Los anuncios clasificados de inmuebles toman las calles

José Luis Calleja, quiosquero de la calle Fuencarral de Madrid, ha aprovechado la estratégica ubicación de su lugar de trabajo para intentar vender de una vez el piso que su familia tiene -como dice la tonadilla-, por la calle de Alcalá. «Mi madre dice que tengo mucha imaginación», bromea. Hace tres meses que lo puso y aún nada. «Me urge vender el piso y además tengo que cambiar los cristales del quiosco», explica.

«Mientras los cambio se me ocurrió lo del anuncio, pero ahora espero que el cristalero se retrase un poco y dejar el anuncio un poco más», añade Calleja. Rufo, ha optado por el Ahorramás de su barrio (Prosperidad), para completar su estrategia de venta inicial: el cartel que cuelga de su ventana, pero «usted es la primera persona que me llama diciendo que lo ha leído», responde a Elmundo.es.

La saturación de anuncios y ofertas inmobiliarias en Internet ha trasladado a las calles la batalla por captar la atención de los escasos aspirantes a compradores de pisos. Basta recorrer cien metros de cualquier barrio para toparse con media docena de anuncios que en otras épocas poblarían las páginas de Clasificados de los diarios. Tiene sentido, pues funcionan de forma complementaria a los carteles de ‘Se vende’ de los balcones. Tras la debacle del sector de ladrillo hoy es posible comprar o alquilar un piso en cualquier portal de cualquier ciudad española y la publicidad de pago no está al alcance de todos.

Sin embargo, en las clásicas marquesinas y señales de tráfico se ha pasado del familiar ‘Se comparte habitación en el barrio’ a servicios más sofisticados y profesionales no tan habituales hasta estos días como de improvisados tasadores que se ofrecen «con seriedad y profesionalidad. Llámenos», a comisionistas donde le «gestionamos la venta de su piso» y, no sin sorpresa, inversores privados con liquidez para «pisos económicos para reformar».

Sancionables
Hace tres años, todas ellas llenaban los faldones de los diarios, hoy pueblan insospechados lugares como los tablones de las iglesias, y supermercados, polideportivos y centros culturales y, por supuesto, la calle, donde particulares y empresas (cada vez más) se arriesgan a una sanción municipal por usar la calle a su antojo.

En Madrid, donde los tijeretazos en los presupuestos de limpieza auguran una larga estancia a los reclamos, la publicidad callejera de baja intensidad se sanciona con multas de hasta 750 euros, según la ordenanza municipal de 2009 que regula la publicidad exterior.

En Barcelona, por su parte, la sanción puede llegar a 1.500 euros si el consistorio estima que se hallan en «espacios, edificios e instalaciones municipales» destinados a la prestación de servicios y hasta 3.000 si dichos espacios se consideran monumentos o están protegidos.

Sin embargo, la multa puede merecer la pena, pues, localmente, lo que es «funcionar, funcionan. Quien busca piso en una zona concreta patea las calles y al final hay tantos anuncios y tanto producto similar en los portales inmobiliarios que una forma de destacar es sacar los anuncios a la calle», explica Jorge Rodríguez, consejero delegado de Btob Marketing.

A pesar de que en estos anuncios cada vez se ven más logotipos de empresas y teléfonos de ‘sólo horario de oficina’, esta una variante del márketing de guerrillas no es aconsejable para mantener la imagen de las empresas, «aunque se trate de la inmobiliaria del barrio», asegura Rodríguez. La duda surge, entonces, cuando hay que decidir entre una buena imagen o echar el cierre.

El reglamento de la Ley del Suelo combatirá la especulación

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó este miércoles que el anteproyecto de Reglamento de la Ley de Suelo -aprobada en mayo de 2007- dará «mayor transparencia, rigor y seguridad jurídica» al mercado del suelo.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra explicó que este reglamento, que se encuentra en consulta pública, evitará el componente especulativo del mercado.

«Todos conocemos que el mercado incorpora expectativas y factores especulativos y con este Reglamento vamos a disponer de las reglas que especifican cómo podrán evitarse y qué condiciones deben cumplirse para la aplicación de los distintos métodos», afirma la ministra.

El reglamento de la Ley del Suelo tiene como punto central la valoración de inmuebles y entre sus objetivos están acabar con las recalificaciones y reducir el precio de las expropiaciones, entre otros objetivos.

El documento desarrolla «el nuevo régimen de valoraciones que dejó establecido la Ley -uno de los aspectos más criticados con algunas regiones, como Madrid-, y que el Reglamento concreta y detalla en sus aspectos técnicos», explicó Corredor en el Congreso. «También mejora el funcionamiento del mercado de suelo gracias a la inclusión de medidas que refuerzan la constancia y el reflejo en el Registro de la Propiedad de la actividad urbanística».

El texto prevé una diversificación de los métodos empleados en la valoración del suelo, de modo que se obtiene «el valor más justo para cada inmueble». De esta manera, se va a «evitar que se valoren de forma distintas inmuebles semejantes», aseguró.

