Los parados de larga duración han aumentado en 1,6 millones desde que estalló la crisis

Los parados de larga duración han aumentado en casi 1,6 millones desde que estalló la crisis y ya representan el 42,4% del total de desempleados en España, según un informe de la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett).

Por comunidades, en Canarias, casi cinco de cada diez parados llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo, casi la misma proporción que en Comunidad Valenciana y Cantabria. Respecto al primer trimestre del año, las regiones donde más ha crecido el peso de los parados de larga duración sobre el total de desempleados son Cantabria, Asturias y Baleares. Para el presidente de Agett, Francisco Aranda, que la crisis haya disparado el volumen de parados de larga duración (aquellos que llevan más de un año buscando empleo) pone en evidencia la escasa efectividad real de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral en España. El informe de Agett también revela que la tasa de paro de las mujeres demandantes de empleo sin relación laboral se situó en agosto en el 22%, cuatro puntos por encima de la de los varones (18,1%) y tres puntos superior a la media nacional (19%). La tasa de paro de los demandantes de empleo sin relación laboral (DESRL) computa a aquellos demandantes inscritos en los servicios públicos de empleo que no tienen ningún tipo de relación laboral (todos los demandantes, salvo los que trabajan, quienes tienen una relación laboral mediante ERE o los que cuentan con un contrato fijo discontinuo). LA TASA AUMENTARÁ EN LA ÚLTIMA PARTE DEL AÑO. La tasa de paro de los DESRL se ha incrementado tres décimas en agosto respecto a julio y, según Agett, la desfavorable estacionalidad que supone para el empleo el final de año, hará que ésta aumente en los últimos meses de 2010. Canarias es la comunidad con una mayor tasa de paro de los DESRL (28,2%), seguida de Andalucía (27,7%) y Extremadura (26,3%), mientras que País Vasco, Navarra y Baleares son las regiones donde esta tasa es menor, con porcentajes del 12,9%, 13,9% y 14,1%, respectivamente. Baleares es la única comunidad donde la tasa de paro femenina de los DESRL es inferior a la masculina, aunque con una distancia pequeña, de sólo 1,3 puntos. Extremadura es, por su parte, la región con mayor paro femenino DESRL, con un 32,6%, seguida de Canarias (30,9%) y Andalucía (30,8%), mientras que Baleares presenta la menor tasa (13,4%). Según Agett, en diez de cada cien hogares españoles con al menos una activo ya no se perciben rentas del trabajo. De hecho, desde que comenzó la crisis, los hogares en esta situación se han incrementado en 929.000, un 244,5% más. El informe de esta patronal también pone de manifiesto que sólo Andalucía, Castilla y León y Cataluña crean empleo público exclusivamente indefinido. Doce de las 17 comunidades, con Baleares a la cabeza, continúan creando empleo público en tasa interanual, aunque en términos absolutos las que más lo hacen son Andalucía (20.200 empleos), Castilla y León (13.400) y Cataluña (8.800).

La CEOE dice que los recortes en vivienda incrementarán el paro y aumentarán el déficit

La CEOE asegura que los recortes que el Gobierno prevé aplicar en las políticas de vivienda para contener el déficit público lograrán el «efecto contrario», lo incrementarán al desincentivar la compra de viviendas, con la consiguiente disminución de retornos fiscales, y afectarán a la actividad del sector generando más paro.

Según la patronal, estos efectos son cuantificables: por cada vivienda que se deja de construir se pierden 2,4 empleos -1,7 directos y 0,7 indirectos-, mientras que la recaudación inducida supone el 43% del precio de la vivienda, superior al ahorro previsto por el Ministerio de Vivienda, de más de alrededor de 1.200 millones de euros en dos años.

Así lo aseguraron en rueda de prensa, el presidente de la de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de la CEOE, Juan Lazcano, el presidente de la patronal de promotores (APCE), José Manuel Galindo, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos (CEPCO), Rafael Fernández.

