Santander compra activos hipotecas GE Capital México por 1.500 millones

La unidad mexicana del grupo español Santander acordó la compra del negocio local de hipotecas de GE Capital, en una operación que involucra activos por unos 2.000 millones de dólares (unos 1.522 millones de euros).

Santander, que opera uno de los bancos más grandes de México, dijo el viernes en un comunicado que la adquisición lo convertiría en la segunda empresa más importante del país en términos de otorgamiento de hipotecas.

«La transacción incluye toda la operativa del negocio e involucra un portafolio de créditos hipotecarios de alrededor de 24,000 millones de pesos», dijo Santander en un comunicado.

Agregó que la operación «involucra un pago por el capital de aproximadamente 2.000 millones de pesos y el pago del fondeo» y que espera concretar el acuerdo durante el primer semestre de 2011. GE Capital es una unidad de la estadounidense General Electric (GE.N).

Cynthia Ríos, portavoz de General Electric en el país, dijo a Reuters que la operación afecta a los activos de GE Money, la unidad que maneja el portafolio de créditos hipotecarios de GE Capital en México.

El presidente de operaciones de reestructuración de GE Capital, Mark Begor, dijo en el comunicado que la venta es «consistente con nuestra estrategia de desinvertir en negocios no estratégicos», y afirmó que México «continúa siendo un mercado importante para GE y GE Capital.

En julio, el colombiano Grupo Aval acordó comprar en 1.900 millones de dólares a la financiera centroamericana BAC-Credomatic, que también estaba en manos de la estadounidense General Electric, y que tiene negocios de financiamiento masivo en Centroamérica.

[Via Invertìa_Reuters]

Incluso la patronal bancaria apuesta por mayores rebajas en el precio de los pisos

Las voces que abogan por bajar aún más los precios de la vivienda cada día son más. La última que respalda estos descuentos inmobiliarios llega, curiosamente, desde el sector bancario, quizá el más castigado por la crisis ‘ladrillo’ junto con el sector en sí. La Asociación Española de la Banca (AEB) pide a los promotores y profesionales de la vivienda que aminoren el excedente con costes mucho más atractivos para la demanda. Sin embargo, no entra a valorar el comportamiento presente y futuro que deben tener al respecto los bancos y cajas, las nuevas inmobiliarias surgidas con la crisis.

Los promotores y los agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs) cada vez están más solos a la hora de defender que el ajuste del valor de las casas ya ha llegado a su fin. Lo han tasado en el 20%. Eso sí, ahora no son tajantes al descartar esta posibilidad que la condicionan en todo momento una caída en el valor del suelo. Contradiciendo este mensaje, la patronal bancaria sugiere, Informe Económico-Financiero, mayores descuentos en el precio de la vivienda argumentando que parte del estancamiento, económico en general y del ladrillo en particular, se debe a que el sector inmobiliario está cargando el peso de su ajuste «más sobre las cantidades que sobre los precios».

Según la AEB, con esto se está dificultando la absorción del ‘stock’ que bloquea su actividad. Los últimos datos publicados por el Banco de España (BE) apuntaban a una inversión ‘potencialmente problemática’ de 181.000 millones de la banca en activos inmobiliarios. De ahí, y buscando evitar riesgos mayores, el regulador nacional obliga desde septiembre a aumentar las provisiones de las entidades financieras por sus inmuebles hasta un 30%.

Se estima que los bancos y cajas, entre viviendas adjudicadas y promociones nuevas, pueden tener -fácilmente- más de 100.000 unidades en sus carteras. A partir de enero, y buscando dar confianza a los mercados, las cajas de ahorros fusionadas harán pública su exposición al ‘ladrillo’, según ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados.

La asociación de los bancos anticipa un «estancamiento» de la economía en el cuarto trimestre del año debido a un «debilitamiento adicional» del consumo y la actividad. De este modo, el PIB experimentará un incremento interanual «algo inferior al medio punto porcentual» en los últimos compases del año.