Suelo más barato
El anteproyecto de reglamento de la Ley de Suelo establece, según publicó el diario Expansión, que los ayuntamientos podrán expropiar suelo urbanizable a precio más barato que el rústico.

Además, la normativa estatal permite expropiar un solar urbanizable a precio rural (casi un 90% más barato) pero ahora el reglamento toma como referencia de la valoración del activo inmobiliario el potencial de explotación del mismo. Por eso, podría darse el caso que resulte más caro expropiar un suelo rural que otro solar urbanizable y listo para ser edificado.

La deuda oculta de ayuntamientos y autonomías crece el 63% con la crisis

Las empresas públicas se han convertido en un pozo sin fondos para las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Lejos de apretarse el cinturón, y frente a la austeridad presupuestaria impuesta desde el Estado, ambas Administraciones están endeudando al límite a sus respectivas sociedades.

En plena crisis, los compromisos financieros de unos y de otros con sus respectivas compañías se han disparado en los últimos dos años y medio un 62,6 por ciento, hasta alcanzar ya los 24.697 millones de euros. «El endeudamiento de las empresas es una vía para desviarlo del presupuesto y así eludir los límites normativos a los que está circunscrito», explica la economista María Gómez Agustín, autora del informe Balance sobre la Política de Empresa Pública Autonómica para la Fundación Cajamar.

Se trata, en teoría, de mantener unos niveles de deuda y déficit oficialmente bajos. Aunque, en la práctica, ni siquiera sea así, ya que su deuda oficial también ha crecido de forma espectacular. «En última instancia sería tan difícil que se produjese la quiebra de la administración de una comunidad autónoma como que se produjese la de la Administración del Estado», explica Gómez Agustín.

Crecimiento sin freno
La cifra de endeudamiento de las empresas públicas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas es especialmente significativa porque está a punto de alcanzar ya prácticamente a todas las compañías de capital estatal, cuyo pasivo financiero se eleva a 27.327 millones. En conjunto, la deuda de todas las empresas públicas existentes en España supera ya los 52.000 millones de euros.

El endeudamiento de las autonómicas ha aumentado un 56,12 por ciento desde que empezó la crisis en 2008, hasta 16.248 millones de euros. Y peor aún es lo de las corporaciones locales. Sus empresas suman ya una deuda de 8.449 millones, lo que supone un aumento del 77 por ciento. Y creciendo.

Los más endeudados
No hay datos desagregados por ayuntamientos de acuerdo con los datos hechos públicos por el Banco de España, pero sí por regiones. Y la autonomía que más ha endeudado a sus empresas es Cataluña.

Con el tripartito al frente del Gobierno, sus compromisos ocultos se elevaban al cierre del primer semestre del año hasta 7.635 millones de euros, lo que supone casi un 66 por ciento más que a 31 de diciembre de 2007. Pero no es ni mucho menos el único caso.

De hecho, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE son las que más han aumentado la deuda de sus empresas. En Andalucía, el saldo negativo casi se ha triplicado, hasta 403 millones, y en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 50 por ciento, alcanzando ya los 1.014 millones de euros.

Las autonomías populares
No obstante, también hay crecimientos de deuda desenfrenados en autonomías gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana. El Gobierno que preside Francisco Camps ha endeudado a sus sociedades hasta 2.481 millones de euros, lo que supone no sólo un 40 por ciento más que hace dos años y medio, sino que coloca a esta autonomía como la segunda del ranking por los compromisos asumidos por sus empresas.

Aunque el caso del Ayuntamiento es distinto, mucho más baja es la deuda de las empresas controladas por la Comunidad de Madrid. Al cierre del pasado junio se situaba en 1.290 millones de euros. Eso sí, con un crecimiento también del 38 por ciento. La deuda total de las autonomías, al margen de las empresas, ha superado por primera vez la barrera de los 100.000 millones, lo que eleva la ratio sobre el PIB nacional al 9,8 por ciento cuando empezó el año en el 8,2 por ciento.

La clasificación del endeudamiento autonómico no sufre variaciones, ya que Cataluña mantiene el primer lugar también en deuda institucional (con 28.769 millones, el 14,7 por ciento del PIB regional), al igual que ocurre con sus empresas. Mientras, el endeudamiento de las corporaciones locales alcanza ya los 36.521 millones de euros. Y aumentando también.

La piratería provoca más de 600 millones de pérdidas en la industria de videojuegos

Uno de cada dos jugadores tiene en casa algún videojuego obtenido de forma ilegal, ya sea a través de descargas, copiados o adquiridos en el ‘top manta’. Según la patronal del sector en un reciente estudio, el 44,6% de los usuarios de videojuegos tiene en casa copias piratas. Las proyecciones apuntan que la industria dejó de facturar 650 millones de euros en 2009.

