La banca desvela cuál es su ‘pócima mágica’ para conseguir vender viviendas a destajo

Con la compraventa de casas bajo mínimos, los bancos se han convertido en el gran motor del mercado. Así lo atestiguan los resultados del primer trimestre de las principales entidades financieras. Sólo Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell han dado salida a más de 10.000 viviendas. Si se suman las operaciones del resto de bancos, la cifra escala a más de 19.000 transacciones.

Y si se mira a sus previsiones para 2013, el objetivo marea, para envida del resto de vendedores del mercado (particulares, promotores e inmobiliarias, principalmente). En total, la gran banca espera, como mínimo, llegar a una cantidad similar a las 103.112 que colocó en 2012. De cumplirse esta meta, las entidades financieras acapararían hasta el 50% del total de las compraventas de 2013 al actual ritmo de mercado (12.847 en enero y 19364 en febrero, según la estadística notarial).

Pero, ¿cuál es la pócima mágica de esta aplastante supremacía de la banca en el mercado inmobiliario? Fundamentalmente, como las propias entidades reconocen, conjugar rebajas y financiación.

Ante estas dos cartas, el resto de ofertantes tiene muy difícil competir, aunque no imposible. Como han explicado varios agentes inmobiliarios a SU VIVIENDA, siempre puede plantarse cara a la todopoderosa banca con descuentos aún mayores . Además, según han revelado varias de las entidades, gran parte de sus compradores pagan a tocajeta.

Banco Santander, BBVA, La Caixa, Banco Sabadell, Bankia, Banco Popular, CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco y Bankinter descubren en SU VIVIENDA cuáles son las claves sobre las que se asienta su éxito de ventas y gracias a las que consiguen vender viviendas a destajo en un mercado aparentemente seco de compradores. Una senda que bien podrían tomar el conjunto de vendedores, que comercializa sus inmuebles a cuenta gotas y a duras penas.

[Via ElMUndo]

La Ley Hipotecaria garantiza que ‘se sigan dando créditos en buenas condiciones’

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha defendido la Ley Hipotecaria porque garantizará que en el futuro «se sigan dando créditos hipotecarios en buenas condiciones», al tiempo que ha criticado el decreto andaluz de vivienda.

Botín ha manifestado en rueda de prensa que para España es importantísima la Ley Hipotecaria, y ha admitido que estaba preocupado de que se hiciesen cambios en este texto que «incentivaran a no pagar» los créditos. Los españoles que tienen casa «pagan en conjunto muy bien», por lo que ha considerado que «sería gravísimo que eso se hubiera alterado».

Al ser cuestionado sobre el decreto andaluz de vivienda, el presidente del Banco Santander ha preguntado si es «el que se refiere a que se van a meter en los pisos vacíos que tenemos», y ha dicho que le parece «muy mal, fatal». Este tipo de medidas no ayuda «en absoluto» a la economía española, ha sentenciado.

Sobre los desahucios, Botín ha opinado que es «la peor solución que se puede dar» y ha recordado que el Santander y otros bancos adoptaron hace dos años unas medidas voluntarias para familias que tenían problemas para pagar sus préstamos. En el caso del Banco Santander, se han beneficiado de estas medidas casi 20.000 familias y se han aplazado créditos por importe de unos 2.000 millones de euros, ha apuntado.

Ha hecho hincapié en que hay que «distinguir» entre bancos y cajas porque los primeros han hecho una labor «absolutamente encomiable» y no han pedido ayudas al Estado, mientras que las cajas han tenido que pedir en torno a 55.000 millones.

Botín ha participado en Málaga en la XIII Junta General de Accionistas de Universia, la mayor red de universidades del mundo, con 1.242 instituciones de 23 países, que también preside. A las puertas de la Facultad de Comercio y Gestión donde se ha celebrado el acto se han concentrado integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han increpado a la salida a los participantes.
[Via ElMundo]

La cláusula suelo, ‘en letra gorda’

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha obligado a la banca a advertir expresamente a los clientes de que si firman una hipoteca con cláusula suelo no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del Euribor.

