El PP propone una nueva normativa para legalizar las viviendas irregulares

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha señalado que su formación va a trabajar para que haya una nueva normativa «estricta y rigurosa» para legalizar viviendas irregulares, como conclusión de la Intermunicipal Comarcal de La Axarquía, que se ha celebrado este sábado en la localidad malagueña de Nerja.

«El PP de Málaga trabajará para que se modifique la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por ser una ley incompleta y que ofrece más inseguridad que concreción», ha afirmado Bendodo, que ha señalado que en la reunión se ha defendido la modificación «en lo que concierne al régimen que aborda la posibilidad de edificación en suelo no urbanizable a través de la presentación de proyectos de actuación urbanística».

En concreto, los ‘populares’ proponen la reforma de los artículos que regulan la construcción de viviendas vinculadas a la explotación agrícola y ganadera, «donde la Junta no está actuando». Asimismo, se establece un nuevo modelo de vivienda Turística-residencial «que actualmente no contempla la LOUA».

Junto a estas cuestiones urbanísticas, conclusiones que se han extraído de la Mesa de Urbanismo del PP de Málaga, presidida por el vicesecretario de Política Municipal, José Alberto Armijo, en la reunión se han propuesto iniciativas en otros ámbitos, como el turismo o la agricultura.

«Dentro de la apuesta del PP por definir y concretar el proyecto de Nueva Axarquía que defendemos, trabajaremos para que aquí haya un crecimiento ordenado y respetuoso del urbanismo; para que se articulen medidas que aprovechen el enorme potencial que esta comarca tiene en lo que a agricultura se refiere; y que definitivamente haya una apuesta decidida por parte de todas las administraciones por el turismo en la Costa del Sol-Axarquía», ha planteado Bendodo.

Así, ha manifestado que «mientras el PP trabaja en propuestas serias y consensuadas, fruto de las reivindicaciones de los ciudadanos, el PSOE, que hace años que ya le dio la espalda a esta comarca, está centrado en gobernar sólo para su partido y para sus cargos y amigos».

«Es lamentable que mes a mes se incremente la cifra de desempleados en La Axarquía, que ya supera los 20.000, y me pregunto si el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, y el resto de dirigentes socialistas serán capaces de mirar a la cara a estos miles de parados y decirle que se han gastado como mínimo 700 millones de euros en políticas de empleo en falsas prejubilaciones para amiguetes», ha apostillado.

El dirigente ‘popular’ ha sostenido que, «frente a estas tramas oscuras, problemas internos y formas de proceder de los socialistas, como por ejemplo negarle la entrada a varios responsables municipales a la Cueva de Nerja de forma sectaria, el PP va a responder hablando de lo que realmente importa, la economía, la educación y el empleo, con transparencia y siempre de cara a los ciudadanos».

Por su parte, Armijo ha hecho referencia a las «desafortundas» políticas medioambientales de la Junta de Andalucía en La Axarquía en general y Nerja en concreto, por lo que ha planteado la posibilidad de llevar a cabo unas jornadas de trabajo en el municipio al respecto para impulsar cambios.

«El Gobierno andaluz bloquea el desarrollo urbanístico y el crecimiento de la comarca; los ciudadanos, frente a la desconfianza que generan los socialistas, tienen que percibir que el PP tiene un planteamiento serio sobre las políticas urbanísticas, turísticas y agrícolas», ha señalado.

«La clave es tener conciencia de que debemos y podemos trabajar para cambiar La Axarquía, sin triunfalismos pero con ilusión, para que entre todos seamos capaces de construir la Nueva Axarquía, en la que se generará empleo y riqueza», ha subrayado.

Junto a Bendodo y a Armijo, han intervenido en la Intermunicipal el secretario general del PP de Málaga y candidato a la Alcaldía de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el candidato del PP a la Alcaldía de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla; y el candidato a la reelección y alcalde popular de Cómpeta, José Luís Torres
[Via ElMundo]

Golpe fiscal millonario de Hacienda a las concesionarias de obra pública

Un cambio contable impide a las empresas de ACS, FCC, Sacyr o Abertis usar la libre amortización de activos para diferir su tributación, justo cuando el Gobierno va a invertir 17.000 millones.

