Funcionarios del INEM denuncian fraude masivo en el cobro de las ayudas

Funcionarios de los servicios públicos de empleo denuncian el fraude masivo en las ayudas que da el sector público para las personas que no tienen trabajo. La falta de medios técnicos para cruzar los datos de los perceptores y las consignas de Corbacho son las causas de este caos.

No es la primera vez que los funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) ponen el grito en el cielo por la falta de compromiso del Ministerio de Trabajo y de las administraciones autonómicas y municipales a la hora de evitar el fraude en las ayudas públicas que cobran personas que, en teoría, no tienen trabajo, han agotado su prestación por desempleo y, en muchos casos, dicen tener personas a su cargo.

Hasta ahora, la estrategia del departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho es ordenar a los funcionarios del INEM que acepten las solicitudes casi sin verificarlas: primero se paga y después, si se puede, se comprueba; como señalaba la ex ministra de Cultura, Carmen Calvo, cuando regalaba subvenciones a los artistas que apoyaban al Gobierno: «el dinero público no es de nadie».

Pero a esta campaña de ayudas masivas para evitar revueltas sociales (con casi cinco millones de desempleados y una tasa del paro que supera el 20%) se suma ahora la falta de capacidad del aparato burocrático para confirmar si las personas que reciben las ayudas tienen derecho a las mismas. Según denuncian funcionarios del INEM a Libertad Digital, el fraude es mucho mayor de lo que se podría pensar:

«Como no disponemos de capacidad técnica tanto el SPEE (INEM) como la Seguridad Social y las comunidades para cruzar bases de datos, porque cada uno va por libre y cada uno tiene una aplicación informática de su padre y de su madre, pues nos encontramos con perceptores avispados que lo cobran todo, rapiñando por todas partes, y otros que se quedan a la Luna de Valencia, como dice el aforismo popular».

Así de taxativas se muestran las fuentes consultadas, pero es que el escándalo es de una enorme magnitud. Veamos algunos ejemplos:

– Hay perceptores que cobran la Renta Activa de Inserción (RAI) al mismo tiempo que el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que concede la asistencia social municipal o las diputaciones provinciales.

– Los hay que cobran los subsidios por desempleo y la RAI (ambas ayudas del INEM), y la procedente de los Itinerarios Activos de Empleo (IAE), que es un subsidio autonómico.

– Hay jóvenes que cobran subsidios del INEM y la Renta Básica de Emancipación (ayudas al alquiler) que conceden las comunidades autónomas o el Ministerio de la Vivienda.

Las fuentes consultadas señalan que hay muchos ejemplos más. «Se da el caso de que hay quienes lo perciben todo. Y todas estas ayudas son legalmente incompatibles, se percibe una cosa o la otra». Por ello, denuncian que «esto es un descontrol brutal, nunca conocido».

Y todo ello sin mencionar que el Gobierno ha decidido que sean los técnicos de Hacienda quienes se encarguen de perseguir este tipo de fraudes, especialmente en el caso de personas que trabajan sin declararlo (en negro) y cobran prestaciones. ¿Qué ocurrirá? «Que muchos desempleados, los menos avispados, se encontrarán -a poco que se descuiden- con cobros indebidos, que deberán devolver religiosamente sí o sí, bajo amenazas de embargo, y unas cuantas multas por fraudes a la Seguridad Social y al Fisco», explican en el INEM..

Catalunya es la comunidad con más ERE autorizados en el primer cuatrimestre de 2010

El número de expedientes de regulación de empleo autorizados fue de 1.239, que afectan a 21.121 trabajadores

El número de expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados en Catalunya durante los cuatro primeros meses de 2010 fue de 1.239, dato que la sitúa como la comunidad con más expedientes.

Tras Catalunya (1.239), se encuentra la Comunitat Valenciana (1.024) y el País Vasco (890), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración consultados por Europa Press.

En cuanto al número de trabajadores afectados, Catalunya vuelve a liderar el ranking (21.121), por delante del País Vasco (15.401), la Comunitat Valenciana (13.553), Madrid (8.145), Aragón (7.421 trabajadores) y Castilla y León (5.893).

