La inversión inmobiliaria bajó un 78% en el segundo trimestre

El volumen de inversión inmobiliaria en España en el segundo trimestre de 2011 se situó en los 376 millones de euros, lo que supone un descenso del 78% respecto al mismo periodo del año anterior (1.722 millones).

Así consta en un informe sobre el «Mercado de Inversión en Europa Occidental» realizado por BNP Paribas Real Estate, en el que se explica que los activos más atractivos para los inversores en España fueron los locales y centros comerciales, a los que correspondió el 41% de la inversión total.

Los inversores privados fueron los más activos, copando el 56% del total. Por detrás se situaron los fondos de inversión (23%) y las compañías patrimonialistas (18%). En conjunto, el informe señala que la inversión inmobiliaria en Europa Occidental se incrementó un 16% durante el primer semestre de 2011, hasta los 51.500 millones de euros.

Desde BNP indicaron que pese al aumento del conjunto del semestre, «la actividad inversora se estabilizó durante el segundo trimestre». Además, indican que es «previsible» que la estabilización sea la tendencia final del ejercicio 2011 para el conjunto de países analizados, pues «los inversores siguen mostrando aversión al riesgo y optan por los activos más seguros en los segmentos de mayor liquidez».

Recuperación desigual
Los responsables del informe subrayaron que la recuperación se siguió mostrando de manera desigual en los diferentes países de Europa Occidental. De esta manera, explican que los países del sur, afectados en su crecimiento económico por las medidas de austeridad fiscal, «tuvieron rendimientos muy débiles que contribuyeron a acrecentar las inquietudes de los inversores sobre la región».

Durante el conjunto del primer semestre de 2011, el volumen total de inversión inmobiliaria en Italia, España y Portugal descendió un 40% respecto al primer semestre de 2010.

[via ElEconomista]

El rescate de la CAM costará al Estado cerca de 6.000 millones

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo va a costar al erario público más de 5.000 millones de euros y posiblemente llegue a 6.000 millones, un billón de las antiguas pesetas y lo mismo que costó toda la reestructuración bancaria de los 80. Esto se debe a que el Banco de España no podrá recuperar el FROB que va a inyectar en la caja, cifrado en 2.800 millones, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso.

La teoría es que el FROB debe entrar de forma temporal en la caja y el comprador devolverá ese capital y lo pondrá con sus propios recursos cuando se adjudique la entidad en la subasta prevista al efecto. Pero las fuentes consultadas aseguran que ningún interesado está dispuesto a ampliar capital por un importe tan grande para quedarse con la CAM tal como están los mercados; ni siquiera Santander y BBVA.

Eso va a obligar al Banco de España a «dar por perdidos» esos 2.800 millones; o, al menos, va a tener que permanecer en la CAM bastante más tiempo del que le gustaría. O dicho de otra forma, las ofertas que se presenten por la caja alicantina sumarán ese importe al esquema de protección de activos (EPA) que van a solicitar todos los participantes en la puja. Como se recordará, la ausencia de esta garantía contra pérdidas es lo que provocó que no se presentara ninguna oferta antes de la intervención de la entidad en julio.

El importe de ese EPA será, como mínimo, de otros 3.000 millones, que es el ‘agujero’ detectado por los interesados en la caja que presidía Modesto Crespo (entendido como pérdida esperada no provisionada), tal como adelantó El Confidencial en julio. Las fuentes citadas coinciden en que todo el mundo estima un déficit total de capital (que incluye las pérdidas que están sin cubrir y el déficit estimado por el Banco de España) de entre 5.000 y 6.000 millones. No obstante, al tratarse de una subasta competitiva, las ofertas finales rebajarán algo estas cifras.

Un dineral en el peor momento
Por tanto, salvo que se presente una oferta muy agresiva por sorpresa, este dinero tendrá que salir de las arcas del Estado, ya sea mediante inyección o mediante la garantía contra pérdidas. Pero este altísimo coste plantea dos problemas muy graves. El primero es de índole política, porque anunciar un gasto de 6.000 millones en rescatar una entidad financiera en plena campaña electoral daría una imagen desastrosa del Ejecutivo de Zapatero. Y más ante el ala izquierda del PSOE (los ‘indignados’), que sitúa a la banca como uno de los principales objetivos de sus protestas.

