La deuda hipotecaria se congela durante 2009

El mercado inmobiliario continúa helado. La deuda hipotecaria de las familias cerró el año con un leve crecimiento de apenas 0,1%, el mismo que registró en noviembre, hasta un total de 677.955 millones de euros, según datos del Banco de España.

El endeudamiento de las familias se ha ido moderando a lo largo del pasado curso como consecuencia de una menor concesión de hipotecas y de la amortización de las ya constituidas. Hace ahora justo un año, inicios de 2009, la deuda hipotecaria crecía a un ritmo interanual del 4%, mientras que en 2008 registró un aumento del 4,5%.
El descenso mensual de la deuda se ralentizó en los últimos meses de 2009 ya que en febrero descendió ocho décimas respecto a enero; en marzo, seis décimas y en abril y mayo, siete décimas. A partir de junio, la caída se situó en el entorno de las dos o tres décimas, aunque en diciembre se mantuvo en el mismo nivel que noviembre.

El número de hipotecas sobre viviendas formalizadas en noviembre ascendió a 52.043, lo que supone un incremento del 1,8% respecto a hace un año y un descenso del 0,7% sobre el mes octubre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Incremento que llegaba tras 28 meses consecutivos de caídas.

Si se tienen en cuenta otro tipo de préstamos distintos de los de vivienda, que cerraron el año con 222.912 millones de euros, un 1,5% menos, la deuda total de las familias se eleva hasta los 903.563 millones de euros, un 0,3% menos, es decir, 4.479 millones de euros menos.

En cuanto a las empresas, éstas cerraron el año con una deuda total de 1,30 billones de euros. Dato que supone una caída del 1% respecto al ejercicio anterior cuando crecía a un ritmo del 7,4%. Se pone así de manifiesto la caída de la actividad crediticia en el año.

Los ayuntamientos catalanes contratarán temporalmente a 25.000 parados

La Generalitat destinará este año 100 millones de euros a los Planes de Ocupación Local.
La Generalitat destinará este año 100 millones de euros a los Planes de Ocupación Local, que permitirán la contratación temporal de unas 25.000 personas en situación de desempleo en toda Catalunya, lo que supone más del triple de las que se beneficiaron en 2009.

El gobierno catalán, en colaboración con los ayuntamientos y consejos comarcales, impulsa estos planes para favorecer la creación de puestos de trabajo en actividades emergentes y las vinculadas a la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis, según fuentes del gobierno catalán.

La medida va dirigida a trabajadores en paro que estén inscritos en el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) y que hayan agotado la prestación por desempleo o estén a punto de hacerlo, así como a aquellos parados que perciban la ayuda del Programa Temporal de Protección, la Ayuda Temporal Extraordinaria para autónomos o la Renta Mínima de Inserción.

Las 25.000 personas que se beneficien de los planes serán contratadas durante medio año por los distintos ayuntamientos en sectores clave como, por ejemplo, la energía, la rehabilitación de viviendas, las tecnologías de la comunicación o la eficiencia energética.

«De esta manera se ofrece una oportunidad de experiencia laboral en ámbitos y actividades emergentes y sectores generadores de ocupación, con el objetivo de que las personas en paro participantes, especialmente jóvenes y parados en riesgo de exclusión social, adquieran nuevas competencias y habilidades profesionales», sostiene el Departamento de Trabajo.

La Generalitat presentará la convocatoria de los Planes de Ocupación Local en el plazo de un mes, y a partir de entonces los ayuntamientos tendrán que presentar sus proyectos. La fecha límite para que se inicien los planes, y por lo tanto, para que se contrate a los trabajadores, es el 30 de junio de 2010.

Los contratos tendrán una duración de seis meses y ocuparán el 70% de la jornada laboral del trabajador, que tendrá que dedicar el 30% restante del tiempo a formarse. Tendrán preferencia a la hora de participar en el proyecto los parados que hayan participado en programas formativos, los jóvenes de hasta 30 años que tengan un nivel formativo medio y los trabajadores con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, presidirá esta tarde la firma del acuerdo entre el Departamento de Trabajo y las entidades municipalistas de Catalunya para impulsar los Planes de Ocupación.

Al acto asistirán la consellera de Trabajo, Mar Serna; el presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), Manuel Bustos, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), Salvador Esteve.

