Las constructoras acusan a Blanco de «abrir en canal» el sector con su recorte inversor

Las constructoras no se lo pondrán tan fácil como los controladores. La decisión de José Blanco de recortar la inversión en obra pública en 6.400 millones entre este año y el que viene ha puesto en pie de guerra a las compañías, que oficialmente callan pero en privado muestran su inquietud a la espera de más detalles por parte de Fomento. “Abre en canal al sector -se asegura desde una de ellas-. Había la expectativa de mantener los niveles de inversión anuales. Además, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) aportaba otros 17.000 millones. Ahora puede pasar de todo. Se restringe la inversión sin que haya una solución al problema de las radiales y a la ley de captación de financiación por los concesionarios de obras públicas. Va a hacer mucho daño».

En muchos casos, sólo se entiende desde la improvisación que el Gobierno anuncie a bombo y platillo el PEI en abril y apenas cuatro semanas después comunique un ajuste drástico de la inversión. El recorte afectará sobre todo al antiguo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en el que la inversión pública es directa. El nuevo plan tiene menos problemas ya que la financiación es privada y no computa déficit público, el caballo de batalla del Ejecutivo. En esta línea, obras acogidas al PEIT saltarán al flamante PEI. “Pero se entiende que los 17.000 millones ya estaban dimensionados. Si se trasvasan obras para evitarse la inversión directa, otras tendrán que salir del nuevo plan a no ser que se incremente la dotación”, aseguran fuentes del sector.

Dudas que demuestran la falta de información que recorre desde hace semanas a los afectados. “Siguen faltando las líneas en el mapa”, se queja una compañía. Hasta tal punto que el pasado jueves, un día después del anuncio de Blanco en el Congreso de los Diputados, se reunía la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y no era capaz de hacer público un comunicado sobre el nuevo escenario. “Falta concreción en las propuestas de Fomento. No podemos decir nada porque poco sabemos”, aseguraban entonces a este diario fuentes conocedoras del cónclave. Es más, estaba prevista la asistencia al encuentro de la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, que dos días antes canceló su comparecencia. Tiene trabajo. Fomento quiere estudiar las proyectos uno por uno para ver a cuáles da vía libre.

“La cuestión es con qué criterios se descartarán los proyectos”, cuestionan desde el sector. Según fuentes empresariales, el ministro ya ha expresado su interés de reunirse con las grandes constructoras para explicarles la nueva situación. “Los contactos son frecuentes”, se asegura desde una de ellas. Mas preocupación supone incluso que las restricciones presupuestarias alcancen a obras en ejecución. “Paralizar una obra adjudicada pero que no se ha llegado a ejecutar, pase. Pero paralizar una obra en ejecución pone en peligro la viabilidad de las empresas y abre la veda para reclamar indemnizaciones”, se expone desde una empresa, bajo condición del anonimato. Es obvio que las grandes constructoras, más diversificadas geográficamente, podrán vadear el nuevo escenario. Más problemas tendrán las medianas.

El problema de las radiales“Te quitan obra, rebajan las expectativas de inversión recogidas en el PEI, no hay una solución clara para las concesiones ni un marco para su financiación. De la noche a la mañana se pretenden cambiar todas la estructuras”, se lamenta desde una compañía. Y es que en el sector escuecen temas enquistados, como los problemas de las concesionarias de autopistas, principalmente las radiales de Madrid, en virtual quiebra técnica. Con la consiguiente implicación de la banca. Y es que como adelantó El Confidencial, las entidades financieras llegaron a condicionar su participación en el PEI al desbloqueo de esta situación. El crédito de 600 millones con que fueron construidas las carreteras vencía el pasado 15 de marzo y las vías no cumplen las expectativas de tráfico e ingresos, sin contar con el precio de las expropiaciones.

La ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, nacida para poner fin al entuerto, lleva meses bloqueada en el Congreso. De hecho, el plazo de enmiendas se ha ampliado hasta 19 veces a la espera de encontrar una fórmula creativa para pagar a la banca sin que compute como déficit a ojos de Eurostat, condición impuesta por la vicepresidenta Salgado. La inversión total se aproxima a los 1.000 millones de euros, de los que 600 fueron financiados por un consorcio en el que participaban Santander, La Caixa, Caja Madrid o Deutsche Bank. Blanco está en manos de la banca, en tanto su PEI requerirá un 20% de inversión privada, en un buen porcentaje apalancada y a largo plazo.

Otro frente abierto es la posible retroactividad en la rebaja de las primas a las renovables, que ha movilizado a las constructoras. Primero, porque compañías como ACS o Acciona están metidas hasta el cuello en el negocio de las energías limpias y ven sus números seriamente comprometidos. La CNC ya lanzó un aviso a navegantes. “Los cambios normativos en el sector de las energías renovables han causado seria preocupación no sólo en el sector concernido, sino también en aquellos otros cuya actividad -como es el caso de la construcción- depende en gran medida del mantenimiento de las normas establecidas”.

Y dejó claro que habrá guerra si lleva adelante el cambio. “Es letal para (…) la disposición y/o posibilidad de las empresas a colaborar en el futuro en programas o planes públicos que requieran financiación de los mercados financieros, ante los malos ejemplos de cambios sorpresivos del mercado normativo; en definitiva, inseguridad jurídica sobrevenida”, remacha. Aquí la pelea de Blanco es con Miguel Sebastián. Demasiados frentes abiertos a los que sumar la ley de puertos y el descontento de los estibadores. Duro camino hasta el verano incluso para el más listo de la clase.

La crisis y el paro se comen un 29% el superávit de la Seguridad Social

La Seguridad Social obtuvo un superávit de 7.213,72 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, cifra equivalente al 0,68% del PIB y un 29,1% inferior a la de igual periodo de 2009, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 10.172,06 millones de euros, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El Departamento dirigido por Celestino Corbacho precisó que los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe de 930 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

El superávit que registró la Seguridad Social hasta abril fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 40.083,8 millones de euros, un 3,5% menos, y de unos pagos que sumaron 32.870,09 millones de euros, un 4,7% más que en el primer cuatrimestre de 2009.

En términos de caja, estas operaciones no financieras se concretaron en una recaudación líquida de 39.048,8 millones de euros, con un repunte del 1,3%, mientras que los pagos presentaron un aumento del 4,6%, hasta los 32.579,6 millones.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, destacó que los datos de ejecución presupuestaria de los primeros cuatro meses del año confirman la «buena marcha» del sistema, «mejorando incluso las previsiones presupuestarias».

Granado indicó además que teniendo más de 7.000 millones de euros de superávit hasta abril, el primer semestre se cerrará con un saldo positivo habiendo pagado ya la paga extraordinaria a los pensionistas, los trabajadores y los colectivos afectados.

«Los datos de ejecución presupuestaria demuestran que la consolidación de las cuentas de la Seguridad Social española es muy fuerte y que la mejora de la situación económica está siendo bastante bien recibida por las cuentas de la Seguridad Social», apuntó.

Del volumen total de ingresos hasta abril, el 91,12% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 8,88% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, el 93,68% de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 6,32%, por las mutuas.

Los ingresos por cotizaciones suben un0,3%

Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en los cuatro primeros meses del año un total de 35.376,03 millones de euros, un 0,35% más que en el mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 25.074,8 millones de euros, un 0,7% más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 3.441,5 millones (-6%), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 315,1 millones de euros, con un repunte del 0,7% respecto a los cuatro primeros meses de 2009.

El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó 182,8 millones en cotizaciones, un 3,5% más, el del Mar recaudó 93,2 millones de euros (-3,6%) y el del Carbón ingresó 63,5 millones de euros (+0,07%). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 2.344 millones de euros (+0,6%) y por cuotas de desempleados, 3.860,8 millones de euros (+3,9%).

