Cien años de una ley que nunca se cumplió

Se cumple el centenario de la ‘Ley de Casas Baratas’, una ley dictada en 1911 por el parlamento español y desarrollada en los años 20 que pretendió, con escaso éxito, abordar el problema de la vivienda urbana en España y dignificar las condiciones de vida de la creciente y migrante clase trabajadora.

Como este motivo, la sala de exposiciones del Ministerio de Fomento, La Arquería de Nuevos Ministerios, acoge hasta el 13 de noviembre la muestra «Casas Baratas, 1911. Centenario de la primera Ley», que será inaugurada hoy a las 20.00 horas.

La muestra arranca con un camino adoquinado que, simbólicamente, propone al visitante un viaje en el tiempo hasta el primer tercio del siglo XX. Escritos, recreaciones espaciales, fotografías, planos y maquetas reconstruyen el ambiente y el clima ideológico que dio lugar a la creación de esta Ley y trazan un itinerario que va desde las condiciones de la vivienda obrera, en chabolas y corralas, hasta las pulcras viviendas de las cooperativas que fueron la realización más palpable de la primera Ley de Casas Baratas.

Si bien la ley se rubricó en el arranque de la segunda década del siglo XX, no tuvo desarrollo hasta los años 20 y, aunque los propósitos eran loables, más que paliar los problemas de acceso a la vivienda, apenas sirvió para alimentar un debate que se zanjó con el golpe de estado de 1936.

La ‘Ley de Casas Baratas’ se utilizó como pretexto para reproducir el modelo de las grandes viviendas burguesas en tamaños más reducidos, incluido el servicio doméstico y otros lujos señoriales. El debate sobre los problemas de vivienda fue avivado por personajes y corrientes de pensamiento preocupados por el diseño residencial y críticos, como Fernando García Mercadal, fundador del GATEPAC, Martín Domínguez, Luis Lacasa, Carlos Arniches y Amós Salvador.

El espíritu de la ley sólo dejó ejemplos aislados, como las 35 casas baratas de Tarragona construidas por la Cooperativa de Cases Barates «La Colectiva», terminadas en 1930 o el bario de Ciudad Jardín de Málaga (1924) o los barrios del Buen Pastor y Can Peguera de Barcelona.

Fondos de archivo
Los fondos expuestos proceden principalmente del archivo de la Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, que constituye, sin duda, uno de los archivos más ricos de nuestro patrimonio histórico en general y de la vivienda en particular.

Todas las muestras que se realizan en la sala de exposiciones La Arquería del Ministerio de Fomento son gratuitas. El horario de la sala, ubicada en Paseo de la Castellana 67, es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, de martes a sábados. Los domingos abre exclusivamente por la mañana y permanece cerrada los lunes.

[Via ElMundo]

300 desahucios al día

El presidente de la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Manuel Pardos, ha alertado hoy que cada día se producen 300 desahucios en toda España (8 en la Comunitat Valenciana) como resultado del impago de las hipotecas.

En una rueda de prensa en Alicante, Pardos ha ofrecido este dato para respaldar la propuesta de su colectivo para que se apruebe un Real Decreto que contemple una moratoria de tres años en el pago de las deudas hipotecarias, de lo que se podrían beneficiar «más de un millón de familias» en todo el país.

Según Pardos, su asociación presentó el pasado 25 de agosto esta propuesta texto ante la Oficina Económica del presidente del Gobierno y otros ministerios y grupos parlamentarios.

Fin del sueño español
La finalidad del decreto es paralizar los actuales embargos y ejecuciones hipotecarias. «El gran sueño hipotecario español se ha convertido en una maldición», ha lamentado Pardos quien también se ha referido a la demanda colectiva interpuesta por su asociación ante más de un centenar de entidades bancarias y financieras por las ‘cláusulas de suelo’ hipotecarias.

Esta iniciativa ha sido aceptada por el juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid, y a la misma ya se han sumado más de 15.000 afectados.

Por último, Pardos ha informado sobre la convocatoria de una jornada informativa en Alicante para el próximo 24 de octubre.

