El ladrillo se convierte en valor refugio en Alemania

Mathias Handenberg, un hombre adinerado de la ciudad de Frankfurt, preocupado por el futuro del euro y que desconfía más que nunca de las inversiones en bolsa, había decidido comprar un piso en el barrio de Sachsenhausen, conocido por los muchos bares, restaurantes y museos que alberga. Pero cuando estaba a punto de cerrar la operación se le ha adelantado un ciudadano griego que no reside en Alemania y que ha pagado 8.000 euros por metro cuadrado, un precio escandaloso incluso para los standard de Frankfurt, una de las ciudades más caras de este país.

«Lo último que podía esperar es que un griego comprase esa casa a un precio superior al que yo estaba dispuesto a pagar, pero está visto que piensan lo mismo que nosotros: en estos momentos, un inmueble en Alemania es un valor seguro», se queja Handenberg en una radio local.

La escena resume el fenómeno que se está produciendo en el mercado inmobiliario alemán, que durante más de 20 años apenas había visto subir los precios pero que se ha convertido ahora en un valor refugio para el capital que huye de la quema del euro.

A medida que Alemania comienza a desmontar su estado del bienestar, se hace más atractiva como inversión para la vejez la compra de una casa propia, en un país que mayoritariamente se vive de alquiler y en el que hasta ahora no había prendido la cultura del crédito y el ladrillo.

El Instituto de Investigación Empirica de Berlín registra una subida media del precio del metro cuadrado del 5,6% en los últimos doce meses en la capital alemana, un nivel de aumento desconocido en estas latitudes. Calcula además que los precios habrán subido dentro de 3 años un 23% en Munich, un 26% en Hamburgo y un 36% en Baviera.

En el sector se huye como del diablo de la expresión «burbuja», pero Steffen Sebastian, economista especializado en este campo de la Universidad de Regensburg, reconoce que «sí observamos el principio de una burbuja, en la medida en que los precios se están alejando de los fundamentales. La prueba de fuego es la comparación con los precios de alquiler en las grandes ciudades alemanas, que sólo subieron un 1,9% en 2011, mientras que el precio de compra se elevó un 5,6%, más del doble que la inflación».

BCE culpable
Hay economistas y técnicos del Bundesbank que culpan al BCE de estar avivando el fuego de esta burbuja, como Kai Carstensen, del centro de estudios Ifo Institute, de Munich, para quien «existe una buena probabilidad de que parte de la liquidez que el BCE está inyectando en los bancos vaya a parar al mercado inmobiliario alemán y es ciertamente un peligro».

Pero los agentes del mercado aseguran que los precios se inflan a causa de capital externo que acude al sector alemán como valor refugio y a la conversión de ahorros en ladrillo por parte de los propios alemanes, que ya no se fían tanto de los bancos. La principal diferencia con la burbuja española sería, por lo tanto, que el boom no procede enteramente del crédito.

Las inmobiliarias españolas, por ejemplo, desembarcaron en 2007 en el mercado alemán, donde en ese momento el suelo de oficinas costaba una tercer aparte de lo que se estaba pagando en España. Hoy están ampliamente instaladas en el sector, especializadas en barrios céntricos y edificios representativos, y muchas de ellas aprovechan las ventajas fiscales que ofrecen los REITs, fondos inmobiliarios de inversión colectiva.

La peculiaridad de los REITs es que la sociedad que los gestiona no paga impuestos a cambio de repartir anualmente gran parte de sus beneficios entre sus accionistas, que son quienes finalmente tributan.

Gran tirón de la construcción
Debido a este desatado frenesí por el sector, la construcción de viviendas en Alemania repuntó un 21,7% el año pasado, o en 40.700 unidades, hasta las 228.400, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis). La edificación encadena su segundo año al alza en la mayor economía europea tras el incremento del 5,5 % que registró en 2010 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de los embates de la crisis de la deuda en la zona del euro.