El 2,2% de los parados del mundo están en España

En total, a cierre del primer trimestre del año, el número de desempleados en España superaba los 4,6 millones de personas, de los que más de 2,5 millones eran hombres y el resto, mujeres.

A pesar de la aparición de ciertos signos de recuperación económica, la OIT no aprecia ningún síntoma de que esté disminuyendo el paro, que alcanza ya la cifra récord de más de 210 millones de desempleados en todo el mundo.

Precisamente, y en vísperas de la Cumbre del G-20, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) ha hecho un llamamiento durante su reunión anual de 2010 para que se sitúe el empleo y la protección social en centro de las políticas de la recuperación económica.

Los representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores de los 183 Estados miembros de la OIT mostraron en esta Conferencia su preocupación por que la recuperación de la economía mundial sigue siendo «frágil» y en muchos mercados laborales la recuperación del empleo no está yendo al mismo tiempo que la económica.

«Debemos adoptar de manera urgente políticas que pongan al empleo en el centro de las políticas económicas», afirmó Shigeru Nakajima, representante de los trabajadores de Japón en la Conferencia Internacional del Trabajo.

Los delegados asistentes a esta Conferencia pidieron además la adopción de acciones para poner en práctica el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, adoptado en un cumbre especial sobre la crisis realizada durante la Conferencia Internacional del Trabajo del año pasado.

En la Conferencia de este año, los delegados también lanzaron la advertencia de que las medidas de reducción del déficit anunciadas recientemente, especialmente las que apuntan a recortar el gasto social, podrían «afectar de manera directa el trabajo y los salarios» en momentos en que persiste una débil recuperación económica y un alto nivel de desempleo.

Asimismo, tanto los delegados de gobiernos como de empleadores y trabajadores señalaron que la continua falta de una recuperación del empleo supone un «peso enorme» para los desempleados, al tiempo que socava los esfuerzos para crear «un ambiente adecuado para que las empresas generen empleo».

Una veintena de constructoras catalanas proyectan fusionarse

Una veintena de constructoras catalanas medianas han encargado un estudio a un equipo jurídico para fusionarse en un gran grupo constructor que facturaría cerca de 800 millones, la segunda empresa catalana del sector por volumen de negocio, según la Asociación Catalana de Empresas Constructoras de Obra Pública (ConstCAT). La presidenta de ConstCAT, María José Elices, explicó que en la asamblea del pasado viernes se planteó esta alternativa «ante los cambios drásticos que está sufriendo el mercado de la obra pública en España y en Cataluña».

«Hemos encargado el estudio a un bufete de abogados y esperamos tener el diseño de la operación en septiembre. Será entonces cuando los socios de ConstCAT decidirán quiénes se suman y cuándo se presentarán a la Administración», detalló Elices.

Entre los socios de ConstCAT que podrían participar en esta operación de fusión empresarial y que, según María José Elices, «están abiertos a la misma», figuran Asphalt Road, Caler, Emocofa, Excover, Hidrocanal, Hidrowatt, MJ Gruas, Roma, Romero Polo, Rubau Tarrés, Viasfalt, Vicsan y Xavier Alsina Constructora.

Más de 60.000 millones de euros en dinero negro pueden volver a España

La caída del secreto bancario en Suiza provoca que grandes fortunas españolas se pongan en contacto con la Agencia Tributaria para traer su dinero sin delito penal.

Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Si las grandes fortunas españolas están buscando las alternativas para sacar su dinero de España ante la posible implantación de un nuevo impuesto para ricos, otros capitales están llamando a la puerta del Estado español.

Es el denominado dinero negro o irregular de españoles que está situado en cuentas opacas en bancos en el extranjero, hasta ahora protegidas por el secreto bancario, que han puesto en jaque las autoridades de EEUU y Europa. El objetivo de estas fortunas es evitar tener que dar cuentas por un delito fiscal en España. Se calcula que hay más de 60.000 millones de euros en manos de españoles en esta situación.