[Vìa ElMundo]

El Congreso exige al Gobierno que informe a cada trabajador de su pensión

El Congreso de los Diputados quiere que los trabajadores sean conscientes de que deben ahorrar para asegurar su pensión en el futuro, y de lo que cuesta tener un sistema público de reparto para garantizar una renta a todos los jubilados. Precisamente, en un momento en el que se está reformando la protección social. Con este fin, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha propuesto al Gobierno que, al menos una vez al año, “todo trabajador reciba en su domicilio información puntual de, entre otras cosas, la pensión aproximada que, de mantenerse constantes sus circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación”.

Los partidos políticos entienden que este tipo de información “debe servir para concienciar [al trabajador] sobre sus posibilidades económicas en el futuro, así como sobre la relación entre su salario actual y la pensión que podría recibir”.

Así se establece en el informe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que la citada comisión parlamentaria está ultimando para aprobarlo, definitivamente, el próximo día 29 y, a partir de ahí, trasladarlo al Gobierno.

El Congreso ha recogido así una iniciativa de las patronales de las compañías aseguradoras (Unespa), y de las Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones (Inverco) que, a su vez, han copiado una idea establecida en Suecia.
En aquel país, una vez al año, todo trabajador recibe de la Seguridad Social lo que se llama el Sobre Naranja . En él, la Administración le informa de lo que lleva cotizado, tanto en el modelo de reparto, similar al español, como en la cuenta de capitalización, a la que se dedica una parte del salario.

Las cuentas propias
Con esta información, el Gobierno sueco quiere que el ciudadano haga sus propias cuentas y tome sus decisiones de ahorro, si así lo estima oportuno.

En España, la información que reciben muchos trabajadores recoge su vida laboral, lo que comprende los años que lleva cotizados a la Seguridad Social, pero no tienen conocimiento de su futura pensión.

A este respecto también, la Comisión del Pacto de Toledo recuerda que todo trabajador debe conocer en su nómina el importe de sus propias cotizaciones y de las del empresario. Pero, además, los partidos plantean que “se aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece Internet para que los trabajadores conozcan sus obligaciones y derechos y acciones formativas en relación con el sistema de la Seguridad Social”.

Precisamente, relacionado con la previsión del jubilado, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendó al Ejecutivo estudiar nuevas fórmulas de mejorar los incentivos fiscales a los planes complementarios y privados de pensiones. Especialmente, los de empresa o también llamados planes de empleo. Un punto que no debe pasar desapercibido es la demanda del Congreso de los Diputados para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que hoy día tiene 65.000 millones de euros, reciba un tratamiento presupuestario diferenciado, “al efecto de obtener un mayor control del mismo y una información más precisa sobre su evolución”.

Los partidos políticos se hacen eco también de la demanda del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, de dotar de mayores medios y funcionarios a la también llamada hucha de las pensiones. Es un hecho que su gestión necesitaría de expertos en los mercados de deuda pública que la Seguridad Social no puede pagar, como ha manifestado el propio Granado en el Congreso de los Diputados.

Es relevante también que la Cámara Baja defienda la creación de una comisión parlamentaria permanente para la Seguridad Social y con competencia legislativa plena.

La Comisión del Pacto de Toledo advirtió al Gobierno de que respete sus recomendaciones en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, y “no provoque un choque institucional de trenes”. Izquierda Unida anunció un voto particular por no estar de acuerdo con el texto final del informe, y el PP amenazó con hacer lo mismo para intentar bloquear el retraso en la edad legal de jubilación.

Protagonistas del debate sobre la previsión social
Un duro inesperado
Cuando llegó al Ministerio de Trabajo, muchos pensaron que Valeriano Gómez iba a actuar como un aliado de los sindicatos en la reforma laboral y del sistema de pensiones. No ha sido así, Gómez, que fue consejero de UGT en el CES, ha asumido las tesis del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la reforma de las pensiones debe concluir en el primer triemestre de 2011 y que, además, debe ser de calado. No cabe otra ante la presión que está recibiendo España de la Unión Europea para defender el euro.

