Taguas advierte que el recorte de la inversión pública puede hacer fracasar la consolidación fiscal

El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, coincidió con el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, al señalar «la situación financiera de las comunidades autónomas y las corporaciones locales» como uno de los actuales «riesgos» de la economía. «Sobre todo cuando 2011 es un año electoral», añadió.

Además, advirtió de que también «puede hacer fracasar «la consolidación fiscal» en España la reducción de la inversión pública, por el descenso de recaudación que conlleva.

En cuanto a las reformas ya realizados, Taguas tachó de «insuficiente» la del mercado laboral aprobada por las Cortes. En su opinión no elimina la gran dualidad existente entre «trabajadores temporales desprotegidos» y «fijos superprotegidos» y, por tanto, no contribuye a elevar la productividad.

«Segunda ronda» de fusiones de cajas
En materia financiera, Taguas augura una «segunda ronda» en el proceso de fusiones de cajas de ahorros, «esta vez calientes y que requerirán capital».

El economista rechazó el aumento de impuestos a las rentas más altas y abogó por un IRPF con tramos de contribución local, autonómica y central, y en cambio aplaudió el descenso salarial a los funcionarios.»Era necesario sobre todo por su efecto demostrativo», dijo en referencia a la necesidad de trasladar la contención laboral al ámbito privado. «Para salir de esto hay que trabajar más y cobrar lo mismo o menos», sintetizó.

No obstante, aseguró que estas reformas y el plan de ajuste aprobados por el Gobierno permitió al país sortear la «significativa probabilidad» que tuvo en los meses de mayo y junio de tener que «requerir fondos internacionales para financiarse».

Se debe escuchar pero no negociar con los sindicatos
David Taguas considera que los sindicatos deben ser «consultados y escuchados» dentro el proceso de la reforma del sistema de pensiones, pero que no deben formar parte de su negociación.

Taguas asegura que la negociación de esta reforma corresponde a los parlamentarios que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, «legítimos representantes de los ciudadanos», y que hay que abordarla «cuanto antes», para evitar después cambios «más duros». «A los sindicatos hay que oírlos, que es distinto que negociar. Yo no quiero que mi pensión la negocie un sindicato», dijo Taguas, para recordar que las organizaciones sindicales no forman parte del Pacto de Toledo, sino que acuden a ella atendiendo una «llamada a consultas», al igual que otros agentes sociales.

En una conferencia sobre la situación económica actual pronunciada en los Desayunos Aragonex, aseguró coincidir con el escenario macroeconómico planteado por el Ejecutivo en el Presupuesto de 2011.

En materia laboral, no augura una senda estable de crecimiento de empleo hasta 2012. En opinión del ex director general de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, la tasa de paro alcanzará su cota máxima en el primer trimestre de 2011, para empezar a descender suavemente, de forma que en la segunda mitad del próximo año se puedan registrar aumentos intertrimestrales del empleo.

La crisis inmobiliaria no remitirá y el paro seguirá siendo alto, sobre todo en España e Irlanda

En las economías avanzadas, el sobredimensionado mercado inmobiliario que generó el ‘boom’ de la construcción entre 2000 y 2007 será un lastre para la recuperación económica. Entre ellas, destaca la coyuntura negativa de España e Irlanda, donde la crisis de la vivienda persistirá durante años y con posibilidades de absorber los puestos sobrantes de la construcción al tejido productivo.

El mercado inmobiliario ha sido un anclaje significativo para encauzar la recuperación de los baches económicos del pasado, pero esta vez es diferente. Es más, en muchas economías industrializadas el sector de la vivienda está en plena contracción y el esfuerzo por reasignar recursos a otras áreas se convertirá en un lastre para estimular la actividad económica.

En algunos países esta situación es tan preocupante que se habla de un «doble bache» del mercado inmobiliario, señala un análisis a cargo de Deniz Igan y Prakash Loungani que forma parte del Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, en sus siglas inglesas), hecho público este miércoles por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En algunas economías, particularmente en la región Asia-Pacífico, el negocio inmobiliario ha rebotado y está en plena expansión, pero el miedo a nuevas burbujas inmobiliarias está llevando a las autoridades a aprobar políticas de regulación para que este mercado en auge contribuya al crecimiento económico sostenido.