[Via ElMundo]

Castigo a los ahorradores por una décima de déficit

Al final, el número de contribuyentes afectados no ascenderá ni a 90.000, como aseguró este miércoles José Blanco, ni a 200.000 o 300.000, como puntualizó en esa misma jornada Alfredo Pérez Rubalcaba. Un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley de Patrimonio, Salgado anunció que serán 160.000 personas las que deberán pagar este impuesto, al situarse el mínimo exento en 700.000 euros, cifra a caballo entre los 600.000 defendidos por el candidato del PSOE a las generales y el millón de euros anunciado por el portavoz del Gobierno. Además, el mínimo exento de la vivienda habitual pasa a 300.000 euros.

El tributo se recupera de manera temporal para los ejercicios 2011 y 2012. La vicepresidenta consideró este plazo razonable para que el nuevo Gobierno, que espera sea socialista, defina su política fiscal y, en caso de que Rubalcaba sea presidente del Ejecutivo, su tributo para ricos. De paso, el carácter temporal de Patrimonio ha contribuido a que Salgado supere las reticencias expresadas por el presidente del Ejecutivo sobre la reactivación de un impuesto ineficaz recaudatoriamente por la negativa de las autonomías, competentes en su gestión, a aplicarlo.

Según los cálculos de Economía, las autonomías recaudarán cada año por el tributo 1.080 millones, si, al final, deciden desarrollarlo y no ejercitar su capacidad normativa a bonificarlo el cien por cien. Según Salgado, estos fondos extras ayudarán a los gobiernos regionales en 2012 y 2013, fechas en las que se cumplimentarán, respectivamente, las campañas de Patrimonio de 2011 y 2012, a controlar y reducir sus déficits. Precisamente, en estos ejercicios las Administraciones Públicas deberán dar un último empujón para colocar a final de 2013 el déficit público en el 3% del PIB. Sin embargo, en el caso de que todas las comunidades decidan aplicar este tributo habrán enjugado el déficit público cada año tan sólo una décima del PIB.

Salgado dio ayer marcha atrás por impedimientos legales en su decisión inicial de «castigar» a las autonomías que se rebelaran en contra del tributo, descontándole su parte correspondiente de los 2.000 millones de euros que se incorporaron en 2008 al sistema de financiación para compesar la supresión de Patrimonio.

Al candidato no le salen las cuentas…
Desde que se hizo oficial que Alfredo Pérez Rubalcaba sería el elegido para representar al PSOE en las elecciones del 20-N, el candidato se ha mostrado como un gran defensor de la recuperación del Impuesto de Patrimonio. Su entusiasmo era tal con esta medida que aseguró que 200.000 personas lo pagarían, muy lejos de la cifra de 160.000 que se ha conocido oficialmente. Estos datos repercuten también en lo que se ingresará con el impuesto, que se ha reducido a 1.080 millones de euros anuales, muy lejos de lo prometido por Rubalcaba en un principio, que barajaba la posibilidad de ingresar unos 1.400 millones de euros en las arcas del Estado.

… Y los diputados revisan las suyas
Con la llegada del Impuesto sobre el Patrimonio comienzan las dudas sobre si los diputados tendrán que pagarlo o no, después de que se hicieran públicos los bienes de sus señorías. Por ejemplo, el portavoz de CIU, Josep Antoni Duran Lleida, alegó que no lo pagará ya que sus bienes son «más del banco que míos». Por su parte la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que si ven sus cuentas «verán que no» tiene que pagar el impuesto. Sí lo tendrán que hacer diputados como Rubalcaba o Bono que superan la cifra de los 700.000 euros.

LA DEFENSA DEL MILLÓN
La vicepresidenta primera fue ayer consciente de que con su anuncio dejaba en mal lugar al portavoz del Gobierno. Por eso, al explicar el mínimo exento de Patrimonio sumó, aunque no se puede, los 700.000 euros exentos a los 300.000 exentos por vivienda habitual. El resultado de la operación no es otro que el millón de euros que Blanco aseguró un día antes sería el mínimo exento. La anécdota la protagonizó al explicar, a mano, los pormenores del decreto.

[Via LibertadDigital]

Los bancos compran hipotecas morosas con un descuento del 80%

El riesgo de estas operaciones es actualmente grande, por lo que los compradores de dichas carteras piden jugosos descuentos.

La banca española ya no quiere mantener hipotecas con alta probabilidad de riesgo. Por eso prefieren deshacerse de ellas cuanto antes, aunque tengan que hacerlo a un precio irrisorio, con descuentos del 80% o más.

Entre sus clientes llama la atención que se encuentren otros grandes bancos. Según informa idealista news, se está desarrollando en estos últimos meses una nueva práctica comercial por la que los bancos son los que compran a través de sociedades del grupo grandes carteras de hipotecas con problemas (morosas) a otros bancos.

