Bancos, cajas y cooperativas cerraron 1.122 oficinas en el último año

Las entidades de crédito que operan en España -bancos, cajas y cooperativas- cerraron 1.122 oficinas en el último año, de las que más de 700 eran sucursales de cajas de ahorros, según los datos publicados hoy por el Banco de España correspondientes a junio.

Así, a cierre de junio los bancos, cajas y cooperativas de crédito contaban en conjunto con 43.637 sucursales, el 0,41% menos que a cierre de marzo, pero el 2,50% inferior al año pasado.

El recorte ha supuesto el cierre en doce meses de 704 sucursales de cajas de ahorros, de 356 sedes de bancos y de 62 cooperativas de crédito.

Entre abril y junio de este año las cajas cerraron 101 sucursales, el 0,42% de su red, mientras que los bancos clausuraron 59, una proporción algo menor, el 0,39% de sus oficinas.

Por su parte, las cooperativas de crédito echaron el cierre de 21 oficinas en España en el segundo trimestre, de las poco más de 5.000 de las que disponen.

Proceso de reestructuración
A partir del último trimestre de 2008 las entidades financieras comenzaron a reestructurar sus redes y ese año fue el primero en una década en el que se registró una caída acumulada en el número de oficinas.

No obstante, España se mantiene como uno de los países más «bancarizados» del mundo con aproximadamente una sucursal por cada 100.000 personas.

Por tipo de entidades, a 30 de junio las cajas de ahorros seguían siendo las que contaban con un mayor número de oficinas, 23.903, setecientas menos que hace un año, en tanto que los bancos, que cuentan con una red mucho más reducida -14.715 sucursales-, clausuraron en el mismo periodo 356 oficinas.

Las cooperativas de crédito, las que menos oficinas tienen (5.019 oficinas) también siguieron la misma línea y así, desde junio de 2009 hasta el mismo mes de este año, cerraron 62 sucursales.

Cataluña a la cabeza
Por comunidades autónomas, a cierre de junio Cataluña concentraba el mayor número de oficinas, 7.692 -de ellas, 5.275 de cajas-.

Andalucía, la segunda comunidad con una red más amplia, contaba con 6.698 sucursales y Madrid, con 5.825.

A continuación se situaba la Comunidad Valenciana, con 4.816 sucursales; Castilla y León, con 3.045; y con alrededor de 2.000 sucursales Galicia (2.391), Castilla-La Mancha (1.997), y el País Vasco (1.939).

Un poco por debajo se situaban Aragón (1.729); Canarias (1.449); Murcia (1.269); Baleares (1.217); y Extremadura (1.193).

Las comunidades con menos de 1.000 oficinas de entidades de crédito eran Asturias (954); Navarra (701); Cantabria (498); La Rioja (472); y Ceuta y Melilla (43).

Caixa Girona desaparece con créditos dudosos por valor de 333 millones de euros

La Caixa y Caixa Girona celebraron ayer sus respectivas asambleas, en las que aprobaron definitivamente la absorción de la segunda por parte de la primera. Finaliza así una agitada etapa para la entidad gerundense en los últimos meses, en los que recibió constantes presiones para su fusión y en la que incluso inició un proceso de concentración con las cajas que integran la actual Unnim (Sabadell, Terrassa y Manlleu), abortado el pasado mes de marzo en el último momento.

“La operación es beneficiosa para ambas, ya que en las comarcas de Girona es donde menos presencia tiene La Caixa y también donde está más limitada la presencia de competidores”, señala a El Confidencial una fuente conocedora de los entresijos de la absorción. A ello se le añade la buena relación que existe entre el director general de Caixa Girona, Jordi Blanch, con el presidente de La Caixa, Isidre Fainé.