En el conjunto del año, la Seguridad Social prevé ingresar un total de 107.376,6 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representaban a finales de abril el 32,95% de lo previsto para todo 2010.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 3.342,7 millones de euros hasta abril, lo que representa un descenso interanual del 29%, que Trabajo achacó al cambio de periodificación de las transferencias del Estado, afectando fundamentalmente a las prestaciones de carácter no contributivo.

Asimismo, los ingresos patrimoniales ascendieron a 967,6 millones de euros por los intereses generados por el Fondo de Reserva, cifra inferior en un 1,8% a la del mismo periodo de 2009.

Más de 26.700 millones para pensiones contributivas
En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 30.256,8 millones de euros en los cuatro primeros meses del presente ejercicio.
De este montante, la mayor partida, un total de 29.032,4 millones de euros, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 5,5%.

Dentro del sistema contributivo, se destinaron 26.796,7 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 5,3% más.

El gasto en incapacidad temporal (IT) fue de 1.314,1 millones de euros, con un incremento interanual del 9,6%, mientras que a prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se dedicaron 744,4 millones de euros hasta abril, un 6,8% más.

A finales de abril, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 1.224,4 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,2%, de los que 499,2 millones de euros correspondieron a prestaciones familiares (+6,4%).

Por último, los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, tanto los de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, como las inversiones, experimentaron una disminución interanual del 3,2%.

Media Markt duplica en 5 años el área comercial en España

Con la apertura de la última tienda de 2.500 metros cuadrados en el centro comercial Splau, en Cornellà, Media Markt refuerza una expansión que es motivo de estudio en las escuelas de negocio. En solo cinco años, el grupo Media Saturn, propietario de la compañía de tiendas de electrodomésticos, ha duplicado tanto el número de empleados (de 3.000 en el 2005 a 6.960) como de área comercial (de 72.356 metros cuadrados a 150.496). Desde que desembarcó en España en 1999, el grupo se ha situado entre los tres principales del sector de electrodomésticos por facturación.

Media Saturn es un gigante dentro de otro. Comprende las tiendas de Media Markt y de Saturn (estas se han implantado más tarde en España y no hay ninguna en Catalunya), y a su vez, forma parte del grupo alemán Metro. El año pasado, Metro facturo 65.600 millones de euros en todo el mundo (bajó un 3,6% respecto al 2008) y Media Saturn fue la única marca del grupo que creció (un 3,7%, hasta los 19.623 millones).

Media Markt es lo que los expertos denominan un category killer, es decir, un asesino de categoría. Una expresión que describe gráficamente su principal característica: cuando aparece en un mercado, arrasa. Denominación que también podría englobar a empresas como Ikea.

CRECER EN PLENA CRISIS / Sus planes de crecimiento no se han detenido con la crisis. En España, Media Markt tiene 53 tiendas, nueve de ellas en Catalunya, y ha sumado un mínimo de cuatro establecimientos por año. «Un ritmo que hemos podido mantener incluso en el 2009, que ha sido un año con una coyuntura económica complicada», afirman fuentes de la compañia. El objetivo es seguir manteniendo «la misma política de expansión».

La clave del éxito radica, sobre todo, en la política de precios, acompañada de una estudiada estrategia de márketing. «Hay quienes afirman que Media Markt funciona bien porque compra mucho y puede negociar mejor los precios, pero lo que no saben es el márketing de fondo. Es verdad que compra mucho, pero porque vende mucho. Lo que sabe hacer Media Markt es vender bien», afirma el profesor de canales y productos de Esade Gerard Costa.

El efecto sobre la competencia es inmediato. Cuando abre una tienda, los precios de la zona bajan automáticamente hasta un 15%. Quienes se resisten a bajarlos optan por la especialización o por mejorar la atención al cliente. Las tiendas pequeñas son las peor paradas, y muchas se agrupan en centrales de compra. Cadenas como Miró y Expert resisten mejor. «Si en 1996 había 18.000 tiendas independientes de electrodomésticos, 10 años después no llegaban a 10.000, agrupadas en centrales de compra», recuerda Costa.