La industria del videojuego en España dejó atrás el año más duro de su historia. Las ventas bajaron un 16% hasta los 1.200 millones de euros. El sector no fue ajeno a la crisis economía y sufrieron la caída del consumo que ha afectado a medio mundo. A pesar de ello, el mercado español aguantó el tipo y se mantuvo como cuarta potencia europea, sólo superados por Reino Unido, Francia y Alemania. A la actual coyuntura hay que sumarle el mal de la piratería, un fenómeno que afecta especialmente a España en todo la industria audiovisual.
Desde la propia patronal admiten que es difícil realizar una estimación de las pérdidas que ocasiona la piratería. En el anuario de la Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) se subraya que esta práctica pone en peligro 3.000 puestos de trabajo. “Es difícil cuantificar el impacto económico que provoca la piratería por dificultad de controlar el alto nivel de descargas ilegales”, explica Carlos Iglesias, secretario general de Adese.

Las televisiones autonómicas cuestan a los españoles 1.900 millones de euros

Echevarría ha pronunciado una charla sobre los «retos y oportunidades del sector audiovisual» en un acto organizado por el Club Financiero de Bilbao, al que ha asistido, entre otros, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.

El presidente de Telecinco ha denunciado que «las televisiones públicas más caras» están en País Vasco, donde a cada hogar le cuesta 253 euros al año mantener el sistema público de televisión (TVE y ETB). La televisión autonómica por sí sola supone un coste de 140 euros por hogar y año.

Al País Vasco, le siguen Cataluña (209 euros cuesta el conjunto de la televisión pública por hogar y año), Valencia (202 euros) y Murcia (192 euros).

Echevarría ha opinado que en los tiempos actuales,con los problemas presupuestarios existentes, españa «no puede soportar» esta situación y «al final habrá que racionalizarla» y ha criticado «la competencia desleal» del sector público televisivo con el privado.

Ha abogado por extender a las televisiones autonómicas y municipales la supresión de publicidad que ya ha decidido la televisión pública estatal al considerar que es «un despropósito» que se siga manteniendo en éstas una vez eliminada en TVE.

Se ha mostrado convencido de que es una «batalla» que a largo plazo ganarán las televisiones privadas, «porque no se tiene de pie que se elimine la competencia desleal de la televisión pública estatal y no se elimine la competencia desleal, por ejemplo de ETB con respecto a los medios privados en Euskadi».

Echevarría ha opinado que hay «demasiadas» televisiones en España que viven «del oro líquido de la publicidad» y ha augurado que habrá reestructuraciones y cierres.

Ha señalado que en las próximas semanas se podrá poner en marcha el proyecto de fusión de Telecinco y la Cuatro -tras su estudio por las autoridades de Competencia- y ha indicado que, con la futura fusión de Antena 3 y la Sexta, en España se van a consolidar «dos grandes grupos de operadores audiovisuales», en sintonía con lo que ocurre en Europa.

El responsable de Telecinco ha augurado una «muy lenta» recuperación de la economía, aunque ha indicado que los peores momentos para las televisiones privadas españolas se han superado. Los medios de comunicación «no están muy bien, pero no tan mal
como el año pasado», ha dicho.

Según sus datos, en el primer semestre ha aumentado la facturación por publicidad en los medios convencionales un 3,5% con respecto a igual período del año anterior (un 7,4% en el caso de la televisión).

Por primera vez en tres años, las principales compañías de televisión presentan mejores resultados, en el primer semestre, de casi un 50%. En el caso de Telecinco, ha superado un 74% los resultados netos en la primera mitad del año, ha dicho. Ha atribuido esta evolución a la supresión de la publicidad en TVE y al mejor comportamiento de la inversión publicitaria debido a un «ajuste» en los precios, que «estaban tirados por la política que marcaba» la televisión pública estatal.

Echevarría ha considerado una «novedad importante» la aprobación este año de la Ley General Audiovisual, aunque ha indicado que queda tarea por hacer, como «racionalizar» la gestión de los derechos de
autor, que para las televisiones suponen un 8% de sus ingresos. En su opinión, la política de las entidades de gestión de derechos «raya en el expolio».

También ha criticado que las televisiones tengan que invertir el 5% de sus ingresos en el cine y ha mostrado su preocupación por que el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales «invada el terreno de la libertad de expresión y se meta en los contenidos».

Cataluña gasta 25 millones en abrir ‘embajadas’ para promocionarse

A dos meses para que concluya la legislatura (las elecciones autonómicas serán el próximo 28 de noviembre), empiezan a conocerse las distintas partidas de gasto que la Generalitat ha destinado a diversos ámbitos en los últimos cuatro años. Uno de los terrenos en el que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha tenido mayor influencia, gracias a la presión ejercida por el vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, ha sido la extensión de una red de embajadas y oficinas de representación para promocionar Cataluña en el mundo y atraer inversión. Pero, ¿cuánto le ha costado al contribuyente catalán el desarrollo de esa red de oficinas que ocupan espacio en los lugares más céntricos de ciudades como Berlín, Nueva York, París, Bruselas, Londres o Milán?

El gobierno catalán ha aprobado un presupuesto global en los últimos cuatro años que suma 25 millones de euros para la apertura y la puesta en marcha de estas oficinas exteriores, que para dos partidos de la oposición catalana (PP y Ciudadanos) representan “un gasto demasiado elevado e inútil en plena crisis económica”, porque se destinan a centros que “tienen por objetivo promocionar Cataluña y suplir los edificios oficiales que tiene España en el exterior como embajadas, oficinas de comercio del ICEX y otros centros culturales de promoción”.

