Eroski lanza un servicio de sacar de dinero en efectivo en sus supermercados

Eroski ha entrado en el negocio financiero con el lanzamiento de un nuevo servicio que permitirá a los titulares de la tarjeta Eroski Red Visa disponer de dinero en efectivo de forma inmediata en las cajas de toda su red de hipermercados y supermercados, anunció el grupo en un comunicado.

Se trata de una de las primeras empresas de distribución que ofrece esta posibilidad, una iniciativa que se inscribe en la política de aportar nuevos servicios a los clientes.

Según destacó la compañía, esta operación tiene una comisión más baja que la de los cajeros automáticos –un 2% de la extracción del importe solicitado–, con un mínimo de 1,20 euros, aunque con el objetivo de facilitar a los titulares que prueben y conozcan el servicio, hasta el 31 de octubre no cobrará ninguna comisión.

Eroski afirmó que el sistema es «muy sencillo y extremadamente cómodo», ya que para disponer del efectivo sólo es necesario presentar la tarjeta y el DNI del titular en cualquiera de las cajas e inmediatamente el dinero solicitado será entregado en mano por un trabajador de la empresa.

La tarjeta Eroski Red Visa tiene dos límites, uno interno de compras en los supermercados e hipermercados del grupo y otro externo para compras fuera de Eroski. Así, el servicio de extracción de dinero en caja va contra el límite externo, por lo que el cliente puede disponer como máximo del importe que tenga como límite externo adjudicado a su cuenta.

En este sentido, el importe máximo de extracción diaria es de 300 euros y la retirada en efectivo se refleja a los clientes con el extracto habitual de la tarjeta.

La tarjeta Eroski Red Visa es gratis, válida en millones de establecimientos y cajeros automáticos en todo el mundo y ofrece promociones y descuentos exclusivos, con «permanentes facilidades de pago», según subrayó la compañía.

El grupo Eroski dispone de una red comercial integrada por 2.367 establecimientos entre hipermercados, supermercados, gasolineras, oficinas de viajes, tiendas de deporte, perfumerías y tiendas de ocio y cultura.

España podría afrontar una crisis como la de Argentina en 2001

España podría afrontar una crisis como la que afectó a Argentina en 2001 por su incapacidad para crear empleo y para reducir con eficacia su déficit público, lo que le convierte eventualmente en presa fácil para los especuladores del mercado.

Así lo advierte el economista Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial (BM) y premio Nobel de Economía, en una revisión de su libro «Freefall» (Caída libre), de la que publica hoy un extracto el rotativo británico «The Sunday Telegraph».

«España podría estar entrando en el mismo tipo de espiral mortal que afectó a Argentina hace sólo una década», escribe Stiglitz, que considera que España es víctima de «las reglas del juego», que le obligan a recortar su gasto, lo que «casi con total seguridad conducirá a un incremento aún mayor del desempleo».

En este contexto «la economía española se ralentizará, pero la mejora de su posición fiscal será mínima», predice el economista estadounidense, que explica que «con menor crecimiento, los ingresos por vía impositiva caerán, el gasto social -como el subsidio de paro- se incrementará y los déficit seguirán siendo altos».

Al igual que en el caso de Grecia, Stiglitz cree que los especuladores todavía no han abandonado la presa, convencidos de que la debilidad de la economía española -cuya solvencia fue rebajada esta semana por Moody´s de «AAA» a «Aa1»- juega en su favor.

«En estos momentos, España no ha sido atacada por los especuladores, pero puede que sea sólo una cuestión de tiempo», afirma el ex asesor del presidente estadounidense Bill Clinton.

Según Stiglitz, los ataques de los mercados financieros contra Grecia demostraron que los déficit no pueden ser ignorados, ya que pueden causar incrementos en los tipos de interés, lo que a la larga empeorará previsiblemente los problemas fiscales de los Estados.

«Las respuestas ingenuas -recortar el gasto y/o subir los impuestos- sólo empeorarán las cosas, como ha quedado dramáticamente de manifiesto con la respuesta del mercado al recorte español», escribe el hoy profesor de la Universidad de Columbia (EEUU).

Stiglitz considera que la raíz del problema para países como España o Grecia es que no pueden utilizar su divisa como un elemento de reajuste de sus economías, ya que el euro tiene un cambio fijo.

«Si a Grecia y España se les hubiera permitido devaluar su divisa, sus economías se habrían reforzado gracias a las exportaciones», afirma el economista, que vuelve a recordar el caso argentino: «sólo cuando Argentina rompió la paridad de su moneda con el dólar fue cuando pudo comenzar a crecer y a reducir su déficit».

