El Banco de España quiere poner orden a los activos inmobiliarios de la banca

Un poco de orden. Es lo que pide el Banco de España en un proyecto de circular que está a punto de emitir y que pide a los bancos que describan con pormenores de los inmuebles que acumulan en sus balances. Los bancos deberán emplearse duro para satisfacer las peticiones del regulador, que podrá usar los datos para facilitar la valoración de activos del futuro ‘banco malo’ y contrastarla.

El escrito está desde finales de julio en fase de consulta -hasta el próximo 5 de septiembre-, en manos de las entidades y de quien lo desee, y exige una lista casi interminable de características relativas a cada una de las viviendas, edificios, naves, oficinas garajes, locales, suelos y cualquier tipo de inmueble en poder de las entidades.

El BE quiere saberlo todo sobre ellos. Cuál fue la última tasación realizada, cuántas casas de una promoción de pisos quedan por vender… Cuál fue su valor bruto en la fecha en la que cayó sus manos y las correcciones del precio por su deterioro posterior o durante la venta. Pero también si está alquilado, desde y hasta cuándo y cuál fue la fianza abonada por el inquilino.

El nivel de detalle en el caso de las viviendas llega, por ejemplo, a preguntar por el nombre de las agencias y consultoras están intentando venderlas o los gastos de seguros, la comunidad e impuestos que soportan. Y más, porque las especificaciones incluyen hasta si tienen agua caliente, armarios empotrados o si la finca incluye una pista de squash.

‘Cuanto antes’
Una vez que lance la circular, el regulador espera disponer de los datos «cuanto antes», explican fuentes del Banco de España, pues la información debe estar perfectamente estructurada antes de final de año.

La circular desarrolla las exigencias de los dos Reales Decretos que publicados en mayo y febrero (el 18/2012 y el 2/2012) sobre agrupación de activos inmobiliarios y saneamiento de las entidades financieras. Algunas entidades, como Bankia o el Sabadell, ya trabajan en la concentración de activos inmobiliarios desde la pasada primavera.

Con la información que remitan las entidades será más fácil, primero, entender la naturaleza de los activos ‘tóxicos’ que caerán en el ‘banco malo’ y, segundo, cómo valorarlos. La duda que surge es quién realizará la compilación de los datos.

La próxima creación del ‘banco malo’, la agencia estatal que prevé la incorporación de los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos estatales -Bankia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia- y privados, centralizará la valoración de los activos en la consultora norteamericana Oliver Wyman, que en España cuenta con oficinas en Madrid Barcelona y está especializada en gestión de activos y recursos.
La valoración de los activos es la ‘patata caliente’ que decantará el futuro próximo del mercado inmobiliario español. Una valoración cuyo nivel de precios estará marcado por el ritmo que quiera imponer la ‘troika’ a la liquidación de la burbuja inmobiliaria española. El texto inicial predica que los activos tendrán a un «valor razonable», y no un valor ‘de mercado’, lo que podría dar pie a que la burbuja inmobiliaria tardara más tiempo en desinflarse

[Via ElMundo]

‘El Gobierno se toma en serio el alquiler, pero adopta medidas insuficientes para dinamizarlo’

‘El desahucio exprés no existe, ni existirá, mientras los juzgados no sean dotados de mayores recursos’, subraya Antonio Carroza, Consejero Delegado de Alquiler Seguro.

El plazo de 10 días para que el arrendatario pague la deuda pendiente, que no es una medida nueva, puesto que está en vigor desde el 30 de octubre de 2011, es un buen paso, pero necesita de mayores recursos en juzgados (Comisión de Lanzamientos) para que sea efectiva.

Ante las medidas anunciadas y aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, Alquiler Seguro considera que el Gobierno se toma en serio el mercado del alquiler, como una opción real, pero el paquete de medidas anunciado por la Ministra Ana Pastor, ’son claramente insuficientes y en muchos apartados pueden ser incluso medidas negativas tanto para arrendadores como para arrendatarios’,señalan desde Alquiler Seguro.
Las medidas punto a punto:

• Prórroga obligatoria de 5 años a 3, prórroga tácita de 3 a 1 año.‘Creemos que esta medida de acortamiento de los plazos, puede suponer una erosión en la estabilidad del arrendatario’, señala Antonio Carroza. ’Para nosotros la mejor medida y por lo que abogamos es la libertad en la negociación de las partes, puesto que el acceso al alquiler se produce por diversas necesidades que van desde los estudiantes hasta las familias que necesitan una estabilidad a largo plazo’.