Al enemigo ni agua
Es la actitud que ha mantenido con el Gobierno Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. El Ejecutivo se lo ha puesto en bandeja, con sus decisiones de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, y de congelar la subida de las pensiones para el año que viene. Dos medidas claramente impopulares sobre las que el PP ha sabido aprovechar para sacar tajada electoral. Burgos amenazó con hacer un voto particular contra el retraso de la edad de jubilación, igual que IU.

El pragmatismo
Carles Campuzano, portavoz de Convergéncia i Unió en la Comisión del Pacto de Toledo, se ha movido con mucho pragmatismo en toda la negociación. Hasta las elecciones catalanas del 28 de noviembre el acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones era imposible mientras no rectificase sus decisiones de congelar estas rentas en 2011 y de retrasar la edad legal de jubilación. A partir de ahí, Campuzano recuperó su tendencia al acuerdo, incluso animando al PP para alcanzar un pacto con el PSOE.

[Vìa Expansiòn]

Las principales marcas del gran consumo resisten la crisis

A a la hora de valorar los efectos de la crisis, hay algunos que creen que la suerte va por barrios. La gran distribución lleva meses llevándose las manos a la cabeza -y al bolsillo- por el varapalo que está suponiendo para sus resultados. Pero algunas marcas parecen estar más que satisfechas. Al menos, las más grandes.

Las 30 enseñas más relevantes dentro del segmento del gran consumo no solo no están notando los efectos del descalabro económico, sino que están saliendo reforzadas. En concreto, han logrado mejorar sus ventas alrededor de un 2,1%, a pesar de que la marca blanca parece seguir imparable su proceso de escalada.

Según el estudio elaborado por Kantar Worldpanel, las 30 principales marcas de gran consumo han logrado un volumen de ingresos de 5.400 millones de euros en los 12 meses comprendidos entre agosto de 2009 y julio de 2010.

Un volumen de crecimiento que contrasta, sobre todo, con el conjunto del sector del gran consumo (que engloba todos los productos de alimentación, droguería y perfumería) que no solo no crece sino que a lo largo del citado periodo se ha contraído un 2,6%. Además, si la valoración se concentra exclusivamente en las marcas de los fabricantes, éstas acumulan un recorte de ventas del 3,7%. Es decir, no basta con ser una marca de renombre, para salir fortalecida de la crisis hay que estar entre las principales marcas, aquéllas que los consumidores tienen en su mente como líderes de su sector. Una teoría que coincide con los cambios en las tendencias de consumo que se están registrando en los últimos meses y que han conllevado la desaparición de las segundas enseñas -las de menos prestigio-, cuyo nicho de mercado ha sido ocupado por las marcas blancas.

Volumen de ingresos
El ranking de Kantar Worldpanel se establece en función del volumen de ingresos que han generado cada una de las marcas durante el año en cuestión, aunque la consultora no desvela cuáles son los porcentajes concretos que aportan cada una de ellas. Eso sí, indica que la primera posición la ocupa la multinacional estadounidense Coca-Cola.

Por detrás, dos firmas lácteas como Central Lechera Asturiana y Puleva, una marca tradicionalmente española, pero que desde hace un año forma parte de la multinacional francesa Lactalis.

Además, entre las diez primeras marcas hay otras cuatro vinculadas al sector lácteo y tres de ellas pertenecen al mismo grupo alimentario. Se trata de Actimel, Activia y Gran Danone, que pertenecen a la multinacional francesa Danone y que ocupan los puestos séptimo, octavo y décimo dentro del ranking de Kantar. La otra marca láctea es Pascual que ostenta el quinto puesto, mientras que el gigante alimentario Nestlé se sitúa en el noveno. El estudio destaca, por ejemplo, la evolución de uno de los productos de Campofrío, con el cuarto lugar en el ranking de marcas. Señala que su enseña Narturíssimos ha mejorado un 5,3% su volumen de ventas, gracias a su posicionamiento dentro de un target de potenciales clientes muy específico, lo mismo ha ocurrido con Densia (de Danone), que ha incrementado sus ingresos un 8,3%.