La institución barcelonesa, no obstante, deberá hacer frente a la racionalización de las oficinas de la gerundense y deberá poner orden en unas cuentas descontroladas que han alertado a las autoridades monetarias. Una inspección realizada en diciembre del año pasado señala que “a 31 de marzo de 2009, la entidad tiene reclasificados a riesgo subestándar activos no vencidos por un total de 44 millones de euros, a activos vencidos por 4 millones de euros y a riesgo dudoso por un total de 333 millones de euros”.

En esa fecha, la cobertura del riesgo de crédito era de sólo 162,3 millones de euros, de los que 74,6 millones correspondían a cobertura específica y 87,7 millones, a cobertura genérica. La inspección fue realizada por la Dirección General de Política Financiera y Seguros de la Generalitat, “en uso de las facultades que se otorgan al Departamento de Economía y Finanzas en el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña”.

Una de las peculiaridades de la gestión de Caixa Girona en los últimos años es el significativo incremento del índice de mora: en el año 2006, era del 0,4%, que subió al 1,2% en el 2007, al 4,7% a 31 de diciembre del 2008 y al 5,7% a 30 de abril del 2009. Especial incidencia tiene el crédito a la construcción, cuyo índice, el año pasado, se elevaba nada menos que a un 13,2%, cuando en el 2006 era de sólo el 0,2%. El sector inmobiliario también pasó en ese periodo del 0,1% al 8,3%.

Los amigos del presidente
Fuentes cercanas a la entidad gerundense señalan a este diario que este salto cualitativo en la mora “se debió a un drástico cambio en la estrategia del anterior presidente, Arcadi Calzada. Aproximadamente en el 2006, llevó a Caixa Girona a una serie de amigos o conocidos suyos que operaban especialmente en el mercado inmobiliario”. Se trataba de grandes operadores que trabajaban en el área de Barcelona. “Calzada dijo que para ser alguien en el mercado había que tener a clientes de alto nivel y que las grandes familias de la construcción y del sector inmobiliario eran imprescindibles.

Se le advirtió que Caixa Girona se había caracterizado siempre por tener unos clientes de Gerona que, aunque modestos, nos permitían mantener uno de los índices de morosidad más bajos del sector del ahorro, pero no hizo caso y comenzó a dar créditos y más créditos a los amigos que había llevado desde Barcelona”. El resultado fue el que reflejan los índices recopilados por la inspección, ya que buena parte de esos clientes son los que luego resultaron morosos. “Atendiendo a estos datos, tanto de la concentración del crédito en construcción-inmobiliarias [que alcanza el 43% del total de créditos] como las de morosidad, es evidente que ha de ser una prioridad de la entidad hacer un cuidadoso seguimiento y adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la situación”, especifica el texto de los inspectores.

A partir de las asambleas de hoy, la Generalitat ha de aprobar todavía, en octubre, el plan de fusión para materializarla en noviembre próximo y comenzar a operar el 1 de enero bajo la denominación conjunta de La Caixa. Los máximos directivos de la entidad gerundense serán integrados también en la estructura de la nueva caja. El presidente, Manel Serra, se hará cargo, según todas las previsiones, de la Obra Social en las comarcas de Gerona, que unificará las partidas de las dos entidades. Y el director general, Jordi Blanch, será incorporado al organigrama de la entidad absorbente.

De momento, Caixa Girona ya ha prejubilado a unos 130 trabajadores, con lo que el tema laboral no será un obstáculo importante. “Estamos estudiando dónde colocar a las 200 personas de la sede central desmantelada. Pero los que no puedan seguir realizando sus funciones serán recolocados sin problemas”, señala una fuente de la institución gerundense. Se abre, pues, una nueva etapa en el sector del ahorro catalán.

La Agencia Tributaria ya recauda un 30% más por multas y sanciones

Las multas y las sanciones se están convirtiendo en una herramienta importante para enmendar el déficit en el que se encuentran las cuentas estatales: el Ejecutivo ha disparado un 29,4% la recaudación por recargos e intereses impuestos las empresas y asalariados hasta julio, según las últimas estadísticas de Ejecución Presupuestaria. Es el mayor avance registrado desde 2005.

Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se instaló en La Moncloa en 2004, el Estado ingresaba 327 millones mediante sanciones tributarias. Ahora, legislatura y media después, recauda cerca de 519 millones de euros por esta misma partida, un 58% más, tanto por las propias multas como por los intereses que generan.

No obstante, Hacienda tiene aún grandes problemas para que entren en caja efectivamente las sanciones impuestas a los contribuyentes. Según los últimos datos disponibles, el Ejecutivo sólo ha conseguido recaudar realmente hasta julio el 15,2% de lo que tenía previsto recibir en 2010 por medio esta partida. En lo que va de año, el Gobierno tiene pendientes de cobro 1.396 millones de euros en sanciones tributarias, más del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

Previsiones caducas
Las últimas cifras disponibles apuntan a que el Ministerio de Economía tendrá complicado ajustarse al molde que fijó en las Cuentas de 2010 sobre los ingresos de multas del Fisco. Si en los Presupuestos Generales del Estado estimaba que recaudaría efectivamente este año 885 millones de euros gracias a estas dos partidas, hasta la fecha sólo ha logrado ingresar 330 millones, un 37%.

Estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno se verá abocado a agilizar las sanciones en los últimos meses del año si no quiere que la evolución de estas cifras se convierta en otro punto en contra de las previsiones oficiales de déficit.

Este desafío se agrava aún más si se tiene en cuenta otras situaciones coyunturales: la presunta huelga de bolis caídos que está secundando la Guardia Civil ha provocado que los ingresos por sanciones de tráfico se estén desplomando a un ritmo del 3%. La última caída de la recaudación de este tipo de sanciones se registró en 2006. Entonces las Fuerzas de Seguridad del Estado también protestaban por las condiciones laborales. Todo ello se traduce, en definitiva, en menos ingresos.

La agilización del trabajo en la Agencia Tributaria es un tema que ya llevan denunciando desde hace tiempo los Inspectores de Hacienda, que han criticado en más de una ocasión que parte de su retribución dependa de que se elaboren más actas o no. En román paladino: estos funcionarios cobran más si consiguen recaudar más.

Problemas
Otra de las estrategias que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el déficit es reducir el plazo de las investigaciones que realiza a los contribuyentes, lo que a juicio de algunos expertos facilita que se cometan más errores.

Todos los intentos son pocos para resolver la ecuación más difícil a la que se enfrenta Hacienda: debe reducir el déficit desde el 11,2% al 3% en 2013, lo que, sin duda, trastocará el Estado de Bienestar y obligará a los ciudadanos a pagar la crisis a base a multas, sanciones o subidas fiscales.

El déficit pone en jaque las cuentas de Hacienda
La Agencia Tributaria (AEAT) recibió 175 millones adicionales a su presupuesto de 2009 debido al cumplimiento de los objetivos previstos en la lucha contra el fraude fiscal, según recoge una resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). La modificación de crédito dentro del presupuesto de la AEAT ascendió el pasado año a 205,3 millones, de los que la mayoría, esos 175 millones, correspondieron al buen cumplimiento de la lucha contra el fraude, cantidad que supone el máximo de lo que prevén los Presupuestos Generales del Estado para este fin.

El BOE destaca que el presupuesto de la Agencia Tributaria en 2009 fue de 1.425 millones, el 3,34% más que en 2008, año en el que fue de 1.379 millones. Asimismo, el gasto de personal de la AEAT en 2009 alcanzó los 1.028 millones, el 5,65% más que en 2008. El problema es que en 2010 la falta de plantilla y los problemas con el déficit no auguran tanto éxito.