• La actualización de la renta podrá ser pactada.
El Consejero Delegado de Alquiler Seguro comenta esta medida: ’Aplaudimos la desvinculación de la actualización de la renta con el IPC, puesto que el IPC no era el índice válido para los alquileres y no tenía sentido su vinculación’. ‘En un mercado maduro con libre acceso a la información, existen indicadores que muestran, o mostrarán en un futuro inmediato, la realidad del mercado del alquiler y su variación real de precios’.

• El propietario podrá recuperar la vivienda para residencia habitual con un preaviso de 2 meses.
‘Este cambio puede interpretarse como una erosión en la estabilidad del inquilino. Si partimos de un escenario en el que un arrendador recibe puntualmente sus rentas y posee suficiente seguridad jurídica para recuperar su inmueble en caso de impagos, es improbable que ante una nueva necesidad habitacional imprevista, renuncie a la rentabilidad de su arrendamiento’, señala Carroza.

• El inquilino podrá dejar la vivienda avisando con un mes de antelación durante cualquier momento del contrato
‘Un preaviso de un mes lo único que va a hacer es que a la hora de alquilar su piso, el propietario suba el precio para amortizar la inversión que ha hecho en su vivienda’, alerta Antonio Carroza. ’Nosotros consideramos que la flexibilidad de la vinculación del contrato es algo personal y de libre negociación entre las partes’.

• Agilizar los desahucios. Se habilitan 10 días para que el arrendatario pague la deuda contraída.
‘Se ha presentado como nueva una medida, señala Antonio Carroza, que está en vigor desde el 30 de octubre de 2011. De todas formas aplaudimos cualquier medida que trate de reducir los plazos procesales, no obstante, como en reformas anteriores, si no vienen acompañadas de una mayor dotación de medios a la administración de justicia, no tendrá efectos perceptibles, y mucho menos se trata de un desahucio exprés en 10 días’

• Inscripción en el registro de la propiedad
‘La flexibilidad que demanda el alquiler es incompatible con el concepto actual de Registro. Puede darse la paradoja de que un inquilino notifique su intención de rescindir el contrato, según las medidas adoptadas en esta reforma, y que este se encuentre en el Registro pendiente de despacho aún. Abogamos por una canalización y un control del contrato a través de un censo, adaptado a las tecnologías disponibles en el siglo XXI’, señala desde Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

• Impulsar las SOCIMIS
Desde Alquiler Seguro, subraya Antonio Carroza, ‘siempre hemos defendido el papel de las SOCIMIS para dinamizar el mercado del alquiler’. Apostamos por beneficios fiscales a estas entidades, siempre que sus inversiones sean a largo plazo y con un destino claro, potenciar el alquiler.

‘Por eso vemos que estas medidas están encaminadas dar salid al patrimonio inmobiliario de los bancos, alterando así la base de estas entidades y redirigiendo los esfuerzos a retomar la compraventa como modelo principal en el mercado inmobiliario’.

[Via UrbaNoticias]

El 30% de los parados españoles rechazaría un sueldo de ‘mileurista’

El 30% de los desempleados españoles no aceptaría un empleo con un sueldo mensual inferior a 1.000 euros, según refleja una encuesta de la empresa de servicios de selección y trabajo temporal Manpower realizada entre 9.000 candidatos de entre todos los que se dirigieron a su red de oficinas para encontrar un puesto de trabajo.

La encuesta revela además que el 33%, es decir un tercio de los desempleados, no aceptarían un trabajo por menos de 800 euros, porcentaje que asciende al 63% si se le suma el de aquellos que rechazarían un empleo si no cobraran 1.000 euros o más al mes.

Además, el 12% no lo haría por debajo de los 600 euros, mientras que sólo el 25% de los desempleados aceptaría un trabajo con independencia de su retribución.

En el caso de los hombres, el porcentaje de los que no trabajaría por menos de 1.000 euros mensuales alcanza al 32%, mientras que en el de las mujeres baja al 28%.

Por grupos de edad, los parados que tienen entre 35 y 44 años son los que concentran un mayor porcentaje de parados que no trabajarían por menos de 1.000 euros, con el 42%. En el grupo de 45 a 65 años, el porcentaje es del 37% y se reduce a medida que disminuye la edad: 31% en el grupo de 25 a 34 años y 11% en los jóvenes de 16 a 24 años, informa EP.