En total, dentro del ranking hay 12 marcas nacionales y otra docena que pertenece a multinacionales. Además, apunta que de la treintena de principales nombres del gran consumo, 18 han mejorado sus ventas y otros 11 han crecido por encima de un 5%. El estudio también recalca que las claves para lograr este repunte se basan en construir relaciones con el consumidor más allá del precio y la diferenciación, ya que el consumidor se muestra proclive a pagar una prima de precio si los productos ofrecen un plus frente a la competencia.

[Vìa CincoDias]

La pensión media de jubilación se situó en diciembre en 892,38 euros

La pensión media de jubilación alcanzó en diciembre los 892,38 euros mensuales, lo que supone un 3,6% más respecto al mismo mes de 2009, según datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse el presente mes en 785,83 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,4%.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en diciembre en 574,13 euros mensuales, un 3,2% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 854,01 euros mensuales, con un incremento del 2,2%.

Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 351,09 euros mensuales, un 2,9% más que en diciembre de 2009, mientras que la de favor de familiares se situó en 462,09 euros al mes, con un repunte del 2,8%.

En diciembre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.739.732, lo que representa un crecimiento del 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.

De esta cantidad, 5.193.107 pensiones fueron de jubilación (+2,1%), 2.300.877 de viudedad (+0,9%), 936.895 de incapacidad permanente (+0,6%), 271.182 de orfandad (+1,7%) y 37.671 de favor de familiares (-0,4%).

Para abonar estas prestaciones, la Seguridad Social destinó un total de 6.867,9 millones de euros (+5%), de los que 4.634,2 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5,7%); 1.321 millones a pensiones de viudedad (+4,1%); 800,1 millones a incapacidad permanente (+2,8%); 95,2 millones a orfandad (+4,7%); y 17,4 millones a favor de familiares (+2,4%).

En Galicia, la pensión media más baja
Por comunidades autónomas, siete de ellas, más Ceuta, siguieron superando en diciembre la pensión media nacional, establecida en 785,83 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 973,44 euros, 937,70 euros y 930,88 euros mensuales, respectivamente.

Les siguieron Navarra (888,10 euros mensuales), Ceuta (836,04 euros), Cantabria (818,03 euros), Aragón (814,77 euros), Cataluña (810,93 euros), Melilla (771,39 euros), Castilla y León (763,6 euros), La Rioja (750,27 euros), Canarias (737,57 euros), Castilla-La Mancha (733,37 euros), Comunidad Valenciana (721,11 euros), Andalucía (720,37 euros) y Baleares (714,81 euros).

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 692,80 euros mensuales; Extremadura, con 668,39 euros, y Galicia, con 657,24 euros al mes.

[Vìa Expansión]

El acoso laboral supondrá cárcel

A partir de hoy se tipifican más delitos en España. La principal novedad para las empresas es la resposabilidad penal de las personas jurídicas. EXPANSIÓN le ofrece las 10 claves.

A partir de mañana, día de Nochebuena, y tras cumplirse hoy la prórroga de seis meses tras su publicación en el BOE, se aplicarán los amplios cambios normativos que aumentan la tipificación de delitos recogidos en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma sustancialmente el Código Penal que estaba vigente en España desde 1995. Muchos de ellos afectan a cuestiones esenciales del llamado Derecho Penal de la empresa.

El más importante es que la responsabilidad penal, que hasta ahora sólo podía pivotar sobre personas físicas, también recae ahora a las personas jurídicas. Pero hay otros puntos de la reforma que se refieren a materia mercantil, fiscal, laboral, administrativa y medioambiental que vale la pena destacar.
EXPANSIÓN detalla las 10 cuestiones clave de la reforma del Código con la ayuda de los bufetes Baker & McKenzie, Ernst&Young, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez.

1. Acoso laboral o mobbing
Se tipifica como delito (art. 173.1) cuando en el ámbito de cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante. Será pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta ahora en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Es la gran novedad de la reforma para las empresas. Por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) responderán penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis).

Además la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica no es alternativa sino acumulativa a las personas físicas materialmente responsables de delito y a pesar de que ésta última no haya podido ser individualizada. Las penas aplicables serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, suspensión de actividades hasta 5 años, clausura de sus locales e incluso disolución de la sociedad. Este artículo no se aplicará a determinadas personas jurídicas, como el Estado o las Administraciones Públicas.