Las grandes constructoras se han topado con otro obstáculo fiscal en plena época de tijeretazos de la inversión productiva. La adaptación nacional a la nueva normativa contable internacional impide a las concesionarias de obra pública amortizar libremente los activos, como confirman a EXPANSIÓN tanto los fiscalistas como las empresas. Además, fuentes de Hacienda lo han confirmado informalmente a las empresas. Ello les asesta un duro golpe tributario, ya que no podrán atrasar el pago del Impuesto sobre Sociedades (el que grava los beneficios) como el resto de sectores.

Justo en el momento en el que más podrían hacerlo, con el plan de concesiones por valor de 17.000 millones de euros en la rampa de salida. Y, sobre todo, cuando más falta les haría, por la atonía económica, en especial del sector de la construcción. Más aún cuando el Gobierno acaba de anunciar que prorroga la libre amortización hasta 2015.

Las nuevas reglas contables consideran que las inversiones de las concesionarias de infraestructuras o servicios públicos se dividen en “inmovilizado intangible” o “activos financieros”. ¿Qué significa eso? Sencillamente, que ya no existen para ellos ni el “inmovilizado material” ni las “inversiones inmobiliarias”, que son los dos tipos de activos que se podrían amortizar libremente. La realidad no cambia, lo hace la denominación de las cosas, y esa modificación acarrea consecuencias fiscales contundentes.
En concreto, las compañías no podrán recurrir a un gran volumen de amortizaciones que les haga apuntarse pérdidas fiscales pero no contables, para diferir el pago de impuestos. Dicho de otra manera, una empresa puede amortizar todo el gasto de un activo en el primer año, si quiere. Su base imponible se reduciría muchísimo y retrasaría el pago del Impuesto sobre Sociedades, pero el resultado contable no variaría.

Cabe recordar que en los primeros años de las concesiones se acumula el grueso del gasto (la construcción de las obras, por ejemplo), y en los últimos años se concentran los mayores beneficios. Por eso es tan importante poder amortizar cuanta financiación se quiera, para obtener créditos fiscales que aplacen el pago de impuestos.

Plan público-privado
Además, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) se desarrollará justo en los años en los que se ha prorrogado la libertad de amortización. Y no está de más recordar que la inversión asciende a nada menos que 17.000 millones de euros. Con la nueva norma contable, todo el juego fiscal al que podían recurrir legítimamente las concesionarias en el PEI se esfuma.

En la mayoría de los casos, las concesionarias son parte de un grupo fiscal. Y, dentro de él, suelen ser de las empresas que tienen más capacidad de amortización de activos. Por tanto, la nueva normativa contable también perjudica a los grandes grupos de construcción de España, como Sacyr, ACS, Acciona, OHL, Ferrovial o FCC. Por ejemplo, desde Abertis ratifican la magnitud del problema, aunque no para esta empresa, que ya ha amortizado casi todo.
Al final, “conscientemente o no, se discrimina fiscalmente a las concesionarias”, asegura Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.

[Via Expansion]

Ni la aguda crisis puede con la cultura de la propiedad

La ‘fiebre’ de la propiedad en los años del ‘boom’ inmobiliario ha dejado tras la crisis un reguero de refinanciaciones y ejecuciones hipotecarias, pero el 71,4% de los españoles que busca piso aún se decanta por la compra. Este porcentaje es muy superior al 44% que se registra a nivel europeo, según el ‘Barómetro Inmobiliario 2010’ de la red inmobiliaria Re/Max.

El informe, que analiza la situación de los diferentes mercados inmobiliarios en Europa, desde el español, adalid del auge de la construcción, hasta el alemán o el británico, pone de manifiesto que la cultura de la compra sigue presente pese a las lecciones extraídas de la crisis.
Así, según Re/Max, sólo un 4,8% de los clientes de la red inmobiliaria en 2010 demandaron pisos en alquiler, frente al 7% en Europa, y un 23,8% no iba en busca de algo específico. En todo caso, el informe señala que las personas con edades inferiores a los 25 años y aquellos que están entre los 35 y los 50 años, el 17,6% del total, tienen la misma predisposición al alquiler de vivienda.

Por otro lado, en plena reforma de las pensiones, que muchos han anticipado que reducirá los ingresos de los futuros jubilados, cabría pensar que muchos ven la compra de una vivienda como una forma de asegurarse un ‘colchón’ o como una alternativa a un plan privado de pensiones.