Sobre el futuro de la moneda única europea, Stiglitz prevé un panorama «sombrío» y advierte de que el euro podría no sobrevivir si vuelve a haber una tormenta financiera como la de 2008.

Además, se muestra crítico con los Gobiernos europeos, por considerar que están aplicando reducciones del gasto público muy drásticos y muy precipitados en el tiempo, lo que, en su opinión, puede resultar en que las economías vuelvan a caer en la recesión.

«A consecuencia de que tantos países recorten el gasto de manera prematura, la demanda agregada global se reducirá y el crecimiento se ralentizará, incluso quizás derivando en una recaída en la recesión», escribe Stiglitz.

«EEUU puede haber causado la recesión global, pero Europa es ahora la responsable», argumenta el economista.

Stiglitz propone finalmente una solución: la salida de Alemania de la eurozona o la división de la eurozona en dos sub-regiones, la de las economías sólidas y la de las economía frágiles.

«El euro ha sido un experimento interesante, pero como el casi olvidado Sistema Monetario Europeo (SEM) que lo precedió, y que se derrumbó cuando los especuladores atacaron la libra esterlina en 1992, carece del apoyo institucional necesario para que funcione».

La Generalidad despedirá a 30 médicos si no acreditan el nivel C de catalán

La imposición lingüística amenaza con lastrar el funcionamiento de la Sanidad en Cataluña. De hecho, un grupo de 30 médicos ha recibido una carta en la que se les amenaza con el despido si no acreditan ya el nivel C de catalán. Para el Ejecutivo autonómico, a ideología prima más que la salud de sus ciudadanos.

Según informa El Mundo este lunes, un grupo de unos treinta médicos se han llevado una desagradable sorpresa tras haber recibido una carta del Sistema de Emergencias de Cataluña en la que se les amenaza con ser despedidos si no acreditan ya el nivel C de catalán.

En este sentido, se les ha instado a aportar los documentos que demuestren que han alcanzado el nivel que exigen para poder ser profesionales de la Administración. Si no lo acreditan pueden ver rescindido su contrato.

En su página web, en el apartado de Bolsa de Trabajo aparece que para poder optar a un puesto de médico asistencial (también para enfermeros o técnicos administrativos) se tiene que acreditar «estar en posesión de la Certificación de nivel C de catalán o superior, o superación de la prueba de suficiencia lingüística o compromiso escrito de obtener la Certificación C o superior antes de tres años». Además, especifica que «la no obtención del nivel mencionado en este periodo es cláusula resolutoria del contrato».

Ante esto, el sindicato Metges de Catalunya, ha optado no por luchar contra esta imposición lingüística que repercute en la calidad de la sanidad sino que se ha comprometido en buscar una solución que se traduce en la ampliación de los plazos para que estos médicos acrediten que hablan catalán.

La inmigración rompe medio siglo

La llegada de población extranjera en los últimos quince años ha logrado romper la preocupante despoblación que las zonas rurales españolas han sufrido durante medio siglo.

El campo español estaba muriendo de soledad, de puro abandono. La población rural española fue creciendo sin pausa durante toda la primera mitad del siglo XX. Desde la década de los 50, en cambio, el éxodo a la ciudad fue vaciando los pueblos. El paso de la alpargata al 600, la localización en la ciudad de los sectores que ofrecían unos ingresos más elevados, el progresivo declive del empleo en la agricultura, el evidente atraso en servicios y oportunidades fuera de la ciudad… estaban desangrando de gentes el campo.

La inmigración ha venido a revolucionar también la España rural del siglo XXI. La llegada masiva de extranjeros en los últimos quince años ha roto con el ahogamiento demográfico que padecían los municipios rurales (con menos de 10.000 habitantes). La década entre 1991 y 2001 se cerraba con el primer incremento de población rural en medio siglo, con un leve crecimiento del 0,4%. Y la primera década del nuevo siglo, en vísperas ya de terminar, ha consolidado, e incluso, disparado el fenómeno, según revela un reciente estudio elaborado por profesores de la Universidad de Zaragoza.

La nueva población inmigrante se ha concentrado mayoritariamente en las grandes ciudades, singularmente en sus periferias, por razones económicas: la ciudad sigue siendo fuente principal de empleo. Pero no sólo. «Entre los años 2000 y 2008 se ha producido la gran eclosión de la inmigración en España y la presencia de inmigrantes también ha crecido de una forma espectacular en la España rural», subraya el informe. De hecho, del 1,8% que representaban en 2000 los inmigrantes en la población rural total se ha pasado al 9,3% en 2008. Aproximadamente dos terceras partes del incremento de la población en los municipios españoles de menor tamaño se debe al crecimiento neto de la cifra de extranjeros recibidos.

