Un empresario catalán sienta a la Generalitat en el banquillo por las multas lingüísticas

“NO PIENSO CAMBIAR MI LETRERO EN CASTELLANO”
La Generalitat de Cataluña afronta hoy su primer juicio por las multas lingüísticas que imponen sus inspectores. Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria en la localidad de Vilanova i la Geltrú, es el empresario que ha sentado a la Administración autonómica en el banquillo. Nunca hasta ahora un proceso de estas características había llegado tan lejos: hay algunos recursos que están todavía en fase administrativa pero ninguno ha llegado al nivel jurisdiccional. El nombre de Nevot saltó a la fama en marzo del 2008, después de que el presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, desvelase su caso en el debate televisado en directo con el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ambos pretendientes a la poltrona de la Moncloa.

La de Manuel Nevot es una historia de deencuentros con la Administración. Catalanohablante desde siempre, el letrero principal de la sede de su empresa está en castellano. “Lo puse en el año 1982 y entonces nadie rotulaba en catalán”, explica a El Confidencial el empresario. En el 2006, se presentó en sus oficinas un inspector de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) y le impuso dos multas de 400 euros: “Una fue por no tener rotulado el letrero principal en catalán, aunque luego sí había otros letreros que estaban en castellano y catalán. La otra, por no tener un letrero que avisase que tenía las hojas de reclamaciones a disposición del público, a pesar de que sí tenía estas hojas pero me faltaba el letrero”.

Su caso fue llevado por la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside Francisco Caja. En estos cuatro años, presentó varios recursos ante la Administración, que se saldaron con el rechazo a los mismos por parte de la Generalitat. Ante ello, decidió acudir a los tribunales en el 2008.

El presidente de CCC manifestó a este diario que la denuncia está planteada porque “creemos que vulnera el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. La medida no está justificada. La Administración ha de regirse por tres principios básicos: intervención mínima, igualdad y proporcionalidad. Puede fomentar el uso de un idioma realizando acciones para estimularlo, conceder premios o dar facilidades, en vez de medidas de policía o sanciones. A nuestro entender, existe una intervención excesiva y no amplía la libertad, sino que la restringe. Además, vulnera el principio de igualdad, porque no trata igual a una lengua que a otra”.

Francisco Caja recuerda también que hay resoluciones internacionales sobre casos como éste. La ONU vio en 1976 el caso de un fabricante de zapatos de Quebec al que la Administración multó por rotular en inglés, cuando le exigían hacerlo en francés. La ONU condenó al Gobierno canadiense por este hecho. En Europa, la UE también da pautas para la libertad de expresión, de circulación y de empresas. “Por ello, en la demanda pedimos que el juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, previa a la resolución, sobre el capítulo V de la Ley de Política Lingüística de 1998”.

Este capítulo es el que obliga a rotular, al menos, en catalán. “Eso es una falacia -añade Caja-. Si yo prescindo de letras en mi letrero y pongo iconos, nadie me va a multar. Pero si o pongo en castellano, sí… No puede existir el deber de uso de una lengua. Es inconcebible que los poderes políticos obliguen a hacer una cosa de estas características. ”.

“Iré a los tribunales europeos”

Pero mientras el asunto se dirime en la vía jurisdiccional, el letrero continúa en su puesto. “No pienso cambiarlo porque no me da la gana. Es un derecho constitucional que tengo”. Y advierte: “Si el juez falla contra mí, acudiré al Tribunal Constitucional. Y si éste también le da la razón a la Generalitat, iré a los tribunales europeos”.

Los inspectores de la ACC le dijeron que todo había sido a causa de la denuncia de un ciudadano. “Les pedí que me dijeran quién había sido, pero se negaron. ‘Sí, hombre, entonces aún menos me lo creo’, les respondí. Se lo dije sin pelos en la lengua. Mire usted: yo tengo 73 años, no estoy jubilado y no tengo ligazón con nadie. Por eso, seguiré adelante con mi denuncia, porque creo que se vulneran unos derechos fundamentales”.

En este sentido, su historia es similar a la de Xurde Rocamundi, empresario de Arenys de Mar (ver noticia) que el año pasado también fue multado después de una denuncia anónima y que acaba de ver cómo sus argumentos son rechazados por la Administración autonómica. En las últimas semanas, este empresario ha visto cómo en los alrededores de su empresa aparecían carteles y pancartas para que rotule en catalán.

Tras conocerse su caso, Manuel Nevot también tuvo que aguantar coacciones, insultos y amenazas. “En estos años no me he sentido ni arropado ni vilipendiado, sólo tengo que quejarme de los intransigentes que me llenaron la fachada de pegatinas y de pintadas, como la de ‘Parla català o emigra’ (‘Habla catalán o emigra’) o ‘Fóra feixistes’ (‘Fuera fascistas’). Y se duele de que “hablo catalán normalmente, soy catalán, nacido en Cataluña, hijo de catalanes y nieto de catalanes. ¡A mí me van a decir lo que es ser catalán! Jamás tuve ningún problema con la lengua ni por hablar en uno u otro idioma. Sólo con este Tripartito”.

Su negocio no se ha resentido por la polémica. “En realidad, mi negocio lleva años en crisis, pero por otras circunstancias, por la crisis económica. Lo que pasó con la Generalitat no me afectó lo más mínimo”. Y señala que con los vecinos y los amigos tampoco hubo ningún problema. “Incluso tengo amigos que votan Esquerra Republicana. Yo soy más bien simpatizante del PP. Pero les digo que ellos están donde están porque yo he votado esta Constitución que les da derechos”.

Nevot tiene una idea fija, inquebrantable: “Iré a donde sea, pero no voy a pagar la multa, eso lo tengo claro”. Y advierte que “espero que la justicia se imponga a la ideología en este caso”. Sus abogados le han dicho que tienen esperanzas de ganar el juicio, pero él lo duda. “En el fondo, creo que ellos también desconfían. De todos modos, es muy duro enfrentarse a la Generalitat”.

En el Parlamento autonómico, la polémica también sigue. José Domingo, diputado del Grupo Mixto, señaló a este diario que “daremos todo el apoyo a quien sienta vulnerados sus derechos” y subraya que se han presentado varias preguntas al Gobierno desde la Cámara. Según Domingo, “el propio informe de Política Lingüística señala que durante el año 2008 se realizaron casi 2.000 inspecciones, se impusieron 209 multas y se recaudaron 208.000 euros”. Nevot no quiere que su caso engrose las arcas de la Administración por este concepto.

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