Gestión de eficiencia energética: ahorra y gana

Es curioso. Cada vez somos más responsables con el medio ambiente, cada vez tenemos más en cuenta el impacto de cualquier actividad en el consumo de energía, hoy en día existe una gran conciencia ciudadana en el sentido de que hay que cuidar de este planeta y de sus recursos… pero todos bajamos en ascensor los edificios. Antiguamente, la gente bajaba andando, incluso en algunas casas se avisaba con un cartel de que estaba prohibido bajar en ascensor. Nos hemos vuelto todos muy cómodos. Pero esto ya es cuestión de cada uno, de lo que cada cual quiera contribuir al ahorro energético, sin embargo cuando hablamos de la responsabilidad de las empresas en ese ahorro energético, tratamos de una cuestión que trasciende lo personal y se está convirtiendo cada vez más en una obligación, moral y legal, de las compañías respecto su huella medioambiental.

Buena prueba de que este asunto se ha convertido en algo más que una moda de concienciados y es una obligación más con un criterio por el que se va a evaluar a cada una de las empresas, es lo que las autoridades han decidido en Europa y ahora también en España. Se trata de que los edificios tengan su Certificado de Eficiencia Energética (EPC en inglés). Este documento describirá lo eficaz que es un inmueble en cuanto al consumo de energía y permitirá a propietarios e inquilinos comparar y evaluar activos en función de su eficiencia energética. Es el resultado de la Directiva 2010/31/EU de 19 de mayo 2010 sobre eficiencia energética de edificios, continuación de la Directiva 2002/91/EU de 16 de diciembre de 2002.

Esta directiva ya está implantada en el resto de Europa y llega ahora con retraso a España. A partir del próximo mes de junio se espera su entrada en vigor y obliga a que la mayoría de los inmuebles que se vendan o alquilen cuenten con un “certificado de eficiencia energética” lo que va a generar efectos muy positivos tanto para los ciudadanos en su conjunto como para sectores muy castigados por la crisis económica como el sector de la construcción. Para que esto sea así, es necesario que la entrada en vigor de la normativa europea vaya acompañada de medidas de estímulo y una correcta información a toda la sociedad. Otro aspecto interesante de esta medida, en un país con una gran dependencia energética, y en el que el 40% del consumo se estima corresponde a las edificaciones, es que propiciará la bajada significativa de ese consumo contribuyendo a la reducción de esa dependencia exterior.

Todos sabemos que la eficiencia energética consiste en hacer un uso racional de la energía utilizando aislamientos adecuados, un sistema de calefacción y aire acondicionado eficiente, lámparas de bajo consumo, etc. Por todo ello los EPCs serán una mejora útil y necesaria para la modernización de los activos inmobiliarios y un estímulo a la hora de realizar inversiones para la mejora energética de los edificios. El objetivo de la Directiva Europea es reducir un 20% la emisión de gases con efecto invernadero de los activos inmobiliarios de Europa y nosotros pensamos que los EPC son una herramienta necesaria para lograrlo. No obstante, si los propietarios no tienen la conciencia social necesaria será complicado; por eso es tan importante que las empresas punteras nos convirtamos en los ‘opinion makers’ y contribuyamos con nuestro ejemplo a dar la importancia necesaria a este tipo de actuaciones.

Existen muchas actuaciones puntuales concretas que pueden llevarse a cabo para mejorar el impacto de las edificaciones e infraestructuras, por ejemplo, el calibrado de las instalaciones de refrigeración, la instalación de iluminación de bajo consumo tipo LED o la renovación de fachadas y cubiertas de edificios protegidos para mejorar su coeficiente de aislamiento térmico y nivel de eficiencia. Todo lo relacionado con la preservación del entorno y la reducción del impacto medioambiental de la actividad empresarial debería ser un objetivo clave dentro de la Responsabilidad Social Corporativa de todas las compañías, y en nuestro caso, ya estamos trabajando para certificar toda nuestra cartera y pretendemos que nuestras adquisiciones cumplan con estos requisitos. Creemos que no solo es una inversión para nuestra compañía sino que también lo es para el conjunto de la sociedad por su efecto en el medioambiente. Como decía al principio, cada uno debe ser consciente de la importancia del ahorro en energía. ¡Ah! y bajar andando las escaleras también es bueno para la salud.
Manuel Rodríguez Guzmán es director de desarrollo y responsable de las actividades de sostenibilidad medioambiental en REDEVCO España.

