Conciliación en tiempos de crisis, ¿misión imposible?

Si un empresario medio de España recibe la propuesta de flexibilizar el horario de sus trabajadores, incentivar el trabajo por objetivos, fomentar el teletrabajo, aumentar los permisos de maternidad y paternidad y eliminar la horas muertas de la comida a cambio de salir un poco antes, lo más normal es que su respuesta sea un rotundo «no». En el mejor de los casos, puede que responda con un diplomático «ahora no es el momento». Sólo un puñado se lo pensaría.

Roberto Martínez, director de la fundación Masfamilia, forma parte de ese escaso grupo de personas que se empeña en cambiar las cosas en las empresas españolas. Y lo hace promoviendo las políticas de conciliación laboral, la gestión del talento y el compromiso de los empleados. El problema con el que se encuentra casi siempre es el mismo: los empresarios relacionan estas medidas con más gastos y fuertes inversiones.

«Hay que superar la idea de conciliación como coste», reclama Martínez. «Es una inversión en el empleado, en el capital humano, y por tanto en la mejor marcha de la empresa». Los resultados son dos: más eficiencia -el trabajador está más feliz, aprovecha mejor el tiempo y produce más- y compromiso -los empleados maduran cuando se les dota de responsabilidad, lo que ayuda a desplegar su talento-.

La conciliación siempre requiere de algún tipo de inversión, dependiendo de cada caso y contexto. Es difícil cuantificar en términos económicos el retorno de la inversión, pero lo que parece cierto es que «un empleado contento es más productivo que uno que está a disgusto, y eso se nota», afirma Ignacio Buqueras, director de la Comisión para la Racionalización de los Horarios.

Pero no todo son palabras bonitas. Martínez afirma que la conciliación en las empresas se ha frenado en los dos últimos años, y opiniones como las de Díaz Ferrán, que dijo recientemente que sólo se puede salir de la crisis, «trabajando más y cobrando menos» no ayudan a cambiar la percepción del asunto.

Pese a la mala situación económica, este año se han certificado 65 nuevas empresas familiarmente responsables, lo que hace pensar que el empresariado español va concienciándose poco a poco de la importancia de tener unos empleados más felices en su plantilla.

Conciliar en tiempos difíciles
Siempre hay empresas que desafían a la crisis y emprenden medidas arriesgadas en tiempos complicados. Es el caso de Ikea, que cuenta con un novedoso concepto denominado Tiempo Parcial Vocacional. Se trata de jornadas reducidas de mañana, tarde o fin de semana, con las que se facilita al trabajador compatibilizar sus estudios, situación familiar u otras actividades con su jornada laboral. Además, la multinacional sueca ofrece una ayuda de 450 euros a sus empleados por nacimiento y un kit de productos Ikea de regalo.

Los trabajadores de Microsoft tienen conexión a ADSL en casa financiada por la empresa con el fin de que todos tengan acceso al teletrabajo. «Asumimos que muchos de nuestros empleados tienen una mayor carga en casa por culpa de la crisis», afirma Elena Dinesen, directora de recursos humanos de la compañía. Los empleados no tienen la obligación de pasar por la oficina todos los días, y los que acuden no podrán celebrar reuniones de trabajo más tarde de las seis.

La cultura del «presentismo» no tiene cabida en la empresa: el trabajador tiene unos objetivos concretos al año, que se revisan una vez al mes. Dinesen pone el acento en los serviciosque ofrecen a los empleados: fisioterapeuta, clases de yoga y un servicio de lavado de coches subvencionado por la empresa.

Otra compañía que tiene mucho que decir al respecto es Vodafone, considerada la mejor empresa para trabajar en España en la categoría de organizaciones de más de 1.000 empleados según el Instituto Great Place to Work. La organización elabora la lista a partir de la propia opinión de los empleados de las empresas, obtenida a través de encuestas anónimas y confidenciales. De Vodafone destaca el alto grado de flexibilidad y conciliación laboral, con herramientas que les permiten compaginar su vida laboral con la personal, así como el alto grado de compromiso de los trabajadores.

Desterrar la cultura del presentismo
El director de la Comisión para la Racionalización de los Horarios, Ignacio Buqueras, se muestra optimista con la evolución de las medidas de ajuste en las empresas para adecuarlo al modelo horario europeo, aunque reconoce que «el clima laboral general no ayuda». «Se están consiguiendo logros pese a la crisis», afirma, y pone como ejemplo el Ayuntamiento más grande de España, el de Madrid, que desde el pasado mes de septiembre cierra sus oficinas a las 5 de la tarde.

Buqueras insiste en la idea de optimizar el tiempo y terminar con la «cultura del presentismo», tan arraigada en la empresa española y que echa por tierra la eficiencia. Trabajar por objetivos y cuidar el capital humano son otras dos propuestas de su Comisión. Al respecto, Roberto Martínez alude a estudios sobre recursos humanos que dicen que a partir de las 7 horas al día no hay productividad en el trabajo.