Las tres cabezas visibles del ‘ladrillo’ comparecieron para presentar un documento de rechazo al borrador de Real Decreto por el que se pretende modificar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que suprime las ayudas directas para la compra de viviendas protegidas (VPO) al tiempo que reduce las subvenciones para la promoción su vivienda protegida, entre otros recortes.

Lazcano escenificó el enfado de los empresarios: «Después del análisis que se ha hecho en CEOE de este borrador ya da pereza. Yo no sé a qué gente o qué cabezas despiojadas se les ocurren estas cosas. Es difícil de entender. Es un suma y sigue que verdaderamente indigna».

A modo de ejemplo, los empresarios realizaron una simulación para ver los efectos de la retirada de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE). Así, para una pareja de 35 años, con un salario de 2,5 veces el Iprem, el ahorro necesario para adquirir una VPO de régimen general sería de 46.183 euros, frente a los 35.983 euros que tendrían que ‘juntar’ contando con la ayuda, con lo que el ahorro para las arcas públicas sería de 10.200 euros por vivienda.

Por el contrario, el coste total en términos de recaudación de no producir una de estas viviendas es de 59.373 euros. Si se compara coste fiscal y ahorro, se deduce un saldo negativo de 49.173 euros para el Estado.

Retracción de la demanda y la oferta
Si bien, la CEOE considera que los efectos irán más allá de las cuentas y afectarán a la actividad del mercado. «La eliminación de la ayuda supone automáticamente menos demanda», ya que supone hacer «insolvente» a los potenciales compradores y, como recordó Galindo, «un promotor hace las viviendas que puede vender».

Además, aunque el Ministerio de Vivienda ha ampliado la financiación que pueden conceder las entidades financieras en para la compra de VPO del 80% al 90%, para compensar la eliminación de la AEDE, consideran que las entidades no aportarán ese 10% adicional a los posibles compradores porque ello les supondrá provisionar más recursos.

En consecuencia, se concederá menos financiación y caerán las compraventas de vivienda. En este punto, Galindo consideró que, de adoptar finalmente esta medida, debería ir acompañada de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el 10% del crédito convenido para que no compute a efectos de riesgo.

Además, consideró que otra opción alternativa podría ser prorrogar un año la medida para la transformación de la vivienda libre en usada, que cuenta con ayudas, para dar salida al ‘stock’.

Por otro lado, los empresarios se quejan de un «trato discriminatorio» de los promotores de VPO frente a las cooperativas, pues éstas disfrutarán durante el periodo de construcción de un diferencial en el tipo de interés entre el 0,25% y el 1,25%, mientras que para los promotores se situará entre el 0,25% y el 2%.

Además, este incremento de los diferenciales entrará en vigor el 1 de enero, un «efecto llamada» para que las entidades financieras esperen hasta esa fecha para formalizar los préstamos que estén en tramitación, con el fin de aplicar un mayor diferencial en la operación.

Desincentiva el alquiler
Por otro lado, el documento señala que la reducción en un 40% aproximadamente de las subvenciones a los promotores de viviendas en alquiler será un «poderoso incentivo» a la promoción en arrendamiento, lo que contradice la aspiraciones del Gobierno.

Y es que, según los cálculos de la CEOE, el efecto inmediato de la medida será una reducción de la tasa interna de rentabilidad (TIR) de los promotores de alrededor de dos puntos porcentuales y un incremento de la aportación de recursos propios de otros seis puntos respecto del total de la inversión.

En cuanto a la supresión de las subvenciones para la adquisición y urbanización de suelo para VPO, la CEOE entiende que echará más leña al fuego de la falta de financiación y que la escasez de suelo efectivamente urbanizado volverá a convertirse en un «cuello de botella» que encarecerá artificialmente el suelo destinado a la promoción de VPO.

Con independencia de estas alegaciones, los empresarios piden al Gobierno la supresión de la obligatoriedad de implantar los registros de demandantes en las comunidades autónomas, que aseguran ralentizan la comercialización de las viviendas y suponen un gasto inútil.

