Oct
10
Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el derecho de un desempleado de ideología anticapitalista y, por tanto, contrario al uso de servicios financieros, a cobrar el paro en metálico a través de ventanilla y no mediante ingresos en cuenta bancaria.
El beneficiario de esta prestación manifestaba ser de «ideología contraria al capitalismo» y, en consecuencia, no es titular de cuenta corriente alguna a través de la cual se pueda gestionar el cobro.
El Servicio Público de Empleo Estatal denegó su solicitud de cobro en metálico, basándose en que el artículo 228.2 de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado por el Real Decreto 685/1985, es claro en cuanto a que el pago debe realizarse mediante «el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante, de la que sea titular, salvo en casos justificados en los que la entidad gestora permita el pago en efectivo».
El trabajador consideró que, al negarle la posibilidad de cobro en metálico, se vulneraban sus derechos a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia, además de ser una actuación discriminatoria porque le obligaba a formalizar un contrato de cuenta corriente para recibir el subsidio.
Por ello, decidió impugnar la resolución administrativa ante el Juzgado de lo Social, que desestimó su pretensión. Finalmente, el caso termina en el TSJ de Cataluña que, tras un amplio análisis sobre la objeción de conciencia y su configuración legal, llega a la conclusión de que «no puede exigirse al ciudadano que concierte una cuenta corriente con el gasto que ello conlleva (la ley establece expresamente que el pago no conllevará gasto ni para la entidad gestora ni para el perceptor), porque el precepto debe entenderse en el sentido de que ‘deberá abonarse a través de cuenta corriente’ cuando el beneficiario sea titular de una, pero no puede exigírsele que concierte un contrato oneroso, como es un contrato bancario de cuenta corriente que devenga comisiones, en contra de su voluntad». Objeción de conciencia No es la primera vez que la Justicia se pronuncia sobre casos de este tipo.
La objeción de conciencia de los ciudadanos y sus efectos en las relaciones con la Administración es recurrente. Hace unos meses, el TSJ de Valencia se pronunciaba sobre otro caso en el que un ciudadano reclamaba su derecho a la objeción de conciencia para no pagar a Hacienda en la declaración de la Renta la parte proporcional que el Gobierno destina al Ministerio de Defensa.
En esta ocasión, se denegó la pretensión del ciudadano al considerar el alto tribunal valenciano que aunque la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ello no conlleva poder ejercer la objeción fiscal por motivaciones pacifistas «en tanto que el reconocimiento de dicha posibilidad supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección». Además, el tribunal apuntaba que «la negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas (art. 8.1 de la Constitución), el derecho de los españoles a defender a España (art. 30) y el sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1)».
[Via Expansion]
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Oct
9
La vivienda en los Presupuestos de 2014
A rehabilitación, renovación urbana y alquilere, va la mayor parte, 613,5 milones
El Ministerio de Fomento cuenta con 8.980 millones de euros en el Proyecto de Presupuestos de 2014, más unos 1.400 millones para subvencionar el transporte y reducir peajes. A Vivienda le corresponde el 9% del total, 788 millones.
A la hora del reparto seguirá dos directrices: facilitar el acceso a la vivienda mediante el alquiler e intentar la recuperación del sector de la construcción vía rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbana.
De hecho, la mayor parte, 613,5 milones de euros irán para «Impulsar el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbana 2013-2016».
Así se repartirá el resto dinero:
Cierre del Modelo Anterior reconduciendo las ayudas al Nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 :139 millones (Subvenciones, 87 millones; Ayuda Estatal Directa a la Entrada, 12 millones y Renta Básica de Empleo, otros 40 millones)
Convenios específicos (Amate, Melilla y Hospitalet): 15 millones de euros
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico: 21,4 millones para inversión; 1,5% cultural para conservación del patrimonio histórico y 16,7 millones para transferencias de capital.
[Via El Pais]
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Oct
9
Así cotizarán los autónomos en 2014
La Tesorería de la Seguridad Social se ha complicado poco este año la vida para actualizar las bases de cotización por contingencias comunes que determinarán en el futuro las cuantías de las pensiones de los cotizantes. Ha elevado las bases máximas un 5%, hasta los 3.597,00 euros al mes, y elevará las mínimas en la misma cuantía que lo haga el salario mínimo interprofesional, que bien podría congelarse para 2014. Las modificaciones más significativas se concentran en los trabajadores autónomos.
