Las empresas, en busca del crédito perdido por la crisis financiera

El 27,8% de las empresas sufrieron pérdidas de explotación en 2009, 8,2 puntos más que el año anterior, un hecho causado principalmente por el endurecimiento de las condiciones de crédito y por un aumento de la morosidad. En la misma línea, la rentabilidad de las empresas ha empeorado, ya que un 32% de ellas han obtenido rendimientos de menos del 5%, a la vez que se ha reducido el porcentaje de compañías con una rentabilidad superior a esta cifra. Así se desprende del «Termómetro financiero de la empresa española», una encuesta elaborada por EADA y la Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) a 200 empresas de todo el Estado. En el acto de presentación del estudio, el profesor de EADA Rafael Sambola destacó que a estas pérdidas de explotación hay que añadir los gastos financieros, con lo que la situación de las empresas se complica todavía más, entre otros factores por la dificultad de acceder a líneas de crédito. Un 45,4% de las empresas dice haber sufrido restricciones de crédito en 2009 y un 72,8% asegura que las entidades financieras han endurecido las condiciones a la hora de conceder créditos. Un 18,6% de las empresas tienen entre un 30 y un 50% de su activo formado por deuda bancaria, al que hay que añadir un 13,9% de las compañías cuya deuda con las entidades financieras supone más de la mitad de su pasivo.

El Banco de España exigirá en octubre provisionar hasta el 30% por inmuebles

El Banco de España exigirá a partir de octubre que los bancos y cajas provisionen hasta el 30% del valor de los inmuebles con los que se quedan como pago de deudas de sus clientes, si han transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron.

Una mayor provisión que, junto a otras nuevas exigencias, harán que el resultado de las entidades antes de impuestos se reduzca cerca de un 10%, según reconoció el Banco de España a finales de mayo.

El supervisor abrió entonces un periodo de consulta con las entidades sobre estas iniciativas que modifican la circular 4/2004 sobre normas de información financiera, que a cierre de julio aprobó y que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, estos cambios no entrarán en vigor hasta el 30 de septiembre y supondrán que las coberturas previstas para 2010 aumenten de media el 2%, y alrededor del 7% en 2011.

El Banco de España explica que las adquisiciones de activos en pago de deuda alcanzan un volumen «elevado» en circunstancias de tensión de la mora, lo que aconseja establecer algunos principios básicos para la estimación de su deterioro.

La antigüedad en balance de los activos recibidos en pago de deudas es un «inequívoco indicio de deterioro», reconoce.

Por eso, las entidades tendrán que elevar la actual provisión del 20% hasta el 30% para este tipo de activos, o sustituir las coberturas para los inmuebles que permanezcan en balance más de 24 meses por las que salgan de una tasación en el momento en que se refieren los estados financieros.

Al mismo tiempo, la nueva circular unifica los diferentes calendarios de provisiones para cualquier préstamo moroso, con el fin de que esté cubierto totalmente después del primer año de impago, con lo que recorta sustancialmente el periodo que tenían bancos y cajas para provisionar este tipo de préstamos.

Así, si antes las entidades disponían de hasta 6 años para tener cubierto el 100% de un crédito moroso, ahora tendrán que hacerlo poco a poco para conseguirlo en el primer año.

Tendrán que cubrir una cuarta parte del crédito moroso en los seis primeros meses de impago, cantidad que duplicarán hasta el mes noveno. Entonces, la provisión será del 75% del préstamo y una vez transcurridos los 12 meses, ya se tendrá el 100% del crédito impagado cubierto.

En el caso de aquellos préstamos que estén garantizados por un activo inmobiliario, por ejemplo una vivienda o un terreno, se podrá reconocer un cierto valor a esos activos, con lo que la provisión ya no tendrá que ser por el 100% del préstamo.

Es decir, en estos casos las entidades provisionarán la diferencia que existe entre el crédito y el valor de tasación de los inmuebles, aunque se aplica un recorte a este último precio en función del tipo de activo.

Si la garantía de un préstamo es la vivienda habitual del prestatario, al valor de tasación se le aplicará un recorte del 20% y sobre esa cifra y el dinero prestado, se aplicará la provisión.

Si se trata de una finca rústica, oficina, local o una nave, se aplicará un recorte del 30% en el valor de tasación, por lo que la provisión se corresponderá con la diferencia entre lo prestado y ese precio aplicado el recorte.

En el caso de viviendas terminadas, pero que no sean utilizadas como residencia habitual, principalmente las segundas residencias, las entidades tendrán que aplicar un recorte del 40% en el valor de tasación, mientras que la rebaja alcanza el 50% si la garantía son parcelas, solares u otros activos inmobiliarios.

