Ni se plantee una hipoteca multidivisa

En octubre de 2008 nos contaban desde Bankinter la mecánica de estas hipotecas. Se trataba de un momento en el que podrían resultar muy atractivas, con un euribor en entornos del 5% y tasas de cambio favorables con respecto a divisas como el yen o el franco suizo.

Referenciadas al tipo de interés del país de estas divisas, ofrecían una ventajosa contrapartida para el cliente. Ahora las cosas han cambiado: con un euribor instalado desde hace más de un año en niveles del 1%, no hay divisa que pueda compensar la devaluación a la que sigue expuesta la nuestra.

Un ejemplo que demuestra la progresiva pérdida de valor del euro con respecto al yen: hace tres años, el tipo de cambio del euro frente a la divisa japonesa se situaba en 163,05, que para una hipoteca en yenes se traducía en 613 euros de cuota -si consideramos un préstamo de 100.000 euros-; a finales del año pasado, ya bajó a 133,2, lo que situaba la mensualidad en 750 euros, un 16% más; el tipo de cambio en el día de ayer se situaba en 112,12, lo que se traduce en 891 euros de cuota, un elevado 45% más que 2007. De hecho, y según el Ecotrader de elEconomista.es, la tendencia euro/yen es lateral bajista y la del euro/franco suizo, bajista.

Este cambio de escenario es el que justifica que, a día de hoy, no represente un producto atractivo. Como nos cuentan ahora desde Bankinter: «Hace más de un año que no comercializamos estas hipotecas porque ya no ofrecen ventajas».

Y es que quien contrata este producto debe asumir sus riesgos. El principal, la fluctuación de la divisa en la que se endeuda uno, por eso suelen tomarse monedas de evolución estable que, en cualquier caso, se espera que se mantengan la mayor parte de la vida del préstamo en tasas por debajo del euro.

Si ocurre lo contrario, estamos perdiendo la ventaja: si el yen sube, por ejemplo, también lo hará la cuota. Por esta razón, los clientes de la hipoteca multidivisa deben tener unos conocimientos financieros y ser conscientes de los avatares que puede sufrir su deuda en función de variables macroeconómicas que afecten al tipo de cambio euro/yen, como los que en estos momentos suceden.

Cajasur pone dos veces la mejilla: no le pagan inmuebles adjudicados que vendió

Cajasur, intervenida por el Banco de España, tiene un problema con los adjudicados, aquellos activos que tuvo que quedarse por impago del cliente. No sólo por su cuantía, 337 millones de euros, y por las pérdidas asumidas, más del 18%, si no también por su gestión. Según datos de la auditoria, algunas de las ventas que la caja consiguió hacer y financiar el año pasado han entrado en mora.

Pese a que solo es un detalle más en la nefasta gestión de la caja cordobesa en los últimos años, sorprende que una solución a un problema acabe convirtiéndose en otro problema. Cajasur se queda con un activo inmobiliario porque el cliente no paga. Consigue desprenderse de él, con ganancias y obteniendo un interés por ser la caja la que da el préstamo. Pero al final el comprador de ese activo tampoco paga.

La auditoria dice que Cajasur realizó operaciones de venta de inmuebles “en las cuales ha procedido a financiar al comprador”. Con la mala fortuna de que “el importe pendiente de cobro de los préstamos concedidos por la caja para la financiación de estas operaciones al 31 de diciembre ascendía” a 2,77 millones de euros, en comparación con los 0,35 millones de 2008. El porcentaje financiado es del 83% sobre el precio de venta.

El principal problema que acarrea el impago en la venta de los adjudicados es que Cajasur no se podrá apuntar las plusvalías que realice, según se puede leer en el documento de auditoria. “Al no estar razonablemente asegurada la recuperación del importe financiado […] la caja no ha registrado la diferencia positiva entre el precio de venta y el valor neto contable”, se explica.

Las plusvalías de este tipo de operaciones van directamente a engrosar el beneficio de la entidad, aunque Cajasur no podrá hacerlo hasta que los créditos estén al corriente. La cuantía que la caja cordobesa dejó de ganar debido a la mora en la venta de activos adjudicados supera por poco el millón de euros. Cajasur perdió en 2009 cerca de 600 millones de euros, con una tasa de morosidad del 8,29%.