[Via CincoDias]

Mercadona supera la cifra de 10.000 empleados en Cataluña

La empresa de Juan Roig ha creado 910 nuevos puestos de trabajo y ha abierto 21 tiendas más en el último año. Además, las compras a proveedores catalanes han aumentado un 6,7% en 2012, hasta los 3.287 millones de euros.

Mercadona ha alcanzado los 10.150 empleados en Cataluña, después de crear 910 puestos de trabajo en el último año que se han sumado a los 9.240 ya existentes. La subida de la plantilla se ha complementado con la apertura de 21 nuevas tiendas, que conforman un total de 180 supermercados entre las cuatro provincias porque en 2012 se cerraron dos establecimientos.

La compañía también incrementó en un 6,7% las compras a los proveedores catalanes, llegando a los 3.287 millones de euros. Entre los más de 200 proveedores con sede en Cataluña que trabajan para Mercadona se encuentran Font Agudes de Arbúcies, que comercializó 223 millones de litros de agua, y Embotits Monter de Olot, que produjo 17 millones de kilos en el último año. Otros proveedores son Ubesol-Maverick de Ulldecona, que fabricó 31 millones de litros de gel de baño, y Catafruit de Lleida, que sirvió 74 millones de kilos de fruta en 2012 para la cadena de supermercados.

[Via Expansion]

El Parlamento catalán propondrá de nuevo en 2013 que se retire una paga a todos sus diputados

El Parlamento catalán propondrá en sus presupuestos para 2013 retirar de nuevo una paga a los diputados y personal de la Cámara, como ya sucedió en el ejercicio anterior, cuando -como ocurre ahora- se trasladó a los diputados la medida aplicada a los funcionarios de la Generalitat.

En una entrevista de Europa Press, el vicepresidente segundo de la Cámara, Lluís Corominas (CiU), ha avanzado que las cuentas del Parlamento autonómico, que se presentarán en las próximas semanas, volverán a ser restrictivas pese al escaso margen para recortar.

«Casi no queda margen», ha dicho, y ha precisado que la Mesa trabaja todavía en las cuentas para este ejercicio y que, como la Generalitat, está pendiente de si finalmente se flexibiliza el objetivo del déficit.

Pese a que todavía hay varios flecos de las cuentas por cerrar, los grupos comparten la necesidad de anular de nuevo una de las pagas de los diputados, más cuando la Cámara ya ha aprobado con los votos de CiU y ERC que esa medida vuelva a aplicarse a los funcionarios.

En los últimos tres años el Parlamento catalán suma un recorte del 30 por ciento en su presupuesto, con medidas como la reducción de entre un 15 y un 8 por ciento del salario de los diputados, la supresión de varios coches oficiales, la disminución de las subvenciones a los grupos parlamentarios y la reducción de personal al no cubrir las vacantes que van quedando.

La Cámara debe presentar sus presupuestos antes de que se presente el proyecto del Gobierno autonómico, de forma que el Ejecutivo pueda incorporar a sus cuentas la partida destinada a los gastos del Parlamento.

[Via Expansion]

Pequeños inversores que compran vivienda en metálico

Los llamados «capitalistas de barrio» son los nuevos inversores inmobiliarios que no necesitan financiación para comprar pisos.

Llevan meses entrando en las inmobiliarias con la intención de pagar a tocateja, en efectivo. Lo que hace un par de años era algo aislado y hace cinco, impensable, cada vez es más frecuente. De hecho, en algunas agencias, tres de cada diez ventas se realizan con dinero al contado.

“Los llamamos capitalistas de barrio”, reconoce un alto directivo de un banco español. “Tienen liquidez suficiente para comprar una vivienda sin necesidad de hipotecarse. Compran pisos baratos, en los barrios donde han vivido toda la vida. En algunos casos los alquilan a gente de su zona y consiguen una rentabilidad bastante atractiva y en otros, los utilizan simplemente para dar un techo al hijo que se ha quedado en el paro o ha perdido su vivienda”, añade.