Así lo ha establecido el alto tribunal en una sentencia en la que, sentando jurisprudencia, declara la nulidad de estas cláusulas en los casos en los que se produzca una falta de transparencia y en la que establece que no es suficiente con que sean comprensibles de forma aislada.

También señala que, de acuerdo con ese requisito, los clientes deben ser informados de otros productos para que puedan realizar una comparación con datos suficientes.

En su sentencia, los magistrados sientan doctrina tras admitir el recurso de casación que presentó la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros (Ausbanc) contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que daba la razón al BBVA y avalaba estas cláusulas en sus hipotecas, declarando la nulidad de las mismas por falta transparencia.

Variable sólo al alza
Desde BBVA han señalado que la sentencia no cuestiona la validez de las cláusulas y «no afecta a las cantidades ya pagadas». En cualquier caso, han añadido, que hay que conocer la sentencia «en detalle» para poder valorarla «con más profundidad».

La resolución establece que los consumidores deben ser informados de que, cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo a interés fijo, variable sólo al alza, y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia, en general el Euribor.

Será nula si no es explícita
En concreto, según enumera la sentencia, de 140 páginas, serán nulas las cláusulas cuando se haya creado «la apariencia» de un contrato de préstamo a interés variable en el que las bajadas del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del dinero, o la de que «el suelo tiene como contraprestación ‘inescindible’ la fijación de un techo».

También las que se firmen bajo una falta de información de que se trata de un elemento «definitorio» del objeto principal del contrato o las que se ubiquen «entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA».

Falta de transparencia
Asimismo, considera una falta de transparencia que no se hayan realizado «simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual» y la inexistencia de una «advertencia previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad».

No obstante, el Supremo recuerda que su sentencia no es retroactiva, por lo que no afectará a «situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales» ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta resolución.
[Via ElMundo]

El decreto andaluz de vivienda social podría entrar en confrontación con las condiciones del rescate a la banca española

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, expresa sus ‘dudas’ acerca de que la Comisión Europea plantee ‘impugnar’ el decreto sobre función social de la vivienda porque supondría una ‘falta de sensibilidad’ y asegura que ‘si Europa está en eso no merece la pena’ porque no se debe llegar ‘a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión’.

Griñán se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la comunicación remitida por la Comisión Europea ha remitido al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pidiendo explicaciones por el decreto de la Junta que plantea la expropiación temporal del uso de vivienda en casos de desahucios con riesgo de exclusión social y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca.

‘No he visto esa carta de Bruselas, donde ayer fue festivo, y me sorprende que se produzca la misma semana en que se ha dicho que también Bruselas impugnaba lo que había propuesto el PSOE de fondos de liquidez para pymes, por eso primero quiero verla’, ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha indicado, no obstante, que ‘si fuera así empezaría a preocuparme porque lo que no se puede pedir es que los españoles pongamos dinero para pagar las deudas de la banca y que las condiciones se la pongan a los españoles y no a los bancos’.

En su opinión, ‘no tiene ningún sentido’ que Bruselas formule este planteamiento ‘ante una medida que simplemente dice a los bancos que las viviendas que tienen en desuso, si se va a producir un desahucio que deja a una familia en la calle con riesgo de exclusión social, nosotros en ese caso hasta le pagamos un justiprecio y la propiedad de la vivienda la convertimos en arrendamiento para que esa familia se pueda quedar’.

‘Si eso no se puede hacer porque las condiciones que se imponen para el rescate de la banca lo impiden hay que hacer dos cosas: que Rajoy diga de una vez si hubo condiciones o no, porque nos dijo que no, y plantearnos si merece la pena todo esto’, ha añadido Griñán, que ha defendido que ‘no es lógico que no se diga nada de si la banca paga 88 millones de euros de pensión a un directivo después de haber sido rescatada y que sin embargo un decreto social como éste se pueda impugnar’.

‘Esa falta de sensibilidad no la entiendo y si Europa está en eso no merece la pena’, ha insistido el presidente andaluz, que ha expresado sus ‘dudas’ acerca de que esa sea la posición de Bruselas ‘porque soy europeísta y no creo que Europa haya llegado a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión’.

