Hacienda tratará por igual a inquilinos y a hipotecados a partir de 2011

A partir de 2011 tributarán igual quienes alquilen una casa que quienes pagan una hipoteca. A la eliminación ya conocida de las deducciones por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes con rentas superiores a 24.170 euros, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 añade que los inquilinos con rentas de hasta 24.170 euros podrán deducirse el 15% de lo abonado por el alquiler ese año.

La medida ha sido anunciada por Elena Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, el Gobierno quiere premiar a los propietarios que sacan sus viviendas al mercado del alquiler y, a partir de 2011, los caseros que cumplen sus obligaciones con el fisco -un millón no lo hacen- sólo tributarán por el 40% de la renta percibida -rendimientos por arrendamiento-, en lugar del 50% actual. Es decir, si un propietario de un piso que obtenía 10.000 euros al año por arrendarlo tenía que tributar por 5.000 euros (el 50%), a partir de 2011 sólo deberá responder ante el fisco por 4.000 euros, un 10% menos.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno pretende animar los propietarios a alquilar sus pisos a los menores de 30, por lo que, a partir de 2011 reducirá de 35 a 30 años la edad del arrendatario

Ahorros de 200 millones
Por otro lado el Gobierno prevé ahorrar hasta 200 millones de euros en 2011 con la supresión, a partir del 1 de enero, de la deducción por compra de vivienda habitual para todos los contribuyentes, una de las deducciones más habituales.

Desempleo y deuda se comen casi el 50% del gasto público en 2011

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 están a punto de entrar en el parlamento -ayer el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley-, pero el margen de maniobra del Ejecutivo para enderezar el déficit público es algo más que limitado. Hasta el punto de que prácticamente el 50% del gasto lo consumirán dos partidas: desempleo e intereses de la deuda pública.

En concreto, ambas partidas supondrán el año próximo un gasto de algo más de 57.300 millones de euros, frente a los 122.022 que ha previsto gastar el Estado sin incluir la financiación de las administraciones territoriales. O dicho en otros términos, el Estado gastará el año que viene 30.240 millones de euros en pagar las prestaciones económicas por desempleo, y otros 27.000 millones se destinarán al servicio de la deuda. Aunque la vicepresidenta Salgado no quiso ayer revelar la cuantía exacta de lo que gastará el Estado en intereses -el día 30 se presentarán los presupuestos en el Congreso- el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, desveló en una conversación posterior que esta partida aumentará en unos 4.000 millones de euros respecto de los 23.224 millones que gastará este año.

Los Presupuestos del Estado para 2011 nacen con un déficit de 24.388 millones de euros, cifra equivalente al 2,3% del PIB, lo que quiere decir que el Estado se gastará cerca de un 25% más de lo que será capaz de ingresar: 106.020 millones. Incluyendo la evolución presupuestaria de las administraciones territoriales, las necesidades de financiación representarán el 6% del PIB. En todo caso, lejos del -9,3% con que se cerrará este año o el -11,1% de 2009, cifra que se ha corregido una décima a la baja.

Este déficit público dará lugar a que el volumen de deuda siga creciendo en 2011 de forma importante. En concreto, el Estado tendrá que pedir prestado a los inversores unos 60.000 millones de euros, con lo que el endeudamiento público crece hasta representar el 68,7% del PIB. Esto quiere decir que en apenas tres años la deuda ha aumentado en 30 puntos de producto interior bruto (en 2008 se situaba en el 39,7%). O lo que es lo mismo, la factura de la crisis roza los 300.000 millones de euros (casi la tercera parte del PIB).

Salgado insistió ayer en que el Ejecutivo cumplirá su compromiso ante Bruselas de situar el déficit en el 3% en 2013, lo que exigirá una fuerte política de austeridad en los próximos años. En este marco se explica la congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público para 2011 (consolidando así la rebaja del 5% aplicada desde el pasado mes de junio); o la reducción de la oferta de empleo público, mediante la aplicación de una tasa de reposición del 10% sobre las vacantes generadas en la Administración.

