Google inicia un servicio de TV en Estados Unidos este otoño y en todo el mundo el año próximo

Google lanzará este año su nuevo servicio para acercar la web a las pantallas de televisión en Estados Unidos y en todo el mundo el año próximo, dijo su presidente, mientras la firma trata de extender su alcance del escritorio al salón.

Eric Schmidt dijo que el servicio, que permitirá la búsqueda en Internet a través de la televisión, será gratuito y Google trabajará con varios fabricantes electrónicos y de programación para acercarlo a los consumidores.

«Trabajaremos con proveedores de contenido, pero es muy poco probable que entremos en la producción de contenido», dijo Schmidt a los periodistas tras un discurso en la feria de electrónica del consumo de la IFA en Berlín.

El anuncio se produjo menos de una semana después de que su rival Apple presentara Apple TV, y calienta la batalla por la atención del consumidor y potencialmente en el mercado de publicidad global de televisión, que asciende a 180.000 millones de dólares.

Schmidt también indicó que Google anunciaría alianzas a finales de este año con fabricantes de tabletas que usarían el nuevo sistema operativo Chrome de Google, cuyo lanzamiento está previsto pronto, en lugar de su software de teléfonos Android que se usaba hasta ahora sólo para dispositivos móviles.

Google estudia hacer que su navegador Chrome, que compite con el Explorer de Microsoft y el Firefox de Mozilla, sea el centro de un sistema operativo que ofrecería una alternativa al Windows de Microsoft.

«Quiero jubilarme a los 59 años»

Sólo el 40% de los españoles jubilados lo hizo cuando cumplió la edad establecida, según un estudio de Axa.

Los trabajadores españoles se muestran totalmente reacios a la propuesta del Gobierno de subir la edad de jubilación , según se desprende del V Estudio Internacional de Axa sobre Jubilación, que analiza la visión de trabajadores y jubilados de varios países ante diversos aspectos relacionados con esta etapa de la vida. En concreto, el 74% de trabajadores españoles manifiesta su oposición a alargar la edad legal para la jubilación de los 65 a los 67 años, frente a sólo un 9% que aprobaría esta medida.

Estos datos sitúan a España como el país europeo más reacio a esta medida, muy por encima de Reino Unido, Francia o Portugal, donde la oposición no supera el 55%. Únicamente Alemania e Italia, con un 71% y 69% respectivamente, obtienen un grado de rechazo similar al español. La oposición de los españoles al retraso de la jubilación ha aumentado desde 2007 en 19 puntos porcentuales (pasando del 55% al 74%), casi en la misma proporción al descenso de los que la apoyaban (bajando del 23% al 9%). Para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, a diferencia del resto de la muestra internacional, el 45% de los ciudadanos de España se decanta por pagar más en concepto de cotizaciones, mientras el 33% prefiere decidir por sí mismo y aumentar sus ahorros particulares. La opción de prolongar el tiempo de trabajo, ya sea por decisión propia del empleado o por imperativo del Estado (aumentando la edad legal), es la opción elegida únicamente por el 11% de los españoles, siendo Francia con un 21% el país con más adeptos a esta solución. En cuanto a la edad de jubilación, los trabajadores españoles consideran los 59 años como la edad ideal para retirarse, aunque creen que ésta no llegará hasta los 64 años, es decir, 5 años más tarde de lo que desearían.

Únicamente el 40% de los españoles jubilados lo hizo cuando cumplió la edad establecida, hecho que explica que la edad media de jubilación en España se sitúe entre los 61,5 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y los 63,7 años según la Seguridad Social.

Zapatero deja las prestaciones congeladas
– El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo ayer los planes de congelar las pensiones para 2011, «por coherencia» y «en aras de la credibilidad de la economía», ya que a su juicio cumplir con la reducción de déficit es lo que permitirá volver a revalorizar tales prestaciones.
– Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, aseguró ayer en «Espejo Público», de Antena 3, que confía en que la Comisión del Pacto de Toledo haga público su dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones antes de que acabe octubre.
– El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, advirtió ayer de que el futuro de las pensiones no se podrá garantizar sólo retrasando la edad de jubilación, sino también «aumentando el empleo».

El Gobierno saca adelante en solitario la reforma laboral

Tras solo dos meses, vacaciones de verano incluidas, la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha culminado hoy en el Congreso de los Diputados su tramitación parlamentaria. La reforma ha salido adelante con los votos en solitario del PSOE, la abstención de CiU, PP y PNV, y el voto en contra de IU-ICV, ERC, cuyos portavoces –Joan Herrera y Joan Tardà– han aprovechado su intervención en la tribuna del Congreso para justificar la huelga general del 29 de septiembre contra las medidas aprobadas.