Según diversas fuentes, cada delegación tiene un presupuesto asignado de 90.000 euros anuales, a los que hay que sumar los casi 85.000 euros anuales que percibe el delegado (gastos de representación aparte) y cerca de 740.000 euros al año en concepto de media de alquiler de la sede en las delegaciones ubicadas en ciudades importantes como Nueva York, París o Bruselas. Entre los delegados que cobran casi 85.000 euros al año figuran el hermano del vicepresidente catalán, Apelles Carod-Rovira, que dirige la Maison de la Catalogne (la Casa de Cataluña, traducida del francés) en París.

La permisividad del Gobierno
Según manifestó a El Confidencial Jordi Cañas, portavoz de Ciudadanos, el Gobierno catalán “ha aumentado, año tras año, el gasto para poner en marcha estas embajadas catalanas y calculamos que en los últimos años se ha gastado alrededor de 25 millones de euros”. De hecho, Ciudadanos ha criticado en varias intervenciones parlamentarias el «gran gasto» que suponen para las cuentas de la Generalitat -que en el presente ejercicio siguen en déficit público a pesar de los recortes salariales de los funcionarios y el plan de austeridad en el gasto público que afecta, especialmente, a Salud y Educación- las embajadas que la Generalitat ha abierto desde el primer Gobierno de Pasqual Maragall. En otras palabras, desde el 2003, se han abierto representaciones en Europa, Sudamérica y Estados Unidos bajo ¡teóricas intenciones «comerciales y culturales». El presidente de Ciudadanos y candidato a las autonómicas catalanas, Albert Rivera, critica la «permisividad y la omisión del Gobierno de España» ante estos departamentos y ha exigido conocer «qué régimen jurídico tienen».

En opinión de Rivera, departamentos como el inaugurado la semana pasada en Alemania, en la que no ondea la bandera española, realizan actividades diplomáticas cuando sus propósitos son meramente comerciales y turísticos. «Eso es lo que dice Carod», resalta. Por ello, su partido exigirá al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «lealtad institucional» y que explique «qué régimen jurídico tienen». Desde el PP, se espera que “tras las elecciones del 28 de noviembre se produzca un cambio de Gobierno en la Generalitat que reestructure el gasto en oficinas catalanas en el exterior y se reoriente hacia políticas activas que interesan a los catalanes, como la superación de la crisis, las ayudas a la creación de empresas y la reducción de impuestos para generar actividad económica y crear puestos de trabajo en una comunidad que supera los 500.000 parados, casi el 20% de la población activa”.

En lo que va de legislatura, la Generalitat ha promovido y abierto delegaciones en París, Berlín, Bruselas, Milán, Londres y Nueva York, que dependen de la Consejería de la Vicepresidencia, que controla el republicano Carod. “Estas delegaciones se han abierto porque el nuevo Estatuto permite y traslada competencias en materia exterior a Cataluña para promover su cultura y atraer inversión”, señalan a este diario fuentes de la Generalitat, que aseguran que se abrirán delegaciones en Argentina y México antes de finalizar este año.

A pesar de las cifras dedicadas a desarrollar la proyección internacional de Cataluña, la crisis económica ha provocado recortes en el presupuesto de este año para esta partida que gestiona Carod. Y, por ello, ha renunciado a tres de las ocho delegaciones en el exterior previstas al inicio de la legislatura. En realidad, las delegaciones en el exterior representan sólo el 0,03% de los recursos de la Generalitat. “Preveíamos crear ocho y hemos abierto cinco. Más reducción, imposible”, argumentó el vicepresidente catalán. El programa de cooperación exterior de la Generalitat para 2010 era de 65,5 millones de euros. Pero en ellos se incluyen las partidas para destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo. En 2003, cuando el tripartito llegó por primera vez a la Generalitat, las ayudas al desarrollo representaban el 0,24% de los ingresos propios, según fuentes de Vicepresidencia, mientras que en 2010 supondrán el 0,50%. El plan de actuación de la Generalitat vuelve a fijar como “países prioritarios de la ayuda catalana” a Marruecos, Palestina, el Sáhara Occidental, Mozambique, Senegal, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Colombia y Ecuador. Estos países recibirán el 70% de los recursos de la Generalitat.

