Hacienda fiscalizará más a la pyme que pague el IVA al cobrar la factura

El IVA es el impuesto que más quebraderos de cabeza provoca en las empresas. Hasta ahora, el régimen del IVA ha seguido el llamado criterio de devengo, lo que supone que una empresa debe ingresar el impuesto en el momento en que emite una factura con independencia del momento en que la cobre. Ello deteriora la tesorería de las compañías, que deben adelantar un dinero al fisco que no han cobrado y, quizás, no cobrarán.

Esta situación cambiará en breve cuando el Ejecutivo cumpla su promesa electoral e implante -primero para los proveedores públicos y después para el resto- el llamado criterio de caja, que permitirá que las pymes no abonen el IVA hasta cobrar la factura. Un medida que parece de sentido común y, sin embargo, presenta muchas dificultades técnicas. El Ejecutivo reconoce que el cambio normativo eleva el riesgo de fraude fiscal. Precisamente por eso, la medida se empezará a aplicar sobre las empresas que son proveedoras del sector público. Hacienda argumenta que tiene más información de estas compañías y ello reduce el riesgo de fraude. Además, se evitan distorsiones, ya que la Administración pública no puede deducirse el IVA. En cualquier caso, el objetivo es extender esta medida al conjunto de pymes, que tendrán libertad para aplicar el criterio de devengo en unas operaciones y, el de caja, en otras.

El vicepresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez, entiende económicamente la medida, pero alerta que abre una vía de «fraude de difícil control», ya que no resulta tan sencillo averiguar si una compañía ha cobrado realmente o no una factura. Además, advierte que los efectivos de la Agencia Tributaria son reducidos para asumir la carga de trabajo derivado del cambio de régimen del IVA.

Para evitar que la medida se convierta en un coladero del fraude, Hacienda elevará los mecanismos de control. Así, gana enteros la posibilidad de que se obligue a las empresas que aplican el criterio de caja a remitir periódicamente los libros registro del IVA, un documento que contempla el detalle de toda y cada una de las facturas que recibe y emite una empresa. Fuentes empresariales aseguran que muchas pymes no tienen suficiente capacidad organizativa ni tecnológica para cumplir con esa obligación formal.

Abel García, miembro de Aedaf, apunta que los costes derivados del envío de mayor información pueden ser tan elevados que desincentive a las pymes a acogerse al criterio de caja. Así, tanto asesores como inspectores fiscales coinciden en que la medida es buena pero, por distintas razones, temen que su puesta en marcha resulte menos efectiva de lo previsto.

[Via CincoDias]

Así quedan los despidos después de la reforma

La reforma del mercado de trabajo ha eliminado el despido exprés, que era el más utilizado por los empresarios españoles. Por tanto, el nuevo mapa laboral vuelve a la normativa anterior a 2002, pero con indemnizaciones más bajas y procedimientos más ágiles, sobre todo en los despidos colectivos.

Antes de la reforma laboral que entró en vigor el pasado 12 de febrero, el 65% de los despidos en España se realizaban a través de la vía del conocido como despido exprés, en el que el empresario reconocía la improcedencia de su decisión (sin necesidad que fuera un juez el que dictara dicha improcedencia) y, por tanto, abonaba la indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades. Ahí solía terminar la relación laboral.

La reforma elimina radicalmente de la ley esta posibilidad de despido. Por tanto, las formas de despedir y de resolver estas extinciones de contratos en los juzgados son ahora las siguientes:

Despido disciplinario
Este despido no ha sufrido ninguna modificación en cuanto a sus causas. El empresario recurre a esta modalidad cuando considera que el trabajador comete faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad; indisciplina, desobediencia u ofensas verbales al empresario o compañeros en el trabajo; transgresión de la buena fe contractual o abuso de la confianza en el desempeño; disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo; embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo; o acoso al empresario o compañeros por motivos raciales, religiosos, sexuales o de discapacidad.

Cuando la empresa esgrime alguno de estos argumentos para despedir de forma disciplinaria al trabajador, el juez puede dictaminar que la empresa tiene razón y lo declarará procedente; en ese caso despedido no recibe indemnización alguna ni prestación por desempleo. Pero si el juez decide que el empresario no tiene razón, declarará el despido improcedente y ordenará el pago de la indemnización legalmente establecida. Es ahí donde se produce uno de los mayores cambios con la reforma, ya que para los nuevos contratos indefinidos firmados a partir del 12 de febrero dicha indemnización pasará en términos generales de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades.