IU
El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer ha reprochado este viernes a la Comisión Europea que haya pedido explicaciones al Gobierno español por el decreto de la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda y que, sin embargo, no denunciase la Ley Hipotecaria pese a que este contravenía la normativa comunitaria.

Meyer ha acusado al Ejecutivo de la UE de ‘estar actuando como una terminal de la banca europea, protegiendo a una parte del sector financiero que jugó con los ahorros de los ciudadanos europeos y generó una gran estafa’. De esta manera, ‘no se posiciona por las personas y los derechos fundamentales’, ha añadido.

En una carta enviada al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la Comisión Europea pide explicaciones por el decreto andaluz, que propone entre otras cosas la expropiación temporal a los bancos, en ciertos casos, de pisos afectados por desahucios. Según Bruselas, la norma autonómica podría tener repercusiones en la banca y entrar en conflicto con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a ese sector.

El eurodiputado ha recordado que en diez años la Comisión no mandó ninguna carta a las autoridades españolas para advertir de que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria, como dictaminó el pasado marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluyó que los ciudadanos no tenían garantizada una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

Meyer ha dicho que, puesto que Bruselas mantuvo un ‘silencio clamoroso’ durante esos años respecto a la Ley Hipotecaria española, ‘sorprende la celeridad’ con la que ahora pide explicaciones sobre el decreto de la Junta de Andalucía, convalidado por el Parlamento autonómico el pasado miércoles.

‘Los burócratas de la Comisión Europea, que no han sido elegidos por nadie, se arrogan, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional’ –la llamada ‘troika’, que concedió el rescate a la banca– ‘un papel inadmisible’, ha manifestado el europarlamentario.

Por eso, ha expresado su deseo de que el Gobierno andaluz ‘no eche cuenta’ de la intervención del Ejecutivo comunitario y de que finalmente ‘prevalezcan la soberanía popular y las leyes españolas e internacionales’.
[Via UrbaNoticias]

La Ley de Rehabilitación ‘dará la vuelta’ a políticas de vivienda ‘no acertadas’

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso que el proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana «dará la vuelta» a unas políticas de vivienda «no acertadas» que se han implementado en España durante décadas.

Durante su intervención en la Cámara Baja para defender la norma, Pastor ha señalado que «es evidente la necesidad de reorientar la política de vivienda y dar una buena vuelta a una situación consolidada por políticas no acertadas» que han acabado creando un parque de vivienda muy envejecido, poco accesible y poco moderno en materia de eficiencia energética, mientras existen 700.000 viviendas nuevas vacías en el país.

«Hasta ahora las políticas públicas han prestado –a la vista del resultado y las cuantías de las ayudas– poco apoyo a la rehabilitación y renovación urbana. Además, la normativa es muy dispersa, confusa y con muchas trabas. Esta ley pretende impedir que las trabas burocráticas impidan lograr los objetivos a alcanzar», ha añadido, incluyendo entre los objetivos de la norma conseguir que «las ayudas públicas beneficien a quienes más lo necesitan».

Objetivos de la reforma
Por ello, la ministra ha expresado su convencimiento de que esta nueva normativa «conseguirá avances» tanto en la mejora de los edificios como en el confort de las viviendas, a la par que se reduce la factura energética de las familias y del país, y se favorece la accesibilidad. «Estoy hablando de las cosas de comer, de las condiciones de habitabilidad de tantas familias», ha añadido.

Además, la titular de Fomento ha subrayado el potencial como motor de la creación de empleo de este sector, recordando que por cada millón de euros invertido se generan 18 puestos de trabajo directos, y que el Plan Estatal de Viviendas prevé la creación de 32.000 empleos con las ayudas directas y de 105.000 más por la inversión productiva total.

De esta manera, España podrá reducir la brecha en materia de rehabilitación que mantiene con la UE, para lo cual es imprescindible eliminar las «trabas y cargas injustificadas» que provoca una normativa «dispersa, inconexa, contradictoria, incompleta y difícilmente comprensible» que, además, «no contiene fórmulas de financiación innovadoras».

