Zara, de Inditex, empieza su venta por Internet a partir de hoy

La compra a través de internet de todos los productos de Zara, el formato más emblemático de Inditex, se podrá realizar a partir de hoy 2 de septiembre, en España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, ha anunciado hoy el grupo textil.

El vicepresidente del grupo Inditex, Pablo Isla, ha subrayado la importancia estratégica de esta forma de venta y el impulso comercial que supone, con el que se pretende dar un mejor servicio.

«Internet y el mundo de las redes sociales son herramientas de referencia indispensables y canales extraordinarios de comunicación que encajan a la perfección con la filosofía de nuestro grupo», declaró Isla.

Los productos estarán al mismo precio que en las tiendas físicas y en los próximos meses está previsto que Zara venda, además de en los seis países europeos en los que empieza, en el resto de los mercados en los que está presente.

Los pagos se podrán realizar en tarjetas de crédito (Visa, Master Card y American Express), débito (Visa Electron) y PayPal, además de la Affinitty Card en España.

El cliente puede escoger entre el envío en una tienda de su elección, donde la mercancía estará en un plazo de tres a cinco días sin recargo, o recibirlo en el domicilio, con un coste de 3,95 euros y un plazo de dos a tres días.

Se podrá optar por la entrega express en el domicilio, que se recibirá en menos de 48 horas por 5,95 euros y, en el caso de Canarias, por 9,95 euros.

En todos los casos se enviará en un paquete ecológico especialmente diseñado para la ocasión, que preserva el estado de las prendas.

La política de cambios y devoluciones será la misma que en las tiendas, con un periodo hábil de hasta 30 días, y se podrán hacer tanto con un sistema de recogida a domicilio como en las tiendas físicas, siempre de forma gratuita.

La página, www.zara.com, accesible en ordenadores y dispositivos móviles, se ha adaptado para la compra desde cualquiera de los navegadores disponibles en el mercado y, en el caso de iPhone y iPad, estarán disponibles próximamente sendas aplicaciones.

Los usuarios dispondrán también de un teléfono gratuito de atención al cliente para cada uno de los países (900 814 900 para España), de un contacto específico a través de correo electrónico para solventar dudas o problemas relacionados y de un servicio de «chat» activo en horario comercial.

Zara ha optado por la simplicidad y la facilidad para localizar los artículos según colores, tallas y precios y además habrá productos que se podrán encontrar por su número de referencia.

Para su observación se ha incorporado un «superzoom», con el que se pueden ver las prendas desde diferentes perspectivas y con un gran detalle.

La cesta de compra podrá ser visualizada en cualquier momento de la navegación, y habrá también un sistema de geoposicionamiento, que ofrecerá de forma automática la ubicación de los establecimientos de Zara más cercanos.

Los usuarios podrán solicitar también el envío periódico de una newsletter (boletín informativo) con las últimas novedades en moda y tendencias.

El Gobierno carga a las empresas las negligencias de sus trabajadores

El Ejecutivo quiere asentar reglas nuevas para resolver los conflictos laborales, y las quiere ya. Antes de que termine el año, las Cortes debatirán un anteproyecto de ley reguladora del procedimiento laboral, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que contempla cargar al empresario la responsabilidad ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluso cuando estos deriven de la “propia imprudencia” del trabajador.

La futura norma, que respaldará el Consejo de Ministros en breve, apunta a que el objetivo es “combatir la lacra de los accidentes” y “disipar el fantasma del riesgo”. Pero en este pretendido efecto inhibidor de catástrofes se parte de un principio implícito: la presunción de culpabilidad de la empresa de todo cuanto acontece bajo su techo.

El anteproyecto que estudia al Gobierno es tajante al respecto: “Se presumirá que el accidente o la enfermedad profesional tienen su causa en la omisión total o parcial de medidas de prevención de riesgos […], y corresponderá al empresario o a sus agentes o a las personas concurrentes o a los aseguradores de estos, probar la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir y evitar el riesgo, incluida la protección del trabajador frente a su propia imprudencia”.

Para los abogados consultados esta redacción mete a los sociedades en un callejón sin salida. Avisar al obrero de que se ponga el casco o señalizar zonas de “Prohibido el paso” cuando hay peligro no es suficiente. Los deberes que contempla la futura ley van mucho más allá, hasta el punto de tener que prever las posibles negligencias o malas conductas.