Asimismo, demandan una ampliación del límite de ingresos de viviendas de régimen especial hasta 3,5 veces el Iprem, para que más personas puedan beneficiarse del IVA del 4% que grava estas viviendas y la ampliación hasta 5,5 veces el Iprem para la compra de un vivienda protegida de precio general.

Ataques al ministerio de vivienda
En resumen, la CEOE considera que el decreto del Gobierno es «muy negativo» y que «se debería abortar» o acompañar de «medidas compensatorias». En palabras de Galindo, la CEOE está «a favor de medidas de ajuste, pero no sobre la economía productiva ni sobre un bien de primera necesidad como la vivienda».

Según el presidente de APCE, la demanda estructural ya está por debajo de las 350.000 viviendas necesarias y de lo que se construye –270.000 viviendas previstas para el conjunto de 2010-, el 50% es VPO, con lo que el decreto golpeará la línea de flotación del sector. «Va a haber menos demanda de vivienda y también menos oferta», vaticinó.

Las críticas de los empresarios apuntaron directamente al Ministerio de Vivienda y a este «error de cálculo» que supone para ellos el decreto. Además, reprocharon al gabinete de Beatriz Corredor que no les haya consultado antes.

Lazcano indicó que la CEOE trasladará esta consideraciones a Vivienda, aunque «teme» que el Consejo de Ministros apruebe los recortes antes de leer el documento que ya han remitido al Ejecutivo

El lobby inmobiliario asegura que el precio de los pisos se está estabilizando

El G-14, grupo de las grandes inmobiliarias, considera que los datos sobre constitución de hipotecas del pasado mes de julio constatan que las ventas de pisos se han frenado a partir del pasado mes de junio, una vez finalizado el efecto de la subida del IVA que entró en vigor el 1 de julio. Tercer descenso consecutivo: las hipotecas sobre viviendas bajaron un 6,8% en julio.

«A partir del pasado mes de junio se frenó la mejora de la compraventa de viviendas que se venía registrando en los primeros meses del año, lo que indica que la recuperación no está clara», indicó el secretario general del grupo, Pedro Pérez, en declaraciones a Europa Press.

«El efecto anticipación ante la subida del IVA ha terminado», aseguró Pérez, tras explicar que el número de hipotecas concedidas en julio (un 6,8% menos que un año antes, según el INE) es indicador de las ventas que se cierren ese mes y el siguiente.

Asimismo, el G-14 señala que el repunte del 5,9% del volumen medio por hipoteca que revela la estadística también indica que, tal como viene avisando el sector, «los precios de los pisos se están estabilizando».

El grupo de las grandes inmobiliarias espera una nueva recuperación en la compraventa de viviendas en los próximos meses, esta vez inducida por el efecto de la desaparición de la desgravación por la compra de un piso que entrará en vigor en 2011.

No obstante, el G-14 considera que todo ello no es indicador de una recuperación del sector. «La información acumulada hasta ahora no lleva a concluir que la recuperación se esté registrando sobre bases naturales. No se puede decir que el sector se esté recuperando. Se ve una suave recuperación, pero al hilo de los cambios fiscales», explicó Pedro Pérez.

Por ello, mostró su preocupación ante la evolución a medio y largo plazo del sector y advirtió de que «lo que sí está claro» es que «la eliminación de la desgravación fiscal es una mala noticia porque puede ahogar la incipiente recuperación».

Según sus datos, la supresión de esta rebaja fiscal es equivalente a un encarecimiento medio del 10% en el precio de un piso de un precio de entre 300.000 y 350.000 euros.

Los políticos obligan a pedir 4.600 euros por segundo a cada niño, adulto y pensionista

Comienza la semana y la primera en la frente. Aunque a los irresponsables gubernamentales se les llena la boca de frases grandilocuentes en las que se pide austeridad y se proclaman a los cuatro vientos las bondades del «ajuste presupuestario», la cruda realidad es bien distinta. El próximo año el gasto público seguirá creciendo más que los ingresos, lo que obligará al Tesoro a pedir más préstamos al exterior (mediante la venta de deuda) y, como ya saben todos ustedes, esto redundará en subidas de impuestos en el futuro.