Según Destatis, el mayor aumento de autorizaciones para la construcción de viviendas se produjo en el segmento de los adosados, que crecieron un 26,8%, seguidos por los bloques de apartamentos (21,6 %), las viviendas unifamiliares (19,6 %) y las bifamiliares (7,3%). La construcción de edificios para uso distinto a viviendas repuntó un 11,2 %, hasta los 213,6 millones de metros cúbicos.

[Via ElMundo]

Los ecuatorianos afectados por hipotecas en España solicitan el apoyo de su Gobierno

Inmigrantes ecuatorianos afectados por el pago de hipotecas en España han solicitado al Gobierno de su país que prohíba que entidades financieras de Ecuador cobren deudas adquiridas por sus ciudadanos con los bancos españoles. Una realidad que, según han denunciado, ya está haciendo el Banco Pichincha, entre otros.

Para ello, medio centenar de ecuatorianos, convocados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en España, se ha manifestado frente a la embajada de Ecuador en Madrid y ha entregado a la embajadora, Aminta Buenaño, un documento con sus reclamaciones.

«Desde hace cuatro años venimos suplicamos ayuda a nuestro Gobierno, pero ahora con más contundencia, porque ya se han sumado abogados, constitucionalistas y asambleístas para apoyarnos en el proyecto de Ley», ha señalado Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).

Quinatoa se ha referido al proyecto de Ley Hipotecaria, que en estos momentos se está tramitando en la Asamblea de Ecuador, para subrayar que lo que solicitan es «que incluya la prohibición de que entidades financieras ecuatorianas compren la cartera de crédito a las españolas para seguir cobrando las deudas».

«Queremos que se cierren todas las posibilidades, todas las puertas, para que ninguna institución financiera vaya a por nosotros, a seguir cobrándonos en nuestro país, y eso es algo que ya está pasando con mucha gente inmigrante que se ha regresado a Ecuador», ha añadido.

La presidenta de CONADEE ha subrayado que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su reciente visita a España, hizo «una mención en general» al problema, «pero no habló con contundencia sobre el proyecto de ley que argumentamos y necesitamos urgentemente».

«La urgencia se debe a que estamos hablando de unas 60.000 u 80.000 personas afectadas sólo en Madrid, porque 8.500 familias hasta el 2010 pasaron por nuestras oficinas para asesorarse», ha dicho. De esas familias -ha proseguido- «hay avalistas y también copropietarios. Hay escrituras que las tienen hasta cuatro dueños. El problema se va multiplicando en lugar de solucionarse».

Quinatoa ha denunciado que muchos de sus compatriotas fueron, además, «estafados» por bancos e inmobiliarias cuando firmaron la hipoteca. «Y cuando hablamos de la estafa nos referimos a que los contratos eran fraudulentos, con avales cruzados, otros que se desconocen, documentos firmados en blanco, contratos ficticios hechos por la misma inmobiliaria y nóminas aumentadas», ha explicado.

Pero lo peor -ha dicho- es que «en un mes hacían los trámites, exigiendo que se firmara con rapidez para poder eludir los controles de riesgo del Banco de España, entidad que está enterada de lo que sucedía, porque así se lo hemos hecho llegar, pero que no se ha pronunciado hasta el momento».

Según la presidenta de CONADEE, la situación es «tan extrema» que muchos ecuatorianos abandonan las llaves de sus casas y sus coches en el aeropuerto antes de regresar a su país. «Estamos decepcionados, indefensos y desprotegidos. Queremos que Ecuador haga justicia aprobando esa ley», ha subrayado.

[Via ElMundo]

El Estado pone más ladrillo en el mercado

La venta de inmuebles de la Administración lastrará los precios.

Las consultoras animan a la Administración a que venda parte de su patrimonio inmobiliario, lo que pondrá más oferta en el mercado y tirará aún más los precios. Además, los inversores dispuestos a comprar sólo cerrarían operaciones con rentabilidades muy altas, por encima del 7 por ciento

El Estado tiene problemas financieros. Pero es el mayor propietario inmobiliario de España. Dispone de 55.000 edificios en propiedad pero, aun así, paga 100 millones de euros en alquileres. Por eso, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio inmobiliario.