En primer lugar, modifica Empleo los umbrales de edad a partir de los cuales establece límites a las aportaciones, para evitar la “compra” de la pensión concentrando las aportaciones en el tramo final de la vida laboral. Y en segundo lugar, establece una serie de parámetros para los cotizantes de más de 50 años que hasta ahora no han sido autónomos, pero que las circunstancias críticas del mercado de trabajo les obligan a cotizar en tal régimen de cuenta propia.
La Seguridad Social siempre ha topado la base máxima desde los 50 años, para evitar incrementos artificiales de las bases, y, por ende, de las pensiones ulteriores, a quienes entraban en los últimos quince años de su carrera de cotización, precisamente los que hasta la reforma de la ley en 2011 contribuían a determinar la cuantía de la pensión. Pero como se ha elevado la edad de jubilación (65 años y dos meses desde enero próximo) y se ha ampliado el número de años de carencia (17 desde enero próximo), ha adelantado el umbral de edad desde el que la base está topada.
Así, desde enero próximo, con carácter general la base máxima será de 3.597 euros mensuales y la mínima de 875,7 euros al mes. Quienes a 1 de enero de 2014 tengan una edad inferior a 47 años podrán elegir la base entre los dos límites citados. Lo mismo podrán hacer los trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización de diciembre de 2013 haya sido igual o superior a los 1.888,8 euros al mes, o que causen alta en el régimen especial de Autónomos con posterioridad a la citada fecha.
Quienes el 1 de enero tengan 47 de edad y una base de cotización inferior a los 1.888,8 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a la de 1.926,6 euros (el tope previo más un 2%), salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2014, y que tendría efectos para la cotización de julio. También podrán superar el citado nivel (1.926,6) el cónyuge supérstite del titular de un negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo con 47 años de edad.
Quienes a 1 de enero de 2014 tuvieran 48 o más años cumplidos cotizarán necesariamente por bases comprendidas entre los 944,4 y los 1.926,6 mensuales; las excepciones se ciñen al cónyuge supérstite del titular con 45 años o más.
Autónomos recién llegados
Para los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado antes en otro régimen de Seguridad Social por al menos cinco años, tendrán condiciones diferentes. Este es un caso más común cada año que pasa, por el trasvase de cotizantes de regímenes por cuenta ajena a la propia, debido a la presión de la crisis y la pérdida de empleo asalariado.
Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a los 1.888,8 euros, habrán de cotizar por una comprendida entre 875,7 euros mensuales y los 1.926,6. Si la base de cotización hubiere sido superior al umbral de 1.888,8 euros, habrán de cotizar por una base comprendida entre 875,7 y el importe de aquélla, incrementado en un 5%, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.926,6 euros.
Los autónomos cuya actividad sea la venta ambulante, tendrán como base mínima la del régimen general o la mínima del régimen de autónomos (875,7 euros). Los autónomos que cotizen en régimen de pluriactividad disponen de un mecanismo de devolución parcial de cotizaciones, que debe ser solicitado antes del 30 de abril del año próximo a la Tesorería. Por lo que se refiere a los tipos de cotización aplicables a las bases comentadas será del 29,8% o del 29,3% si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,5%.
[Via Cinco Dias]
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Oct
9
La edad real de jubilación supera los 64 años por primera vez
Hace ocho años, en 2005, en plena expansión de la economía española, los trabajadores se jubilaban de media a los 63,6 años. El aumento del gasto en pensiones en aquel momento no era un problema inmediato porque el empleo –y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social–, crecía por encima del 3% anual y el sistema registraba superávit cercanos al 1% del PIB.
Sin embargo, desde 2006, aunque aún no se veía la crisis en el horizonte, los expertos ya dieron la voz de alarma sobre el incremento de gastos del sistema de pensiones a medio y largo plazo y empezaron los ajustes. Entre otros, se comenzó a endurecer la jubilación parcial y se crearon incentivos a la prolongación de la vida laboral. Y uno de los objetivos de todo esto era conseguir retrasar la edad efectiva a la que se jubilan los españoles.
Pero esta variable es difícil de modificar sin grandes medidas de choque. Sobre todo, sin retrasar la edad legal de jubilación. Por ello, desde 2005 hasta ahora la edad media de retiro apenas se ha ido retrasando unas décimas, pasando de los 63,6 años antes citados a los 63,9 en 2012, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, ni siquiera dos recesiones sucesivas han pesado lo suficiente para que los españoles siguieran en activo.