El director de Masfamilia asegura que con la crisis se han potenciado las necesidades familiares, ya que son muchos los hogares en los que uno o varios de sus miembros están desempleados. «La empresa debe ser un equipo en el que se comprendan las necesidades de cada uno. Si algún trabajador tiene un problema, debe hablarlo y consensuarlo con la empresa en un ambiente de cordialidad», afirma.

Iñaki Sierra, del Instituto Great Place to Work, considera que «con la crisis hay más miedo al despido», lo que redunda en una mayor inseguridad en el trabajador. En contraposición se ha observado un «mayor orgullo de pertenencia del trabajador a una empresa», algo que hace apenas dos años no ocurría. Sierra añade que las empresas que mejor están gestionando la crisis son aquellas que llevan a cabo una buena comunicación con sus empleados: «Si hay que cerrar una oficina o el negocio va mal, es mejor comunicarlo que dar pie a las especulaciones y a la rumorología», concluye.

La conciliación no es una tónica generalizada en la empresa española, y aún queda mucho camino por recorrer. Prueba de ello es el informe de la Unión Europea publicado esta semana del que se desprende que España está a la cola, junto a Grecia, en cuanto a paridad hombre-mujer y flexibilidad horaria en el trabajo.

El Gobierno admite que el empleo público impulsa la rebaja del paro

El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Javier Vallés, ha admitido hoy que el aumento del empleo público fue en parte responsable de la reducción del desempleo en el tercer trimestre.

Vallés ha asegurado, durante un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que «en el tercer trimestre del año es cuando mayor contratación pública de empleo se registra y que ese aumento es estacional».

Tal y como adelantó Expansión.com, entre julio y septiembre se registró un recorte de 70.800 parados, mientras que en ese mismo periodo 90.300 personas se habían incorporado a la Administración Pública (hasta un total de 3,18 millones) y eso contribuyó a mejorar las cifras. Concretamente, la tasa de paro ha descendido por primera vez durante la crisis, del 20,09% al 19,79%.

Vallés ha explicado que el Ejecutivo poco ha tenido que ver en esa contratación porque «el 80% la han realizado las comunidades autónomas y los ayuntamientos y ha estado ligada a actividades sanitarias y sociales». De hecho, las comunidades han registrado 34.400 asalariados más en el último trimestre, hasta 1,768 millones. También las administraciones locales acumulan parte del aumento, 30.200, hasta 672.000. La Administración Central registró 5.000 empleados más, hasta 534.700.

El director de la Oficina Económica del Gobierno también ha hablado de las previsiones de crecimiento para el tercer trimestre. Según Vallés, » va a haber una recaída en el crecimiento, pero no una caída intertrimestral de la actividad». La «recaída» del consumo en el tercer trimestre ha sido compensada por la mejor evolución del sector exterior, lo que ha impedido la bajada intertrimestral del PIB, ha explicado.

No obstante, señaló que el crecimiento de las exportaciones a una tasa del 14% en julio y agosto, así como el aumento de los turistas extranjeros en más de 900.000 personas, contrarrestó la menor actividad por el lado de la demanda interna, sobre todo del consumo de los hogares, que fue «menor al del segundo trimestre».

El stock de vivienda está disminuyendo En cuanto al mercado inmobiliario, Vallés ha constatado que desde el verano son más las viviendas que se venden que las que se iniciana y ha asegurado que «estamos tocando mínimos y que en 2011 habrá mejoría en el sector». Eso sí, ha admitido que «la velocidad de salida del stock va a depender de los precios» y ha reconocido que puede haber «recorrido para caer más». Estas palabras concuerdan con el cambio de discurso que se ha imprimido en el Ejecutivo desde que Vivienda ha pasado a formar parte de Fomento. José Blanco ha cogido las responsabilidades de Beatriz Corredor y ha cambiado el mensaje. Si Corredor hablaba de estabilidad en el sector, Blanco ha pasado a reconocer que todavía habrá un ajuste en los precios.

Vallés reconoció que la recuperación económica será lenta tanto en actividad como en creación de empleo, lo que sólo permitirá una reducción «leve» de la tasa de paro en 2011.

El crédito se servirá con cuentagotas

Si tal vez espera que cuando los indicadores confirmen que la economía ha dejado atrás el suelo volverán a darse más créditos, mucho nos tememos que esté equivocado. Las previsiones de las entidades españolas y de varios organismos internacionales apuntan a que los préstamos al sector privado se mantendrán, en el mejor de los casos, congelados.

El Banco de España considera que seguirá a la baja en los próximos meses. La misma opinión la comparten distintas casas de análisis. Nomura ha señalado que la financiación a empresas y familias podría reducirse entorno al 10 por ciento en los próximos cinco años.

Por ahora, tanto la demanda, las necesidades de crédito, como la oferta, lo que están dispuestos a conceder las entidades, ha bajado considerablemente por los efectos de la crisis. Pero la cuestión es saber si cuando se inicie la recuperación y con ella aumenten las peticiones de préstamos, el sector financiero será capaz de atender al nuevo volumen de financiación que se le reclama.