Previsiones optimistas
El Gobierno ha calculado estas cifras a partir de un crecimiento del PIB considerado alto por la mayoría de los institutos de coyuntura -un 1,3%-, pero aún así la tasa de desempleo no cede. Hasta el extremo de que se situará (media anual) en el 19,3% de la población activa. Y eso que el empleo crecerá un 0,3%, lo que supone la generación de unos 55.000 puestos de trabajo, muy poco para pinchar la enorme bolsa de paro.

El cuadro macroeconómico del Gobierno, en cualquier caso, no aporta novedades respecto al presentado en junio. Tan sólo confirma que la recuperación será muy lenta. Aunque como novedad se da por hecho que con un crecimiento del PIB de sólo un 1,3% se volverá a crear puestos de trabajo, rompiendo la maldición histórica de la economía española, que nunca ha sido capaz de generar empleo neto con un aumento del PIB inferior al 2%.

Las previsiones del Gobierno, igualmente, se han hecho a partir de un escenario en el que los tipos de interés oficiales y reales -los que marcan los mercados- permanecerán prácticamente iguales, como subrayó ayer la vicepresidenta segunda. “Si hay subida será extraordinariamente moderada”, aseguró Salgado

El Gobierno prevé más paro en 2011, con una tasa del 19,3%

El Gobierno ha aumentado hoy la previsión de la tasa de paro para 2011, que estimó en el 19,3%, cuatro décimas más de lo que calculado en el último cuadro macroeconómico.

Así lo aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que las dos vicepresidentas han presentado el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del próximo año.

Salgado explicó que los efectos de la crisis económica han provocado que la creación de empleo vaya «más lenta» de lo previsto, aunque el Gobierno mantiene una estimación del 0,3% para el próximo ejercicio.

No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confió en que la austeridad de los presupuestos de 2011, junto con la reforma laboral acometida, el proyecto de Ley de Economía Sostenible y la futura reforma de las pensiones, hagan crecer el empleo.

Sin cambios en el PIB
El Ejecutivo, que mantiene la estimación de un crecimiento de la economía del 1,3% para 2011, también modificó a la baja su previsión de inversión, que redujo al 1,3% frente al 1,5% calculado inicialmente.

La aportación del exterior al PIB para el próximo año la mantiene en el 0,9% aunque ahora considera que las importaciones aumentarán una décima más, hasta el 3%.

El Estado renuncia a 8.400 millones por no hacer los deberes inmobiliarios

Edificios centenarios, poco o nada actualizados y con miles de metros cuadrados infrautilizados. Así es gran parte del patrimonio inmobiliario que el Gobierno posee en Madrid, cuya gestión depende de Economía tras la creación este año de la Agencia patrimonial del Estado.

Una situación que se encuentra muy lejos de la estrategia que han puesto en marcha las grandes empresas españolas para rentabilizar con éxito sus inmuebles. Mientras el Gobierno anuncia nuevos impuestos para recuperar las arcas vacías del Estado, acumula un tesoro inmobiliario que ha renunciado a explotar y por el que podría ingresar hasta 8.400 millones de euros.

Tan sólo en Madrid, el Gobierno Central cuenta con 208 edificios, donde distribuye las oficinas dependientes de las carteras ministeriales. La mayoría de estos inmuebles (147) están en régimen de propiedad, y sólo un pequeño porcentaje (el 13,2%) son en alquiler. El Gobierno mantiene en su cartera 2,57 millones de metros cuadrados (equivalentes a 340 campos de fútbol) que, en algunos casos, ni siquiera están siendo utilizados.

Vacío
Éste es el caso de un palacete ubicado en Marqués de Salamanca, antigua sede del Ministerio de Exteriores y que, con un valor actual de 239 millones de euros, se encuentra vacío desde hace casi siete años, a la espera de una reforma que le permita ser habitable.

Según un informe elaborado por la consultora Aguirre Newman sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la gestión de estos inmuebles, aún teniendo en cuenta la situación actual del mercado, liberaría ingresos superiores al último Plan E que puso en marcha el Gobierno de más de ocho mil millones de euros. Esta cantidad supera gran parte de los presupuestos ministeriales. La cartera de Economía, por ejemplo, cuenta con una partida de 2.816 millones de euros para 2010.