Para el que todavía no conozca en qué consiste esto de la deuda pública es bueno recordar que es la forma en la que los gobiernos (Central, autonómicos y locales) piden créditos al sector privado. El proceso es sencillo: se imprimen papelitos por los que se promete una determinada rentabilidad y se les llama letras, bonos u obligaciones en función del plazo del préstamo. El valor de referencia para conocer la prima de riesgo de estas emisiones es el bono a 10 años.

Pues bien, cuando un gobierno emite deuda promete un interés que luego debe pagar con el dinero de la caja pública. Por lo tanto cada venta de estos papelitos requieren un futuro desembolso que se hace mediante dos vías: emitiendo más deuda y subiendo impuestos. Es un círculo vicioso en el que siempre pagan los mismos, los sufridos contribuyentes. En definitiva es como si cada ciudadano (niño, adulto y pensionista) estuviera pidiendo créditos que luego debe ir pagando, unos préstamos que los políticos han solicitado sin preguntar ni consultárselo a nadie.

Y en 2011 el Tesoro se va a endeudar a un ritmo de 4.600 euros por segundo, según denuncia el diario Expansión en su portada de este lunes. En total se van a lograr 148.000 millones de euros, de los que 95.000 millones servirán para pagar intereses de la deuda vencida y el resto (53.000 millones) financiará el despilfarro del Gobierno, CCAA y ayuntamientos en el año electoral. Será muy útil para que los políticos compren votos con el dinero que sale del trabajo diario de los contribuyentes.

Las cifras marean, sobre todo cuando uno se da cuenta del destino del fruto de su trabajo, pero cuando uno repasa la portada del diario económico de Prisa, Cinco Días, vuelve ese optimismo patológico que sólo afecta a los afectos al régimen de Zapatero. Resulta que «según los expertos consultados» por el periódico España no volverá a la recesión «técnica», es decir, dos trimestres consecutivos de caída.

El problema es que los «expertos» son el director del servicio de estudios de Caixa Catalunya, Xavier Segura (una entidad insolvente rescatada con el dinero de todos los españoles tras la nefasta gestión del preboste socialista Narcís Serra); y el amigo del ministro Sebastián, José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, la agencia de valores que ha sido un vivero de altos cargos socialistas y epicentro de los escándalos económicos de la era Zapatero.

Con estas fuentes -a las que acompaña como convidado de piedra el estratega de Citi, José Luis Martínez Campuzano, que no comparte este optimismo- el diario titula a toda página: «Parón en el tercer trimestre: los expertos esperan un crecimiento nulo de la economía. El giro en la política fiscal explica esta nueva inflexión en el ciclo, pero los analistas descartan el regreso a la recesión a finales de año».

En su Editorial, el periódico habla de la existencia de»estancamiento sin recesión» y señala que «más allá de las cifras, y con todo lo que tiene de positivo no volver a caer en las garras de la recesión, el sentimiento generalizado es que aún tardará en llegar el anhelado tirón del crecimiento que permita aliviar la pesada carga del desempleo. De ahí que sea necesario volver a repetir al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero que no ceje en su empeño reformista».

Valoren ustedes el acierto o el error en el que incurre este análisis, especialmente en medio de un rebrote de la crisis de deuda en Europa y con la presentación de unos Presupuestos en España que no se cree nadie.

Terminamos nuestro particular repaso por los titulares económicos con el diario El Economista, que sigue denunciando las malignas intenciones fiscales del Gobierno. La vicepresidenta Salgado dijo el viernes que estaba esperando la decisión de Bruselas sobre lis impuestos «verdes» y justo hoy conocemos quela Unión Europea impone un «céntimo verde al consumo de gas».

El periódico revela que «el Gobierno estudia implantarlo para financiar parte del sobrecoste en renovables.Se aplicará a gasolina, diésel y el gas de las calefacciones de los hogares, ahora que se acerca el invierno». En su Editorial explica que «se adivina una tendencia muy preocupante, porque en lugar de practicar los recortes necesarios y mejorar el rendimiento de los servicios, los gobiernos van a tasar sectores que son competitivos para beneficiar a otros que no lo son». Preparen sus carteras que va a ser un duro invierno, se lo aseguro.