Madrid, la comunidad con los parados más exigentes

El informe de Manpower revela que Madrid, con un 41%, es la Comunidad que reúne el porcentaje más elevado de parados que no aceptarían un empleo con una retribución menor de 1.000 euros, seguida de Cataluña, con el 37%, y de Comunidad Valenciana y La Rioja, ambas con un 28%.

En el lado contrario, Canarias es la comunidad autónoma donde son menos los desempleados que rechazarían un empleo si el sueldo no llega a los 1.000 euros, con el 13%. Le siguen Galicia (18%) y Andalucía y Aragón (21% en ambos casos).

El director general de Manpower en España, Raúl Grijalba, ha explicado que el sueldo mínimo por el que un desempleado está dispuesto a trabajar está relacionado con el coste de la vida, «lo que justifica que los porcentajes de desempleados que no aceptarían un sueldo inferior a los 1.000 euros sean más elevados en la Comunidad de Madrid y en Cataluña».

Por otra parte, Grijalba ha precisado para valorar ese 30% de parados que no aceptaría un empleo por menos de 1.000 euros hay que tener en cuenta que el 57% de los desempleados recibe algún tipo de subsidio.

La encuesta de Manpower revela también que el 68% de los desempleados considera que mejorar su formación ampliaría sus posibilidades de encontrar trabajo, frente al 63% registrado hace un año. Los hombres son los que más valoran la formación, pues un 73% cree que aumentaría sus posibilidades de encontrar trabajo, porcentaje que entre las mujeres desciende hasta el 62%.

[Via Finanzas]

La inversión inmobiliaria viene de Rusia

El 40% de las viviendas turísticas vendidas en la Costa Blanca el año pasado fueron a ciudadanos rusos

Los turistas rusos que buscan una segunda residencia en la Costa Blanca han terminado desplazando a los ingleses como principales inversores inmobiliarios en la provincia. Esta fue la principal conclusión de la cumbre de promotores inmobiliarios alicantinos y rusos que se desarrolló el pasado fin de semana en un hotel de la Marina Baixa, y en la que se dio a conocer un dato contundente. El 40% de las alrededor de 7.000 casas que se vendieron a extranjeros en la provincia durante el año pasado fue adquirido por ciudadanos de Rusia.

Un porcentaje espectacular si se tiene en cuenta que tan sólo hace 4 años, este porcentaje apenas superaba el 5%, según los datos aportados en la jornada que organizó la comercializadora Costa Activa y que contó, entre otros, con Gregory Poltorak, vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarias de Rusia (agrupación con 1.500 empresas), Natalia German, gerente de una mercantil rusa con 20 años en el mercado y Jesualdo Ros, secretario general de Provia.

Precisamente, la patronal alicantina acaba de firmar un convenio con promotores rusos para crear empresas mixtas que desarrollen suelo, busquen financiación y compradores para un paquete inicial de unas 3.000 viviendas en la Costa Blanca. Casas de todos los tipos y dirigidas a compradores con alto poder adquisitivo y también de clase media, un sector que crece en Rusia.

Contrariamente al efecto demoledor que puede tener la subida del IVA en España a partir de septiembre (del 18% al 21% en casi todas las actividades comerciales), promotores y expertos calculan que los próximos cinco meses la compraventa de viviendas turísticas (segunda residencia) puede sufrir una especie de «boom» debido a que el IVA que grava la venta de viviendas se mantiene al 4%. Además, en enero entrará en vigor la eliminación de la desgravación por vivienda, según apuntó Ramón Fernández, socio Costa Activa.

Actualmente, el número de turistas que visitan España está cifrado en unos 750.000 y su motivo de visita es el ocio, con un segmento muy identificado con familias y con un alojamiento preferiblemente hotelero, en el 85% de los caso. El gasto total que este mercado ha realizado en España este año rondará los mil millones de euros, superior al de 2011.

El inversor ruso busca fundamentalmente un destino de sol y playa no convencional, donde pueda realizar una importante actividad de compras, teniendo en cuenta que en su país de origen los precios son mucho más caros que en España.

El gran poder de atracción que tuvo el año pasado la Costa Blanca entre el turismo ruso, convencional y, sobre todo para los inversores inmobiliarios, ha hecho posible que El Altet doble este verano su oferta de vuelos directos con Moscú con dos enlaces regulares diarios operados por Siberia Airlines, que ya conectaba la Costa Blanca y Rusia tres veces por semana, y la excompañía estatal Aeroflot, que opera entre Alicante y el aeródromo de Sheremetievo.