Acoso a las marcas blancas: los fabricantes rebajan los productos estrella

Esta estrategia ha sido la llevada a cabo principalmente por los fabricantes de las marcas blancas.
Guerra total contra las marcas blancas. Esta es la consigna que parecen seguir los fabricantes de productos comerciales, ya que un 71% de los que han bajado sus precios el año pasado optaron por rebajarlos en sus marcas premium, para competir mejor con las marcas de distribución.

Esta es la principal conclusión que se desprende del segundo ‘Termómetro Laboral’ sobre el sector elaborad por Adecco Alimentación mediante una encuesta a 500 empresas del sector de alimentación y bebidas. Y es que la lucha por mantener el mismo número de productos en las estanterías de los supermercados ha llegado a tal extremo que “los fabricantes están jugando con su producción, precios y sobre todo, con el tipo de productos”, apunta el estudio.

Así, un 40% ha introducido nuevos artículos, intentándose adaptar al ritmo y gusto del consumidor. Esta estrategia de innovación es la que están desarrollando principalmente los fabricantes de primeras marcas, ya que son los más afectados por el descenso del consumo frente a las marcas blancas. Los precios también han sido protagonistas en esta competición: un 39% de los fabricantes los ha reducido en 2009, especialmente los de marcas premium, pues el 71,7% de los que han bajado sus precios comercializan estas marcas.

El informe apunta que la marca premium reduce sus precios para competir en este año de crisis, dejando claro que este es el arma más utilizada en la ofensiva por hacerse con el reparto de las ventas. Muchos de estos recortes de precios han sido planteados dentro de campañas de marketing lanzadas para mejorar el posicionamiento de algunas marcas, acciones comerciales que están muy valoradas por el sector en general. Un 60,4% de los encuestados tiene una opinión favorable o muy favorable sobre ellas, frente a un 38% que opina que son regulares o malas.

Sin embargo, en la batalla de los precios las compañías del sector de la alimentación no sólo deben tener en cuenta a sus competidores sino a otro actor: las cadenas de distribución. Un 67,4% de los encuestados opina que éstas tienen una posición dominante o muy dominante sobre la política de ventas de su empresa, frente a un 32,6% que afirma ver afectados sus precios por los distribuidores.

La mejor receta para la mayor venta

En estos momentos de crisis, el consumo de los hogares en la alimentación está aguantando de manera estable. Según los datos del último Panel de Consumo en Hogares del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los hogares españoles gastaron 88.970 millones entre julio de 2008 y julio de 2009, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el gasto destinado dentro del hogar ha aumentado en un 0,8%, mientras que se ha reducido un 6,6% el gastado fuera del hogar en la hostelería y restauración.

Por eso, la competición por las mayores ventas se juega en los supermercados. Teniendo en cuenta la estabilización de los datos de consumo, es lógico que un 48% de los fabricantes encuestados por Adecco Alimentación afirme que han mantenido el número de referencias y su nivel de producción. De hecho, según el Índice de Producción Industrial (IPI), el sector de la alimentación era uno de los que registraba la bajada más moderada en su producción, de un 1,1%, frente al 5,4% de la media de todas las industrias.

Esta estrategia ha sido la llevada a cabo principalmente por los fabricantes de las marcas blancas (representando el 74,6% de las empresas que han mantenido el número de sus referencias), ya que han sido los menos perjudicados por las variaciones del consumo.

En el sector también se han producido otras tendencias, como la introducción de nuevos productos, recurso empleado por el 40% de los encuestados, y la retirada de éstos, en el caso del 16,5%. Ambas tácticas han protagonizado los movimientos de los fabricantes de marcas premium o primeras marcas, los cuales han representado el 66% de los fabricantes de nuevos productos, y el 62,5% de los que han retirado referencias.

Un empresario catalán sienta a la Generalitat en el banquillo por las multas lingüísticas

“NO PIENSO CAMBIAR MI LETRERO EN CASTELLANO”
La Generalitat de Cataluña afronta hoy su primer juicio por las multas lingüísticas que imponen sus inspectores. Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria en la localidad de Vilanova i la Geltrú, es el empresario que ha sentado a la Administración autonómica en el banquillo. Nunca hasta ahora un proceso de estas características había llegado tan lejos: hay algunos recursos que están todavía en fase administrativa pero ninguno ha llegado al nivel jurisdiccional. El nombre de Nevot saltó a la fama en marzo del 2008, después de que el presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, desvelase su caso en el debate televisado en directo con el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ambos pretendientes a la poltrona de la Moncloa.