Ola de quejas contra Toshiba por no pagar los portátiles de la promoción del Mundial

Sin portátil y sin televisión. Así se han quedado miles de usuarios que decidieron participar en una promoción de Toshiba que ‘regalaba’ determinados productos si la selección española ganaba el Mundial de Fútbol, algo que muchos consideraban una utopía. Ante las quejas recibidas, las asociaciones de usuarios han denunciado la maniobra del fabricante japonés, que se defiende.

Toshiba, al igual que otras muchas empresas, decidió utilizar el tirón de fútbol para crear su propia promoción. El reclamo principal de la campaña publicitaria era “Si gana La Roja tú ganas. Compra un nuevo portátil Toshiba con el nuevo procesador Intel Core i5 del 2010 o un televisor Toshiba y si España gana la final te devolvemos tu dinero”. Cuando Iniesta marcó gol en el minuto 116, a la compañía japonesa comenzaron a no cuadrarles las cuentas.

Muchos usuarios han pedido a la empresa el dinero correspondiente a estos productos y Toshiba se ha negado a devolver este dinero alegando que los compradores no se habían registrado en su página web, requisito que no estaba especificado en su publicidad según alerta Facua-Consumidores en Acción. Al parecer, esta indicación aparecía en la letra pequeña.

“Si para recuperar el importe de los productos de Toshiba era tan importante comprarlos como registrarlos, este elemento debió haberse destacado en la publicidad de la misma forma que aquel”, dicen desde la asociación. Además, pide a la marca que haga frente a los compromisos adquiridos y a los usuarios que acrediten con las correspondientes facturas o recibos la compra del producto.

Promociones en el aire
Toshiba no ha sido la única afectada por el triunfo de la selección española. Otras muchas empresas prometieron regalos y, según parece, han cumplido. Banesto lanzó un depósito que subiría los intereses del 3% al 4% si ganaba la roja. Ha tenido que desembolsar 10 millones de euros para hacer frente a este gasto adicional. Algo parecido le ha pasado al Sabadell con su depósito y a la aseguradora Pelayo, que ha regalado 10.000 seguros de accidente.

Por otro lado, a Carrefour no le queda más remedio que afrontar la promoción de ‘Locos por el Mundial’. Así debe canjear 10.000 vales por valor de 100 euros que repartió entre sus clientes. Esto le producirá un gasto de un millón de euros. En PC City, en cambio, tendrán que rebajar 80 euros determinados productos. La cifra equivale al total de goles que marcó la selección durante el torneo multiplicado por diez. Y es que apostar por la roja vale su precio en euros.

El 30% de los Ayuntamientos irá este año a la quiebra

El ‘pinchazo’ del ladrillo y una mala gestión dejan a los pueblos en la ruina.

Los ayuntamientos no tienen un duro. Al menos 400 consistorios de los 8.112 que hay registrados hace ya mucho tiempo que dejaron de pagar luz, agua, teléfono… El paso siguiente, según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el más dramático, será dejar de pagar las nóminas. A finales de 2010, un 30% podría declararse en suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus gastos.

Como en Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid que hace aguas. Su alcalde, el popular Jesús Manuel Ampuero, lanzó hace una semana una llamada de socorro: «Se me cae la cara de vergüenza saber que mis empleados no van a cobrar su sueldo. Tienen hipotecas, hijos… ¿qué voy a hacer?», dijo el regidor, haciendo alusión a sus 30 empleados y al montante de 60.000 euros en concepto de nóminas de julio que no podrá pagar.

No es el único. La voz de alarma se sucede de norte a sur de la geografía española. No hay un duro y de poco o nada sirve ya apretarse el cinturón. Además, los municipios han advertido que no podrán devolver al Estado los fondos que les adelantó. Ni los más pequeños (muchos de ellos, como es el caso de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, ya se han suspendido las fiestas) ni los más grandes, como Alcalá de Henares, en Madrid, que debe reembolsar al Ministerio de Hacienda tres millones de euros.

El pesimismo llega también a Castilla y León. «Estoy seguro de que veremos ayuntamientos en quiebra técnica en la Comunidad en el próximo año», vaticina el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de la región, Miguel Ángel García Nieto. Sin el colchón que ha supuesto el sector inmobiliario para los ayuntamientos y sin una Ley de Financiación Local efectiva, los pueblos, mejor sus gobiernos, se mueren. «No podemos mantenernos. Necesitamos ayuda urgente y el Gobierno debe tomar medidas rápidas», recrimina el alcalde Cenicientos.

De norte a sur
Los casos se suceden. En Andalucía, dos de cada tres ayuntamientos andaluces están al borde de la suspensión de pagos. Según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de aquí a unos meses se sucederán una cascada de EREs en los gobiernos municipales. No queda otro remedio. «Son muchos los que ya no pueden pagar sus nóminas y a algunos ya les han cortado el agua», explican fuentes de la FAMP. «Desgraciadamente», dicen en la entidad, no es hablar por hablar.