22 provincias despobladas
El informe de los docentes de la Universidad de Zaragoza, publicado por el Real Instituto Elcano, disecciona el comportamiento demográfico de las 22 provincias españolas que entre 1991 y 2008 acumularon descensos en su población rural. En todas ellas, el peso de los inmigrantes en relación al conjunto de la población está muy por debajo de la media de la España rural (del 5,8%, frente al 9% del conjunto de los municipios rurales españoles), aunque ha crecido sustancialmente (sólo representaba el 1,3% en 1991 y 1,8% en 2000).

Gracias a la inmigración, nueve de esas 22 provincias (Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huesca, Jaén, Salamanca, Teruel y Zaragoza) han conseguido desde el año 2000 revertir la tendencia y han elevado su población rural. Mientras que los pequeños municipios de este grupo de provincias perdieron un 0,5% de sus habitantes en la década de los 90, en los últimos años han podido incrementar su población un 0,4%. Los autores del estudio han elaborado una simulación de la evolución demográfica si no hubiesen recalado extranjeros en estos lugares: sin inmigración la población rural no sólo no habría crecido, sino que habría menguado otro 0,4% desde 2000 en estas provincias.

Otras 13 provincias, en cambio, han mantenido tasas negativas en la última década (Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, A Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Soria y Zamora). Este segundo grupo de territorios perdieron un 0,6% de su población rural. Sin inmigración, este descenso se habría agravado hasta el 0,9%. Los extranjeros también han mejorado su demografía. Pero no lo suficiente.

«La inmigración ha tenido un carácter crucial para frenar la despoblación en la España rural. En su ausencia, la pérdida de población en estas provincias, las que se enfrentan a mayores problemas de este tipo, habría sido todavía mayor y muy similar a la de la última década del siglo XX», sentencian los autores. De hecho, la inmigración es directamente responsable del 83% del cambio demográfico en las 22 provincias analizadas en el estudio (y en algunos territorios su contribución supera el 90%).

El campo llama (sólo) al inmigrante
El empleo sigue concentrándose en la ciudad. Los inmigrantes eligen muy mayoritariamente las urbes y alrededores como lugar de destino. Sin embargo, los recién llegados también han encontrado en el campo español atractivos suficientes. La emigración a la ciudad del siglo pasado ha provocado que el medio rural padezca una estructura demográfica profundamente envejecida, lo que la hace incapaz de reemplazar por sí misma a la población local que se retira de la actividad laboral.

Sin mano de obra autóctona suficiente se genera una demanda (insatisfecha) de empleo para actividades muy intensivas en trabajo como la hortofruticultura, el turismo, la construcción…, y también para labores como la ayuda doméstica y el cuidado de ancianos. Además, incluso con unos ingresos menores a los que ofrece (u ofrecía) la ciudad, el inmigrante encuentra rentas más altas en los municipios rurales españoles que en sus países de origen.

Pese a la crisis, los españoles no han vuelto al campo. Con los datos de desempleo desbocados desde hace dos años, el reparto de los trabajos no ha variado sustancialmente. Los españoles parece que han renunciado para siempre a los trabajos más duros y peor remunerados (entre ellos, las labores agrícolas) y han dejado paso al inmigrante.

«Los datos prueban que la crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por extranjeros. En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros. No está habiendo sustitución», explica Miguel Pajares, profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y autor del informe Inmigración y mercado de trabajo. Los inmigrantes concentraban el 33% del trabajo no cualificado antes de la crisis, y hoy copan el 36%. Según los expertos, la vuelta de los trabajadores españoles a la agricultura no pasa de la anécdota, y en todo caso, se circunscribe a labores temporales (vendimia, recogida de cosechas de temporada…). No hay regreso masivo de los nativos a las labores agrícolas.

Problemas del pueblo vacío
La despoblación es el peor de los problemas del campo español. Todo son desventajas. La escasez de población en el medio rural hace que las pocas empresas allí instaladas pierdan sus ventajas competitivas frente a las zonas urbanas con alta densidad empresarial; la disminución de los habitantes provoca una depreciación del valor de los activos al ahondarse su carácter periférico; y el abandono de un territorio genera un desgaste (por desuso) de las infraestructuras y otros activos para cuya recuperación harían falta inversiones muy elevadas. La inmigración puede llegar a paliar (lo está haciendo ya de facto) los efectos de todos estos problemas.

«La revitalización demográfica de la España despoblada pasa necesariamente por un flujo migratorio sostenido en los próximos decenios, el cual sólo puede garantizar su suficiencia en la medida que esté integrado por personas provenientes del exterior», concluyen los profesores de la Universidad de Zaragoza. «El futuro demográfico de las zonas rurales más despobladas depende crucialmente de la inmigración».

