Banco Popular emite 700 millones de euros en cédulas hipotecarias a tres años

Banco Popular ha colocado en el mercado 700 millones de euros en cédulas hipotecarias a tres años sin aval, que ha contado con una gran acogida por parte de los inversores internacionales, al demandar el 61% de la emisión, según explicaron fuentes del banco a Europa Press.

El diferencial al que se ha realizado la emisión es de 215 puntos básicos sobre el tipo de interés ‘midswap’ y cuenta con la calificación crediticia ‘Aaa’ y ‘AAA’ de la agencias de calificación Moody’s y Standard and Poor’s, respectivamente.

El banco explicó que continúa con su objetivo de consolidación y ampliación de su base inversora, así como de reforzamiento de la estructura financiera, mediante el alargamiento de los plazos de financiación institucional.

Asimismo, con esta emisión se adelanta a la renovación de vencimientos de 2011, tras tener cubiertos todos los de 2010 y contar con una segunda línea de liquidez de 13.000 millones de euros.

La emisión ha contado con la participación de 84 inversiones institucionales de catorce países distintos, entre los que destaca Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal, que sumaron el 54% de la demanda total.

La emisión también contó con inversores de países como Austria, Noruega y Finlandia. En cuanto a la tipología de inversores, destacan las gestoras de fondos y aseguradoras, que sumaron el 51% de la demanda total.

Esta nueva emisión de títulos garantizados, que se une a la anunciada la pasada semana por Banesto, demuestra la recuperación de la confianza en el mercado de deuda española, no sólo la realizada por el Tesoro Público, sino también la privada.

Asimismo, Banco Popular lanzó en el primer trimestre una emisión de cédulas de 1.000 millones a ocho años, la primera emisión en España con un mayor plazo de vencimiento desde que comenzó la crisis de liquidez.

Sony también abandona Cataluña

La multinacional japonesa Sony dejará de producir en España con el cierre de su fábrica de televisores de Viladecavalls (Barcelona) y en la que actualmente trabajan 1.030 personas, según han informado fuentes cercanas a la operación.

La planta todavía producirá televisores durante un tiempo. Tras el cese de actividad, las instalaciones se traspasarán a la empresa de componentes de automoción Ficosa y la de construcción y energía Comsa-Emte, que las adecuarán paulatinamente -la fábrica y el centro de ingeniería- a sus negocios.

El centro de ingeniería será compartido entre Ficosa y Comsa-Emte, mientras que la planta de producción se modificará para la actividad de Ficosa.

Trabajo cambiará las políticas de empleo y no las prestaciones

Los responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración tienen previsto reorganizar el actual diseño de las políticas activas de empleo (formación a parados y ocupados), «pero en ningún caso se planea un recorte de las prestaciones por desempleo», según aseguraron ayer fuentes de este departamento.

De esta forma respondían desde Trabajo a una información periodística publicada ayer, que aseguraba que desde el departamento que dirige Celestino Corbacho, en colaboración con el Ministerio de Economía y la Oficina Económica del Gobierno se estaba diseñando una reforma de las prestaciones por desempleo. Los cambios supondrían un recorte progresivo de estas ayudas contributivas de hasta 20 puntos, con el fin de aligerar el abultado gasto por este concepto.

Estas fuentes precisaron que el recorte de prestaciones «se descarta por completo» desde este Ministerio. Si bien añadieron que el desmentido se ceñía exclusivamente al departamento liderado por Corbacho y no alcanzaba ni a Economía ni a la Oficina Económica del Gobierno.

El impago de obras para el mantenimiento de las viviendas alquiladas es causa de deshaucio

Considera que el arrendador podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para mantener el inmueble en buen estado y su impago podrá considerarse causa de desahucio.

El Tribunal Supremo considera que el propietario de una vivienda alquilada podrá exigir al inquilino el importe de las obras de reparación necesarias para mantener el inmueble en buen estado y establece que su impago podrá considerarse causa de desahucio.