Ante tal rotundidad, el jurista Jesús Domingo, socio de ACS Abogados, sugiere que “el comportamiento temerario del trabajador debe quedar excluido” de la órbita de responsabilidad de la compañía. De lo contrario, los tribunales concluirán sistemáticamente que la culpa de un siniestro es del empresario, al margen de los hechos.

Otro capítulo que deja perplejos a los expertos tiene que ver con el tratamiento del acoso laboral o la lesión de derechos fundamentales del trabajo. De nuevo, toda precaución será poca para no verse arrollado por un asunto tan delicado. El Ministerio de Justicia propone que la víctima pueda emprender acciones legales contra el empresario, ignorando al propio culpable del hostigamiento.

“Corresponderá a la víctima […] elegir la clase de tutela que pretende dentro de las previstas en la Ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesión, salvo cuando la víctima pretenda la condena de este último”, reza el texto.

Esta cuestión contradice una sentencia del Tribunal Supremo (2008), en la que se aclara que la demanda ante un conflicto de esta índole debe presentarse no sólo contra la compañía, sino también contra el hostigador.

Para más inri, en esta cadena de culpables pueden verse inmersos “terceros” vinculados con el empresario “por cualquier título”, con expresa mención a las aseguradoras que, según los expertos, podrían subir las primas para cubrirse las espaldas al estar en la diana de indemnizaciones.

Dará que hablar
Juicios más ágiles
El anteproyecto de ley que prepara el Ejecutivo introduce avances para agilizar los procesos laborales, ya que extiende los juicios y las sentencias orales. Así, cualquier juez, tribunal o secretario judicial podrá dictar resoluciones a viva voz.

Intento de conciliación
Será requisito para la tramitación del proceso laboral de turno el intento de conciliación, que podrá canalizarse mediante acuerdos interprofesionales, convenios colectivos o acuerdos de interés profesional.

Excepciones
Quedan al margen de este requisito los procesos que versen sobre Seguridad Social, protección y asistencia social, disfrute de vacaciones, movilidad geográfica o cambio de las condiciones de trabajo.

Accidentes de trabajo
Es uno de los puntos más controvertidos. En las reclamaciones sobre accidentes y enfermedades profesionales se podrán acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias (léase lograr una mejor pensión de jubilación) que el trabajador dirija contra la empresa o terceros, incluidas las aseguradoras.

Responsabilidad
Se presume que un siniestro tiene su causa en la omisión de medidas preventivas. Esto llevado a sus máximos límites supone que la empresa se responsabiliza de las imprudencias ajenas.

El euríbor sube al 1,421% y encarece hipotecas por primera vez en casi 2 años

El euríbor a doce meses finalizó el mes de agosto en el 1,421%, con lo que encarece las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años, ya que en el mismo mes de 2009 el indicador se situaba en el 1,334%.

Estos datos, que deberán ser confirmados por el Banco de España en los próximos días, ponen de manifiesto que una hipoteca contratada hace un año por un importe medio de 150.000 euros y un plazo de amortización de 25 años que se revise en septiembre -a la que se aplica la tasa del mes anterior-, tendrá un ligero aumento de unos 6 euros mensuales, más de 70 euros anuales.

El dato de agosto pone fin a una racha de 22 meses seguidos en los que los préstamos hipotecarios se han beneficiado de descuentos que, durante el verano pasado, llegaron a rozar los 4.000 euros anuales.

El indicador, tras evolucionar al alza en la primera parte del mes y registrar recortes en la segunda, bajó hoy una milésima hasta el 1,414%, la menor tasa diaria de agosto.

Las oficinas públicas de empleo dejaron 7.700 ofertas sin cubrir en julio

El antiguo Inem interviene sólo en el 3% de las colocaciones de este año. El Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) registró 8.130.130 colocaciones entre enero y julio y de todas ellas los empleados públicos de estas oficinas sólo intermediaron en 239.961 puestos de trabajo, lo que supone el 2,9%. Sólo en julio, con 3,9 millones de parados registrados, las empresas publicaron 60.141 ofertas a través de las oficinas públicas, de las que quedaron inicialmente sin cubrir 7.751. Estos datos reflejan el papel residual de los servicios públicos de empleo.

Cada día es más difícil conocer a alguien que encontró su puesto de trabajo a través del Servicio Público de Empleo (antiguo Inem). De hecho, el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reconoció hace pocos días que estas oficinas necesitan una «reforma en profundidad».