En ocasiones, incluso negocian con el dueño de la vivienda el pago de la hipoteca, mientras que otras muchas veces las ejecutan, quedándose con la vivienda que posteriormente se pondrá a la venta a un precio superior al que la han comprado. De esta forma, se anotan una plusvalía aunque vendan con un descuento del 50% sobre el precio inicial.

Un ejemplo
Una vivienda que se compró por 200.000 euros en 2007 con una hipoteca al 100%, de la que actualmente aún resta por pagar 180.000 euros. El propietario no puede pagar la hipoteca y está provocando al banco «A» varios problemas (morosidad, provisiones, gastos de recobro, etc), y hay un riesgo de más problemas a futuro (ejecución, desalojo, tiempo invertido, gestión de la venta futura, etc). El banco decide cortar el problema de raíz y vender dicha hipoteca a otro banco.

Como la situación actual es mala (riesgo, desempleo, caída de precios inmobiliarios…), para encontrar un comprador tiene que transferir dicha hipoteca con un jugoso descuento. Aquí es donde aparece un banco «B» que la compra por 50.000 euros a través de una sociedad especializada en el recobro y/o posterior venta del inmueble. El banco «A» se quita todos los problemas de encima de un plumazo. La hipoteca deja de figurar como morosa, recupera provisiones y además genera 50.000 euros de liquidez adicional inmediata. Es cierto que por el camino han perdido dinero, pero históricamente siempre ha habido entidades que llegado un momento de impago han decidido tomar ese camino y quitarse el problema de encima.

Por su parte, la sociedad del banco «B» desembolsa ese dinero y sigue el camino de la negociación o la ejecución con posterior alquiler o desalojo porque ya tiene una estructura para ello. Además de la compra tendrá que afrontar varios costes, aunque los tiene controlados porque tiene una estructura afinada para todos estos procesos y una plataforma para vender viviendas.

El portal idealista.com anuncia miles de pisos a le venta en propiedad de bancos y cajas.

[Via LibertadDigital]

¿Dónde están los responsables de la quiebra de Lehman Brothers?

Los que llevaron a Lehman Brothers a la bancarrota, declarada el 15 de septiembre de 2008, no solo se han librado de la cárcel sino que la mayoría de ellos sigue trabajando en Wall Street, en otras compañías financieras. Tampoco les ha resultado mal la operación a las dos entidades, la británica Barclays y la japonesa Nomura, que se hicieron con distintas divisiones del difunto gran banco de inversiones estadounidense. Quienes de momento todavía no han podido pasar página son los acreedores: aunque al parecer próximos, los pagos no llegarán al menos hasta comienzos del próximo año.

El caso de la mayor bancarrota de la historia, valorada en 639.000 millones de dólares, continúa en los tribunales. El proceso podría concluir en los próximos meses, después de que en agosto el juez comunicara a la compañía que los acreedores podían votar ya sobre un plan de devolución de 65.000 millones de dólares. El programa cuenta con el respaldo de algunos de los grupos más afectados, como el de Goldman Sachs y el liderado por el «hedge fund» Paulson, que juntos habían reclamado 100.000 millones. Un problema aún es la objeción puesta por la filial de Lehman en Europa, que plantea que sea tratada como un cliente en su demanda de 8.900 millones.

Por lo que afecta a los antiguos ejecutivos de Lehman Brothers, ninguno ha sido condenado por la Justicia, por más que se plantearon varios litigios contra una docena de ellos, alegándose fraude en la cartera de hipotecas.

[Via Finanzas]

Las grandes Inmobiliarias celebran la bajada del Iva para la vivienda

El G-14, organización que agrupa a las principales inmobiliarias de España, aplaude la medida anunciada por el Consejo de Ministros de reducir el IVA del 8% al 4% que grava la adquisición de vivienda nueva. «Se trata de una medida que puede contribuir a la dinamización de un sector muy castigado por la crisis», afirmó el presidente de la organización, Pedro Pérez, en una nota.

El responsable del G-14 indicó que «la reducción del IVA puede suponer un impulso en la venta de viviendas ya construidas lo que acelerará la reducción del stock de aquí a final de año». En todo caso, subrayó que «para un relanzamiento del sector sería también necesario que compradores y promotores tuviesen un mejor acceso a la financiación». Para ello, dadas las «dificultades» por las que atraviesan las entidades de crédito, «un papel más activo del ICO sería de crítica importancia», agregó Pérez.