Caixa Penedès avanza hacia una integración con CAI y Sa Nostra

La Caixa Penedès ultima el proyecto de integración virtual (SIP) con la aragonesa Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) y la balear Sa Nostra. La caja de Vilafranca, que mantiene diversas alternativas aún abiertas, ha acelerado los contactos en las últimas semanas. Aunque el acuerdo todavía no se ha cerrado fuentes financieras apuntan que es la opción más avanzada en estos momentos. Reconocen, no obstante, que la caja tiene otras propuestas sobre la mesa. «En las últimas fechas han aumentado las novias, pero aún no hay una decisión tomada».

El acuerdo con la caja aragonesa y la balear dejaría de lado un arreglo con las catalanas Girona y Laietana, que han quedado descolgadas de otros procesos de fusión que pretendían cerrar con uniones entre las entidades de la comunidad. En Catalunya, con dos integraciones ya resueltas –aprobadas por las asambleas generales–, seis cajas se habrán convertido en dos instituciones ya en el próximo mes de julio. El tercer proyecto, sin embargo, parece naufragar, pese a los esfuerzos desplegados por la Generalitat.

EXPECTATIVAS TÉCNICAS / El posible SIP de Penedès con CAI y Sa Nostra colma técnicamente las expectativa de la entidad que dirige Ricard Pagès. Se trata de una unión que evita duplicidades en la red y el cierre de muchas oficinas. «El número todavía sería inferior al 15% que resultaba con Laietana», comentan las fuentes señaladas. Esa integración, además, permitiría reducir el coste laboral de la reestructuración, así como el volumen de los recursos que se solicitarían al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), un préstamo en forma de participaciones preferentes con un coste superior al 7%.
Pero ese proyecto cuenta con una dificultad: es como una piedra en el zapato del conseller de Economia, Antoni Castells, para quien antes de una alianza con entidades de fuera de Catalunya debe recomponerse el mapa financiero catalán. Que Laietana y Girona se queden descolgadas no es del agrado del Govern. Por esa razón intenta hasta el último momento que esas dos entidades se sumen a una unión con Penedès.

El problema es que Caixa Girona –descolgada de los dos procesos que sí han cuajado– pone, otra vez más, exigencias difíciles de aceptar para Penedès. Y Laietana refugia su negativa en la falta de entendimiento entre las otras dos para mantenerse al margen, «hasta que el Govern no lo ordene», comentan fuentes conocedoras de los últimos contactos mantenidos entre las cajas.

RUPTURA PREVIA / Penedès quiere liderar cualquier proceso de unión en el que participe y eso significa hacer que su estructura predomine en la entidad resultante. Esa filosofía provocó la ruptura de la integración a dos con Laietana y no facilita una reedición de ese intento. Tampoco que Girona, una entidad poco propensa a mantener pactos, intente sacar una tajada mayor de lo que le corresponde por peso económico. Las direcciones de las tres entidades han mantenido varios encuentros en las últimas semanas que solo han servido para evidenciar que el acuerdo es prácticamente imposible.
Mientras las diferencias vuelven a quedar de manifiesto, el proceso de integración de las cajas españolas llega a un punto sin retorno.
El plazo para beneficiarse del FROB concluye el 30 de junio. El Banco de España ha establecido la fecha del 15 para que las cajas presenten formalmente sus proyectos de integración, pero antes, esta misma semana, debería haber comunicado al regulador bancario y a los gobiernos autónomos sus planes concretos, a pesar de los insistente rumores de que el plazo para acceder al FROB podría prorrogarse algunos meses, al menos tres, hasta septiembre.
Tanto el Gobierno como Bruselas niegan que se haya planteado oficialmente un prorroga de ese plazo. Aunque tampoco tendría sentido reconocerlo cuando se mete prisa a las cajas que deberían fusionarse.