Sin embargo, los españoles aún no ven la inversión en vivienda como un modo de asegurarse una buena jubilación. Tan sólo el 36,4% compra una vivienda con esta intención, cuando en el resto de Europa, el 50% lo hace con este propósito.

¿Lo peor ha pasado?
Por tanto, aunque el informe asegura que «lo peor de la crisis inmobiliaria ya ha pasado», también refleja que a su paso la demanda no ha cambiado sustancialmente sus prioridades a la hora de invertir en una vivienda. Lo que se ha transformado son las condiciones del mercado que ralentizan la recuperación de las compraventas. Re/Max señala que «hay una oferta muy amplia», por lo que el cliente tiene más donde escoger y retrasa más su decisión.

El cliente puede ahora optar entre las viviendas del promotor, de particulares y también de las entidades financieras, que años atrás financiaron la compra de inmuebles que han regresado a sus carteras en forma de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago.

A ello se unen, fruto de ese proceso, unas «mayores dificultades» a la hora financiarse. Así pues, poco a poco los compradores vuelven a acudir al banco, pero ahora «los bancos apenas dan facilidades a la hora de concederlas» tras las lecciones aprendidas de la crisis.

[Via ElMundo]

Las casas de análisis pintan un gris 2011 para España con más paro e inflación

Las casas de análisis que conforman el Panel de previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha elevado ligeramente las previsiones de crecimiento del PIB español para 2011. A pesar de ello, esperan una fuerte subida de la inflación, que el paro se mantenga por encima del 21% y que el Gobierno no cumpla con el objetivo de déficit.

La previsión de crecimiento para la economía española pasa del 0,7% al 0,8%, un cifra que, con todo, aún se sitúa medio punto porcentual por debajo de las previsiones del Gobierno, que apuntan a un incremento del 1,3%.

La composición del crecimiento económico se mantiene, con una menor aportación del consumo de los hogares -del 0,9%, frente al 1,3% de 2010- y, por el contrario, una aportación más positiva de las exportaciones. Además, la caída de la inversión en construcción se «suavizará» a lo largo de este año.

En términos intertrimestrales, el panel prevé tasas positivas, «reducidas y gradualmente ascendentes a lo largo del ejercicio». Pero mientras la economía mejora, la tasa de paro volverá a subir en 2011, hasta el 21,3%. Así, la previsión de consenso para 2011 sigue apuntando a una reducción del empleo del 0,2% en el conjunto del ejercicio.

Subida de los precios y moderación salarial
Este escenario de lenta recuperación y pérdida de empleo convivirá con una «fuerte» subida del IPC, hasta llegar a una media anual del 2,3%, por las recientes y «no previstas» subidas de los impuestos sobre el tabaco y la luz, a lo que se añadirá el impacto sobre las previsiones del mayor precio del petróleo.

Pese a que los precios evolucionarán al alza, los incrementos salariales «seguirán siendo moderados», en línea con el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva (ANC) firmado por patronal y sindicatos para el periodo 2010-2012.

Por su parte, la productividad, indicador que los empresarios reclaman como referencia para los salarios, crecerá un 1% en 2010, mientras que los costes laborales unitarios a penas variarán.

No se cumplirán los objetivos de déficit
Por otro lado, el panel prevé que el déficit exterior se reduzca en 2011 hasta el 3,6% del PIB. Sin embargo, el saldo negativo de las cuentas públicas, aunque mejora una décima respecto a las últimas previsiones, será del 6,4% del PIB este año, cuatro décimas por encima del objetivo comprometido con Bruselas.

Por último, los panelistas consideran que los tipos de interés son «adecuados» y esperan que se mantengan estables durante los próximos seis meses, mientras que ven los tipos de interés «demasiado elevados» y creen que permanecerán así en el futuro más inmediato.

[Via ElEconomista]

Novacaixagalicia usa la vía abierta a las cajas catalanas y pide más dinero al FROB

También Banca Cívica y Mare Nostrum podrían haber solicitado el sábado nuevas ayudasCatalunyaCaixa ya había anunciado que pediría mil millones al FROB, y Unnim, otros 200 millones.

El régimen transitorio que el Gobierno ha incluido en el decreto de reforzamiento del sistema financiero que permitirá a algunas cajas eludir su posible nacionalización ha despertado un enorme revuelo en el sector. Ya que, según fuentes financieras consultadas por ABC, supone un traje a medida para las cajas catalanas. Pero, como informó ayer ABC, otras entidades han querido aprovecharse del resquicio abierto y habrá que esperar a ver si finalmente lo logran.