Los ejemplos se suceden en pocos kilómetros. En Palomares del Río, un municipio sevillano de 5.500 habitantes, hace un año que no hay dinero. La crisis se instaló en junio de 2009, cuando su alcalde colgó en la web municipal un anuncio en el que explicaba que el Ayuntamiento estaba en quiebra.

«Si se tratara de una empresa, se cerraría». Así de gráfico expuso el alcalde de la localidad, Juan Bautista Ginés, la grave situación. Cortes de suministro, suspensión de pagos a proveedores, funcionarios y trabajadores municipales… Ni siquiera los concejales ni el propio regidor cobraron sus sueldos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria les pilló de lleno y los ingresos derivados de la actividad inmobiliaria cayeron un 96% en el último año, lo que provocó un «tsunami» económico que derivó en una quiebra absoluta.

La situación más grave en Andalucía se da en el Ayuntamiento de Jerez, con 2.600 funcionarios, una plantilla sobredimensionada derivada de la gestión, desde 1979 a 2007, del Partido Andalucista (PA) y el entonces alcalde, Pedro Pacheco. La actual regidora, la socialista Pilar Sánchez, es incapaz de enderezar el rumbo municipal, que está afectando al pago de las nóminas (este mes, junto a la extraordinaria, las retribuciones suman 13 millones de euros), algo que no se normalizará, en función de la respuesta de los bancos, hasta mediados de octubre. Este mes, a los funcionarios jerezanos sólo les ha podido ingresar mil euros de sus nóminas.

Peor aún es la crisis financiera del ayuntamiento del municipio gaditano de Barbate, gobernado también por el PSOE, donde la asamblea de trabajadores decidió ayer endurecer las protestas que vienen realizando desde el pasado día 5 por el impago de la nómina de julio. Los salarios «sin cargas sociales» que adeuda a los más de 300 empleados municipales asciende a 605.000 euros.

Si se tratara de una empresa… Huévar de Aljarafe (Sevilla) debe ocho meses de nóminas; en San Roque (Cádiz), 63 encargadas de la limpieza de los colegios e instalaciones municipales han iniciado un encierro para exigir el pago de los retrasos que no cobran desde junio-; en Sevilla, ni Castilblanco de los Arroyos, Aznalcóllar y Mairena de Aljarafe tendrán sus fiestas patronales. Como reconocen desde la Federación andaluza, «cuando hay familias que sufren la crisis, parece poco acertado que otros disfruten de una fiesta».

Los concejos de Galicia también están en apuros. No sólo no podrán pagar al Estado lo que le deben por la entrega de dinero que les adelantó, sino que tampoco tienen para llegar a fin de mes. Poio (Pontevedra), con una deuda de nueve millones de euros, o Cangas (Pontevedra), con un saldo en negativo de 22 millones de euros, ven difícil recortar gastos. En Chantada, el ayuntamiento lucense ha optado por el leasing para contar con una pala mixta y un camión para acometer obras. Una arrendamiento con opción de compra que, por supuesto, no se formalizará. La caja registradora del Consistorio ya no da para más.

¿Pueden cerrar los Ayuntamientos? En Extremadura, el alcalde de Villafranca de los Barros y miembro de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Ramón Ropero, lanza el grito al cielo. «Pasamos dificultades, como pasan todas las familias, pero tendremos que apretarnos el cinturón y hacer más con menos», dice, repitiendo la máxima lanzada por el ministro de Fomento, José Blanco.

No obstante, el edil socialista no desaprovechó la oportunidad para reclamar la reforma de la financiación local «más justa». Una demanda que se repite en todos y cada uno de los ayuntamientos, que este año deberán devolver al Estado 1.600 millones de euros que les adelantó en 2009. El sistema no es sencillo: el Estado adelanta los pagos a los municipios. Para ello, calcula su aportación en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. Las cuentas de 2009 han dado a devolver y las de 2010 no auguran cambios en esta tendencia.

Pero para la FEMP, 1.600 millones de euros una cifra imposible de conseguir en un momento tan difícil como el que se vive actualmente, en el que el sector ladrillo, que durante 15 años les ha permitido captar recursos, está agotado. En ese sentido, la Federación ha pedido el aplazamiento hasta 2012 de esta deuda, además que se que acometa con urgencia la reforma de la Ley de Financiación Local. «Hay que esperar en que los gobiernos y la Administración central corrijan pronto el problema» dice en la FEMP.

La burbuja inmobiliaria
Pero de momento, las noticias no son buenas. La depresión económica también ha llegado al Estado, que este año ha asignado una subvención menor a los municipios. Las estimaciones que barajan los alcaldes cifran la rebaja entre un 17 y un 20%. Unos 3.000 millones de euros menos a repartir entre todos los pueblos ya que el Estado fija sus aportaciones en función de los impuestos recaudados (IRPF, IVA y otros tributos especiales). «Es decir, este año hay menos para repartir», dice el alcalde de Villafranca.