Pagar pronto las multas reducirá la sanción un 50% a partir de hoy

Pagar las multas de tráfico en los veinte primeros días después de recibir la notificación conllevará una reducción de la sanción del 50% a partir de hoy, cuando entra en vigor el grueso de la nueva Ley de Tráfico, orientada a facilitar el pago de las sanciones y a acabar con el 25 por ciento de infractores que, utilizando un método u otro, se libran de pagar las multas.

Así, a partir de este martes, los conductores que sean sorprendidos por un agente de la Guardia Civil cometiendo una infracción recibirán un nuevo boletín de denuncia en donde aparecerán los datos del conductor, la infracción por la que ha sido denunciado, así como la cuantía y la pérdida de puntos, en caso de que dicha sanción lleve aparejada tal pérdida.

Además, en la denuncia se incluirá un calendario con los nuevos plazos que la nueva ley establece para pagar o recurrir la multa. Por tanto, dos opciones: o hacer alegaciones -con lo cual se renuncia a la reducción de la sanción- o pagar la multa en el plazo de 20 días naturales, lo que implica ahorrarse un 50 por ciento del importe, pero también la renuncia a formular alegaciones, recurso de reposición y perder los puntos al día siguiente.

Si se decide pagar la multa con reducción, se puede hacer a través de Internet en ‘www.dgt.es’ en el apartado de trámites y multas, en las oficinas de Correos o en cualquier sucursal del Banco Santander. Una vez abonado el importe, queda abierta la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde que éste se produce ante el órgano judicial competente.

En el caso de que no se esté de acuerdo con la multa y se quieran presentar alegaciones, los plazos se reducen respecto a la ley que estaba en vigor hasta ahora. Así, a partir de este martes los conductores tendrán 20 días naturales para presentar alegaciones ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Asimismo, el expediente caduca al año de su iniciación, -mientras que ahora caducaba a los cuatro años- salvo que concurran causas legales de suspensión del mismo.

Ley de pago ‘express’
Si no se formulan alegaciones ni se paga con reducción, la ley fija que se dicte resolución sancionadora firme y se inicie su cobro por vía ejecutiva en el plazo de 30 días naturales desde la notificación de la misma, quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa, igual que cuando se paga acogiéndose al 50 por ciento de descuento.

Además, vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio de la Agencia Estatal de Administración Tributaría.

El boletín de denuncia puede ser entregado en mano por el agente de la autoridad si se detiene al vehículo en el momento que ha cometido la infracción o bien puede recibirse por correo postal o correo electrónico (si el conductor ha facilitado a Tráfico su dirección electrónica) en el caso de que la infracción haya sido detectada por sistemas automáticos, como los radares fijos.

Si la denuncia se entrega en el acto la ley fija, como novedad, que el boletín tenga la consideración de notificación a todos los efectos legales, es decir, que el conductor infractor no recibirá ninguna otra notificación por correo, momento a partir del cual, el denunciado podrá pagar o iniciar las alegaciones que considere.

Asimismo, los conductores infractores que tengan cuatro o más sanciones graves o muy graves firmes sin pagar, no podrán realizar ningún trámite relacionado con su vehículo.

CiU pide «reflexionar» sobre el gasto que supone el PER

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran (UDC), defendió hoy la necesidad de «reflexionar serenamente, sin que nadie se ponga nervioso, sobre lo que significa el gasto del PER» y criticó que en Andalucía y Extremadura se hayan reducido de 35 a 20 los días necesarios para cobrar este subsidio porque considera en plena crisis esto «no tiene sentido».

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Duran dijo que es el momento de revisar estas políticas de subvenciones, y añadió: «Yo sé que las cosas que no se quieren oír duelen muchísimo», pero insistió en la necesidad de abrir un debate sobre esta cuestión.

