Treball calcula que retirará la renta mínima al 20% de los perceptores

Mientras prosiguen las entrevistas para detectar presuntas picarescas entre los receptores de la renta mínima de inserción (RMI) y a la espera de que los servicios técnicos acaben de valorar si las personas que en agosto quedaron fuera del programa -porque no fueron a cobrar personalmente la ayuda a su oficina bancaria- pueden volver a percibir la prestación, la Generalitat ha empezado a echar números: el fraude de la renta mínima rondará el 20%, según los datos que maneja el secretario general de Empresa i Ocupació, Enric Colet. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco beneficiarios de la RMI (desde ayer, unas 35.000 personas) será expulsado del subsidio. Significará un ahorro de unos 40 millones al año.

La cifra no es muy distinta de la que el pasado agosto ya barajaban trabajadores del sector social, que denunciaron que el 15% de los beneficiarios de la ayuda corrían el riesgo de quedar excluidos del subsidio. Eso, antes de que se supiera que 20.000 receptores iban a ser llamados para someterse a entrevistas personalizadas para detectar fraudes.

La estimación del Govern de que el 20% de los expedientes serán suspendidos cuando termine el proceso de depuración representaría, de hecho, el doble de los que hasta ahora venían siendo cancelados. «Ya en la anterior legislatura se realizaban controles contra el fraude, evidentemente, y al final solían causar baja entre el 9% y el 10% de los receptores», explicó ayer la socialista Mar Serna, exconsellera de Treball (ahora Empresa i Ocupació).

MUERTOS Y REPATRIADOS / Entre los receptores que pueden acabar perdiendo su derecho a seguir percibiendo la RMI se encuentran, indicó Colet, personas ya fallecidas, beneficiarios que ya no residen en Catalunya -en el extranjero o en otras comunidades autónomas- y perceptores que han sido sorprendidos trabajando en la economía sumergida.

A estos tres perfiles se sumarán, advierten las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), los jóvenes menores de 25 años que habían llegado a trabajar, se habían emancipado y que con la crisis han perdido su empleo. Con el decreto de reforma de la RMI aprobado en agosto, este colectivo no podrá siquiera optar a la prestación. También tendrán dificultades para presentar su candidatura a beneficiarios las familias de origen extranjero y las personas en situación precaria que precisen de más de cinco años para reincorporarse al mercado laboral.

Eso supone, concluye la organización, en torno al 7,7% de los actuales receptores de la ayuda. Entre otras condiciones, la normativa exige a los nuevos perceptores acreditar un mínimo de dos años de residencia en Catalunya, un límite temporal de 5 años de cobro de la prestación y un límite económico equivalente al salario mínimo interprofesional.

PRESUPUESTO AMPLIADO / Paralelamente, Empresa i Ocupació ya ha empezado a trabajar, según confirmó el mismo secretario general Colet, en la inminente ampliación de la partida presupuestaria de la renta mínima (cifrada en 130 millones de euros) en 20 millones suplementarios, a cargo del fondo de contingencia al que, desde el inicio de la crisis económica, también tuvo que recurrir el tripartito.

[Via ElPeriodico]

Si te ha gustado este artículo puedes completarlo dejando un comentario o bien puedes suscribirte al feed y recibir las entradas futuras en tu lector de feeds.