones para obligar a las comunidades autónomas a cambiar la normativa. Ponen como ejemplo el caso de Caja Castilla-La Mancha, que tras su desaparición y adjudicación a Cajastur, se transformó en fundación. A día de hoy esta institución cuenta con un patronato constituido por 21 personas, además de una comisión ejecutiva formada por ocho miembros.

Este es el paso que, según los expertos y parte del sector, tendrían que dar las cajas fusionadas y las que han convertido sus filiales financieras en bancos. En el seno de las propias entidades se apunta hacia los gobiernos regionales, que son los que tienen la potestad para modificar la legislación y suprimir las duplicidades y estructuras innecesarias que han surgido a raíz del proceso de reestructuración.

La actual legislación permite a las cajas mantener su estatus y su ficha bancaria, a pesar de su conversión en bancos. Sólo si la mayor parte del capital está en manos de un inversor privado o el Estado éstas pierden esta condición y deben de mutarse en fundación. En los próximos meses está previsto que las cuatro que han sido nacionalizadas recientemente llevarán a cabo este proyecto, a pesar de las resistencia de los distintos gobiernos autonómicos.

En primer lugar el Banco de España quiere cerrar su saneamiento y venta de CatalunyaCaixa, NGC Banco, Unnim y CAM y, posteriormente, hacer las modificaciones precisas sobre su reglamentación estatutaria.

[Via ElEconomista]

No puedo pagar la hipoteca, ¿me declaro en concurso de acreedores?

Los datos son reveladores. En 2004, cuando la crisis económica todavía no era una realidad, apenas nueve personas físicas se declararon en concurso de acreedores. En 2009, la cifra superó el millar y un año más tarde, volvía a acariciarse esta cifra. En los primeros seis meses de 2011, en plena debacle económica, ya han sido más de 500 personas las que se han declarado insolventes, según el INE.

Si bien es cierto que hasta 2003 las personas físicas no podían acogerse al concurso de acreedores, la realidad es que en España esta figura, “típica del derecho anglosajón, está muy estigmatizada”, comenta a El Confidencial Santiago Viciano socio del despacho de abogados Viciano y Álvaro / V Abogados. Aun así, la cifra no deja de aumentar. Desde que comenzó la crisis supera los 4.000 concursos. Su despacho ha llevado este año más de 30 casos.

“En España muy pocas personas se acogen al concurso a diferencia de lo que sucede en Alemania o Reino Unido donde cada año miles de familias, independientemente de si hay crisis o no, o de si aumenta el paro no, recurren a esta fórmula para declararse insolventes”, explica a este diario el abogado Carlos Guerrero socio responsable del bufete MAB Legal & Corporate. “Aquí falla la ley”, añade. En los primeros seis meses de 2011, su bufete atendió 15 casos, mientras que desde el verano, la cifra se ha multiplicado por cuatro.

La explosión de la crisis, especialmente en los dos últimos años, ha provocado un vuelco en las cifras. Numerosas familias españolas se encuentran entre la espada y la pared a la hora de hacer frente a sus deudas con el banco. Llegar a fin de mes se ha convertido en una auténtica aventura para muchas de ellas a quienes la hipoteca y los préstamos personales ahogan cada vez más.

Más de 170.000 familias han sido desahuciadas y otras tantas se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria, y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó entre 2004 y 2008, en pleno boom, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas.

El concurso no exime del pago de la hipoteca
Pero, quien se se declara en concurso de acreedores ¿debe seguir pagando la hipoteca? «Para que un juez admita el concurso deben darse, entre otras circunstancias, que exista pluralidad de acreedores. En nuestro bufete, el perfil más frecuente son personas con un préstamo con garantía hipotecaria, un leasing sobre el coche y varios préstamos personales con bancos o financieras», explica Viciano.

“Cuando una persona o una familia recurre a esta opción es porque, por culpa del paro y de la crisis, cuenta con menos ingresos, y aunque puede pagar la hipoteca no llega a pagar el resto de sus deudas. En estos casos puede presentar el concurso en el Juzgado de lo Mercantil e intentar paralizar el pago de las deudas”.