Las comunidades de propietarios pagarán 25 euros más al mes de luz

El recibo de la luz subirá de media 25 euros mensuales por comunidad de propietarios con la subida de la luz de un 4,8%, que entrará en vigor a partir del próximo mes de octubre, según estimaciones del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

Según datos del colectivo, la subida afectará a cerca de 900.000 comunidades de propietarios, el 82% del parque de edificios residenciales existente en España.
Una comunidad de propietarios media, compuesta por al menos 30 viviendas, tiene contratada una potencia muy superior a 10 kilovatios (kW), lo que no le permite acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y, por tanto, la energía debe ser suministrada por una empresa comercializadora, a precio libre.

Revisión automática
No obstante, los contratos de algunas compañías eléctricas contienen una cláusula que permite la revisión automática atendiendo a la evolución seguida por la tarifa regulada, que en previsión del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, supone una subida media en el recibo mensual de 25 euros por comunidad de propietarios. «Un aumento considerable», han apuntado, dado que el consumo energético de luz representa el 10% del presupuesto de gasto anual de una comunidad.

Así, el colectivo insta al Gobierno a que «estudie la posibilidad de primar en su uso a las comunidades de propietarios, tal y como ya sucede con la existencia de subvenciones para la instalación de medidas de eficiencia energética».

Asimismo, y dado que las zonas de uso común del edificio consumen entre un 5% y un 10% de iluminación artificial, el colectivo aconseja la instalación de sistemas de regulación de la luz, «tales como sensores de presencia o lámparas de bajo consumo que suponen un ahorro energético de entre el 50% y el 70%».

La Comunidad Valenciana no pedirá a los jóvenes que devuelvan la RBE

La Comunidad Valenciana ha sido la primera en hacer saltar la liebre. Después de que el Ministerio de Vivienda detectara el pasado mes de agosto que unos 8.000 jóvenes a los que se les había concedido la Renta Básica de Emancipación (RBE) en 2008 superaron el requisito de ingresos y que avisara a muchos de ellos para que devolvieran esta ayuda, la Generalitat se ha pronunciado en contra.

La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos del Gobierno valenciano, María Jesús Rodríguez, ha asegurado que la Generalitat no va a pedir a los jóvenes de la Comunidad que devuelvan las ayudas de la RBE que exige el Ministerio de Vivienda porque «esta decisión perjudica gravemente y va en contra de los intereses de los jóvenes valencianos en un momento de crisis en el que esta medida es si cabe todavía más desafortunada».

Según ha declarado, el Ministerio de Vivienda «no sabe de dónde recortar gastos» y ha criticado que, además de suprimir y reducir ayudas del Plan de Vivienda para la Comunidad Valenciana por importe de 250 millones de euros, ahora quiera que unos 1.200 jóvenes de la región que recibieron una ayuda para pagar su alquiler la devuelvan.

Para el Gobierno central, ha subrayado, «no es suficiente con incumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas, sino que también se dedica a hostigar al ciudadano».

Alegaciones al borrador
La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha presentado las alegaciones al borrador del Real Decreto por el que se modifica la actual normativa de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes.

En el documento, remitido al Ministerio, se alega que la Comunidad no puede asumir la obligación de tramitar y resolver el procedimiento de reintegro, sino que sólo actúa como mera notificadora de la resolución.

Además, considera que el proceso de reintegro incurre en una complejidad administrativa que no tiene razón de ser, al convertir a las ventanillas únicas en un inspector fiscal con una asunción de competencias que, de ninguna forma, debería producirse.

En todo caso, la Consejería considera que debería ser la propia Agencia Tributariaquien cree un servicio para recaudar los supuestos fondos indebidamente percibidos ya que, finalmente, dichos fondos irán a engrosar las arcas estatales y éste es el organismo que dispone de los recursos para realizar esta función.