El segundo es que el FROB no computa como déficit público mientras sea una inyección temporal con una expectativa razonable de recuperación. Si no existe esa expectativa en el caso de la CAM y esa inyección pública se convierte en permanente porque el comprador no la devuelve, sería muy difícil evitar que Bruselas obligue a España a contabilizar esos 6.000 millones como déficit. Justo en el peor momento.

Todavía no está valorada
Por tanto, el gobernador Fernández Ordóñez se enfrenta a otro incendio más en este dificilísimo inicio del curso para el supervisor. Esta situación es la que mantiene paralizada la venta de CAM, según las fuentes, ya que ni siquiera está lista todavía la valoración para la entrada del FROB, que deben realizar Crédit Agricole, HSBC y PriceWaterhouse. Es más, el Banco de España ha pedido este verano al auditor de la caja, KPMG, una «reformulación de las cuentas publicadas», que ha provocado que se retrasen las del segundo trimestre. Fuentes cercanas al supervisor también culpan a Bruselas -que debe aprobar la entrada del FROB- del retraso.

Este escenario tiene muy difícil solución. Una alternativa que se ha planteado es trocear la CAM y venderla por partes, pero es muy complicado porque cada entidad quiere quedarse sólo con lo que le interesa a ella. Y, a efectos de las arcas públicas, da lo mismo, porque se quedarían las partes ‘buenas’ de la caja y las ‘malas’ tendrían que cubrirse igualmente con dinero del contribuyente.

[Via Cotizalia]

¿Cambio de rumbo? El verano puede traer un mejora de la economía española

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó un freno del crecimiento económico durante el segundo trimestre del año, periodo durante el cual España sólo creció un 0,2%, la mitad que en el primero. El fuerte retroceso de la demanda interna dejó el avance de la economía en manos del sector exterior.

Pese a la debilidad que caracteriza a la economía española, los datos relativos al tercer trimestre del año podrían traer consigo una cierta mejoría, a tenor de las últimas cifras publicadas. La tónica positiva que muestran sectores clave como el turismo, o que pueden empezar a mostrar otros como el del automóvil son sólo algunos ejemplos. ¿Traerá el verano una mejora de la economía española?

Mayor gasto turístico
El gasto de los turistas extranjeros aumentó un 9,6% en julio, hasta los 6.942 millones de euros. En ese mes, el gasto medio diario alcanzó los 98 euros, lo que supuso un incremento del 9,3%, mientras que el gasto medio por turista subió un 2,2% hasta 930 euros.

La recuperación de España como destino turístico resulta fundamental si se tiene en cuenta que este sector es una de las locomotoras de la economía española, y hoy representa en torno al 10% del PIB español.

Crece el mercado del gran consumo
Otro dato positivo que se ha dado a conocer hoy apunta a la mejora del mercado de gran consumo, tras dos años consecutivos de descensos. Este sector, que engloba alimentación y bebidas, droguería y perfumería y productos para bebés, ha registrado en España un incremento de las ventas del 0,7% en los últimos doce meses (en el año móvil cerrado a 3 de julio), hasta alcanzar 41.539 millones de euros.

Según datos de la consultora Symphony IRI, el sector muestra «signos de recuperación», impulsados en parte por los precios bajos, y refleja una «foto similar» a la que tenía al principio de la crisis.

Estabilidad en el automóvil
Por primera vez en trece meses, las matriculaciones podrían poner fin en agosto a una sucesión ininterrumpida de reducciones en esta estadística.

Hasta ayer se habían matriculado en España 38.464 turismos, cifra que supone un avance del 3,7% sobre la registrada en la misma fecha de 2010.

Como ya es habitual a lo largo del año, el dinamismo del mercado se concentra en las compras de las flotas de empresa que, con 13.340 turismos, sube en la comparativa interanual un 24,5%.

[Via ElEconomista]

«Si hasta hoy había precariedad, ahora se va a tolerar todo lo imaginable»

El pasado viernes el Consejo de Ministros acordó suspender, durante dos años, el límite al encadenamiento de contratos temporales, una medida que cuatro días después sigue generando multitud de opiniones. El economista Santiago Niño Becerra también ha escrito sobre la última iniciativa laboral del Gobierno: «Si hasta ahora ha habido precariedad en España, prepárense para lo que viene», apunta.

El catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull opina en su blog de La Carta de la Bolsa que el ejecutivo actual -y el próximo- «han asumido que el poco empleo que pueda crearse en España será temporal y precario, y en formación: hasta los 30 años». A lo que prosigue, «eso después de una reforma laboral que ha abaratado los costes laborales y que por ahí va a seguir». ¿Congelación salarial hasta el 2016?, se pregunta Niño Becerra.

El Gobierno ha justificado esta medida diciendo que el límite actual al encadenamiento de contratos temporales, «lejos de fomentar la contratación indefinida», puede estar produciendo «efectos indeseados» de no renovación de esos mismos contratos temporales.

El ministro de Trabajo, Valeriano Goméz, aseguró que «preferimos tener un empleo temporal antes que un parado, por supuesto». En este sentido, se aprobó también la creación de un nuevo contrato para jóvenes sin cualificación que permitirá combinar formación con un trabajo remunerado.

«¿Cuál puede ser el paso siguiente, obligar al reparto del tiempo de trabajo y a compartir el salario?, ¿la eliminación del concepto de despido y sus sustitución por el de interrupción temporal de la actividad laboral? Vayan imaginando», señala Niño Becerra.

En su opinión, «si hasta ahora ha habido precariedad en España, undermileurismo, condiciones de trabajo patéticas, etc., etc. prepárense para lo que viene». El economista piensa que «con tal de que una persona tenga un contrato de trabajo enganchado en la frente se va a tolerar todo lo imaginable, con un agravante: no se va reducir el paro».

Con una población de 23,13 millones de personas en edad y condiciones para trabajar y 4,83 millones de parados, según el INE, Niño Becerra piensa que en España «las carencias para la población se van a disparar». «No puede, nunca ha podido, por eso la tasa de actividad española ha sido y es un mísero 59%».

Límite de déficit del 0,4% por ley
Por otro lado, Niño Becerra se refiere al acuerdo alcanzado a finales de la semana pasada entre el PSOE y el PP por el que pactaron un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.

El economista se pregunta cómo deben estar las cosas si los dos principales partidos políticos del país se han puesto de acuerdo en esto.

«Si en España, se va a fijar como norma constitucional la búsqueda del equilibrio presupuestario y por ley orgánica un déficit anual máximo del 0,4%, si la actividad económica va ir decreciendo a medida que vayamos adentrándonos en la crisis, si la recaudación fiscal tiende a menos debido a esa caída de la actividad, está claro que las carencias para la población española se van a disparar», opina Niño Becerra.

A su juicio, «España está mal, pero que muy mal, y el otoño y el invierno van a ser para meterse en un armario y no asomar la nariz hasta el 2015. Por lo menos».

[Via ElEconomista]

Movistar rebaja seis euros sus conexiones de 20 megas

Movistar rebajará casi seis euros (5,90 euros, incluidos impuestos) sus conexiones actuales de 30 megas (Mb) sobre tecnología de VDSL a partir del próximo jueves, 1 de septiembre, por lo que éstas pasarán a costar 40,90 euros.

No obstante, ese precio estará promocionado durante un año por 24,90 euros al mes. Al mismo tiempo, el operador cambiará la marca comercial de ese servicio, para denominarse Movistar VDSL de 20 Mb, terminología más precisa con las características de esa modalidad de conexión de alta velocidad.

Todo lo anterior ha sido comunicado por el operador a sus clientes a través de una carta, de la que se ha hecho eco el portal especializado ADSLZone. Dicha fuente recuerda que se trata de la tercera modificación realizada por Movistar con la denominación y el precio de su oferta VDSL.

A su vez, Movistar indica en la misiva difundida entre sus clientes de VDSL que «en el nombre comercial de su servicio pasaremos a indicarle una velocidad de 20 Mb en vez de 30 Mb». Acto seguido, el operador añade que «este cambio solo afecta a la denominación comercial del servicio, por lo que usted seguirá navegando a la misma velocidad de la que disfrutaba hasta ahora de conformidad con las condiciones contratadas».

Como es conocido, los operadores españoles ahora están obligados a cumplir con ciertos niveles de veracidad en los reclamos comerciales que promocionan respecto a velocidad de conexión a Internet. Estas prestaciones varían de un cliente a otro en función de la distancia de los domicilios con la centralita de telefonía más cercana, entre otros condicionantes.

El portal ADSLZone también indica que Movistar «ofrece cobertura en más de dos millones de hogares con esta tecnología» y que el único requisito técnico para cumplir dichas prestaciones es que «el usuario debe situarse a menos de 1.000 metros de la central». Las mismas fuentes apuntan que «Movistar no contempla nuevas duplicaciones automáticas de velocidad de conexión».