Por otro lado, la crisis ha provocado un drástico descenso del valor del patrimonio inmueble de la franja costera. En total ha caído un 20% desde diciembre de 2007, el porcentaje más alto de España. Una vivienda tipo (100 m2) construida en uno de los municipios litorales de la provincia vale este año, de media, 38.000 euros menos que en 2007. Es decir, que de los 2.505 euros el metro cuadrado de media en los que se tasaba un casa en la playa en la primavera de 2007, se ha pasado a los 2.131 euros actuales, 374 menos.

[Via UrbaNoticias]

Todo lo que se pone a precio se vende

Según José Carlos Pérez, socio director de la consultora inmobiliaria Magnum & Partners, encargada de la venta de 138 viviendas de obra nueva en Manilva.

Se han aplicado descuentos de hasta el 78% sobre la Urbanización Punta Paloma.

Pisos de un dormitorio por 56.000 euros, de dos por 76.000 euros, de tres por 93.500 euros y de cuatro por 123.500 euros; a 680 euros el metro cuadrado, cuando en los municipios de la zona (Fuengirola, Benalmádena o Estepona) los precios medios no bajan de 1.700 euros/metro, según los datos oficiales de junio de Fomento.

Según las referencias encontradas en diferentes portales inmobiliarios, las viviendas de un dormitorio de 93 metros (más 24 de terraza) con vistas al mar, que llegaron a ofrecerse por 267.714 euros, hoy se valoran en 69.000 euros, por lo que la rebaja asciente al 74% (casi 200.000 euros menos). Las de cuatro dormitorios, con 175 metros y 45 más de terraza, se valoraron en su día en 591.603 euros, mientras que ahora se venden por 127.000 euros, un 78% menos. Sin duda, la entidad tenía prisa por vender.

Bajar el precio hasta que entre por los ojos, esa es la clave que, con el permiso del banco, ya ha funcionado en otras ocasiones con viviendas de la valenciana Astroc que habían acabado en manos de Solvia. Para llevar a cabo la venta, los comerciales se han valido de posters publicitarios, anuncios en la prensa local y la difusión que han hecho de la promoción en la red de oficinas del Banco Sabadell. «Sorprendentemente un 80% de los compradores son españoles, sobre todo gente del interior: Extremadura, Sevilla, Córdoba y, en menor medida, madrileños», asegura Pérez, dato que sorprende, teniendo en cuenta el alto grado de interés que entre los extranjeros despiertan los pisos en la Costa del Sol.

[Via UrbaNoticias]

Vivir con un moroso

Casi cuatro de cada diez ciudadanos vascos tienen parados en sus familias. En cantidad similar, un 40% de la población ha visto congelado su salario o su pensión. Son datos del último Sociómetro vasco. La crisis está llevando la disminución de ingresos a la mayoría de los hogares en Euskadi. Las dificultades para llegar a final de mes se constatan en el consumo que se hace a diario pero también existen otros indicadores para saber los problemas por los que atraviesan muchas familias: el de la morosidad. Si en un plano bancario, en el primer trimestre del año, Kutxabank había detectado un incremento hasta situar la tasa de sus clientes en un 8,3%, según el estudio Evolución de Conflictos en Comunidades 2011 que ha elaborado Arrenta y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la crisis ha disparado un 123% los impagos en las comunidades de propietarios del País Vasco. En la actualidad, un total de 15.476 tienen algún vecino moroso. Los aprietos de la actual coyuntura están aumentando y mucho los impagos desde que estallara en 2008 la crisis y con ellos los conflictos domésticos. Sólo en el último año, el número de escaleras en las que algún inquilino no ha abonado sus cuotas ha crecido a un ritmo de un 3.6%, alcanzando máximos históricos.