Dos situaciones distintas para dos escenarios posibles
«El ‘boom’ inmobiliario entre 2002 y 2007 estuvo sincronizado, no así su estallido y sus consecuencias», señala el FMI. En términos generales, se dan dos escenarios principales según el contexto económico actual después de la crisis global: los países en recesión y en expansión.

Economías en recesión
En la gran mayoría de los países industrializados, los precios siguen cayendo o han comenzado gradualmente a estabilizarse, lo que se traduce en un descenso generalizado de la inversión residencial y del protagonismo de la construcción en el desarrollo económico.

En estas economías, entre las que se encontraría España, los precios han descendido ya una media anual del 10% desde el comienzo de la crisis económica global en 2007, después de haber estado creciendo una media anual del 8,5% desde el año 2000. Las cifras hablan por sí mismas: el descenso acumulado posterior se acerca ya al 30%, alerta el FMI.

Economías en expansión
Mientras tanto, numerosas naciones de la región Asia-Pacífico, además de algunos países escandinavos y Canadá, están experimentando un alza de precios de vivienda e inversión residencial junto a una estabilización del sector de la construcción, por lo que tienen mejores perspectivas de crecimiento durante esta crisis. Otro de los factores que influyen en las diferencias entre países es la extensión del ‘boom’ antes de su estallido: cuanto mayor fue, peores serán las consecuencias de su caída.

Además de estos dos grandes apartados, el FMI destaca un pequeño grupo que fluctúa entre ambos, compuesto por Austria, Bélgica, Colombia, Israel y Suiza, en los que la inversión residencial apenas ha experimentado cambios y se ha mantenido casi plana, mientras los precios han subido moderadamente (un 2% anual desde 2007, comparado con el crecimiento del 2,5% que habían experimentado desde el cambio de siglo hasta el comienzo de la crisis).

El colapso de la inversión residencial en las economías avanzadas: el caso de España e Irlanda
Una de las características del mercado inmobiliario de las economías desarrolladas durante la década pasada y que difiere de épocas de bonanza anteriores fue el fácil acceso al crédito, que condujo a una sobreacumulación de ‘stock’ a raíz de la crisis. Por tanto, la recuperación del sector será mucho más lenta de la que se dará en otros sectores como el financiero, dado que en otras épocas en las que los problemas estaban más relacionadas con los desequilibrios en el balance financiero de las compañías inmobiliarias.

En algunos países, entre los que destacan Irlanda y España, a esta situación ya de por sí desfavorable se añade otra circunstancia por la que se espera que el crecimiento sea muy lento: el círculo vicioso que se creó en los primeros años de este siglo entre el acceso al crédito y el alza de precios derivó en un ‘boom’ de la construcción lo que causó una distorsión de los recursos, con lo que el sector creció desproporcionadamente hasta convertirse en el motor económico del país.

Así, se llegó a una situación inaudita. El peso de la construcción sobre el total de la economía era del 12% en España y del 10% en Irlanda a finales de 2006, en comparación con la media de la zona euro, que no llegaba al 7%. «El reventón inmobiliario supuso una contracción severa tanto en la producción como en el empleo: la tasa de paro en Irlanda triplica la que hubo entre 2000 y 2007 y en España se ha doblado, comparado con el porcentaje del 20% que ha experimentado la zona euro», se lamentan los analistas del FMI. «Reasignar todos estos puestos de trabajo a otros sectores será una tarea ardua y llevará un tiempo considerable», recalcan, sin especificar cuánto. Y lo peor del asunto: “por tanto, las tasas de paro seguirán siendo muy altas en ambos países en los próximos años”.

Así ven en Estados Unidos nuestra crisis

No es nuevo que el periódico estadounidense ‘The Wall Street Journal’ arremeta contra la política económica de España, pero sí que se valga de los tópicos de sol, fiesta y toros para hacer un retrato demoledor de la situación del país.

Bajo el título Cutting Back: Spain Hits Hard Times (Recortes: España afronta tiempos duros), el video-reportaje publicado en la web del rotativo define a España como un «país de fiesta y baile» y lo califica como «el Lehman Brothers de Europa».

En la pieza se alternan testimonios de economistas y expertos con los de ciudadanos de a pie, como Elena Ortega, quien dice que tiene dos licenciaturas y tres idiomas, que se siente «frustrada» por no encontrar trabajo y que a la juventud española le gusta estar parada. «Los jóvenes quieren trabajar dos años y luego ser despedidos para cobrar el subsidio que les da el gobierno, afirma esta desempleada.