La venta de sus edificios en Madrid supondría sólo una pequeña parte del total con que cuenta la Dirección General del Patrimonio del Estado, que tiene censados más de 40.000 inmuebles en toda España. Otros Gobiernos europeos, como el francés y el británico, ya han incluido en sus respectivos planes de contención económica el reajuste de su patrimonio inmobiliario.

Según Aguirre Newman, tras la venta, la Administración podría alquilar oficinas más modernas, con unas rentas mensuales de 20 euros por metro cuadrado, una cantidad que podría verse sensiblemente reducida, gracias al cierre de contratos de larga duración y su perfil de inquilino seguro.

La arquitectura de los actuales edificios de la Administración, algunos construidos hace más de cinco siglos, provoca que tengan muchos metros cuadrados sin aprovechar. Según el ratio de eficiencia utilizado por la consultora –que sitúa el espacio medio de metros cuadrados por empleado en 20, frente a más de los 35 actuales–, el Estado podría prescindir del 34% de la superficie de sus edificios. La Administración podría ahorrarse 775.000 metros cuadrados (una superficie equivalente a más de la mitad del parque de El Retiro) si llevase a cabo un proceso de optimización como el que están implantando las grandes empresas. Este espacio sobrante, que incluye edificios vacíos así como salas sin uso, podría generar fuertes ingresos, ya sea a través de su venta o alquiler.

Si el Gobierno optase por vender la superficie desocupada, obtendría unos 2.865 millones de euros. En esta cantidad, se incluirían los gastos de rehabilitación de los edificios singulares, para facilitar su venta, y la renta de ocupar nuevas oficinas. En el caso de alquilar el espacio desaprovechado, el Estado ingresaría 186 millones anuales y recuperaría la inversión en la rehabilitación de los inmuebles en 4,6 años.

Otra de las opciones para optimizar los 147 inmuebles que mantiene en propiedad es incluirlos en una sociedad Socimi (vehículo creado en plena crisis inmobiliaria para sacar a Bolsa carteras de activos en patrimonio). De esta forma, se obtendrían unos ingresos recurrentes y se daría impulso a estas sociedades, que no ha generado el interés esperado por el Gobierno para paliar la crisis inmobiliaria.

Casos de éxito
La venta de activos inmobiliarios no es una fórmula exclusiva de la industria privada. Muchos países europeos han llevado a cabo políticas de optimización de inmuebles.

– Francia: Mantiene, desde 2005, un proceso de desinversión de su patrimonio que ha generado 3.000 millones de euros.

– Reino Unido: Traspasó, a través de una concesión, 1,7 millones de metros cuadrados de activos, propiedad de la seguridad social, por 4.000 millones de libras. El Gobierno británico puede recuperar su propiedad en 30 años.

– Italia: Ha realizado un inventario de los inmuebles que no cumplen su función. Éstos podrán ser trasferidos a las regiones y venderlos para reducir su déficit.

«Está cantada la sustitución del dinero en billetes por electrónico en cinco años»

El Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, ha centrado en esta ocasión sus predicciones económicas sobre la sustitución del dinero en metálico -monedas y billetes- por dinero electrónico.

Como el tema va adquiriendo cada vez más importancia, el economista no duda en dar su opinión al respecto. «Es un aspecto interesante porque la sustitución genera dudas al plantear problemas y ofrecer ventajas» arranca el experto, quien apunta que dicha sustitución «está cantada y se implantará muchísimo antes de lo que se piensa, antes de cinco años más o menos».

En este sentido, el Catedrático señala que la razón por la que ese cambio se producirá es «porque brinda unas posibilidades extraordinarias de control y se aceptará por la sociedad cuando la evolución de la crisis haga insoportable la situación para la ciudadanía».

Según explica Niño Becerra, el dinero electrónico permite por un lado «controlar la dirección que adopta el valor en su distribución y expansión», y por otro «poder regular la cantidad de oferta monetaria en circulación de manera conveniente si, además, se controlan los instrumentos de control».

Para completar su artículo, el profesor explica que «hoy, si se imprime un billete de cien dólares se ponen en marcha mecanismos inapelables, han de rendirse cuentas a ciertos organismos, a su vez otros organismos controlan que se cumplan ciertos requisitos; y cuando ese billete envejece, hay que retirarlo y empezar la película de nuevo».