Aspectos más importantes de la ley
En materia de conservación, Pastor ha destacado que se regulan los deberes de conservación de forma similar para todo el territorio nacional, facilitando que se aprovechen las obras de rehabilitación para acometer también mejoras de eficiencia energética de forma que se ahorren costes. «Si la eficiencia de todo el edificio supera el 30% se permitirá cerrar terrazas y balcones de forma uniforme y conjunta, ganando edificabilidad interior y estética exterior. Es puro sentido común», ha añadido.

Para que estas medidas sean «efectivas» se prevén «incentivos económicos y subvenciones directas» de hasta 4.000 euros por vivienda o 100 metros cuadrados de local, y se autoriza a las comunidades de propietarios a tramitar las ayudas de forma conjunto para simplificar el proceso.

En materia de accesibilidad, se intentan solventar los defectos de la actual Ley del Suelo ya que, pese a que obliga a instalar ascensores si lo solicita un vecino mayor de 70 años o un discapacitado, 10,7 millones de edificios de cuatro o más pisos aún no cuentan con este servicio. Para impulsar la medida se define qué son ‘cargas razonables’ en base a una «adecuada ponderación coste-beneficios» para que no supongan un coste «desproporcionado», y se permite la cesión gratuita del suelo municipal para dar espacio a esta instalación. También se incluyen ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda.

Finalmente, en relación con la mejora de la eficiencia energética, se deja de considerar que el cierre de terrazas supone un aumento de edificabilidad para que no sea necesario modificar los planes de ordenación urbana, y también se permite ocupar superficies de dominio público para obras de aislamiento térmico, instalación de captadores solares o centralización de instalaciones energéticas.

Además, se incluye ayudas de 2.000 euros vivienda o de hasta 5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio. «Si el consumo energético baja, la ayuda sube. Así, la repercusión de la inversión es prácticamente gratuita ya que el coste se compensa con el ahorro en la factura energética», ha asegurado la ministra.

Finalmente, el proyecto de ley prevé la implantación del Informe de Eficiencia Energética, que sumará la actual Inspección Técnica de Edificios con el Certificado Energético, necesario para poder alquilar o vender pisos. «En una sola inspección se aportará toda la información», ha destacado Pastor, recordando que el plazo para cumplir esta obligación se extenderá hasta 2019 para los edificios de más de 50 años, mientras que el resto contará con cinco años para obtener el informe desde que superen el medio siglo.

Amplia participación
De esta manera, «cuando alguien pida una ayuda para conservación serán 2.000 euros, pero si es para conservación y eficiencia energética podrán llegar a 8.000 euros; y si es para conservación, eficiencia y accesibilidad las ayudas podrán llegar hasta los 13.000 euros. Son cuantías importantes, dinero que se invierte de forma eficiente porque tiene retornos», ha destacado la ministra.

Además, ha asegurado que en la redacción de este proyecto de ley se ha contado con una «amplia participación» de colectivos afectados y comunidades autónomas, y espera que durante la tramitación parlamentaria también sea posible llegar a acuerdos con los partidos de la oposición.

Finalmente, ha pedido la colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas y grupos políticos para afrontar los «desafíos» en materia de vivienda, reclamando ideas y esfuerzo presupuestario. «Todo para hacer posible que ese acceso a esa vivienda que no es digna lo sea y para hacer posible que la rehabilitación y regeneración urbana sean la seña de identidad de la política de vivienda en España, como lo está siendo en otros países de la UE», ha zanjado.
[Via ElMundo]

Magistrados y expertos estudian cómo unificar los criterios sobre cláusulas abusivas

Una veintena de jueces de Primera Instancia y mercantiles debatirán mañana con los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo y otros expertos el régimen transitorio a aplicar hasta que la normativa española adapte la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria.

El debate se enmarca en las Jornada sobre Cláusulas Abusivas en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria que dirigirá el presidente de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, y que ha sido organizada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar como una actividad más del servicio de formación continua de la Escuela Judicial.

La jornada se desarrollará en la sede de la Escuela de la calle Trafalgar de Madrid, a puerta cerrada, desde las nueve y cuarto de la mañana y hasta la tarde, cuando será clausurada por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Asistirán todos los magistrados de la Sala de lo Civil del alto tribunal y una veintena de jueces de todas las comunidades autónomas, uno por comunidad y dos por las de Madrid, Andalucía y Cataluña, según las mismas fuentes.