Sin embargo, es la eterna reforma que nunca se hace fundamentalmente por la dificultad que tiene poner de acuerdo a todas las partes interesadas: Gobierno central, comunidades autónomas -que tienen las competencias de las políticas activas de empleo y la intermediación-, patronal y sindicatos.

Es más, la última reforma de calado de estos servicios estuvo provocada por la cesión de las citadas competencias a las comunidades autónomas. Desde entonces, la pérdida de eficacia del antiguo Inem y de su protagonismo en la intermediación entre ofertas y demandas de empleo no ha hecho más que disminuir. Esto ha ocurrido a medida que las comunidades se han ido encargando de gestionar la puesta en contacto entre las empresas y los parados y la formación (políticas activas de empleo).

Los datos evidencian esta situación: en el año 2000 el porcentaje de intermediación de los servicios públicos de empleo era del 16%, algo que ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de ladécadahasta llegar al 2,9%en los siete primeros meses de este año.

Bien es cierto que desde el Ministerio de Trabajo se asegura que su tasa de intermediación es superior al 8% en un año, debido a que sus responsables no calculan el porcentaje de gestión teniendo en cuenta el total de las colocaciones (todos los contratos que se registran) sino un universo mucho menor: el del colectivo de algo más de cincomillones que tiene una demanda de empleo inscrita.

Pero hay otros datos que ponen en evidencia la ineficacia de la labor de intermediación del antiguo Inem. En concreto, llama la atención que en julio, con 3,9 millones de parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, las empresas pusieron a disposición de este organismo sólo 60.141 ofertas de puestos de trabajo, para los que encontraron trabajadores en 52.390 casos, con lo que dejaron sin cubrir inicialmente 7.751 ofertas de empleo.

No obstante, de este total de vacantes sin cubrir se dieron de baja otras 4.780 ofertas de empleo, bien por decisión del empresario que anuló la oferta o porque decidió que necesitaba menos trabajadores que los solicitados, entre otras causas.

Otras 18.500 vacantes en junio
En junio los datos de gestión de las oficinas regionales de empleo fueron aún peores, ya que quedaron 25.365 vacantes sin cubrir, de las que se dieron de baja 6.834. De esta forma, en dicho mes, con cuatro millones de desempleados registrados, los funcionarios de este organismo no encontraron trabajadores para 18.529 puestos de trabajo ofertados.

Los agentes implicados se culpan unos a otros del escaso éxito de la intermediación pública en elmercado laboral. Y los sucesivos equipos al frente de la Secretaría General de Empleo delMinisterio de Trabajo siempre acometen algún cambio en la gestión para mejorar su efectividad pero, a tenor de la estadística, lejos de tener éxito, el papel de los servicios públicos cada vez es menor. La actual responsable de Empleo, Maravillas Rojo, llegó al cargo muy dispuesta a remozar el Servicio Público de Empleo Estatal -que cuenta con una plantilla de más de 8.000 empleados- y, sobre todo, a fomentar su gestión telemática a través de internet.

Para ello, tras año y medio de negociaciones con las comunidades autónomas, Rojo consiguió poner en marcha en octubre de 2009 el portal de búsqueda de empleo Redtrabaj@ con el fin de competir directamente con otras web similares. Nada más lejos de la realidad. El número de ofertas de empleo que publican los empresarios en Redtrabaj@ un día cualquiera se sitúa en el entorno de las 5.000, mientras que Infojob, el portal líder del mercado laboral, cuenta con unas 75.000 ofertas al día.

Orientadores versus comerciales
Con la llegada de la crisis, en 2008, el Ministerio de Trabajo contrató a 1.500 orientadores para las oficinas regionales de empleo. Estos profesionales debían actuar como una suerte de comerciales de empresa de trabajo temporal (ETT) haciendo una prospección por su zona sobre las necesidades de empleo de las empresas implantadas en ese área y ponerlas en contacto con los desempleados inscritos en su oficina. Además, debían diseñar un itinerario personal a cada parado, asesorándole y ofreciéndole la formación adecuada que ellos necesitan y que demandan las empresas de la zona.