Para los contratos vigentes con anterioridad a la reforma se aplicará un doble cómputo de la indemnización: la parte trabajada antes del 12 de febrero se calculará con los 45 días y la posterior con 33 días. Si bien, estos contratos tendrán un tope indemnizatorio de 720 días. Si superan esta cuantía con los años trabajados antes de la reforma se les respetará este exceso hasta las 42 mensualidades pero ahí se parará el contador, sin aumentar la indemnización por la parte trabajada después de la reforma y hasta el momento del despido.

Despido por causas objetivas.
Este puede ser individual o colectivo (si afecta a diez trabajadores en empresas de menos de cien; al 10% en compañías que ocupen entre cien y trescientos trabajadores o a treinta trabajadores en empresas de más de 300).

El empresario recurre a esta modalidad cuando se produce una ineptitud sobrevenida del trabajador; éste no se adapta; se dan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; o se alcanzan unas cotas determinadas de absentismo.

La causa más comúnmente escogida por las empresas es la económica y su definición ha sufrido un importante cambio con la reforma. Ahora se entiende que concurre esta causa cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.».

La diferencia con la anterior definición es que concreta lo que supone «disminución persistente del nivel de ingresos o ventas», algo que antes no hacía y quedaba a discrecionalidad del juez decidir si se producía o no. Además, con la norma anterior la empresa debía también justificar la «razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado»; esto es argumentar que debe despedir y no tomar otra decisión de ahorro de costes para mantener su situación financiera. Ahora ya no.

En el caso de los despidos objetivos individuales, si el juez estima que son procedentes, les aplicará una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades; como ocurría ya antes de la reforma. Pero si considera que las causas no concurren, lo declarará improcedente. En ese caso la indemnización será de 33 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades. Pero para los trabajadores que tuvieran un contrato indefinido ordinario antes de la reforma, se aplicará el cálculo dual arriba explicado para los despidos disciplinarios improcedentes.

Si los despidos son colectivos, lo que cambia, en lugar de la indemnización legal, es el procedimiento. Antes se realizaban a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que requería una autorización administrativa de la autoridad laboral (Ministerio de Empleo o conserjerías autonómicas de trabajo, dependiendo de la implantación de la empresa). Ahora se elimina dicha autorización administrativa, y aunque se respeta la exigencia de llevar a cabo un periodo de consultas con los trabajadores, si este no concluye con acuerdo el empresario acometerá igualmente por decisión unilateral el despido colectivo.

La indemnización correspondiente a estos despidos colectivos es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, igual que antes de la reforma. Si bien con la legislación anterior, lo que ocurría en la práctica es que la mayor garantía de conseguir la autorización administrativa era que hubiera un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Por ello en el proceso de consultas, los trabajadores solían conseguir de la empresa indemnizaciones mayores a los 20 días que ponía la ley, para que el ERE llegara pactado a la autoridad laboral y esta diera su visto bueno sin más.

Ahora, la empresa no necesitará elevar las indemnizaciones previstas en la ley para lograr la autorización y podrá despedir colectivamente pagando los 20 días por año. No obstante, los trabajadores podrán recurrir estos despidos a la jurisdicción de lo Social (antes debían ir a la contencioso-Administrativa, con un periodo de resolución de más de 18 meses, el triple que lo Social; y donde conseguir una sentencia a favor del trabajador y en contra de la Administración es mucho más difícil).

Así ahora, si los trabajadores recurren el despido colectivo y el juez lo estima procedente se abonará la indemnización de 20 días y si no, la de 33 días y respetando igualmente el cálculo dual de la indemnización para los trabajadores con un contrato fijo ordinario anterior a la reforma, como en los despidos objetivos individuales.

Todos los despidos anteriormente descritos pueden ser declarados nulos por el juez, si considera que la empresa vulnera derechos fundamentales del trabajador, si la persona es discriminada, por ejemplo, por razón de raza, sexo o religión. De producirse la nulidad, el trabajador deberá ser readmitido en la empresa. No obstante, en este caso y por efecto de la reforma el readmitido no cobrará los salarios de tramitación, salvo que sea representante sindical.