Solo entre enero y agosto de 2013 se ha acelerado este retraso de la edad real de jubilación hasta los 64,2 años, tras incrementarse en tres décimas solo en lo que va de año. Esto supone, además, superar, por primera vez, la barrera de los 64 años. En el Régimen General, al que pertenecen ocho de cada diez cotizantes, la edad media de jubilación se ha retrasado aún con más intensidad en el presente ejercicio, pasando de 63,5 en 2012 a 63,9 años en agosto pasado.
Según interpretan los responsables de Seguridad Social, la nueva edad real de retiro (64,2 años) “confirma el perfil ascendente de los últimos años al que se añade el efecto en vigor de la nueva edad de jubilación”. Con ello se refieren a que el pasado 1 de enero entró en vigor el retraso paulatino de la edad legal de jubilación de los 65 años a los 67 en el año 2027. De esta forma, los nuevos jubilados de 2013, si tienen menos de 35 años y tres meses cotizados, se están ya jubilando a los 65 años y un mes.
Además, en marzo también entró en vigor una nueva normativa más restrictiva del acceso a las jubilaciones anticipada y parcial. Esta última modalidad, que es la más costosa para la Seguridad Social, porque no tiene coeficientes penalizadores en el momento de cobrar la prestación a partir de los 65 años, ha perdido peso notablemente. Así, en 2012 estas jubilaciones eran el 9,69% del total y en la actualidad se han rebajado al 6%. Y, en general, la jubilación anticipada antes de los 65 años y un mes ha pasado de ser el 42,2% el pasado año al 37% en la actualidad. De esta forma, el peso de este tipo de retiro también baja del 40% por primera vez.
Menos peso, de momento, están teniendo los incentivos al retraso de la edad de jubilación. Desde 2008 todas las medidas adoptadas para ello no han logrado incrementar el porcentaje de trabajadores que sigue en activo tras cumplir la edad de jubilación, que está estancado en el entorno del 10%.
Más de 5.600 personas trabajan y cobran pensión
Entre las últimas novedades aprobadas este año en el sistema de pensiones están los incentivos a la jubilación activa o demorada. Se trata de permitir a aquellos trabajadores con carreras de cotización más largas (el beneficiario tiene que tener derecho al 100% de su pensión) seguir trabajando una vez que ha cumplido la edad legal a la que debe retirarse y, a la vez que su sueldo, cobrar el 50% de su prestación de jubilación. Esto es, seguir trabajando recibiendo su salario completo más la mitad de su pensión.
De momento, son fundamentalmente los trabajadores autónomos los que están optando por seguir en activo cobrando parte de su pensión. Así, la medida esta disponible desde marzo y a 1 de septiembre pasado la Seguridad Social tenía contabilizados 5.629 jubilados que se han acogido a esta fórmula, de los que más del 83% son autónomos. Esto representa alrededor del 10% de todos los que optaban al retiro.
No obstante, quienes optan por esta posibilidad no generan más pensión con su trabajo realizado más allá de la edad de jubilación, ya que dejan de cotizar por contingencias comunes.
El hecho de que la mayoría sean trabajadores por cuenta propia refleja la situación del colectivo, donde la mayoría ha cotizado históricamente el mínimo permitido, lo que en el momento de su jubilación repercute en las bajas cuantías de sus pensiones.
Además, tienen carreras más cortas de cotización. De todas las pensiones vigentes de autónomos, solo el 38,3% ha cotizado más de 35 años; frente al 71,5% de los asalariados. Si bien, esta situación histórica de los autónomos también está cambiando, ya que entre las nuevas altas de jubilación de estos trabajadores, los que han cotizado más de 35 años se elevan al 52%.
[Via Cinco Dias]
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Oct
8
El precio de la vivienda usada frena su caída por primera vez desde el inicio de la crisis
El precio medio de los pisos usados se situó en 1.762 euros por metro cuadrado a cierre del tercer trimestre del año, con lo que se mantiene en el mismo importe que en los tres meses precedentes y frena por vez primera la caída continuada que registraba desde el inicio de la crisis, según el informe de ‘Fotocasa’ y el IESE.
En concreto, con esta estabilización se rompe la cadena de 24 trimestres consecutivos de descensos que el precio de la vivienda de segunda mano registra desde que estalló la crisis en septiembre de 2007.
En términos mensuales, el precio de los pisos usado cayó un 9,4% en septiembre frente al mismo mes de 2012. No obstante, este dato presenta una moderación de los descensos interanuales de meses anteriores, cuando que registrarno retrocesos de hasta el 11%.