En los pasillos del Congreso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que los sindicatos tienen «capacidad de movilización» pero que aún es demasiado pronto para augurar si la convocatoria de huelga será ampliamente secundada o no. Según el presidente «se necesitarán meses para ver los efectos» de la reforma laboral aprobada hoy; «estamos en periodo de aprendizaje», añadió.

En la sesión de hoy del Congreso, se han votado las modificaciones introducidas en el Senado. Con la ayuda de IU y de ERC, el PSOE ha logrado echar para atrás cambios que favorecían la utilización del absentismo laboral como causa del despido y que ponían trabas a la conversión en fijos de los trabajadores contratados por obra y servicio durante más de 3 años.

33 días de indemnización por despido
La reforma laboral generaliza el contrato de fomento del empleo (con una menor indemnización por despido, de 33 días) como fórmula de empleo indefinido y precisa que las empresas podrán plantear expedientes de regulación de empleo por causas económicas (con una indemnización menor, de 20 días) argumentando la existencia de pérdidas actuales o previstas o una disminución persistente de ingresos. Además, introduce una subvención al empresario del coste del despido (equivalente a 8 días) a cuenta del fondo de garantía salarial (FOGASA). Para frenar la contratación temporal, se eleva de 8 a 12 días la indemnización por finalización de la relación laboral y se establece en un máximo de 3 años (prorrogables en 12 meses por convenio) la duración máxima de la contratación por obra o servicio.

Además, la reforma laboral favorece los expediente de reducción de jornada como alternativa al despido y amplía la capacidad de actuación de las empresas de trabajo temporal (ETT) y de las agencias de colocación. También se dan facilidades para que las empresas con dificultades se puedan descolgar del convenio colectivo sectorial o territorial en cuestiones tales como subida salarial, jornada o movilidad geográfica. En realidad, la reforma está en vigor desde que el Gobierno aprobó el decreto ley, a mediados de junio. A partir de ahora (cuando la ley se publique en el BOE) también entrarán en vigor las modificaciones introducidas en el Congreso y el Senado (70 enmiendas, en total).

Para el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se trata de una reforma «equilibrada», que respeta «los intereses de empresarios y trabajadores» y de una iniciativa «ambiciosa y de gran calado». El portavoz del grupo popular, José Ignacio Echániz, ha criticado que es «la primera reforma laboral sin el apoyo de nadie». Para el PP, «lejos de una reforma cosmética, se necesitaba una reforma en profundidad» del mercado laboral.

Críticas de IU-ICV y ERC
Para Joan Herrera (IU-ICV), se trata de la reforma «más antisocial y con más pérdidas de derechos de las últimas décadas», que no va a servir «ni para crear empleo ni para reducir la temporalidad», sino para «despedir más barato, debilitar la negociación colectiva y el recorte de los salarios». Joan Tardà (ERC) ha interpretado que «ha ganado la derecha» y ha alertado sobre la próxima reforma del sistema de pensiones, «solo nos queda la movilización, salir a la calle», ha afirmado.

El diputado Emilio Olabarría (PNV),ha destacado la contribución de su grupo para evitar «la descausalización total del despido». Por CiU, Carles Campuzano ha crititicado la reforma por insuficiente,»es una oportunidad perdida» ha opinado. Con la nueva ley «no vamos a tener un sistema laboral más eficiente para la empresa ni más justo para los trabajadores», ha dicho. El portavoz socialista, Jesús Membrado, ha aprovechado su turno para defender la reforma y mostrar «nuestro respecto y consideración» a los sindicatos, «tanto a sus críticas como a la movilización planteada».

Parón espontáneo en Sony por el temor al futuro laboral (Viladecavalls )

Los trabajadores de la planta de Sony en Viladecavalls protagonizaron el primer acto de protesta después de conocer la noticia de la venta de la nave a las empresas catalanas Ficosa y Comsa Emte. Ante la falta de información que aseguran que tienen al respecto, una mayoría de empleados decidió detener de forma espontánea la producción durante una hora para pedir cuentas a los representantes sindicales y a la dirección, según explicaron ayer fuentes de los trabajadores al final del turno.