Otras novedades
La nueva ley modifica los criterios para medir el absentismo como causa objetiva de despido. En concreto, se podrá despedir al trabajador -independientemente del nivel de absentismo de la plantilla- por faltas de asistencia al trabajo, aunque estén justificadas, si alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

[Via CincoDias]

La Generalitat emitirá 2.000 millones en bonos al 4,50% a un año y al 5% a dos

La emisión comenzará el 2 de abril y los cupones se pagarán trimestralmente.

El próximo 2 de abril se lanzará una nueva emisión de 2.000 millones en bonos de la Generalitat para particulares. La operación tendrá un tramo a un año al 4,50% y otro a dos, al 5%. A diferencia de las emisiones anteriores, los cupones se pagarán trimestralmente. La Caixa, Catalunya Caix y el Banc Sabadell participan en esta operación a la que se espera sumar otras 10 entidades financieras más, según fuentes de la Conselleria d’Economia.

El periodo de suscripción finalizará el 24 de abril. En esta ocasión tampoco habrá prorrateo entre los inversores y la adjudicación seguirá un criterio cronológico. Con esta nueva operación para particulares se pretende cubrir la amortización de la que vence el próximo 2 de mayo, por importe de 2.233,8 millones, al 4,25%. La nueva emisión se encarece para el plazo de un año, al pasar del 4,25% del año pasado al 4,50% y también para el de 24 meses, al subir del 4,75% de la emisión del año pasado al 5%.

[Via ElPeriodico]

El ahorro en las hipotecas que se produjo en febrero se podrá prolongar en marzo

El Euríbor, principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en España, ha bajado diez milésimas en tasa diaria y se ha establecido en el 1,464%.

A tan sólo una semana y media para cerrar este mes, la tasa mensual provisional se encuentra en el 1,529%, lo que supone una bajada de 0,395 puntos respecto al valor de hace un año.

El ahorro en las hipotecas que se produjo en febrero se podría prolongar en marzo a aquellos que tengan que revisar su préstamo al final de mes. El Euríbor además marcaría un mínimo desde diciembre de 2010 (1,526%).

Concretamente, para una hipoteca de 120.000 euros a un plazo de 25 años y un tipo de interés de Euríbor más 1%, la cuota mensual se vería reducida en casi 25 euros, lo que elevaría el ahorro anual a unos 290 euros.

[Via UrbaNoticias]

Draghi cree que ya ha pasado lo peor de la crisis de la zona euro

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, considera que lo peor de la crisis de la zona euro ya ha pasado, aunque reconoce que «aún hay riesgos». Al mismo tiempo, ha asegurado que el organismo actuará si suben los precios.

Draghi ha agregado, sin embargo, que no hay una amenaza inflacionaria derivada de las dos operaciones de inyección de capital que el BCE ha realizado en los últimos meses, con las que liberó más de un billón de euros en los mercados financieros.

«Si el panorama inflacionario empeora, nosotros inmediatamente tomaremos medidas preventivas», ha declarado Draghi en una entrevista al diario alemán Bild publicada hoy.

Los precios de la energía hicieron subir los costes de la vida en la zona euro en febrero, cuando la inflación se aceleró a un 2,7%. Además, muchos analistas en Alemania están preocupados porque las inyecciones de efectivo que el BCE ha otorgado a los bancos con sus operaciones de préstamos resulten ser inflacionaria.

Draghi ha buscado calmar esas preocupaciones, al asegurar que los bancos han usado gran parte de los fondos que el BCE les entregó para cubrir sus necesidades financieras y un enorme porcentaje del dinero no ha llegado al sistema económico.

«Así que el dinero está casi neutralizado con respecto a la inflación», sostuvo Draghi. «Esta operación no fomenta la inflación. Y nosotros observaremos con mucho cuidado cómo el dinero entra al sistema económico», agregó.