La de Manuel Nevot es una historia de deencuentros con la Administración. Catalanohablante desde siempre, el letrero principal de la sede de su empresa está en castellano. “Lo puse en el año 1982 y entonces nadie rotulaba en catalán”, explica a El Confidencial el empresario. En el 2006, se presentó en sus oficinas un inspector de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) y le impuso dos multas de 400 euros: “Una fue por no tener rotulado el letrero principal en catalán, aunque luego sí había otros letreros que estaban en castellano y catalán. La otra, por no tener un letrero que avisase que tenía las hojas de reclamaciones a disposición del público, a pesar de que sí tenía estas hojas pero me faltaba el letrero”.

Su caso fue llevado por la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside Francisco Caja. En estos cuatro años, presentó varios recursos ante la Administración, que se saldaron con el rechazo a los mismos por parte de la Generalitat. Ante ello, decidió acudir a los tribunales en el 2008.

El presidente de CCC manifestó a este diario que la denuncia está planteada porque “creemos que vulnera el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. La medida no está justificada. La Administración ha de regirse por tres principios básicos: intervención mínima, igualdad y proporcionalidad. Puede fomentar el uso de un idioma realizando acciones para estimularlo, conceder premios o dar facilidades, en vez de medidas de policía o sanciones. A nuestro entender, existe una intervención excesiva y no amplía la libertad, sino que la restringe. Además, vulnera el principio de igualdad, porque no trata igual a una lengua que a otra”.

Francisco Caja recuerda también que hay resoluciones internacionales sobre casos como éste. La ONU vio en 1976 el caso de un fabricante de zapatos de Quebec al que la Administración multó por rotular en inglés, cuando le exigían hacerlo en francés. La ONU condenó al Gobierno canadiense por este hecho. En Europa, la UE también da pautas para la libertad de expresión, de circulación y de empresas. “Por ello, en la demanda pedimos que el juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, previa a la resolución, sobre el capítulo V de la Ley de Política Lingüística de 1998”.

Este capítulo es el que obliga a rotular, al menos, en catalán. “Eso es una falacia -añade Caja-. Si yo prescindo de letras en mi letrero y pongo iconos, nadie me va a multar. Pero si o pongo en castellano, sí… No puede existir el deber de uso de una lengua. Es inconcebible que los poderes políticos obliguen a hacer una cosa de estas características. ”.

“Iré a los tribunales europeos”

Pero mientras el asunto se dirime en la vía jurisdiccional, el letrero continúa en su puesto. “No pienso cambiarlo porque no me da la gana. Es un derecho constitucional que tengo”. Y advierte: “Si el juez falla contra mí, acudiré al Tribunal Constitucional. Y si éste también le da la razón a la Generalitat, iré a los tribunales europeos”.

Los inspectores de la ACC le dijeron que todo había sido a causa de la denuncia de un ciudadano. “Les pedí que me dijeran quién había sido, pero se negaron. ‘Sí, hombre, entonces aún menos me lo creo’, les respondí. Se lo dije sin pelos en la lengua. Mire usted: yo tengo 73 años, no estoy jubilado y no tengo ligazón con nadie. Por eso, seguiré adelante con mi denuncia, porque creo que se vulneran unos derechos fundamentales”.

En este sentido, su historia es similar a la de Xurde Rocamundi, empresario de Arenys de Mar (ver noticia) que el año pasado también fue multado después de una denuncia anónima y que acaba de ver cómo sus argumentos son rechazados por la Administración autonómica. En las últimas semanas, este empresario ha visto cómo en los alrededores de su empresa aparecían carteles y pancartas para que rotule en catalán.

Tras conocerse su caso, Manuel Nevot también tuvo que aguantar coacciones, insultos y amenazas. “En estos años no me he sentido ni arropado ni vilipendiado, sólo tengo que quejarme de los intransigentes que me llenaron la fachada de pegatinas y de pintadas, como la de ‘Parla català o emigra’ (‘Habla catalán o emigra’) o ‘Fóra feixistes’ (‘Fuera fascistas’). Y se duele de que “hablo catalán normalmente, soy catalán, nacido en Cataluña, hijo de catalanes y nieto de catalanes. ¡A mí me van a decir lo que es ser catalán! Jamás tuve ningún problema con la lengua ni por hablar en uno u otro idioma. Sólo con este Tripartito”.