Según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, Arrenta, de los 69.400 edificios destinados a uso residencial que existen en Euskadi, sin contar las viviendas unifamiliares, el 22,30% soporta impagos por parte de alguno de sus residentes. Con lo que eso conlleva: falta de liquidez en las cajas comunes, obras paradas y juzgados que arrastran un aluvión de denuncias por deudas que reciben a diario. El aumento es más significativo si echamos la vista atrás y retrocedemos hasta el año en el que estalló la crisis. En 2008, ese porcentaje se situaba en un 10%. Eran 6.940 los bloques en los que existían morosos. En 2010, la cifra ascendía a 12.997. Desde que la economía entrara en serias dificultades, cada semana, 39 comunidades han detectado un vecino moroso. Al año, 2.134. Para Carlos Ruiz, gerente de Arrenta, “esa es la principal causa; la crisis. Lo mal que lo están pasando algunas familias en sus hogares”.

Del total de las 15.476 comunidades con inquilinos que no pagan sus cuotas mensuales o anuales, la mitad se encuentra en Bizkaia, seguida de Gipuzkoa y Álava. No obstante, Euskadi se mueve en datos muy similares a la media española donde un 22% de comunidades de propietarios cuenta con al menos un moroso y se sitúa en la octava posición del ránking nacional por detrás de Valencia, Cataluña, Andalucía o Madrid.

En este contexto, según Ruiz, debemos distinguir dos tipos de morosos. “Por un lado, estamos ante quienes ya pagaban mal y con retraso y ahora abonan las cuotas de peor forma y por otro, el ciudadano que ha perdido su empleo y de la noche a la mañana deja de abonar recibos”. Y este último es el escenario que más problemas trae a las comunidades. Las llamadas derramas sin pagar suponen aproximadamente cinco de cada diez procesos que se abren por la vía administrativa en los tribunales. “En la mayoría de los casos se le llega a proponer al moroso fraccionar el pago de la deuda, con tal de no acabar en un proceso judicial”, explica el gerente de Arrenta. El importe medio se mueve en torno a los 300 euros. De no llegar a un acuerdo es cuando el presidente de la comunidad presenta, entre otros documentos, la información contable del inmueble ante un tribunal de primera instancia. Con esta decisión, se pondría en marcha el llamado procedimiento monitorio, por el que se puede solicitar el pago de deudas ante la ley mediante un trámite que sólo en 2011 y a nivel nacional dejó en los tribunales 683.704 instancias. Con este escenario de fondo y tras las modificaciones realizadas en 2009 en la Ley de Enjuiciamiento Civil, un afectado puede reclamar el impago directamente ante los tribunales sin necesidad de procuradores y abogados. Hasta esa fecha en esas peticiones se podía exigir como máximo 30.000 euros, en la actualidad hasta 250.000. En este sentido, el año pasado según datos del Consejo General del Poder Judicial sólo un 7,3% de ellas terminó en pago. Y entonces,

¿Qué pueden hacer? Según el máximo responsable de Arrenta la solución ideal pasa por los tribunales de Arbitraje. “Son organismos compuestos por abogados y magistrados que emitirán un laudo contra el que no cabe recurso y conlleva el pago en un plazo de tiempo aunque es verdad que con la crisis ha aumentado la existencia de seguros que cubren este escenario”.

[Via ElPais]

La prohibición de la jubilación forzosa

Desaparece la posibilidad de pactar cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos.

En la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha introducido una cuestión que no venía en el inicial Real Decreto de donde proviene la Ley: la prohibición de pactar cláusulas de jubilación obligatoria al alcanzar los trabajadores la edad de retiro.

La posibilidad legal de que los convenios colectivos establecieran la jubilación forzosa se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, y desde el Texto refundido del año 1995 se regula en la disposición adicional 10ª del mismo.

Por efecto de la Ley 5/2001 se suprimió, para luego volverse a permitir en el año 2005, mediante la Ley 14/2005, siempre que se vinculara a objetivos coherentes con la política de empleo, tales como la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo o la contratación de nuevos trabajadores, y siempre que el afectado reuniera los requisitos para acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social.

Recientemente, la Ley 27/2011 mantuvo la jubilación forzosa y únicamente la modificó con la finalidad de que no afectara a trabajadores con pensiones de jubilación claramente mejorables. En este sentido, estableció que el trabajador afectado tuviera cubierto el período mínimo de cotización que le permitiera aplicar un porcentaje de un 80% sobre la base reguladora para el cálculo.

A pesar de que los interlocutores sociales hubieran considerado el mecanismo de la jubilación forzosa como un elemento válido de flexibilidad externa, válido para reducir los costes empresariales, y la jurisprudencia comunitaria lo entendiera como una institución que se legitimaba para reducir el desempleo, en el contexto actual de crisis y ante la amenaza de de la viabilidad el sistema de Seguridad Social, el legislador español ha considerado prioritario establecer medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad, fomentando así la prolongación de la vida laboral como objetivo compartido por la mayoría de los países de la Unión Europea.