¿En qué puede traducirse? O, mejor, ¿qué estrategia debería desarrollarse? Según explica Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, tendría que adoptarse un plan centralizo por ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. A continuación, cada una de estas entidades debería realizar un inventario, porque hay algunas que no saben ni los inmuebles que poseen. Después, realizar valoraciones. Y, por último, elaborar un plan de mantenimiento de los edificios que se quieren conservar; de alquileres, cuando merezca la pena esa alternativa frente a la ocupación de inmuebles propios y de desinversiones.

Precisamente, según una encuesta realizada por CB Richard Ellis entre expertos del sector, la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración va a ser una de las principales fuentes de negocio para las consultoras. Como afirma Óscar Gorgues, director general de Forcadell, ése es su trabajo, preparar y buscar buenas oportunidades de negocio para sus clientes. Las consultoras, de hecho, ya están animando a los distintos estratos del Estado a que vendan parte de su patrimonio. Isabel Benéitez, directora de sector público de CB Richard Ellis, explica: «Una parte relevante de la planificación podría ser la comercialización inmediata de determinados inmuebles por un valor de unos 2.800 millones de euros. Esos ingresos aliviarían las arcas del Estado y servirían para financiar el conjunto del plan». Esta consultora inmobiliaria ha realizado un estudio sobre el patrimonio inmobiliario público a partir de una muestra de 230 inmuebles situados en Madrid, según el que han llegado a la conclusión de que el valor total de los inmuebles del Estado sería de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

Lo malo, como advierte Luis Corral, es que poner de golpe y porrazo tantos inmuebles en venta puede suponer una fuerte presión bajista para el mercado inmobiliario, especialmente en el de oficinas, sobre todo en un momento en el que ya hay una gran sobreoferta existente. Pero, quizás, tumbar los precios sea el objetivo de los cazadores de gangas, que se están cansando de esperar a que bajen los inmuebles en España.

Cataluña, la primera ¿en fracasar?
Cataluña ha sido vanguardia. Como relata Óscar Gorgues, director general de Forcadell, a mediados del año pasado, la Generalitat contrató los servicios de despachos de abogados para la comercialización de varios inmuebles por valor de 550 millones de euros, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero a finales de año supimos que la operación había fracasado. ¿Por qué? Según continúa Gorgues, porque los inversores exigían unas rentabilidades muy altas, de entre el 7 y el 8 por ciento, frente a la del 6 por ciento que estaba dispuesta a ofrecer Cataluña. ¿Qué significa esto? Los inversores estaban dispuestos a comprar, pero a precios muy bajos. Además, como dice Gorgues, que no se cerrara ninguna operación también es síntoma de la escasa liquidez existente para el mercado inmobiliario.

Gorgues también critica que la estrategia de comercialización no fue la más adecuada: se hicieron paquetes muy grandes, en los que se mezclaba lo bueno con lo malo, lo que desembocó en eso, en unas excesivas exigencias por parte de los inversores.

Menos mal que los Gobiernos, de momento, no están dispuestos a vender el patrimonio común a cualquier precio. Pero es que, además, como insiste Luis Corral, es necesario que las administraciones conozcan muy bien su patrimonio para tener poder de negociación frente a los inversores interesados.

Bien es verdad que ahora hay algún inversor particular y «family offices» negociando con la Generalitat la compra de algún inmueble singular.

El Estado, ¿un inquilino seguro?
Sea como sea, de lo que no hay duda de que los recortes van a desembocar en una reducción del espacio que ocupa la Administración. Entre otras cosas, porque, de acuerdo con el estudio de CB Richard Ellis y PWC, respecto a otros sectores, el público disfruta de un exceso de espacio del 37 por ciento. Pero, además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó, cuando habló sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, que en los planes del Gobierno entra la reducción inicial del 20 por ciento de entidades públicas. Y ello tiene una derivada negativa para los inversores que compren inmuebles a la Administración que luego ésta pueda seguir ocupando en régimen de alquiler: existe el riesgo de que se queden vacíos porque continúe reduciéndose el tamaño del Estado. Ésta puede ser otra de las razones por las que los inversores demandan rentabilidades tan altas: también los poderes públicos son inquilinos de riesgo.