Un ex becario dirige la oficina en EEUU
Los becarios tienen mala fama en Estados Unidos. Pero para la diplomacia catalana, eso no importa. La oposición catalana ha dirigido varias preguntas al Gobierno autonómico para conocer cuáles fueron los motivos de la contratación de Andrew Davis, un joven de 35 años, como delegado de la Generalitat en Estados Unidos. La responsable de Asuntos Exteriores, Roser Clavell, y el vicepresidente catalán, Carod-Rovira, contrataron a este ex estudiante como jefe de la diplomacia catalana en Nueva York. Antes de este cargo, Davis era un estudiante becado como investigador por el Institut Ramon Llull (IRL) en la London School of Economics (curiosamente, el presidente dl IRL es Josep Bargalló, dirigente de ERC, que fue consejero de Educación de la Generalitat y, tras la forzada dimisión de Carod bajo el mandato de Maragall por haberse entrevistado con miembros de ETA, pasó a ser conseller en cap, es decir, el número 2 del Gobierno catalán). La delegación de Cataluña en Nueva York está ubicada desde el 2008 en la planta 26 del número 1 de Rockefeller Plaza, en el emblemático edificio de General Ellectric, uno de los más caros de la ciudad, una de las zonas más exclusivas de Manhattan.

España sigue en marcha

La primera huelga general de la crisis ha tenido un seguimiento irregular y no ha logrado paralizar España. El sector más afectado ha sido la industria, donde el bloqueo ha sido significativo. Los transportes han registrado diferentes problemas, aunque el respeto de los servicios mínimos y el funcionamiento del Metro en Madrid han evitado una mayor repercusión del paro. Por último, los comercios y servicios han abierto con relativa normalidad. La polémica se centra en la acción de los piquetes y la Policía por algunos episodios de violencia y coacciones. Hay unos 60 detenidos y casi 30 heridos en enfrentamientos entre sindicalistas y fuerzas policiales.

De la reivindicación de la calle, a la ya clásica guerra de cifras. Mientras los sindicatos han hablado de que la huelga general ha tenido un seguimiento del 70% y que ha sido secundada por 10 millones de españoles, el Gobierno ha rebajado drásticamente estos datos. Todavía no ha hecho un balance global, pero el Ejecutivo ha afirmado que tan sólo el 7,48% de los funcionarios del turno de mañana ha dejado de acudir a su puesto de trabajo.

Las cifras:
– 70% de seguimiento, según los sindicatos.

– 7,48% de funcionarios en la huelga en el turno de mañana, según el Gobierno. Un 9,31% en el turno de noche. 12% de trabajadores de la administración local han hecho huelga.

– El consumo de electricidad cae un 14,1% en las 12 primeras horas. En la anterior huelga fue de 19,8%.

– Entre un 2% y un 4% de seguimiento en los supermercados.

– 20% de paro en el sector del transporte, según el Gobierno.

– 300 vuelos cancelados o retrasados en los aeropuertos, según Aena.

– 60 detenidos en España. De ellos, 38 en Madrid. 1.500 identificados por la policía en Madrid.

– 10% de paro en la construcción, según la patronal.

– Nula incidencia entre los autónomos, según la federación nacional de asociaciones.

– Telemadrid y Canal Sur dejan de emitir.

– Los mayores disturbios se han producido en Barcelona.

Uno de los datos objetivos que sirven para valorar la repercusión de la huelga en la industria y el comercio es el consumo de electricidad en España. En las horas de más actividad, el consumo caía un 14,1% y la demanda industrial un 25,6%. Este porcentaje es 5,7 puntos inferior al 19,8% de descenso de demanda durante las doce primeras horas del 20 de junio de 2002, la fecha de la anterior huelga general, según los datos aportados entonces y ahora por el Gobierno.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha comparecido a la 1.00 en La Moncloa para facilitar los primeros datos oficiales de la huelga. Según ha asegurado, el 9,31% de los funcionarios del turno de noche han hecho la huelga, porcentaje que ha descendido al 7,48% durante el turno de mañana.

En la Administración local, el paro ha tenido un seguimiento del 12%, según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que en el sector del transporte la huelga ha sido secundada por el 20%.

El ministro no ha querido echar leña al fuego e incluso ha alabado «la alta responsabilidad de los convocantes de la huelga» por respetar los servicios mínimos, que se han cumplido con normalidad.

El Gobierno ha puesto en marcha una web -www.mpr29S.es- para informar del seguimiento de la huelga general, con datos de todas las comunidades autónomas y de los distintos sectores productivos.

Balance de los sindicatos
Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han destacado que la jornada de huelga general está siendo un «éxito de participación incuestionable» y también un «éxito democrático» de los trabajadores españoles.
«Creo que serán pocos los que pongan en duda el alcance de la huelga, seguramente algunos tratarán de manchar esta movilización. Esta huelga, en su gestación y desarrollo, ha tenido menos incidentes que cualquier otra de las desarrolladas en España. Si acaso, la gente ha conseguido sobreponerse al piquete del miedo y a alguna actuación desproporcionada de la Policía», ha apuntado Toxo, en una rueda de prensa conjunta.

El dirigente de CCOO ha advertido, no obstante, de que los sindicatos no se conforman con un éxito de participación en la huelga, «que ya es más que evidente», porque lo que quieren es una rectificación de las políticas que la han provocado.

A este respecto, Cándido Méndez ha señalado que los trabajadores «han rechazado la resignación» y ha destacado la enorme presencia policial, que no se había producido en ninguna huelga anterior.