Así se señala en una sentencia dictada por la Sala de lo Civil del alto tribunal el pasado mes de junio, en la que desestima el recurso planteado por un inquilino contra la sentencia dictada en 2007 por la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó la demanda planteada por las dueñas de la vivienda en la que residía ante el impago de parte de la renta y cantidades asimiladas a ella, en concreto, gastos de comunidad y obras por un total de 294,86 euros en los años 2002 y 2004.

El denunciado llevó el caso ante el Tribunal Supremo, a pesar de que el desahucio no se llevó a cabo dado que pagó las cantidades que se le reclamaban, para defender que el impago de obras realizadas en el inmueble no podía ser en ningún caso motivo para finalizar el contrato. Para defender este argumento se apoyaba en que el contrato databa de 1947 y debía estar regido entonces por la Ley de Arrendamienos Urbanos de 1967, que sólo justifica el desahucio en caso de impago de la renta y gastos asimilados, sin que tuvieran esta consideración los gastos de comunidad y suministros y las obras.

Sin embargo, el Tribunal Supremo da la razón ahora a las dueñas de la vivienda. En primer lugar, señala que la ley de 1967 -vigente para los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985- no explica «expresamente qué debe entenderse por cantidades que a la renta se asimilan», por lo que «el concepto debe ser completado con lo que en cada momento establezca la legislación aplicable».

Para ello, acude a la actual ley de arrendamientos urbanos, de 1994, que lleva a considerar que el importe del coste de los servicios y suministros «merece esta misma consideración de ‘cantidades asimiliadas'» que justificarían el desahucio.

Asimismo, destaca que el contrato a examen se celebró el 1 de diciembre de 1947, por lo que «el arrendador podrá repercutir en el arrendatario el importe de las obras de reparación necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido», además del coste de los servicios y suministros que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley.

Esto lleva a los magistrados del Supremo a considerar que la causa resolutoria prevista en la ley de 1964 «comprende en la actualidad el impago de los importes refereidos tanto a servicios y suministros producidos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, como al importe de las obras necesarias para mantener la vivienda en estado de servir para el uso convenido».

Esta línea de interpretación ya ha venido siendo recogida por la Sala de lo Civil del alto tribunal respecto al incumplimiento de otras obligaciones, como es el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por el arrentadario, e incluso en relación al incumplimiento del pago de servicios y suministros.

Jurisprudencia contradictoria
Con esta sentencia, el alto tribunal resuelve la «jurisprudencia contradictoria» de Audiencias Provinciales que fue alegada por el inquilino en su recurso de casación. El inquilino alegaba que algunas audiencias consideran que a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 les es de aplicación la previsión contenida en el artículo 27 de este texto legal, que extiende la acción de desahucio a la falta de pago de cualquiera de las cantidades cuyo pago corresponde al arrendatario, incluyendo los gastos de comunidad, servicios o suministros y las obras.

Mientras tanto, otras audiencias mantienen que el artículo 27 de la ley de 1994 no es aplicable a los arrendamientos anteriores al 9 de mayo de 1985, que, tal y como establece la ley de 1994, seguirán estando regidos por el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Este texto restringía la resolución contractual por impago al que lo fuera de la renta o de las cantidades que a ésta se asimilien, concluyendo que todo aquello que no sea renta ni cantidad asimilada a ésta no podría servir de fundamento a una resolución contractual por falta de pago, sin que tengan dicho carácter de asimilados los gastos de comunidad o servicios y suministros y las obras.

Sólo el 17% de los parados asiste a cursos de formación, según la AGETT

El 17% de los desempleados españoles sigue algún tipo de formación, de acuerdo con los datos de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), que considera positivo que el Gobierno esté tratando de impulsar la formación entre los parados como mecanismo de reinserción laboral.

Esta patronal recoge en un comunicado declaraciones de su presidente, Francisco Aranda, quien apunta que en España «hay mucho que avanzar» en formación, ya que sólo el 17% de los desempleados se forma, a pesar de que casi la mitad de la población activa sin estudios está en el paro.