Llegados a este punto agrega que » si el Hipercentro Comercial Tipiflús le da una línea de crédito de cien dólares a Ms. J para que adquiera bienes en la cadena, ¿qué sucede?: nada en absoluto».

«Y, además, Tipiflús sabrá cuándo, dónde y en qué gasta / emplea / utiliza /usa Ms. J el crédito de cien dólares que le han sido concedidos, por lo que podrá trazar un perfil de Ms. J» explica Niño Becerra con un claro ejemplo.

«Sin la ayuda de mis padres, no llego a fin de mes»

Más de la mitad de los jóvenes de menos de 29 años no son económicamente independientes.

«Estoy desilusionada. Llevo muchos años trabajando y creo que lo justo es poder independizarme, pero ahora tengo que dejar la que ha sido mi casa durante más de un año», lamenta al teléfono Elena Palacios, madrileña de 29 años, que esa mañana empaquetaba sus cosas -ropa, libros…- para dejar el estudio en el que vive desde hace un año y tres meses y volver a casa de su madre. Adiós a su espacio, ese en el que le encantaba escribir y escuchar música; adiós a su vida de adulta. Pero los 900 euros que gana como auxiliar de biblioteca no le dan para llegar a fin de mes en una ciudad como Madrid, donde solo en el alquiler se le iban 700. Sin la ayuda económica de su madre, este año hubiera sido «imposible», afirma.

Elena reconoce que echó mal las cuentas. Trabaja desde los 23 años y desde hace cuatro tiene un contrato indefinido (siete horas diarias, de lunes a viernes). Cuando decidió irse de casa, solicitó la ayuda al alquiler del Ministerio de Vivienda, 210 euros al mes, y se la concedieron. Pero no llegaba mensualmente -«me reconocieron el derecho en julio de 2009 y en enero de 2010 cobré todos esos meses; desde entonces no he vuelto a recibirla»- así que, entre la espada y la pared, echó mano de su madre: «Estaba tan ahogada que ella me ayudaba con la comida y los gastos puntuales». Y es que más de la mitad de los jóvenes de entre 20 y 29 años no son económicamente independientes, según datos del Instituto de la Juventud (Injuve) del último trimestre de 2009.

Carmen Cobos, la madre de Elena, es funcionaria y tiene un sueldo medio. «Elena ha gastado sus ahorros y yo los míos, por ayudarla», dice con impotencia. Carmen tiene otras dos hijas -ambas con estudios universitarios y buenas notas- a las que educó en la idea de que el trabajo duro se recompensa. Ahora, viendo a Elena volver a casa, no oculta su frustración: «Estoy muy decepcionada. Siento que todo lo que les inculqué no sirve, que me he equivocado».

«La precariedad laboral de los hijos se traduce en precariedad para las familias, en lo económico y en lo emocional», explica Alessandro Gentile, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, que ha analizado la cuestión en su tesis Inestabilidad laboral y transición a la vida adulta. Jóvenes adultos mileuristas en España e Italia. Y es que las expectativas frustradas de los hijos lo son también, y con mayor crudeza, de los padres, que han invertido en educación para ver ahora cómo sus vástagos no logran ser independientes.

Lo que peor lleva Gorka Martín-Curto (periodista madrileño de 28 años) es seguir siendo una preocupación para su padre: «Me revienta no verle tranquilo y, mientras yo necesite ayuda, sé que no lo estará». A Gorka su padre, médico, le «echa un cable» con el alquiler. Es propietario del piso que su hijo comparte con otros tres compañeros y los 300 euros de alquiler se reducen a veces. «Algunos meses me lo ha rebajado y otros, directamente me lo ha perdonado», explica. Y es consciente de su suerte.

Gorka trabaja a media jornada por 600 euros al mes como auxiliar de producción en programas de call tv -esos que se emiten de madrugada y en los que un presentador exhorta a los espectadores a resolver una sopa de letras-. Antes de eso pasó medio año en paro, cuando la web de en la que trabajaba empezó a despedir gente. El problema es que lo que era una solución temporal se alarga: «Cogí el trabajo porque eran 600 euros o nada; pero ya llevo así un año».