Son los compradores perfectos para unos inmuebles que la banca no quiere tener ni un día más en sus balances. “Queremos quitarnos lo peor. Y lo peor son aquellas viviendas sobre las que llevamos días, meses sin recibir una oferta. Inmuebles de muy poco valor y cuya venta no queremos financiar”, comenta a El Confidencial este directivo. “Básicamente estamos vendiendo todos estos pisos al contado. De hecho, cuando ofrecemos financiación al 100%, no hay tanto descuento en el precio”.

Tampoco la necesitan. Un estudio sobre el perfil del buscador de vivienda en la Comunidad de Madrid realizado recientemente por Básico Homes -empresa especializada en la venta de activos bancarios-, reveló que casi el 80% de los encuestados, mayores de 55 años, aseguró no necesitar financiación para comprar una vivienda. Entre quienes sí la necesitaban, ésta se situaba en todos los casos por debajo del 80%.

Se trata de pisos que han experimentado rebajas superiores al 50% y de hasta el 70%. Viviendas con precios muy rebajados. Inmuebles, a grandes rasgos, pequeños, viejos, interiores… Aunque hay excepciones como Seseña, donde hace menos un año Santander o Sabadell llegaron a vender pisos de dos dormitorios, trastero y garaje por menos de 70.000 euros.

No compran para especular o para vivir en ellos, sino porque temen que con la crisis y un posible rescate del sector financiero, sus ahorros ya no estén seguros ni en el banco. Prefieren invertir en ladrillo en lugar de en depósitos. Los agentes inmobiliarios aseguran haber visto operaciones desde 30.000 hasta 160.000 euros.

Su presencia en el mercado tampoco ha pasado desapercibida en las estadísticas oficiales, que ya ponen de manifiesto este fenómeno. Durante 2012 se vendieron en España casi 320.000 viviendas, mientras que apenas se firmaron 275.000 hipotecas, según las estadísticas del INE. 40.000 viviendas vendidas en enero frente a poco más 25.500 hipotecas. Lo que ahora está por ver es si han venido para quedarse.

[Via UrbaNoticias]

Indultos, una decisión política entre la justicia y la religión

El Ministerio de Justicia ha concedido 21 indultos con motivo de la Semana Santa. Esta medida de gracia, que no sólo se concede en estas fechas, está actualmente en entredicho por su arbitrariedad.

Desde que Poncio Pilato decidió perdonar al ladrón Barrabás en lugar de a Jesús de Nazaret, los indultos han dado mucho que hablar. La tradición católica hace que cada Semana Santa el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, conceda una serie de amnistías a propuesta de las cofradías de toda España. Este año, se han aprobado un total de 21 y, por lo general, se trata, en estos casos, de presos condenados por delitos menores, que cumplen con los mismos requisitos exigidos para un perdón ordinario.

Sin embargo, fuera de tiempos de Pascua, no siempre son presos comunes quienes se benefician de esta medida de gracia regulada por una ley vigente desde el año 1870. Uno de los indultos más polémicos de los últimos tiempos ha sido el concedido al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, a quien el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero eximió de cumplir su pena en uno de sus últimos consejos de ministros, en noviembre de 2011.

Recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este caso, anulando una parte del perdón concedido, al considerar que el Ejecutivo se extralimitó al suprimir no sólo la condena, sino también las consecuencias administrativas de la misma. En esta sentencia, los magistrados del Alto Tribunal ponen en entredicho la regulación del indulto y lamentan que «la actual ley renuncie por completo a exigir el más mínimo ejercicio de justificación».

Polémica
Otro caso que ha llevado la figura del indulto a los titulares de todos los medios de comunicación ha sido el de un kamikaze cuya conducción temeraria causó la muerte de otro conductor, un joven de 25 años, e hirió a su acompañante. La familia del fallecido ha recurrido la medida de gracia para que el conductor, condenado a 13 años de cárcel por esos hechos, entre en prisión.