Los alcaldes tienen preparadas ya sus peticiones para reformar esta Ley que, en su opinión, se ha quedado vieja. Entre sus exigencias está un reparto más justo de las ayudas del Estado -que suponen el 30% de total de los ingresos de los ayuntamientos- y la tan reclamada participación de los tributos de las Comunidades autónomas (denominados PICAs).

¿Cerrar los Ayuntamientos? Los alcaldes lo tienen claro. Si fuera una empresa cerraría… «Pero es un pueblo. No un negocio», dicen.

¿Por qué los pensionistas declaran una renta más alta que algunos empresarios?

Trabajadores y pensionistas declaran 7.200 euros más de media que los pequeños empresarios.

Los trabajadores asalariados y pensionistas declararon una renta de 19.288 euros de media, según las estadísticas sobre el IRPF de Hacienda en 2008; mientras los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales tuvieron una renta media de 12.089 euros. Algo que choca y que no se ajusta a la realidad. Los Técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA) denuncian que España arrastra altos niveles de fraude fiscal.Trabajadores y pensionistas declaran 7.200 euros más de media que los pequeños empresarios, según Gestha.

Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 7.600 euros más si se compara con los ingresos de los microempresarios (albañiles, fontaneros, etc.), según la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2008, declarado en junio de 2009.

El estudio muestra que los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.288 euros de media, lo que supone un 59,5% más que los pequeños y medianos empresarios y los profesionales liberales que tributan en estimación directa. De hecho, estos últimos se reconocieron, curiosamente, como “mileuristas” al declarar unos rendimientos medios de 12.089 euros.

Los ingresos declarados por los microempresarios en módulos –es decir, aquéllos que facturan menos de 450.000 euros anuales- se movieron también en el umbral del “mileurismo”, situándose en una media anual de 11.567 euros, es decir, un 66% menos que los trabajadores y jubilados que “paradójicamente” parecen obtener más rendimiento de su actividad laboral que los propios empresarios.

En opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios (bien sea por estimación directa o por módulos) reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente. La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.

Los técnicos indican que los profesionales liberales y grandes empresas frecuentemente hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en demasiadas ocasiones “manejan” facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad.

¿Acaso es más rentable ser trabajador que empresario?
Según Gestha, el sentido común “hace saltar las alarmas” a la hora de analizar estas cifras ya que, comparando los ingresos declarados por empresarios y trabajadores, resultaría a primera vista “mucho más rentable” ser trabajador o pensionista antes que notario, arquitecto, abogado o médico, por citar algunos ejemplos ilustrativos.

Además, si se comparan las estadísticas del IRPF correspondientes a 2008 con las de 1993, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por ambos colectivos se ha ido agrandando en estos últimos quince años, hasta el punto de multiplicarse por cinco si se confrontan los ingresos tributados por los asalariados/pensionistas con los de los profesionales y pequeños y medianos empresarios, o por tres si se comparan con los declarados por los microempresarios.

Madrid protagoniza las mayores diferencias
Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados/pensionistas y los profesionales y empresarios en estimación directa se localizan en la Comunidad de Madrid (9.788 euros), Asturias (8.912), Galicia (7.702), Cataluña (7.554), Cantabria (7.285), Castilla-La Mancha (7.086 euros), Andalucía (6.764 euros), Castilla y León (6.265 euros) y Baleares (6.222 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas son La Rioja (3.871 euros), Aragón (4.096 euros), Canarias (4.469 euros), Extremadura (4.909 euros), Comunidad Valenciana (4.972 euros) y Murcia (5.240 euros).

Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.128 euros), seguida de Cataluña (9.838 euros), Asturias (7.904 euros), Aragón (7.362 euros), Cantabria (7.050 euros) y Baleares (6.033 euros). En el extremo contrario, se sitúan Extremadura (3.295), Murcia (4.450) y La Rioja (5.000), Comunidad Valenciana (5.005 euros) Galicia (5.090 euros), Castilla-La Mancha (5.390 euros) y Andalucía (5.381 euros), Canarias (5.526 euros) y Castilla y León (5.598 euros), con las menores diferencias.

Vodafone tarda el doble que la competencia en resolver las reclamaciones

No todas las compañías que ofrecen servicios de telefonía móvil reaccionan con la misma rapidez ante las reclamaciones de los clientes. Hasta tal punto que en función de la operadora puede tardar hasta cuatro veces más en ver resuelto su problema. Según los últimos datos hechos públicos por la secretaría de Estado de Telecomunicaciones correspondientes al primer trimestre del año, Vodafone es la que más tarda en cumplir. En concreto, te hace esperar 21 días. Yoigo, sin embargo, apenas dejará pasar 5,69 días entre que recibe la reclamación y zanja la cuestión. De media, las operadoras se conceden casi 13 días para resolver los requerimientos de los usuarios.