Pues tampoco esto ha incidido ni un ápice en la mejora de la tasa pública de intermediación. Esmás, las empresas de trabajo temporal (ETT) aseguran que entre enero y junio sus oficinas gestionaron 867.615 contratos de un total de 6,7 millones de colocaciones registradas en ese periodo (el 12,9%del total), según la patronal de las grandes compañías de este sector (Agett).Mientras que en este primer semestre las colocaciones gestionadas con éxito por los servicios públicos de empleo -esto es aquellas en los que los funcionarios son los únicos intermediarios entre la demanda y la oferta del puesto de trabajo- ascendieron a 164.901 (el 2,4% del total de colocaciones registradas).

Desde Agett resaltan que, a la luz de estas cifras, las ETT intermedian 5,3 veces más que los servicios públicos de empleo. Y esto teniendo en cuenta que las empresas de trabajo temporal no intermedian ni en el empleo indefinido (que representa alrededor del 10% de las colocaciones) ni en los sectores de la administración pública y la construcción.

Corbacho: las prestaciones por desempleo podrían modificarse cuando pase la crisis

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó hoy que el Gobierno no tiene «en la agenda» recortar las prestaciones por desempleo y dijo que «otra cosa muy diferente» es que, cuando la economía empiece a crecer y crear empleo, se estudie si las prestaciones por desempleo deben o no modificarse.

«Lo que hemos dicho es que hay que mejorar las políticas activas y relacionarlas con las pasivas y mejorar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Cuando la economía empiece a crecer y crear empleo será el momento de ver si las prestaciones deben sufrir o no modificaciones», aclaró Corbacho en declaraciones a Onda Cero.

Así, el ministro subrayó que mientras la economía española esté en crisis las políticas pasivas (prestaciones y subsidios por desempleo) actúan como una red de protección imprescindible para las personas que pierden sus puestos de trabajo.

Para Corbacho, la normativa actual de acceso y cobro de las prestaciones por desempleo ya es «dura» pues exige haber cotizado seis años para cobrar dos años de paro, percibiendo los seis primeros meses el 70% de la base reguladora y después, el 60%, con unas cantidades que están topadas (la prestación máxima es de 1.200 euros y la media nacional es de unos 800 euros al mes).

«No creo yo que el problema del presupuesto debamos resolverlo reduciendo prestaciones por desempleo», señaló el ministro.

El número de hipotecas sobre viviendas en España cae un 10,8% en junio

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aceleró su descenso interanual en junio y cayó un 10,8 en relación a igual mes de 2009, hasta situarse en 55.143, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan su segunda caída consecutiva tras la de mayo (-2,9%) y parecen haber entrado en una senda bajista después de haber experimentado repuntes en los cuatro primeros meses del año.

En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas descendieron un 1,1% respecto a mayo.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en junio los 119.547 euros, un 1,4% más que en igual mes de 2009, mientras que el capital prestado bajó un 9,6% en tasa interanual, hasta los 6.592,1 millones de euros.

Sáenz advierte de que medidas contra los bancos encarecerán el crédito

El vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, advirtió hoy de que «cualquier ataque, o solución, dirigido erróneamente sobre el sector bancario tendrá un impacto negativo en la economía real», ya que provocará un «menor y más caro acceso al crédito».

Así se expresó Sáenz en una conferencia que impartió en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en referencia a la «obsesión por el tamaño de los bancos» y el establecimiento de tasas especiales a las entidades, que, dijo, centran el debate sobre la regulación bancaria.

Según el consejero delegado del Santander, se está produciendo una «demonización de la banca», según la cual las entidades financieras son los «chicos malos» que «parecen ser el único obstáculo para una recuperación económica completa».

Sáenz criticó los «mitos» que, a su juicio, se han extendido sobre el sector financiero, como que los bancos no quieren prestar dinero porque sus cuentas de resultados son todavía débiles, que el crédito es la «medicina» que necesita la economía, que las entidades deberían estar obligadas a prestar y que están aprovechándose de la actual coyuntura.

Sobre la crisis de deuda en Europa, Sáenz opinó que las economías periféricas -entre las que ha citado a España, Grecia, Irlanda y Portugal- deben comprometerse a llevar a cabo «planes de ajuste creíbles para reducir el déficit a corto plazo», mientras que el Banco Central Europeo debería llevar a cabo una «política monetaria expansiva».

Según el consejero delegado del Santander, parece «altamente improbable» que como resultado de esta política se produjera un «periodo inflacionario» en la zona del euro, «dado el nivel de desempleo» existente.