Los nervios y la incertidumbre pudieron con la paciencia del millar de trabajadores del turno de mañana, que desde el momento en el que accedieron a la planta no cesaron de comentar la noticia que habían conocido el día anterior, esta vez ya de forma oficial. Las primeras noticias se publicaron a finales de la semana pasada, pero la plantilla se mantuvo a la expectativa hasta que el martes las respectivas direcciones de Sony, Ficosa y Comsa Emte anunciaron formalmente la operación de traspaso de las instalaciones vallesanas. En el citado acuerdo se expresaba la voluntad de las partes de mantener el empleo de «la mayoría» de la plantilla, sin más concreciones.

Esta indefinición se convirtió ayer en temor en la factoría. Poco a poco los ánimos se fueron encendiendo ante la posibilidad de que al final se despida a casi toda la plantilla. «Se dice que la empresa compradora está dispuesta a mantener a la mayoría de la plantilla, pero eso implica a los trabajadores fijos, que son solo unos 400 del total», se lamentaba ayer a las puertas de la fábrica Carlos, que ocupa uno de los puestos de trabajo indirectos vinculados a la fabricación de televisores.

A media jornada, los trabajadores se concentraron ante el despacho de CCOO en la planta, sindicato mayoritario. La protesta finalizó cuando el director de recursos humanos del centro, Pedro Calvo, les anunció que la semana que viene se celebrará una reunión que acabará de definir el futuro de la planta.

Caixa Catalunya y Unnim defienden la solidez de sus fusiones

La entidad en la que se han unido las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa, y Unnim, la que integra a las de Sabadell, Terrassa y Manlleu, defendieron ayer la solidez de las fusiones que han protagonizado. Las dos operaciones, recordaron, cuentan con la aprobación del Banco de España y con ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por ser proyectos «sólidos, consistentes y viables».

El subgobernador, Javier Aríztegui, afirmó el martes en una comisión a puerta cerrada en el Congreso que las dos operaciones son «posibles y razonables» y cuentan con planes «consistentes y viables», según apuntaron grupos parlamentarios. Las entidades, recordó, suspendieron la prueba de resistencia a la banca española y europea de julio, pero ello «no contradice la visión positiva» sobre sus fusiones.

El Banco de España, con todo, consideró que el resultado de la prueba hace aconsejable que mejoren su solvencia. Desde Caixa Catalunya, se asevera que ese capital adicional solo sería necesario en un escenario económico muy adverso e improbable, con lo que la entidad no tiene previsto captarlo «ni del mercado ni del FROB» ni realizar un mayor ajuste de oficinas y empleados.

288 pisos desde 220 € al mes

El Ayuntamiento de Parla ha hecho pública la lista de admitidos y adjudicatarios de una nueva promoción de 288 viviendas en alquiler a bajo precio, integradas en el programa del Plan Municipal de la Vivienda en régimen de alquiler (desde 220 euros), y cuya construcción ya ha comenzado en el barrio del Leguario Norte.

Los 288 pisos -176 de un dormitorio y 112 de dos- tendrán plaza de garaje y la renta del alquiler oscilará entre los 220 euros los de un dormitorio y 280 los de dos. Mientras, el arrendamiento de la plaza de garaje es de treinta euros.

El alcalde de Parla, José María Fraile, ha explicado que «la construcción de estas viviendas ha comenzado este verano. Nos satisface que las inversiones hayan continuado realizándose en Parla con normalidad y según lo programado».

Hasta ahora, 635 ciudadanos han solicitado ser adjudicatarios de una de estas viviendas y 255 de estas solicitudes han sido admitidas al cumplir todos los requisitos previstos. A estos se les han adjudicado las viviendas sin procedimiento de concurso ya que han sido menos las solicitudes que cumplían los requisitos que las viviendas a construir. Para las 33 viviendas restantes se abrirá un plazo de inscripción próximamente.

Estos adjudicatarios pueden optar a obtener la vivienda en régimen de alquiler, como alquiler con opción a compra del derecho de superficie o, desde el primer momento, por la adquisición del derecho de superficie por 75 años. Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Parla ha entregado hasta el momento siete promociones de viviendas que han supuesto la concesión de 1.381 viviendas.

Corredor reconoce que las ayudas para comprar VPO no eran equitativas y llegaban tarde

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, cree que la eliminación de las ayudas a la entrada para la compra de viviendas públicas es una medida acertada porque han resultado ser poco eficaces y no se enmarcan en las líneas prioritarias del Gobierno: el fomento del alquiler y la rehabilitación.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra justificó los ajustes el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que el Ministerio para cumplir con el compromiso de reducción del déficit al 3% en el horizonte de 2013, para concentrarse en las líneas prioritarias de demanda -alquiler y rehabilitación-.