Este ha sido el caso de la nueva caja gallega, Novacaixagalicia, que según fuentes financieras consultadas por ABC podría haber hecho la solicitud de más ayudas del FROB el viernes o el sábado tras conocer el contenido del decreto. Este extremo no fue desmentido ayer por la entidad gallego. Banca Cívica y Banco Mare Nostrum también podrían haber solicitado nuevas ayudas el fin de semana para beneficiarse de este régimen transitorio.

Por su parte el Ministerio de Economía aseguró ayer a ABC que esta disposición transitoria —que prevé que aquellas entidades que ya estén negociando con el FROB podrán obtener las ayudas sin necesidad de que el Estado entre en su capital, y además podrán incluir estas ayudas en su «core capital»— tiene como destinatarias las cajas que no superaron los test de estrés el pasado mes de junio y que están negociando con el FROB nuevas ayudas.

Fueron cinco las entidades que el pasado verano no superaron los test de estrés, de las que como tales subsisten cuatro: los dos grupos de cajas catalanas, CatalunyaCaixa y Unnim; las cajas castellano-leonesas, Caja España-Caja Duero; y Banca Cívica. Pero que se sepa, de éstas solo dos, CatalunyaCaixa y Unnim habían anunciado que iban a solicitar ayudas del FROB antes de que el Gobierno aprobara el decreto el viernes. En concreto, CatalunyaCaixa había reconocido que pediría 1.000 millones de euros de ayudas públicas y Unnim (unión de las cajas de Sabadell, Tarrasa y Manlleu) que necesitaría 200. Ambas por tanto, estarían claramente incluidas en el régimen transitorio incluido en el decreto. Banca Cívica habría hecho la solicitud el sábado, y las cajas castellano-leonesas también podrían haberlo hecho justo antes de que entrara en vigor la norma.

No obstante, fuentes jurídicas reconocieron ayer a este diario que es difícil que el FROB y el Banco de España acepten estas solicitudes de última hora como muestra de que esa negociación de ayuda pública existía antes de la entrada en vigor de la norma, en la medianoche de ayer domingo, sobre todo en el caso de las cajas gallegas, que superaron los test de estrés el pasado mes de julio.

Seguirán siendo cajas
Y la cuestión no es baladí porque recibir esa ayuda en forma de compra de participaciones preferentes o cuotas participativas y además incluir ese dinero como capital, podría evitar que finalmente esas cajas tuvieran que convertirse en bancos para que el Estado entrara en ellas con derechos políticos. Las cajas catalanas, por tanto, podrían ser de las pocas que podrían salvaguardar su estatus de cajas, por esta excepción incluida en el decreto aprobado el pasado viernes.

En todo caso el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que hoy comparece ante los medios de comunicación para explicar la situación del sector financiero tras la aprobación del decreto, tendrá que dar cuenta de este régimen transitorio y de quien se beneficiará del mismo. En manos del supervisor quedan, además, algunos puntos a desarrollar del decreto, como es el caso de la definición de financiación mayorista. Como ya informó ABC, será una circular del Banco de España la que aclare la composición de este punto.

[Via Abc]

El mercado del alquiler no funciona porque «es tirar el dinero y la vivienda se revaloriza»

En España, el mercado del alquiler no funciona. Los datos de vivienda en renta avanzan muy lentamente y la opción de la compra sigue sin estar demasiada asentada en nuestra cultura.

Los españoles preferimos comprar en vez de alquilar, preferimos una hipoteca para toda la vida que el pago de mensualidades, ser los dueños y no inquilinos…

Pese a los esfuerzos del Gobierno, y muy al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa, España avanza poco o nada. Un dato: en nuestro país sólo el 13 por ciento del parque de viviendas está en régimen de alquiler -lo que supone algo más de 2,2 millones de viviendas principales en alquiler del total de 16,7 millones-.

El parque total de viviendas se cifra en 25 millones. En la eurozona, el mercado en renta se sitúa en el 36 por ciento.

Es más, los datos de la consultora Knight Frank subrayan que, en países como Alemania el parque residencial en renta llega al 57 por ciento, seguido por Holanda (47 por ciento), Francia (38 por ciento) o el Reino Unido (32 por ciento).