Alfredo Sáenz defendió la necesidad de llevar a cabo reformas «en favor de las empresas», como de los mercados laborales, aunque, preguntado por este aspecto, prefirió no ser «muy específico» acerca de la reforma laboral que actualmente sigue su trámite legislativo en España «hasta que esté completada».

En el caso español, Sáenz opinó que el Gobierno debe afrontar «serios retos», como la reestructuración del sistema financiero, el ajuste fiscal y las reformas del mercado laboral y de las pensiones para corregir los «desequilibrios» de la economía, como la concentración de recursos en el mercado inmobiliario o la pérdida de competitividad.

«Hay mucho trabajo por hacer», dijo el consejero delegado del Santander, quien añadió que la «buena noticia» es que «el sector privado está liderando el ajuste en España», ya que las empresas «han reaccionado rápido para ajustar su estructura de costes» y están buscando nuevos mercados en el extranjero.

«No debemos mirar a los mercados como especuladores», recomendó Sáenz, quien defendió que es «razonable» que exijan garantías para prestar dinero a España y que «no hay conspiración» alguna.

La crisis económica no existe en los libros de texto

La crisis económica ha sido una de las grandes protagonistas, tanto en la esfera privada como en la pública, de la vida de los españoles en los dos últimos años.

Sin embargo, los alumnos de Primaria y de Bachillerato de este curso 2010/2011, las futuras generaciones que tejerán la actividad económica del país, no tendrán que estudiarla: los libros de texto no la incluyen en sus temarios.

Parece una contradicción. Mientras a alumnos y a profesores se les exige reciclaje continuo, estar informados de la actualidad y ponerse al día, un elemento básico de su formación, los libros, no se actualizan con demasiada frecuencia. De hecho, de la decena de manuales consultados –los más extendidos en los centros nacionales–, sólo uno de ellos fecha en 2009 su última edición, mientras el resto se remonta a 2007 y 2008.

Como consecuencia, los datos y los ejemplos que los alumnos memorizan han quedado obsoletos: “En 2007 visitaron nuestro país 54 millones de turistas” o “el euro es la moneda de quince Estados de la Unión Europea” son ejemplos de la obsolescencia de los datos, ya que ahora son 16 los países de la eurozona y el año pasado recogió ya algo más de 52 millones de visitantes.

Los libros de economía, por su parte, hablan de “globalización de la economía” y “fenómenos de apertura” como novedades, pese a ser realidades que llevan años instaladas en la economía española. Al tiempo, tratan la emigración y las desigualdades sociales y económicas como realidades modernas. Sin embargo, en el apartado que algunos contienen con el nombre de “grandes desafíos actuales” ni siquiera nombran la crisis. Tanto es así que el último epígrafe de algunos libros trata el crecimiento de Japón, Europa Occidental y América del Norte y dejan fuera a una de las principales locomotoras económicas, China.

Afán sintáctico
Junto a la economía, Educación para la Ciudadanía, la asignatura que empezó a impartirse en 2007, es una materia que desde su puesta en práctica se ha visto envuelta en polémica. Para algunos, el objetivos de transmitir al alumno “valores para vivir en sociedad” resulta pretencioso, ya que, por un lado, los valores son algo que se transmite desde casa y de forma indirecta a lo largo de la trayectoria escolar y, por otro, el tratamiento puede llevar oculta una ideología. Además, los libros de esta materia son los que más contraste presentan por editoriales: unos son prácticos y otros totalmente doctrinales.

“La capacidad de síntesis es una virtud”. Miles de veces un alumno escucha esta frase a lo largo de su formación; sin embargo, tal vez sea ésta una de las grandes críticas que reciben los libros de texto del momento. ¿Cómo aprender a esquematizar si lo que leen es ya un esquema?, remachan los expertos.

Tal vez las escasas pildorillas de saber que, en ocasiones, reciben los estudiantes y aparecen dispersas de unidad en unidad sin un auténtico contenido desarrollado dificulten la comprensión.

Por el contrario, textos bien estructurados; con un lenguaje preciso y adaptado al alumnado; con buenos glosarios pero sin tantos esquemas; con anécdotas, ejemplos y aclaraciones que arropen y den carne a los conceptos que sin ellas no son más que ideas inconexas, restarían importancia a la brevedad pero facilitarían la comprensión y el aprendizaje, que es de lo que se trata, según apuntan los educadores al analizar los manuales de esta materia. Los españoles, así, hacen una fuerte inversión en libros de texto que puede no responder a las expectativas de los padres para sus hijos. En concreto, según la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci), los manuales suponen un desembolso medio de 190 euros por alumno, lo que se traduce en un encarecimiento del 3,8% en relación al curso anterior y a pesar de contar con un IVA superreducido.