¿Prolongar la vida laboral? El 72% de los pensionistas cotiza más de 35 años

El debate sobre la prolongación de la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67 años, no ha hecho más que comenzar. Y tal vez por eso, la Seguridad Social incluye en su último Informe Económico-Financiero algunos datos desconocidos hasta ahora. Al menos de forma oficial.

Según ese documento que acompaña a los Presupuestos para el 2011 del sistema público de pensiones, nada menos que el 71,54% de los jubilados por el Régimen General -el más común- cobra su pensión después de haber cotizado durante 35 o más años. Como se sabe, 35 años es el número de años exigido para cobrar el 100% de la base reguladora, pero todos aquellos que hayan cotizado más años no perciben ningún beneficio adicional.

La cifra es extremadamente elevada si se compara con el régimen de autónomos, donde sólo el 34,46% de los trabajadores por cuenta propia se jubila después de haber cotizado durante 35 años. En el caso del régimen de empleadas del hogar -escasamente representativo- el porcentaje baja hasta el 5,4%; mientras que, por el contrario, en el régimen de los trabajadores de la minería se dispara el 92,2%.

Incluyendo todos los regímenes, el 60%, de las pensiones de vigor se han reconocido con 35 o más años cotizados, lo que les da acceso a cobrar el 100% de la base reguladora, y entre las altas de 2009 el peso relativo es aún mayor, el 64,5%, lo que significa que al menos en estos momentos existen carreras laborales más largas, lo que alivia la tesorería de la Seguridad Social.

El dato del Ministerio de Trabajo es relevante porque se produce en unos momentos en que desde muchos sectores –también desde el propio Gobierno- se reclama prolongar la edad de jubilación dos años de forma escalonada. Y lo que dicen las estadísticas es que la contributividad del sistema (la relación entre lo que se cobra y lo que se percibe en el momento de la jubilación) es extraordinariamente elevada. Hasta el punto de que sólo el 7,2% de los pensionistas ha cotizado el periodo mínimo necesario (15 años), y entre las nuevas altas de 2009, sólo el 2,3%.

Pese a este aumento de la contributividad del sistema (que se manifiesta al comparar las pensiones antiguas con las nuevas), lo cierto es que la Seguridad Social tiene un ‘agujero’ que está muy lejos de cerrarse. Un ‘agujero’ que nace de la política del Gobierno, que endosa a la Seguridad Social prestaciones que deberían financiarse con impuestos, tal y como establece el Pacto de Toledo. En particular en lo relacionado con los complementos de mínimos, que son aquellas cantidades que debe poner el Estado para poder financiar la cuantía mínima de las pensiones fijada por acuerdo del Consejo de Ministros.

Existe un acuerdo para que el Estado -y no la Seguridad Social- asuma totalmente el pago de los complementos de mínimos en 2013, pero lo que dicen las cifras oficiales es que en 2010 apenas se rozará el 39%. O lo que es lo mismo, los complementos de mínimos cuestan en estos momentos 6.972 millones de euros, pero el Gobierno sólo pone 2.706 millones. Un castizo diría que Moncloa tira con pólvora ajena cada vez que el presidente anuncia que las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación.

El Pacto de Toledo se incumple
Esto significa que el Gobierno incumplirá un compromiso adquirido al firmar la renovación del Pacto de Toledo. Pero no sólo eso. En 2011, incluso, rebajará su contribución a la Seguridad Social. De los 300 millones de euros con que venía contribuyendo desde el año 2001, pasará a 100 millones, lo que supone un evidente incumplimiento del pacto de las pensiones.

Como reconoce la propia Seguridad Social en su informe, “como consecuencia de las revalorizaciones de las pensiones mínimas en los últimos años, el gasto en complemento al mínimo ha pasado de representar el 6,01% del gasto total en pensiones en 2004 al 7,28% en agosto de 2010. De hecho, los pensionistas con complementos a mínimos, representa el 27,7% del total”. La mayoría de ellos con residencia en Extremadura y Andalucía, como recoge esta información.

Esto quiere decir que pese al aumento de la contributividad del sistema, la política del Gobierno provoca que cada vez haya más pensionistas que perciben una cantidad para complementar su pensión. El Pacto de Toledo recomienda la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de forma que las cotizaciones vayan a pagar las prestaciones contributivas.

Las pensiones mínimas se establecen anualmente y tienen como objeto garantizar un nivel de subsistencia a todas los pensionistas. Cuando la cuantía de la pensión reconocida no llega a la cifra fijada se paga un complemento hasta ese importe.