A cierre de 2009, la entidad controlada hasta este fin de semana por la Iglesia católica tenía activos procedentes de adjudicaciones valorados en 337,7 millones de euros, de los que ha tenido que sanear 61,9 millones, el 18%. En 2008, el saldo de adjudicados era 223,7 millones, de los que saneó 10,7 millones. Casi el 100% de los activos son residenciales, mientras que apenas 615.000 euros se corresponden con rústico.

GRAN EXPOSICIÓN AL LADRILLO
El ladrillo está muy presente en el activo de Cajasur, tanto en sus créditos como en la cartera industrial. Según datos públicos, la caja tiene concedidos más de 3.900 millones de euros a la construcción y promoción inmobiliaria, el 28% del total de la cartera, frente al 24% del sector (Banco de España). Otro 49% es crédito a particulares, cerca de 6.900 millones de euros, aunque la entidad no desglosa qué parte de esa cifra es para compra de vivienda.

La cartera industrial, creada en 2002 con el nombre de Grupo de Empresas Cajasur y cuya actividad principal es la tenencia de valores, es el paraguas de la entidad bajo el que se agrupan 160 empresas. Según datos del Informe de Gobierno Corporativo, el 46,5% del holding son empresas inmobiliarias. El siguiente en importancia es el sector financiero y asegurador (16,36%), por delante de la inversión en cotizadas (8,81%).

Silene Activos Inmobiliarios, también dentro de Grupo de Empresas, es la sociedad que gestiona los adjudicados de Cajasur. Esta sociedad es en gran parte responsable de la importante merma sufrida por el holding de empresas, que en solo un año ha visto como su valor en libros ha pasado de 428,8 a 106,7 millones de euros debido a unas pérdidas por deterioro de 322 millones.

El fundador de Facebook admite «un montón de errores»

El debate sobre la privacidad en la red social con más seguidores del mundo se ha calentado especialmente tras conocer una carta en la que el consejero delegado y fundador de Facebook, Mark Zuckerbeg, ha admitido haber cometido «un montón de errores». ESta declaración coincide con que la red social está a punto de cambiar las opciones de privacidad debido a las insistentes quejas de muchos usuarios.

«Sé que cometimos un montón de errores, pero espero que, después de todo esto, nuestro servicio sea mejor y que la gente entienda que nuestras intenciones van por el buen camino, y que respondemos a los comentarios de las personas a las que servimos», escribió Zuckerberg en un correo electrónico enviado a un bloguero influyente en Silicon Valley, Robert Scoble.

Zuckerberg ha entonado el mea culpa en un momento en el que miles de usuarios han criticado la seguridad en la privacidad de la famosa red social. Por ello justo este sábado Facebook ha anunciado cambios que harán «más simples y más fáciles de usar» las opciones de confidencialidad, y que se realizarán en una semana, según el portavoz de la compañía Andrew Noyes.

«Hemos escuchado todas las reacciones y hemos tratado de destilarlas para encontrar cosas que necesitamos mejorar. Prefiero mostrar un producto mejorado en lugar de sólo hablar de lo que se podría hacer», dijo Zuckerberg.

La preocupación de los consumidores aparecía con la noticia de que Facebook y otras redes sociales han estado enviando datos personales a las agencias de publicidad. Según The Wall Street Journal, cuando un internauta pincha en una publicidad, entonces su nombre y número de identificación llegan a las agencias.

Por el momento la opción de privacidad absoluta no existe en Facebook y son miles de personas las que han comenzado a unirse a grupos contra la falta de seguridad en la red social.

Más de 10 millones de usuarios en España
Facebook ha sobrepasado los 10 millones de usuarios activos en España desde su creación en 2004. Estos internautas son aquellos registrados en la plataforma que acceden a su cuenta frecuentemente y no únicamente que crearon un perfil.

Esta cifra supone que una de cada cuatro personas en nuestro país está registrada en Facebook e, incluso, un 70% de estas personas se conecta al sitio todos los días.

España se coloca ahora en la décima posición en el mundo en cuanto al número de usuarios activos en relación con el total de la población internauta.

El plan de ajuste del Gobierno complica los recortes en Catalunya

El ajuste propuesto por el Gobierno central complica el plan de recorte previsto por la Generalitat, especialmente en lo que respecta a la extensión de la rebaja de sueldos a trabajadores de empresas públicas y de sociedades en concierto con la Administración. Fuentes de la Conselleria d’Economia precisaron ayer que se debe esperar a la publicación del real decreto para saber si hay cobertura legal que permita esa rebaja de sueldos de los empleados vinculados al sector público pero que no son funcionarios.