Para Aranda, la formación «es la pasarela más eficaz para integrarse en el mundo del trabajo» por lo que consideró necesario que los itinerarios formativos sean acordes al perfil profesional del desempleado y le ayuden a encontrar un empleo.

Por ello, cree que la propuesta del Gobierno para reducir el tiempo que tendría un desempleado para rechazar cursos de formación sin ser sancionado se enlaza con la filosofía imperante en el resto de Europa, donde se apuesta por colocar al desempleado en el centro de las políticas activas de empleo, cuestión también clave para la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Hacienda inspeccionará a los titulares de cuentas suizas y los citará en septiembre

La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre los titulares de cuentas de la filial suiza del HSBC, a quienes ha citado en septiembre para realizar comprobaciones que podrían culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal, según informaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

A finales de julio, la Agencia Tributaria comenzó a enviar estos requerimientos a los titulares de dichas cuentas –que según algunas fuentes pueden superar los 1.500 con unas 3.000 cuentas–, con la finalidad de iniciar el procedimiento inspector, después de que el pasado 30 de junio expirara el plazo que Hacienda les concedió para regularizar de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada.

El caso se inició el pasado mes de mayo, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.

No todos han regularizado
Con la información en su poder, Hacienda inició un procedimiento de gestión, previo a la inspección, y otorgó un plazo a los contribuyentes con cuentas en Suiza para que regularizaran su situación. Tras la conclusión del plazo, algunos declarantes regularizaron conforme a los criterios de la Agencia Tributaria, pero otros lo hicieron parcialmente y algunos ni siquiera atendieron la reclamación de Hacienda.

Ahora, el departamento dirigido por José Manuel López Carbajo ha iniciado el procedimiento de inspección con el envío de los requerimientos en el mes de julio y la citación a partir de septiembre de todos los contribuyentes, hayan regularizado o no.

La Agencia Tributaria comprobará las liquidaciones caso por caso y aplicará las sanciones correspondientes a los evasores, que pueden ser de entre el 50% y el 150% del importe defraudado, según se recoge en la Ley General Tributaria, lo que puede suponer un buen pellizco para las maltrechas cuentas públicas.

Con esta iniciativa, Hacienda quiere llegar «hasta donde haya que llegar», en palabras del propio López Carbajo, quien desmintió así las denuncias del colectivo de inspectores de Hacienda, que habían acusado al Gobierno de dar un «trato de favor» y ofrecer una «amnistía fiscal» a estos presuntos defraudadores.

Lo que no está muy claro es si Hacienda remitirá a los tribunales a aquellos contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal –un fraude superior a 120.000 euros por año– pero hayan regularizado, ya que la práctica judicial con los que han tenido la ‘bondad’ de declarar sus impuestos tras el primer requerimiento es desestimar el expediente.

De confirmarse la existencia de delito fiscal, los defraudadores podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como a una multa hasta seis veces superior de la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados ‘testaferros’, o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.

El caso de la filial suiza del HSBC es muy similar al descubierto en 2008 con los depósitos bancarios de españoles en Liechtenstein y que también se descubrieron gracias al robo de datos, en este caso en Alemania. En aquella ocasión, la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía Anticorrupción la información de 198 titulares de estos depósitos, que habrían cometido un fraude por un importe mínimo de 23,7 millones de euros.

Autónomos y pymes tendrán que declarar el IVA cada trimestre

Las empresas y los profesionales deberán incluir en sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) todas las facturas del trimestre sin que sea posible trasladarlas a otras declaraciones posteriores del mismo ejercicio, tal y como venía siendo práctica habitual hasta ahora.

Esta situación, que aumentará el trabajo de estos contribuyentes para recolectar y emitir facturas a tiempo, es consecuencia de la resolución del Tribunal Económico Administrativo (TEAC), de 29 de junio, que han anulado el criterio de liquidación anual que venía llevándose a cabo como costumbre alegal desde los inicios de este tributo.

En este caso, la resolución del TEAC, que cuenta con un voto particular disidente de la opinión general de la Sala, realiza una interpretación técnica y jurídica de un proceso administrativo de control, que también aumentará parcialmente la carga de trabajo administrativo de la Agencia Tributaria durante los próximos meses.