Los países que hasta ahora habían regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: EEUU, Francia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Bélgica, Chile, Canadá, Brasil y Portugal.

3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos
El texto sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3). Esta conducta se incluye entre los delitos contra la intimidad y revelación de secretos. También se incluye el sabotaje informático (art. 264), cuando el objetivo es dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesible datos o programas electrónicos ajenos.

4. Estafa
La reforma introduce una nueva modalidad de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Se establece específicamente la cifra de 50.000 euros como cuantía de notoria gravedad.

5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Se concreta la acción típica de este delito. Además de la reproducción, imitación o modificación de una marca, ya no se considera delito cualquier utilización de la marca registrada, sino la usurpación de la misma.

6. Abuso de mercado
A partir de hora se considera delito la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico para sí o para un tercero por más de 300.000 euros (ver EXPANSIÓN del 22 de diciembre). También se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).

7. Blanqueo de capitales
A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.

8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo
Las conductas en relación de obras y la concesión de licencias se reordenan. Los sujetos activos son los mismos: promotores, constructores o técnicos, pero la conducta se amplía a las obra de urbanización, construcciones o edificaciones. Además, en la prevaricación urbanística se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.

9. Delitos contra el Medio Ambiente
Hay amplias novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capa de ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

10. Delitos de falsedad documental
Falsificar tarjetas de crédito ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia
Nacional. Se equipara el uso de documento falso y auténtico por persona no autorizada.

[Vìa Expansión]

Gómez mantiene la opción de un periodo de cálculo para las pensiones de 25 años

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cree que el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse desde los 15 años actuales hasta 20 años, «sin abandonar posteriormente la posibilidad de ir poco a poco» hasta los 25 años.

«Pero con el tiempo podemos ir mucho más allá. En mi opinión, el objetivo tiene que ser que la mayor parte de la vida laboral de las personas se compute a la hora de calcular la pensión», ha dicho el ministro.

Gómez, en declaraciones a la cadena Ser, ha señalado que la «mejor forma» de alargar la edad real de jubilación es alargar la edad legal, tal y como propone el Gobierno, que quiere elevarla desde los 65 años hasta los 67 años.

Dependiendo de cada trabajador
Eso sí, habría excepciones. Según ha explicado Gómez, la idea general es que aquellas personas que tienen un historial de cotización largo, de 36 hasta 40 años, puedan seguir jubilándose a los 65 años, mientras que los que trabajan en oficios penosos podrían jubilarse incluso antes.

Asimismo, quienes no tengan oficios penosos ni historiales largos de cotización, podrán también jubilarse a los 65, pero en estos casos aplicándoles reducciones en su pensión, igual que sucede ahora con quienes se retiran del mercado laboral antes de los 65.

El ministro ha explicado que en toda Europa se han hecho dos tipos de reformas: mientras que unos países, como Suecia y Portugal han optado por reducir la pensión media, otros (Francia, Alemania e Italia) han optado por ampliar la edad de jubilación, que es también lo que pretende España.

Sin recortes para los actuales pensionistas
Gómez ha indicado que los actuales pensionistas no sufrirían recortes en su pensión si se amplía la edad legal de jubilación, que además se incrementaría progresivamente a lo largo de los próximos 18-20 años.

«Eso producirá ahorros en el sistema porque habrá más ingresos durante más tiempo y habrá también menos gasto porque la gente percibirá menos tiempo su pensión. Y este proceso culminará aproximadamente en 2025-2026 y cuando eso ocurra, haremos coincidir un momento de más ingresos y menos gasto con el momento en el que se empieza a intensificar la entrada de nuevos jubilados en el sistema», ha subrayado Gómez, que ha añadido que, en cualquier caso, la intención del Ejecutivo «no es rebajar la pensión».