Los complementos a mínimos no son consolidables y son incompatibles con la percepción por el pensionista de ingresos de trabajo, de capital, o de cualquier otra fuente, cuando la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, excede de una determinada cuantía. Este tope máximo de ingresos se fija anualmente, y en 2011 se prevé sea de 6.923,90 euros al año para los pensionistas que no tengan cónyuge a cargo.

Más impuestos a la vista

Más subidas de impuestos a la vista. Hacienda prevé revisar el valor catastral de 4,2 millones de viviendas durante el año 2011, lo que podría acarrear un notable incremento en la carga fiscal que soportan las familias. No en vano, la notificación que hace el Ministerio es tomada como referencia por los ayuntamientos para elaborar tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que constituye la base imponible. No hay duda de que el valor de los inmuebles examinados subirá, ya que entre revisión y revisión puede pasar más de una década.

Según consta en el programa Gestión del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Economía y Hacienda, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, uno de los objetivos para el ejercicio será “determinar el valor catastral (…) y su notificación en el año 2011, que en este caso corresponden a 4.200.000 inmuebles urbanos”. Eso sí, la última palabra es de los ayuntamientos, que son los que finalmente deciden cómo repercuten unas subidas que pueden escalonar hasta en diez años. La crisis obliga a los alcaldes a un ejercicio de sensibilidad en una balanza en la que también pesa que que la recaudación por IBI se ha convertido en el ancla de las finanzas locales.

De acuerdo con un reciente informe del Consejo Económico y Social (CES), la recaudación por IBI de los municipios habría subido un 22,8% en los tres últimos años, hasta alcanzar los 9.889 millones el año pasado. Una cifra que supone el 17% de los ingresos municipales totales y a la que se llega gracias a la revisión de los valores catastrales. Buena parte de lo que suceda en 2011 está en manos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Y es que según explica el programa, “entre los municipios objeto de revisión se encuentra Castellón, Oviedo, Terrasa y, sobre todo, Madrid capital, con 2.148.894 inmuebles”. Toda una patata caliente para un ayuntamiento cuya deuda superaba en el primer trimestre de 2010 los 7.300 millones de euros.

El citado informe del CES, adelantado por La Vanguardia, revela que en 2007 el 54% de los ingresos propios de los ayuntamientos “estaba ligado a la actividad inmobiliaria”. La debacle del sector habría provocado en el último trienio una caída del 36,8% en los ingresos procedentes de la venta de terrenos que los ayuntamientos se adjudican por la cesión obligada de suelo que hacen los promotores y del 12,4% del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. La crisis ha supuesto “la desaparición de las bases fiscales asociadas a la burbuja inmobiliaria que se habían convertido en un componente esencial de la financiación de los ayuntamientos”, concluye el documento.

Municipios ‘sensibles’ a la crisis
Pese a la voracidad de algunos ayuntamientos, las cifras prueban que otros más sensibles han decidido directamente “no llevar a cabo la revisión”. Hacienda había previsto formular 4,3 millones de notificaciones de valores catastrales en 2009, y sólo pudo llevar a cabo 1,9 millones. Para 2010 había previsto revisar el valor de 1,31 millones de inmuebles y finalmente sólo espera actuar sobre 800.000. Pese a esta evolución, la Dirección General del Catastro se plantea un objetivo ambicioso para 2011. Lejos queda el año 2008, en el que se rebasaron las 3,25 millones de notificaciones presupuestadas. Es más, se superaron los cuatro millones.

También se reducen drásticamente por la crisis la tramitación de altas y los cambios en los datos de las fincas. Hacienda preveía acometer 1,36 millones en 2010 y se quedarán en 1,05. Para 2011, sólo contempla 1,1 millones. “Esta disminución se debe a la caída del sector inmobiliario, con la paralización de nuevas construcciones y la consiguiente repercusión en la tramitación de altas en la base de datos del Catastro”, explica el Ministerio. En el Catastro figuran actualmente 33,4 millones de inmuebles urbanos y 40,6 millones de inmuebles rústicos, para un total de 21 millones de titulares. El valor catastral total supera los 1,45 billones de euros.

Hacienda recuerda en su descripción de objetivos que no es el IBI el único impuesto que toma como base el precio de mercado o el valor catastral de los inmuebles. “En el sistema tributario español existen diferentes figuras tributarias -Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los impuestos locales sobre Bienes Inmuebles y sobre Incremento del Valor de los Terrenos- cuyo hecho imponible está constituido en todo o en parte por la propiedad, la circulación o la renta generada por los bienes inmuebles”, expone, lo que justificar una un banco de datos “permanente actualizado” para no desvirtuar los efectos fiscales de esos gravámenes.