Los empleados de las empresas públicas cuentan con un convenio colectivo propio, por lo que no se les puede rebajar el salario de forma automática mediante un decreto ley, salvo que lo especifique en él. Por lo tanto, una hipotética rebaja debería realizarse mediante la modificación de cada convenio colectivo. Lo mismo sucede con los empleados de las empresas con concierto público. Una de las ideas con las que trabajaba el Govern era recortar el concierto o la dotación para las empresas públicas y que fueran esas sociedades las que pactaran las rebajas con sus propios trabajadores. Ayer el conseller de Economia, Antoni Castells, precisó que será necesario esperar a saber el contenido del real decreto.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló el jueves al término del Consejo de Ministros que el ajuste afectaría a los empleados públicos de las administraciones y «a los directores de las empresas públicas». No dijo nada respecto a los trabajadores de empresas públicas que no sean directores. En cambio, el martes el conseller Castells había anunciado la intención de extender la rebaja a «las empresas y entidades que forman parte del sector público», así como un «ajuste» de los conciertos y las subvenciones para el funcionamiento de los centros y entidades prestatarias de servicios públicos.

Según datos de la Generalitat, sólo en Catalunya hay unos 181.000 funcionarios más 45.000 trabajadores de empresas públicas. Además, fuentes del sector calculan que en conjunto son 70.000 empleados los trabajadores de centros con concierto público como escuelas o centros de salud.

USOC, sindicato mayoritario en el sector de la educación concertada, pidió ayer que no se aplique una rebaja de los sueldos a los profesores de escuelas concertadas porque no son funcionarios, disponen de convenio propio y tienen el salario congelado.

Mientras, el conseller de Innovació i Empresa, Josep Huguet, dijo ayer que no todas las autonomías deben tener el mismo nivel de ajuste económico porque hay algunas comunidades en las que el 30% de la población activa son funcionarios y Catalunya sólo tiene entre el 11% y el 12%. Huguet añadió que Catalunya «hace tiempo que se apretó el cinturón» y ahora las cargas deberían ser «inversamente proporcionales a la alegría que se ha tenido con los presupuestos».

Desde ICV, el secretario general Joan Herrera señaló que no es necesario ir «mas allá» que el Estado en el recorte del gasto, y abogó por no incluir a los trabajadores de empresas públicas en las rebajas previstas.

Desde CiU, el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, propuesto al Gobierno que privatizara parte de Aena y Renfe, y que se vendieran acciones de Iberia, Red Eléctrica o Bolsas y Mercados para incrementar los ingresos del Estado y evitar así tener que aplicar los recortes sociales anunciados. En declaraciones a RAC1, Duran manifestó: «Hay una larga relación de activos que hoy tiene el Gobierno en empresas en las que el Estado, comosi aún estuviésemos en la época de Franco, continúa teniendo participación. Pues que se los venda».

El portavoz de CiU en el Congreso precisó que si bien hay empresas en las que la participación del Estado tiene un «sentido estratégico», como Airbus, hay otras que «no tienen ningún sentido» y su venta reportaría unos ingresos que servirían para tapar déficit público. Duran, por ejemplo, propuso «privatizar Renfe Mercancías», así como «una parte de Aena», con lo que el Estado obtendría «mucho dinero y evitaría tocar las pensiones».

Para Duran, tampoco tiene sentido que el Gobierno español «aún tenga un 8,65% de Ebro Puleva», el 5% de Iberia o el 20% de Red Eléctrica.

Por otra parte, la Cambra de Comerç expresó sus temores sobre el futuro de las inversiones del Estado en Catalunya. Concretamente, el organismo empresarial pidió que en el recorte de la inversión en infraestructuras anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, se debe evitar con las liquidaciones pendientes por la disposición adicional tercera del Estatut. Según la Cambra, el importe pendiente de asignar alcanza los 1.400 millones.

Según la Cambra, «este importe debe permitir atenuar en Catalunya el impacto del recorte de inversión en infraestructuras». Asimismo, exigió que queden excluidos del recorte los proyectos estratégicos. En este sentido, consideró «irrenunciable» el impulso a las actuaciones relacionadas con el corredor mediterráneo, tanto viario como ferroviario, incluida la autovía orbital B-40, la línea ferroviaria de alta velocidad, y los nuevos accesos terrestres al puerto de Barcelona.