Como muestra, la anulación de todas las liquidaciones de IVA entre 2006 y 2008, que podrían poner en peligro una recaudación de 3.000 millones de euros, según fuentes de toda solvencia (ver EXPANSIÓN del viernes 27 de agosto). A esto se suma que la mayoría de los analistas no ven viables las estimaciones económicas del Ejecutivo, que prevén que el PIB crezca un 1,3% en 2011. Si esta previsión no se cumple, el Gobierno se vería abocado a subir los impuestos de nuevo.

El mercado inmobiliario ‘está más dinámico y tiende a normalizarse’, pero hay que ser ‘prudentes’

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que el mercado inmobiliario «está más dinámico y tiende a normalizarse», si bien ha señalado que hay que ser «prudentes» ante la subida en un 1,6% de los precios de la vivienda en el segundo trimestre, ya que en tasa interanual sigue cayendo un 0,9% y el comportamiento es «distinto según la localización geográfica».

También es distinto a su juicio dependiente de la tipología de la vivienda. Así, precisó que «en la actualidad se está llegando en el caso de la vivienda usada a prácticamente un crecimiento cero, mientras que en la vivienda nueva, en algunos casos, se inicia ya un periodo de normalización».

«Habrá que estar atentos en los próximos trimestres a las decisiones de compra de los ciudadanos», ha indicado Corredor en declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la Comisión de Vivienda del Congreso, si bien ha señalado que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman los que maneja su departamento y acreditan que se mantiene la tendencia de moderación en el descenso de los precios.

Asimismo, ha señalado que los datos de transacciones muestran que el mercado «está más dinámico y tiende a normalizarse», si bien esto no implica que se vayan a llegar a las cifras de operaciones e iniciación de viviendas de hace unos años.

En este sentido, ha recalcado que la iniciación de viviendas debe «equilibrarse» a la evolución de la demanda y «estar cumplimentada» por el alquiler y la rehabilitación. «Con los datos que estamos conociendo parece que esta tendencia se está confirmando», ha señalado.

18.681 Desempleados cobraron de una sola vez el paro para poder ser autónomos

De los 20.617 parados que decidieron capitalizar sus prestaciones y comenzar una actividad empresarial en el primer semestre, 18.681 lo hicieron para ejercer una actividad como emprendedores, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

La cantidad capitalizada fue de 170 millones de euros y la media de 8.100 euros por persona.

Según UPTA, debido a los descuentos que hacen los Servicios Públicos de Empleo por este pago anticipado, el erario público se ha ahorrado casi tres millones de euros de su presupuesto por desempleo.

Cataluña, fue la comunidad en la que más desempleados han optado por esta opción, con 3.794 personas, y una capitalización de 35,2 millones de euros, seguida de Andalucía con 3.073 personas y 22 millones.

El País Vasco registró la media de capitalización más alta, con 10.489 euros, seguido de Navarra, con 9.894 euros, mientras que la media más baja fue para Andalucía, con 7.179 euros.

Para UPTA, los datos representan «una recuperación de las iniciativas» de los emprendedores que habían disminuido de forma considerable en 2008 y 2009 por la crisis económica.

Según el presidente de UPTA, Sebastián Reyna, estas iniciativas habían aumentado a finales de mayo un 25% respecto al mismo mes del año pasado.

La asociación considera que el factor más importante de dicho crecimiento ha sido el aumento de hasta un 80% del abono único de la prestación al que pueden optar los jóvenes hasta 30 años y las mujeres hasta 35, medida que termina el 31 de diciembre de este año.

Por ello, UPTA pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que la iniciativa se mantenga indefinidamente.

Los clips hipotecarios llegan al Supremo para unificar la doctrina de los tribunales

El caso de los clips hipotecarios (productos para protegerse de las subidas de tipos que han causado fuertes pérdidas a los clientes con la bajada de los mismos) ha llegado por fin al Tribunal Supremo. Será la máxima instancia judicial del país la encargada de unificar la doctrina de los tribunales inferiores, que han dictado numerosas sentencias contradictorias en este asunto, unas veces a favor de los bancos y otras, de los clientes.