El dirigente democristiano matizó que en el pasado el PER tenía sentido porque Andalucía y Extremadura «habían sido objeto de un cierto expolio y maltrato y no estaban en el nivel de desarrollo de otras comunidades españolas», pero destacó que esa época ha acabado y «hoy afortunadamente eso no es así». Los que perciben el Aepsa (que así se llama de forma oficial el PER) no entran en las listas de paro.
Por último, Duran se declaró partidario de «revisar toda la política de subvenciones» porque, a su juicio, «España es un país excesivamente subvencionado», y en el que además las subvenciones se utilizan para captar el voto.

Las escrituras notariales y el registro de la propiedad costarán un 5% menos

El Gobierno ha incluido una rebaja del 5% en los aranceles a percibir por los notarios y registradores de la propiedad en los documentos de cuantía -como son las escrituras por adquisición de vivienda- en el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit.

Un pequeño balón de oxígeno para los futuros propietarios, que en breve, a partir del 1 de julio, sufrirán la subida de un punto del IVA y a finales de año, a partir del 1 de enero de 2011, verán cómo se acaba la deducción por compra para todos.

En el preámbulo de dicho decreto se explica que se adopta esta medida dado el carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Se dejan sin cambios los honorarios fijos referidos a los documentos sin cuantía.

El decreto explica que se ha optado por aplicar la rebaja sobre el importe de los derechos arancelarios resultante de aplicar la tabla de honorarios en función de la cuantía del documento, sin necesidad de modificar los reales decretos reguladores de los aranceles.

Hasta ahora se han utilizado los siguientes baremos en relación con el valor de los bienes objeto del negocio: cuando no excede de 6.010,12 euros se aplicaba un arancel de 90,15 euros.

Entre 6.010,13 y 30.050,60 euros, el 4,5 por 1.000; entre 30.050,61 y 60.101,21 euros, el 1,50 por 1.000; entre 60.101,22 y 150.253,03 euros, el 1 por 1.000, y por el exceso comprendido entre 150.253,04 y 601.012,10 euros, el 0,5 por 1.000.

Por lo que excede de 601.012,11 euros hasta 6.010.121,04 euros, el 0,3 por 1.000, y a partir de 6.010.121,05 euros la cantidad que libremente se acordaba con las partes otorgantes.

El precio de la VPO dependerá de la renta del adjudicatario

El próximo Plan Director de Vivienda y Renovación Urbanana 2010-2013 que está diseñando el Gobierno Vasco tendrá importantes novedades en materia de VPO. Entre éstas, destaca la creación de un nuevo sistema de precios de tal modo que el precio de venta de la VPO no sea universal, sino que dependa de los ingresos de los adjudicatarios. Además, también se recurrirá a la financiación privada como vía para promover vivienda protegida en régimen de alquiler y resolver de esta forma los problemas de financiación que conllevan este tipo de operaciones.

De este modo, el sistema garantizará a los inversores privados que impulsen el arrendamiento social el cobro de un canon durante un periodo de 30 años y las viviendas pasarán a ser a partir de entonces de titularidad pública. En este sentido,

El Ejecutivo de Vitoria lleva trabajando varios meses con el resto de instituciones públicas, partidos políticos y agentes privados en el Pacto Social de la Vivienda. Este documento definirá las líneas estratégicas que servirán de base para las políticas públicas en materia de vivienda a corto, medio y largo plazo con el fin de dotarlas de estabilidad y facilitar así la satisfacción del derecho constitucional a una vivienda digna.
Este texto servirá de base para el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013, y la Ley de Derecho a la Vivienda. El calendario de planes gubernamentales y el calendario legislativo sitúan la aprobación del primero en el tercer trimestre de 2010 y la segunda para finales de año. Todas las acciones concretas están todavía, por lo tanto, sin concretar a la espera de estos instrumentos estratégicos.