Los culpables del gasto
Son uno de los principales culpables de que la vuelta al cole cueste a los padres en este curso un gasto medio de 820 euros por hijo, es decir, un 6,2% más que en 2009. El estudio elaborado por Fuci atribuye este encarecimiento “al incremento del IVA en dos puntos” y “a la constante subida del precio de los carburantes”. Junto a los libros, el uniforme o la ropa que deben llevar los alumnos, incluyendo el calzado, es lo que más costará en la vuelta al colegio. En los centros públicos se estima un gasto de 110 euros, cifra que se duplica en el caso de los concertados y que se eleva hasta los 284 euros en los privados.

Los padres exigen más horas lectivas al año
A las puertas del nuevo curso escolar, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) reclama que los estudiantes reciban al menos 875 horas de clases al año, equivalentes a 175 días lectivos efectivos. Todas las CCAA cumplen con el mínimo de 175 jornadas escolares que establece la Ley Orgánica de Educación para las enseñanzas obligatorias (Primaria y Eso). Sin embargo, un portavoz de Ceapa asegura que esa cantidad sería menor en ESO, además de en Primero de Bachillerato si se descuentan los seis días que se dedican a las pruebas ordinarias o extraordinarias en junio y septiembre. Por ello, esta organización demanda que los centros impartan, de “manera real y efectiva”, al menos 875 horas lectivas por año académico.

Telefónica quiere que pague más quien más descarga de Internet

La operadora cree inviable el actual modelo. Cuestiona la tarifa plana «ilimitada» y propone incorporar a los proveedores de contenidos al mantenimiento de la Red.

Telefónica ha podido abrir sin querer una nueva caja de Pandora en el debate sobre el futuro de Internet. La operadora, la mayor del país y la cuarta del mundo, confiesa que le preocupan los usuarios que hacen un uso «ilimitado» de la tarifa plana. Y advierte de que si no comienzan a diferenciarse las tarifas por tipos de servicios o de abonados, de forma que los usuarios «intensivos» que realizan descargas o ven vídeos por streaming paguen más y dejen de estar subvencionados por el resto, el modelo actual «puede llegar a un punto de quiebra donde los costes superen los ingresos, y nadie quiere que esto ocurra».

Así de rotundo se expresó ayer Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, en la inauguración en Santander del XXIV Encuentro de las Telecomunicaciones de la UIMP, que organiza la patronal Aetic, y donde se reúnen cada año los pesos pesados del sector. El presidente de Yoigo, Johan Andsjö, tampoco se mostró a favor de las tarifas planas ilimitadas, pero cree que el aumento de precio recaerá en el usuario final. Asociaciones de consumidores, como Facua, pidieron al Gobierno que regule para evitar que las compañías «ataquen al usuario para ganar más dinero».

Con el fin de popularizar el acceso a Internet, las compañías telefónicas hace tiempo que decidieron empaquetarlo junto a las llamadas y ofrecerlo por una cantidad fija al mes, sin mayor límite que la velocidad contratada. Nacieron las tarifas planas, de las que disfrutan la mayor parte de las más de 10 millones de líneas contratadas en España. Pero la aparición de nuevas aplicaciones y el uso generalizado de la Red ha provocado un aumento de tráfico exponencial que amenaza con saturar Internet, y dar al traste con el actual modelo.

Para evitar este hipotético colapso, Telefónica propone «tarifas flexibles y segmentadas» adecuadas al perfil de consumo de cada uno de los abonados, frente al café para todos del actual sistema. El debate no es nuevo, pero se ha acelerado con la creciente migración del acceso a Internet desde el fijo al móvil, cuyas redes están menos preparadas aún para soportar un tráfico tan intenso de datos. Así, el 5% de los abonados de móvil consume un 75% del tráfico (la proporción es de 20-80 en el caso de Internet fijo). La llegada de los smartphones -teléfonos con nuevas capacidades- no ha hecho sino agravar el problema y en 2013, el acceso a la Red por móvil superará a la fija.

En España solo existe tarifa plana propiamente dicha en la banda ancha fija, puesto que en el móvil se reduce la velocidad a casi mínimos cuando se sobrepasa un cierto volumen de descargas al mes, o se cobra un extra a partir de ese límite, lo que llaman irónicamente en el sector tarifas onduladas.