Alemania nos queda aún muy lejos, pero los esfuerzos del ministro de Fomento y ahora responsable de Vivienda, José Blanco, son reseñables. En ese sentido, Blanco no ha dudado en modificar el Plan Estatal de Vivienda para salvar de los recortes los programas de alquiler y la rehabilitación.

Por otra parte, para el Gobierno sería una manera de movilizar el preocupante stock de vivienda, que oscila entre las 700.000 y el millón de viviendas, que no encuentra comprador. Pero no será tarea fácil.

«Desde idealista.com hemos visto cómo una corriente de pensamiento único arrastraba en masa a los españoles a comprarse una casa en propiedad. Había tres grandes razones para hacerlo: alquilar es tirar el dinero, la vivienda nunca baja y nadie venderá por debajo de lo que compró», explica Fernando Encinar, el responsable del portal inmobiliario.

Aun así, el Gobierno sigue apostando por políticas de fomento del alquiler. En su Plan de Vivienda 2009-2012, un 40 por ciento de las nuevas viviendas de protección oficial se destinarán al arrendamiento.

En el anterior Plan 2005-2008, apenas el 16 por ciento de las VPO se dirigió a este fin. Lejos de Alemania, sí, pero es un pequeño avance si se tiene en cuenta que sólo el 13 por ciento de las viviendas en España están en alquiler, lo que supone que el plan ha conseguido superar en tres puntos la media.

Planes regionales
No sólo el Ejecutivo sino los gobiernos autonómicos se han sumado a esta defensa por el alquiler. Algunas más efectivas que otras, como la del Gobierno Vasco, que ha anunciado poner un canon a las viviendas vacías.

En ese sentido, ha explicado que reducirá al mínimo el número de viviendas deshabitadas durante más de dos años y, por ello, plantea imponer un canon anual de 10 euros por metro cuadrado útil al propietario que no alegue razones de peso como un traslado en su trabajo o para cuidar a una persona enferma. El objetivo es llegar a un alquiler forzoso.

También Madrid intenta digerir su stock a través de distintos planes regionales, como el recién anunciado Plan 45.000, una iniciativa novedosa de colaboración entre la Administración y la empresa privada con la que se pretende crear un gran parque de viviendas en alquiler rotacional con precios inferiores a los de mercado.

Según este Plan, la Comunidad cederá suelo para que los promotores públicos y privados construyan sus casas y las exploten durante un período máximo de 50 años. Pasado este tiempo, tanto el suelo como las propias viviendas pasarán de nuevo a manos de la Administración regional.

Planes parecidos se han desatado con mayor o menor éxito en las regiones. Así, en Galicia, la Xunta prevé subvencionar en 2001 el alquiler de 4.000 viviendas a través de su Plan Beluga. El programa cuenta con un presupuesto de 10,8 millones de euros de los que se beneficiarán tanto las familias como los arrendadores.

También la Junta de Castilla y León puso en marcha en el año 2005 el Programa Revival, un plan por el que la Administración se convertía en intermediario entre arrendatarios y arrendadores. En los cinco años de vida se han alquilado por este sistema 1.800 pisos.

Malas noticias
No todas las noticias, sin embargo, son positivas. Es el caso de las últimas denuncias a las famosas SPA o Sociedades Públicas de Alquiler fomentadas desde el Gobierno. La agencia estatal ha rescindido unilateralmente los contratos con los propietarios cuyas viviendas se encuentran desocupadas para dejar de pagarles las rentas acordadas.

Para el director de análisis de Knight Frank, José Manuel Sánchez, «estas noticias no animan a poner parque de alquiler en uso». Si a esto se le añade los impagos, los destrozos…

Un dato bueno: la crisis también se ha dejado notar en los precios, lo que puede ser una salida, más ahora que el crédito de los bancos está casi cerrado. El mercado del alquiler, dicen los expertos, puede ser una «buena» apuesta de futuro.

[Via ElEconomista]

¿Puede hacer frente a su hipoteca o se ve en la calle tras quedarse sin empleo?

La Confederación General del Trabao de Castellón, a través de su Secretaría de Acción Social, da comienzo este lunes a una campaña para informar a la sociedad castellonense sobre los problemas que miles de familias están padeciendo en relación con las hipotecas y tratar de unir a las personas afectadas en una plataforma para defender su derecho a la vivienda.