[Via ElEconomista]

El Euribor aprieta un poco más el cinturón de los hipotecados

Nuevo golpe del Euribor a los bolsillos de los hipotecados. El índice encarecerá las hipotecas que se revisen referenciadas a agosto en torno a 49 euros mensuales y casi 600 anuales, que encadenan un año seguido de subidas. A falta de la confirmación del Banco de España, el Euribor ha cerrado el octavo mes de 2011 en la tasa del 2,097% -cae a niveles de abril-, 0,676 puntos por encima de su nivel de agosto de 2010 (1,421%).

Una vez que el Banco de España confirme este dato, la cuota de una hipoteca que fue contratada hace un año por un importe medio de 150.000 euros y un plazo de amortización de 25 años que se revise en septiembre, y a la que se le aplica la tasa del mes anterior, tendrá un coste adicional medio de 48 euros al mes o 582 al año. En el caso de un préstamo de 300.000 euros con un plazo de amortización de 30 años, el alza que registrarán las cuotas de las hipotecas será de casi 100 euros al mes o 1.190 al año, según cálculos realizados por Efe.
Según las estimaciones de Europa Press, un usuario que tenga un préstamo medio de 120.000 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a un plazo de 25 años y con un diferencial del 1%, pagará a partir de agosto 575 euros al mes, lo que supone un repunte de 42 euros respecto a lo que pagaba hace un año y 500 más al año. En el caso de que la revisión sea semestral, la subida será de 24 euros al mes.

El incremento de agosto en su cotización interanual se produce a pesar del respiro que el indicador se ha tomado con respecto a julio, cuando cerró en el 2,183%. Esta es la segunda caída mensual que registra el indicador en lo que va de 2011 junto con la de junio. Un nuevo descenso pone freno al miedo que se había instalado en el mercado a que las tensiones en la deuda y la subida de los tipos de interés comenzasen a disparar al índice y que en poco tiempo regresara a los niveles máximos de 2008.

Los problemas económicos frenan su escalada
Este panorama ha hecho que los expertos hayan rebajado levemente su previsión inicial para el año 2011 y prevén que el Euribor cierre por debajo del 2,5%. Esta rebaja de debe a que el mercado descuenta que el Banco Central Europeo (BCE) no aplicará una nueva subida en los tipos de interés como se preveía, y, por tanto, los tipos cerrarán en el 1,5% actual.

La percepción sobre la economía mundial apunta hacia una desaceleración o, incluso a una doble recesión, lo que lleva consigo una caída de la inflación y la estabilidad de los tipos, según indican los expertos consultados por Europa Press.

En épocas de bonanza, la diferencia entre el precio oficial del dinero y el Euribor se sitúa en torno al 0,25%, como ocurrió entre 2003 y 2007. Sin embargo, en momentos de crisis como el actual, en el que la liquidez es menor y crece la desconfianza, el diferencial se amplía y se sitúa en torno al 0,75% ya que el precio del dinero está en el 1,5%. En este sentido, las previsiones de los analistas sitúan al indicador en torno al 2,25% en 2011; entre el 2,5% ó 2,75% en 2012 y sobre el 3% ó 3,5% en 2013.

[Via ElMundo]

Empresarios y sindicatos, escépticos con el plan anti economía sumergida

El plazo para regularizar el empleo no declarado finaliza el día 31 de este mes. A partir de agosto se aplicarán mayores sanciones a infractores por valor de hasta diez mil euros

Escepticismo. Mucho escepticismo entre los agentes económicos y sociales, con respecto a la aplicación del Decreto-Ley de Medidas para la Regularización y Control del Empleo Sumergido, que sacó de la chistera el Gobierno, el pasado 29 de abril.
La norma aportaba un plazo transitorio para permitir a los empresarios regularizar la situación de aquellos empleados que no cotizaban a la Seguridad Social, lo hacían de manera incorrecta o se encontraban recibiendo prestaciones por desempleo, a la par que desempeñaban un oficio. Y ese periodo concluye el próximo 31 de julio.