Estos capitales temen que, ante la caída del secreto bancario en Suiza, su nombre aparezca en las listas de clientes de los grandes bancos del país como UBS, con lo que la Fiscalía Anticorrupción tendría que iniciar acciones contra ellos. El pasado 15 de junio, la Cámara Baja del Parlamento suizo aprobó la colaboración fiscal con Estados Unidos, por la que el país helvético deberá facilitar a las autoridades estadounidenses los datos de miles de clientes.

Antes de que su nombre pueda hacerse público y la Fiscalía Anticorrupción les persiga por delito fiscal (si son cuantías superiores a 120.000 euros), estos capitales tienen otra alternativa. Fuentes consultadas apuntan que en muchos casos se están poniendo en contacto con la Agencia Tributaria, para dar cuenta de este dinero y pagar los tributos (IRPF o sociedades) que les corresponden. Además, para evitar el delito fiscal este pago se configuraría bajo la figura jurídica de la “excusa absolutaria”. Esta figura permitiría la exención de responsabilidad penal, siempre que la Administración judicial no haya iniciado ya los trámites para perseguir el delito. Se trata, según las fuentes jurídicas consultadas, de una vía legal para repatriar este dinero irregular y evitar consecuencias penales.

Desde la Agencia Tributaria no reconocen esta operativa y apuntan que la clave para que el ciudadano que trae el dinero de vuelta a España no incurra en delito fiscal es que la generación de este capital haya tenido lugar cuatro años antes –será diez años cuando el Gobierno apruebe una reforma que está preparando–, porque el delito habría prescrito. La Agencia Tributaria se reserva, no obstante, las medidas oportunas para emprender investigaciones si considera que puede haber fraude.

Algunas de estas operaciones ya se han materializado en España en los últimos meses. Se trata de una vía a medio camino de la amnistía fiscal, como la puesta en marcha por el presidente de Italia, Silvio Berlusconi. El país transalpino ha iniciado un sistema para repatriar capitales, previo pago de un impuesto sobre el 5% del capital. Se calcula que el fisco italiano ha recaudado más de 80.000 millones de euros a través de esta vía.

En 1991, el Gobierno socialista de Felipe González puso en marcha una aministía fiscal real que consistía en que estos capitales irregulares comprasen deuda pública remunerada al 2%, cuando los tipos de interés rondaban el 13%. “En esta diferencia se encontraba una gravamen fiscal implícito”, señalan las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes sostienen que en España se ha barajado la posibilidad de una amnistía fiscal, pero que se ha rechazado ya que se consideraría impopular.

Tendencia inversa
Este flujo de regreso de capitales llega en un momento en el que muchos grandes patrimonios españoles están estudiando fórmulas para llevar su capital al exterior (ver información adjunta). La subida de impuestos a las rentas altas que ultima el Gobierno ha sido el detonante para que las fortunas pongan a trabajar a sus asesores patrimoniales y fiscales.

Las entidades suizas gestionan casi un billón de dólares (0,81 billones de euros) de grandes clientes europeos. Por ello, la canciller Ángela Merkel está decidida a acabar con el secreto bancario también en la UE.

Aunque todo depende de las medidas que anuncie el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, las destinos que más están barajando los asesores patrimoniales son Luxemburgo e Irlanda, con sus sicav y SIF (fondos de inversión especializados, por sus siglas en inglés) y unit linked (seguros vinculados a productos de inversión) como principales atractivos. Sin ofrecer ningún tipo de agujero fiscal, estos mercados permiten que las grandes fortunas ahorren por el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio respecto a España.

El precio de la vivienda bajará hasta un 15% en la costa y en la periferia

El precio de la vivienda bajará hasta un 15% en algunas zonas de España y es de esperar que este ajuste siga produciéndose durante 2011, según la consultora inmobiliaria Forcadell, que advierte de que hasta que no se estabilicen los precios de los inmuebles no podrá generalizarse la opción del alquiler.

Éstas son las principales conclusiones que se extraen de la 9ª edición del ‘Informe inmobiliario. Actualidad y perspectivas’, elaborado por la consultora inmobiliaria a partir de la opinión expertos del sector.

Según concreta, todas las ubicaciones experimentarán descensos de precios en 2010, que en el centro de las ciudades y en las zonas consolidadas serán de entre un 3% y un 5%, mientras que en la periferia se situarán entre el 5% y el 10% y alcanzarán niveles de entre el 10% y el 15% en la segunda periferia y el resto de los emplazamientos.