Igualmente, el debate contará con la presencia de inspectores del Banco de España, del juez que llevó la Ley Hipotecaria al TJUE, el magistrado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo y de la magistrada del Tribunal Constitucional Encarnación Roca.

Conclusiones públicas
Los asistentes discutirán sobre los criterios a adoptar en la situación actual, puesto que la doctrina del TJUE no ha sido aún adaptada a la normativa española, si bien su resolución debe aplicarse, según las mismas fuentes. Los magistrados valorarán todos los factores que afectan a esta cuestión y alcanzarán unas conclusiones que previsiblemente serán hechas públicas por el Poder Judicial.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El tribunal europeo cree que esta protección a posteriori «resulta incompleta e insuficiente» ya que «no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda» sino que se limita «al pago de una indemnización por daños y perjuicios».

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por juez Fernández Seijo antes de dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca que finalmente se ha declarado abusiva.
[Via ElEconomista]

Rechazado el ‘alquiler forzoso’ para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda

El Parlament de Cataluña rechazó ayer jueves con los votos de CiU y PP una moción del PSC que pedía que la Generalitat promoviera el ‘alquiler forzoso’ para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

La iniciativa ha fracasado por un estrecho margen de votos, 63 ‘no’ –CiU y PP– y 61 ‘sí’ –PSC, ERC, ICV-EUiA, C’s y CUP–, y se ha convertido en una de las pocas votaciones de la legislatura en la que los socios parlamentarios que apoyan al Govern –CiU y ERC– han votado divididos.

El diputado Jordi Terrades (PSC) ha argumentado que la moción presentada aspiraba a un giro en las políticas de viviendas porque los ciudadanos no entienden que ‘se salven bancos y cajas con recapitalizaciones millonarias y cueste tanto encontrar soluciones legales para salvar personas’.

El PSC ha sido el blanco de las críticas por parte de la mayoría de grupos parlamentarios, que le han reprochado que las actuales recapitalizaciones bancarias las empezó a impulsar un gobierno del PSOE, y que el alquiler forzoso se contempló en una ley que aprobó el tripartito pero que nunca llegó a aplicar.

Para el diputado Pere Calbó (PP) la moción es un ‘fraude’ a los ciudadanos, ya que el PSC no impulsó estas medidas mientras gobernó, y también para Quim Arrufat (CUP), que ha considerado que es una ‘contradicción política flagrante’ respecto a lo hecho por el tripartito.

En defensa de lo realizado por el gobierno de izquierdas ha salido el diputado y exconsejero Salvador Milà, que ha destacado que se invirtieron ‘65 millones de euros’ en políticas de acceso a la vivienda que repercutieron positivamente en miles de familias.

El portavoz de C’s en el Parlament, Jordi Cañas, ha recordado que la exministra socialista Carme Chacón impulsó juzgados para agilizar los desahucios, mientras que Meritxell Roigé (CiU) ha asegurado que el Govern ya está tomando medidas, como el impuesto a los pisos vacíos que tiene previsto implantar.

Aparte de esta moción, el PSC ha presentado en el Parlamento catalán una reforma legal –pendiente aún de debatir– que aspira a gravar los pisos vacíos y también luchar contra los desahucios a partir de ‘expropiaciones temporales’ de pisos a bancos.

El Parlament sí ha aprobado otros puntos de la moción, como el que reclama al Gobierno Central que promueva las reformas legales necesarias para aplicar la dación en pago y resolver el sobreendeudamiento de las familias.

También se ha aprobado la creación de una comisión de sobreendeudamiento que atienda a las personas desahuciadas en Cataluña y que los Presupuestos de 2013, que aun no se han presentado, incluyan una partida para una nueva convocatoria de prestaciones para el pago del alquiler y para ayudas a la rehabilitación.
[Via UrbaNoticias]

Bruselas duda de la legalidad del decreto de la Junta para expropiar pisos a la banca

La Comisión Europea quiere más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca, ya que duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera europea.

En una carta remitida al Ministerio de Economía y a la que ha tenido acceso Efe, la Comisión Europea traslada su preocupación por las iniciativas de algunos gobiernos regionales sobre expropiaciones temporales de pisos a la banca, desalojos o el establecimiento de sanciones a las casas vacías.