Han podido caer en la cuenta porque las entidades financieras, antes arrendatarias seguras, también están fallando: con la reducción de capacidad instalada que tienen que continuar realizando, aún quedan por cerrar numerosas oficinas.

Por ambas razones, tanto los precios de venta como los alquileres de oficinas y locales comerciales seguirán bajando, afirma Óscar Gorgues.

[Via Finanzas]

Los abogados aprenden a vender sus servicios

El gran error que han cometido los grandes despachos de abogados españoles en los últimos años ha sido delegar la captación de los nuevos clientes en la responsabilidad del director de desarrollo, cuando este está más especializado en el marketing o la preventa, pero no en la eficiencia comercial», asegura Marcos González de La-Hoz, director de la consultora Ventium y profesor del IE Business School en excelencia comercial.

Con la crisis, el perfil de venta ha cobrado mayor interés, sobre todo, para los despachos anglosajones. «Allí tienen claro que el abogado que quiera triunfar en un bufete debe ser, además de un gran jurista, un excelente comercial de los servicios jurídicos, no como aquí donde el letrado se distingue por la cantidad de trabajo que pueda cargar sobre sus espaldas», añade de La-Hoz.

Asociados, primero
Según este experto, lo recomendable para cambiar esta situación es ofrecer formación comercial no solo a los socios que ya tienen este cometido en sus atribuciones, sino a la categoría inferior, los asociados, e incluso un escalón más atrás, al letrado sénior, es decir, como mínimo siete años antes de alcanzar la cúpula.

Gracias a esta formación también se podrían planificar las promociones. «En una encuesta que hicimos entre abogados asociados, of counsel y socios, detectamos que no estaba bien planificada la promoción interna que sigue el letrado sénior hasta convertirse en socio. Cuando un letrado llega a la categoría de asociado tiene una baja rentabilidad, de ahí que muchos se marchen a otros despachos», explica el profesor del IE Business School, «algo que no ocurriría si ya empezase a buscar nuevos nichos de mercado».

El potencial es grande. Las expectativas comerciales de las firmas de la abogacía pueden mejorar hasta un 30% y los asociados pueden contribuir al crecimiento de su bufete con uno o dos clientes al año.

También se les puede enseñar a planificar su propia cartera de clientes, algo que requerirá ser revisado cada año. Ventium dispone de técnicas propias y especializadas para el sector jurídico basadas en 28 teorías, cuyo director general ha desarrollado en el libro Excelencia Comercial Jurídica. Las claves para aumentar tu cartera de clientes.

La aceptación de estas nuevas técnicas por parte de los despachos ha sido abrumadora, hasta el punto de que existe una lista de espera de dos meses para los cursos de efectividad comercial, pero casi todas son filiales de firmas anglosajonas. «Los despachos nacionales como no se actualicen van a sufrir una pérdida de cuota de mercado por la agresividad y competitividad de estas delegaciones que son mucho más receptivas a los nuevos postulados», sentencia Marcos González de La-Hoz.

[Via CincoDias]

Aprobada a ley de transparencia hipotecaria madrileña con el rechazo de toda la oposición

El pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha aprobado, con el apoyo del PP y el rechazo del resto de grupos, la ley que fomenta la transparencia en la contratación de hipotecas. Según los ‘populares’, con esta nueva normativa se eleva la protección de los consumidores, aunque la oposición cree que es insuficiente y no resuelve los problemas.

Rechazo que han explicado diputados de IU y UPyD, que han defendido su voto en contra al entender que es una «tomadura de pelo» e «innecesaria». Y el PSM, que aunque ha considerado necesaria una ley que mejore la información con la que cuentan los ciudadanos a la hora de contratar un préstamo, ha rechazado la norma presentada por el PP tal y como está redactada.

La ley exige a las entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, den por escrito al consumidor una información «especialmente detallada» en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito a percibir, el importe total estimativo a satisfacer y las obligaciones que el consumidor contraerá si finalmente formaliza el contrato.

De este modo, se deberá especificar si al contratar el préstamo se incluye como única garantía la vivienda hipotecada (dación en pago) o si también deberá responder con todo su patrimonio, presente y futuro. La ley pide que esta información se redacte de forma «transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura».