En cuanto a la vigencia, la Ley 3/2012 de 6 de julio establece que la prohibición se aplicará a los convenios colectivos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la Ley (esto es a partir de hoy), pero también se prevé qué sucederá con los convenios que estén en estos momentos vigentes.

En estos casos, la disposición transitoria decimoquinta establece lo siguiente:
a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca después de la fecha de entrada en vigor de la Ley, la aplicación de esta prohibición tendrá lugar a partir de la fecha de la citada finalización.

b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera producido antes de la entrada en vigor de la Ley, se producirá a partir de esta última fecha.

Es decir, la cláusula convencional que se encuentre vigente cuando entre en vigor la Reforma laboral se seguiría aplicando y, en cambio, no se va a poder aplicar la cláusula de jubilación forzosa de un convenio que haya perdido la vigencia a la entrada en vigor de la ley.

Independientemente que esta medida tenga un mayor o menor impacto en el sistema de pensiones públicas, e independientemente de la pugna entre el derecho a la negociación colectiva y el derecho individual de los trabajadores a decidir si quieren o no seguir trabajando al alcanzar una determinada edad, lo que sí podemos afirmar es que la desaparición de la jubilación forzosa contribuirá a eliminar la ambigüedad e inseguridad jurídica existentes cada vez que el trabajador combatía la decisión del empresario en los tribunales.

En efecto, hasta ahora cuando la decisión del empresario no era aceptada por el trabajador y éste acudía a los tribunales, los jueces de lo social en diversas ocasiones habían considerado la extinción como un despido improcedente, ante la falta de cumplimiento de las medidas de fomento de empleo exigidas, o incluso un despido nulo, por ser discriminatorio por razón de edad.

[Via LaVanguardia]

Más operaciones de compraventa y alquiler de viviendas en Junio

La media de los pisos vendidos no supero los 140.000 € y 180.000 € en chalets

Por segundo trimestre crece el número de compraventas entre las inmobiliarias de AFILIA, 191 operaciones en el Segundo Trimestre de 2012, un 22% más que en el mismo periodo del 2011. Sin embargo el importe medio de venta de pisos no supera los 140.000 € y 180.000 € en chalets. Además crece el volumen de alquileres. En total se vendieron 78 pisos y 26 chalets, 5 explotaciones o negocios y 87 alquileres.
El mes de Junio cerró con 52 operaciones situándose en el mejor mes en ventas de lo que va de año, seguido de marzo con 42 ventas. Se espera que durante el verano y el último trimestre se intensifiquen las ventas debido al fin de las desgravaciones por vivienda y la subida del IVA el 1 de enero de 2013, según comenta Ignacio López Rebollar, presidente de AFILIA, quien “aconseja” a los compradores para no quitarles tiempo en sus vacaciones buscando vivienda, se dirijan a una agencia inmobiliaria que pueda ofrecerles toda la cartera de producto en Cantabria y que sea el profesional quien le encuentre las viviendas que mejor encajen en su “estilo de vida”.

Sobre la constante caída del precio de la vivienda en Cantabria, los profesionales inmobiliarios en AFILIA indican que es una consecuencia natural dado la gran oferta existente. Si a ello unimos la entrada en el mercado del stock de los inmuebles de bancos, la oferta crece. Sin embargo, Ignacio López Rebollar advierte que las mejores oportunidades se venden en los primeros meses. Por lo que quien esté pensando en comprar debe de hacerlo “activamente” y asesorado por un profesional de confianza, “que es al fin y al cabo quien conoce la realidad del mercado”, puntualiza.
Asimismo, la diferencia o variación de precio desde su salida a venta hasta su cierre fue del -9% de media. Por poblaciones se vendieron en las capitales de provincia 40 viviendas en Santander y sólo 10 en Torrelavega. El resto correspondió a la zona occidental y oriental de Cantabria, destacando la segunda residencia y el producto bancario.