Bruselas plantea que estas propuestas pueden chocar con los compromisos adquiridos por España con la firma del ‘mou’, el documento que recoge las condiciones para que el país recibiera fondos de sus socios con los que rescatar su sistema financiero.

Por ello pide más información sobre estas medidas con el fin de evaluar si son compatibles con los acuerdos del mou, al tiempo que lamenta el riesgo de estas iniciativas para la banca, en un momento en el que España está haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad de su sistema financiero.

Una advertencia para gobiernos regionales como los de Andalucía y Canarias que hace casi un mes mostraron su disposición a expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos de familias que no pueden pagar sus hipotecas.

En el caso concreto de Andalucía, con 8,4 millones de habitantes y gobernada por el PSOE e IULV-CA, el pasado 12 de abril entró en vigor el decreto que permitía las expropiaciones temporales de uso con la intención de beneficiar a unas doscientas personas en una primera fase.

La idea del gobierno regional es hacerse durante un tiempo con viviendas desocupadas propiedad de bancos u otras empresas, que no fueran residencias dedicadas a usos turísticos u ocasionales.
[Via ElMundo]

La idea de comprar casa, al alza

La idea de comprar vivienda parece volver a calar entre los futuros planes de los españoles. Según el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, hasta un 3,6% de los entrevistados baraja la posibilidad de adquirir una casa durante el próximo.

Este porcentaje de potenciales compradores confesos de casa casi dobla el 2,1% que respondió afirmativamente a la pregunta «Ud. personalmente ¿tiene planes de comprar vivienda en el próximo año?» en la encuesta realizada por el CIS en diciembre.

Un incremento de la intención de compra que va aparejado con la sensación en alza de que el precio de la vivienda se mantendrá. Cada vez, menos ciudadanos piensan que éste bajará en favor de la opinión de que los precios se mantendrá.

De este modo, si el último mes de 2012, un 52,7% creía que seguiría bajando, cuatro meses después este dato se ha reducido casi cuatro puntos (48,8%). Aumenta el pensamiento de que la evolución del coste de las casas será hacia la estabilización (40,6% por el 37,1% de diciembre) o que incluso se incrementará (6,1% por el 4,9% de diciembre).

El indicador ha incorporado además una pregunta más relacionada con la vivienda que radiografían la ‘relación’ de los españoles con la casa en la que residen. Así, a la cuestión «La vivienda en la que Ud. vive es…?», casi la mitad (47,8%) responde «En propiedad por compra y está totalmente pagada», mientras que un 33,8% indica que «En propiedad por compra y con pagos o hipotecas pendientes».

Apenas un 8,4% dice vivir «en alquiler». Un 6,1% reconoce vivir «En propiedad por herencia o donación». Y un 1,8% afirma que su casa es «Cedida gratis o a bajo precio por un familiar, la empresa, etc.»
[Via ElMundo]

El Senado podría poner límites a los apartamentos turísticos

El Pleno del Senado aprobará previsiblemente este miércoles, para su remisión al Congreso, el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, en el que el Grupo Popular incluyó una enmienda por la que se limitará el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares.

Fuentes del sector del alojamiento señalan, con datos aproximativos, que existen en España 119.980 viviendas de uso turístico que dan empleo directo a 22.821 personas y a otras 7.500 de forma indirecta, con un impacto económico total que ronda los dos millones de euros anuales.

Según la patronal hotelera, en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas turísticas que actualmente no están sometidas a la regulación que comparten hoteles, campings, apartamentos o casas rurales.

La modificación introducida remite la regulación de estos apartamentos a la legislación turística, transferida a las comunidades autónomas. La Ley de Arrendamientos Urbanos «no va a impedir el uso del alojamiento privado para el turismo», explican desde la Secretaría de Estado de Turismo, sino que se excluye a este tipo de alojamientos de esta norma para dejar su regulación a la normativa sectorial específica de las comunidades autónomas.

Ahora bien, en caso de no existir dicha normativa, a estos alojamientos se les aplicará el régimen de los arrendamientos de temporada, que se mantiene en la modificación de la LAU, aunque en este punto no hay mucha variación, con lo que se anima así «en cierta medida» a las comunidades autónomas a que legislen al efecto.