Situación de la zona euro
Respecto a la crisis de la zona euro, Draghi ha asegurado que «lo peor ha pasado», aunque reconoce que «aún hay riesgos». «La situación se está estabilizando. Las cifras más importantes de la zona euro, como la inflación, el balance de cuenta corriente, y sobre todo los déficits de presupuesto, están mejor que, por ejemplo, en Estados Unidos», ha comentado.

«La confianza de los inversores está volviendo y el BCE no ha tenido que comprar bonos de los gobiernos como respaldo durante semanas. La pelota está en el campo de los gobiernos», ha señalado.

Además de elogiar el modelo económico de Alemania, Draghi ha asegurado que las diferencias de opinión entre él y el jefe del Bundesbank Jens Weidmann sobre la respuesta de política a la crisis por parte del BCE había sido «exagerada».

[Via ElEconomista]

Un banco renuncia a la subasta de un piso para no perder dinero

Banca Cívica desiste de ir a una tercera subasta para no tener que pagar a una morosa.
La deuda de Mercedes Castro de Barcelona con la entidad es inferior al 60% del valor de su piso.
Si se hubiera celebrado la puja, la entidad se habría visto obligada a pagar 56.000 euros

Banca Cívica no se ha presentado esta mañana a la subasta notarial de la vivienda de Mercedes Castro, de Barcelona, para recuperar el piso en el que vive y del que desde hace un año no puede pagar las cuotas de la hipoteca. Si se hubiera celebrado la subasta, la entidad bancaria habría tenido que pagar 56.000 euros a Castro, porque su deuda es inferior al 60% del valor de tasación del piso. Lo que ha ocurrido la mañana de este viernes, ha lamentado Castro, es fruto del cambio legislativo sobre las subastas notariales que aprobó el Gobierno español hace solo dos semanas: si antes en tercera subasta los bancos se podían adjudicar los pisos por un euro, ahora deben subastarse por un mínimo del 60% del valor de tasación, como en los procesos judiciales.

Como hicieron otros bancos y cajas, Banca Cívica recurrió en 2010 a la vía notarial por el colapso que sufre la justicia y porque esta vía permitía al sistema financiero adjudicarse viviendas por un solo euro en tercera subasta. Una «salvajada legal» lo calificó hace solo tres meses el secretario de vivienda del Gobierno catalán, Carles Sala, quien insistió en que por la vía judicial los bancos recuperan los pisos por el 60% de su valor. La presión de afectados como Mercedes Castro, canalizada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), logró que los notarios consensuaran a finales de febrero impedir que los bancos se adjudiquen viviendas por menos del 60% de su valor de tasación, para que los afectados tengan las mismas garantías. El decreto De Guindos, de 10 de marzo, el que promueve el código de buenas prácticas para que los bancos se acojan a la dación en pago, lo convirtió en ley.

La convocatoria de la tercera subasta del piso de Castro ha convocado de buena mañana a una cincuentena de activistas de la PAH. Con sus carteles que rezan Stop Desahucios, han esperado a Castro en la calle. La subasta debía celebrarse a las 10.00. Un cuarto de hora después ha bajado a la calle acompañada de una representante de la plataforma, Eva Corredoria, quien además es abogada, y ha resumido así la situación: «Banca Cívica inició el proceso de desahucio por la vía notarial cuando se podía adjudicar el piso por un euro en tercera subasta, pero en el transcurso del procedimiento la ley ha cambiado y han desistido para no tener que pagar a Mercedes». El piso está tasado en 477.000 euros, el 60% de los cuales son 286.000; mientras la deuda que tiene con Banca Cívica es de 230.000. Total, 56.000 euros a su favor.

Castro está convencida de que Banca Cívica quiere «alargar el proceso, para que los intereses de demora aumenten e ir por la vía judicial con una deuda mayor». En un año, suma ya 20.000 euros de intereses. Después de la no subasta, la comitiva se ha dirigido a las oficinas de la entidad en la avenida de la Diagonal de Barcelona con la intención de solicitar hablar con el directivo que ha llevado su caso, para pedirle la congelación de los intereses y preguntar qué hará ahora la entidad. No les han recibido y han asegurado que el tema está en manos de abogados.