El vídeo aborda además el tema de la burbuja inmobiliaria con localizaciones en Marbella y Seseña, dos «símbolos» del estallido de la burbuja inmobiliaria y su posterior decadencia, y se pregunta si España es un «país muy grande para caer o muy grande para salvarse».

Así, parece que la reunión que protagonizaron José Luis Rodríguez Zapatero y el consejo editorial del Wall Street Journal hace dos semanas en la gira del presidente por Wall Street, y en la que dio por acabada la crisis de la deuda española y de la zona euro, no ha surtido el efecto deseado de lavar la imagen del país y su economía.

La Audiencia Nacional advierte: el tijeretazo a los funcionarios podría ser ilegal

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal que ha hecho pública Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la norma.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público que acordó la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos el pasado 25 de mayo y que incluye la reducción salarial de un 5% de media a funcionarios y personal laboral del sector público.

La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad, informan las agencias Efe y Europa Press.

El Alto Tribunal ha emitido esta providencia en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT). En el texto la Audiencia, de manera unánime, ha decidido conceder un plazo de diez días «improrrogables» a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.

La providencia concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen «lo que su derecho convenga» sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus «dudas» sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.

Numerosos recursos a trámite
La Audiencia Nacional había admitido a trámite este verano el recurso que interpuso este sindicato contra el recortazo a funcionarios y empleados públicos.

Los representantes de los altos funcionarios de la Administración (Fedeca) también han recurrido ante la Justicia el recorte, además del Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública (ANPE), así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.

Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.

De acuerda con Lacuerda, UGT comprobó con varios juristas que «hay razones sustanciosas» para recurrir esta medida que además, advirtió, podría ser inconstitucional por pretender que la bajada sea retroactiva, lo que no se contempla en el ordenamiento jurídico y sería la primera vez que se produce.

Más motivos para una posible anticonstitucionalidad
Criterios similares emplearon en su escrito a la Audiencia los cuerpos superiores de la Administración Central integrados en Fedeca, que también recurrieron el polémico RD que consideran ilegal e inconstitucional.

El recurso, al que tuvo acceso Expansión.com, planteaba la ilegalidad del polémico decreto que ha motivado el descontento generalizado de los trabajadores públicos, que ya acumulan varios años de pérdida de poder adquisitivo y la primera huelga del sector público en ocho años.

Este sindicato, que defiende los intereses de los altos funcionarios de la Administración General del Estado -Grupo A1- también centran el eje de su recurso en la posible ilegalidad de la reducción de las retribuciones públicas, que chocaría con los derechos recogidos en la Constitución Española.

La consideran aleatoria e incongruente dado que la situación de las cuentas públicas que ahora se da por «extraordinaria» se conocía desde hace al menos dos años, a lo que se suma que hace tan sólo unos meses que el Gobierno había pactado un exiguo incremento salarial de los sueldos públicos con los sindicatos que ahora queda, desde su punto de vista, anulado en virtud del RDL, además de incumplir la ley de igualdad y de presuponer «mala fe» en la decisión de aprobar la norma.

La vía de la igualdad
El Alto Tribunal fundamenta sus dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Según el letrado del Gabinete Interfederal de CCOO Enrique Lillo, esta providencia, «sin prejuzgar el sentido final del procedimiento», refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas para 2010.

Más dudas sobre si finalmente saldrá adelante el recurso
Expertos, como el abogado Guillermo Rujas, de la consultora Deloitte, señalaron cuando CCOO interpuso el recurso que no creían que los recursos finalmente prosperen, ya que hay precedentes de sentencias que no avalaron recursos parecidos: por ejemplo, en 2002 el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno del PP cuando decidió congelar los salarios de los funcionarios en 1997 y los sindicatos recurrieron a los tribunales.

Aquel año la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso de los sindicatos de la Función Pública e incluso dictó sentencia favorable al anular dicha congelación salarial. Sin embargo, el Gobierno del PP interpuso recurso de casación ante Tribunal Supremo y éste anuló la sentencia de la Audiencia.