Los sindicatos han denunciado que se han producido numerosas y desproporcionadas cargas policiales y han mostrado casquillos de bala que, presuntamente, habrían disparado al aire agentes de la Polícia Nacional en el piquete de Construcciones Aeronáuticas (CASA), en Getafe, informa Begoña P. Ramírez. CCOO y UGT también han informado de que se han producido, al menos, 30 detenciones a integrantes de piquetes en Madrid y algunas más en otras comunidades.

Las zonas más conflictivas durante la madrugada han sido los mercados mayoristas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, donde los piquetes informativos han bloqueado las salidas y las entradas.

Los primeros piquetes en actuar han sido los encargados del servicio de recogida de basuras de Madrid, donde sólo han salido los camiones que se encargan de recoger residuos especiales (animales y restos químicos), las primeras informaciones indican que se han cumplido los servicios mínimos en este sector.

En los transportes urbanos, la situación ha sido de tensa calma durante la noche. En el Metro, los trabajadores del turno de la noche han ido a trabajar con normalidad. Por el momento, el metro de Madrid funciona al 75% en sus líneas, por encima de los servicios mínimos, mientras que los autobuses urbanos están «saliendo con cuentagotas» de las cocheras de la capital.

Los piquetes que «cubren» el servicio de autobuses de la EMT han empezado su acción informativa a las 4.30 de la mañana. En la reunión preparatoria de CCOO, los líderes sindicales han insistido en que se eviten los actos violentos como la clásica rotura de cristales. «Que no se diga que somos violentos», ha aseverado un delegado, mientras parte del aforo sonreía y aplaudía.

Los medios de comunicación también han sufrido los efectos del paro. La señal de Telemadrid ha dejado de emitirse desde las 00.00 de la noche, mientras que otras televisiones autonómicas como Canal Sur también han suspendido su programación habitual.

Quemas de contenedores
Los principales periódicos nacionales han puesto en la calle ediciones reducidas y la distribución de los ejemplares se ha realizado a pesar de la presencia de piquetes en las rotativas de los medios.

Las calles de Madrid, epicentro de esta huelga general, están siendo objeto de diferentes acciones por parte de los miembros de los sindicatos convocantes. Varios bares del centro han cerrado sus puertas antes de lo previsto y otros tanto han sido «atacados» con una lluvia de panfletos.

También se han producido quemas de contenedores y enfrentamientos entre piquetes y agentes de la Policía Nacional. El suceso más grave se ha producido en Coslada, frente a la rotativa que imprime ‘ABC’ o ‘ADN’, una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta de reparto. La mujer está ingresada con pronóstico reservado.

Otro incidente similar se ha producido en Mercabarna, donde otra sindicalista de CCOO ha sido atropellada por un camión al que impedía la entrada al recinto. Según fuentes sindicales, las heridas «no parecen graves», informa Europa Press. Además, otro piquete ha resultado herido en Ciudad Real.

FRACASO DE LA HUELGA GENERAL

Os facilitamos comunicado de prensa donde se recoge los datos de la incidencia de la huelga del día de hoy. Aprovechamos para agradecer vuestra colaboración en la recogida de esta información, que nos ha facilitado a lo largo del día por vía telemática y telefónica.

La incidencia de la huelga general entre las empresas asociadas a la Cecot es del 17.3%

La seguridad social tiene la clave para desvelar el seguimiento real de la huelga general. En cinco días las empresas deberán comunicar las «altas especiales» del seguimiento de huelga

Miércoles, 29 de septiembre de 2010. Fruto del dispositivo de seguimiento y apoyo a las empresas en esta jornada de huelga general, la Cecot confirma que en las 14 hd’avui la incidencia de la huelga ha sido sólo del 17.3% entre las empresas asociadas y ha afectado, principalmente en la construcción (30%) ya la industria (28.4%). La incidencia en el sector del transporte es del 7.4% y en el sector de servicios, sólo de un 4.4%.

Del 17.3% de empresas que han hecho huelga, un 26.5% han pactado con los sindicatos la recuperación de la jornada laboral, y un 74.4% descontarán a los huelguistas las horas de la jornada.

En este sentido, la Seguridad Social tiene la clave para conocer la incidencia real de la huelga general, ya que las empresas deben comunicar en máximo cinco días a partir de hoy, el total de trabajadores que han seguido la convocatoria y que, por tanto, pasan a «alta especial». Esto supone la suspensión de la obligación de cotizar a la seguridad social por parte de la empresa y del trabajador. Si se recuperan las horas, no existe «alta especial» y, por tanto, a todos los efectos no se puede considerar que el trabajador haya seguido la huelga.

El 23.1% de las empresas que han hecho huelga confirman haber recibido coacciones por parte de los piquetes. El resto de empresas confirman que la jornada está desarrollándose con normalidad. Y sólo un 18.1% denuncian sabotajes, básicamente de acceso a los centros de trabajo, como la silicona en las cerraduras.

En este punto, la Cecot cree que el seguimiento de la huelga general aunque hubiera sido mucho menor de lo que ya está siendo si no fuera por la coacción de los piquetes y los irrisorios servicios mínimos que han ido en detrimento del derecho a trabajar que han querido ejercer miles de trabajadores / as y autónomos y no han podido.