Varapalo de los inspectores de Hacienda: «Es inapropiado, ineficaz e injusto»

Los inspectores de Hacienda reclaman medidas y contundentes contra el fraude fiscal y lamentan que se pierda la oportunidad de reformar el sistema fiscal.

Los inspectores de Hacienda del Estado consideraron «claramente insuficientes, inapropiadas, ineficaces e injustas» las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y reclamaron «verdaderos cambios» estructurales tanto en el ámbito del gasto como del ingreso, así como un paquete de medidas eficaces contra el fraude fiscal.

En un comunicado, consideraron que el Gobierno «se ha olvidado de decretar medidas firmes y contundentes» contra el fraude fiscal y ha perdido así una oportunidad «de oro» para reformar en profundidad el sistema fiscal y aumentar su potencial recaudatorio.

En este sentido, señalaron que la puesta en marcha de medidas para luchar contra el fraude aumentaría el potencial recaudatorio del país, y recordaron que la «fuerte» caída recaudatoria está siendo superior a la del consumo o a la del beneficio empresarial, lo que debe ser atribuido al derrumbamiento de la conciencia fiscal y a que el control que se está realizando es muy «insuficiente».

A su parecer, el Gobierno ha optado «por el camino más fácil» a través de la congelación de las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios y empleados públicos, medidas que sólo aportarán 5.000 millones de euros en 2010.

Además, creen que el planteamiento del Gobierno no sólo es «injusto, inequitativo y discriminatorio», sino que es «más que probable» que no saque a España de la crisis, debido a que no aborda una cuestión básica y crítica en los momentos actuales: un mejor y exhaustivo control contra el fraude fiscal y una reforma en profundidad del sistema fiscal.

Asimismo, consideran «demagógico» que el Gobierno utilice el argumento de que debe pagar más quien más tiene a la hora de reducir el sueldo de los funcionarios, ya que la redistribución de la renta y la riqueza se realiza a través de los impuestos y no de los salarios. «(El recorte) además de discriminatorio y antisocial, es previsible que tenga un grave coste en el funcionamiento eficaz de la Administración», alertan.

En cambio, ven «urgente» una reestructuración de la Administración que elimine ineficiencias y una «verdadera y eficaz» política de gasto y un «riguroso» control del mismo. De la misma forman, apuestan por una reducción de las subvenciones no productivas a los sindicatos por un importe de 138 millones para cursos de dudosa calidad.

En cuanto a la posible creación de un nuevo impuesto para los más ricos, los inspectores considerarían «positiva» la rectificación del «error» cometido con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, aunque ven «demagógico» el anuncio de su recuperación coincidiendo con el «tijeretazo» a pensionistas, funcionarios y empleados públicos.

¿Qué crisis?

Hay algunas cuestiones claras, indiscutibles, sobre la situación económica: es crítica, puede ir a peor, su origen es financiero, no hay un diagnóstico claro y, en consecuencia, tampoco tratamiento garantizado; en estos momentos hay algunos síntomas de estabilización; y los especuladores se hacen de oro gracias a la crisis y a la desregulación de la actividad financiera privada.

A la vez, ocurren otras cosas menos objetivas que sirven para saber por qué no acaba de haber conciencia de la gravedad de la situación. Por supuesto que los Gobiernos tienen una gran responsabilidad, y que el nuestro es muy torpe para adoptar medidas, sobre todo para comunicarlas, aunque de todas formas, sería exagerado negar que los demás también andan a tientas.

Rodríguez Zapatero empezó con mal pie negando la evidencia, pero la oposición le va a la zaga: más allá de zarandearle con malos datos y peores vaticinios tampoco ha transmitido una idea siquiera aproximada del calado del problema. En cualquier cuestión, bien sean las cajas de ahorros, el plan de ajuste, las reformas, solo oímos banalidades en forma de dardos electoralistas contra el adversario.

Es normal, pues, que el ciudadano, excepto el que ha perdido el empleo, no tenga una idea cabal de dónde estamos; o que siga pensando que toda la culpa es de los bancos, como si alguien hubiera ido forzando a la gente a firmar hipotecas: claro que la banca ha contribuido, pero la cuestión es más amplia y complicada, todos hemos participado.

Esa falta de conciencia de la realidad explica en parte la reacción de aquellos a los que se les exigen sacrificios, y también la de quienes alertan de que el recorte salarial de los funcionarios es el preludio de lo que pasará con el resto de los trabajadores. Nadie les ha dicho que eso ya es moneda corriente en el sector privado. O no han querido oírlo.