En este contexto, «los precios de la vivienda tardarán aún en estabilizarse», produciéndose ajustes en 2011 y «más allá», siendo las zonas más alejadas de los centros urbanos las que más tiempo tardarán en completar el proceso.

Problemas para crear un mercado de alquiler
Según el informe, el ajuste del precio de la vivienda marcará los plazos para que se pueda impulsar un verdadero mercado del alquiler. «El mercado del alquiler no prosperará mientras el precio de la vivienda se incremente en mayor porcentaje que el IPC, porque en este caso el posible arrendatario ve la compra como un sistema de inversión rentable y el arrendador ve el alquiler como un contrato a largo plazo con menor rentabilidad», indica.

Sin embargo, es posible que en el futuro las familias no dispongan de medios para adquirir una vivienda y se debe pensar que la vivienda en alquiler debe tener un espacio mucho mayor que el actual, por lo que «el mercado del alquiler ha de pasar por una reforma importante para convencer a los promotores y a los fondos de inversión de que inviertan en este tipo de viviendas».

Para Forcadell, las reformas legislativas llevadas a cabo en el último año por el Gobierno no tendrán mucha incidencia en el impulso del alquiler, entre otras cosas, porque todas las ventajas están orientadas al propietario para que genere una oferta y, por el contrario, los incentivos a la demanda todavía son muy reducidos, cuando «unas mejoras en la fiscalidad del arrendatario ayudarían mucho a la promoción del alquiler».

Más concretamente, el informe repasa algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno al respecto. En cuanto a la reducción del IVA del alquiler con opción a compra del 16% al 7%, asegura que «no cambiará la tendencia a la compra sin pasar por el alquiler».

«Su extensión requiere una estabilización de los precios de la vivienda, para así evitar el componente especulativo que se genera en cada una de las partes», añaden.

En el caso el ‘desahucio exprés’, el estudio indica que, «a pesar de los buenos propósitos, depende del buen funcionamiento de los juzgados en la tramitación de las demandas, y éstos tradicionalmente llevan mucho retraso».

Por último, el estudio señala que «no se han cumplido» las expectativas levantada por la ley de regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi).

«Es una ley que llega tarde y no en el mejor momento, que no tiene una orientación clara, pues no queda claro si está dirigida a pequeños o a grandes inversores, y cuyo desarrollo viene limitado por la falta de confianza en el mercado del alquiler», apostilla.

Google quiere lanzar un sistema de información de pago antes de final de año

Google prueba estos días ‘Newspass’ un sistema de contenidos de pago que produciría beneficios económicos tanto para el buscador como para los editores. El sistema podría entrar en funcionamiento para finales de este año.

El sistema de pago integrado en las búsquedas permitirá a los usuarios acceder con un solo clic a los contenidos y facilitará a los editores una intraestructura única para web, móvil y ‘tablet’ que les permitirá monetizar sus contenidos.

Según recoge ‘Portaltic’ del diario italiano ‘La Repubblica’, mientras ‘Newspass’ está ya en fase de prueba, Google está en conversaciones con empresas editoras para averiguar cuál sería su apoyo y disponibilidad en lo que a este proyecto se refiere; así como para saber si están dispuestas a participar en el experimento.

Sin embargo, fuentes de Google consultadas por el diario británico ‘The Guardian’ no han querido confirmar la noticia al explicar que no hacen «preanuncios» y que no tienen «nada que anunciar en este momento».

No obstante, el sistema podría ser una respuesta del gigante de internet a la polémica en torno al hecho de que el buscador ofrezca acceso gratuito a contenidos de periódicos ‘on line’.

En cuanto a los detalles técnicos del funcionamiento de ‘Newspass’, todavía no se sabe nada al respecto, no obstante, según el diario italiano, comienzan a filtrarse «algunas cosas». Así, todo indica que el funcionamiento ofrecería, al realizar una búsqueda, una página de resultados en la que aparecerían indicados los contenidos de pago -texto, vídeo o audio-, accesibles con un solo clic mediante el tipo de pago seleccionado por el sitio web.