No obstante, en esta ocasión el recurso presenta un componente «diferente», que es la alegación del salario como «derecho adquirido», tal como plantea Comisiones Obreras. Fuentes jurídicas consultadas por Servimedia explican que la ley, en concreto los artículos 4 y 166 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), obliga a que en caso de dudas sobre la constitucionalidad de una norma se deba plantear esta cuestión a las partes para que realicen alegaciones. «Esta medida no significa que una vez escuchadas las partes la Sala vaya a plantear efectivamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional», recalcan.

El ‘cerdito’ se rompe: las familias comienzan a tirar del ahorro para poder salir adelante

La crisis económica ha entrado en una nueva fase. La renta disponible de las familias cae con fuerza por la moderación de la remuneración de los asalariados y por la destrucción de empleo. Y, como consecuencia de ello, los hogares no tienen más remedio que tirar del colchón del ahorro para salir adelante. Lo puso ayer negro sobre blanco el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus datos, mientras que la renta disponible de los hogares retrocede un 1,5% en términos anuales (primera caída en décadas), el consumo crece con fuerza: un 5,9%.

La consecuencia de esta divergencia no puede ser otra que una intensa caída del ahorro. En el segundo trimestre del año se situó en el 16,2% de la renta disponible, lo que significa 1,5 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. Aunque la cifra se sitúa todavía en niveles elevados, lo relevante es que frente a lo que ha sucedido en otros ciclos, la financiación del consumo coincide con un claro retroceso de la renta disponible de las familias, que hace apenas un trienio crecía cerca del 5%.

O expresado en otros términos. Las familias ahorraron en el segundo trimestre del año 32.847 millones de euros, lo que supone 11.433 millones menos que en el trimestre anterior. En otros periodos históricos, el consumo se financiaba vía endeudamiento o mediante un aumento de la renta disponible gracias a la creación de empleo o la revalorización de los activos (principalmente vivienda), pero en estos momentos sólo el colchón del ahorro y las transferencias del Estado vía presupuestos (principalmente en desempleo) financian el incremento del consumo. El ‘efecto riqueza’ -por la revalorización del ladrillo- se ha evaporado de la economía española.

Aceleración del consumo
El otro factor que podría explicar la aceleración del consumo podría tener que ver con una súbita mejora de los indicadores de confianza de los hogares sobre el futuro de la economía; pero las cifras no van, precisamente, en esa dirección. El indicador de confianza del consumidor (diferencia en porcentaje entre opiniones positivas y negativas) se situó en el segundo trimestre en 22,9 puntos negativos, por encima de los 18,2 puntos registrados en el trimestre anterior. Es decir, que la confianza no sólo no se recuperó sino que se redujo un poco más.

El descenso de la renta disponible de las familias en lo que va de año es un hecho verdaderamente inusual. Incluso el propio Banco de España recordaba en su último informe anual que en 2009 -el año de mayor caída del PIB desde que en 1954 el INE comenzó a publicar la Contabilidad Nacional- la renta de los hogares creció un 1,1%. Y ello pese a la desaceleración de la remuneración por asalariado, la destrucción de empleo y el retroceso de los beneficios de los empresarios individuales. El banco central lo achacó al notable efecto expansivo de la política fiscal, a la disminución de los pagos netos por intereses y al descenso de la inflación, que contribuyeron a sostener las rentas familiares.

Todos estos impulsos son los que se han agotado en 2010. Los tipos de interés han comenzado una suave pendiente alcista, la inflación ha repuntado hasta el 2% en septiembre y sólo las transferencias públicas vía desempleo son capaces de financiar una parte del consumo. De ahí que la subida del 5,9% del consumo en el segundo trimestre tenga tintes sorprendentes. La subida del IVA a partir del 1 de julio -al adelantarse muchas compras para pagar menos impuestos- puede explicar en parte esta aceleración del gasto de las familias, incompatible, como se ha dicho, con el descenso de la renta disponible.

La utilización del ahorro para financiar el consumo es, precisamente, el principal instrumento con que cuenta el Gobierno para impulsar el consumo en los próximos trimestres, habida cuenta de que no hay que esperar prácticamente nada del empleo o la remuneración de los asalariados. Esto es, al menos, lo que confesó el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, a un grupo de analistas antes del verano.

Y esto explica que en las previsiones para 2011 el Gobierno haya previsto un aumento del consumo privado de nada menos que el 1,8%, muy por encima de lo que estiman los principales institutos de coyuntura. Esa tasa -en un contexto macroeconómico extraordinariamente débil- es, incluso, muy superior al 0,5% estimado para este año, lo que significa que sólo puede financiarse tirando de la hucha del ahorro.