Además, se ha referido a la supresión de la ayuda a la entrada para viviendas de VPO, «la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) -criticada por varios gobiernos regionales, incluido el de Andalucía- de una vivienda protegida no ha demostrado ser la medida más eficaz, puntual y equitativa para ayudar a los adquirentes de vivienda protegida, ya que muchas veces llegaba a sus adjudicatarios incluso años después de suscribirse la correspondiente escritura pública de compra y el préstamo hipotecario. Es decir, que no disponían de ella en el momento de afrontar el pago de la entrada, que era el fundamento de esta ayuda».

La ministra ha reconocido que algunas medidas -como el fin de la AEDE- en el marco de la consolidación fiscal han suscitado cierta controversia. Sin embargo, cree que todavía hay iniciativas en marcha que favorecen la compra, como la ampliación de la hipoteca de estas viviendas hasta el 90% de su valor.

No renunciará a la política social
«Estamos comprometidos con el reequilibrio del mercado inmobiliario, su redimensión, modernización», sostiene Corredor. También ha asegurado que el Gobierno tiene «muy claro» que no va a renunciar a la política social y que seguirá apoyando a las familias con más dificultades para acceder a una vivienda. «Esta es nuestra principal preocupación y lo va a seguir siendo», añade.

La ministra ha destacado que «la supresión de la AEDE a partir de 2011 no significa que se supriman las ayudas a las familias más desfavorecidas» ya que se mantienen la mayoría de las mismas para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda protegida.

Así, seguirán disfrutando de un precio tasado adaptado el nivel de renta de las familias, se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos convenidos entre el Ministerio y las Entidades Financieras, con mejores condiciones y a tipos de interés más bajos que los del mercado y no se modifican los subsidios para ayudar a pagar la hipoteca durante diez años, y que pueden alcanzar los 11.000 euros.

Las horas perdidas por huelga bajaron el 43,3% hasta julio

Las horas perdidas por huelgas en los siete primeros meses del año ascendieron a 17.013.122, el 43,3% menos que en el mismo periodo de 2009, según los datos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Esas horas perdidas fueron consecuencia de las 657 huelgas contabilizadas entre enero y julio, el 5,59% más que en el mismo periodo de 2009.

Los paros afectaron a empresas y sectores con un total de 4.062.583 trabajadores, de los que 855.196 resultaron directamente implicados, el 237,22% más.

En lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral -no se incluyen las protagonizadas por empleados en servicios públicos-, la CEOE indica que se registraron 476 paros (el 0,83% menos), con 307.605 trabajadores en plantilla, de los que 62.693 estaban implicados (una caída del 26,47%). Como consecuencia de esas protestas, las horas no trabajadas sumaron 6.765.543, el 60,98% menos.

En el mes de julio se produjeron 46 huelgas (el 55,53% menos), que afectaron a sectores y empresas con un total de 42.043 trabajadores, de los que 9.997 participaron en las mismas (el 23,78% de los censados).

En julio hubo 31 huelgas estrictamente laborales (un 55,71% menos), con 5.481 trabajadores en plantilla, de los que las secundaron 415 (el 97,25% menos).

Por áreas territoriales, y teniendo en cuenta la conflictividad en general, Madrid se situó a la cabeza con ocho huelgas, seguida de Barcelona, con siete; Álava y Guipúzcoa, con tres, y Baleares, Cádiz, La Coruña, Navarra y Asturias, con dos.

Atendiendo al número de trabajadores que secundaron las protestas, Barcelona fue la primera, con 846 huelguistas, seguida de Madrid (615), Asturias (121), Cádiz (102), Málaga (97), La Coruña (94), Guipúzcoa (93) y Navarra (86).

Los sectores más afectados por las huelgas de julio fueron los de transportes y las comunicaciones, seguido del metal, la alimentación bebidas y tabaco, hostelería, actividades sanitarias y otros servicios.

En cuanto a las causas de las huelgas en ese mes, destacaron las 14 convocadas por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, y las 6 para lograr el abono de salarios atrasados.

Cómo encajar a 26.000 empleados de siete cajas

Los 26.000 empleados que forman las plantillas de las siete cajas de ahorros que se unirán en torno a Caja Madrid y Bancaja van a estar pendientes del resultado de la reunión donde se encontrarán mañana la dirección de las entidades financieras y los sindicatos representados en los comités. El objetivo es alcanzar un «pacto de garantías» antes de que el próximo día 14 se celebren las asambleas generales de las siete cajas y se dé el visto bueno final a la fusión virtual a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) .