La normativa también contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones sobre el procedimiento de contratación o en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Unas sanciones que podrían llegar, en el caso de considerarse muy graves, hasta los 600.000 euros.

Eustaquio Jiménez, diputado del PSM, ha defendido que se haga una ley en defensa del consumidor, pero ha considerado que el proyecto aprobado es «imperfecto». Jiménez ha especificado que no habrá mayor transparencia en la contratación a menos que se introduzcan elementos como los que ha propuesto el PSM en sus enmiendas, como que se garantice la gratuidad de la información sobre productos hipotecarios que han de dar los bancos, o que se cree un modelo oficial de contrato hipotecario para que cualquier cliente pueda contrastar la oferta de crédito que le hace una entidad.

También ha sugerido el PSM que la ley incluya la mediación gratuita en el caso de que un cliente no pueda hacer frente al pago del préstamo, dentro de la batería de alrededor de 50 enmiendas que ha presentado este grupo al proyecto de ley durante su tramitación.

Desde IU, la diputada Libertad Martínez ha expresado su posición «profundamente en contra» de esta ley, que ha tachado de «tomadura de pelo» e «insulto» a los ciudadanos. Bajo su punto de vista, lo que debería impulsar el PP es una ley que contemple la dación en pago para aquellos consumidores que no pueden afrontar el pago de sus viviendas, y no una norma que se limite a hablar de mayor transparencia en la letra pequeña de los contratos hipotecarios.

UPyD, a través de su portavoz Luis de Velasco, ha opinado que esta norma es «absolutamente innecesaria», porque parece ser más bien «un proyecto de ley para aumentar la letra de la documentación de la banca». De Velasco ha recordado que el Ministerio de Hacienda ya aprobó el pasado mes de noviembre una orden que regula con más detalle estos aspectos, por lo que ha considerado que presentar esta ley en la Asamblea de Madrid «son ganas de perder el tiempo».

Carmen González, en nombre del PP, ha defendido el proyecto de ley, que pretende, ha dicho, elevar el nivel de protección de los consumidores de un producto hipotecario. Gracias a esta norma, ha explicado González, cuando un madrileño acuda a solicitar una hipoteca tendrá «información clara y precisa de las obligaciones y los riesgos que asume», y podrá saber si, en caso de no poder pagar las letras, responderá con todo su patrimonio presente y futuro, o si quedaría saldada con la entrega de la vivienda.

[Via ElMundo]

En la construcción cobran un 1,38% más que en el resto de sectores, a pesar de la crisis

Los empleados y operarios del sector de la construcción cobran una media de 21.599 euros, un importe que supera en un 1,38% a la retribución media del resto de sectores (21.304 euros), según un estudio elaborado por la firma de consultoría de recursos humanos ICSA y La Salle Universities.
Esta diferencia se mantiene pese a que la construcción ha destruido 1,6 millones de puestos de trabajo desde que hace cuatro años estalló el ‘boom’ del sector, y actualmente emplea a menos de la mitad de trabajadores (1,3 millones de empleados) que antes de la crisis.

‘Así, la enorme caída de la actividad no ha significado una variación espectacular en las remuneraciones de los que aún conservan su empleo en el sector’, concluye el estudio.

En el caso de puestos directivos y mandos, el sueldo medio de los de la construcción se sitúan ligeramente por debajo de la media del resto de ocupaciones.

En concreto, en el caso de los directivos, los del ‘ladrillo’ perciben 73.106 euros, un 0,2% menos respecto a la media de los de otras actividades. Por sectores, los ejecutivos de la construcción aún cobran más que los de las empresas de servicios, comercio, turismo y de firmas culturales o de comunicación. Por contra, les superan los directivos de la banca, de la industria y los transportes.

Por lo que a los mandos se refiere, los de la actividad constructora cobran unos 36.793 euros, un 1,17% menos que sus homólogos de otros oficios.