Con los datos recogidos hasta el momento, la Cecot considera que la jornada se ha desarrollado con normalidad, la mayoría de pymes, autónomos y microempresas están trabajando. En el sector del comercio el seguimiento depende de la influencia de piquetes informativos. Una vez los piquetes han pasado, la mayoría de comercios vuelven a abrir. La afectación entre los que venden producto fresco ha sido mayor por la acción de piquetes en Mercabarna.

Posicionamiento patronal
La Cecot se opone a la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO al considerar que no hay motivos suficientes como para detener el país en un momento donde el contexto económico es tan desfavorable y considera que no es el momento más oportuno para llevarla a cabo.

Desde la patronal se ha pedido al Gobierno, reiteradamente, la puesta en marcha de medidas destinadas a la creación de tejido empresarial y, por tanto, de empleo y de generación de riqueza. Ninguna de las medidas promovidas por el Gobierno en esta dirección. Es por ello que la llamada Reforma Laboral es insuficiente si lo que se trataba con ella era crear empleo. Para la Cecot, el texto aprobado por el Congreso, no tiene la calificación de Reforma ya que no toca los aspectos más estructurales del actual mercado de trabajo.

Así pues, se trata de una huelga política en la que los agentes sindicales se manifiestan contra unas medidas adoptadas por el Gobierno, de tipo político y legislativo que nada tienen que ver con la gestión del sector empresarial. En unos momentos donde la crisis está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleo y la dificultad de reactivar la actividad, la huelga general de hoy agrava aún más la pérdida de competitividad del país.

«En tipos de contratos y subvenciones ya se ha explorado casi todo»

Si uno busca en la hemeroteca de este periódico, la primera vez que apareció la expresión «contrato basura» o «empleo basura» fue a finales de 1993, cuando el Gobierno de Felipe González alumbró un tipo de acuerdo laboral «de aprendizaje» para menores de 25 años sin cobertura de paro, invalidez ni enfermedad común, y con una retribución que podía quedar en el 75% del salario mínimo interprofesional el primer año. En números: 39.000 pelas de la época. Era una de las medidas de la reforma laboral del 94. Ya en 1988, con tasas de desempleo de jóvenes que no bajaban del 30%, se lanzó un Plan de Empleo Juvenil que se saldó con una huelga general. La reforma del 84 también impulsó la contratación temporal y en prácticas.

La tasa de paro global aquel año en que se bautizó al «contrato basura» era del 22% y al siguiente, en el segundo trimestre del 94, escaló al 24%. La de los menores de 29 años, prácticamente, se duplicaba. Las reformas y acuerdos laborales destinados a impulsar el empleo de los jóvenes han gravitado mayoritariamente sobre la creación de contratos ad hoc, temporales y más precarios, e incentivos económicos. Se trataba de hacer más atractivo al aspirante a un trabajo sin experiencia, meterle en el mercado y que su situación se consolidase con el tiempo.

«El contrato temporal se hizo de buena fe, pensando en que estas personas se harían luego fijas, y se creó mucho empleo, pero en lugar de un mecanismo de entrada al mercado laboral se ha convertido en uno de salida», lamenta Jesús Caldera, que fue ministro de Trabajo entre 2004 y 2008. «Cuando yo era ministro, el paro bajaba y no entendía por qué no bajaba el gasto en prestaciones de paro, y era por esa rotación precisamente», explica el vicepresidente de la Fundación Ideas. «Hay un problema de fondo que no son las instituciones laborales, sino el modelo productivo», insiste.

Temporalidad y paro siguen sobre la mesa. Los políticos y expertos consultados para este reportaje coinciden en que una normativa laboral genera un escenario más propicio para la creación de empleo, pero su efecto es limitado para solucionar las dolencias estructurales.

Las políticas, coinciden, deben poner el acento en la formación, adecuarla a las necesidades del mercado de trabajo. Guerra al abandono escolar temprano. Impulso a los emprendedores. La apuesta por sectores de alto valor añadido. El adiós a la dependencia del ladrillo y de servicios poco cualificados, esos que crean (pero también destruyen) empleo a mansalva con las oscilaciones económicas. Que miles de decisiones empresariales particulares den el giro hacia un nuevo tejido productivo. Ese nuevo modelo económico que se repite como un mantra, como una oración en los últimos años. «Que los jóvenes de ahora creen que las empresas no se han sabido crear antes», dice Carles Campuzano, de CiU, que pide un marco laboral más flexible para las microempresas.

Los jóvenes tienen más problemas de paro que los adultos en todos los países europeos. El pero, en España, tiene que ver con la intensidad del problema: la brecha entre los menores de 25 años y el paro total no es de un 7,5% a un 10,4%, como en Alemania; o del 9,5% al 23,3%, como en Francia; sino del 18% al 37,8%, según los datos de Eurostat de 2009. El problema es el paro en general.