Al Alto Tribunal ha dictado un auto en el que permite a Banesto presentar un recurso de casación contra una sentencia condenatoria dictada en enero por la Audiencia Provincial de Oviedo. Este órgano también prohibió al banco que preside Ana Patricia Botín recurrir al Supremo, decisión que ha sido ahora revocada por el citado auto.

Esta resolución abre la puerta a que las entidades financieras recurran al Supremo para resolver definitivamente este asunto apelando al llamado «interés de ley», al entender que hay sentencias contradictorias sobre demandas similares. Aparte de Banesto, han anunciado su intención de apelar al Alto Tribunal Bankinter y Sabadell.

Los clips hipotecarios son un producto parecido a un seguro contra la subida de los tipos de interés (llamado swap), de forma que el cliente se asegura que, si los tipos suben más allá de un determinado nivel, lo que gana con este producto le compensa del encarecimiento de la letra de la hipoteca. El problema es que, si los tipos bajan -y lo han hecho de forma drástica tras la catástrofe financiera de 2008-, el cliente pierde dinero, mientras que sigue pagando lo mismo por la hipoteca hasta que le toque la revisión.

La cosa se complica porque, ante esta situación, muchos de los que contrataron este producto intentaron salirse y se encontraron la desagradable sorpresa de que eso conlleva una penalización muy importante por parte del banco, de hasta 15.000 euros para las personas físicas y de hasta 40.000 en las pymes.

La clave para que los tribunales dicten sentencia a favor de una u otra parte es si el cliente fue suficientemente informado y comprendía perfectamente el producto que estaba contratando. El fallo más habitual de la información consistía en no explicar bien los riesgos del producto, así comola forma de calcular el coste de cancelación anticipada, que se basa en una fórmula incomprensible para el común de los mortales, según ha reconocido el propio Banco de España.

Cuando los jueces entienden que la información fue deficiente, determinan que hubo un vicio de consentimiento y anulan la contratación del producto, en cuyo caso condenan a la entidad a devolver las cantidades cobradas al cliente de forma indebida. Si estiman lo contrario, el cliente debe abonar la penalización correspondiente.

El problema entraña en la dificultad para probar si esa comprensión fue suficiente o no, que es lo que motiva las contradicciones entre los distintos tribunales. Además, algunos clientes con suficientes conocimientos financieros se han sumado al río revuelto para tratar de recuperar el dinero cobrado por el banco, aunque sabían a lo que se arriesgaban.

El Supremo adopta un criterio favorable a los bancos
Ahora, por fin, el Supremo se encargará de unificar esta doctrina, aunque las cosas no pintan demasiado bien en principio para los clientes. El motivo es que el auto -de fecha 15 de junio- no da la razón a Banesto por el citado «interés de ley», sino por la cuantía de las reclamaciones, que el Supremo equipara al nocional del contrato (el total de la hipoteca que se asegura) y no a las liquidaciones y penalizaciones (lo que el banco ha cobrado efectivamente al cliente).

De esta forma, la cuantía de las reclamaciones superará en muchos casos 150.000 euros, que es la cifra a partir de la cual se abre la puerta para recurrir al Supremo. Según Asuapedefin, asociación que agrupa a numerosos afectados, con este criterio, las entidades han pasado de tener muy pocas opciones de acudir al Supremo a conseguir que casi todos los casos puedan acabar en el Alto Tribunal.

«Si el Supremo mantiene este criterio, resultaría muy perjudicial para los afectados. ¿Quién va a atreverse ahora a demandar asumiendo el riesgo de que una posible condena en costas suponga prácticamente tener que pagar otro swap? Esperamos sinceramente que el Supremo cambie de opinión», opina Patricia Suárez, presidenta de esta asociación.