Ahora compagina el call tv con los proyectos personales. Ha grabado el piloto de un programa deportivo de entretenimiento que quiere vender a empresas de TDT e irá al Festival de Sitges con un corto de género fantástico, Insaciable y discreta, premiado en el Festival de Shots. Pero sí cuenta con un balón de oxígeno del que tirar, si llegara a hacer falta. «Un colchón», lo llama, que tiene la forma de una herencia y un finiquito anterior.

Gentile señala que esta es «una generación de herederos», en la que cada uno vive el riesgo «según la familia que tenga detrás». Y va más allá: «En esta generación están poniendo las bases de las desigualdades futuras».

Para Alicia Canes (28 años, Barcelona) su situación de dependencia se está volviendo, «moral y económicamente, insostenible». Licenciada en Historia del Arte y con un currículo brillante (DEA, beca en la Real Academia de España de Roma, seis idiomas…), siempre ha trabajado a la vez que estudiaba. A finales de 2009 cambió Barcelona por Londres ante la falta de perspectivas laborales – «en España solo existía el paro», dice- y se fue a vivir con su novio danés. Hoy hace prácticas como voluntaria en el centro Barbican. Sin cobrar, porque espera que esa sea la llave para encontrar trabajo en alguna institución. Con el sueldo de su novio pagan el alquiler y las facturas; pero comen gracias a los padres de ella, que les pasan entre 400 y 500 euros mensuales. «Sin mis padres no llegaríamos a fin de mes», afirma Alicia. Pero ella ha puesto una fecha límite a esta ayuda: finales de año.

Aunque asegura que sus padres no le dicen nada, está convencida de que lo llevan fatal. «Jamás hubieran imaginado que para nuestra generación pasar a la vida adulta -encontrar trabajo, comprar piso, etcétera- sería una situación tan descorazonadora. Ellos -y el Estado- han invertido mucho dinero en mi formación. ¿Dónde ha ido a parar toda esta inversión? Es una injusticia», concluye.

Hay algo cultural tras la ayuda paterna. Para Gentile, buscar soluciones de puertas para adentro «retrasa la actuación política»: «En Francia u Holanda no se habla de problemas de jóvenes, sino de ciudadanos; así, estos problemas los asumen las instituciones. Pero aquí, nuestra mejor seguridad social es la familia».

Los videojuegos salen del atolladero

Más o menos, es la misma sensación de alivio experimentada al superar de una vez por todas un nivel «hueso», una misión especialmente chunga o acabar con un final boss con más mala baba que un tirano bananero. Prueba superada, lo peor ha pasado, así que a guardar la partida rapidito y a seguir la aventura con energías renovadas.

Algo así es lo que ha vivido los últimos meses el sector del ocio virtual en España, según se desprende y concluye de los datos y parámetros arrojados por el informe aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), que se presentó hace unos días en Madrid.

De entre el marasmo de cifras y tendencias, algunos titulares rotundos: nuestro país se consolida como cuarta potencia europea en consumo de videojuegos; la industria alcanza el 53 por ciento de cuota de mercado de ocio audiovisual total, superando de nuevo a cine, música y DVD en comandita; y, sobre todo, el arranque de 2010 está dando muestras de una clara recuperación respecto al pequeño batacazo de 2009, cuando el sector cayó un 16 por ciento, alcanzando pese a ello los 1.200 millones de euros de facturación. Por supuesto, el principal culpable de esta situación, aparte de la crisis económica, es la carcoma de la piratería, ya que nuestro país duplica el número de descargas ilegales de Estados Unidos. Y la cosa no parece que vaya a remitir. Pero el optimismo arponea estos nubarrones, ya que en estos primeros ocho meses de 2010 el sector ha crecido ya un 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Todo ello, sin duda gracias a los magníficos juegos de los que hemos disfrutado desde el mismísimo enero: «Bayonetta», «Bioshock 2», «Star Ocean: the last hope», «Dante’s Inferno», «God of War III», «Heavy Rain», «Final Fantasy XIII», «Red Dead Redemption», «Super Mario Galaxy 2», «Mafia 2»… Aunque la perspectiva para otoño-invierno no puede ser más optimista en cuanto a software: desde el reciente «Halo: Reach» (que pulverizó varios récords de venta en sus primeros días de vida) a los esperadísimos «Castlevania: Lords of Shadow», «Epic Mickey» y «Gran Turismo 5» o, cómo no, los bestsellers por excelencia «FIFA 11», «PES 2011», «NBA 2K11» y «NBA Elite», como vimos la semana pasada en estas páginas. De hecho, el género deportivo sigue siendo el preferido de los «consoleros» españoles, acaparando un 32,8 por ciento del total.