Y más motivos de satisfacción para Yoigo, que cierra el ranking de reclamaciones por facturas incorrectas. Sólo el 0,06% de los recibos que emite son objeto de protesta. Le sigue Vodafone, que se redime en parte, con apenas un 0,22% de las facturas en cuestión. Quienes no pueden sacar pecho en este apartado son Euskaltel y Orange, que tienen el discutible honor de ver cómo el 0,61% y el 0,50% de sus recibos son cuestionados por sus clientes. La media de los cinco principales operadores deja las quejas sobre la facturación en un 0,29% del total.

De acuerdo con el último informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), correspondiente al año 2009, Movistar acumula un 43,6% de la cuota de mercado por líneas activas. Le siguen Vodafone, con un 30,4%, y Orange, con el 20,4%. Los tres operadores históricos pierden peso. “Estas cifras confirman la tendencia observada en los tres últimos años, provocada por el inicio de la actividad comercial en 2006 del operador de red Yoigo y de los OMV [operadores móviles virtuales]”, subraya el informe. La teleco sueca suma ya una cuota del 2,5% del total, mientras que los OMV llegan al 3,1%.

¿Desesperación porque no consigue que un operador atienda su llamada? Aquí también hay notables diferencias. Sólo pasan 15,37 segundos entre que se establece la llamada y un agente de Euskaltel la responde para aclararle alguna duda sobre asuntos administrativos o de facturación. La espera se triplica si tiene que ponerse en contacto con un operador de Orange o Vodafone, operación que lleva de media entre 50,65 y 47 segundos, respectivamente. La medición de la secretaria de Estado no incluye en el cómputo el tiempo durante el cual la llamada es tratada por un sistema automático activado por voz. El plazo medio de espera se sitúa en 46,12 segundos.

Orange, poco de fiar para el fijo
El Ministerio de Industria también ha hecho público su informe de seguimiento a los servicios de telefonía fija y de acceso a Internet. Y tampoco sale bien parado Orange, que es la compañía que, con mucho, más tarda en reparar las averías para líneas fijas. Nada menos que 144,44 horas debe esperar un usuario de este operador para que se solucione su problema desde el momento que lo notifica. Es el triple de la media del resto de operadores, que salvan la situación en 54,49 horas. La gallaega R es la teleco más eficiente, con una actuación que apenas llega a las 27 horas, mientras que Euskaltel y Ono rondan las 45.

Orange no sólo es la que más tarda en solventar las averías. Tampoco responde bien si se analiza el porcentaje de averías resueltas en el plazo objetivo que contempla para sus clientes. Sólo cumple en un 83,34% de las veces las 72 horas que tiene estipuladas, dato muy similar al de Tele 2. Ambos se encuentran muy lejos de la media del resto de operadores, cercana al 91%.

En cuanto al tiempo de resolución de reclamaciones relativas al servicio telefónico o de acceso a Internet, R tiene mucho trabajo por delante. Tarda 13 días en dar satisfacción al usuario, el doble que su competencia. En este caso, Jazztel se constituye como la empresa más eficiente, ya que apenas pierde 3,82 días entre la presentación de una reclamación y su resolución. La media se establece en 7,84 días, plazo que mejoran Ono, Orange, Tele 2 y Telecable.

En el caso de la telefonía fija, Telefónica mantiene el liderazgo en cuota de mercado por clientes de acceso directo, pese a haber perdido 5,8 puntos porcentuales en un año. A tenor de los datos de la CMT, se quedaba el año pasado con el 69,2% del total. A continuación se sitúa Ono, con el 12,2%; Vodafone, gracias a las ofertas convergentes que lanzó al mercado, aumenta sustancialmente su número de clientes y alcanza el 5,4%; Jazztel atesora el 4,1%; Orange llega al 3,6%; Euskaltel al 2,2%, y R se conforma con el 1,5%.

Seis de ca diez españoles rechazan el uso del velo en la escuela

Según los resultados del último Barómetro del Real Instituto Elcano, el 60% de los ciudadanos también está conforme con los ajustes económicos aprobados impuesto a España por la UE.

Un 60 por ciento de los españoles se muestra contrario a que las niñas musulmanas acudan con velo a la escuela pública, según los resultados del último Barómetro del Real Instituto Elcano.

El sondeo fue realizado entre el 27 de mayo y el 18 de junio, reciente aún la polémica sobre una niña que pretendía acudir cubierta con el velo a un colegio público de Pozuelo e Alarcón, en Madrid. Solo un 15 por ciento de los encuestados defendió que las niñas musulmanas puedan acudir con velo a los centros escolares, un porcentaje algo menor (3 puntos) de quienes tenían esa opinión en el año 2007.

En el mismo sondeo se preguntaba a los encuestados si consideran que los crucifijos deben ser exhibidos en las aulas de las escuelas públicas. Un 34 por ciento cree que así debe ser y un porcentaje similar se opone a ello. Al otro tercio restante le es indiferente. En cualquier caso, con respecto a 2007, se observa un descenso en la aceptación del crucifijo, ya que entonces era de un 46 por ciento.