Las previsiones del Servicio de Estudios del BBVA hablan de que la tasa de ahorro caerá este año hasta el 16,8% de la renta disponible; mientras que el año próximo descenderá todavía hasta el 15,7%. Lejos del 18,8% alcanzado el año pasado, pero muy por encima de los niveles medios del 11% registrados en los años inmediatamente anteriores a la crisis, y que marcan los niveles mínimos desde que en 1959 se pudo en marcha el Plan de Estabilización. Los niveles actuales de ahorro son similares a los que existían en los años 70, pero con una notable diferencia: el endeudamiento de las familias es hoy muy superior al que existía por aquel tiempo.

Tirar del ahorro para financiar el consumo es jugar con fuego en una economía como la española, que pese al brutal ajuste que ha sufrido en los dos últimos años aún registra un gigantesco déficit exterior, lo que refleja una falta de recursos para financiar la economía. Salvo en el caso de los hogares. Durante el segundo trimestre, las familias tuvieron una capacidad de financiación de 18.227 millones de euros, un 6,7% del PIB. Ahora bien, como recuerda el INE, este montante es 8.793 millones de euros inferior al obtenido en el segundo trimestre de 2009.

Los datos de Estadística reflejan que las necesidades de financiación de la economía frente al resto del mundo se situaron en el segundo trimestre del año en 11.664 millones de euros. Es decir, nada menor que el 4,3% del producto interior bruto, una décima más que hace un año. Y eso que la economía se ha ajustado de forma notable.

Los promotores avisan: si no se construyen más pisos en Madrid, los precios se dispararán

Según el último estudio publicado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) sobre el stock de vivienda nueva en venta, las cifras actuales aseguran que son 8.626 casas en Madrid.

Esta cifra, según señala Idealista.com, es un ‘stock técnico’ necesario para el correcto funcionamiento del mercado.

Sirviéndose de estos datos, las constructoras han advertido que hay que empezar a construir de manera «urgente para impedir que la oferta de pisos se hunda y provoque que los precios se disparen a corto plazo». El dato de viviendas terminadas y no vendidas presentadas en su ‘estudio de oferta de vivienda nueva en la Comunidad de Madrid’ queda lejos de las 47.637 que reconocía la propia asociación a finales de 2009 y de las 40.560 que estima el Ministerio de Vivienda.

Alegría para los constructores madrileños
Según un estudio de la tasadora Tinsa, Asprima ha estudiado cuántas casas de obra nueva están en venta en los distintos desarrollos urbanísticos madrileños y han llegado conclusiones sorprendentes.

Hay sólo 5.606 viviendas terminadas y no vendidas en los municipios analizados y sólo 3.248 están actualmente en venta. Las 2.357 restantes son viviendas protegidas adjudicadas y a falta de escriturar (2.224) o viviendas cuya comercialización se encuentra parada (133). Si se suman las viviendas en ejecución y las viviendas que aún no han sido iniciadas, el número final se eleva hasta las 9.466 casas, según los cálculos del estudio.

De tal modo que la noticia supone una alegría para los promotores madrileños, ya que implica que se necesita volver a construir nuevas promociones de manera urgente para satisfacer una demanda de vivienda en la Comunidad de Madrid que asciende a 50.000 viviendas anuales, según el Viceconsejero de Vivienda y Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Juan Blasco.

Vivienda reducirá cerca del 14% las ayudas al alquiler

Esta reducción se debe a que el Ministerio espera lograr una mayor eficacia en la gestión de sus recursos presupuestarios.

El Ministerio de Vivienda reducirá de 375 millones a 323 millones de euros las ayudas a la Renta Básica de Emancipación (RBE) en 2011, lo que supone una disminución del 13,8% respecto a los presupuestos del año en curso.

En su comparecencia en el Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales para el próximo año, el secretario general de Vivienda, Javier Ramos, indicó que esta reducción se debe a que el Ministerio espera lograr una mayor eficacia en la gestión de sus recursos presupuestarios.

Asimismo, Ramos señaló que las subvenciones del Ministerio de Vivienda a las comunidades autónomas para la vivienda protegida se reducirán un 5,53% sobre el presupuesto ya ajustado de 2010, lo que a su juicio supone una disminución «ligera y realista».