Joven soltero busca empresa

Después de haber fracasado en su búsqueda de empleo a través de los métodos tradicionales, dos jóvenes desempleados valencianos han optado por anunciarse en vallas publicitarias para tratar, con este original sistema, de encontrar un puesto de trabajo.

«Joven soltero busca empresa para relación seria y estable», reza el anuncio de Francisco Jover, un licenciado en Administración y Dirección de Empresas de 26 años, cansado de «tirar de becas» y de llenar su curriculum vitae con «mucha formación», pero poca experiencia profesional. El diseño de la valla ha ido a cargo de la diseñadora gráfica Susana Alcolea, que lleva cuatro años en paro y que ha optado por anunciarse, no con una foto como Jover, sino exhibiendo sus habilidades profesionales.

Jover y Alcolea no han pagado la valla de su bolsillo. Ambos han ganado el concurso Vende-T, con el que la empresa CBS Outdoor publicita durante un mes de forma gratuita los currículums de desempleados de toda España. Las vallas permanecerán en la ciudad de Valencia hasta el próximo 14 de octubre. La empresa ha instalado vallas similares en Barcelona, Madrid, A Coruña, Alicante, Cáceres o Santiago de Compostela.

Jover confía en que, al ver la valla, algún empresario «avispado» le conceda una entrevista para demostrar «su valía como profesional».

Cuatro años en paro
La situación de Alcolea es más acuciante. Lleva cuatro años en paro y 20 meses buscando empleo, una tarea que ve «dificilísima, porque en este momento no hay trabajo en ningún sitio». Sin embargo, solo 24 horas después de haber instalado la valla con su anuncio, Alcolea confiesa que ha notado «más visitas en la página web». Alcolea se ofrece para realizar «cualquier trabajo que tenga que ver con el ordenador y con mis manos» y aporta experiencia «en imagen corporativa, retoque fotográfico o publicidad para empresas».

Por su parte, Jover prefiere esperar «un poco más» para empezar a recibir las llamadas de las empresas. El joven ha explicado que uno de los motivos por los que se presentó a este concurso fue porque su currículum «aumenta día a día, pero solo en la parte de formación», ya que en lo que se refiere a la experiencia profesional «es más difícil adquirirla si nadie te da una oportunidad». Por eso espera que esta iniciativa «creativa» llegue a los empresarios y éstos le den «una oportunidad» y le concedan «una entrevista de trabajo».

Las empresas turísticas piden la «renuncia inmediata» de Díaz Ferrán al frente de la CEOE

La Junta Directiva de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha pedido la «renuncia inmediata» de Díaz Ferrán al frente de la CEOE, informó hoy la entidad que agrupa a las principales empresas turísticas del país. Según las empresas integradas en Exceltur, «los daños causados a la imagen del turismo español, tanto fuera como dentro de España», por la cogestión de Díaz Ferrán al frente de Marsans, así como las causas judiciales en curso «le incapacitan para seguir encabezando la representación del empresariado español».

Exceltur está en desacuerdo con la continuidad de Díaz Ferrán como presidente de la CEOE, al tratarse de una institución que en última instancia representa los intereses de todos los empresarios y organizaciones empresariales españolas.

Reclaman «liderzgo potente y renovado»
Al mismo tiempo, la entidad aboga por un «liderazgo potente y renovado» en la CEOE que «impulse al máximo» la recuperación de la economía española ante la profundidad y diversidad de los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la aún «convulsa» economía española. Añade que «en ese empeño que sentimos común, brindaremos toda nuestra posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen».

«Incapacitación» para seguir al frente de la CEOE
Para Exceltur, le «incapacitan para seguir encabezando la representación del empresariado español al frente de la CEOE» no sólo los perjuicios ocasionados por las prácticas derivadas de la gestión de Díaz Ferrán para miles de trabajadores, clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras, sino también los procedimientos seguidos para presuntamente rehuir las responsabilidades y compromisos adquiridos por ese grupo ante terceros.