Su negocio no se ha resentido por la polémica. “En realidad, mi negocio lleva años en crisis, pero por otras circunstancias, por la crisis económica. Lo que pasó con la Generalitat no me afectó lo más mínimo”. Y señala que con los vecinos y los amigos tampoco hubo ningún problema. “Incluso tengo amigos que votan Esquerra Republicana. Yo soy más bien simpatizante del PP. Pero les digo que ellos están donde están porque yo he votado esta Constitución que les da derechos”.

Nevot tiene una idea fija, inquebrantable: “Iré a donde sea, pero no voy a pagar la multa, eso lo tengo claro”. Y advierte que “espero que la justicia se imponga a la ideología en este caso”. Sus abogados le han dicho que tienen esperanzas de ganar el juicio, pero él lo duda. “En el fondo, creo que ellos también desconfían. De todos modos, es muy duro enfrentarse a la Generalitat”.

En el Parlamento autonómico, la polémica también sigue. José Domingo, diputado del Grupo Mixto, señaló a este diario que “daremos todo el apoyo a quien sienta vulnerados sus derechos” y subraya que se han presentado varias preguntas al Gobierno desde la Cámara. Según Domingo, “el propio informe de Política Lingüística señala que durante el año 2008 se realizaron casi 2.000 inspecciones, se impusieron 209 multas y se recaudaron 208.000 euros”. Nevot no quiere que su caso engrose las arcas de la Administración por este concepto.

La venta de pisos de la banca ‘activará’ el ajuste

El aumento del ‘stock’ de viviendas en manos de la banca y la exigencia de provisionar el 20% de su valor desde enero, frente al 10% anterior, supondrá un acicate para que las entidades financieras rebajen precios y establezcan nuevas formas de financiación que «acelerarán» el ajuste de los precios inmobiliarios, también por el lado de los promotores.

Así lo ha indicado el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, durante la presentación del libro ‘Economía de la vivienda en España’, escrito por el director del Servicio de Estudios de la institución, Gregorio Izquierdo, en colaboración con Begoña Blasco y María Luisa Recio, y patrocinado por Bancaja.

Así, el cambio en la política de provisiones introducida por el Banco de España hará que las entidades financieras ‘pisen el acelerador’ para sacar de su balance las viviendas obtenidas por daciones o ejecuciones de hipotecas.

Producto de estos esfuerzos, se producirá una «aceleración» en la bajada de los precios de la vivienda, primero de este ‘stock’, y luego de promociones en manos de los promotores que habrán de adecuarse por razones de competencia.

Por otro lado, Iranzo ha reconocido que el ‘stock’ de la banca, de alrededor de 100.000 viviendas, sólo supone una séptima parte de la ‘bolsa’ de viviendas sin vender, que asciende a 700.000 inmuebles. Si bien, ha apuntado que los paquetes financieros que ya comercializan las entidades financieras servirán para canalizar las viviendas en manos de los promotores.

Más aún, a su juicio, es previsible que las condiciones de financiación no mejoren a lo largo de 2010, lo que, junto a la previsión de una subida «significativa» de tipos de interés a finales de años, hará que «las 600.000 viviendas restantes no puedan estar mucho tiempo sin venderse».

Bancaja lanza un nuevo plan hipotecario
Como muestra de esta tendencia, el subdirector general de Bancaja, Miguel Bastida, también presente en el acto, recordó que la caja acaba de lanzar un nuevo producto -‘Compromiso Vivienda Bancaja 2010’-, que permite no pagar ninguna cuota del préstamo hipotecario -ni capital ni intereses- durante los tres primeros años, sin que esto signifique acumular los intereses a partir del cuarto año.