Caja Extremadura cierra la creación del SIP con CAM, Cajastur y Cantabria

La asamblea general de Caja de Extremadura ha aprobado, con el 94,7% de votos a favor, la constitución del SIP junto con la Caja del Mediterráneo (CAM), Cajastur y Caja Cantabria anunciado el 24 de mayo.

La aprobación supone el paso definitivo para la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP), después de que el acuerdo fuera ratificado por los consejos de administración de las cuatro entidades a finales del pasado mes de julio.

La integración, que se prevé que culmine y sea plenamente operativa a principios de 2011, supone la creación del tercer grupo financiero de cajas de ahorros de España y el quinto del sector financiero español, informa Caja Extremadura en nota de prensa.

Características del grupo
El grupo tendrá un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, y un ratio de solvencia de 12,1% y un Tier 1 del 9,3% a cierre de 2009. Ello que «garantiza la fortaleza del proyecto y el cumplimiento de los nuevos requerimientos de Basilea III».

Se constituye con este SIP un grupo consolidable de entidades de crédito de duración indefinida, a través de un banco de nueva creación con sede en Madrid, en el que las entidades integrantes ponen en común el cien por cien de los beneficios, comprometen el 100% de sus recursos propios en la solvencia de la nueva entidad y establecen un compromiso recíproco de liquidez.

Para Caja de Extremadura, la agrupación en el SIP presenta una diversificación de riesgos, tanto geográfica como sectorial, y una ausencia de solapamiento de clientes, «lo que va a permitir mayores oportunidades para las empresas y familias de la región».

Bancos y cajas vuelven a poner de moda los depósitos combinados

Las entidades financieras vuelven a apostar por los depósitos combinados, que aúnan una rentabilidad fija con otra ligada a un fondo de inversión. En plena guerra del pasivo, bancos y cajas se esfuerzan por ofrecen rendimientos cada vez más suculentos y entre las novedades de la última semana, superan en la mayoría de los casos el 4%.

Caixa Galicia ha sacado al mercado el nuevo depósito La Combinación Mágica II, que comercializará sólo hasta el 11 de octubre. El 75% de la inversión se coloca a plazo fijo a seis meses con una rentabilidad al 5% TAE, mientras que el 25% restante se invierte en un fondo, que vence en dos años y garantiza el 100% de la inversión, con una rentabilidad del 2,47% TAE mínima. El importe mínimo de la inversión es de 4.000 euros y el máximo 400.000 euros.

Caja Navarra también se ha apuntado a la moda de los depósitos combinados con el Depósito a Tu Manera. Este nuevo producto invierte una parte del capital en un depósito a plazo fijo y otra en un fondo de inversión. Al contratarlo, el cliente podrá escoger la proporción invertida en cada parte y la rentabilidad obtenida variará en función de este aspecto. La remuneración ascenderá al 4,17% TAE si se destina un 25% a plazo fijo y el 75% al fondo de inversión. Si se coloca al 50%, la rentabilidad será del 3,04% y del 2,02% TAE si se invierte un 75% a plazo fijo y el 25% en el fondo de inversión. El plazo es de un año y el importe mínimo asciende a 3.000 euros.

Banco Caixa Geral ha lanzado el Depósito Euribor +, que garantiza el 100% del capital invertido y tiene un plazo de 57 meses. Este producto ofrece una rentabilidad referenciada al Euríbor a tres meses más un diferencial del 1% para cada periodo. El depósito, diseñado para dinero nuevo, requiere un importe mínimo de contratación de 1.000 euros.

Otra de las entidades que ha entrado de lleno en la guerra del pasivo ha sido Bankinter. El banco ofrece un depósito al 4,5% para saldos nuevos desde 15.000 euros a un plazo de 12 meses y sin necesidad de vinculación. En caso de cancelación anticipada, la penalización es muy severa, ya que reduce la remuneración a una TAE (Tas a Anual Equivalente) del 0,25%, muy por debajo de los tipos de interés oficiales.