Añadió que, pese a este recorte, Vivienda intentará garantizar que se abonen los compromisos firmados con las comunidades autónomas más activas, así como premiar a las que han empleado mejor los fondos.

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Vivienda del Congreso, María Eugenia Carballedo, aseguró que la reducción de las subvenciones a las Comunidades Autónomas asciende en realidad a un 39,6%, mientras que el diputado de CiU Pere Macías la cifró en torno a un 37%.

Al ser preguntado por Macías sobre cómo espera el Ministerio hacer frente a una mayor demanda de ayudas con menos recursos, Ramos indicó que el departamento que preside Beatriz Corredor piensa reforzar sus políticas de alquiler y rehabilitación.

Por su parte, el subsecretario de Vivienda y presidente de la Sociedad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), Marcos Vaquer, señaló que esta entidad piensa incrementar sus inversiones un 30%, hasta 213,7 millones de euros.

Estos fondos se destinarán a construir 1.000 viviendas protegidas en Ibi (Alicante) y Telde (Gran Canaria), así como otras 1.700 en el antiguo cuartel de Villaverde en Madrid, y también se emplearán para urbanizar 132 hectáreas en Badajoz.

Asimismo, explicó que SEPES prevé facturar 111,65 millones de euros en 2010 y 113,85 millones de euros en 2011, frente a los 46 millones de 2009.

Por otro lado, la presidenta de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Nieves Huertas, ha asegurado, a preguntas de diputados del PP y CiU, que esta entidad «no oculta» sus resultados, aunque no indicó si ha registrado pérdidas en los últimos ejercicios.

Los partidos, de acuerdo en elevar a 20 años la base de las pensiones

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE, CiU y ERC-IU-ICV han descartado que se llegue a un acuerdo para reformar las pensiones en la reunión que entre hoy y mañana va a celebrar el Pacto de Toledo.

Antes de entrar a la reunión de la ponencia de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, la portavoz socialista Isabel López i Chamosa ha explicado a los periodistas que la reunión convocada para hoy y para mañana es para retomar las negociaciones tras el parón del verano. Por ello, descartó que se pueda alcanzar un consenso en estas dos jornadas, algo en lo que coincidieron los portavoces del PP, Tomás Burgos, de CiU, Carles Campuzano, y de IU Gaspar Llamazares.

López i Chamosa indicó que, entre las materias donde es posible el pacto, se encuentra la de elevar de los 15 años actuales a 20 el tiempo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de una pensión contributiva. Entre los más difíciles citó la elevación en dos años (de los 65 actuales a 67) la edad legal de jubilación, tal y como ha propuesto el Gobierno en su propuesta de reforma.

Al respecto, Burgos criticó que el Gobierno está incumpliendo de forma «flagrante» el Pacto de Toledo, con medidas como la congelación de las pensiones contributivas en 2011 y la «ruptura de la caja única» con las transferencias al País Vasco de la gestión de las bonificaciones a la contratación. Para Burgos, la primera condición para reeditar el Pacto de Toledo es establecer el «grado de compromiso de su cumplimiento», algo que no está haciendo el Gobierno, denunció.

Llamazares advirtió de que se está en el peor momento, por la crisis, y en el peor ambiente, por las presiones del Gobierno, para llegar a un acuerdo, que sólo puede traer «el desacuerdo o un recorte duro de las pensiones» con motivo de la elevación de la edad de jubilación.

Campuzano dijo que hay que lograr que en las «próximas semanas o meses» se alcancen reformas que garanticen el futuro del sistema y mejoren la protección social, para lo que es necesario tener «tranquilidad» y dudo que en 48 horas se cierre algo. Hay que poner «mucho aceite» para que la «máquina» del Pacto de Toledo funcione y termine bien, precisó Campuzano, quien dijo no sentirse presionado por el Gobierno.

El PP propone contratos formativos hasta los 30 contra el paro juvenil

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que su partido presentaría en «próximas fechas» un plan de empleo juvenil y hoy la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado algunas de las propuestas contenidas en dicho plan, que incluyen contratos formativos hasta los 30 años o un régimen formativo más claro.

Tras la publicación de los datos de paro correspondientes al mes de septiembre, el líder del PP hizo hincapié en el hecho de que más de la mitad de los nuevos desempleados son menores de 25 años, hecho que calificó de «especialmente preocupante» y adelantó que «en próximas fechas» llevará a la Cámara un plan de empleo juvenil.