La economía volverá a generar empleo desde la segunda mitad del año, según Afi-Agett

La economía podría volver a generar empleo en tasa interanual entre la segunda mitad de este año y principios de 2011, aunque esta creación no será como para absorber la bolsa de desempleados generada durante los años de crisis, según el ‘Avance del Mercado Laboral Afi-Agett’ correspondiente al mes de mayo.

El indicador apunta que «continúa la corrección en el ritmo de destrucción de empleo» en términos de Encuesta de Población Activa (EPA), que podría alcanzar ritmos inferiores al 2% en julio (-1,7%). Además, señala que, debido a la favorable estacionalidad de los próximos meses, se prevé una creación de empleo para el segundo trimestre del año, con lo que se podría llegar a los 18,5 millones de ocupados en junio.

Sobre la bajada del paro en abril, después de ocho meses de incrementos continuados, la patronal de las empresas de trabajo temporal la atribuyó «exclusivamente» al ‘efecto Semana Santa’, que generó 70.000 afiliados más en el sector servicios y redujo el número de parados en 14.000 personas.

Asimismo, Afi-Agget pone en valor que los trabajadores extranjeros de los Veintisiete «sólo» destruyeron 3.500 empleos desde que comenzó la crisis a finales de 2007, mientras que los no nacionales de la UE (los extracomunitarios) se erigen como el colectivo más afectado, con una tasa de destrucción de empleo del 14,8% desde el tercer trimestre de 2007.

Como «amortiguador» del deterioro del empleo, la patronal resalta el espíritu emprendedor de los extranjeros de la UE, con un 15% de autónomos comunitarios.

Con todo, Afi-Agget estima que en el primer trimestre, por primera vez, descendió la población extranjera en España, tras el inicio de la serie histórica en 1996, por lo que no espera un repunte del paro «a mayor ritmo», pese a que se continúe destruyendo empleo.

«Tenemos pendiente la transposición de la Directiva 2008/104/CE para que las ETT’s puedan normalizar su actuación en todos los sectores, sin restricciones ni penalizaciones en cuanto a costes indemnizatorios», insiste en reclamar el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de la comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, Santiago Herrero.

El trueque llega al mercado inmobiliario: cambio piso en Fuenlabrada por vivienda en Jaén

Trueque: dícese del intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero. La Real Academia de la Lengua dixit.

Se trata de una práctica presente en la sociedad desde que el hombre dejó atrás la vida nómada. Con la aparición del dinero, el trueque no desapareció pero se vio significativamente reducido a determinadas operaciones y recientemente ha reaparecido en uno de los sectores más afectados por la crisis en España: el inmobiliario.

Las dificultades de acceder a un préstamo hipotecario, la necesidad de realizar fuertes rebajas de precios para poder cerrar una operación o cambios en las circunstancias personales y familiares han llevado a numerosos propietarios a buscar alternativas a la hora de desprenderse de sus viviendas. La permuta se ha convertido en una opción en auge entre muchos de ellos.

En Internet, esta opción va en aumento mientras que a pie de calle, algunas inmobiliarias, pocas todavía, se han embarcado en esta nueva aventura como complemento a su actividad tradicional.

La base de datos de idealista.com, por ejemplo, cuenta con unas 450 viviendas que ofrecen esta posibilidad en sus anuncios. La ubicación es variada: desde Alicante, pasando por Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid, así como la tipología. Se anuncian chalets, dúplex, áticos, adosados, pisos…

Las opciones son muy variadas. Hay quien ofrece permutar su piso en pleno centro de Madrid por un apartamento en la playa o quien busca un intercambio dentro de la misma ciudad.

«Apartamento Valdemoro, zona nueva. Exclusivamente para mayores 55 años. 52 m2, 1 dormitorio, 1 baño (mármol), cocina independiente con electrodomésticos. Muy buenas calidades. Se vende, se permuta o se alquila amueblado o sin amueblar». «Dúplex con vistas a la ermita de Benalmádena Pueblo: y al mar mediterráneo. Posibilidad de permuta por apartamento 2 dormitorios en 1ª línea playa + diferencia precio; también se alquila, con posibilidad de opción a compra».

«Precioso apartamento de lujo nuevo. Última planta con magnifica vista despejada sobre bahía y casco viejo de Fuenterrabía. Vivo tan a gusto en la zona que más que vender preferiría permutarlo por villa ó terreno en Hendaya diferencia a compensar en dinero. No agencias».