Adaptar las aplicaciones
Fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) confirmaron ayer a elEconomista que se están adaptando las aplicaciones informáticas y que, a partir de ahora, se comenzará a comprobar aleatoriamente el cumplimiento de las liquidaciones trimestrales para constatar que se han hecho sin traslados de facturas de unos trimestres a otros.

Esta adaptación ha supuesto que se detenga la revisión que se estaba realizando sobre el ejercicio de 2009, que se retomará tan pronto estén instalados los nuevos criterios en los programas informáticos de la Agencia Tributaria.

Los asesores fiscales consultados sobre esta nueva situación reconocieron que obligará a estar más pendientes de la facturación si no se quiere elevar desmesuradamente la burocracia en las empresas.

Con respecto a las declaraciones recurridas y pendientes de sentencias firmes de los años 2006, 2007 y 2008, que se han visto afectadas por la resolución del TEAC, las fuentes de la AEAT consultadas ayer manifiestan la decisión de la Dirección de este organismo de iniciar «desde cero» nuevos expedientes administrativos y no embarcarse en rectificar los anulados.

De esta forma, los funcionarios pasarán a liquidar las declaraciones por meses o trimestres, según corresponda, con los datos aportados por los propios contribuyentes.

En los casos en que surjan dudas a la hora de elaborar las nuevas liquidaciones, las fuentes de la AEAT consultadas manifestaron que se consultará con los propios contribuyentes para que aporten los documentos demandados, ya que se trata de un nuevo expediente que nada tiene que ver con el anterior, aunque tendrán que comprobar las fechas de prescripción para las actuaciones inspectoras.

En la Agencia Tributaria consideran no habrá dificultades para dividir por trimestres las declaraciones, aunque será un trabajo amplio y extraordinario.

Por su parte, los asesores fiscales se encuentran más preocupados con las nuevas exigencias de declaración anual y trimestral.

Declaraciones recurridas
Sobre el alcance económico que pueden suponer las anulaciones de expedientes, la AEAT lo sitúa en 20.000 expedientes, ya que únicamente afectan a los recorridos con una deuda de «unos cientos de millones de euros».

Los asesores fiscales consultados coincidieron en señalar que, tal y como informa Hacienda, la mayoría de los recursos se han llevado a cabo sin devengo del impuesto.

Incluso, explicaron ayer que muchas empresas con problemas de liquidez optaron el año pasado por recurrir el IVA, puesto que de esa forma lograban un dinero que no les daban las entidades financieras, a pesar de que los tipos de demora andaban por el 5,5%.

Por el contrario, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y la AEAT, estima que afecta a 480.000 los expedientes, por valor de 5.100 millones de euros, ya que incluye a los expedientes de 2006, 2007 y 2008 no prescritos y a los de años anteriores, que se recurrieron a los tribunales de justicia.

Esta organización ha denunciado que el problema ha surgido por la escasez de personal de que dispone la AEAT para controlar el IVA.

La nueva norma sobre ‘caixes’ recibe el apoyo de CiU, ERC e ICV

Más capital y menos políticos. Será lo más visible de las cajas catalanas una vez completen el proceso de transformación que regulará el decreto ley que aprobó ayer la diputación permanente del Parlament. Por unanimidad de todos los grupos, excepto Ciutadans. Algo poco esperado, por dos motivos: la expectativa de que ayer mismo se convocaran las elecciones autonómicas; y el hecho de que tres grupos parlamentarios que también tienen representación en el Congreso español variaron su voto respecto al que emitieron en julio cuando la norma que se debatía era la ley estatal conocida como LORCA (Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros).