Los pocos operadores móviles que ofrecían esas tarifas ilimitadas han dado marcha atrás, como AT&T o la propia Telefónica, cuya filial en el Reino Unido, O2, eliminó en junio una tarifa plana incluyendo en el contrato el número de megabytes máximo que el usuario puede descargar al mes. Así que los cambios, de llegar, vendrían en el ADSL o en el cable, aunque Linares aclaró que «Telefónica va a seguir comercializando las distintas tarifas planas».

Si los operadores deciden implantar tarifas a la medida no tendrán problemas con el regulador. El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, señaló que en España las compañías gozan de libertad para fijar las tarifas minoristas.

Entroncando con esta polémica, Telefónica sacó a relucir otro gran debate: la neutralidad de la Red, es decir, que ningún proveedor ni ningún contenido pueda ser discriminado respecto a otro. La operadora entiende que existe una asimetría creciente e insostenible entre los proveedores de acceso a Internet (ISP), como Telefónica, que mantienen las redes tanto fijas como móviles de banda ancha, y los agentes de contenidos, como Google o Yahoo, que se aprovechan de esa inversión para vender servicios o cobrar por publicidad casi sin gasto.

Como soluciones para dar respuesta a este dilema, propone obligar a los agentes de contenidos a adecuar su capacidad de generar tráfico a su inversión en la Red, mejorar los acuerdos de interconexión entre operadores y distinguir entre un Internet público, de dominio común, y otro espacio reservado a los servicios especiales gestionados. La primera solución está patrocinada por AT&T; la segunda, por Orange, y la tercera, y más polémica, es la que apadrinan Google y Verizon, aunque expresamente piden que se excluya a la telefonía móvil. Telefónica cree que será necesario recurrir a una mezcla de ellas.

La mayor operadora española, aclaró Linares, no negocia por ahora acuerdos con proveedores de Internet similares al suscrito entre Verizon y Google para regular la neutralidad en la Red.

España se mantiene como líder del desempleo en Europa con una tasa del 20,3% en julio

La tasa de paro en la zona euro se mantuvo en julio estable en el 10% por quinto mes consecutivo, aunque cuatro décimas por encima del nivel de hace un año, mientras que España se confirma como el líder del desempleo en la UE al registrar una tasa de paro del 20,3%, una décima más que en junio, según los datos publicados por Eurostat.

En concreto, Eurostat estima que 23,05 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 15,83 millones viven en la zona euro, lo que supone un descenso mensual de 45.000 y 8.000 personas respectivamente, aunque respecto a julio de 2009 supone un aumento de 1,1 millones en la UE y de 668.000 personas en la eurozona.

Entre los países de la UE, las menores tasas de paro se observaron en Austria (3,8%) y Países Bajos (4,4% en junio de 2010), mientras que los mayores niveles de desempleo se registraron en España (20,3%), Letonia (20,1% en el primer trimestre de 2010) y Estonia (18,6% en el segundo trimestre de 2010). De hecho, respecto a 2009, sólo Austria, Malta y Alemania registraron descensos en la tasa de paro.

Asimismo, en términos interanuales, la tasa de paro masculina en julio subió al 9,8% desde el 9,5% en la zona euro, mientras que en la UE se situó en el 9,6% desde el 9,2%. Por su parte, la tasa de paro femenina subió al 10,3% desde el 9,8% en la zona euro, mientras que en la UE alcanzó el 9,6% desde el 9%.

Por su parte, la tasa de paro entre los menores de 25 años alcanzó el 19,6% en la zona euro, lo que supone un leve descenso de dos décimas respecto al mes anterior, mientras que entre los Veintisiete se mantuvo estable en el 20,2%.

España lidera todas las categorías de desempleo
En el caso de España, la tasa de paro masculina se situó en julio en el 19,8%, dos décimas por encima del dato de junio y en contraste con el 18,1% del año anterior, duplicando el dato de la zona euro, mientras que en el caso del paro femenino, España también registra los peores datos de la UE al llegar al 21%, frente al 20,8% de junio y el 18,7% de 2009.

Por otro lado, el desempleo entre los jóvenes españoles se situó en julio en el 41,5%, frente al 41,2% del mes anterior y el 39,3% de hace un año, más del doble que la media de la eurozona y la UE.