Pero, una vez admitido el concurso, «no se paraliza el pago de la deuda hipotecaria sino el de los préstamos personales como tarjetas de crédito, préstamos al consumo, intereses de la deuda…”, añade Guerrero. “Por eso, cuando el mayor problema del deudor es que no puede pagar la hipoteca, no tiene sentido que pierda el tiempo y el dinero acogiéndose al concurso de acreedores”, añade.

Liquidación de bienes o acuerdo con los acreedores
Al paralizar esos pagos, la persona o la familia gana tiempo. «Consiguen un balón de oxígeno. Esto les permite ir ahorrando y poder pagar la hipoteca mensualmente”, comenta Santiago Viciano. «Imagina, por ejemplo, una familia con 2.500 euros de ingresos y 2.000 gastos de hipoteca (1.000 euros) y préstamos al consumo (otros 1.000 euros). Con el concurso pueden continuar pagando la hipoteca y no llegar tan asfixiados a fin de mes», añade.

Una vez presentado el concurso, se abren dos vías para el deudor. La liquidación de todos sus bienes -casa, coche, fondos de inversión, etc- o un convenio entre los acreedores. Para que esto último sea posible, la ley establece que es necesario conseguir que la mayoría de ellos vote a favor de la propuesta del deudor. Ésta puede incluir quitas de la deuda -nunca sobre la hipoteca, sólo sobre los préstamos personales- y aplazamientos en el tiempo del pago de la misma.

¿Es fácil lograr el acuerdo de los acreedores? “No. Cuando hablamos de préstamos personales hay un amplio abanico de posibilidades. Hay clientes que mantienen deudas sólo con bancos o cajas, otros con financieras especializadas en préstamos al consumo y tarjetas de crédito y otros con ambos. Dependiendo del peso que unos y otros tengan en el conjunto del préstamo, el concurso tendrá o no éxito”, explica Carlos Guerrero.

“Hoy en día no los grandes bancos se oponen a cualquier tiempo de acuerdo, mientras que la banca mediana y sobre todo las financieras son mucho más propensas a firmarlo», reconoce Santiago Viciano. «Los primeros no lo ven bien y sólo lo están haciendo de manera excepcional o cuando se ven arrastrados por el voto favorable de los acreedores que controlan el 50% de la deuda», añade Guerrero. «La gente está desesperada y los bancos hacen oídos sordos».

El deudor gana tiempo
Como se ha explicado anteriormente, cuando una persona o familia se declara en concurso de acreedores -si es un matrimonio se presentan dos concursos-, gana tiempo a corto plazo, para poder hacer frente al pago de la hipoteca, pero también a largo plazo, ya que el cliente que se declara en concurso puede conseguir hasta seis años para hacer frente a sus préstamos personales.

«En el convenio aprobado por los acreedores se establece si hay o no quita, por qué importe y en qué plazo», explica Guerrero. «Por ejemplo, si se llega a un acuerdo para que el deudor pague en cinco años, desde que se declara el concurso, hasta que se llega a un acuerdo y se aprueba la sentencia, puede pasar perfectamente un año. En total, seis años para pagar la deuda. En ese año, el cliente puede haber ahorrado algo de dinero, está menos ahogado para pagar la hipoteca. Además, también puede haber pactado que el pago sea progresivo, primero el 10% de la deuda, luego el 20%…»

Carlos Guerrero apunta que los acuerdos que normalmente se suelen conseguir son del 50 % de quita de deuda y 5 años de espera o aplazamiento de la misma, si bien, primero se realiza un estudio para ver si el concurso es viable para la familia.

Cuando no hay acuerdo, la única salida es la liquidación de todos los bienes, incluida la vivienda. «En estos casos, se sigue el mismo procedimiento que si se tratase de una ejecución hipotecaria. El resto de los bienes se liquidan como si se tratase de un comercio. Se malvenden», apunta Viciano.