Ello no es óbice para que el equipo que lidera el consejero Iñaki Arriola tenga muy avanzadas varias decisiones que supondrán cambios sustanciales en relación con la política de vivienda vigente en las anteriores legislaturas. Las novedades serán muchas, algunas van a obligar a los demandantes de vivienda a cambiar el ‘chip’ y otras van a provocar a buen seguro debate social.

Una de las líneas estratégicas será el impulso de la vivienda protegida destinada al alquiler y, de hecho, Arriola asumió durante su primera comparecencia parlamentaria el compromiso de que cuatro de cada diez viviendas protegidas irán dirigidas al mercado de alquiler. Este reto no parece fácil en la actual coyuntura de crisis financiera y restricciones presupuestarias, ya que la vivienda de alquiler tiene como principal obstáculo su financiación.

Colaboración público-privada para impulsar el alquiler social
La vivienda protegida en régimen de propiedad permite recuperar la inversión a corto y medio plazo, mientras que en el caso de la vivienda protegida en régimen de alquiler la inversión se recupera más lentamente y los plazos de amortización son tan largos que complican a las instituciones públicas afrontar este tipo de operaciones. El departamento de Vivienda pretende salvar este obstáculo mediante la colaboración público-privada.
El nuevo modelo hará en consecuencia que los adjudicatarios con mayor renta paguen más dinero por la misma vivienda que los ciudadanos que dispongan de menos recursos. Pero este sistema tendrá efectos relevantes asimismo para los promotores, ya que establecerá unos ingresos fijos para el sector privado por la venta de cada una de las promociones a partir de la definición de los precios del módulo en VPO.

Un fondo de garantía y compensación garantizará a los promotores privados estos ingresos fijos cuando los compradores tengan renta baja y accedan a la vivienda a un precio igualmente bajo. Así en el supuesto de que como resultado del cómputo de las ventas de una promoción los ingresos superen el importe fijo garantizado, el promotor deberá ingresar el excedente en el fondo de garantía y compensación. Si por el contrario los ingresos resultantes de las ventas resultan ser menores que los ingresos garantizados, el mismo fondo complementará los ingresos del promotor hasta el importe garantizado.

Este nuevo sistema de precios va a formar parte de la Ley de Derecho a la Vivienda que, según el calendario legislativo, llegará al Parlamento Vasco antes de fin de año. Esta norma va a suponer en teoría un avance en cuanto al reconocimiento efectivo del derecho a una vivienda digna, derecho reconocido en la Constitución Española, pero la crisis económica no ayuda precisamente a ir muy lejos.

Los funcionarios denuncian que los sindicatos salgan indemnes de la ola de recortes

Los sindicatos mayoritarios y representantes en la Mesa de Diálogo Social, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT) no serán víctimas de la batería de recortes emprendida por el Gobierno para recortar el déficit público. La misma semana en la que el Gobierno daba cuenta del tijeretazo en las prestaciones públicas y el recorte del gasto en personal de las administraciones públicas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución por la que los sindicatos mantienen las subvenciones que recibieron el año pasado. Los funcionarios critican, además, que los delegados y liberados sindicales no pierdan dinero por secundar una huelga, algo que sí ocurre en el caso de los empleados públicos.

La resolución del Gobierno, fechada el 3 de mayo y publicada 14 días más tarde en el BOE, detalla la concesión de subvenciones del Gobierno a los sindicatos, que este año asciende a 15.798.500 euros.

La financiación gubernamental, que ya subió en 2009, en medio de la crisis económica y que en los últimos cuatro años ha acumulado aumentos del 50%, no sufrirán modificaciones para el presupuesto de este año mientras las administraciones públicas tendrán que asumir recortes de entre 30 y más de 200 euros al mes.

Las ayudas directas del Gobierno, otorgadas «para fomentar la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de lso intereses económicos y sociales de los trabajadores», según recoge la Ley Genral de Subvenciones, son «difíciles de controlar, puesto que las cuentas de las centrales no se someten a ningún tipo de auditoría pública», denuncian los funcionarios integrados en el Sindicato de la Administración Pública (SAP).