A preguntas de este diario, un portavoz ha respondido por escrito que «Banca Cívica no quiere que la clienta tenga que abandonar su casa, esa es la última opción, y por ello vamos a intentar todas las soluciones y alternativas posibles». Durante esta semana, el mismo portavoz alertó de que la entidad ofreció a Castro la dación en pago. «Sí me la han ofrecido al final del proceso, cuando vieron que les salía a pagar en la tercera subasta», responde ella, y recuerda que antes incluso de la primera subasta ella solicitó la dación hasta en tres ocasiones, y, asegura, se la negaron.

[Via ElPais]

El cambio horario permitirá ahorrar 250 millones de euros en gasto energético en los hogares españoles, según Anfalum

Este fin de semana se cambiará al horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana serán las 3, teniendo esa noche una hora menos al adelantar la hora
– El cambio de horario de verano posibilitará reducir un 9,8% el consumo de iluminación en los hogares, evitándose así la emisión de entre 890.000 y 1.068.000 toneladas de CO2 a la atmósfera

– “Hoy en día existen otras prácticas de ahorro energético muy válidas, como es el caso de la luz inteligente, que ofrece múltiples aplicaciones y que debería estar siempre presente en cualquier instalación de alumbrado que se desarrolle”, según Anfalum

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum) estima que el cambio de horario que se desarrollará durante este verano permitirá un ahorro de 250 millones de euros en gasto energético en los hogares españoles, evitándose así la emisión de entre 890.000 y 1.068.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Este fin de semana se cambiará al horario de verano, fijado por la Comisión Europea, que tendrá lugar en la madrugada del sábado 24 de marzo al domingo día 25 (por el que a las 2 de la mañana serán las 3, teniendo esa noche una hora menos al adelantar la hora), y estará en vigor durante los próximos siete meses.

Según el presidente de Anfalum, Rafael Barón, el cambio horario permitirá “reducir un 9,8% el consumo de iluminación en los hogares (unas 250 horas), lo que supondrá un ahorro energético de 1.780 Gwh/año; precisamente, es el ahorro energético lo que realmente importa por encima de los resultados económicos (que en este caso no son muy significativos) porque, por muy pequeño que sea el ahorro energético, siempre tenemos que darle la bienvenida; hay que continuar en esta línea”, explica Barón.

El cambio horario está planteado para sacar un mayor partido a la luz natural como medida de ahorro energético. En este sentido, el presidente de Anfalum recuerda que “hoy en día existen otras prácticas de ahorro energético muy válidas, como es el caso de la luz inteligente, un sistema que se basa en criterios luminotécnicos y de eficiencia energética, donde se prioriza la calidad siempre en beneficio de la sociedad y del máximo respeto al medio ambiente y la sostenibilidad”. Esta tecnología que ofrece múltiples aplicaciones, como por ejemplo que se encienda y se apague la luz solo con el movimiento, “debería estar siempre presente en cualquier instalación de alumbrado que se desarrolle”, señala.

En todo caso, Barón ha señalado que, “independientemente de que estén implantados o no sistemas de luz inteligente, lo que sí que tiene que suceder siempre es que las instalaciones estén diseñadas por profesionales cualificados para que el ahorro energético sea el mayor posible”.

[Via UrbaNoticias]

Los compradores rusos quieren casas con vistas al mar Mediterráneo

Cada vez que visita una vivienda, el trayecto de Yuriy Melnik, director general de la empresa rusa Sunny Houses, es la misma. Nada más entrar en la casa, recorre el pasillo y sale a la terraza. Quiere ver las vistas. Esta escena se repite una y otra vez estos días en el Russian Meeting Point Marbella, donde agencias inmobiliarias, bancos e inversores rusos se dan cita para dar salida al stock de viviendas de lujo del Triángulo de Oro.

Tanto los ofertantes del producto como los rusos que han llegado en busca de viviendas lo tienen claro: lo que más importa es que las casas tengan vistas al mar. En este sentido, Vladimir Ksenofontov, de Ouerseas Property, indica que los compradores, a la hora de buscar una vivienda en Marbella, lo primero que preguntan es por las vistas.

Sin embargo, la cercanía del mar es otro de los puntos en los que los compradores insisten. Yann Acosta, de Cleox Inversiones, asegura que los inversores rusos interesados en viviendas de lujo están dispuestos a pagar «lo que haga falta» con tal de que la casa tenga vistas al mar y se encuentre en primera línea.