[Via Abc]

Treball calcula que retirará la renta mínima al 20% de los perceptores

Mientras prosiguen las entrevistas para detectar presuntas picarescas entre los receptores de la renta mínima de inserción (RMI) y a la espera de que los servicios técnicos acaben de valorar si las personas que en agosto quedaron fuera del programa -porque no fueron a cobrar personalmente la ayuda a su oficina bancaria- pueden volver a percibir la prestación, la Generalitat ha empezado a echar números: el fraude de la renta mínima rondará el 20%, según los datos que maneja el secretario general de Empresa i Ocupació, Enric Colet. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco beneficiarios de la RMI (desde ayer, unas 35.000 personas) será expulsado del subsidio. Significará un ahorro de unos 40 millones al año.

La cifra no es muy distinta de la que el pasado agosto ya barajaban trabajadores del sector social, que denunciaron que el 15% de los beneficiarios de la ayuda corrían el riesgo de quedar excluidos del subsidio. Eso, antes de que se supiera que 20.000 receptores iban a ser llamados para someterse a entrevistas personalizadas para detectar fraudes.

La estimación del Govern de que el 20% de los expedientes serán suspendidos cuando termine el proceso de depuración representaría, de hecho, el doble de los que hasta ahora venían siendo cancelados. «Ya en la anterior legislatura se realizaban controles contra el fraude, evidentemente, y al final solían causar baja entre el 9% y el 10% de los receptores», explicó ayer la socialista Mar Serna, exconsellera de Treball (ahora Empresa i Ocupació).

MUERTOS Y REPATRIADOS / Entre los receptores que pueden acabar perdiendo su derecho a seguir percibiendo la RMI se encuentran, indicó Colet, personas ya fallecidas, beneficiarios que ya no residen en Catalunya -en el extranjero o en otras comunidades autónomas- y perceptores que han sido sorprendidos trabajando en la economía sumergida.

A estos tres perfiles se sumarán, advierten las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), los jóvenes menores de 25 años que habían llegado a trabajar, se habían emancipado y que con la crisis han perdido su empleo. Con el decreto de reforma de la RMI aprobado en agosto, este colectivo no podrá siquiera optar a la prestación. También tendrán dificultades para presentar su candidatura a beneficiarios las familias de origen extranjero y las personas en situación precaria que precisen de más de cinco años para reincorporarse al mercado laboral.

Eso supone, concluye la organización, en torno al 7,7% de los actuales receptores de la ayuda. Entre otras condiciones, la normativa exige a los nuevos perceptores acreditar un mínimo de dos años de residencia en Catalunya, un límite temporal de 5 años de cobro de la prestación y un límite económico equivalente al salario mínimo interprofesional.

PRESUPUESTO AMPLIADO / Paralelamente, Empresa i Ocupació ya ha empezado a trabajar, según confirmó el mismo secretario general Colet, en la inminente ampliación de la partida presupuestaria de la renta mínima (cifrada en 130 millones de euros) en 20 millones suplementarios, a cargo del fondo de contingencia al que, desde el inicio de la crisis económica, también tuvo que recurrir el tripartito.

[Via ElPeriodico]

La deuda de las comunidades autónomas marca un récord: ya supone el 12,4% del PIB

La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 23,5% en el segundo trimestre de 2011, hasta registrar 133.172 millones de euros (el 12,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

Los datos muestran que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La deuda total de las Administraciones Públicas aumentó un 16,5% en el segundo trimestre al situarse en 702.806 millones de euros, lo que supone el 65,2% del PIB.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre abril y junio fue nuevamente Cataluña, con 38.530 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.547 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 14.798 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,47% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (13.545 millones de euros), Galicia (6.923 millones), Castilla-La Mancha (6.267 millones), País Vasco (5.382 millones), Castilla y León (5.071 millones de euros), Baleares (4.561 millones), Canarias (3.422 millones), Aragón (3.332 millones) y Murcia (2.719 millones).

Completan la lista Extremadura (2.017 millones), Navarra (1.994 millones), Asturias (1.956 millones), Cantabria (1.196 millones) y La Rioja (910 millones).