Desde la Confederación General del Trabajo de Castellón se denuncia en un comunicado que más de 5.000 familias en la provincia han perdido sus viviendas en los últimos tres años por no poder hacer frente a la deuda hipotecaria, como es el caso recientemente conocido de la familia desahuciada en Burjassot con un bebé y una anciana.

En toda España han sido más 200.000 las familias embargadas. En la mayoría de los casos, las familias embargadas mantienen la deuda hipotecaria con el banco, que incluso llega a adquirir su vivienda por el 50% del valor de tasación (en caso de quedar desierta la subasta, la ley así lo permite).

CGT denuncia también que, en este contexto de crisis económica, que en Castellón ha disparado el desempleo hasta el 24%, afectando a más de 70.000 trabajadores, es tremendamente injusto que quienes paguen la crisis sean los las personas trabajadoras y las que tienen menos recursos económicos, ya que el sector financiero ha seguido teniendo beneficios económicos y ha sido objeto de ayuda pública por parte del gobierno.

Así, «por una situación de crisis impuesta y ajena a la mayoría de la sociedad, en parte provocada por el sector financiero e inmobiliario español, miles de familias no solamente nos arriesgamos a perder el empleo, las prestaciones y ayudas sociales, el recorte de nuestras pensiones, sino que, corremos serios riesgos de perder nuestras propias casas», indican en el comunicado.

Con ello se vulnera incluso la propia Constitución Española, dicen, «que garantiza el derecho a la vivienda (art.47) y que incluso supedita la propiedad privada a la utilidad social de la misma, con lo que la acumulación de millones de viviendas en manos de bancos e inmobiliarias, mientras a decenas de miles de personas nos están expropiando nuestra única vivienda, es una violación flagrante de los derechos más básicos (a la vivienda, al bienestar, a la calidad de vida), y además un abuso de los principios de la propiedad privada y del beneficio económico de unas pocas empresas y entidades bancarias».

La campaña consiste en la instalación de mesas informativas en diferentes puntos concurridos de la capital de la Plana, con el objetivo de informar y recoger firmas para pedir al Parlamento la regulación de la dación en pago y el derecho a la vivienda para las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca, generados mayoritariamente por la situación generalizada de desempleo en el país.

Las firmas recogidas en Castellón se unirán a las recogidas en otros puntos del estado, en el marco de la campaña impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y que próximamente se remitirán al Parlamento.

Al mismo tiempo, CGT pretende hacer llegar al Pleno del Ayuntamiento de Castellón una moción para aprobar la dación en pago y para desarrollar medidas encaminadas a detener los desahucios en nuestra localidad.

La dación en pago consiste en liquidar la deuda hipotecaria con la entidad bancaria, en el momento en que la persona deudora hace entrega (o sufre un embargo) de la vivienda hipotecada al banco acreedor. De esta manera, cuando la persona deudora pierde su vivienda, la deuda con el banco queda saldada. Este sistema es el establecido en la mayor parte de países europeos y en Estados Unidos, con diferentes matices. Recientemente, en el estado español ha habido una sentencia judicial apoyando y justificando esta medida (Audiencia Provincial de Navarra, 17 de diciembre de 2010).

[Via ElMundo]

El Euríbor repunta diez milésimas, hasta situarse en la cota del 1,731%

El Euríbor, indicador que se utiliza para la mayoría de hipotecas en España, ha repuntado diez milésimas en tasa diaria, hasta situarse en la cota del 1,731%, tras tomarse un respiro el pasado jueves y repetir nivel el viernes.

El índice ha vuelto a retomar con fuerza la sensa alcista y con quince sesiones de cotización en febrero, el nivel mensual se sitúa en el entorno del 1,7%. De continuar así hasta el cierre del mes, para lo que quedan cinco días, registrará su undécimo repunte mensual consecutivo.

El Euríbor comenzó a repuntar en abril de 2010, pero fue a partir de agosto cuando volvió a encarecer las hipotecas. Las previsiones de los expertos apuntaban a que el indicador cerraría el año en el entorno del 2%, sin embargo, en sólo dos meses se ha situado en el 1,7%.

Los expertos consultados subrayan que el Euríbor se está adaptando al nuevo escenario económico y financiero, y que su evolución supone un termómetro de la incertidumbre o confianza que existe en el mercado.

