La nueva norma sobre ‘caixes’ recibe el apoyo de CiU, ERC e ICV

Más capital y menos políticos. Será lo más visible de las cajas catalanas una vez completen el proceso de transformación que regulará el decreto ley que aprobó ayer la diputación permanente del Parlament. Por unanimidad de todos los grupos, excepto Ciutadans. Algo poco esperado, por dos motivos: la expectativa de que ayer mismo se convocaran las elecciones autonómicas; y el hecho de que tres grupos parlamentarios que también tienen representación en el Congreso español variaron su voto respecto al que emitieron en julio cuando la norma que se debatía era la ley estatal conocida como LORCA (Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros).

Los ponentes de estos grupos tenían su explicación. CiU, que pasó de la abstención en Madrid al apoyo en Catalunya, argumentó, por boca de su portavoz Oriol Pujol, que ahora quieren reforzar la legislación catalana ante la invasión de competencias que representa la ley estatal. Un argumento similar utilizó la portavoz de ERC -cuyo grupo en Madrid votó contra la ley española-, Anna Simó, quien también advirtió del peligro de que hay un intento de «privatizar» el Estado con leyes como la LORCA. Frente a ello, vio necesario «blindar» la ley catalana. Por su parte, el portavoz de ICV-EUiA -en Madrid votaron en contra- se mostró contra la privatización y aprovechó para criticar que el PSOE prefirió apoyarse en el PP en lugar de la izquierda para aprobar la normativa sobre cajas de ahorros. El PP ha votado lo mismo en Madrid y Barcelona.

AMBIENTE ELECTORAL/ Durante la sesión, celebrada por la mañana, flotaba la incertidumbre sobre si sería o no la última comparecencia del conseller de Economia, Antoni Castells, que defendió el decreto ley. Por si fuera así, los grupos optaron por el trato de cortesía, muy distinto del dispensado en la sesión de control de antes de vacaciones.

Castells utilizó dos adjetivos para justificar la nueva norma, que modifica la vigente ley catalana de cajas del 2008. Los cambios introducidos eran «necesarios» y «urgentes» y se han introducido al amparo de que Catalunya tiene competencia exclusiva en cajas de ahorro, cosa que, recordó el conseller, el Tribunal Constitucional «no ha discutido».

La necesidad ha venido de evitar los vacíos legales que se pudieran producir al estar vigente la ley estatal, lo que podría permitir al Gobierno central actuar por la vía supletoria «incluso en materias que no son básicas», precisó Castells. Vinculado a ello estaba la urgencia. Hay seis meses para adaptarse a la ley estatal, y al ser inminente la convocatoria de las elecciones autonómicas, con sus plazos, podría llegar el mes de enero sin que en Catalunya se procediera a las modificaciones. Castells destacó que si se encuentran pocos cambios respecto a la ley estatal es porque la ley catalana era pionera «en autonomía, independencia y despolitización de las cajas».

REPRESENTACIÓN / La despolitización, entendida como la limitación de presencia de administraciones públicas, sigue lo que ya prevé la ley catalana, incluyendo que los cargos públicos elegidos no podrán estar en órganos de gobierno de cajas. Mejora la representación de los impositores y se mantiene la diferencia de la ley estatal en la representación de entidades cívicas. La estatal habla de hasta un 10% y la catalana la fijó entre el 25% y el 30%. También es distinta la obligatoriedad de dedicación de presidentes y directores generales, porque en Catalunya son cargos claramente diferenciados.

Lo más trascendente, no obstante, es que también será posible la entrada de capital privado en las cajas catalanas, con derecho de representación en los órganos de gestión si supera el 5% del capital de la entidad. Otra novedad, a la que hasta ahora se ha prestado menos atención es la posibilidad inversa a lo que se ha venido anticipando: no que un banco controle una caja -comprando cuotas- sino al revés, que una caja pueda tener mayoría en un banco, lo más probable de nueva creación. Hasta ahora, ninguna caixa ha expresado que piense en este modelo.

Si una caja llega a tener el 51% de un banco, le puede traspasar todo el negocio financiero y actuar como sociedad anónima. Si lo hace, en los órganos de gobierno de la caja deberán estar representados los impositores y los trabajadores del nuevo banco. ¿Y que ocurriría si en sucesivas ampliaciones de capital, la caja perdiera el 51%? No habría marcha atrás, es decir, no sería posible volver a ser una caja. En este supuesto, lo que deberá hacer la caja es convertirse en fundación y dedicarse a gestionar su obra social.

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