Según explicó el director del sondeo, Javier Noya, solo uno de cada cinco españoles (22 por ciento) rechaza el velo y acepta el crucifijo, al mismo tiempo, un porcentaje idéntico al de quienes mantienen postulados laicistas y no aceptan ni el velo ni la cruz.

El barómetro refleja también que el empeoramiento de la situación económica en España ha hecho aumentar el número de personas que piden que se favorezca a un español antes que a un extranjero a la hora de facilitar un empleo. No obstante, hay un 31 por ciento que se muestra contrario a esa idea y piensa que el empleo de debe conceder a quien este mejor preparado para ello, con independencia de que sea español o extranjero.

El 60%, conforme con apretarse el cinturón
La crisis económica está muy presente en este último Barómetro del Instituto Elcano y, según sus datos, el 60 por ciento de los españoles acepta el plan de ajuste económico impuesto a España por la Unión Europea. Pese a esas exigencias comunitarias, los españoles siguen pensando mayoritariamente (un 65 por ciento) que la pertenencia de España a la Unión Europea, después de 25 años ha sido buena para nuestro país. De hecho, la UE se mantiene a la cabeza de las instituciones internacionales mejor valoradas por los españoles.

Finalmente, en cuanto a la Presidencia de turno ejercida por España, los resultados confirman lo que ya se conocía por otros sondeos, como el del CIS, que ha suscitado un escaso interés entre los españoles.

Sólo el 25% de las 4 Torres de Madrid está ocupado dos años después

Dos años después de que la primera de las cuatro torres del «Business Area» de Madrid saliera al mercado del alquiler, el parque empresarial ubicado al norte del Paseo de la Castellana sigue prácticamente vacío, afectado por la crisis inmobiliaria y económica.

De los más de 114.000 metros cuadrados de superficie disponible para oficinas que comenzaron a comercializarse en el primer semestre de 2008, los propietarios de los edificios más altos de España no han conseguido arrendar ni 30.000 metros, por lo que la ocupación no llega al 25%.

El primero de los cuatro rascacielos que salió al mercado de alquiler en el terreno de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid fue la Torre Espacio, propiedad del grupo Villar Mir, que ocupó cerca del 45% de los 58.200 metros cuadrados de superficie disponible.

Embajadas como la canadiense, la austríaca o la británica, bufetes de abogados y otras compañías han trasladado sus oficinas a este edificio de 224 metros, ocupando más de la mitad del espacio disponible, aunque aún quedan sin arrendar 10.900 metros cuadrados.

La torre más alta, con 250 metros de altura, es la de Caja Madrid, anteriormente conocida como la Torre Repsol, que albergará las oficinas centrales de la entidad financiera en los más de 70.000 metros cuadrados de superficie que tiene.

Según fuentes de la entidad, cuando terminen las obras de acondicionamiento, todo el espacio disponible será ocupado por sus empleados, que se trasladaran al edificio «próximamente».

Aunque desde el sector financiero se ha especulado con la posibilidad de que se termine alquilando una parte del espacio disponible, o de que la torre albergue la sede financiera de la nueva macroentidad surgida de la alianza con Bancaja, Caja Madrid insiste en que no hay una decisión tomada al respecto.

La Torre Sacyr Vallehermoso cuenta con un hotel de cinco estrellas que ocupa hasta la planta 31 (el 60% del edificio), por lo que sólo salieron al mercado del alquiler de oficinas, a principios de 2009, 21.390 metros cuadrados, que actualmente continúan disponibles.

Los propietarios de la torre, de 236 metros, no han conseguido alquilar ni un metro, aunque desde Sacyr indican que «hay gente interesada y que se está trabajando para alcanzar acuerdos».

La Torre de Cristal, propiedad de la Mutua Madrileña, tiene 250 metros de altura, y engrosa la superficie en alquiler con otros 57.579 metros cuadrados, que ha decidido destinar íntegramente al arrendamiento a terceros.

Su construcción finalizó en el primer trimestre del año y la superficie acaba de empezar a comercializarse, por lo que, de momento, los contratos de alquiler se están negociando.

No obstante, según fuentes cercanas a la comercialización de la superficie del edificio, recientemente se ha firmado la primera operación de alquiler a un cliente que ocupará media planta.

Los propietarios del edificio consideran que «aunque aún es pronto para hacer una valoración de futuro, las previsiones pasan por tener alquilado un 10% del espacio a final de año».

La construcción del parque empresarial Cuatro Torres Business Area (CTBA) se inició en 2004 con el objetivo de desahogar el centro del distrito de negocios de Madrid, «quitando presión a la Castellana, donde no había espacio disponible», según explicó a EFE el director de negocio de oficinas de la consultora Aguirre Newman, Angel Estebaranz.