A partir de entonces, los empresarios infractores, aquellos que no hayan dado de alta a sus trabajadores, deberán hacer frente a unas sanciones pecuniarias que son hasta cinco veces más altas que hasta la fecha. De hecho, pasan de 626 a 3.125 euros. Si bien, la acumulación de fraudes puede derivar en una penalización económica máxima de hasta 10.001 euros, cuando hasta el momento esa cuantía tope se situaba en los 6.250 euros.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, presidida por Jesús Terciado, considera que «es necesario continuar con el control de las irregularidades que genera la economía sumergida y luchar contra ella».

Si bien, considera que «el núcleo de la reforma estatal lo constituye el incremento -sin límite en el tiempo- de las sanciones, junto con la ampliación de las responsabilidades del empresario principal, al que se le trasladan obligaciones de control propias de la Inspección, generándoles graves consecuencias en materia de responsabilidades, lo que lleva al rechazo más absoluto».

La patronal castellano y leonesa confía en que se apliquen medidas verdaderamente efectivas y que «no sólo den una imagen de lucha contra dicho fenómeno que, si bien es posible que exista, difícilmente se va a subsanar con medidas fiscalizadoras como las que propone la norma».
El secretario de Acción Sindical y Empleo de UGT en Castilla y León, Francisco Temprano, por su parte, recordó los datos presentados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda, que señalan que la economía sumergida ligada al empleo en Castilla y León asciende a 4.600 millones de euros, lo que supone un 8,4 por ciento del Producto Interior Bruto que se genera anualmente en la Comunidad. Una cifra que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, que es del 8 por ciento.

A juicio de Temprano, la norma impulsada por el Gobierno, «no va a lograr esa regularización que pretende, porque no mejora la protección, ni contempla medida alguna, a la par que no elimina la competencia desleal entre empresas». Ese Real-Decreto, cuyo apellido es «fomento de rehabilitación de viviendas» es incomprensible para UGT. «No tiene sentido que se mezcle todo», concluye.
Asimismo, denuncia que «se excluye del mismo a empleadas del hogar y a autónomos, que es donde más empleo sumergido existe».

Peores condiciones
Desde Comisiones Obreras, su secretario de Empleo y Formación, Saturnino Fernández, considera que «el Gobierno hace un guiño al empresariado», dado que antes el trabajador regularizado tras un proceso de inspección asumía un contrato fijo y se le otorgaba una cotización de cuatro años, con las consiguientes prestaciones. «Ahora no se reconoce nada al trabajador y el empresario sólo está obligado a hacer un contrato temporal», dice.
A su entender, el empresario «usaba la economía sumergida porque le interesaba» y señala que «lo único positivo es que habrá sanciones más fuertes».
La norma, sentencia, no funciona, un dato que apoya en las 5.000 bajas laborales registradas, en el ámbito nacional, «algo rarísimo», sentencia.

Sanciones por casi tres millones de euros con 6.000 afectados
Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Castilla y León es una de las comunidades autónomas con un mayor volumen de actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las últimas estadísticas, correspondientes al primer tremestre de este año apuntan a un total de 27.610 actuaciones, que derivaron en el registro de 1.586 infracciones en acta. Estas intervenciones afectaron a 5.985 trabajadores y supondrán sanciones por valor de 2,79 millones de euros. En el desglose aportado por el Ministerio, se cifra en 8.928 el número de visitas realizadas a centros de trabajo de Castilla y León entre enero y marzo de 2011, que permitieron abrir 1.238 actas de infracción. De ellos, los más numerosos se refirieron al área de Seguridad Social, con 728, es decir, el 58,8 por ciento del total. La seguridad y la salud laboral fue la segunda causa en la apertura de actas, con 311. El número de requerimientos durante ese periodo concreto, en Castilla y León, fue de 3.408. La mayor parte, como es lógico, se refirió a Seguridad y Salud Laboral, con 2.634 peticiones, muy por encima de los dirigidos a las Relaciones Laborales, que se situaron en 481 en total.

[Via LaRazon]

La dación en pago no supone ‘un cataclismo’

La Asociación General de Consumidores (Asgeco), uno de los colectivos que comparecieron en la primera sesión de la subcomisión para estudiar los problemas hipotecarios en el Congreso, apoya las medidas del Gobierno que alivian la carga de los hipotecados, aunque lamenta que no aborden los problemas del mercado hipotecario español. En este sentido, tiene clara su posición ante el debate de la dación en pago: «No supondría un cataclismo».