A través de este producto, Bancaja prevé vender hasta 12.000 viviendas, de las cuales una parte «muy importante» pertenece a los promotores. «Aquí no se trata de ganar dinero, sino de financiar holgadamente», ha dicho Bastida resumiendo las actuales pretensiones de las entidades financieras respecto al ‘stock’.
Según Izquierdo, la experiencia de anteriores crisis hace pensar que ésta durará entre cinco y seis años, es decir, que no habrá recuperación hasta los años 2012-2013, y que en este periodo el precio de la vivienda habrá descendido un 30%, frente a la actual caída acumulada, que ha cifrado en un 9,8% en términos nominales.

Además, Iranzo ha acabado de perfilar un panorama «nada halagüeño», con un ritmo de viviendas finalizadas en 2010 de 120.000 inmuebles, frente a las 350.000 viviendas de 2009, que se traducirá en más destrucción de empleo. «No parece que el empleo vaya a mejorar en los próximos dos o tres años», ha añadido. En estas circunstancias, el presidente del IEE ha estimado que «difícilmente» se incrementará la demanda de viviendas hasta los años 2012 ó 2013.

Posibles soluciones
Por su parte, Izquierdo se ha centrado en posibles reformas para que el sector inmobiliario se recupere y sea más eficiente. En primer lugar, ha abogado por un urbanismo más «estructurante, reglado, objetivo, flexible y abierto», frente al actual, que adolece, a su juicio, de un excesivo intervencionismo público.

En este sentido, tras considerar que el urbanismo es «uno de los principales focos de corrupción», ha instado a derogar la última Ley de Suelo, al considerar que «niega» la propiedad privada.

Además, ha asegurado que el modelo de vivienda protegida es «ineficiente» e «injusto», ya que encarece el precio de la vivienda libre y establece sistemas de adjudicación que tienen que ver más con «las corruptelas y el azar» que con las necesidades reales en términos de renta de las familias. En este punto, Izquierdo propuso que todo el parque de vivienda protegida se adjudique en régimen de alquiler.

Finalmente, desde el IEE se han criticado las «disfunciones» existentes en el mercado de arrendamiento, en el que echaron en falta más libertad de negociación para las partes y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para aumentar la seguridad jurídica y mayores incentivos fiscales.

El precio de las casas puede bajar un 30% si la banca vende los 100.000 pisos que tiene

El aumento del «stock» de viviendas en manos de la banca, que actualmente alcanza las 100.000, y la exigencia de provisionar el 20% de su valor, frente al 10% anterior, supondrá un acicate para que las entidades financieras rebajen precios y establezcan nuevas formas de financiación que «acelerarán» el ajuste de los precios también por el lado de los promotores.
El total de viviendas sin vender se eleva a 700.000, según dijo el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, en la presentación del libro «Economía de la vivienda en España», escrito por el director del Servicio de Estudios de la institución, Gregorio Izquierdo, en colaboración con Begoña Blasco y María Luisa Recio, y patrocinado por Bancaja. Según Izquierdo el mercado no se recuperará hasta el año 2013 y eso podría provocar que el precio de la vivienda bajara hasta un 30%.

Economía prevé ahorrar 19.000 millones con los funcionarios

• Sueldos públicos e inversión soportarán los recortes de gasto para reducir el déficit
• La deuda ascenderá al 74,1% del PIB y los intereses llegarán al 3% en el 2013
A la economía le va a costar años volver a crecer con fuerza, de manera que los ingresos públicos van a tardar en recuperarse. Así las cosas, la principal vía para cumplir con la Comisión Europea y reducir el déficit desde el 11,4% del 2009 al 3% en el 2013 es recortar el gasto. El Gobierno señaló ayer en qué apartados tiene previsto apretarse más el cinturón: en la plantilla de empleados públicos y en la inversión.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha comunicado a Bruselas que prevé ahorrar el 4% del sueldo de los funcionarios de las tres administraciones, de manera que pasará de equivaler al 11,9% del producto interior bruto en el 2009 al 10% en el 2013. Casi dos puntos del PIB que suponen unos 19.000 millones de euros de ahorro.
El Ejecutivo espera lograr este ahorro mediante una «fuerte» moderación salarial (este año los sueldos subirán solo el 0,3%) y mediante la «práctica congelación» de la oferta de empleo público. Solo se va a cubrir el 10% de las plazas que queden libres. El 7% de los más de 2,6 millones de funcionarios alcanzarán la edad de jubilación en estos cuatro años, de manera que unos 182.000 se convertirán en pensionistas y solo se sustituirá a 18.200 de ellos.
En cuanto a las inversiones, el objetivo del Ejecutivo es que caigan del 4,8% al 2,9% del PIB, otros 19.000 millones de euros. Si se excluye al fondo local del Plan E, el recorte es de 0,9 puntos del PIB, lo que supone un descenso del 14% respecto al 2009.