‘Los datos salariales señalan que están estancados desde 2008 (año en que arrancó la actual crisis), pese al drama que de, desde entonces, más de la mitad de los trabajadores del ramo ha perdido su empleo’, indicó en un comunicado el presidente de ICSA, Ernesto Poveda.

Por otro lado, el informe señala a la formación como ‘clave’ para ‘reorientar’ a los desempleados de la construcción hacia otros sectores de actividad económica. En este sentido, el directivo de La Salle Campus Barcelona pone el ejemplo de los arquitectos, ‘profesionales cada vez más apreciados en múltiples sectores fuera del de la construcción’.

[UrbaNoticias]

Oleada de ERE por extinción en enero

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción (despidos colectivos) repuntaron un 76,3% en enero de este año, afectando a 5.469 trabajadores, prácticamente el doble que los 2.865 que se quedaron sin empleo por esta vía en enero de 2010, según datos del Ministerio de Empleo. El número de ERE de extinción en enero alcanzó los 418 expedientes, un 20% de los 2.067 procesos autorizados llevados a cabo en ese mes. Esta proporción se situó en el 15,2% en enero de 2010.

Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo alcanzaron los 1.036, un 29% más, mientras que el número de afectados por estos expedientes aumentó un 56,6%, hasta los 16.008 trabajadores.

Además, un total de 5.711 personas se vieron afectadas por un ERE de reducción de jornada, una cifra tan sólo un 0,6% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (5.674 trabajadores). El número de expedientes de reducción de jornada aumentó un 19,4%, hasta los 613 procesos.

Los trabajadores afectados por ERE aumentan un 45%
En conjunto, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por las autoridades laborales aumentó un 44,9% en el primer mes del año, en tanto que los expedientes autorizados se elevaron un 33% con respecto al mismo mes de 2010.

En concreto, un total de 27.188 trabajadores se vieron afectados por un ERE en enero, frente a los 18.761 del mismo periodo del ejercicio precedente, lo que, en términos relativos, implica un ascenso de casi el 44,9%.

El número de ERE autorizados se elevó a 2.067 expedientes desde los 1.553 registrados en enero de 2010. Del total de expedientes autorizados, 1.965 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 102 no pactados, afectando, respectivamente, a 25.424 y 1.764 trabajadores.

Del total de expedientes autorizados en noviembre, 970 se encuadran en el sector servicios, con un ascenso del 47,4% respecto al mismo periodo de 2010, mientras que 680 lo hacen en la industria (+27,5%). Por su parte, 336 expedientes pertenecieron a la construcción (+25,3%) y 81 en la agricultura (-13,8%).

[Via CincoDias]

¿Quién gana y pierde con una gasolina tan cara?

El precio de los carburantes sigue derribando fronteras en España y, por ahora no encuentra techo, en paralelo al encarecimiento del petróleo, que se ha consolidado en la franja de los 125 dólares.

Desde la segunda semana de marzo un litro de gasolina cuesta de media 1,477 euros y uno de gasóleo 1,399 euros, según el boletín petrolero de la UE, lo que supone el máximo histórico en ambos productos.

Sin embargo, el crudo está todavía lejos del nivel alcanzado en julio de 2008, cuando llegó a cotizar a 146,07 dólares por barril. ¿Cómo es posible, entonces, que los carburantes estén en máximos y que el petróleo esté a 20 dólares de su mayor registro? La respuesta se encuentra en los impuestos y en el cambio del euro respecto al dólar.

Desde que el barril de petróleo tocó máximos, en España se ha aprobado una subida de los impuestos especiales que gravan los hidrocarburos, un incremento del IVA, un encarecimiento de la fiscalidad del gasóleo profesional y diez comunidades autónomas han implantado el «céntimo sanitario» para costear la sanidad. Eso es lo que ha provocado que los impuestos representen ya, según los últimos datos de la Asociación de Organizaciones de Productores Petrolíferos (AOP) el 46,9% del precio de la gasolina y el 41,06% del gasóleo. En términos absolutos, el peso de los impuestos ha crecido entre 2008 y 2011 siete céntimos por litro en el caso de la gasolina y ocho céntimos en el gasóleo.