Pese a la congelación del precio medio, al analizar la evolución por comunidades autónomas, nueve de ellas experimentan aumentos en el tercer trimestre.
Se trata de la Comunitat Valenciana, donde los pisos usados se encarecieron un 1,3% en los tres últimos meses, Canarias (+1,2%), Castilla-La Mancha (+1,1%), Cantabria (+0,9%), Baleares y Madrid (+0,6% en cada una), y Murcia, Aragón y La Rioja, con un leve repunte del 0,3% respectivamente.
En el otro extremo, los pisos usados se abarataron en ocho comunidades. La caída más abrupta, del 2,5%, se localizó en Extremadura y la más suave (-0,2%), en Cataluña.
Por tipo de vivienda, en los tres últimos meses del año, desciende levemente (entre un 0,1% y un 0,3%) el precio de todos los pisos, salvo los de mayor tamaño (de entre 150 y 300 metros cuadrados), que repuntan un 0,4%.
[Via El Economista]
Oct
8
El cliente ‘regala’ al banco el 64% del valor de la vivienda con las nuevas hipotecas
Aunque adquirir una vivienda a tocateja se ha puesto de moda en los últimos meses, el común de los compradores necesita pedir una hipoteca a una entidad financiera. Pero corren malos tiempos para la financiación: la realidad actual es que se firman menos hipotecas que nunca (no llegaron a 14.000 el pasado mes de julio, mínimo de la serie histórica del INE) y a unos intereses cada vez más altos (el tipo de interés medio se sitúa en el 4,40%, un 3,8% más que en 2012). Además, bancos y cajas han endurecido las condiciones de los préstamos hipotecarios. El resultado es que, si se financia la compra, además de la devolución del capital prestado, el cliente acaba pagando al banco un 64% más de media en concepto de gastos, comisiones e intereses.
Si tomamos como ejemplo la hipoteca media del INE, de 100.000 euros, y teniendo en cuenta que la mayoría de bancos solo prestan el 80% del valor de la vivienda o tasación, podemos suponer que el precio del inmueble asciende a 125.000 euros (un 20% más). Los gastos suponen como mínimo un 10% del valor de compraventa, 12.500 euros, y la comisión de apertura que se suele aplicar es del 1% de la hipoteca, 1.000 euros. A esto se añaden los intereses, que en las nuevas hipotecas son de alrededor de euríbor más un diferencial medio del 3%. Suponiendo que el plazo de amortización sea de 25 años y durante ese periodo el euríbor haya mantenido una media del 1,5%, el interés aplicado sería del 4,5%, lo que se traduce en un total de 66.750 euros en intereses. Al final, el cliente habrá devuelto al banco los 100.000 euros prestados y 80.250 euros más. Es decir, un 64% más de lo que costó la casa.
Principalmente, tres son los factores que encarecen los préstamos hipotecarios: los gastos, las comisiones y los intereses generados. En primer lugar, los gastos ligados a la compraventa de un inmueble incluyen la tasación, la notaría, la gestoría y los impuestos. Se trata de un coste adicional de entre el 10% y el 13% del precio al que se cierra la operación. Esto obliga al comprador a tener ahorrado al menos un 30% del valor de la casa, dado que las entidades ya no financian el 100%, sino por lo general el 80% del valor de tasación. La tasación de la vivienda (exigida por Ley) la realizan empresas especializadas generalmente por encargo de la entidad, y suele costar unos 200 euros. Por su parte, el notario cobra sus honorarios y la gestoría pasa la minuta por trámites tales como la inscripción en el Registro de la Propiedad o la liquidación de impuestos.
En la transmisión de vivienda nuevas únicamente se paga el IVA (un 10% desde el 1 de enero de 2013), y en el caso de las viviendas de segunda mano se abona el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que oscila entre el 7% y el 8% según la Comunidad Autónoma, y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que grava los documentos notariales.
Aunque depende del banco, en 2013 las comisiones de apertura de una hipoteca rondan el 1%. Pero además existen otro tipo de comisiones que pueden encarecer todavía más el préstamo, como la comisión de estudio, de amortización anticipada o de compensación por desistimiento, que puede ser del 0,50%.