Esta asociación pide al Ejecutivo que lleve a cabo reformas como indica la nueva directiva, pendiente de aprobación, sobre los contratos de inmuebles residenciales. Además, considera que la dación en pago de la vivienda no supone «un cataclismo» para las entidades bancarias si éstas conceden créditos responsables que se acojan a los parámetros tradicionales que aplican.

De este modo, apunta que el aumento del 50% al 60% del límite por el cual un acreedor puede adquirir un inmueble en subasta y el incremento del límite de la inembargabilidad hasta los 961 euros son medidas que ayudan a los hipotecados, si bien, no resuelven los problemas de fondo del mercado hipotecario español.

La Asociación, consciente del endeudamiento de muchas familias, exige una «política transversal y activa», que controle el nivel de deuda de los ciudadanos y solucione las situaciones de sobreendeudamiento a través de la promulgación de una Ley de Quiebra Familiar más específica que la normativa actual.

[Via ElMundo]

El mercado de oficinas sigue sin mostrar signos de recuperación

El único dato esperanzador es que hay algunas empresas, muy pocas, que comienzan a contratar espacio aprovechando los bajos precios para cuando comience su recuperación y tengan que empezar a contratar a nuevos trabajadores. Por lo demás, los alquileres y compraventas brillan por su ausencia.

El segundo trimestre parece que no ha sido como se esperaba: el mercado de oficinas sigue sin mostrar grandes signos de recuperación». Ésta era la frase con la que el gabinete de comunicación de la consultora Savills transmitía la nota de prensa de avance de la evolución de este segmento inmobiliario entre abril y junio. La recuperación parece estar frustrando las expectativas de los actores de este mercado. Y la verdad es que no sorprende, porque la economía doméstica sigue muy deteriorada y el ambiente internacional tampoco ayuda.

En Madrid, según Savills, la tasa de disponibilidad ha retrocedido por segundo trimestre consecutivo, pero sólo por la moderación en la entrega de nuevos desarrollos. El porcentaje de oficinas vacías se sitúa en el 11 por ciento. Una tasa que se mantiene próxima a la cota máxima de la serie histórica, pero disminuye medio punto porcentual respecto al registro de marzo. Aunque en el distrito central de negocios la oferta disponible se mantiene en el 5 por ciento, pese a lo que desde Savills consideran que aún pueden producirse rebajas en las rentas, a medida, sobre todo, que se incorpore nueva oferta al mercado. De hecho, aunque la rentabilidad se mantiene entre el 5 y el 5,25 por ciento desde finales de 2010, debido a la escasez de operaciones en la zona, un buen edificio que cumpliese todos los fundamentales de inversión podría cerrarse por debajo de ese nivel. Pero el inversor no está muy por la labor de apostar, todavía, por las oficinas españolas. Así, todo apunta a que el volumen del segundo trimestre de 2011 quedará entre los registros más discretos de la serie histórico, incluso por debajo de los 50 y de los 46 millones de euros firmados en el primer y tercer trimestre del año pasado, respectivamente.

Respecto a Barcelona, Savills habla de un mercado inerte, con sus principales indicadores prácticamente sin cambios: escasa entrega de nuevos desarrollos, escasez de nueva oferta que facilita una cierta estabilidad del porcentaje de oficinas vacías, en el 13 por ciento en la actualidad, sólo un cuarto de punto porcentual por encima del nivel de cierre del primer trimestre. Aunque las rentas sí están cayendo en Barcelona. Pero las rentas en las mejores zonas están aguantando mejor, con un descenso intertrimestral del 2,5 por ciento, hasta los 19 euros por metro cuadrado y mes. La rentabilidad media en el mercado barcelonés se sitúa en el 5,75 por ciento por sexto trimestre consecutivo.

«Dada la escasez de operaciones, las rentabilidades se habrían mantenido estables durante el segundo trimestre», advierten desde Jones Lang LaSalle, otra consultora. Y ese comportamiento es el que esperan para los próximos meses.