Melnik coincide con varios de los inversores rusos que precisan que se fijan «mucho» en los materiales con los que están construidos las viviendas: «En España la calidad de la construcción es mucho mejor que allí y además está a un precio más asequible, ya que aquí el lujo es mucho más barato que en Rusia». Además de los inversores que buscan viviendas que alquilar o vender para obtener una rentabilidad, Melnik diferencia a los rusos interesados en adquirir casas en el Triángulo de Oro en dos categorías. La primera sería una persona de poder adquisitivo medio-alto que quiere una residencia para pasar el verano y la segunda un cliente con mucho dinero que busca el lujo.

Al respecto, Melnik señala que, sobre todo, en la segunda categoría, influye mucho el prestigio. Así, indica que hay políticos rusos de primer nivel –ahí está el «rumor» del presidente de Rusia, Vladimir Putin– que tienen viviendas en Marbella y «los compradores quieren vivir en esa misma zona».

Violeta Bokuchava, de Nvoga, asegura que a los clientes rusos les «atrae mucho» a la hora de comprar una vivienda saber si algún famoso vive o tiene una residencia en la zona. Por ello, algunos de los edificios emblemáticos de Puerto Banús o zonas exclusivas como La Zagaleta o Sierra Blanca son las más demandadas.

Villas de lujo
Maika Díaz, directora de ventas de La Zagaleta, describe como «muy exigente» al cliente que acude a comprar una vivienda en esta zona, donde se encuentran villas de 1.500 a 2.500 metros cuadrados «cuidadas hasta el último detalle». Se trata de viviendas con «un diseño exclusivo y espacios muy amplios».

En ellas, los compradores disponen de entre cuatro y seis dormitorios con grandes ventanales, piscina interior, una zona de spa, grandes garajes e, incluso, sala de cine. Se oferta el lujo, al que los clientes pueden acceder adquiriendo una vivienda desde unos 5,7 millones de euros hasta 15,5 millones, aunque hay una villa que incrementa su precio hasta los 25 millones de euros.

A un precio menor, se encuentra la promoción Casablanca Beach, en San Pedro de Alcántara. También se trata de viviendas de lujo, aunque más pequeñas, en concreto, de entre 200 metros cuadrados hasta unos 400, todas con terraza y en primera línea de playa. Son casas que se pueden adquirir desde un millón de euros, aunque la de precio más alto vale 2,5 millones. Es un ático con 208 metros cuadrados de terraza y amueblada de lujo por un valor de unos 200.000 euros.

También hay precios más bajos con promociones como Resina Golf, en la que se puede adquirir una villa de 330 metros cuadrados y otros 500 de parcela por 320.000 euros. Stefan Lindwall, de M&L Properties, insiste en que se trata de un «precio muy barato, ya que esta vivienda hace unos años valía 750.000 euros». Belén Pedrajas, de Vallehermoso, corrobora esta bajada de precios y precisa que las viviendas que están promocionando en el Russian Meeting Point Marbella, situadas a 300 metros del mar y de unos 80 metros cuadrados, también han bajado sus precios: «En 2008 valían 250.000 euros, mientras que ahora cuestan unos 140.000».

Se trata de una tendencia que los rusos conocen, tal y como explica Melnik, que añade que en Rusia se sabe que ahora es el momento de comprar en España. Y es que estos días en el Russian Meeting Point Marbella se pueden encontrar descuentos del 50% en los precios de las viviendas y el 100% de financiación. Pero en el evento, que concluye este viernes en el hotel Villa Padierna, los inversores rusos pueden encontrar también nuevos productos. Ejemplo de ello es el concepto de Residence, que promociona Nvoga. José Carlos León, de esta compañía, explica que este producto «está siendo un éxito» y que consiste en que el cliente compre el título de propiedad de la habitación de un hotel o una villa para una temporada cada año y el resto del tiempo el hotel pueda disponer de su propiedad, algo que también le reporta rentabilidad.