Pese a todo, son muchas las amnistías que cada año pasan desapercibidas para la opinión pública. Desde 1996 se han aprobado en España más de 10.000 indultos, y eso que según las cifras del Ministerio de Justicia sólo se concede un 6,4% de los que se solicitan. En los últimos tiempos las cifras se han mantenido estables: entre 2001 y 2012, las medidas de gracia aceptadas por el Gobierno han oscilado entre 250 y 550 por ejercicio.

Sin embargo, en el año 2000 se produjo un notable repunte en las estadísticas, alcanzando los 1.730 casos, ya que en un sólo día el Gobierno aprobó la cifra récord de 1.443 indultos. La razón que se dio entonces para una decisión así fue que se hacía con motivo del Año Jubilar y por el fin del Milenio, ya que, entre otros motivos, el Vaticano había pedido a los gobiernos que mostraran «un gesto de sensibilidad, de generosidad y de perdón» hacia la reinserción de los penados.

En aquella ocasión, esta medida extraordinaria también generó polémica. Por un lado, porque se cuestionó que se pudiera aprobar un número tan alto de golpe, ya que la Constitución prohíbe expresamente autorizar indultos generales. Y, por otro, porque entre los 1.400 perdonados estaba el exjuez Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado por el Tribunal Supremo un año antes por prevaricación en el caso Sogecable. En 2008, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el exmagistrado no había sido sometido a un juicio justo y condenó a España por ello.

Reacciones
Con los años, esta figura ha sido vista por algunos sectores del ámbito jurídico como una intromisión del Ejecutivo en el terreno judicial, que daña la separación de poderes. Una de las reivindicaciones que han hecho en los últimos meses las asociaciones de jueces al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la reforma de la ley para obligar a que el Gobierno motive la concesión de estas medidas de gracia y así impedir arbitrariedades en los procesos. Además, estarían sujetos a criterios de equidad y de proporcionalidad, así como al control de los tribunales.

El malestar social por el modo en que se conceden estos perdones, no siempre justificados, y las dudas en torno al control sobre ellos ha llegado al Congreso, donde hace un mes se intentó reformar la Ley del Ejercicio de la Gracia del Indulto, aunque sin éxito, ya que los grupos parlamentarios no lograron pactar un texto de consenso.

El PSOE ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja con la que pretende que se precisen las razones de justicia, equidad o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno, y que se impida indultar determinados delitos, como los de corrupción.

Una tradición enraizada en la historia
Aunque la ley que regula el sistema de indultos en España data del año 1870, la tradición de conceder esta medida de gracia en Semana Santa tiene su origen siglos atrás. Según apuntan algunos juristas, fue el rey Juan II de Castilla el que aprobó, en el año 1447, la Ley del Perdón del Viernes Santo de la Cruz, que daba permiso para liberar a un preso cada año en recuerdo de la Pasión de Jesús de Nazaret.

Otras versiones apuntan a que el origen estaría en el siglo XVIII, cuando una epidemia de peste obligó a suspender la Semana Santa en Málaga. Al parecer, los presos se habrían ofrecido para sacar un paso, pero no se lo permitieron.

El enfado de los reclusos derivó en un motín y fuga masiva de los reos, que más tarde organizaron una procesión, tras la cual regresaron voluntariamente a sus celdas. Meses más tarde, la peste desapareció y esto fue interpretado por el pueblo como un milagro gracias a la actuación de los presos y, por eso, se decidió instaurar el indulto para los reos.

[Via Expansion]

El Gobierno rebajará los aranceles de los registros para fomentar el acceso a vivienda

Las tarifas se determinarán según el coste de cada operación y responsabilidad

El Gobierno prevé rebajar los aranceles que cobran los registradores de la propiedad con el objeto de fomentar el acceso a la vivienda habitual favoreciendo la subrogación y la modificación de los préstamos. Además, con esta medida, también buscará impulsar las operaciones de saneamiento bancario y la reestructuración de entidades financieras.

Al menos, así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está siendo sometido a consultas con distintos colectivos, con lo que está sujeto a cambios. El Ejecutivo ha aprovechado este texto para incluir una reforma de la actual Ley Hipotecaria, que data de 1946, e introducir mejoras que ayuden a reactivar el sistema financiero y a estimular el mercado inmobiliario.