«Sin embargo, en 2008 empezó la crisis, y con ella, cayó la confianza empresarial», agrego Estebaranz, quien señaló que 2009 ha sido el año que menos superficie de oficinas se ha alquilado en Madrid desde hace 15 años.

El experto consideró que esta situación obedece exclusivamente al contexto de recesión económica y no a los precios del alquiler en las torres madrileñas, que oscila entre los 29 euros por metro cuadrado en el edificio de Sacyr a los 42 euros de la Torre Espacio.

El pasado ejercicio se firmaron operaciones de alquiler o venta en el mercado de oficinas del CTBA por una superficie de 312.653 metros cuadrados, el 36% menos que en 2008, cuando la cifra de absorción ascendió a 491.270 metros.

No obstante, según Estebaranz, el dato adelantado del primer semestre de 2010 va a superar los 230.000 metros, lo que «trae esperanzas al sector», teniendo en cuenta que la absorción en el mismo periodo del año anterior fue de 137.773 metros cuadrados.

Ya no tienen credibilidad: UGT pierde afiliados y CCOO frena las adhesiones

«Es necesario que los sindicatos sean independientes de la política», afirma un miembro destacado de la Unión General de Trabajadores, que, desencantado por la actuación de su organización, denuncia «la profunda crisis» por la que atraviesa su sindicato. Y es que la crisis económica, en lugar de aumentar la afiliación sindical como ha sido habitual en las coyunturas anteriores, está mermando la capacidad de los sindicatos para atraer a trabajadores.

Así lo confirman los datos facilitados por la afiliación de la Confederación Sindical Internacional (CIS) de finales de 2009, que enmarca la adhesión a los sindicatos en 1,2 millones de afiliados para Comisiones Obreras, por lo que continúa manteniendo el liderazgo y su posición como fuerza sindical mayoritaria, 810.000 afiliados para UGT, seguidos por ELA, con 115.000, y USO, con 110.000 afiliados.

La adhesión se tambalea
Así las cosas, el sindicato de Cándido Méndez registra una caída de casi un 10% en relación con los datos de 2005, cuando la organización registraba 888.414 cuotas de afiliados, según datos del propio sindicato. Mientras que la for- mación liderada por Ignacio Fernández Toxo, aunque no ha perdido adhesiones, sí está sufriendo un frenazo en el crecimiento de sus afiliaciones.

En los años 2006 y 2007, CCOO registró una subida de afiliación del 4,5%, incrementando el ritmo hasta el 9% en 2008, cuando a finales de ese año recogía un balance de 1,2 millones de cuotas de afiliados. De hecho, estos resultados fueron el aval que presentó José María Fidalgo en el IX Congreso celebrado el pasado 19 de diciembre de 2008. No obstante, el resultado de 2009 no ha sufrido ninguna mejora y continúa estancado en los 1,2 millones, según datos ofrecidos por la organización.

Evidencia de ello es que meses después de que llegara Toxo a la secretaría general de Comisiones Obreras, la organización retiró un cartel informativo de la puerta de la sede central, que se encuentra en Madrid, en el que durante toda la etapa de Fidalgo se informaba de la evolución de afiliaciones.

En crisis, debería subir la cifra
Con la llegada de la crisis económica, los sindicatos se convierten en la única opción de muchos trabajadores para negociar los cambios que implica la situación económica en sus condiciones laborales, así como para defender su puesto de trabajo. Y es que durante 2009, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se multiplicaron por cinco, alcanzando casi los 500.000 expedientes, y la negociación salarial se complicó hasta tal extremo que, a finales de 2009, pudimos ver amplias baterías de huelgas en sectores como el Metal. Todos estos factores influyen en un aumento de la conflictividad laboral.

De hecho, las horas de trabajo perdidas en España durante los meses de enero y febrero de 2010 ascendieron a 5.635.122, como consecuencia de las 230 huelgas conta- bilizadas, según los datos del informe sobre conflictividad laboral realizado por CEOE. Respecto al mismo periodo de 2009, el número de huelgas creció un 85,48%.

«En momentos de crisis, la duración de las adhesiones son muy cortas. Los trabajadores que tienen problemas se afilian durante cinco o seis meses hasta que resuelven su conflicto, después se quitan», explican miembros de las organizaciones de trabajadores. Esto supone que, a pesar de responder a afiliaciones cortas, el monto de inscripciones aumenta susceptiblemente. Por ejemplo, durante la crisis de 1993, CCOO mantuvo un ritmo de crecimiento aproximado al 2% durante toda la coyuntura.

Además, si el trabajador acaba en el desempleo, los sindicatos mayoritarios dejan a estos afiliados exentos de pagar la cuota durante varios meses o con una fuerte reducción del coste. Después, si todavía no ha encontrado trabajo, en el caso de UGT, se beneficia de una rebaja del 75%, por lo que tan sólo pagará 2,5 euros de forma mensual. En situaciones normales, la cuota de este sindicato es de 10 euros al mes, según explican fuentes de las secretarías de organización.