RACIONALIZACIÓN / El resto del ahorro vendrá por las subvenciones, el gasto corriente, las transferencias y el resto de gastos ( unos 15.000 millones de euros). El Gobierno sostiene que lo logrará con una racionalización de la jornada de trabajo y una utilización más eficaz de los medios materiales. Y aclara que no va a reducir las prestaciones sociales, la atención a la dependencia, las becas y las aportaciones a la Unión Europea.
La mayor parte del esfuerzo (4,3 puntos del PIB) se concentra entre el 2011 y el 2013. Adicionalmente, hay un plan para el 2010 que prevé recortar en 0,5 puntos del PIB el gasto contemplado en los Presupuestos.
Los ingresos, por su parte, pasarán del 34,6% del PIB del 2009 al 38,3% en el 2013, unos 37.000 millones de euros de incremento. Los impuestos indirectos crecerán en 1,9 puntos, de los que uno corresponderá a la subida del IVA y de los especiales. Los directos aumentarán en 1,5 puntos, de los que 0,7 vendrán por la recuperación económica y 0,4 por la retirada de la ayuda de los 400 euros. La presión fiscal pasará del 30,4% del PIB al 34,2% en el periodo.

FUERTE ENDEUDAMIENTO / El peso de la deuda pública sobre el PIB se va a disparar desde el 55,2% del 2009 al 74,1% en el 2013, con lo que, en un escenario de tipos al alza, los intereses pasarán del 1,9% al 3,1% del PIB, hasta equivaler prácticamente al déficit total de las cuentas del 2013.
Ante este panorama, el Gobierno va a liderar el recorte del déficit, ya que el de autonomías y ayuntamientos se doblará hasta el 2011 (al 4,2% y al 1%, respectivamente), para luego descender al 1,1% y al 0,2% en el 2013. En el 2011, el déficit del Estado será de forma excepcional menor al de las autonomías (2,5%).

¿Y por qué no se recortan la pensión los diputados y los altos cargos?

Blanco abre la puerta a revisar el privilegiado sistema que rige para los parlamentarios.
Un diputado con sólo once años de actividad tiene derecho a la pensión máxima que otorga el Estado.

Si usted nunca ha sido alto cargo de un Gobierno, ni ha formado parte de una lista electoral, piénselo, quizá aún esté a tiempo. Es como para pensarlo en estos tiempos en los que el Ejecutivo ha propuesto aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y es que la reforma no afecta, de momento, al sistema que rige para los parlamentarios y altos cargos, que además de estarles permitido el cobro de varias pensiones de forma simultánea, no tienen que cotizar, como el resto de los mortales, sus últimos 15 años de vida laboral por el máximo de la base reguladora para cobrar la pensión más alta del Estado. ¿No lo sabía? Pues, lea.
En lo que compete al llamado sistema de protección social y de pensiones parlamentarias no hay fisuras. El modelo se aprobó por unanimidad sin que ningún grupo pusiera objeción. Claro, se dijo entonces que la regulación de las pensiones parlamentarias era para «situar a los parlamentarios en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno», como si los salarios de los españoles fueran equiparables a los de nuestros países vecinos. También se alegó la necesidad de que un diputado o senador pudiese alcanzar el límite máximo de pensiones de la Seguridad Social.

El caso es que un parlamentario no está obligado a cotizar 20 o 30 años para ser beneficiario de una pensión. Basta con que haya estado sentado en el escaño 7 años. Con este tiempo ya tiene derecho a cobrar una pensión siempre que haya cumplido los 65, obtenido una jubilación anticipada con 60 o una declaración de invalidez permanente. Aunque no alcancen el máximo de percepción de pensiones públicas, el Congreso o el Senado abona la diferencia.

Si el diputado o senador ha estado entre siete y nueve años de mandato, le corresponde el 80% de la pensión máxima mientras que si ha ejercido la actividad parlamentaria entre nueve y once años, recibirá el 90% de la máxima. Si ha estado más de once años de mandato, tendrá derecho al 100% de la pensión máxima.