Tampoco se conoce ningún dato sobre los países en los que Google podrá en marcha este sistema ni sobre su precio, si bien, el diario italiano asegura que Google dio a entender que la mayor parte de la recaudación será para los editores.

Además, para prevenir posibles nuevas acusaciones de monopolio, Google ha hecho saber a las editoras que será posible compartir con las empresas que acepten participar en el sistema toda la información relacionada con su empleo, si bien los procesos de autenticación, asistencia y facturación serán gestionados por Google.

La banca vuelve a dar hipotecas por el 100% del precio para vender sus pisos

Las hipotecas por el 100% del valor de la vivienda han vuelto. Se trata de una de las prácticas suicidas de la banca española que infló la burbuja inmobiliaria hasta límites insospechados y que ahora se vuelve a aplicar, pero con una importante diferencia: sólo para comprar los pisos que se han ‘comido’ los bancos para contener el explosivo crecimiento de la morosidad. Esta facilidad -que se complementa con otras como períodos de carencia de hasta tres años o tipos más reducidos el primero- pretende dar salida a estos activos ahora que las provisiones que hay que aplicarlos son mucho más duras.

El diario Wall Street Journal hace una relación de entidades que están ofreciendo condiciones más agresivas: Banesto, BBVA, Pastor, Santander y Bancaja. Y añade que otras entidades como Caixa Catalunya, Banco Sabadell y Popular están empezando a construir en los suelos que se han quedado para incrementar su valor y poder venderlos más fácilmente.

«La cuestión es dar salida como sea a los ladrillos que nos hemos comido», explican en una entidad mediana. En otra añaden que «antes podías permitirte mantener todo el tiempo que hiciera falta los inmuebles en balance, porque el coste era mucho menor que el descuento que había que ofrecer para venderlos. Eso ha cambiado radicalmente con la nueva normativa de provisiones del Banco de España».

Este cambio de la circular contable, anunciado el mes pasado, contempla un endurecimiento de las provisiones tanto para los créditos morosos como para los activos inmobiliarios en balance. Para estos últimos las entidades deben provisionar un 10% de su valor en el momento de la adquisición, otro 10% cuando transcurran 12 meses y, como novedad, un 10% adicional (un 30% en total, por tanto) si el inmueble se mantiene dos años en balance.

Lo que sea con tal de vender los pisos
Es decir, que ahora da igual tener los inmuebles dos años en balance que venderlos con un 30% de descuento. De ahí que muchas entidades se estén lanzando a dar esas facilidades para colocarlos al público. Eso sí, dichas condiciones se aplican sólo a ‘sus’ pisos: «Si vas a pedir una hipoteca para un piso que has visto por ahí, o no te lo dan o te ponen unas condiciones inasumibles; pero si la pides para un piso del banco, entonces te ponen la alfombra roja y te dan todo lo que quieras», señala una de las fuentes consultadas.

Ésta ha sido una de las quejas de las promotoras desde que comenzó la crisis: que los bancos sólo dan crédito para vender sus inmuebles y no los de las inmobiliarias. Porque en el fondo les da lo mismo a las entidades: todas las promotoras tienen dificultades para devolver sus créditos y, si los bancos no las ayudan a vender pisos, tendrán que refinanciarlas o asumir un concurso de acreedores. Es decir, que lo que ganan por un lado lo pierden por otro.

Según el Banco de España, bancos y cajas se han quedado con 59.700 millones en inmuebles para evitar que los créditos que concedieron para financiarlos -básicamente a promotores inmobiliarios- entraran en mora. Esta cantidad se añade a los 323.000 millones en que se mantiene la exposición de la banca al ladrillo, que apenas se han reducido desde que comenzó la crisis.

El Estado de bienestar, al límite: ya sólo trabajan tres y cobran dos

En varias comunidades hay un trabajador por cada perceptor de prestaciones. La Tasa de Soporte del Estado de Bienestar mide la relación entre afiliados y la suma de pensionistas y parados con ayudas.