Los ponentes de estos grupos tenían su explicación. CiU, que pasó de la abstención en Madrid al apoyo en Catalunya, argumentó, por boca de su portavoz Oriol Pujol, que ahora quieren reforzar la legislación catalana ante la invasión de competencias que representa la ley estatal. Un argumento similar utilizó la portavoz de ERC -cuyo grupo en Madrid votó contra la ley española-, Anna Simó, quien también advirtió del peligro de que hay un intento de «privatizar» el Estado con leyes como la LORCA. Frente a ello, vio necesario «blindar» la ley catalana. Por su parte, el portavoz de ICV-EUiA -en Madrid votaron en contra- se mostró contra la privatización y aprovechó para criticar que el PSOE prefirió apoyarse en el PP en lugar de la izquierda para aprobar la normativa sobre cajas de ahorros. El PP ha votado lo mismo en Madrid y Barcelona.

AMBIENTE ELECTORAL/ Durante la sesión, celebrada por la mañana, flotaba la incertidumbre sobre si sería o no la última comparecencia del conseller de Economia, Antoni Castells, que defendió el decreto ley. Por si fuera así, los grupos optaron por el trato de cortesía, muy distinto del dispensado en la sesión de control de antes de vacaciones.

Castells utilizó dos adjetivos para justificar la nueva norma, que modifica la vigente ley catalana de cajas del 2008. Los cambios introducidos eran «necesarios» y «urgentes» y se han introducido al amparo de que Catalunya tiene competencia exclusiva en cajas de ahorro, cosa que, recordó el conseller, el Tribunal Constitucional «no ha discutido».

La necesidad ha venido de evitar los vacíos legales que se pudieran producir al estar vigente la ley estatal, lo que podría permitir al Gobierno central actuar por la vía supletoria «incluso en materias que no son básicas», precisó Castells. Vinculado a ello estaba la urgencia. Hay seis meses para adaptarse a la ley estatal, y al ser inminente la convocatoria de las elecciones autonómicas, con sus plazos, podría llegar el mes de enero sin que en Catalunya se procediera a las modificaciones. Castells destacó que si se encuentran pocos cambios respecto a la ley estatal es porque la ley catalana era pionera «en autonomía, independencia y despolitización de las cajas».

REPRESENTACIÓN / La despolitización, entendida como la limitación de presencia de administraciones públicas, sigue lo que ya prevé la ley catalana, incluyendo que los cargos públicos elegidos no podrán estar en órganos de gobierno de cajas. Mejora la representación de los impositores y se mantiene la diferencia de la ley estatal en la representación de entidades cívicas. La estatal habla de hasta un 10% y la catalana la fijó entre el 25% y el 30%. También es distinta la obligatoriedad de dedicación de presidentes y directores generales, porque en Catalunya son cargos claramente diferenciados.

Lo más trascendente, no obstante, es que también será posible la entrada de capital privado en las cajas catalanas, con derecho de representación en los órganos de gestión si supera el 5% del capital de la entidad. Otra novedad, a la que hasta ahora se ha prestado menos atención es la posibilidad inversa a lo que se ha venido anticipando: no que un banco controle una caja -comprando cuotas- sino al revés, que una caja pueda tener mayoría en un banco, lo más probable de nueva creación. Hasta ahora, ninguna caixa ha expresado que piense en este modelo.

Si una caja llega a tener el 51% de un banco, le puede traspasar todo el negocio financiero y actuar como sociedad anónima. Si lo hace, en los órganos de gobierno de la caja deberán estar representados los impositores y los trabajadores del nuevo banco. ¿Y que ocurriría si en sucesivas ampliaciones de capital, la caja perdiera el 51%? No habría marcha atrás, es decir, no sería posible volver a ser una caja. En este supuesto, lo que deberá hacer la caja es convertirse en fundación y dedicarse a gestionar su obra social.