El temor de que el BCE eleve los tipos de interés antes de lo esperado por la presión inflacionista ha hecho que el Euríbor repunte más de lo previsto a comienzos de año, a lo que se une la inestabilidad de la prima de riesgo y el continuo temor a que Portugal tenga que ser rescatada.
[Via Urbanoticias]

El Gobierno aprobo hoy la Oferta de Empleo Público para 2011, con una tasa de reposición del 10%

El Consejo de Ministros aprobo la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2011, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10%, como ya ocurriera en 2010. Esto significa que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se cubrirá una plaza.

El mantenimiento de la tasa de reposición en el 10% se incluye dentro de los compromisos del Ejecutivo para reducir el déficit público, que se acompaña además de la congelación salarial de los empleados públicos durante este año.

Esta tasa de reposición contiene como excepción los cuerpos de funcionarios docentes, cuya tasa de reposición será de hasta el 30%, según ha explicado el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y de Administración Pública, Manuel Chaves.

El responsable de la Administración Pública puso en valor hace unos días la «contribución» de los empleados públicos con los objetivos de austeridad y control del gasto, al recordar el ahorro en torno a 5.600 millones de euros entre 2010 y 2011 derivado de la limitación de la tasa de reposición y la rebaja de sueldo del 5% el pasado año y la congelación salarial para este ejercicio.

En 2010, el Gobierno recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso, desde 15.084 a 1.989, con un ahorro previsto de 280 millones de euros respecto a 2009 en consonancia con el plan de austeridad, que contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013.

En 2009, el Gobierno ya procedió a recortar de manera importante la OEP, con 20.561 plazas, un 42,7% menos que en 2008, alegando que esta reducción de la Oferta se adecuadaba al momento económico. Esas 20.561 plazas ofertadas el año pasado, de las cuales 17.948 fueron de acceso libre y 2.613 de promoción interna, se basaban en reponer tres de cada diez puestos vacantes que quedaran en las administraciones públicas.

Lo ocurrido en estos tres últimos años con la Oferta de Empleo Público contrasta con la importante oferta que se realizó en 2008: en total se ofertaron 35.895 plazas aquel año, la cifra más elevada de toda la historia española.

[Via Expansion]

Cuatro nuevas sentencias rechazan que devolviendo el piso se salde la hipoteca

Continúa el revuelo judicial en torno a la dación en pago -entrega de casa por hipoteca-, que tras contar con un pionero auto a favor continúa ahora sumando resoluciones en contra. Cuatro nuevas sentencias, una de ellas de la Sección Primera y tres de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, han estimado otros tantos recursos de entidades financieras determinando que devolver el piso no es suficiente para saldar el importe de una hipoteca.

Este criterio, que la subasta de la vivienda no impide que el banco reclame al antiguo propietario el importe restante hasta cubrir la totalidad de la deuda, ha sido el seguido habitualmente por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y por los juzgados y tribunales españoles.

Sin embargo, este criterio se rompió cuando, el pasado 26 de enero, se hizo público un auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que consideró que con la simple entrega de la vivienda se saldaba la deuda hipotecaria, aunque el inmueble hubiese perdido valor por la crisis.

El pasado 8 de enero ya se produjo un pronunciamiento contrario de la Sección Tercera de la Audiencia de Navarra, que estimó un recurso del BBVA para continuar el procedimiento de embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada.

A este auto se suman ahora otros cuatro, en los que se estiman dos recursos de Caja Navarra, uno del Banco Guipuzcoano y otro de Banesto contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia de Estella, según ha informdo el Tribuna Supremo de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.

En uno de los autos de la Sección Tercera, el magistrado considera que el criterio seguido por el juzgado de Estella afecta al principio de seguridad jurídica, ya que altera «el marco normativo existente cuando la operación se realizó y las bases sobre las que se asienta en España el sistema de garantía hipotecaria, con importantes repercusiones de orden práctico».

Además, en otro de los autos, el magistrado de la Sección Tercera rechaza el argumento del juzgado estellés de que la pretensión de la entidad bancaria era un «manifiesto abuso de derecho» y su ejecución supondría el cobro de un interés «desmedido y leonino».

Al respecto, en la sentencia se recuerda que la jurisprudencia niega la existencia de enriquecimiento injusto o abuso de derecho «en supuestos previstos y regulados por las leyes». Apunta que, «entre otras razones, no está a disposición del juzgador corregir, en razón de su personal estimación personal sobre lo que sea justo en cada caso, las resultas de la aplicación de las normas».

[Via ElMundo]