Empieza a proliferar en Internet y entre algunas agencias

Estos anuncios, todos reales, muestran cómo la permuta se está convirtiendo en una alternativa cada vez más real a la venta tradicional o incluso al alquiler. Una opción que algunas inmobiliarias no han querido dejar escapar, aunque son pocas las que han hecho un hueco a este tipo de operaciones en su actividad diaria.

Aznar Inmobiliaria, una firma de Menorca ha sido pionera en este sentido. “Empezamos de casualidad hace año y medio con cuatro clientes”, explica a Cotizalia.com Gabriel Aznar, presidente de la compañía que ahora cuenta con 25 inmuebles en su cartera bajo esta modalidad. “Cuando vimos que era una solución a un problema más o menos factible nos pusimos a indagar y volcamos toda nuestra estrategia comercial en esto y este tipo de operaciones nos han permitido seguir a flote”, añade.

Gabriel Aznar reconoce que este tipo de operaciones, más complejas que las tradicionales, aunque igual de sencillas una vez puesta en marcha la primera, ha permitido a la inmobiliaria seguir viva en un momento tan complicado para el sector inmobiliario.

“Lo que se hace con la permuta es financiar la compra de la vivienda a través del activo menos líquido ahora mismo en el mercado. De esta manera, el cliente se convierte también en proveedor”, explica Aznar, quien añade que “el principal obstáculo es casar la operación, es decir, que los dos interesados lleguen a un acuerdo sobre el precio de ambos inmuebles», ya que no siempre es sencillo.

Aznar explica que este tipo de operaciones tienen ciertas ventajas respecto a una operación de compra-venta tradicional. Permiten mayor movilidad geográfica, se pagan menos comisiones, se evitan cancelaciones hipotecarias, aunque reconoce que para que estas operaciones salgan adelante es necesaria una amplia base de datos que permita generar el mayor número de combinaciones posibles.

Un ejemplo práctico
Sobre los entresijos del trueque inmobiliario, el propietario de esta agencia explica que en la permuta de dos propiedades una parte del valor de las mismas no se transmite y por tanto no tributa ni se financia. «Por ejemplo, si dos propiedades de un valor de 120.000 y 180.000 euros están interesadas en un cambio, su diferencia a compensar será de 60.000 y en caso de permuta ambas tributarían por esas cantidades en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero si el valor mínimo admisible para la valoración de estas propiedades fuera de 100.000 y 160.000 se estarían compensando la misma cantidad tributando por cantidades menores, sin defraudar a Hacienda y por tanto ahorrando impuestos al reducir la base sobre la que aplicamos el impuesto», explica en su página web y a través de una presentación.

En cuanto a financiación, y partiendo de los ejemplo anteriores, Aznar intenta demostrar que utilizando los criterios de los bancos sobre ratios de financiación este tipo de operaciones son más viables. «Supongamos que el propietario que adquiere la casa de 180.000 en estos momentos tiene una hipoteca sobre su vivienda de 60.000 euros. Es decir, su ratio de deuda es del 50% del valor de su actual propiedad. Pues bien, al realizar la permuta este cliente necesitará 60.000 euros más de financiación, es decir el 100% más de deuda. En cambio, su ratio de deuda en su nueva hipoteca sólo será un 16% superior ya que su deuda total será del 66%: 120.000 euros sobre una propiedad de 180.0000».

En su opinión y, basándose en la experiencia de las operaciones realizadas hasta la fecha, asegura que «este tipo de operaciones suponen en la mayoría de casos un ratio de deuda inferior al 80% y en todas se aporta parte del precio de compra al aportar otra propiedad y por tanto si el importe mensual no supera los criterios del banco no suelen encontrar impedimentos.

Así afectarán las medidas antidéficit a los ciudadanos

El Gobierno anunció ayer la concreción del mayor recorte del gasto social de la historia democrática, que provocará una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y los funcionarios.

Aunque el Ejecutivo estuvo debatiendo durante más de cinco horas el recortazo para atajar el déficit público hasta el 6% del PIB de aquí a 2011, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció ayer que aún tiene que “negociar” algunas de las propuestas con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Las cifras que anunciaron ayer tampoco coinciden exactamente con las que anunció el presidente durante su comparecencia en la Cámara Baja.