Pero el principal factor que ha disparado el precio de los carburantes ha sido el encarecimiento del dólar. Cuando el petróleo superó la barrera de los 146 dólares, el cambio era 1,6 dólares por euro, mientras que en la actualidad el cambio apenas supera los 1,3 dólares, lo que supone una apreciación del 20%. Y esto es una losa para un país como España que solo produce el 0,20% del crudo que consume y que tiene que importar el resto.

El petróleo se compra en dólares, de modo que una revalorización de esa moneda se traduce automáticamente en un encarecimiento de la factura que tienen que asumir Estado, empresas y particulares en España en sus compras. El anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue el que institucionalizó el cálculo de que por cada diez dólares que se encarece el barril de petróleo, el coste para la economía española se eleva en 6.000 millones de euros.

El dedo acusador, por lo tanto, suele fijarse en las petroleras, que acarrean con el sambenito de lucrarse con el encarecimiento del petróleo. Desde la AOP rechazan esa tesis y apuntan en el sentido contrario, argumentando que sus márgenes crecen cuando el precio está más barato, ya que tienen que gastar menos dinero en todo el proceso que va desde la adquisición del crudo hasta la venta en la estación de servicio.

Un análisis más en profundidad ofrece resultados diferentes para la gasolina y el gasóleo. Con un petróleo a 146 dólares, el margen bruto que les quedaba a las petroleras por cada litro de gasolina en el primer semestre de 2008 era del 10,7% del precio final, mientras que en la actualidad ha caído al 9,8%, lo que supone un recorte del 9%. Todo lo contrario ha sucedido con el gasóleo, en el que la ganancia bruta ha crecido un 4%, al pasar de un 10,15% a un 10,56%, gracias en parte al menor peso de los impuestos frente a la gasolina.

Las petroleras, además, critican la estrategia de los distintos Ejecutivos de imponer gravámenes a los combustibles para impulsar los ingresos tributarios, en la medida en la que afecta a un consumo ya deteriorado por la crisis. En 2011, la compra de gasolina cayó un 6,6% y la de gasóleo un 6,3%. Esa tendencia se ha mantenido en enero con bajadas del 4,5% y del 3,6%, respectivamente.

Respondiendo a la pregunta del titular, los que ganan con la carestía de los carburantes son los países exportadores, cuyas ventas siguen creciendo, y los importadores, que encuentran una justificación en la necesidad de ingresos adicionales para subir todos los impuestos que gravan los hidrocarburos. Los perdedores son familias y empresas, que tienen que pagar mucho más dinero en su quehacer diario, y las petroleras, en menor medida, por el impacto que el menor consumo tiene en sus ventas.

[Via CincoDias]

El Gobierno debe dos meses de la ayuda al alquiler a los jóvenes

La Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler para jóvenes de 210 euros mensuales, vive su primer contratiempo -retrasos en los pagos- con el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ministerio de Fomento debe dos de los tres primeros meses de 2012 a los beneficiarios, que tienen derecho a exigir los intereses de demora correspondientes a estas cantidades que llegarán después del periodo estipulado.

Fuentes del departamento dirigido por Ana Pastor han confirmado a ELMUNDO.es este retraso en los pagos aludiendo a «un problema técnico y puntual» y que «se solucionará en breve». «Enero está a punto de pagarse y el reembolso de febrero también irá rápido», apuntan desde Fomento para tranquilidad de los jóvenes. Desde la cartera de Pastor no se especifica si la dilación afecta todos los beneficiarios en bloque o sólo a una parte.

Jóvenes como Cristina y María, que han recibido la primera transferencia de 2012 el pasado 16 de marzo después de semanas de incertidumbre, escasa información y múltiples llamadas. Una transferencia que no saben si corresponde a marzo o a enero. «Primero me dijeron que este dinero era el de marzo y después que era el de enero, que los pagos iban por orden», afirma Cristina, que no tiene muy claro qué meses tiene pendiente de cobro.

Además, a esta afectada no le convence la explicación dada desde el Ministerio de Fomento. «La última vez que mi novio llamó a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid le comunicaron que el problema no era de ellos, que no habían remitido ninguna incidencia en la gestión, que el retraso y el problema se debía al pagador», indica Cristina.