En cuanto a los intereses, los diferenciales que los bancos y cajas añaden al índice de referencia euríbor se han ido incrementando en los últimos meses. Ahora mismo es difícil encontrar diferenciales que bajen del 2% (aunque Bankinter sí ha lanzado recientemente una hipoteca a euríbor + 1,95%). De hecho, según los datos del Banco de España, los tipos hipotecarios medios de los nuevos préstamos a la vivienda alcanzaron 3,27% al cierre de agosto (última cifra disponible), mientras el euríbor a un año recala en el 0,543% y el precio oficial del dinero se sitúa en el 0,50%, su mínimo histórico.
Tampoco hay que olvidar que las entidades financieras exigen la contratación de productos vinculados a la hipoteca. Así, a los costes anteriores habría que añadir el valor de los seguros (de vida, hogar, desempleo), las tarjetas de crédito o los planes de pensiones.
Y, tal y como apunta el portal especializado en finanzas personales HelpMyCash.com cabe recordar que se trata de cálculos realizados suponiendo un plazo de 25 años con un euríbor medio del 1,5%. “Si estos dos factores aumentaran, por ejemplo en el caso de una hipoteca a 30 años con Euribor medio del 2%, también aumentaría el total a pagar”. Para poder calcular no solo la cuota mensual sino también por cuánto sale la operación total de compraventa de una vivienda, es posible utilizar una calculadora gratuita que nos descubra el coste de la hipoteca incluyendo comisiones, gastos y seguros.
[Via Cinco Dias]
Oct
7
Temor a una burbuja inmobiliaria en Alemania ante el aumento de los precios de los alquileres
El execonomista jefe del BCE, Otmar Issing, expresaba la semana pasada al periódico alemán Rheinische Post (RP) sus temores ante una nueva burbuja como consecuencia de unos balances hinchados del BCE. En concreto, aseguraba que «con los precios de las propiedades, inmobiliarias y activos bursátiles, habrá una nueva burbuja».
No es una idea nueva, al menos en Alemania, donde un exceso de liquidez combinado con las bajas tasas de los tipos de interés pueden explicar un aumento importante de los precios del mercado inmobiliario, sobre todo en algunas ciudades. En concreto, varios dirigentes empresariales se han pronunciado en este sentido últimamente en el país germano, asegurando que con las condiciones actuales de liquidez y el poco incentivo al ahorro existe el riesgo de que se destine demasiada inversión a sectores que en circunstancias normales no serían atractivos.
Precisamente también la semana pasada se hacía público en Fráncfort el informe comparativo de los precios del mercado de la vivienda por parte de la Asociación Inmobiliaria Alemana (IVD), entidad que representa los intereses de agentes inmobiliarios y administradores de fincas y que todos los años refleja la evolución del mercado después de contrastar datos del sector en 390 ciudades del país. Entre las conclusiones del documento, destaca un aumento notable de los precios en las ciudades de más de 500.000 habitantes, así como unas diferencias también remarcables entre los precios del sector en diferentes urbes, unas diferencias de valor absoluto del coste de la vivienda en capitales alemanas que raramente se habían dado en el pasado. Un problema añadido que revela el informe es el aumento de los precios del alquiler en los núcleos urbanos, principalmente debido al fenómeno de la gentrificación de las grandes ciudades, que se añade a las dificultades de compra, y que puede generar su propia burbuja.
Subidas de precios
Si bien, el aumento medio de los precios de alquiler en Alemania ha sido el último año del 3,1% y el de compra del 4,4%, en las grandes ciudades los precios suben de media un 7,9%, muy por encima de la tasa de inflación, del 1,5%. Hay ejemplos todavía más drásticos. En ciudades como Colonia, el precio de compra subió un 13,33%, y en Essen un 11,11%. Los alquileres en Berlín subieron un 7,6%.
Para Michael Schick, vicepresidente de IVD, «la explosión de los alquileres es un fenómeno que afecta especialmente a los barrios de moda y a los centros de las grandes ciudades». Según él mismo indica, aproximadamente el 10 por ciento de los alemanes vive en los núcleos de las urbes, y la mitad de ellos están afectados por estos fuertes aumentos de precio.
Un problema que toca de cerca, así pues, a unos cuatro millones de alemanes. En concreto son ya recurrentes las movilizaciones en lugares como Berlín, como la que se llevó a cabo también la semana pasada, que sacó a la calle a centenares de ciudadanos protestando en contra de «la búsqueda de beneficios con los alquileres». Se trataba de una manifestación que se llevó a cabo simultáneamente en diecisiete ciudades alemanas y que lamentaba la poca inversión pública en vivienda social y reclamaba el derecho de los inquilinos de seguir viviendo en sus barrios, algo que en ciudades como Berlín es complicado. En distritos como Neukölln los precios subieron un 20 por ciento el último año, según el informe de IVD.