La Seguridad Social reduce su superávit un 28,7% hasta julio y lo sitúa en 6.134,7 millones

La Seguridad Social obtuvo un superávit de 6.134,77 millones de euros en los siete primeros meses del año, cifra equivalente al 0,58% del PIB y un 28,7% inferior a la de igual periodo de 2009, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 8.611,8 millones de euros, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El ritmo de descenso del superávit hasta julio es superior al registrado en junio, cuando el saldo positivo de la Seguridad Social cayó un 15,9% en tasa interanual.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, destacó que el superávit obtenido hasta julio es «muy superior» al previsto presupuestariamente e insistió en que la Seguridad Social cerrará el año de nuevo en superávit gracias al comportamiento de los ingresos, que se están ajustando a lo previsto en presupuestos, y al «enorme esfuerzo» de contención y austeridad en los gastos.
Este mes, los gastos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían los 1.000 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

El superávit logrado por el sistema hasta julio fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 73.046,9 millones de euros, un 0,02% menos, y de unos pagos que sumaron 66.912,1 millones de euros, un 3,8% más que en los siete primeros meses de 2009.

En términos de caja, estas operaciones no financieras se concretaron en una recaudación líquida de 68.927,7 millones de euros, con un descenso del 2,4%, mientras que los pagos presentaron un aumento del 3,4%, hasta los 66.456,7 millones.

Del volumen total de ingresos hasta julio, el 91,5% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 8,5% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, el 92% de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 8% por las mutuas.

Los ingresos por cotizaciones bajan, aunque poco
Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en los siete primeros meses del año un total de 61.724,2 millones de euros, un 0,18% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 43.953,1 millones de euros, un 0,2% más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 6.103,9 millones (-1,6%), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 549,9 millones de euros, con un aumento del 1,1% respecto a los siete primeros meses de 2009.

El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó 326,7 millones en cotizaciones, un 5% más, el del Mar recaudó 167,7 millones de euros (+0,6%) y el del Carbón ingresó 113,1 millones de euros (-2,1%). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 3.989,2 millones de euros (-3,6%) y por cuotas de desempleados, 6.520,2 millones de euros (+0,3%).

En el conjunto del año, la Seguridad Social prevé ingresar un total de 107.376,6 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representaban a finales de junio el 57,48% de lo previsto para todo 2010.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 7.872,4 millones de euros hasta julio, lo que representa un aumento interanual del 6,7%. Asimismo, los ingresos patrimoniales ascendieron a 2.339,3 millones de euros por los intereses generados por el Fondo de Reserva, cifra superior en un 8% a la del mismo periodo de 2009.

Mas de 58.300 millones para pensiones contributivas
En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 60.639,4 millones de euros en los siete primeros meses del año.

De este montante, la mayor partida, un total de 58.354,8 millones de euros, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 4,4%.

Dentro del sistema contributivo, se destinaron 53.669,9 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 5,1% más.

En este sentido, Granado destacó que la Seguridad Social está encarando la crisis manteniendo el pago de las pensiones, cuya partida sigue creciendo «de manera importante», dijo.

El gasto en incapacidad temporal (IT) fue de 3.035 millones de euros, con un descenso interanual del 5%, mientras que a prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se dedicaron 1.318,1 millones de euros hasta julio, un 1,1% más.

A finales de julio, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 2.284,6 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6,1%, de los que 939,7 millones de euros correspondieron a prestaciones familiares (+10,4%).

Los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social (gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones) presentaron a julio una caída del 2,6% respecto al mismo periodo de 2009.

MySpace permite a sus usuarios sincronizar la información publicada con Facebook

Los usuarios de MySpace pueden desde esta semana sincronizar la información que publican en sus perfiles con los de Facebook.

«Esta nueva función es parte de los esfuerzos para facilitar el intercambio de información más allá de MySpace y permitir la interacción entre los usuarios», informó en un comunicado MySpace, propiedad de News Corporation.

El contenido de MySpace ya podía ser sincronizado con las cuentas de Twitter.

El procedimiento para vincular las cuentas de MySpace y Facebook está disponibles en la dirección http://www.myspace.com/guide/sync.

MySpace ha querido hincapié en que «los millones de músicos en MySpace» puede utilizar esta nueva función para aumentar su presencia en la Red y compartir sus creaciones.

Antiguo líder de las redes sociales, MySpace perdió su lugar hace dos años en favor de Facebook, que cuenta con más de 500 millones de miembros.

MySpace concentra ahora sus esfuerzos para convertirse en una plataforma esencial para los músicos y sus fans.