«Este retraso, en principio, no nos ha supuesto demasiado trastorno -comparte piso con su pareja- porque ya estábamos acostumbrados. Pagamos todo 2011 sin ayuda y después de un año completo de demora nos ingresaron 12 meses de golpe en diciembre. Este dinero es algo con lo que tienes derecho a contar, pero nunca puedes tenerlo seguro», cuenta Cristina.

Mayores problemas le está suponiendo a María, que tiene que hacer frente sola a una renta de 866 euros más gastos al mes. «Después de un año entero esperando, por fin me llegó la ayuda. Y cuando piensas que todo está arreglado y que regularmente recibirás 210 euros, algo vuelve a fallar de nuevo descuadrando todas las cuentas», indica María, cuyas cuentas de la RBE con el Estado reflejan un saldo a su favor de 420 euros que no ha recibido.

Este contratiempo es el primero que la subvención estatal -cuya gestión y tramitación ha estado envuelta en múltiples polémicas- vive con el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha puesto fin a la incorporación de nuevos solicitantes a la RBE. El Ejecutivo cerró la puerta a nuevas solicitudes el 31 de diciembre de 2012, aunque la mantuvo en vigor para los beneficiarios anteriores y expedientes en curso hasta esa fecha. De este modo, progresivamente, se irá reduciendo el número de ‘agraciados’ con la RBE hasta su desaparición definitiva.

[Via ElMundo]

Agbar librará de pagar el agua a unas 11.400 familias del área metropolitana

Los hogares que solo perciben renta mínima de inserción y que no consumen más de 100 litros por persona y día son los destinatarios.

Aigües de Barcelona (Agbar) librará de pagar al menos durante un año por el consumo de agua a unas 11.400 familias del área metropolitana de Barcelona que solo perciben la renta mínima de inserción (a partir de 105,93 euros al mes y hasta un máximo de 641,40) y consumen menos de 100 litros por habitante y día. Se trata del consumo mínimo considerado de subsistencia estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Está previsto que la medida, articulada a través de un fondo de solidaridad de la Fundació Agbar que se dota con entre un millón y 1,5 millones de euros, se ponga en marcha a partir de junio tras firmar convenios de colaboración con los ayuntamientos que colaborarán en facilitar la información y la documentación necesarias a los implicados para que puedan acudir a la compañía para solicitar este apoyo. El colectivo potencial al que va dirigido se ha obtenido de los datos de la Conselleria de Benestar Social i Família. En principio la exención será para un año, pero no se descarta prolongarla por más tiempo, según fuentes de la compañía.

La iniciativa ha sido anunciada por el presidente del grupo, Àngel Simón, durante un acto coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, celebrado en el museo de la compañía en Cornellà de Llobregat ante alcaldes del área metropolitana. Con el fondo de solidaridad, los beneficiarios de la exención se ahorrarán una media anual de unos 140 euros (35 euros por trimestre). Al recibir la factura deberán acudir a las ofiicnas de Agbar con la documentación acreditativa y solo tendrán que pagar el canon y otros impuestos, que suponen alrededor de la mitad del recibo. Como ejemplo del impacto de la medida, basta decir que con la congelación del primer tramo de consumo acordada por la Generalitat (canon social), este colectivo se ahorra una media de unos cinco euros al año, mientras que la exención por pagar el consumo es casi 30 veces superior, explica Ignasi Escudero, director general de Aigües de Barcelona. «En un momento complejo para muchas familias en riesgo de exclusión social la idea es contribuir a que lo superen», afirma Escudero.

La Fundació Agbar, con un presupuesto anual de unos 10 millones de euros, ha incrementado en los últimos dos años un 533% sus aportaciones a entidades sociales, en un momento en el que su presupuesto de patrocinios se ha recortado el 25%. Entre las aportaciones de esta naturaleza destacan las realizadas a la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), el Banc d’Aliments, la Cruz Roja, la Fundació Astoreca, la Fundación Vicente Ferrer y Unicef, según la compañía.

[Via ElPeriodico]