«Por ejemplo, ofertamos una de las villas como en las que estuvo Michelle Obama en el hotel Villa Padierna. Su precio es a partir de dos millones de euros, pero si la adquieres bajo el concepto de Residence para dos meses al año la suma baja hasta los 200.000 euros», afirma León. Otro de los productos genuinos que oferta Nvoga es la promoción Tee 6, en la que, además de una vivienda de lujo, los compradores adquieren un año de golf en el campo que hay junto a la promoción. «Antes los rusos no se preocupaban por este deporte, pero cada vez lo demandan más y piden facilidades para practicarlo al invertir en una casa», apunta León.

Otro de los productos que se diferencian en el Russian Meeting Point son las residencias de superlujo para personas mayores que ofrece R.O.A. Procoinsa. Jesús Cubero, de esta empresa, indica que una de ellas se encuentra en La Quinta (Marbella) y dispone de 106 camas y, la otra, está en el Campanario del Paraíso (Estepona). En este sentido, Cubero manifiesta que la residencia de Estepona se conforma de una clínica con 62 camas que está en un residencial construido en forma de pueblo mediterráneo con 98 viviendas. Señala que se venden las promociones enteras, la primera por 15 millones de euros y la segunda por 30 millones.

[Via ElMundo]

Código de Buenas Prácticas de protección a los deudores hipotecarios sin recursos

Banco Santander se adhiere, como CatalunyaCaixa y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

Adicionalmente, el banco mantiene la medida de moratoria hipotecaria anunciada en
julio del año pasado y que ha aportado una solución a 9.820 familias con hipotecas
por un total de 1.634 millones.

CatalunyaCaixa y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, también

En concreto, CatalunyaCaixa ha explicado que aplicó la dación en pago a 6.500 familias que no podían afrontar la hipoteca de su vivienda desde 2008, ha informado la entidad, que ahora se ha adherido al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno.

Además, fue pionera en transformar hipotecas impagadas en contratos de alquiler para evitar el desahucio, fórmula que ha aplicado a 1.850 familias en estos años. Asimismo, en 2011 flexibilizó las cuotas hipotecarias de 12.000 familias con problemas para abonarlas.

El Grupo Cajamar, que agrupa a seis cooperativas de crédito y al que está previsto unirse Caja Rural de Canarias, el grupo cooperativo Caja Rural del Mediterráneo, formado por otras 15, y Caixa Rural Les Coves de Vinromá se adherirán al ‘código de buenas prácticas’ sobre desahucios y que contempla la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro.

Así lo anunció en un comunicado la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), que concretó que estas entidades representan el 35% del sector de cooperativas de crédito. ‘Esta medida es un paso más que da el modelo de banca cooperativa en España para evitar la exclusión social’, afirmó la patronal.

Unacc además recordó que las cooperativas ya están aplicando de forma voluntaria algunas de las iniciativas recogidas en el decreto que aprobó el Gobierno el pasado 9 de marzo.

En este sentido, subrayó que Cajamar ya ha promovido la reestructuración de la deuda, la quita en el capital pendiente de amortización y la dación en pago, medidas que son ‘habituales’ en este entidad.

Cómo último recurso, Cajamar ha recurrido a 600 daciones en pago en los últimos cuatro años, caso en los que en la mayoría la vivienda se ha alquilado al mismo deudor.