Catalunya Caixa ha lanzado el nuevo depósito estructurado Acción 10 que garantiza el 100% del capital y requiere una inversión mínima de 1.000 euros, que invierte en Telefónica, Santander, Total, Sanofi y BNP Paribas. En función de su evolución se puede obtener un TAE del 4,765%. El nuevo producto se puede contratar hasta el 5 de noviembre.

En el terreno de las nóminas, BBK ha lanzado tres nuevas campañas para domiciliaciones de ingresos en sus cuentas. Para los clientes que domicilien su nómina por primera vez en la entidad con un importe mínimo de 700 euros, la caja ofrecerá una cafetera Nespresso, un iPod Touch 8GB o bien una televisión LCD de 18 pulgadas. También será necesario domiciliar al menos dos recibos, contratar una tarjeta y mantener las condiciones durante dos años. Si los clientes ya tienen domiciliada su pensión podrán participar en el sorteo de un viaje para dos personas a Gran Canaria. Y si lo que tienen domiciliada es su nómina podrán optar a ganar un Citroën C3.

La compraventa de viviendas en Catalunya se recupera hasta los niveles precrisis

Se han duplicado en poco más de un año.También crece el número de hipotecas constituidas, aunque su importe medio continua descendiendo.

La compraventa de viviendas en Catalunya se ha recuperado hasta alcanzar los niveles registrados en abril de 2008, cuando alrededor de 6.000 viviendas cambiaban de propietario, después de unos meses en los que las operaciones se situaban alrededor de las 4.500 al mes.

Los datos actualizados del informe continuo sobre el sector en Catalunya, que elabora la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, evidencian que las operaciones de compraventa se han duplicado en poco más de un año, después de marcar mínimos históricos de 3.000 transacciones de viviendas en abril de 2009.

Entre enero y julio de 2010 se han comprado y vendido más de 34.000 viviendas en Catalunya, cuando en el total de 2009 fueron cerca de 45.000. La variación anual supone un incremento del 34,5%, mientras que en el conjunto de España el aumento es del 11,6%.

Paralelamente a este fenómeno, también ha aumentado el número de hipotecas constituidas. Hasta junio se formalizaron casi 50.000, mientras que en todo 2009 fueron menos de 94.000. La variación anual refleja un incremento del 6,4% en la comunidad, mientras en el conjunto de España se han registrado en el último año un 0,5% menos de hipotecas.

El mayor número de hipotecas en Catalunya va acompañado de un descenso de su importe medio, que se sitúa en los 126.000 euros para el conjunto de la comunidad. A pesar de ello, la variabilidad es elevada, como demuestra que mientras en Barcelona una hipoteca media cuesta 133.000 euros, en Lleida se sitúa alrededor de los 96.000

Consulte los servicios mínimos de su comunidad autónoma en la huelga general del 29 de septiembre

Casi todas las comunidades tienen establecidos ya los servicios mínimos para la huelga general del próximo día 29, excepto Canarias y Navarra donde aún están pendientes.

También falta por determinar los servicios en algunas áreas específicas, como los de la sanidad en Cantabria o los del transporte en Castilla-La Mancha.

En general, los servicios sanitarios especiales (como oncología o diálisis) así como los de urgencias funcionarán al 100% en todas las comunidades.

Estos servicios quedan como sigue en líneas generales:

Andalucía
El 25% del transporte urbano durante las horas punta (de 6 a 9 y de 18 a 21 horas) y una línea de autobús por línea el resto de las horas. En el interurbano el 25%.

En la Sanidad se establecen servicios equivalentes a un día festivo para el personal médico y de enfermería y en la enseñanza no universitaria los directores de los centros.

Aragón
El 25% de las líneas regulares de autobús y once de los más de cuarenta itinerarios de cercanías.

Para sanidad, se fijan el 50% y el 89% para centros de día.

En los centros escolares y en centros rurales agrupados y en las guarderías habrá un miembro del equipo directivo, mínimo.

Asturias
En educación se ha fijado la presencia del director y un conserje en los centros. Para el resto se conocerán el lunes.