A medidas de flexibilización del alquiler o de exenciones fiscales en ventas de viviendas, se suma ahora la posibilidad de aplicar un descuento en los aranceles a pagar en las operaciones relativas a la inscripción de actos y contratos sobre bienes inmuebles.

El borrador modifica el artículo 294 de la Ley Hipotecaria determinando que «podrán establecerse reglamentariamente beneficios arancelarios de carácter especial con objeto de fomentar el acceso a la vivienda habitual y su financiación, favoreciendo la subrogación de entidades acreedoras y la modificación de los créditos, e impulsar operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras». Las Administraciones Públicas gozarán de una exención arancelaria en las operaciones cuyos costes soporten.

En general, las escalas y tarifas se determinarán en atención al coste de cada operación y a la responsabilidad que conlleve, al nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y de conservación de las oficinas en que se realice la actividad de los registradores, incluida su retribución profesional.

Según figura en el texto, el arancel por el que los registradores cobrarán sus honorarios será aprobado por el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado y mediante un real decreto a «propuesta conjunta de los ministros de Justicia y Hacienda» y acompañado por «una memoria económico-financiera». En la actualidad, la norma establece que sólo el Ministerio de Justicia aprueba el correspondiente arancel.

En el borrador también se precisa que los registradores «sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público registral, quedando afectados los honorarios arancelarios que perciban a la cobertura directa de los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como a su retribución profesional».

La exposición de motivos destaca otros elementos de «innegable relevancia» que introduce la nueva ley como es la «inaplazable» coordinación entre el Catastro y el Registro a través de un sistema de comunicación bidireccional entre ambas instituciones desde el respeto a sus respectivas funciones, la minuciosa regulación de la calificación y constancia registral de las cláusulas de hipoteca, la inclusión en la oferta vinculante formulada por las entidades de crédito de la posibilidad de limitar la responsabilidad del deudor a solo el importe de los bienes hipotecados, «con exclusión de la responsabilidad patrimonial universal del deudor».

El Gobierno defiende que estas novedades están dirigidas a reforzar la seguridad del tráfico jurídico haciendo uso de la integración institucional y la aplicación de nuevos sistemas de gestión registral electrónica.

[Via ElMundo]

El alquiler vacacional crece un 29% en Semana Santa

La demanda global de alquiler de alojamientos en España para vacaciones durante esta Semana Santa se ha incrementado un 29% frente a la campaña de 2011, según muestran las estadísticas de Homeaway.es, el portal español del Grupo HomeAway especializado en alquiler de vacaciones a través de internet.

La demanda de alojamientos en España por parte de los turistas europeos y norteamericanos ha experimentado un incremento del 33%. Por parte del turismo nacional, el crecimiento frente a 2012 se ha situado en el 24%. De entre los turistas extranjeros, los alemanes son los que han mostrado mayor interés por España esta Semana Santa, seguidos de norteamericanos, británicos y franceses.

Según explica Laura Rivera-Casares, responsable comercial de HomeAway en España, «el hecho de que la demanda de alquiler de alojamientos siga incrementándose en la temporada de Semana Santa, tanto de cara al turista nacional como al internacional, es una magnífica noticia para el sector. En este sentido, herramientas ‘on line’ como homeaway.es son especialmente útiles para aquellos propietarios que quieran dar visibilidad, dentro y fuera de nuestras fronteras, a sus inmuebles».

Andalucía ha sido el principal destino por número de consultas realizadas por los turistas españoles para reservar alojamiento en Semana Santa, recabando el 30% del total de las recibidas por todas las comunidades españolas para reservar vacaciones este año en esas fechas. Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga son, por este orden, las provincias andaluzas en las que se han realizado más consultas para reservar alojamiento durante la Semana Santa de 2013.

Cataluña, con el 16% del total de las consultas recibidas por todas las comunidades españolas para reservar vacaciones en esas fechas a través de homeaway.es, la que queda en segundo lugar del ránking. Por orden, Barcelona, Girona y Tarragona son las provincias catalanas más demandadas.