Hoy, Sáenz de Santamaría ha recogido el testigo dejado ayer por Rajoy y ha descrito brevemente cuáles son algunas de las propuestas que contiene dicho plan, que según explicó será presentado ante el Congreso este mismo mes como proposición no de ley.

Las propuestas
Para empezar, han planteado ampliar hasta los 30 años la edad máxima por la que se puede mantener un contrato de formación. En la actualidad, este límite está fijado en los 24 años.

Preguntada sobre si esta medida supondría el fomento de los contratos precarios, destacó que su formación lanza la idea para luchar contra el paro juvenil y que el salario vinculado a estos contratos dependerá de los empresarios y del trabajo que se realice.

En segundo lugar, han propuesto que los jóvenes puedan utilizar el dinero invertido en una ‘cuenta vivienda’ para crear una empresa, de forma que se fomentará el autoempleo. Según ha recordado la portavoz popular, este tipo de cuentas sufrirán un cambio en su fiscalidad a partir de enero de 2011 que limitará el número de contribuyentes que podrá beneficiarse de la desgravación en el IRPF.

El plan de empleo juvenil del PP también contempla la creación de un ‘cheque formación’ que permitiría la libre elección de los cursos de formación del INEM que quieren realizar.

Además, Sáenz de Santamaría apuntó que piden un régimen de bonificaciones a la contratación de jóvenes más claro.

La vivienda en España sigue todavía sobrevalorada un 17%

Todavía está lejos de completar el ajuste necesario para consolidar la recuperación.

España es uno de los países de la Unión Europea donde, tres años después del estallido de la crisis financiera y económica, el precio de la vivienda sigue más sobrevalorado, aproximadamente un 17% frente al 3% de media en la eurozona, lo que significa que todavía está lejos de completar el ajuste en el sector de la construcción necesario para consolidar la recuperación, según el informe trimestral de la eurozona que ha publicado este martes la Comisión Europea.

La burbuja inmobiliaria persiste en España pese a haber experimentado la segunda mayor caída del precio de la vivienda en la eurozona (-18%) desde el máximo que se alcanzó 2007. Sólo le supera Irlanda, donde el precio se ha desplomado un 37%, mientras que la bajada media en la eurozona se sitúa en el 8,3%.

El estudio de Bruselas pone de relieve que, a finales de 2008, los precios de la vivienda en España todavía estaban sobrevalorados un 24%, el porcentaje más alto de la UE. Por detrás se situaban Reino Unido (18%) y Finlandia (15%).

Irlanda ya había llevado a cabo la mayor parte del ajuste de su sector inmobiliario (y los precios estaban sólo un 3% por encima de su nivel de equilibrio), mientras que en Italia y Francia la sobrevaloración era moderada (del 8% y 9% respectivamente). Alemania y Países Bajos eran los únicos países de la eurozona sin burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos, la vivienda estaba sobrevalorada un 15%.

A lo largo de 2009, el ajuste del precio de la vivienda en España fue de apenas siete puntos, por lo que a finales de año todavía registraba una «sobrevaloración considerable» del 17%. En contraste, otros Estados miembros como Francia o Italia «probablemente alcanzaron un nivel de precios prácticamente equilibrado en el tercer trimestre de 2009», mientras que en Irlanda los precios siguieron cayendo incluso por debajo del nivel de equilibrio.

En Finlandia la vivienda subió pese a que el mercado ya estaba recalentado, por lo que Bruselas recomienda prestar más atención a este país, mientras que en Alemania y Países Bajos el coste de la vivienda siguió disminuyendo incluso por debajo de su nivel de equilibrio.

El informe del Ejecutivo comunitario concluye que, de media, la mayor parte del desajuste en el precio de la vivienda en la eurozona ya se ha corregido, mientras que no ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde persiste una sobrevaloración de alrededor del 10%.

Sin embargo, la Comisión alerta de que esta media «oculta importantes diferencias entre los Estados miembros». «A finales de 2009, la corrección de los precios de la vivienda estaba bastante avanzada en algunos Estados miembros, pero todavía tenía bastante camino por recorrer en otros», subraya el estudio en referencia a casos como el de España. «Además, un par de Estados miembros, especialmente Alemania, presentan ahora precios de la vivienda infravalorados», señala.