El contrato ‘estrella’ del Gobierno sólo supone un 10% de los fijos

El desempleo ha vuelto a superar los cuatro millones de parados, tras aumentar en septiembre en 48.102 personas, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los datos muestran que el contrato ‘estrella’ del Gobierno (que ofrece una indemnización por despido de 33 días), sólo ha supuesto un 10% de los 70.096 contratos indefinidos firmados en septiembre.

El Gobierno presentó el contrato de fomento del empleo en su reforma laboral como una manera de acabar con los contratos temporales.

Sin embargo, la realidad muestra que la tendencia sigue siendo hacia los contratos temporales. Del total de 1.390.283 contratos que se hicieron en septiembre, sólo el 8,78%, apenas 122.090, son indefinidos.

Además, pese a la reforma laboral, la creación de contratos de fomento del empleo ha caído un 3,99% respecto al mes de septiembre de 2009.

Los sindicatos ya han advertido que la reforma laboral se ha demostrado «ineficaz» en la lucha contra el desempleo. Según el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, «el contrato de 33 días tiene un escaso recorrido» en cuanto a su utilización y las medidas adoptadas por la reforma laboral no dan respuesta a los problemas de temporalidad injustificada y excesiva que sigue manteniendo el mercado laboral español».

Dos subidas consecutivas
Con la de septiembre, ya son dos las subidas consecutivas del desempleo este año, tras los malos datos del pasado mes. Agosto rompió con cuatro meses seguidos de bajada.

La subida, que sitúa el paro total en 4.017.763, supone 80.367 desempleados más respecto al mes anterior. El aumento de septiembre, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de los contratos estivales, es, sin embargo, inferior al registrado en igual mes de 2009, cuando el desempleo subió en 80.367 personas.

El paro superó los cuatro millones de personas en abril del año pasado por primera vez en la historia. Después de que este año lograra recuperarse y bajar de esa barrera psicológica, en mayo volvió a escalar hasta superar esa cifra.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, reconoció que este aumento de personas en paro «no es un buen dato», aunque subrayó que la economía española empieza a mostrar síntomas de mejora que todavían no se han traducido en una recuperación del empleo, pues se precisa «un periodo más prolongado de crecimiento sostenido».

Sube en 13 comunidades
En septiembre, el paro bajó en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha (-5.814 desempleados), Canarias (-1.403 parados), Aragón (-809 parados) y La Rioja (-356 desempleados), y subió en el resto, con Andalucía y Comunidad Valenciana a la cabeza, con 20.635 y 5.505 parados más, respectivamente.

En Cataluña se registraron 1.374 desempleados más en septiembre. También en Castilla y León se registró un avance del desempleo.

Por provincias, el paro bajó en 11 de ellas, lideradas por Ciudad Real (-3.010 desempleados), Barcelona (-2.171) y Las Palmas (-1.898), y se incrementó en 41, encabezadas por Cádiz (+7.024 parados) y Málaga (+5.585).

Baja el paro en construcción e industria
Por sectores económicos, el desempleo bajó en tres sectores económicos: en la construcción descendió en 9.738 personas (-1,3%), en la industria se redujo en 4.299 personas (-0,9%), y en la agricultura cayó en 3.552 personas (-2,9%).

Por el contrario, se registraron incrementos del paro en los servicios, con 53.585 parados más (+2,3%) y en el colectivo con empleo anterior, donde el desempleo aumentó en 12.106 parados (+3,5%).

Más mujeres desempleadas
En términos mensuales, el paro femenino se incrementó en 33.512 mujeres, un 1,6% respecto a agosto, mientras que el masculino subió la mitad, con 14.590 desempleados más (+0,7%).

Así, al finalizar septiembre, el número de hombres en paro sumaba 1.984.933, mientras que el de mujeres desempleadas era de 2.032.830.

La Caixa también se ‘alía’ con la SPA para alquilar sus pisos

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda, continúa sumando ‘aliados’ -entidades financieras- en su afán por fomentar el arrendamiento de pisos. El organismo incluirá en su oferta de viviendas un parque de 2.400 inmuebles distribuidos por todas la Comunidades Autónomas propiedad de Servihabitat, la compañía de Servicios Inmobiliarios del Grupo La Caixa.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el director general de La Caixa, Juan María Nin, han presidido la firma de este convenio suscrito por la presidenta de la SPA, Nieves Huertas y el presidente ejecutivo de Servihabitat, Julián Cabanillas.

En virtud del acuerdo, la SPA incluirá en su oferta de inmuebles (publicada en www.spalquiler.com) un parque inicial de 250 inmuebles al que se irán añadiendo en los próximos meses el resto de activos que vaya aportando La Caixa hasta alcanzar las de 2.400.
Estas primeras 250 viviendas son de nueva construcción y cumplen con los requisitos de calidad, confort y ubicación exigidos por la Sociedad, que ya acordado con Servihabitat la renta de cada una de ellas, que ronda los 380 euros de media. Los inmuebles estarán disponibles para todos los ciudadanos interesados en el programa de alquiler de la SPA, incluidos los colectivos a los que presta especial atención, como la comunidad universitaria.