La Tasa de Soporte del Estado de Bienestar, la relación entre los afiliados y la suma de pensionistas y parados perceptores de prestaciones, se encuentra en 1,47, de tal forma que ya hay dos perceptores de prestaciones por desempleo o jubilación por cada tres afiliados, según el estudio realizado por Afi-Agett sobre el mercado laboral.

Como consecuencia de este factor, el debate sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar se aclara aún más. Al importante deterioro que sufre el mercado laboral desde que estalló la crisis, provocado por el incremento de las prestaciones por desempleo y el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social, se une la progresiva tendencia de envejecimiento que afecta a la población española y que se traduce en que el número de perceptores de pensiones de jubilación aumenta año a año.

Fuerte retroceso
El importante crecimiento económico experimentado a lo largo del periodo 2000-2007, con un aumento continuado del empleo que incrementaba el número de afiliados y que propiciaba un descenso paralelo de los beneficiarios del subsidio de desempleo, contrarrestaba el aumento de los pensionistas como consecuencia del envejecimiento de la población, de manera que la tasa creció un 0,23% en estos años, hasta alcanzar un valor de 1,88. Esto significa que en ese momento había casi dos afiliados por cada perceptor de prestación.

Sin embargo, la grave crisis económica que afecta a España desde 2007, en la que el número de parados se ha incrementado un 106,8%, y el de los afiliados se ha reducido un 8,3%, ha llevado al indicador a niveles inferiores a los de hace diez años, lo que se traduce en un grave retroceso en este aspecto. Esto supone un serio problema para la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar, que precisa «revertir la situación y volver a los indicadores anteriores», para lo que es necesario un mercado laboral «sólido y estable, que no permita en futuras crisis un ajuste del empleo tan brutal como el que padecemos», en palabras de Francisco Aranda, presidente de Agett.

Madrid y Navarra, a la cabeza
Por comunidades autónomas, Madrid es la región con una tasa más elevada, con 2,2 afiliados por cada perceptor de prestación, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 1,47. Le siguen Navarra (1,7), Murcia (1,64) y País Vasco (1,6), mientras que las regiones de Asturias (1,07), Galicia (1,11) y Extremadura (1,18) presentan las tasas más bajas, siendo prácticamente la mitad que las de la región con mejor indicador.

El caso de estas comunidades es realmente alarmante, ya que se da la circunstancia de que casi tan sólo un afiliado a la Seguridad Social sostiene a un perceptor de prestación por desempleo o jubilación, por lo que estas regiones no pueden permitirse más reducciones de su volumen de cotizantes si no quieren poner en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de bienestar.

Este año es ‘objetivamente bueno’ para comprar una vivienda

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reafirmó en su defensa de que este año es «objetivamente bueno» para comprar una vivienda, con lo que rebatió a su antecesora en el cargo, María Antonia Trujillo, quien días antes aseguraba que «ahora» no compraría una casa, al considerar que aún queda recorrido a la caída de precios.

«Durante 2010 sigue vigente la deducción fiscal para la compra, las ayudas a la entrada para la vivienda protegida y los tipos de interés hipotecarios muy bajos.

Por tanto, objetivamente, quienes busquen una vivienda tienen mayor poder de negociación y serenidad para comprar», explicó la ministra, para después asegurar: «Hay viviendas en España que han bajado más del 60%».

En este sentido, recordó que el descenso de precios de las viviendas depende de el número y la situación de los inmuebles, y condicionó la decisión de comprar una casa a la situación particular. «Lo importante para cada familiar será cuánto vale la vivienda en la zona que haya elegido para vivir», quiso zanjar Corredor con esta obviedad a varias preguntas sobre esta contradicción con Trujillo.

La ministra puso en valor las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para convertir en viviendas en alquiler los excedentes de ‘stocks’ en venta, como la evaluación de más de 30.000 viviendas procedentes de los promotores, y apostó por acercar la oferta de viviendas en alquiler a la media de la UE, con el fin de impulsar la emancipación y la movilidad laboral.

Defendió la labor del Ministerio que lidera por las ayudas que facilita a la vivienda en protección oficial y la renta básica de emancipación –dotada con 210 euros mensuales-, y se limitó a decir que su supervivencia depende del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: «La configuración del Gobierno es competencia exclusiva del presidente», concluyó.