Y no es un caso excepcional. Según la Asociación de Inquilinos de Renania del Norte Westfalia, la demostración de que es un fenómeno más amplio de lo que se quiere hacer creer es que han aumentado el número de solicitudes de pisos de protección oficial en muchas ciudades. Silke Gottschalk, gerente de la entidad, aseguraba a RP que «en regiones como Colonia o Dusseldorf los aumentos del alquiler han sido de hasta el 40 por ciento en nuevos contratos».
[Via El Economista]
Oct
7
De local a piso, o lo que haga falta con tal de vender
Otra cosa es la inspección, que los usuarios sí conocen. A más de uno le han precintado la caldera alguna vez. Las instalaciones de gas canalizado son inspeccionadas periódicamente por la compañía distribuidora cada cinco años (cuatro en el País Vasco). Se revisa el funcionamiento y estanqueidad del contador, tuberías, llaves, gomas y estado de conservación. El precio lo establece cada autonomía. Ronda los 50 euros, pero puede oscilar entre 34 y 70, según la comunidad, una diferencia llamativa. Se cobra con la factura, según la OCU.
Si se detectan anomalías que no pueden corregirse en el momento, se interrumpe el suministro y se precinta la parte de la instalación o el aparato. Deberán ser corregidas por un instalador de gas o por el servicio técnico, que dará al usuario un justificante.
“En el mercado inmobiliario, el paradigma de todo se vende ha cambiado y la oferta se tiene que adecuar a la demanda”, señala Ángel Serrano, director general de Negocio de Aguirre Newman.
Al cambio de uso están recurriendo tanto los grandes grupos inmobiliarios como el propietario de una pequeña oficina o de un local comercial. El dueño de uno de 81 metros cuadrados, situado en un bajo de un edificio de viviendas en la avenida de Valladolid, en el distrito de Moncloa en Madrid, ha optado por transformarlo en una vivienda, con dos dormitorios y un baño y, aprovechando que está en un residencial con jardín y piscina, lo ha puesto a la venta por 320.000 euros.
En la calle de Antonio López, en el distrito madrileño de Carabanchel, otro propietario ha cambiado el uso a vivienda de su antigua oficina de 80 metros cuadrados, situada en el primer piso. Pide 85.000 euros, tiene ya concedida la licencia y lo vende sin reformar.
Paloma García Romero, concejala presidenta del distrito de Tetuán, en el norte de la capital, asegura que la petición de licencias de cambio de uso de locales comerciales a vivienda es bastante común en su distrito. “Es lógico porque en barrios como La Ventilla no es razonable que haya tanto local”, opina. “Mientras se cumpla la normativa y la solicitud de licencia venga acompañada con un proyecto visado por un técnico, no existe problema”. La normativa está recogida en el Plan General de Ordenación Urbana y hace referencia a aspectos como iluminación, ventilación, fachada, que tenga o se puedan construir cuartos de baño y cocina, y como mínimo 25 metros.
El coste de la licencia es un 4% del presupuesto de ejecución de la obra, al que hay que añadir tasas como la de recogida de escombros, que varían también en función del importe del proyecto.
En Remax han intermediado en la venta de pequeños locales comerciales reconvertidos en vivienda. “Hemos hecho alguna operación de este tipo, pero en la periferia. Si la morfología del local es buena, pero la zona no es comercial, el cambio de uso tiene sentido. En el centro, donde los locales sí tienen valor comercial, debe ser menos frecuente”, opina Jorge del Río, director de Remax Rosales.
Ángel Serrano sí ha detectado, en cambio, la creación de “escuelas, centros de negocios… espacios de multifunción donde se pueden encontrar ofertas de espacio por horas. Lo estamos viendo en garajes en Madrid y sí detectamos una tendencia. La zona es clave”, concluye.
Mucho tiempo antes de que fuera tendencia, ya había promotores trabajando en la renovación y cambio de uso de naves y locales, sobre todo dentro de la almendra central de la M-30. En distritos como el de Salamanca, Chamartín o Chamberí, Loftspain ha convertido espacios industriales o comerciales en lofts para uso residencial o de oficina. Para ellos, como explica el arquitecto Luis Labrandero, “lo difícil, al margen de la zona, es encontrar un local industrial con cerchas y lucernarios para permitir la luz cenital y con la altura suficiente, unos siete metros, para sacar una entreplanta, algo permitido siempre que no esté agotada la edificabilidad. Y conseguir el cambio de uso”. En Loftspain mantienen fachadas y huecos. No es fácil, pero sí es posible.