El acuerdo con La Caixa se enmarca en el convenio-marco de colaboración sellado entre la Sociedad Pública de Alquiler y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para dinamizar el mercado de alquiler mediante la inclusión de parte de los activos inmobiliarios de las cajas en el parque de oferta de alquiler de la agencia estatal. Se suma así al acuerdo suscrito hace un mes con Bancaja.

Asimismo, la SPA mantiene una línea de colaboración público-privada con promotores, que ya le han ofrecido casi 31.000 inmuebles del ‘stock’ para que gestione su arrendamiento [Los pisos SPA de los promotores]; y con la banca privada, línea por la que está comercializando 600 inmuebles de Altamira Santander Real Estate, del Grupo Santander.

Huertas ha destacado que «la firma de todos estos acuerdos vienen a confirmar que no sólo los propietarios particulares apuestan por la gestión de alquiler de SPA sino que los mayores operadores del sector valoran muy positivamente la actuación de nuestra Sociedad como operador que centraliza, aglutina y da respuesta integradora a ese parque de viviendas disperso por todo el territorio nacional que tienen las entidades financieras».

De este modo, la presidenta de la SPA ha explicado que «estos acuerdos se enmarcan en la línea estratégica del Ministerio de Vivienda de fomentar el mercado del alquiler para poner más viviendas asequibles a disposición de los ciudadanos y consolidar el necesario reequilibrio del sector inmobiliario». En este sentido, también ha subrayado que «la SPA logra un doble objetivo». Según Huertas, por un lado, se contribuye a mejorar la calidad y la competitividad del parque residencial en alquiler; y por otro, se colabora en la absorción del excedente de inmuebles terminados sin vender.

Desde la creación de la SPA y hasta el 31 de agosto de 2010, este organismo ha cerrado 14.910 contratos de arrendamiento, lo que ha supuesto que más de 37.0000 ciudadanos hayan accedido a un hogar a través de este cauce. Además, 17.752 arrendadores particulares han confiado su vivienda para que la ponga en alquiler y 30.108 inquilinos se han interesado por alguna de las viviendas que ofrece.

En estas carreras sí hay trabajo

Dirección y Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Medicina y Económicas son las titulaciones con mejores perspectivas laborales. A la hora de elegir carrera lo primero es definir el propio perfil, seguir la vocación y comprender que la especialización es la gran baza.

Acabar la carrera y comenzar a trabajar en un puesto relacionado con su formación es el sueño de todo estudiante. Sin embargo, en nuestro país la realidad es que el 42,1% de los jóvenes se encuentra en situación de desempleo.

El panorama internacional tampoco es muy alentador. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que comenzó la crisis, la tasa de paro de este colectivo ha aumentado más de siete puntos, el incremento más brusco en dos años jamás registrado, de tal forma que ya supera el 21% de media en todos los países en los que hay datos disponibles. Para la OIT, desde comienzos de 2007, más del 22% del crecimiento del número de parados es atribuible a los jóvenes de entre 15 a 24 años, que ahora representan cerca del triple del nivel promedio de los adultos mayores de 24 años.

Este es el entorno que tienen que aceptar y asumir los alumnos que deben decidir cómo encarrilar su carrera profesional. El abanico de titulaciones crece cada año y la tarea de decantarse por una u otra a veces es realmente complicada.

Las niñas bonitas
En el momento de elegir es inevitable fijarse en las que mejores salidas profesionales presentan y, este año, según un informe realizado por Adecco Professional, esa lista la encabezan Dirección y Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Medicina y Económicas. Sin embargo, las titulaciones relacionadas con la construcción –Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería de Caminos e Ingeniería Técnica de Obras Públicas– sólo pueden optar al 8% de la oferta dirigida a los ingenieros. Es un dato que refleja un importante descenso si se tiene en cuenta que en 2009 alcanzó el 17,56% de las ofertas de empleo. Por tanto, dejan de ser las niñas bonitas de la Universidad. Para César Castel, director de operaciones de Adecco Professional, «el futuro para los titulados en estas especialidades es incierto. Sus opciones a corto plazo en España son esperar a tener suerte o mirar hacia nuevos mercados, como África o América».