Uno de los principales temores de los trabajadores de las cajas de ahorros implicadas en los procesos de reestructuración del sistema financiero español era, y sigue siendo, el futuro de sus puestos de trabajo. La superposición de redes, cuando no un exceso de oficinas, obligará a cerrar sucursales, lo que, unido a una necesidad de rebajar costes, conllevará con seguridad ajustes en las plantillas actuales. En el caso del SIP que forman Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, los contactos para encajar a los 26.000 empleados de las 4.500 oficinas en total se iniciaron el pasado jueves.

En aquella reunión, los representantes de los departamentos de recursos humanos de las cajas y los de los sindicatos -cinco de CC OO, tres de UGT y dos de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), a la que pertenece SATE, el sindicato mayoritario en Bancaja- alcanzaron un acuerdo para que, antes de las asambleas del día 14, se presente un documento en el que se traten tres asuntos básicos: un compromiso de que no habrá despidos, las condiciones básicas de los planes de prejubilaciones y, finalmente, las de posibles traslados de empleados a otros destinos por la reordenación de las redes.

Aunque aparentemente los despidos o las prejubilaciones son los aspectos que más atención podrían despertar, lo cierto es que, según fuentes sindicales, lo realmente importante y que supondrá un mayor esfuerzo negociador es, precisamente, el último punto.

«Ya no se trata únicamente de mantener las condiciones de trabajo actuales si no de las expectativas que se tienen en el puesto que se ocupa y que se puede frustrar por la reordenación de redes», explica Juan Pérez, secretario general de SATE.

El problema surge por las muy diferentes condiciones laborales que existen entre las siete cajas que participan en el acuerdo. Una hipótesis: «Si un empleado de Bancaja tuviese que pasar a trabajar a una oficina de Caja Insular de Canarias tras la reorganización, sus condiciones laborales serían distintas a las de sus compañeros y, sus expectativas de progreso dentro de la empresa habrían variado notablemente», explica el dirigente sindical.

Si los responsables de recursos humanos de las cajas y la representación sindical alcanzan un acuerdo, aunque sea inicial, en estos tres puntos, las asambleas contarían con el voto favorable de los trabajadores. De momento, sólo Comisiones Obreras se ha decantado favorablemente por la fusión, mientras que UGT y SATE han vinculado su aprobación a los acuerdos que se alcancen para salvaguardar las plantillas y sus derechos.

Sin embargo, este será un primer paso de un proceso mucho más complejo que se puede alargar durante varios meses. Lo reconocen tanto las cajas, que esperaban llegar a las asambleas sin haberse visto forzadas a tomar ningún compromiso, y los sindicatos, que tienen un objetivo de máximos que consiste en equiparar a la totalidad de la plantilla por la parte de arriba, es decir, tomando lo mejor de cada uno de los convenios.

Así, los beneficios sociales que individualmente tiene cada entidad porque se han negociado a lo largo de los años se convierten en objeto de deseo común del resto. Por ejemplo, Caja Madrid tiene préstamos especiales para sus empleados para el cambio de vivienda o créditos para financiar una excedencia por maternidad. También tiene más días de vacaciones para los empleados más antiguos. Y en Caja Segovia tienen lote de Navidad. Nada ha quedado por escrutar por parte de los sindicatos durante un mes de agosto en el que no se han tomado vacaciones ante el proceso que les viene.

Mucho por negociar en el complejo encaje de bolillos que supondrá la fusión de siete entidades para crear la mayor caja de ahorros por activos de España.

El Banco de España no descarta más «ajustes» en las cajas catalanas

El subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del FROB, Javier Aríztegui, cree que la situación de las cajas de ahorros aún es «complicada» aunque precisó que ha mejorado con la reestructuración y los instrumentos con los que cuentan para captar capital en el mercado.

Durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso, Aríztegui se refirió a las dos fusiones de cajas catalanas y explicó que, al operar en un ámbito financiero más competitivo, han necesitado abordar un mayor ajuste, tanto de empleo como de oficinas. Recordó, además, que, de acuerdo con las pruebas de solvencia publicadas en julio, las dos entidades necesitarían recursos adicionales en un escenario extremo: 1.032 millones de euros en el caso de la unión formada por Caixa Catalunya y las cajas de Manresa y Tarragona, y 270 millones, en el de Unnim (Manlleu, Terrasa y Sabadell). En caso de necesidad, este montante podrá ser financiado por el FROB o de forma privada.