Madrid, 13 de marzo de 2012. Banco Santander ha decidido adherirse al Código de Buenas
Prácticas aprobado por el Gobierno el viernes pasado y que se incluye como anexo al Real
Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
publicado en el BOE el pasado 10 de marzo. Dicha norma establece la adhesión voluntaria de
las entidades financieras al Código con el fin de aliviar la situación económica y social de las
familias que se encuentran dentro del denominado umbral de exclusión.
Adicionalmente, Banco Santander mantiene la iniciativa que lanzó a finales de julio del año
pasado. Ésta consiste en otorgar una moratoria del pago de capital durante tres años, sin
modificar las condiciones financieras y permitiendo el alargamiento del plazo, a aquellas
familias que hayan visto reducidos sus ingresos o en las que uno de los miembros esté en
paro. Estos límites se están aplicando con flexibilidad y el banco facilita estas ventajas a todos
los clientes con hipoteca que cumplan estos requisitos.
La moratoria hipotecaria de Banco Santander ha beneficiado ya a 9.820 familias por un
importe total de 1.634 millones de euros. Como consecuencia, las cuotas mensuales de su
hipoteca se han rebajado en media un 48%.
El Código de Buenas Prácticas establece un esquema para reestructurar la deuda hipotecaria
de aquellas familias que se encuentren en situación económica extrema y no puedan hacer
frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual. Esta medida afecta, en concreto, a
aquellas familias que tengan en paro a todos los miembros que convivan en la misma vivienda
y cuya cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos netos percibidos por los
miembros de la unidad familiar que conviven en el mismo hogar. Para beneficiarse de las
medidas que contempla dicho Código es necesario cumplir otros requisitos, como no tener
otros bienes o derechos patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
El Código de Buenas Prácticas contempla tres fases de actuación. La primera destinada a
reestructurar la deuda, de manera que sea viable el pago de la deuda hipotecaria
estableciendo medidas como la carencia en la amortización del capital durante cuatro años,
periodo en el que el tipo de interés será del Euribor +0,25 puntos, y ampliando el plazo de
amortización hasta un máximo de 40 años. Si después de estas medidas la cuota resultante a
pagar fuera superior al 60% de los ingresos con que cuenta la unidad familiar, las entidades
financieras podrían asumir una quita de parte del capital pendiente de pago. Si aun así la
familia no puede hacer frente al pago de la cuota, se establece la dación de la vivienda como
forma de cancelación de la deuda con el banco, si bien dicha familia podrá continuar habitando
la vivienda en régimen de alquiler por dos años.

[Via UrbaNoticias]

El ICO prestará 22.000 millones a pymes y autónomos

El ICO aumentará sus líneas de financiación a pymes y emprendedores hasta los 22.000 millones de euros, un 16% más.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliará este año cinco de sus líneas de crédito para destinar 22.000 millones para la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos que pongan en marcha «proyectos rentables».

Este incremento supone un 16% más respecto a la dotación de 19.000 millones de euros prevista en 2011 y un aumento de casi el 40% si se toma como referencia la utilización de estas líneas durante el pasado año.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que esta medida afectará a las líneas ICO-Inversión, ICO-Internacionalización, ICO-Liquidez, ICO-Emprendedores e ICO-Rehabilitación.

Concretamente, la línea ICO-Inversión estará dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria y cubrirá, como novedad, la financiación de circulante, con un límite del 10% del importe de financiación total, informa Europa Press.

La línea ICO-Internacionalización se duplicará desde los 1.000 millones a los 2.000 millones de euros, para facilitar la salida al exterior de las pymes. Así, se incluye un tramo de financiación adicional, sin bonificación, de 1.000 millones de euros y la posibilidad de financiar circulante hasta un 20% del total de la financiación.

Además, la línea ICO-Liquidez incrementará su dotación de 6.000 millones a 8.000 millones de euros, para aliviar las tensiones de tesorería de las empresas, y la línea ICO-Emprendedores -que sustituye a la línea ICO-Desarrollo Empresarial- pasará de 750 millones a 2.000 millones de euros y podrán acceder a ellas autónomos, profesionales o empresas que hayan iniciado su actividad cinco años antes de la concesión del crédito.

En cuanto a la línea ICO-Vivienda, que promueve la rehabilitación de viviendas y edificios, tendrá una dotación de 1.000 millones de euros. Como novedad, se permitirá la financiación de reformas de elementos comunes y se elimina el llamado tramo ‘stock de vivienda’, que facilitaba financiación a promotores de vivienda con la condición de que los inmuebles se pusieran en alquiler.

Incentivo para que la banca participe
Por otro lado, el Gobierno asegura que «se pretende una bajada del coste para el cliente final como consecuencia de la mejora esperada en el coste de financiación del ICO».

Asimismo, se incrementa «ligeramente» el margen de las entidades financieras con objeto de incentivar la comercialización de las líneas ICO, margen que será «la compensación que perciben las entidades por asumir riesgos en las operaciones».

Desde el Gobierno se asegura que este incremento en las dotaciones de las líneas «no tiene impacto presupuestario», puesto que el ICO capta su financiación en los mercados de capitales.

El ICO aporta el 9% de todo el crédito del sistema y el 15% si se contabilizan sólo los préstamos en plazos superiores a cinco años, con lo que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, «es una herramienta que hay que gestionar con responsabilidad».

[Via LibertadDigital]