Las ventajas de estar subvencionado
Este sindicato, con un 20% de representación -el 14% entre el total del funcionarios y laborales de la Administración General del Estado (AGE)-denuncia que los sindicatos no sufran en la misma medida de otros organismos el embate de la crisis. «Ante la gravedad de las medidas propuestas por el Gobierno en materia económica y la huelga promovida por los sindicatos históricos subvencionados», señala SAP en una nota distribuida entre los trabajadores de la administración pública, «los convocantes de la huelga deberían denunciar el incumplimiento del Acuerdo que han suscrito con la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia».

Los afiliados a SAP se adhieren a la huelga convocada para 8 de junio «siempre y cuando los sindicatos históricos subvencionados la sufraguen, integrándole a los participantes la suma de dinero que les van a descontar por participar en ella, habida cuenta de los más de dos millones de euros recibidos por subvenciones, más lo percibido en concepto de Formación Continua, recibidos en 2009».

Por contra, los delegados y liberados sindicales no sufrirán ningún descuento en sus salarios por secundar la huelga a no ser que lo soliciten expresamente. «Secundaremos todas las movilizaciones y otras medidas de presión siempre que no supongan merma económica en las retribuciones», finaliza la nota interna del sindicato.

«Con nocturnidad y alevosía»
En términos similares se expresa la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (USO), quienes acusan al Gobierno de actuar «con nocturnidad y alevosía» al aprobar un «recorte injusto e inmerecido a un colectivo especialmente castigado durante años, con subidas por debajo del IPC real».

La USO entiende que las medidas tomadas que afectan a todos los trabajadores públicos y privados, deberían contestarse con una huelga general de todos los sectores, y con una convocatoria sindical unitaria, pero parece que nuestros «colegas» sindicales, todavía están dispuestos a dar «cariño» al Presidente del Gobierno, añaden.

En el sector público, «la USO tiene muy claro que este recorte supone un precedente gravísimo, y que tras dar este paso, no hay nada seguro en las Administraciones Públicas (ni sueldos, ni puestos, ni trabajo), si con un simple Decreto-Ley se consigue recortar salarios cuando no hay nada regulado en este sentido, por un simple Decreto-Ley podrían despedir o dejar sin puestos de trabajo a empleados públicos por el mismo motivo».

Las cajas podrán ofertar sus más de 137.000 viviendas en alquiler público

La firma del convenio es una gran iniciativa en la que se concatenan distintos «intereses y necesidades»

Las cajas de ahorros podrán ofrecer en alquiler las más de 137.000 viviendas que poseen en sus carteras inmobiliarias a través de la Sociedad Pública de Alquiler, organismo que depende del Ministerio de Vivienda, lo que les permitirá al mismo tiempo destinar menos provisiones por estos inmuebles.

Así se recoge en el convenio de colaboración firmado hoy entre la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Las cajas interesadas en adherirse al convenio tendrán que firmar acuerdos bilaterales con la SPA, en los que se concreten aspectos técnicos, jurídicos y económicos y en los que podrán incluir la participación de otras entidades de su grupo, ya que algunas cajas cuentan con sociedades destinadas al alquiler de inmuebles.

Para el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, la firma del convenio es una gran iniciativa en la que se concatenan distintos «intereses y necesidades», porque por una parte facilita el flujo de oferta de alquileres y por otra permite a las cajas rentabilizar aquellos inmuebles con los que cuentan, que a cierre de 2009 ascendían a 137.000.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, consideró que el acuerdo supone un reconocimiento de las cajas a la eficacia de la SPA en la gestión y comercialización de un parque de viviendas en alquiler atomizado y disperso por toda España.

El acuerdo ofrece a las cajas tener un interlocutor único, un único gestor, destacó Corredor.