Fresh start o ¿volver a empezar?
El próximo 1 de enero de 2012 entra en vigor la reforma de la Ley Concursal, recientemente aprobada por el Congreso, que busca subsanar algunos errores que se habían producido con la anterior y, a la vez, facilitar los concursos de acreedores y fomentar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación, si bien, los letrados consultados por este diario aseguran que «no se ha tocado la ley en lo referente al concurso de las personas físicas».

Las miradas se giran ahora hacia el vencedor de las elecciones del 20-N, el Partido Popular que en su programa electoral se comprometió a reformar la Ley Concursal para introducir, en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, «mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable». Eso sí, precisa que se hará con «las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos».

¿Qué significa? «Los movimientos de los populares en este sentido pueden girar en torno a la idea del fresh start o volver a empezar anglosajón. Algo que la regulación española todavía no contempla», explica Carlos Guerrero. «Yo creo que la idea es dar la posibilidad al deudor de “comenzar de nuevo” sin deudas (fresh start) una vez liquidado de manera ordenada todo el patrimonio».

En su opinión, esta solución provocaría que los bancos, principales acreedores de las familias, se verían obligados a aceptar acuerdos razonables planteados en las propuestas del convenio en el concurso de acreedores, ya que por el contrario una vez liquidada la vivienda habitual, no podrían continuar con la ejecución de por vida.

Para Carlos Guerrero, la solución propuesta por el PP se acercaría a la postura que interpretó el magistrado Fernández Seijo en su celebrada sentencia del juzgado mercantil número 3 de Barcelona.

[Via Finanzas]

Cataluña abre la puerta legal a la polémica dación en pago

El anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2012 combina multitud de medidas fiscales. Y no sólo nuevas tasas. También incluye ayudas a los hipotecados para que no sean desahuciados tan rápidamente si no pueden hacer frente a las cuotas. Y si finalmente no pudieran hacer frente a la hipoteca, la Generalitat ampararía la entrega de la casa para saldar la deuda. Es decir, la polémica dación en pago.

En el área de las medidas para los hipotecados se modifica el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para que los hipotecados no tengan que ser desahuciados automáticamente en caso de no poder hacer frente a las cuotas.

La modificación establece la posibilidad de que las personas que no pueden hacer frente a la hipoteca «traspasen a la entidad acreedora la vivienda en pago de la deuda y que, para no abandonarla, firmen con la entidad crediticia adquiriente un contrato de alquiler, con o sin opción de compra», según consta en la Memoria de Evaluación. Es decir, se abandera la fórmula de la dación en pago.

Así consta en la ‘Memoria de Evaluación de Impacto del Anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras’ correspondiente a los Presupuestos del 2012 de la Generalitat a la que ha tenido acceso Efe.

Además, según informa Europa Press, en este sentido, la Generalitat prevé bonificaciones fiscales para quienes pacten con su entidad financiera la dación en pago tras no poder hacer frente a la hipoteca. En esos casos, los ciudadanos no tendrán que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) cuando entreguen su vivienda al banco o caja, ni abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales si la pueden recuperar más adelante.

[Via elMundo]

Televisió de Catalunya suprimirá dos de sus canales y dejará de emitir la Liga

Cataluña ha decidido recortar un 13,3% el presupuesto de la radiotelevisión pública autonómica para 2012. Esto obligará a un recorte de sueldo de los empleados, a la supresión de dos canales y al fin de la emisión de fútbol.

El Gobierno de la Generalitat catalana ha dado una vuelta de tuerca más al plan de recortes impulsado desde la llegada de CiU al poder. El portavoz autonómico, Francesc Homs, avanzó el viernes que el presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para el año que viene se reduce un 13,3%, hasta los 260 millones de euros, lo que se une al recorte del 15% que ya se practicó en las cuentas para este año. En todo caso, el ejercicio actual se va a cerrar con un déficit de 21 millones.

Las cifras podrán variar ligeramente en las próximas semanas, hasta que la Generalitat apruebe la aportación definitiva a la corporación, lo que sucederá a finales de febrero.