– Los funcionarios perderán un 5% de poder adquisitivo de media. El polémico recorte salarial para los empleados públicos –que afectará tanto al Estado, a las regiones y a los municipios– oscilará entre el 0,56% y el 7% dependiendo de los distintos niveles salariales y de los distintos grupos a los que pertenezca en la Administración. El ajuste se aplicará tanto al salario base como a complementos a partir de la nómina del próximo mes de junio.

No obstante, no todas las noticias son tan malas para los funcionarios: no deberán preocuparse por su paga extraordinaria de junio, que se mantendrá intacta durante este año. ¿La razón de esta medida? Se podría agravar aún más la caída del consumo que todos los analistas prevén para el próximo verano. Cerca del 45% del recorte del déficit previsto vendrá de la mano de los trabajadores del conjunto de las Administraciones.

– Progresividad a la hora de bajar el sueldo a los altos cargos. El Ejecutivo también ha decidido apostar por la progresividad en la reducción del sueldo a los altos cargos: el ajuste del salario de los directivos de la Administración General del Estado oscilará entre el 8% y el 15%. Por ejemplo, un director general, que cobra aproximadamente 60.000 euros anuales teniendo en cuenta todos los complementos salariales, verá reducida su retribución un 8% Sin embargo, los subsecretarios de Estado cobrarán un 9% menos. Los secretarios de Estado –con un sueldo aproximado de 80.000 euros– verán reducida su capacidad adquisitiva en un 10%.

– El papel de las autonomías. El Gobierno deja en manos de la Administración autonómica la reducción de las retribuciones de los alcaldes y de los altos cargos de las comunidades autónomas. Además, muchos de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado ayer tendrán que ser pactados con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

– Los jubilados también pagarán el déficit. La congelación de las pensiones en 2011, que afectará a cerca de seis millones de personas, ahorrará un total de 1.530 millones de euros a las arcas públicas. La vicepresidenta segunda explicó ayer que la congelación de las pensiones contributivas en 2011 supondrá un ahorro de 1.400 millones en el Régimen General de la Seguridad Social y de 130 millones en el de clases pasivas. Es decir, en el régimen de funcionarios.

Ante la confusión creada, Salgado aclaró que, en el ejercicio de 2010, la revalorización de las pensiones se hará como hasta ahora en el caso de que la inflación en noviembre sea superior a la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año. Por lo tanto, será en 2011 cuando los presupuestos no recogerán la subida anual ni, además, tendrán revalorización aunque la inflación real sea superior al incremento de las pensiones.

Además, Salgado aclaró que la eliminación del periodo transitorio para la jubilación parcial –o lo que es lo mismo, que se pueda compatibilizar la jubilación con un trabajo a tiempo parcial– hará que el déficit se reduzca en 250 millones de euros en 2010 y en 150 millones en 2011. Se trata de aplicar con carácter inmediato la obligación de reunir las siguientes condiciones para poder acogerse a este tipo de jubilación: tener 61 años cumplidos, treinta años de cotización a la Seguridad Social como mínimo y, al menos, seis años de antigüedad en la empresas.

– El Ejecutivo limita el margen de actuación de las Corporaciones Locales. El Ejecutivo, además del Real Decreto, aprobó tres acuerdos que limitan el margen de actuación de los alcaldes a la hora de elaborar sus Presupuestos. Ahora, el ahorro que logren de la reducción del sueldo de sus empleados públicos tendrán que destinarlo a la reducción de sus niveles de endeudamiento, a hacer frente al pago de sus deudas o a impulsar nuevas inversiones, que finalmente sufrirán un recorte menor de lo previsto en el ámbito de la Administración central.

– Ayudas al desarrollo. El Gobierno reducirá finalmente la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011 en 800 millones de euros, 200 más que lo que anunció el presidente Zapatero el pasado miércoles en el Congreso.

– Se acabó el cheque-bebé. El Gobierno aprobó suprimir el polémico cheque-bebé a partir del 1 de enero de 2011. Consiste en la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. Salgado estima que ahorrará 1.250 millones de euros.

Los pormenores
1. La vicepresidenta Elena Salgado explicó que la rebaja salarial de los funcionarios será progresiva, de modo que será mayor cuanto más alta sea la retribución del trabajador. Los funcionarios del grupo E tendrán una rebaja del 0,56%; del 2,75%, los del grupo C2; los del grupo C1, del 4,5%; los del grupo A2, del 5,75%; y los del grupo A1, en un 7%.