[Via Finanzas]

Las CC.AA. y los ayuntamientos reducen un 58,4% la licitación de obra pública en los siete primeros meses

La deuda de las CC.AA. crece un 23,5% hasta junio y marca un récord al suponer el 12,4% del PIB

La deuda de las administraciones públicas aumentó un 16,5% y se situó en 702.806 millones, el 65,2% del PIB
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos redujeron en un 58,4% la licitación de obra pública en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010, hasta un importe inversor de 5.343 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

El desplome en la puesta en marcha de obras por parte de estas administraciones equivale a un recorte de unos 7.530 millones de euros en comparación al año anterior, dado que entre enero y julio de 2010 sacaron a concurso proyectos por un monto total de 12.873 millones.

Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral del pasado mes de mayo constituyen los principales factores de este recorte.

De esta forma, los ayuntamientos y las comunidades autónomas redujeron su peso en el total de obra pública licitada en el conjunto del Estado desde del 81,5% que supusieron en julio de 2010 hasta el 51% que representaron en la misma fecha de este año.

El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, dado que entre enero y julio licitaron obras por 2.847,50 millones de euros, importe que supone un desplome del 62,8% en comparación a un año antes. Las comunidades autónomas sacaron a concurso proyectos por 2.495 millones de euros, un 52,2% menos.

La licitación de obra pública por parte del conjunto de las administraciones públicas sumó 10.418,7 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone una reducción del 34% en comparación a 2010.

Ante el desplome en el volumen de obras promovidas por la administración local y autonómica, el Gobierno central acaparó el 48,7% del total de obras puestas en marcha.

El Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del Ejecutivo central, sacó a concurso proyectos por 4.288,9 millones de euros entre enero y julio, más del doble (+126%) que en 2010, si bien este importe incluye los contratos del Plan Extraordinario que se ejecutarán en colaboración con el capital privado.

En cuanto a la distribución de la licitación total por tipos de obras, la promoción de nuevos edificios públicos se desplomó un 58,1% hasta julio y sumó 3.078,73 millones. Destaca la caída del 68% registrada en la promoción de nuevas instalaciones deportivas, la del 58% registrada en la construcción de nuevos centros docentes, y la del 54% de centros sanitarios.

De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 13% en los siete primeros meses, hasta suponer 7.339 millones, el 70% del total.

En este subsector sobresalen los proyectos ferroviarios, que se multiplicaron por más de dos (+133%), por los contratos de AVE licitados en colaboración con el capital privado. Por contra las obras de carreteras cayeron un 3%, y las hidráulicas y las medioambientales un 46% y un 69%, respectivamente.

[Via UrbaNoticias]

Zara trasladará a España la facturación de sus ventas ‘online’ a partir de 2012

La empresa canaliza el comercio electrónico a través de Irlanda desde 2007.

Inditex anunció ayer que a partir de 2012 canalizará sus ventas electrónicas desde España y no desde Irlanda, como venía haciendo desde que inició esta actividad en 2007 de la mano de Zara Home. La empresa que preside Pablo Isla aseguró en un comunicado que inició su actividad de venta en Internet desde Irlanda «al localizarse en este país el conocimiento, experiencia y los recursos tecnológicos propios del comercio electrónico» y que superada la fase de lanzamiento y adquirido el conocimiento técnico «la compañía tiene decidida la explotación de su negocio online a partir del año 2012» desde España.

El anuncio se produce después de que EL PAÍS publicara que Zara ha canalizado todas sus ventas por Internet a través de la sociedad irlandesa ITX E-Commerce Ireland Limited, con domicilio social en la quinta planta del edificio de oficinas Hainault House, en la calle de St. Stephen’s Green, en Dublín. Ahí se incluyen las ventas online de Zara, que se lanzaron en 2010, y la del resto de las marcas (Uterqüe, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius y Oysho), que arrancaron el 6 de septiembre.

Una de las consecuencias de ese cambio de domicilio fiscal será la diferencia en la tributación por la actividad de comercio electrónico, ya que en Irlanda las sociedades soportan un tipo único del 12,5%, mucho menor que el 30% que fija el impuesto sobre sociedades para grandes empresas en España, aunque el tipo efectivo real sea también muy inferior. En 2010 Zara destinó el 25% de sus beneficios brutos al pago de impuestos. Zara comunicó ayer que el pasado 29 de julio constituyó la sociedad Inditex ECommerce, SA, para canalizar todas las operaciones de comercio electrónico que se realicen en España.

[Via ElPais]