El ministro, que ha dicho que la reforma de las pensiones tiene que abordarse «con crisis o sin crisis», ha puntualizado que en 2025 habrá doce millones de pensionistas, cuatro millones más que ahora, y que en 2050 habrá 17,5 millones de pensionistas. «Nuestro sistema debe prepararse para este momento», indicó.

Derecho a las prejubilaciones
Respecto a las prejubilaciones, Gómez ha señalado que es un derecho recogido en la legislación actual, pero se ha mostrado partidario de que las empresas que prejubilen carguen con los costes. «No basta con descargar costes sobre la Seguridad Social, deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema. Esa debería ser la línea de futuro», ha precisado.

El ministro ha afirmado que no tiene ningún plan de pensión complementario y ha apuntado que la mejor pensión es siempre la que se alcanza con una buena base de cotización en el sistema público de pensiones. «Es bueno que existen planes complementarios pero lo importante es tener un sistema público fuerte que proteja a todos en función de su base de cotización y su salario», ha añadido.

Sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones teniendo en cuenta el rechazo sindical y parlamentario a ampliar la edad legal de jubilación de manera obligatoria, el ministro de Trabajo ha asegurado que «no es el momento de tirar la toalla».

«El Gobierno debe intentarlo. No es bueno renunciar todavía a la existencia de un buen acuerdo con los interlocutores sociales y es posible también un buen grado de consenso parlamentario», ha subrayado.

Reforma de convenios
Gómez ha indicado que la última vez que habló con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, fue antes de las manifestaciones del sábado, y ha dicho que la intención del Gobierno es restablecer una situación razonable de consenso y diálogo. «Si en el futuro puede haber una situación difícil, por parte del Gobierno trataríamos de limitarla», ha explicado.

Sobre las elecciones en CEOE, que se celebrarán mañana, ha indicado que es «muy importante» que de este proceso salga una cúpula «sólida y estable» y una dirección «fuerte», capaz de afrontar las negociaciones pendientes con los sindicatos, como la de la negociación colectiva.

En concreto, y en relación a esta reforma, ha asegurado que el escenario ideal es que sindicatos y empresarios alcancen un acuerdo, y ha vuelto a realizar un llamamiento a ambas partes para que este acuerdo se produzca antes del 18 de marzo. De lo contrario, el Gobierno tiene intención de legislar sobre esta materia.

El ministro ha dicho que, pese a la complicada situación laboral, no se le ha pasado por la cabeza dejar su puesto. Preguntado por si votaría a un partido que ha congelado las pensiones, abaratado el coste del despido y eliminado los 426 euros para parados sin ingresos, Gómez ha manifestado que votaría a un partido que ha situado la cobertura de la protección por desempleo por encima del 80%, que ha subido el SMI y las pensiones mínimas, y que ha aprobado una Ley de Dependencia. «A ese partido sí lo votaría y ese partido es el PSOE», concluyó.

[Vìa ElEconomista]

El precio de la tierra baja por segundo año consecutivo

Los precios de la tierra volvieron a caer en España durante el pasado año 2009, de acuerdo con los datos de la Encuesta que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Se consolida así la tendencia a la baja iniciada en 2008, en el que se rompió la tónica alcista que arrancó en 1994.

El recorte que se registró en 2009 fue del 4,6 por ciento y el precio medio a nivel nacional se situó en algo menos de 10.500 euros por hectárea. Detrás de esta media se ocultan importantes diferencias, dependiendo del tipo de aprovechamiento o cultivo y de cada una de las Comunidades Autónomas.
Así, el precio más bajo está en los 770 euros de media que se pagaron el año pasado por una hectárea de pastos de secano en Aragón; en el extremo opuesto destacan los 250.000 euros que costó la misma superficie en Canarias dedicada al cultivo del plátano.

Suben las de arroz
Según los datos del MARM, casi todas las tierras bajaron el año pasado. Solo registraron incrementos las dedicadas al arroz, las de frutales de pepita de regadío y las de olivar para aceituna de mesa. El precio medio de las tierras de labor fue de 8.797 euros por hectárea, lo que supuso un descenso del 2,5 por ciento; las de secano cotizaron a 6.745 con un recorte del 3,1 por ciento, mientras que las de regadío llegaron a 18.980 euros de media, con una bajada del 1,4 por ciento.