La Comunidad de Madrid ha recibido el 7% de las consultas del turista nacional. Por su parte, la isla de Mallorca ha recibido el 4% de las consultas en homeaway.es, lo que sitúa a las Islas Baleares en cuarto lugar del ránking; Asturias (3%) cerraría el ‘Top 5’ de destinos más consultados en el portal español del Grupo para alquilar alojamientos de vacaciones esta Semana Santa 2012.

[Via ElMundo]

Nissan ampliará su producción en Barcelona

Nissan inicia la producción en la planta británica de Sunderland del nuevo Leaf, la segunda generación del vehículo compacto y 100% eléctrico de la marca japonesa. Es una apuesta importante por el coche eléctrico, pero también por la fábrica instalada en el norte de Inglaterra en la que se han realizado inversiones por valor de 420 millones de libras. También supone un refuerzo importante para la planta barcelonesa de Nissan, en Zona Franca.

Con motivo del inicio de la producción de la versión europea del Leaf en Sunderland se organizó una pequeña ceremonia en la que el protagonista fue el primer ministro británico, David Cameron. Reunido con un grupo de trabajadores de la factoría y con los representantes de varios medios de comunicación europeos, entre ellos El Confidencial, Cameron demostró la importancia que para su país ha tenido Nissan y su fábrica de Sunderland.
«El Gobierno ha invertido 400 millones de libras para convertir al Reino Unido en un mercado líder en vehículos de bajas emisiones. El anuncio de Nissan de fabricar el nuevo Leaf demuestra la confianza que la empresa tiene en las habilidades y en el entorno empresarial del Reino Unido, y también demuestra que el Reino Unido está abierto al negocio.»

Cameron añadió en su vehemente y decidido discurso que “es un día importante para la industria británica que ha producido en 2012 más coches que nunca. Hacemos más coches, vendemos más coches y también exportamos más coches”.

Hace casi 30 años Nissan decidió apostar por instalar una fábrica en una zona que atravesaba una difícil situación tras el cierre de las minas y se ha convertido en la primera fábrica de coches del Reino Unido y quizá la más eficiente de Europa. El pasado año de Sunderland salieron más de 510.000 vehículos, básicamente de sus modelos Qashqai y Juke.

Pero lo más importante es que la apuesta continua de cara al futuro, tras la inversión de 420 millones de libras por parte de Nissan para la puesta en marcha de la producción del nuevo modelo Leaf, que incluye también una nueva planta de baterías para vehículos eléctricos.

En la actualidad Nissan tiene tres grandes fábricas en Europa, las de Sunderland y Barcelona a las que se une otra en territorio ruso. En el caso de España tiene también una planta de componentes en Cantabria y otra de vehículos industriales en Avila. Uno de los participantes en la reunión, junto a David Cameron y Andy Palmer, vicepresidente mundial de Nissan, fue John Martin, Vicepresidente de Producción y Director de Operaciones Industriales para Europa de Nissan.

Martin fue el máximo responsable en las negociaciones con los sindicatos españoles para el acuerdo de competitividad firmado a principios de este año y que ha permitido a la planta de Barcelona recuperar un papel importante en el mapa productivo de Nissan en Europa y en el mundo.
Martin analizó la situación de la planta española señalando que Nissan quiere que la planta de Barcelona llegue al máximo de producción en los próximos años. Y es que en estos momentos las plantas españolas pueden fabricar hasta 210.000 unidades anuales que podrían llegar hasta las 260.000 unidades. Y Martin busca que se llene hasta el máximo, lo que permitiría un nuevo modelo en la fábrica de Barcelona.

En la actualidad se fabrican en Zona Franca cuatro modelos, el Primastar, el NV200, el Navara y el Pathfinder. Y poco a poco estos modelos irán dejando su lugar, cuando vaya terminando su vida útil, en favor de un nuevo Pick-Up, denominado One tonne, la versión eléctrica del NV-200 y el nuevo modelo compacto conseguido tras la firma del acuerdo de competitividad, y conocido de momento con el nombre de código de B-12-L.