2. El Gobierno redujo el recorte de la inversión pública. Si Zapatero dijo en el Congreso que el recorte sería de 6.000 millones de euros, ahora habla de 2.125 millones de euros en 2010. Sólo ha concretado que el ajuste de esta partida será del 25% de media entre 2011 y 2013. Salgado y De la Vega no concretaron que proyectos del Ministerio de Fomento estarán afectados.

3. El Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las CCAA y doscientos millones a las entidades locales.

4. El Gobierno eliminará de raíz la retroactividad a la hora de dar las ayudas a la dependencia. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales. Algunos líderes del Partido Popular síeran partidarios de esta iniciativa.

Corredor defiende la continuidad de Vivienda
La presión para que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reduzca el número de carteras ministeriales. Vivienda es uno de los señalados y su titular, Beatriz Corredor, sale en su defensa y argumenta la utilidad de su cartera. La ministra afirmó ayer, durante la inauguración del SIMA 2010, que la supresión de su Ministerio “no tendría realmente incidencia en términos de déficit público” y, sin embargo, supondría retirar las ayudas para el acceso y rehabilitación de viviendas de las que se benefician muchas familias y que suponen el 98% de sus 1.400 millones de euros de presupuesto.

Luz verde a la ayuda a Grecia en el Congreso
El pleno del Congreso aprobó ayer el plan que autoriza la concesión a Grecia de un préstamo extraordinario de 9.794,3 millones de euros a pagar en tres años, que contó con el beneplácito de todos los grupos salvo IU-ICV que votó en contra, mientras que BNG y NaBai se abstuvieron. Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que el mecanismo de ayudas a Grecia acordado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha generado intereses para España, dado que ha tenido que anticipar dinero para que Grecia atendiera sus desfases de tesorería.

La Generalitat se apunta al ‘coaching’ y al ‘mentoring’

Trabajo busca a mil emprendedores para darles cursos en una escuela de negocios, un «entrenador» empresarial y sesiones con inversores.

La Generalitat quiere que nuevas empresas tiren del carro de la economía. Busca potenciar la creación de nuevos negocios que creen riqueza y sobre todo, puestos de trabajo. «No se trata de cantidad, sino de calidad», ha señalado Mar Serna, consejera de Trabajo. Para conseguir que los proyectos interesantes no mueran por el camino ni queden en microempresas sin plantillas extensas, buscan mil emprendedores que estén en proceso de constituir su propia empresa o que la hayan creado en los últimos tres años.

Les pagarán cursos en una escuela de negocios (300 seminarios en total), sesiones de coaching (8.000 horas a repartir entre los seleccionados) y mentoring (1.500 horas en conjunto). Por último, les ayudarán a buscar financiación. En total, la Generalitat destinará dos millones de euros a este proyecto. Al más puro estilo Operación Triunfo: habrá casting de empresas, profesores y actuación final.

Después de la inscripción, que ya ha comenzado tanto en oficinas como por Internet y terminará el 7 de junio, habrá un proceso de selección «de unas tres o cuatro semanas», el Departamento de Trabajo elegirá las 1.000 empresas que considere que tienen más potencial y les ofrecerán un paquete de formación en una escuela de negocios aún sin determinar (cerca de 40 horas de cursos). Los que sigan esta formación adecuadamente, podrán optar también a entrenamiento empresarial (a través de un coach, es decir, una especie de profesor particular que acompaña al empresario durante días en su jornada laboral y le va dando consejos sobre liderazgo, organización, negociación…) y los mejores, a sesiones de mentoring (charlas personalizadas con un empresario que ya haya tenido éxito y le pueda dar consejos).

Entre cuatro y seis meses después, la Consejería organizará encuentros entre los empresarios con más potencial e inversores, para ayudarles a buscar capital. La consejera también se ha referido a posibles líneas especiales de financiación para algunos proyectos a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que no están de momento definidas ni incluidas en el presupuesto.

Los principales retos de este programa (enmarcado dentro de los 30 compromisos para salir de la crisis firmados entre el Gobierno catalán y los sindicatos en diciembre de 2009) son, según Serna, conseguir que los proyectos recién nacidos se consoliden y cambiar al emprendedor estándar. Según ha asegurado, hoy en día el perfil extendido es el de un hombre, con estudios universitarios, rondando los cuarenta años y procedente de un entorno urbano. «La emprendeduría debe llegar a todo el mundo y a todas las partes del territorio. Por eso, daremos prioridad a los proyectos que presenten los desempleados, las mujeres y los menores de 30 años», ha dicho Serna.