Las posibles consecuencias
Inicialmente estos alojamientos turísticos estaban regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero esta normativa quedó derogada en el marco de la directiva europea de servicios en enero de 2010, dejándolos en un limbo legal. Ahora se completa su translación a la normativa turística.

En esta situación se deja su regulación en manos de las comunidades autónomas que cuentan con legislación al respecto y se da potestad al resto para que establezcan las normas pertinentes.

En consecuencia, si antes era suficiente tener una cédula de habitabilidad o una licencia de primera ocupación para alquilar una vivienda por temporadas, ahora la autonomía podría establecer todo tipo de condicionantes, empezando por que se prohíba todo alquiler que no opere sobre suelo terciario, en lugar de residencial, continuando con licencias varias, hasta llegar a cuestiones de mobiliario tales como la necesidad de contar con accesos para discapacitados.

Desde la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico (Asotur), se defiende, tras reunirse con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, que esta modificación responde a las presiones del ‘lobby’ hotelero, que estaría tratando de restar actividad a los particulares para aumentar su cuota de mercado.

Actualmente, los datos aportados por el sector indican que la ocupación media en hoteles es del 47,8%, mientras que en el caso de los apartamentos turísticos alcanza el 56,8%.

Así, en la justificación de la enmienda, el Grupo Popular sostiene que se trata de un ejercicio de intrusismo y competencia desleal por parte de los particulares.

Sin embargo, desde Asotur se defiende que no existe tal intrusismo puesto que particulares y hoteleros no comparten el mismo mercado de turistas. Entre las diferencias, señalan que los apartamentos suelen recibir a familias que presentan una estancia media de 7,2 días, -dejan por tanto más dinero y más repartido geográficamente en España a través del consumo-, mientras que el promedio en los hoteles es de 3,3 noches.

Una modalidad habitual en Europa
Por otro lado, los detractores de esta medida sostienen que esta modalidad de alquiler existe en ciudades representativas de Europa como Berlín, Londres o París y es fuente de trabajo para numerosas organizaciones que se dedican a intermediar entre los propietarios de las viviendas y los arrendadores, así como para portales para reservas a través de Internet.

Además, sostienen que este mercado está estimulando una dinámica de rehabilitación del parque mobiliario urbano y contraviene la intención de la reforma del alquiler, que es motivar la puesta en el mercado de gran número de viviendas vacías.

Asimismo, desde Asotur se recuerda que ya se han producido sentencias contrarias a la prohibición por parte de algunos ayuntamientos al desarrollo de estos apartamentos turísticos, en las que se argumenta que supone un ataque a la propiedad privada y a la normativa europea que ampara la libre circulación de bienes y servicios.

Los hoteleros se defienden
Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que también ha tratado esta cuestión con la secretaria de Estado de Turismo, ve con buenos ojos que los turistas se alojen en apartamentos, ya que «no se le puede poner puertas al campo», como señala su secretario general, Ramón Estalella.

Sin embargo, Estalella se muestra «contrario a que una parte muy importante del turismo español se aloje en establecimientos que quedan fuera de la regulación y de las obligaciones fiscales, con el menoscabo que supone para las arcas de las comunidades autónomas».

Regular el uso del alojamiento privado
El Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, hoja de ruta de la política turística del Ejecutivo, ya constata «un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado en el turismo», que podría «estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal» que van en contra de la calidad y competitividad.

Por ello, Turismo «trabaja con las comunidades autónomas para que la legislación de estos alojamientos esté lo más armonizada posible entre ellas», como una de las medidas de mejora de competitividad en los destinos turísticos.

Según el PNIT, un 15,9% más de turistas se alojaron ya en viviendas alquiladas en 2011. Ese año, la estancia media en vivienda alquilada a los turistas no residentes fue de 16,7 días.

En esta circunstancia, el senador del PSOE Juan Manuel Ortega, ponente de este proyecto de Ley, da por hecho que el texto será remitido sin cambios a la Cámara Baja por «el rodillo» de la mayoría absoluta del PP, que «ha cedido a las presiones del ‘lobby’ hotelero».
[Via ElEconomista]