Alerta del sector ante las acutaciones de Díaz Ferrán
Por ello, la organización presidida por Sebastián Escarrer advierte de que «observará con todas las reservas aquellas iniciativas emprendidas personalmente por Díaz Ferrán que pudieran afectar a los intereses del sector turístico español, mientras siga al frente de la CEOE».

El precio del suelo bajó el 14,9% hasta junio, la mayor caída desde 2008

El precio del suelo se situó en el segundo trimestre del año en 210,7 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso interanual del 14% y la mayor caída desde el último trimestre de 2008, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda.

Esta estadística muestra un incremento de la caída que se inició en el primer trimestre del año, cuando se registró una bajada del 14,3% que rompió con la moderación observada en el cierre del ejercicio anterior.

Las transacciones de suelo urbano aumentaron el 1,7% entre abril y junio de este año frente al segundo trimestre de 2009, hasta 5.997 operaciones.

La superficie transmitida en dichas transacciones fue de 6,8 millones de metros cuadrados, el 29,6% menos que un año antes, y su valor total fue de 1.061,3 millones de euros, lo que significa un descenso del 60,1%.

Por comunidades autónomas, el mayor número de operaciones en el segundo trimestre se concentró en Andalucía (1.476 transacciones).

Le siguen Castilla-La Mancha (897), Cataluña (795), Castilla y León (603), Madrid (390), Comunidad Valenciana (377), Extremadura (309), Aragón (190) Murcia (171), Galicia (167), Canarias (136), Baleares (116), Navarra (102), Asturias (87), País Vasco (87), Cantabria (40) y La Rioja (30).

En cuanto al importe de las operaciones, el mayor se registró en Andalucía, donde ascendió a 256,7 millones de euros.

A continuación se sitúan Madrid, con 154,6 millones de euros; Cataluña, con 143,5 millones, País Vasco (87,5 millones), Castilla-La Mancha (77,9 millones), Comunidad Valenciana (66,4 millones), Castilla y León (51,6 millones), Aragón (39,2 millones) y Murcia (36,6 millones).

Le siguen Canarias (31,9 millones), Extremadura (28,9 millones), Asturias (23,2 millones), Baleares (23 millones), Galicia (18,8 millones), Navarra (11,6 millones), La Rioja (5,5 millones) y Cantabria (3,7 millones).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 24 transacciones en el cuarto trimestre del año, por valor de 0,6 millones.

Asimismo, el 52,8% de las transacciones se produjeron en Andalucía (24,6%), Castilla-La Mancha (14,9%) y Cataluña (13,2%).

Los municipios de más de 50.000 habitantes registraron los mayores descensos del precio del metro cuadrado en tasa interanual, un 38%, tras situarse en 373,9 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las localidades de entre 10.000 y 50.000 habitantes, el valor fue de 233,9 euros, lo que representa un descenso interanual del 20,8%.

Por lo que respecta a los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el precio del suelo se situó en 189,5 euros por metro cuadrado, con un descenso del 6,8%.

Por el contrario, el precio del suelo aumentó el 24,9% en los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, donde fue de 148,8 euros por metro cuadrado, en tanto que en los municipios de menos de 1.000 habitantes se incrementó el 9,6%, con un valor de 93,2 euros.

Los precios más elevados se registraron en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Huelva (681 euros por metro cuadrado), Granada (681,4 euros), Álava (560,9 euros) y Málaga (521,4 euros).

Por el contrario, los precios más bajos dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes se dieron en las provincias de Córdoba (107,9 euros), Palencia (108,8 euros), Valladolid (159,5 euros) y Zamora (168,8 euros).

Un ejército de 333.772 delegados al servicio de los sindicatos

A las empresas les cuesta 250 millones de euros mantener a 4.127 sindicalistas liberados.