Retraso de la recuperación
¿Se está retrasando la recuperación del segmento de las oficinas? «No podría ni negarlo ni afirmarlo rotundamente, pero sí que es verdad que el cambio de tendencia parece estar tardando. Aunque tampoco estamos viendo un deterioro dramático de la situación», afirma José Miguel Setién, de Jones Lang LaSalle. «Y de aquí a final de año no vemos cambios. Y descartamos que haya deterioros respecto al primer semestre. Lo único que de positivo tiene esta situación es que, a poco que se cierre alguna operación, las cifras van a mejorar rápidamente», asegura Setién. Aunque, en algún momento, este experto insinúa que hasta 2013 quizá no veamos la recuperación del sector, debido a que prevé que se produzcan aumento de la oferta disponible tanto en 2011 como en 2012, bien fruto de proyectos parados que por fin se van a llevar a término, bien porque a algunos promotores les pilló a contrapié la crisis y siguieron adelante con sus proyectos de construcción. Aunque confía en que, a partir del año que viene, el nivel de oferta disponible comience a reducirse. Pero, para que este escenario se pueda cumplir, es necesario que haya crecimiento económico suficiente para que se vaya creando empleo. Para que ello suceda, el PIB español debe avanzar a un ritmo no inferior al 2 por ciento. «No hay una correlación clave, pero podríamos utilizar esta cifra como referencia. En cualquier caso, el segmento de las oficinas depende, fundamentalmente, del sector servicios», asegura Setién.

Con todo, ve presiones a la baja de las rentas más allá de esas fechas. «Hasta 2013 y 2014, los inquilinos seguirán renegociando a la baja sus contratos y sus alquileres. Los contratos firmados en 2008 y 2009, con vigencia de cinco años, se renegociarán a la baja. Ahora, las rentas están muy por debajo de los niveles de entonces», añade. De hecho, según algunas estimaciones, las rentas habrían caído hasta un 40 por ciento desde el pico del ciclo.

Pero este experto observa algún síntoma positivo en el mercado. «Aún es muy minoritario, pero ya estamos viendo a empresas cuyo objetivo no es ya reducir lo que pagan de alquiler, sino mantener sus costes, al tiempo que se preparan para la recuperación, para el momento en que tengan que ampliar plantillas, y por eso se mudan a oficinas más grandes», explica el analista de Jones Lang LaSalle. Se trata de la «reserva de espacio» para el futuro.

Pero fuera de Madrid y Barcelona hay vida y, a veces, más atractiva. Por ejemplo, en Sevilla, donde, según BNP Paribas Real Estate, la contratación de oficinas se ha duplicado por el impulso de las recolocaciones. Pero la contratación por ampliación de espacio y creación de nuevas empresas no se prevé que se inicie hasta 2012 ó 2013.

[Via Finanzas]

La Generalitat destinará a las pymes 2.200 millones de euros en créditos

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y Pimec han firmado un acuerdo para lanzar 2.200 millones de euros en líneas de crédito destinados a financiar a pequeñas y medianas empresas durante 2011 y 2012 con el objetivo de «relanzar» la economía catalana, ha asegurado el consejero delegado del ICF, Josep-Ramón Sanromà.

La idea del ICF es impulsar la figura del promotor financiero, para lo que ha escogido a Pimec como primera entidad para desempeñar este papel, que dé una alternativa y desencalle los problemas de las entidades financieras para poder ofrecer créditos a las pymes.

Sanromà ha explicado que muchas empresas tienen potencial de clientela y de negocio pero les falta capital para conseguir sacar adelante un proyecto, por lo que se han creado líneas de capitalización para solventar estos problemas. «A día de hoy, conseguir un crédito es muy difícil. Muchos bancos no tienen líquido y la falta de capital produce falta de riesgo y de capacidad de endeudamiento. Nuestra idea no es sustituir los créditos de las entidades sino sumar unos créditos de nueva factura», ha explicado Sanromà, advirtiendo de que se le retirará el crédito a aquel que pretenda sustituir uno por otro.

La partida que la entente tiene previsto realizar entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.650 millones de euros distribuidos en líneas de inversión general -500 millones de euros-, capitalización -200 millones-, avales directos del ICF -500 millones-, avales realizados a través de Avalis -150 millones- y créditos del ICF destinados a pequeñas empresas y autónomos a partir de 10.000 euros -300 millones-. Además del las líneas de crecimiento, el nuevo proyecto prevé invertir 600 millones de euros en líneas de crédito destinadas a la internacionalización de la empresa catalana que se inyectarán en 2011 y 2012.

La red de promotores, que suponen un nuevo canal para las peticiones de potenciales clientes pero no tomarán decisiones sobre el crédito, contará con una plataforma de comunicación y gestión con el ICF, que se soportará sobre el portal Finempresa próximamente.

[Via LaVanguardia]