Homs aclaró que el nuevo presupuesto «obliga a reducir el número de canales y a tocar el capítulo de personal» de la CCMA, exigiendo a la plantilla un esfuerzo «semejante» al asumido por el resto de trabajadores públicos. Los 2.700 empleados de la radiotelevisión pública catalana ya han visto reducido su sueldo un 5%.

El Gobierno autonómico entiende que esta es la única alternativa viable, si se quiere evitar una reducción de plantilla o la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo. Homs avanzó que su intención es negociar durante «los próximos meses» la reducción salarial.

En cuanto a la reducción del número de canales, afirmó que Televisió de Catalunya (TVC) «no puede asumir los seis actuales y es mejor que se mantengan solo cuatro potentes». En la actualidad, el ente cuenta con un canal generalista (TV3), otro cultural (Canal 33), el infantil y juvenil (Super 3 y 3XL), uno de información 24 horas (3/24), otro de alta definición (TVC HD) y uno deportivo (Esport 3). Fuentes cercanas al Gobierno autonómico apuntaron que se baraja eliminar estos dos últimos canales, informa Efe.

Sin fútbol en abierto
«Con estos presupuestos no habrá fútbol en abierto y esto afectará a la capacidad comercial de la empresa». Esta fue la reacción tajante de la directora de TVC, Mònica Terribas, tras conocer el dinero del que dispondrá el año que viene.

El presidente de la CCMA, Enric Marín, coincidió en que, ahora, la primera medida pasa por «pensar en el fútbol y en todos los deportes cuyos derechos resultan muy caros de comprar». No obstante, quiso subrayar que «todo está todavía por redefinir».

Marín recordó que, además de las menores aportaciones públicas, los ingresos publicitarios de la CCMA se han reducido de los 140 millones de euros logrados en 2007 a los 85 millones de este año. «Una caída tan abrupta de ingresos cuestiona el modelo y afecta a lo que se emite por pantalla de forma inevitable. El año que viene y el próximo serán especialmente duros y algunas cadenas caerán por el camino», resumió.

[Via CincoDias]

CiU pactó el «copago» sanitario con el PP antes de las elecciones

El president Artur Mas anunció el pasado martes la aplicación de un recargo sobre cada receta farmacéutica que se utilice en Cataluña. Su anuncio no provocó ninguna reacción del PP porque las dos formaciones habían consensuado esta fórmula de copago sanitario antes de la elecciones generales del 20 de noviembre.

CiU tenía claro desde hace meses la necesidad de subir impuestos y, sobre todo, controlar los gastos para evitar desviaciones y cumplir en 2012 con el objetivo de déficit del 1,3 por ciento que marca la Unión Europea. En esa coyuntura, los nacionalistas consultaron con el PP la fórmula más adecuada para aplicar un copago sin que la formación que preside Mariano Rajoy lo viese como una invasión en las competencias estatales, ya que quien fija el modelo de financiación sanitaria es el Gobierno central.

Ése es el motivo por el que el pasado martes Artur Mas utilizó el término «ticket moderador» y rechazó de plano que se tratara de un copago. Según algunos expertos, la aplicación de una tasa o recargo por receta no rompe la homogeneidad del sistema estatal. La fórmula, además, permitiría a todas aquellas autonomías que tienen traspasadas las competencias en sanidad elegir entre aplicar el recargo o no.

Un euro por receta
Ayer el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, anunció que la tasa por receta farmacéutica que estudian aplicar el próximo año irá de cinco céntimos a un euro, y que en ningún caso supondrá «una barrera económica para quien no pueda hacerse cargo de este coste».

Según algunas fuentes, la mayoría de los usuarios pagarían un euro por receta y luego se realizaría un catálogo de descuentos para jubilados o niños.

Por otra parte, el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012 combina multitud de medidas fiscales, entre ellas nuevas tasas para las empresas. Igualmente, se modifica el impuesto de transmisiones patrimoniales para que los hipotecados no tengan que ser desahuciados automáticamente si no pueden pagar.

Se propondrá también un incremento de la presión fiscal sobre el juego. Además, a través del canon del agua, habrá más recaudación, gracias al aumento de la mayoría de sus tasas y cambios en las exenciones actuales.

[Via ElEconomista]