Pero cuando la economía estornuda, el trabajo de los jóvenes en España coge un buen resfriado, y cuando la economía coge una gripe muy seria, los jóvenes asoman a esa «generación perdida» contra la que alertaba hace unos días Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Las políticas de empleo sirven para parar el golpe, pero no solucionan todo el problema de los despidos cuando hay crisis. Aspiran a alterar la distribución del empleo y es la recuperación del ciclo económico la que lo crea. No se puede esperar mucho más de las políticas de empleo, para eso está la política económica general», reflexiona Valeriano Gómez, investigador de la Fundación Ortega y Gasset y ex secretario general de Empleo.

Grosso modo, para los jóvenes la actual reforma laboral establece bonificaciones para las empresas que contraten a jóvenes, ayuda a la contratación indefinida y amplía la edad tope de los contratos de formación (el de los que carecen de cualquier título) de 21 a 24 años y el de prácticas de cuatro a cinco años después de haber logrado una titulación. Además, pone mayor énfasis que antes en que este tipo de empleo vaya acompañado de una formación para el empleado que debe acreditarse. «El hecho de que se hayan concentrado las bonificaciones en ellos, y que se hayan alicatado mejor los elementos del contrato hace pensar que este plan tiene que funcionar mejor que lo que ha habido antes», confía una fuente del Ministerio de Trabajo, aunque admite que «los efectos positivos de esto se notarán con la recuperación del ciclo económico y gracias a otras políticas más transversales».

«En el empleo joven vía subvenciones o modalidad de contrato ya se ha explorado casi todo, no soluciona el problema de fondo, esto solo puede conseguirse por la vía de la actividad, incentivando el número de emprendedores», reflexiona Manuel Pimentel, empresario y ministro de Trabajo con el PP, entre 1999 y 2000.

El fomento de los emprendedores y la falta de adaptación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo no cae de los labios de los políticos. El Gobierno ha incluido ayudas a la emprendeduría en su Ley de Economía Sostenible que reduce los plazos y facilita la financiación a través del ICO (Instituto de Crédito Público). También planea reformar la Formación Profesional. «Tenemos un plan que mejorará y adaptará los títulos, con 78 millones de euros de presupuesto. Hemos pedido que las comunidades pongan 78 millones más. Hay que buscar los yacimientos de empleo: el sector biotecnológico o las energías renovables… los sectores de valor añadido», explica Miguel Soler, director general de Formación Profesional.

Para el PP, la reforma del Gobierno no solventará el problema. «Las reformas laborales son un instrumento, pero lo fundamental es una política económica coherente. Las bonificaciones tienen un efecto neutro: ayudan pero si un empresario tiene que contratar a alguien, lo hará y si no lo ve claro, no», opina José Ignacio Echániz, portavoz de empleo popular.

En general, los incentivos económicos «ayudan, pero cualquier bonificación prima la contratación de un colectivo a costa de otro que resulta menos atractivo económicamente. Lo que hace falta es creación de empleo en sí misma», opina Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Las bonificaciones aparecen en la mayor parte de los planes de empleo de los partidos, que también incluyen otros contratos a medida. El PP habla de un «contrato de primer empleo joven» con bonificaciones, el PNV habla de un nuevo contrato de inserción también subvencionado y CiU apuesta por la mejora y revisión de los contratos en formación y en prácticas. Desde el PNV, Emilio Olabarria aboga por el «autoempleo» y contratos juveniles «más flexibles». También pide una reserva del 25% del empleo público para los jóvenes, entre otras medidas.

Izquierda Unida se desmarca. «Hay que reducir los tipos de contratos y fomentar el empleo mediante inversión pública. Los contratos de prácticas no funcionan, el empresario prefiere coger becarios», apunta José García Rubio.

Las hipotecas bajan por tercer mes consecutivo

Los créditos moderan su ritmo de caída al 6,8% y su importe medio aumenta un 6%.

La concesión de hipotecas no repunta, aunque modera su ritmo de caída. El número de créditos firmados para comprar vivienda descendieron en julio por tercer mes consecutivo con un recorte del 6,8% frente al mismo mes de 2009 con 55.570 operaciones, según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Por el lado negativo, el retroceso cobra relevancia si se tiene en cuenta que se compara con un periodo -julio de 2009- en el que las hipotecas ya caían a un ritmo del 19%. Por el positivo, logra frenar su caída desde la tasa interanual del 10,8% registrada en junio.

También destaca que las viviendas hipotecadas aumentaron un 0,8% en julio en tasa intermensual ya que en junio cayeron un 1,1%. Este avance coincide con el repunte en el número de compraventa de viviendas de julio pese a la entrada en vigor del nuevo IVA, que ha aumentado un punto del 7% al 8% en el caso de las casas nuevas.

En paralelo a la recuperación de la demanda de los últimos meses, los precios han registrado durante el segundo trimestre del año su primer ascenso desde que empezó la crisis a finales de 2007. Aunque este ascenso fue intertrimestral -del 1,6%-, se deja notar en las hipotecas, que aumentan de media un 6% hasta los 122.238 euros. Por el contrario, el total de capital prestado por las entidades baja un 1,3% interanual hasta los 6.792,7 millones de euros.