Cada vez más mujeres
En este sentido, no viene mal apuntar una tendencia que el informe aDeSe también destacó: el alza de consumidores femeninos (casi un 20 por ciento de las mujeres se consideran «jugonas») y de otros segmentos de la población tradicionalmente poco hábiles con un joystick en la mano, como la tercera edad. Todo ello, gracias a la consolidación de los juegos sociales (títulos musicales y karaokes, minijuegos familiares, tablas de fitness…), que dentro de diez años extenderán sus tentáculos a un 80 por ciento de todo el mercado.

Y tampoco nos olvidemos del desarrollo latente pero implacable del 3D, más a la vuelta de la esquina de lo que parece y que puede dar un vuelco drástico a la manera de acercarse a esta industria.

Se ahorrarán 200 millones con la supresión de la deducción por compra de pisos

El Gobierno prevé ahorrar hasta 200 millones de euros en 2011 con la supresión a partir del 1 de enero de la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual para los contribuyentes con base imponible igual o superior a 24.170,20 euros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, indicó que este ahorro no está computado en el «pellizco» de 300 millones de euros que el Ejecutivo prevé obtener con el resto de modificaciones fiscales incluidas en los Presupuestos para el año que viene.

Esta medida en materia de vivienda, irá acompañada de la equiparación de los límites de la deducción por alquiler de vivienda a los de la deducción por adquisición de vivienda habitual.

Además, los Presupuestos recogen un incremento del 50% al 60% de la reducción de las rentas de arrendamiento de viviendas para los propietarios y se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de aplicar la reducción del 100%.

Estas modificaciones fiscales van en la línea de orientación de las políticas de vivienda del Gobierno, que persiguen aumentar el peso del mercado del alquiler y equipararlo al de compraventa de viviendas, en un momento en el que, según ha señalado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los precios de la vivienda no van a bajar más.

«El precio de la vivienda en España ha tocado fondo»

El presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, dijo a la presentadora de la CNBC, Maria Bartiromo durante una entrevista emitida hoy que el precio de la vivienda ha tocado fondo. De hecho afirmó que en áreas de España, el coste de las casas ha comenzado a subir. «La demanda vuelve a subir», agregó. Vea aquí la noticia íntegra de la CNBC.

Además reiteró que no habrá nuevas contracciones de la economía española en los próximos trimestres. Al mismo tiempo Zapatero dejó claro que el sector financiero está «bien capitalizado» mientras explicó que la reforma de Cajas permitirá que las éstas «tengan acceso a mayor capital privado».

Sobre la solvencia de la deuda pública española, apuntó que se ha logrado cambiar la percepción de los mercados internacionales, que «tenían una visión muy exagerada sobre la situación de España».

Así, se mostró optimista respecto a la próxima colocación de bonos y afirmó que la deuda española es «segura y rentable», pese a la crisis abierta hace unos meses a raíz de la revisión a la baja de su calificación.

Además, «hemos aplicado medidas de consolidación fiscal y la economía ha vuelto a crecer recientemente», explicó el presidente a la presentadora de CNBC, quien le preguntó cómo el Ejecutivo español había sido capaz «detener la hemorragia» sufrida por España durante la crisis.

Medidas anticrisis
En respuesta afirmó que una de las primeras medidas que se tomó fue «mejorar el conocimiento» sobre la situación financiera española y dar a conocer que «el sistema bancario español está bien capitalizado».

En ese sentido, aseguró que las pruebas a las que se sometieron los bancos españoles «dieron excelentes resultados», algo que era «necesario» para que «inversores, entidades financieras y analistas se dieran cuenta de que la situación era mucho mejor de lo que se creía».