John Martin nos aseguró que “la planta de Barcelona tiene ahora un importante futuro. El nuevo e-NV200 -la versión eléctrica de esta furgoneta de última generación- se fabricará en exclusiva mundial en Barcelona. Y es un vehículo muy importante porque tiene dos mercados, el taxi y el reparto urbano, que se adaptan a la perfección a un vehículo eléctrico de estas características. Y en el terreno del taxi, tanto Madrid como Barcelona y Londres, entre otras muchas ciudades, ya han mostrado su interés por este vehículo. Y para el reparto urbano las posibilidades de este modelo son destacables”.

Martin añadió que “las sinergías entre Sunderland y Barcelona son importantes. En España se fabrican varios componentes de la caja de cambios del nuevo Leaf, mientras que en Inglaterra se fabricarán, en la nueva planta puesta en marcha con las inversiones realizadas, las baterías que empleará el nuevo e-NV200 cuando se inicie su producción en Barcelona”.

A John Martin, que fue uno de los que más sufrió las negociaciones con los sindicatos españoles para la firma del acuerdo de competitividad, le cambia la cara cuando habla de España, de la planta de Barcelona, y la sonrisa aparece destacada en su gesto. Se muestra realmente orgulloso con la situación actual que vive Nissan en España.

Para terminar nuestra pequeña entrevista con Martin, el ejecutivo señaló que “su objetivo es lograr que tanto la planta de Sunderland como las plantas españolas –Barcelona, Cantabria y Avila- estén a tope de su capacidad productiva en los próximos años. Para ello tienen que conseguir la asignación de un nuevo modelo más de los 15 que Nissan tiene en cartera lanzar hasta el año 2016. Con ello, la factoría de Sunderland alcanzaría las 570.000 unidades anuales, mientras que Nissan España fabricaría 260.000 unidades”

[Via ElConfidencial]

CEOE recomienda no subir los salarios más del 0,6% ni en 2013 ni en 2014

CEOE y Cepyme plasman en una circular una relación de criterios respecto a la negociación colectiva de 2013. Recomiendan a los representantes de las empresas que los incrementos salariales pactados no superen el 0,6% ni en 2013 ni en 2014.

Las organizaciones empresariales precisan que no alcanzar esta cifra «no quiere decir» que haya que llegar a ella, pues «la mayoría de las empresas necesitarán una congelación salarial» en ambos ejercicios e incluso en algunos casos un recorte de sueldos.

En la circular, a la que ha tenido acceso Europa Press, los empresarios recuerdan que el marco en el que se desenvolverá la negociación colectiva en 2013 es «de crisis y recesión económica», por lo que aboga por la contención de los salarios y por lograr ajustar las condicionales laborales a las necesidades de sectores y empresas.

En este contexto, defienden que los negociadores empresariales que se vean obligados a optar entre defender el empleo y reducir costes, entre ellos los salariales, «están obligados» a no sobrepasar incrementos salariales del 0,6% en 2013 y 2014, con la posibilidad de que el próximo año este porcentaje suba en función de la evolución del PIB.

Los empresarios instan, pues, a seguir las recomendaciones del acuerdo de negociación colectiva 2012-2014 (AENC) tanto en materia salarial como en estructura de la negociación colectiva y flexibilidad interna de las empresas, incorporando como contenidos «mínimos» del convenio la jornada, el salario y las funciones. «Debemos huir de tejavascript:void(0);mores a la hora de afrontar la negociación colectiva», apuntan.
Las organizaciones empresariales entienden que los salarios deben evolucionar de acuerdo con la productividad «e incluso por debajo» (congelaciones o rebajas salariales) mientras persista el paro.

En el ámbito de la empresa, prosiguen, esto significa tomar como referentes los datos de producción o de ventas, los beneficios, la situación general de la economía y la evolución de los costes en los países competidores, «superando la indexación salarial» como elemento para determinar los sueldos en línea con lo ocurrido en otros países del euro.