[Via El Pais]
Oct
6
¿Estaría dispuesto el consumidor a pagar el ‘precio justo’ de los alimentos?
Cuando alguien escucha el término ‘comercio justo’ inmediatamente piensa en productores de alimentos o productos textiles de América Latina o Africa, y posiblemente se muestre dispuesto a adquirirlos allí donde se garanticen estas prácticas, pero puede que muy pocos identifiquen esta idea con los agricultores y ganaderos de muestro país.
Resulta evidente que se parte de situaciones diferentes, tal y como corresponde a países con distintos niveles de desarrollo, pero la queja de los productores propios se repite desde hace años y es que el agricultor y el ganadero son los más perjudicados en la cadena alimentaria por tener poca capacidad de negociación frente a los grandes grupos de distribución, como como Mercadona o Carrefour, que fijan lo que el consumidor debe pagar en sus establecimientos y es por esto que también reclaman un ‘precio justo’ para sus productos.
Y es que el consumidor exige precios bajos en la leche, el aceite de oliva, los cereales del desayuno o la fruta y aunque suban los abonos, los tratamientos de plagas, los transportes y todo el proceso alimentario, el precio se mantiene rebajando el margen que le queda al eslabón más débil de la cadena, el productor, agricultor o ganadero, que sufre una continua pérdida de renta desde antes de la crisis.
Desde la Federación Amdaluza de Empresas Cooperativas Agroalimentarias (Faeca) su presidente, Jerónimo Molina, lanzaba una pregunta a varios responsables de la distribución comercial en España participantes en una mesa redonda durante el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía que se celebraba en Granada esta semana. «La cuestión es ¿por qué no suben los precios en el sector agroalimentario cuando aumentan en todos los demás?», preguntaba Molina, sabierndo que la cuestión resulta muy impopular en la ciudadanía, sobre todo en tiempo de crisis.
Su razonamiento era el siguiente: «Suben los costes de la energía y pagamos más por el recibo de la luz. Lo mismo con los transportes, pero con los alimentos no sucede así. Se mantienen los precios pero a costa de rebajar lo que la distribución paga a los agricultores proveedores de esos alimentos», afirmaba el presidente de Faeca.
Los intermediarios
Desde la distribución se asegura que se tiende a prescindir de intermediarios no necesarios. Incluso hay grupos como Edeka, líder en Alemania, que negocia directamente con los productores, muchos de ellos españoles.
Sin embargo, también recuerdan que no siempre son posibles soluciones como la venta directa para acortar los márgenes y dejar más ganancia al productor. «Hay algunos informadores que publican semanalmente el precio de materias primas en origen y en algunos supermercados y tiendas de España. Y dicen, a tanto está el cerdo en la lonja de Lleida y a tanto en la carnicería de su ciudad. Y yo digo que no se tiene en cuenta que si el consumidor quiere esos precios bajos debería coger su coche, irse a Lleida, llevarse el cerdo vivo, sacrificarlo, despiezarlo y conservalo en cámaras frigoríficas. Todo esos servicios tienen su precio, explica José Ignacio Arranz, presidente del Foro Agroalimentario, la asociación de empresas proveedoras de Mercadona.
El consumidor y su obsesión por el precio también sirve de coartada para las cadenas de distribución. «El tener a un cliente o no puede ser cuestión de 5 céntimos. Si se le sube esos 5 céntimos te abandona para irse a otro lado donde pueda comprar, aunque sea otro producto incluso de inferior calidad pero al mismo precio, asegura Arranz.
Desde el sector agrario se recuerda que no sólo se trata de mantener los precios finales, sino que se han dado bastantes casos en que se han ofrecido como productos reclamno el aceite de oliva o la leche a precio por debajo del coste de producción, práctica prohibida por la legislación.
Negociación desigual
La solución es compleja. Desde el sector cooperativo se asegura que es necesaria la fusión de estas entidades para poder negociar precios en igualdad de condiones con la distribución. En otra mesa redonda del congreso de Faeca los tres gerentes de las cooperativas más importantes de Andalucia (Covap, Dcoop y Unica Group) coincidían en el diagnóstico. «Pese a esto, lo único claro es que somos muy pequeñas».