Desencanto por los sindicatos
No obstante, la actuación de estas fuerzas históricas en esta crisis ha frenado el ritmo de afiliaciones e, incluso, en UGT ha causado pérdidas. Y es que el inmovilismo que han demostrado estas organizaciones durante la coyuntura les ha pasado factura. «Las huelgas nunca se hacen porque haya crisis», respondía Ignacio Fernández Toxo, cuando le preguntaba si iban a salir a la calle para protestar en contra de la actuación del Gobierno.

El desencanto que sienten los ciudadanos por los sindicatos no sólo se percibe en una caída de afiliaciones, sino también en el seguimiento de sus concentraciones. Esto se puso de evidencia en la convocatoria de huelga de la Función Pública, que denunciaba la rebaja de sueldo de los funcionarios. El paro sólo tuvo un seguimiento del 11%, según cálculos del Gobierno.

Además, la huelga de Metro de Madrid, en la que no se han respetado los servicios mínimos, organizando así un fuerte caos en al capital del país, fue un punto de inflexión para la percepción de los representantes de los trabajadores por los ciudadanos. «Los sindicatos no quieren hacerle la huelga a Zapatero, ahora dicen que la harán el 29 de septiembre y mientras tanto a Esperanza Aguirre se la hacen ya y total», clamaba un ciudadano afectado por la huelga de Metro.

Después de dos años de crisis, el descontento también se empieza a asentar dentro de los propios sindicatos, sobre todo en UGT, donde algunos representantes de importantes sectores han manifestado la necesidad de actuar en varios comités celebrados. No sólo piden que se convoque una huelga, sino también que se establezca cierta distancia con el Gobierno.

Y es que Cándido Méndez ha sido uno de los grandes apoyos del presidente del Gobierno para garantizar la paz social durante una de las mayores crisis económicas que ha vivido nuestro país. José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido al líder ugetista totalmente informado de todas sus actuaciones. De hecho, ya es sabido, tal y como publicó este periódico, que el mismo día que el Gobierno anunció el plan de ajuste, que recortaba protección social, Zapatero telefoneó al representante de UGT minutos antes de presentar las medidas en el Congreso. Por supuesto, la respuesta sindical a este recorte se plasmó en una manifestación, que tampoco encontró demasiado seguimiento.

«Muchos de mis compañeros de la UGT, que han estado afiliados toda la vida, ahora prefieren dar ese dinero a alguna ONG y se han desapuntado», apunta un miembro del sindicato, que explica que los núcleos de fuerza de la organización son Asturias y Andalucía y «están sumidos en una fuerte crisis». «Los valores sindicales han cambiado y ya no dicen nada a las jóvenes generaciones» explica. «Se debería mantener la independencia».

Eso sí, la prueba definitiva para los representantes de los trabajadores será la huelga general organizada para el 29 de septiembre, con la que se pretende frenar la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo.

Los sindicatos ya no tienen margen para registrar un nuevo fracaso. Para asentar su liderazgo deberían repetir el paro de 2002, cuando José María Fidalgo, al frente de CCOO, junto a Cándido Méndez, pararon el país el mismo día que España, que ostentaba la presidencia de la UE, acogía un Ecofin.

Uralita deberá pagar casi 4 millones de euros a los vecinos afectados por amianto en Cerdanyola y Ripollet

La sentencia es pionera en España, ya que se trata de la primera vez que los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 45 vecinos que vivían en sus inmediaciones. La compañía recurrirá.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Uralita a indemnizar con 3.918.594,64 millones de euros a medio centenar de vecinos de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona) por los daños derivados de la exposición al polvo de amianto generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades. La compañía recurrirá la sentencia .
La sentencia es pionera en España, ya que se trata de la primera vez que los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 45 vecinos que vivían en sus inmediaciones y que, según la resolución judicial, sufren enfermedades que son producto del contacto que han mantenido diariamente con el amianto que utilizaba Uralita para fabricar sus materiales.

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha considerado que «es claro» que la causa de los padecimientos de los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la actividad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han residido durante décadas los afectados.

Según la sentencia, los medios de transmisión que han causado la enfermedades de los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos derivados de la propia actividad industrial.

«Incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la propia empresa por las zonas urbanas de ambos municipios, ciertamente con la aquiescencia, incluso complacencia de la propia población y de las autoridades», añade la sentencia.

Durante el juicio, los demandantes reclamaron una indemnización de 5,6 millones, insistiendo en que la empresa «esparció por todas las calles» de esas dos localidades «trozos de asbesto» y «polvo de amianto», y que no tomó ninguna medida de precaución al saber que dicho material era perjudicial para la salud.

Uralita no comparte la sentencia dictada por un juzgado madrileño, informaron hoy a Efe fuentes de la compañía, cuyo servicios jurídicos estudian su contenido para recurrirla.