Además, el diputado o senador que en el momento de su cese haya cumplido 55 años, no tiene por qué trabajar nunca más, pues la Cámara seguirá pagando su Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación.

Pero no sólo de pensiones viven los diputados. Tienen además derecho a un finiquito cuando
dejan de serlo. Y es que los que causan baja por disolución de las Cámaras perciben una «indemnización de transición» en un pago equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional –entre 3.800 y 5.200 euros al mes– por cada año de mandato parlamentario y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Por si fuera poco, las Cortes pagan a sus diputados y senadores un plan de previsión social que corresponde al 10% de su asignación.
Privilegios que nadie ha dicho, hasta ahora, que vayan a revisarse. Lo más que pudimos escuchar ayer, y con poco entusiasmo, fue una declaración de José Blanco, que se mostró abierto a cualquier revisión que «garantice más equidad». Idéntica pasión puso Soraya Sáenz de Santamaría, que no dijo ni sí ni no. No es lo mismo predicar, que dar trigo, claro.

Campaña sindical contra el «pensionazo»
El Gobierno, con la vicepresidenta primera a la cabeza, siguió ayer defendiendo su propuesta de reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT van a comenzar, de manera inmediata, una campaña informativa de rechazo a que la edad de jubilación se incremente en dos años, hasta los 67.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió que se hable del «mañana» de las pensiones, y no del presente, porque está «garantizado».

El debate sobre la reforma de las pensiones

Tomás Burgos / PP
El portavoz del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, confió ayer en alcanzar un acuerdo entre todos los partidos sobre la reforma de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo, siempre que el Gobierno retire su propuesta de retrasar dos años la edad legal de jubilación, hasta los 67. En un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Burgos señaló que la propuesta del PP va dirigida a alargar la edad de jubilación de forma voluntaria mediante incentivos.

Isabel López i Chamosa / PSOE
La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, recordó ayer que el Pacto de Toledo «significa consenso» y por lo tanto se aprobarán aquellas medidas «que se puedan consensuar» entre todos los partidos políticos. «No nos preocupa la Seguridad Social; tampoco las pensiones de hoy, porque están garantizadas. Pero sí nos preocupan las pensiones de los que hoy tienen 20 años», señaló la diputada socialista. Pero el objetivo es que cualquier reforma se haga por «unanimidad» y «estamos abiertos» a las propuestas de cualquier grupo.

Gaspar Llamazares / IU
Para el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, son necesarias las reformas pero «sin alarmismos, ni recortes injustificados». En el encuentro organizado por la Apie, Llamazares sostuvo que no existe «ninguna justificación para un ataque tan duro» al sistema de pensiones. «Hemos pasado del Pacto de Toledo al “pensionazo” de Davos» lamentó el diputado de IU. Llamazares también se mostró contrario a alargar la edad de jubilación. «O se retira esta propuesta o se impide la negociación y el acuerdo en el Pacto de Toledo».

Josep Sánchez Llibre / CiU
El portavoz de economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, calificó ayer la propuesta sobre pensiones formulada por el Gobiero de «frívola, precipitada, improvisada y contradictoria». Según Sánchez Llibre, el Gobierno ha lanzado «fuegos artificiales» de cara a la galería y a la Unión Europea. CiU se mostró contraria a alargar la edad de jubilación de forma obligatoria. Propone, en cambio, primar más los periodos de cotización que la edad de jubilación. Aún así Llibre, al igual que Burgos y Llamazares, confía en alcanzar un acuerdo.

Banesto aprovecha el tirón de ‘la roja’ para vender depósitos e hipotecas

Patrocinador del Mundial 2010.
La entidad financiera lanza al mercado un depósito, una hipoteca y una nueva gama de tarjetas de crédito aprovechando su patrocinio de la selección española de fútbol y el Mundial que se celebra este año.
Después de probar suerte con Rafa Nadal como imagen de varios productos, Banesto ejercerá como patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol de cara al Mundial 2010. Aprovechando el tirón de ‘la roja’, la entidad financiera va a sacar tres productos financieros ligados a este patrocinio bajo el nombre de Depósito Selección, la Hipoteca Selección y las Tarjetas Selección, con los que prevé captar 1.000 millones de euros hasta marzo.