Afilia Inmobiliarias es la asociación de inmobiliarias de Cantabria que trabaja bajo un sistema de colaboración profesional compartiendo su cartera para poder ofrecer más oportunidades de venta y servicio a sus clientes. Dispone de 3250 propiedades en cartera y en exclusividad y 1890 inmuebles vendidos hasta la fecha. En la actualidad representa a 30 agencias inmobiliarias y 45 oficinas en la región y se esperan nuevas incorporaciones. Además hay que señalar que con la reciente creación de otra Asociación inmobiliaria en Bilbao ASIBI, las sinergias entre ambas comunidades se espera mejore las oportunidades de venta.

[Via UrbaNoticias]

Recomendaciones para evitar una estafa al alquilar una vivienda vacacional

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), alerta de la proliferación de timos y engaños a la hora de alquilar un apartamento turístico a través de Internet.

El anuncio y el anunciante
Desconfía de los anuncios en los que el precio de alquiler es desmesuradamente bajo.
Consulte el número de personas que han alquilado previamente ese alojamiento. Un elevado número de arrendatarios es buena señal de seguridad. Lee las opiniones de los anteriores inquilinos sobre el alojamiento o solicita al anunciante referencias.
En ocasiones el anunciante no es el propietario del alojamiento pero gestiona el alquiler del mismo en representación de éste, dicha representación tendrá que ser demostrada.
Si se trata de una agencia solicítales sus datos completos (dirección, teléfono fijo, sitio Web, etc.).
Desconfía de los anunciantes que no te proporcionan un número de teléfono fijo perfectamente identificable donde puedas localizarlos.
Si tienes dudas puedes investigar a través de buscadores con los datos que te ha facilitado el anunciante.
Recuerda que hay dominios más fiables que otros. Cualquiera puede abrir una cuenta de Yahoo, Hotmail, Gmail, etc.

Cuidado con el pago
No se aconseja pagar por adelantado la cuantía total, ya que muchos anunciantes exigen dicho pago como medio de garantía y para estar seguros del interés de alquilar de los usuarios durante el periodo de tiempo establecido. En caso de que se lo exijan, hay que asegurarse de la legalidad de la propiedad antes de realizar el pago de la fianza.
Cuando los anunciantes y los propietarios te exijan el pago a través de servicios como Western Union, MoneyGram, Bidpay y otros similares asegúrate de haber comprobado la conformidad y legalidad del resto de aspectos de la contratación.
Antes de realizar una transferencia bancaria asegúrate de que el anunciante ofrece las garantías suficientes.
Se tendrá mayor seguridad si el anunciante acepta tarjetas de crédito porque los bancos disponen de medidas de seguridad y controlan quienes pueden aceptar tarjetas de crédito y el pago con tarjeta de crédito ofrece ciertas ventajas que no dan otras formas de pago.
Se recuerda que es obligatoria la entrega de recibo y se recomienda a los consumidores solicitarlo siempre.
Sugerencias de contratación

No en todos los casos se da la firma de un contrato escrito, puede realizarse también de forma verbal.
Si contactas por teléfono fijo o móvil, procura guardar todos los mensajes recibidos y enviados, así como el número de teléfono.
Una medida de seguridad es solicitar al anunciante que te remita por fax y en un sólo folio la fotocopia de su DNI por ambas caras, un recibo del último IBI o nota simple de la última inscripción registral del alojamiento.
Pide a quien te oferte el apartamento que, si es posible, te envíe un breve compromiso de contrato o cualquier documento mediante el cual se pueda acreditar ese compromiso de alquiler.
En el caso de realizar un contrato escrito revísalo cuidadosamente y si no está convencido deje que lo mire un profesional, para evitar cláusulas que pudieran ser abusivas.
A igualdad de condiciones entre dos apartamentos elija aquel en el que la agencia esté adherida al arbitraje de consumo.

Entregue la señal mínima posible.
Al firmar recuerde que en el contrato escrito debe figurar toda la información sobre la vivienda, la duración de la estancia, el precio convenido y las condiciones de pago. Igual información que se debe facilitar al consumidor cuando se trate de un contrato verbal.
Si finalmente considera que ha sido vulnerado alguno de sus derechos presente una reclamación por escrito, preferiblemente en el lugar de vacaciones y recuerde que los folletos publicitarios, facturas, contrato y demás documentos son necesarios como prueba ante una posible denuncia o reclamación.

Si ha sido víctima de un fraude debe presentar una denuncia en la comisaría de Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil más próximos a tu domicilio.

[Via UrbaNoticias]

El Gobierno Vasco saca a licitación un paquete extraordinario de 2.437 VPO

Espera terminar el año con 5.050 viviendas protegidas promovidas