Así, CEOE y Cepyme animan a los negociadores a impulsar la retribución variable en los convenios definiendo los criterios para su aplicación y su vinculación a conceptos como los resultados empresariales o la productividad, atendiendo además a las realidades específicas de cada sector o empresa.
«El componente variable liga la subida salarial a la marcha de la empresa y no a la evolución de la economía, lo que es recomendable, ya que para la empresa es preferible subir salarios en función de su marcha y no en función de variables que no controla, como la inflación», sostienen los empresarios, que recomiendan el establecimiento de periodos transitorios para la aplicación del salario variable «dadas las dificultades de aceptación» de esta fórmula.
La ‘ultraactividad’ como arma negociadora

CEOE y Cepyme subrayan que, de cumplir los sindicatos de manera estricta el ANC, los convenios deberían tener una duración de dos años, aunque precisan que el ámbito temporal está muy conectado con los objetivos sectoriales o de empresa a lograr en el convenio.
En cuanto a la polémica ‘ultraactividad’ (prórroga automática de un convenio cuando finaliza su vigencia sin haberse negociado otro), los empresarios entienden que su limitación a un año en la reforma laboral puede resultar beneficiosa para la consecución de sus objetivos en materia de negociación colectiva.

En concreto, la reforma laboral establece que transcurrido un año desde la denuncia de un convenio sin haberse pactado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, «áquel perderá vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuese de aplicación». En el caso de los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral (8 de julio de 2012), la ‘ultraactividad’ decae el próximo 7 de julio.
A diferencia de la «artificial tensión que propician los sindicatos», CEOE y Cepyme defienden que la ‘ultraactividad’ debe ser utilizada en la mesa de negociación para dinamizar los convenios, renovar sus contenidos y lograr objetivos «previamente» definidos.
Por ello, ven muy importante que los negociadores empresariales conozcan el «alcance técnico» de la ‘ultraactividad’ a fin de obtener «un mejor resultado» en la negociación. «Posiblemente los mejores objetivos empresariales de los convenios se puedan lograr con la no ultraactividad -del 7 al 31 de julio de 2013-«, precisan.

En caso de existir un convenio colectivo de ámbito superior, la desaparición de la ‘ultraactividad’ conlleva que las condiciones laborales serán las determinadas por ese convenio superior, «sin que (los trabajadores) mantengan las condiciones del convenio desaparecido a título individual o como condiciones más beneficiosas». Lo mismo también es aplicable, según CEOE y Cepyme, cuando no existan convenios de ámbito superior.

Aunque las condiciones anteriores al convenio desaparecido no pervivan a título individual, las organizaciones empresariales admiten que eso no significa que pueda ser legal incluir un cambio «absoluto y radical» en las condiciones laborales, por ejemplo, mediante la aplicación sin más de las condiciones mínimas salariales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

A su juicio, resultaría oportuno que la parte empresarial, en ausencia de convenio aplicable, pudiera establecer «unilateralmente» las condiciones laborales o «forzar» el cierre de la negociación mediante la retirada de lo ofertado en la mesa.

Para las organizaciones empresariales, debe ser prioritario lograr mayores cotas de flexibilidad en la organización del trabajo en la negociación de los convenios colectivos, empezando por la jornada y siguiendo con la movilidad funcional y geográfica.

[Via Expansion]

Quienes pueden acceder a deducción por vivienda en 2013

Tras el fin de la deducción por compra de vivienda, existe un régimen transitorio para aquéllos contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de enero de 2013, aunque la misma aún no haya sido construida, siempre y cuando la compraventa haya sido cerrada en 2012.

En la Disposición Transitoria 18ª de la Ley del IRPF se establece la aplicación de este beneficio hasta su supresión definitiva.

De esta forma, podrán acceder a la deducción:

Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o que hubieran satisfecho cantidades para su construcción con anterioridad a 1 de enero de 2013.

Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual o para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre que las mismas estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.

Además, se exige que los contribuyentes hayan aplicado la deducción por la vivienda en 2012 o en años anteriores, salvo que no la hayan podido aplicar todavía porque el importe invertido en la misma no haya superado el importe exento por reinversión o las bases efectivas de deducción de viviendas anteriores.

Por lo tanto, quedan fuera del régimen transitorio de aplicación de la deducción a partir del 1 de enero de 2013 aquéllos contribuyentes que hubiesen depositado cantidades en cuenta vivienda con anterioridad a dicha fecha y que, aunque no pierden las deducciones practicadas en años anteriores, deberán regularizar su situación en la próxima declaración de la renta por el ejercicio 2012, sin intereses de demora.

[Via UrbaNoticias]