El segundo conjunto de medidas al que hizo referencia fue el encaminado a recortar el déficit público a través de iniciativas que calificó de «serias y muy duras».

«Por ejemplo, recortamos los salarios públicos una media del 5% y redujimos nuestras inversiones públicas en un 30%», explicó el presidente, que también mencionó la reforma laboral y del sistema de pensiones.

Una mejora de la situciación
Ante la pregunta de si no teme que estas medidas hagan que el crecimiento se resienta, replicó que el riesgo asociado a la deuda se ha reducido y la «situación ha mejorado», lo que permite a España «un mayor margen para aumentar el gasto público, aunque sólo ligeramente».

«Nuestros cálculos son que no se van a dar más trimestres de caída, sino que le crecimiento va a seguir mejorando, lo que ayudará a aumentar la confianza en la economía española, que es algo que necesitamos», explicó Zapatero, para recordar que se han acometido «enormes esfuerzos para aumentar la confianza».

Aun así, aseguró que España será «muy vigilante con el gasto público» para lograr que el déficit caiga al 3% del PIB y defendió que, por el momento, «los planes están yendo bien». «No esperamos ninguna sorpresa».

30.140 millones de euros para pagar las prestaciones de paro, un 1,5% menos

El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) dispondrá en 2011 de 30.140 millones de euros para el pago de prestaciones por desempleo, cifra inferior en un 1,5% a la de 2010, que ascendió a 30.612 millones de euros, según ha anunciado el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

De esos 30.140 millones de euros presupuestados en el área de la protección por desempleo, 20.929 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones contributivas y 7.781 millones se dedicarán al abono de subsidios.

El presupuesto para el pago de prestaciones contributivas se reduce un 15% en comparación con el de 2010 (24.625 millones), en tanto que el destinado a los subsidios se incrementa un 64,4% respecto al del año en curso (4.732 millones).

Cifras muy similares a las de 2010
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya había anunciado que el presupuesto de 2011 para el pago de prestaciones por desempleo iba a disminuir «muy poco».

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha presidido hoy el Consejo General del SPEE, en el que ha presentado el anteproyecto de presupuesto para 2011, destacando que, a pesar del periodo de «intenso ajuste económico», el presupuesto se mantiene en cifras parecidas a las de 2010.

En total, el SPEE dispondrá de un presupuesto de 38.201 millones de euros el próximo año, cifra similar a la de 2010 (38.878 millones de euros). El 79% de dicha cantidad se dedicará al abono de prestaciones, el 20% irá a políticas activas (7.618 millones) y el 1% restante al funcionamiento del organismo.

La aportación del Estado al presupuesto del SPEE para 2011 se mantendrá en niveles similares a los de 2010, con 16.040 millones de euros, el equivalente al 42% del total. Con este dinero se complementan las cuotas para la protección por desempleo y se financian las políticas activas.

El paro de los autónomos
Trabajo ha recordado que el SPEE destina sus recursos a facilitar itinerarios de empleo, a mejorar las capacidades y competencias profesionales de los trabajadores, a incentivar la contratación fija y a gestionar la protección por desempleo.

En 2011 habrá novedades para el SPEE como consecuencia de una ley largamente reivindicada por los autónomos: la que les protege en caso de verse obligados a cerrar sus negocios.

El antiguo Inem contará con una partida especialmente destinada a pagar prestaciones a los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria y por la que previamente habrán tenido que cotizar a la Seguridad Social.

7.618 para las políticas activas
La partida para políticas activas de empleo para 2011 asciende a 7.618 millones de euros, cifra inferior en un 2,2% a la de 2010, que fue de 7.796 millones de euros. Este importe se distribuirá entre programas de empleo, formación para el empleo y bonificaciones a la contratación.

Dentro de la formación para el empleo, 909 millones de euros estarán destinaros a personas en paro, y de esa cantidad, 814 millones de euros serán gestionados por las comunidades autónomas, en tanto que 95 millones van dirigidos a programas plurirregionales.

La formación para trabajadores ocupados contará con 1.380 millones de euros, de los que 353 millones serán gestionados por las comunidades, 391 millones por los agentes sociales, 128 millones para que el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) gestione formación para funcionarios, y 507 millones para la formación en empresas vía bonificaciones.