A catorce días de la huelga general, los sindicatos, preocupados ante un eventual fracaso, han trasladado la consigna a sus delegados sindicales de emplearse a fondo en las calles para parar el país. Si logran paralizar el transporte aéreo, ferroviario, urbano y por carretera, habrán conseguido que el 29-S pase a los anales de la historia sindical como un nuevo éxito.

Para ello, tienen a su servicio un auténtico ejército de delegados, que se desplegará en esa jornada por todo el país. Su misión consistirá en recordar a los trabajadores la necesidad de secundar el paro, después de la agresión cometida por el Gobierno con la reforma laboral, que consagra el despido con 20 días de indemnización por año trabajado.

De hecho, entre todas las organizaciones sindicales cuenta con un total de 333.772 representantes sindicales, incluidos los de las Administraciones Públicas. De esta cuantía, 42.944 pertenecen a las Administraciones Públicas, según el censo de 2009 facilitado por el departamento de Celestino Corbacho.

Los restantes 290.828 engrosan las filas de los representantes sindicales de las empresas españolas. Es decir, por cada 39 trabajadores existe un delegado de personal o representante de los trabajadores. Según el grado de cobertura de la base de convenios colectivos de la patronal CEOE, las empresas dedican 7,3 millones de horas sindicales al año. No existen cálculos oficiales de cuánto pagan las compañías por estas horas sindicales de obligado cumplimiento, según el Estatuto de los Trabajadores.

Ránking
Las empresas catalanas figuran en el primer lugar del ránking de representantes sindicales, con la cifra nada desdeñable de 54.097 personas. Le sigue las compañías instaladas en Andalucía, con 40.433 delegados. Mientras, las comunidades madrileña y valenciana ocupan el tercer y cuarto lugar, con 36.517 y 31.765 representantes, respectivamente. La radiografía de este ejército a disposición de las centrales sindicales la completan 4.127 personas, que se encuentran liberadas totalmente por sus empresas para ejercer un puesto en las organizaciones sindicales. Si se estima un sueldo laboral medio de 50.000 euros anules por cada uno de ellos, el coste total de estos 4.127 liberados sindicales para las sociedades asciende a 250 millones de euros, sin contar con el coste de reposición y la productividad asociada.

A la espera
En estos momentos, los delegados sindicales se encuentran a la espera de recibir las instrucciones oportunas de sus respectivas centrales para desplegarse cada uno por su ciudad el 29-S. Los sindicatos han depositado en sus manos el éxito o el fracaso de la convocatoria.

El Gobierno, por su parte, deberá contrarrestar este auténtico ejército de los sindicatos con un nutrido dispositivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en esa jornada velarán por que los ciudadanos puedan compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho a acudir a sus puestos de trabajo.

El Ejecutivo prepara ya una especie de gabinete de crisis que seguirá cualquier incidente que ocurra en esa jornada. Ese gabinete de crisis ha estado integrado en anteriores huelgas generales por los ministros de Interior, Defensa, Trabajo y Economía.

Aguirre suprimirá por ley 1.930 liberados sindicales
Desde hace dos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid planea reducir el elevado número de trabajadores de la Administración pública con estatus de liberado sindical. Las cifras de estos empleados dedicados parcial o exclusivamente a defender los derechos de los trabajadores se había disparado en los últimos a golpe de negociaciones entre los sindicatos y la Administración. En concreto, en la Comunidad hay actualmente cerca de 3.500 liberados sindicales, 1.930 más de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical. El objetivo del Gobierno regional es suprimir este «excedente» mediante una ley con la que también se rebajará de 75 a 40 las horas al mes que los liberados que se queden tengan para llevar a cabo su función. Según explicaron a este periódico desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en estos dos últimos años se ha intentado negociar la reducción del número de liberados pero, ante la negativa por parte de los sindicatos a renunciar a este estatus, el Gobierno regional ha determinado suprimirlos mediante una ley. Ayer, Esperanza Aguirre reclamó en la Asamblea regional que las centrales sindicales «no pueden estar ajenos a la situación económica».