Un dato curioso que destaca este informe es que la rama de Humanidades está de enhorabuena. La oportunidad de encontrar un empleo para estos estudiantes subió del 3,2% registrado en 2008 al 4,8% un año después, debido al aumento de las ofertas dirigidas a titulados en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación o Bellas Artes. De este modo la fea de la Universidad mejora poco a poco.
Por su parte, un estudio de Randstad coincide en las carreras más demandadas. Las ingenierías son las más afortunadas y, sobre todo, son las ramas de Industrial, Técnica Agrícola e Informática las que acaparan la atención de las organizaciones.

En el ámbito de la salud no hay grandes cambios: sigue el déficit de titulados en Enfermería, Farmacia, Fisioterapia y Medicina.

Sin embargo, que una carrera sea muy demandada en el mercado laboral no significa que haya pocos licenciados en esa titulación. Los datos de Adecco Professional muestran que cuatro carreras presentan un exceso en el número de estudiantes con respecto a la oferta de empleo, a pesar de ser de las más solicitadas. Es el caso de Administración y Dirección de Empresas, Empresariales, Derecho y, en menor medida, Química. Por el contrario, llama la atención que haya seis titulaciones: Ingeniería Industrial, Informática y Caminos, Medicina y Económicas, que presentan una escasez de titulados para cubrir las ofertas de trabajo que precisa el mercado.

Ante todo, decide tú
Pero no hay que guiarse sólo por las salidas profesionales que pueda ofrecer una carrera, porque una elección basada en este parámetro puede llevar a la frustración. Al igual que si sólo se escoge una titulación por vocación: puede ser que el camino seguido ofrezca escasas oportunidades de trabajo. Por eso es conveniente atender a ambos criterios.

Para César Castel, director de operaciones de Adecco Professional, «la elección debe ser tomada por la propia persona». Es cierto que son jóvenes y que muchos no tienen aún el grado de madurez suficiente para tomar una decisión tan trascendental. Por eso, Castel recomienda «hacer un sencillo ejercicio en el que el alumno defina su propio perfil. Desde la sinceridad, debe reflexionar sobre cuáles son sus competencias, si es introvertido o extrovertido, si se le dan bien los idiomas o qué materias le interesan más. A partir de ahí, dispone de un marco que le ayudará a definir qué le gusta y qué le conviene más». No obstante, este retrato íntimo del alumno debe completarse con información sobre las materias que se estudian, el enfoque y la aplicación de éstas en el puesto de trabajo. Información que puede obtener de su entorno familiar y, sobre todo, que le deben proporcionar en el instituto.

Cuando la vocación encamina al estudiante a carreras cuyas perspectivas de colocación son escasas o hay un exceso de licenciados, la baza es la especialización. «Si por ejemplo se estudia filosofía, se puede centrar en materias relacionadas con la diversidad cultural para posicionarse como asesor cultural», señala Calera.

En qué se fijan las empresas
La elección adecuada de la carrera es requisito necesario, pero no suficiente para abrirse un hueco en el mercado laboral. También es conveniente conocer qué es lo que buscan las organizaciones para, durante la etapa universitaria, cultivar esas habilidades que harán del recién licenciado el candidato ideal.

De sobra es conocido que el mundo empresarial acusa una inadecuación entre el actual mercado de trabajo competitivo y cambiante y la oferta formativa de los centros de estudios.

En este sentido, un informe de Randstad destaca que sea cual sea la titulación elegida, el profesional deberá contar con una serie de habilidades y competencias que le ayuden a desarrollar de forma más eficaz sus funciones y tareas. Entre ellas, señala la capacidad de gestión y organización y la alta polivalencia para poder adaptarse de forma rápida a los entornos cambiantes.
También es adecuado prestar atención a la parte personal. «Aquella que, aunque no esté directamente relacionada con el puesto, aporta gran información sobre su talento, como la capacidad de trabajar en equipo o el liderazgo», explica Mar Avendaño, executive advisor de Randstad Search & Selection, quien añade que «aquellas materias que ayuden a aumentar estas cualidades son también muy valoradas».

La confianza de los consumidores cae tras cuatro meses de mejoría

El pesimismo sobre la situación actual aumenta por el paro y empeora la opinión sobre el futuro.

La confianza de los consumidores volvió a caer en septiembre, tras cuatro meses de subidas, debido a la peor percepción que los ciudadanos tienen de la situación económica actual, tanto del país como de sus propios hogares.

El Indicador de Confianza del Consumidor, que elabora el Instituto de Crédito Oficial (ICO), cayó así 2,1 puntos, hasta los 72,8, en un mes en el que pesó sobre todo la mala opinión de la evolución del empleo y de la economía y, en menor medida, de la situación personal de los encuestados en el momento actual.

Tampoco ayudaron las expectativas a seis meses, que también se redujeron, aunque en menor medida, ya que empeoraron las relativas a la situación económica y a la del hogar, aunque mejoraron algo las del empleo.