Baleares
Circulará el 75% de los autobuses de transporte regular, un tren Palma-Manacor con cuatro frecuencias y enlaces a Sa Pobla y una línea de metro.

En transporte regular por carretera, circularán 15 líneas menos de autobús, el tren se queda con una línea (Palma-Manacor) y cuatro frecuencias de ida y vuelta al igual que el metro.

Los centros sanitarios funcionarán como un domingo, excepto diálisis.

Los colegios se abrirán con el director y un secretario. En los institutos además habrá un conserje.

Canarias
177 empleados públicos del Cabildo de Tenerife, aproximadamente el 8% del total de trabajadores, prestarán servicios mínimos durante la jornada de huelga.

La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Mercedes Roldós, ha manifestado que los servicios mínimos serán similares a los de las últimas convocatorias de paro sectoriales.

Cantabria
Circularán 11 trenes de cercanías, todos en sentido a Santander (tres entre las 06.00 y las 09.00, dos entre las 18:00 y 21:00 y seis el resto del día). En el aeropuerto de Santander habrá 14 de los 41 empleados.

En educación los servicios mínimos serán de entre el 5% y 3l 8% y para la sanidad se conocerán el lunes.

Castilla y León
Para sanidad se establece el 41,3% y en educación del 9,4% entre los docentes no universitarios y del 7,7% para las universidades.

Castilla y La Mancha
A falta de determinar los servicios mínimos en el transporte, se establece para los centros de salud, se han establecido en algo más del 30% a excepción de las urgencias que funcionarán normalmente.

Para los centros de Primaria y Secundaria acudirán el director y un jefe de estudios, y a los Centros de Atención a la Infancia el director, dos educadores y un cocinero si lo piden los padres.

Cataluña
Para los transportes públicos el 25% y para el servicio de lanzadera del aeropuerto, el 50%.

Se establece un profesor para cada seis aulas en los centros de educación infantil y primaria y un 25% de plantilla en guarderías.

En sanidad, el 25%, excepto en urgencias que seguirá con normalidad.

Extremadura
Todavía se negocian los mínimos del transporte.

Para los centros asistenciales habrá la misma plantilla que los domingos y en la enseñanza no universitaria, estarán el director centro y un jefe de estudios.

Galicia
Se establece un 22% para transportes, el 30% en educación.

La Rioja
Se mantendrá un viaje de ida y otro de vuelta en las 19 líneas interurbanas de la comunidad. Para los polígonos industriales el 35%.

Además se establece que estén en su puesto 902 trabajadores de sanidad, 100 profesores y 107 trabajadores de servicios sociales.

Madrid
Para el transporte público, el 50% en hora punta y el 20% en hora valle.

Para educación deberán trabajar el director de cada centro, el jefe de estudios y un empleado de servicio.

En los hospitales funcionará el 100% de las urgencias y el resto del personal será el equivalente a una jornada de domingo o festivo.

Murcia
Para el transporte público regular de viajeros, se establece como mínimo un tercio de los servicios ordinarios. El 50% de los servicios mínimos para ese día se concentrarán en las 7 y las 9 horas; las 13 y las 15 horas, y las 19 y las 21 horas.

En los servicios de salud, el 35% y, respecto a educación, la consejería de ramo no ha facilitado el porcentaje.

Navarra
Todavía están pendientes de acuerdo los servicios para transportes, educación y sanidad.

País Vasco
Los centros hospitalarios contarán con el personal habitual de un festivo, mientras que las empresas de transporte regular de viajeros mantendrán el 30% de los servicios.

Comunidad Valenciana
Se ha acordado el 25% en transporte urbanos e interurbano, sin que se pueda superar el 30% en las horas punta y un 50% en algunos servicios sanitario.

En sanidad, excepto urgencias, funcionarán al 50% el resto de servicios y en las consultas externas el 25%.

Los centros de enseñanza contarán con el director y en los de Infantil y Primaria habrá, además, un profesor por etapa educativa y y no habrá ni transporte ni comedor escolar.