Antonio Luque, gerente de Dcoop (hasta hace unos días Hojiblanca, ahora fusionada con Tierras Altas) lo viene diciendo desde hace tiempo y lo repitió en su intervención en Granada: «Tendríamos que ser sólo tres o cuatro grandes cooperativas». Es lo que sucede en países como Holanda.
En España hay en estos momentos cerca de 4.000 cooperativas agroalimentarias y compitiendo entre ellas para conseguir ser proveedor de una gran cadena y muchas de ellas participan en esta guerra de bajada de márgenes a los agricultores. Francisco Contreras, director de promoción y ventas de Edeka, enseñaba un voluminoso taco de folios con los correos electrónicos recibidos en el que distintos productores ofrecían abastecer a mitad de precio. Así es difícil poder fijar márgenes mínimamente rentables para el campo.
[ Via El Mundo]
Oct
6
Luz verde a la circular de Linde para animar el crédito a pymes
El Banco de España ya ha cumplido con toda la hoja de ruta marcada por el Memorando de Entendimiento del rescate a la banca en materia de provisiones. Las ha endurecido con el objetivo de sanear al máximo la cartera de crédito y una vez ya casi cumplido el objetivo, comienza el turno de regular, aunque sea tímidamente, para que empiece a fluir el crédito a una economía ávida de financiación.
El Banco de España ha aprobado una circular por la que se suavizan los requisitos de recursos propios que se exigen a las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas. El propósito, según reconocen fuentes de la institución, es incentivar la financiación a este sector, clave en la economía productiva del país. La institución ha trasladado a su normativa una disposición adicional de la Ley de Emprendedores, aprobada el pasado 27 de septiembre, por la que se establece aplicar un factor corrector de 0,7691 a los requisitos de recursos propios y de capital principal en el crédito a pymes. La presión del Ejecutivo para que, una vez recapitalizada, la banca conceda crédito queda así reflejada en la normativa que emite el regulador.
Los bancos se podrán ahorrar a partir de ahora un 23% de consumo de recursos propios en su cartera de financiación a la pequeña y mediana empresa. Un incentivo que, según reconocen en el sector, puede suponer un alivio en un momento de búsqueda de recursos propios, con el nuevo examen a la que la institución someterá a las entidades de cara a los test que el próximo año realizará el BCE y la Autoridad Bancaria Española, requisitos para la construcción de la unión bancaria. La emisión de ‘cocos’ o bonos contingentes convertibles en acciones es otra fórmula para reforzar solvencia –Popular captó por esta vía el jueves 500 millones–. Y el Banco de España también ha aclarado mediante circular los supuestos por los que esa conversión es obligatoria, una vez que el nivel de recursos propios caiga a determinado nivel.
En paralelo a esta relajación en las exigencias de capital, con el mismo propósito de reactivar el crédito, el Banco de España también ha decidido cambiar el concepto de pequeña y mediana empresa, ampliando el abanico de compañías a las que considerar como tal. En la actualidad, se considera pyme a las empresas de menos de 50 empleados y un máximo de 5,7 millones de euros de facturación y de 2,8 millones de euros de activo. La propuesta es ampliar esos límites hasta 250 empleados, 50 millones de euros de facturación y 43 millones de activos. De esta manera, empresas de mayor tamaño se podrán beneficiar de una normativa que ya da prioridad –en cuanto a consumo de capital– a la financiación de las pymes frente a las grandes compañías. A esto se añadirá el factor de corrección citado.
Fuentes del sector desconfían, aun así, de que este cambio regulatorio vaya a tener efecto directo en la activación del crédito. “Los bancos no conceden crédito en función de la exigencia de capital sino del riesgo que perciben en quien lo pide, en su nivel de solvencia”, señalan, insistiendo en la idea de que la demanda actual no es lo bastante solvente.
El propio gobernador del Banco de España, Luis María Linde, señaló el viernes en su comparecencia en el Congreso que la situación del crédito es “mala”, si bien avanzó que si la recuperación económica se consolida esto se reflejará en unas solicitudes de crédito más solventes. Reconoció en cualquier caso la necesidad de adoptar iniciativas para impulsar la financiación a las pymes.
En cuanto al impacto que tendrá en el sector las provisiones que serán necesarias para afrontar el impacto de la reclasificación de créditos refinanciados, y de la morosidad que ocultaban, Linde apuntó que “la impresión” del Banco de España es que “son cifras moderadas y asumibles por la cuenta de resultados de este año.
[Via Cinco Dias]