Por Comunidades Autónomas los mayores descensos se anotaron en Cantabria, Asturias y Valencia, donde fueron superiores al 10 por ciento. En Cataluña no hubo cambios, mientras que en Extremadura, Navarra y el País Vasco las caídas fueron inferiores al 1 por ciento.

Las más caras
Las tierras más caras están en Canarias, seguida a mucha distancia de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. En el polo opuesto se encuentran Aragón, Extremadura y Castilla y León.
[Vìa LaRazón]

Al 73,2% de los autónomos les ha afectado la crisis en 2010.

Al 73,2% de los autónomos les ha afectado la crisis este año debido a la caída del negocio, a la falta de crédito de las entidades financieras o a los impagos de clientes, y casi el 50% considera que la crisis no mejorará en 2011, según una encuesta de ATA.

De ese 73,2%, el 50,7% vio cómo más del 21% de su actividad laboral resultó afectada, mientras que el 30,2% observó un deterioro de entre un 11% y un 20%, según se desprende de una encuesta presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Lorenzo Amor, presidente de ATA, recordó que cada mes 6.000 autónomos están perdiendo su puesto de trabajo por el cierre de empresas en el país, sobre todo de las multinacionales, con lo que afirmó que la situación de estos trabajadores es «alarmante».

El 84,6% de los trabajadores autónomos desaprueba las acciones tomadas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica, y el 78,5% le suspende por las medidas que ha tomado respecto al sector.

Según el sondeo, los autónomos no son optimistas respecto al futuro: el 49,6% considera que la crisis no mejorará en 2011 y un 36,5% cree que la situación se mantendrá igual.

El 84% de los trabajadores cree que la adquisición de créditos será más complicada en 2011, pues, según la encuesta, este año fue denegada la financiación a uno de cada tres autónomos (33,6%).

Además, el 24,6% obtuvo financiación por una cantidad inferior a la solicitada, y el 10,6% de las solicitudes se encuentra aún en proceso de estudio sin respuesta alguna.

Tampoco mejora el barómetro en cuanto a la contratación laboral, pues el 81,5% de los autónomos no contrató a nadie y el 88,7% no prevé emplear a más personal en el próximo año.

Al respecto, Amor solicitó al Gobierno que no olvide que quienes más generan empleo en el país son los autónomos

[Vìa Expansión]

El 85% de los currículum de mayores de 50 años acaban en la papelera

La principal causa de discriminación en el mercado laboral español, por encima del sexo, la religión o la procedencia del trabajador, es la edad, según un estudio elaborado por DBM España, que revela que el 85% de los currículos de trabajadores mayores de 50 años recibidos por las empresas acaban en la papelera.

El informe constata que las prácticas discriminatorias por edad se evidencian permanentemente en las ofertas y oportunidades de empleo, a veces de manera sutil, como por ejemplo, cuando se rechaza a un candidato que opta por una plaza vacante por estar «sobrecualificado», y otras veces de forma abierta, cuando se especifica un límite de edad para la contratación.

Otras formas de discriminación limitan a partir de cierta edad el acceso a programas de formación y promoción, o los obliga a jubilarse, para evitar ser permanentemente relegados en sus funciones y oportunidades de desarrollo.

DBM señala que en los países europeos existe un buen nivel de conciencia en torno a la problemática de la discriminación en general, pero no así a la generada por razón de edad.

En los países que conforman la Unión Europea, un 57% de la población estima que las personas a partir de los 50 años no tienen la capacidad de trabajar de manera eficiente, cifra que aumenta hasta el 64% en el caso español.

«El trabajador de edad no es un problema que, desde una perspectiva monetaria haya que minimizar, sino una fuente de ventajas y oportunidades que concilia la eficiencia económica y la eficiencia social. Para la economía en su conjunto, el aumento de la participación y de las tasas de empleo de esa franja de edad son cruciales para aprovechar plenamente la oferta de mano de obra», subraya en este estudio el director general de DBM España, Rafael Vara.

[Vìa CincoDias]