«La entidad apuesta porque España gane el mundial y por buscar nuevas relaciones con nuestros clientes, así como su permanencia», según explicó el director general de Marketing y Productos de Banesto, Rami Aboukhair, en un encuentro con la prensa.

El Depósito Selección es un producto de captación de recursos que ofrece una rentabilidad del 3% TAE a 12 meses a partir de 3.000 euros, cuya remuneración será de un 4% TAE en caso de que España gane el Mundial, que se celebrará en Sudáfrica desde el próximo 11 de junio.

Para contratar este depósito será necesario domiciliar dos recibos y utilizar la tarjeta de débito vinculada; el IPC se contabilizará a 12 meses y la inversión máxima será de 50.000 euros.

El lanzamiento de este producto irá acompañado de una campaña de publicidad que Banesto lanzará el próximo lunes, 1 de febrero, en televisión, prensa e Internet. El ‘spot’ televisivo contará con la presencia del tenista Rafa Nadal junto con imágenes de la Selección Española, bajo el lema ‘Tenemos lo que todos quieren’.

Aboukhair afirmó que «las casas de apuestas dan a España un 20% de probabilidades de que gane el Mundial 2010», por lo que Banesto, «apoyará al equipo con esta campaña tan activa» y con el objetivo de aumentar la cifra del 7,5% de crecimiento en número de operaciones, registrado por la entidad en 2009. La promoción finaliza el próximo 31 de marzo

En segundo lugar, la Hipoteca Selección consistirá en un préstamo para la compra de viviendas referenciado al Euríbor más un diferencial del 0,80%, desde un importe de 60.000 euros y con un plazo que va desde los 15 hasta los 35 años.

Banesto regalará a los clientes que contraten este préstamo hipotecario hasta 1.500 euros disponibles en una tarjeta de crédito para la compra de electrodomésticos en las más de 900 tiendas Expert, también ‘sponsor’ de la Selección Española de Fútbol. Este producto convivirá con la Hipoteca Smash (producto de subrogación activa).

Por último, a partir del lunes, los clientes también podrán contratar las Tarjetas Selección (crédito y débito), que con los primeros 1.500 euros de gasto la entidad financiera les regalará el Kit Selección, compuesto por una camiseta oficial de la Federación Española de Fútbol y una bufanda.

En caso de que España, gane el Mundial 2010, la cuota de renovación del segundo año de las tarjetas será gratuita. Durante 2010, Banesto ampliará esta campaña con nuevos productos y nuevas campañas ligadas a su lema ‘Espíritu Ganador de Banesto’ representado por Rafa Nadal, al que se suma la Selección Española de Fútbol, tras el acuerdo alcanzado por la entidad con la Federación Española de Fútbol.

Los españoles quieren el retiro a los 59, pero no ahorran

En medio de polémica por el retraso de la jubilación hasta los 67 años, un estudio de Esade premiado por la Fundación Edad & Vida de Vidacaixa concluye que la mayoría de los españoles considera que la edad ideal para retirarse son los 59 años. Son conscientes, sin embargo, de que difícilmente pondrán conseguirlo –piensan que acabarán jubilándose cerca de los 65 años–, porque su volumen de ahorro resultará insuficiente para mantener el nivel de vida de la etapa productiva.
El estudio elaborado por Ismael Vallés y Manuel Alfaro, del departamento de dirección de márketing de la escuela de negocios, destaca que el 53% de la población no usa ningún método de ahorro, pese a que en su mayoría los ciudadanos son conscientes de las limitaciones del actual sistema público de pensiones y «las incertidumbres que se ciernen sobre las condiciones de su propia jubilación». Esa preocupación no ha motivado un cambio de actitud con respecto al ahorro, puesto que solo el 18% de los encuestados han calculado los costes que se derivan de su retirada.
Para los responsables del estudio, la falta de preparación para la jubilación y «la falta de responsabilidad para analizar la situación personal y desarrollar estrategias de ahorro es alarmante». Según Alfaro, «se trata de una realidad incómoda que se ignora mientras se puede». Y agrega que la poca predisposición obedece a circunstancias como «la imposibilidad de ahorrar, la supuesta suficiencia de los planes públicos o la inversión en vivienda».