Los indicios son pesimistas, ¿por qué? Por diferentes factores que convergen en el mismo punto: bancos y cajas gestionarán unos recursos cada vez más escasos, lo que les llevará a restringir la concesión de nuevos préstamos.

Crecimiento pobre
Uno de estos motivos son las previsiones macroeconómicas sobre España. La mayoría de los servicios de estudio sólo esperan que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca de forma muy modesta durante los próximos tres o cuatro años. Un porcentaje tan pequeño que no será suficiente para la creación de empleo.

El BCE ha observado que, aparte de que los nuevos créditos siguen deprimidos, se han endurecido los criterios de concesión. La institución admite que las medidas oficiales para garantizar la liquidez poco han influido en la banca, que se ha guiado más en las perspectivas económicas y en la situación concreta de las empresas.

Las previsiones sobre España deshacen las esperanzas de que la morosidad emprenda el camino de bajada, lo que anticipa que los bancos y las cajas de ahorros seguirán siendo muy cautelosos al establecer las condiciones de concesión de nuevos créditos.

Además, las provisiones, unos colchones de fondos que se deben apartar para hacer frente a posibles impagos, son ahora mayores tras las nuevas condiciones impuestas recientemente por el Banco de España. Desde este mes, las entidades, una vez que transcurra un año desde el inicio de los impagos de un préstamo, deberán reservar el 100% de su importe. Además, si antes tenían que establecer una provisión del 20% sobre el valor del inmueble adjudicado a cambio de deuda, ahora ese porcentaje sube hasta el 30%.

Menos fondos libres significa menos recursos para destinar a dar créditos, por lo que la circular del supervisor, cuyo impacto exacto en las cuentas está aún por ver, también empuja en la dirección de la restricción del crédito.

Relacionado con esto está la tenencia de inmuebles que han acabado en la cartera de las entidades financieras, a cambio de la deuda que muchos de sus clientes han sido incapaces de devolver. Bancos y cajas tienen prisa por deshacerse de esos activos, ya que les resulta más caro por consumo de recursos, pero al hacerlo, con descuentos que a veces llegan al 50 por ciento, se pueden ver forzados a reconocer pérdidas, lo que al final también incide en los fondos disponibles para créditos.

Estas operaciones, eso sí, generan hipotecas para los compradores de pisos, pero en nada ayudan, más bien todo lo contrario, a reestablecer el grifo del crédito a empresas, el sector privado más afectado por la sequía.

Pero aún hay más. El Banco Central Europeo (BCE) es consciente de que las medidas extraordinarias establecidas para contribuir a la normalización del sector, han provocado que las entidades acumulen un exceso de liquidez, por lo que ha insistido en varias ocasiones que se debe proceder a su retirada.

Adiós a la barra libre
Una de estas medidas son las subastas a corto plazo con un tipo de interés fijo, del 1 por ciento, en las que se atienden todas las peticiones. El exceso, respecto a sus necesidades ordinarias de liquidez se produce por el trading que realizan las entidades. Los bancos y cajas toman prestados fondos del BCE que deberán devolver con un 1 por ciento de interés.

Parte de esos recursos no son destinados a facilitar préstamos, sino a la compra de deuda pública, retribuida con un interés que supera en algunos casos el 4 por ciento. La diferencia entre este interés y el anterior constituye la ganancia del banco y también el recurso para poder ofrecer depósitos muy por encima de los tipos oficiales del euribor.

Esto es, con lo que gana acudiendo al BCE puede plantar cara en la guerra del pasivo y, o bien intentar arrebatar clientes a la competencia o bien defenderse para poder retenerlos. Con la eliminación de la barra libre de liquidez del BCE, los bancos ajustarán sus necesidades de fondos y sufrirán varios efectos.

Por un lado, deberán acudir a los mercados de capital, donde la financiación es más cara y discrimina entre entidades en función de su perfil de riesgo. Tras la publicación de los tests de estrés europeos, y el consiguiente retrato de las entidades españolas, el mercado se abrió, a precios razonables, para los de mayor tamaño, pero las entidades medianas y pequeñas aún tienen dificultades para acceder a la financiación mayorista.

Cuando el BCE ponga fin a las medidas de apoyo a la liquidez, si las condiciones del mercado no cambian de forma sustancial, esas entidades se verán condenadas a pagar tipos muy altos para obtener fondos prestados por otras vías. Y si los recursos se vuelven más caros, los créditos que se conceden también, lo que, de nuevo, marca una oscura perspectiva para que los préstamos lleguen a la sociedad en la cuantía demandada.

Otro cambio que incidirá en el sector es el regulatorio. Los acuerdos sobre Basilea III, que serán ratificados por el G-20 en noviembre, obligarán a las entidades a elevar sus ratios de solvencia y a cambiar la composición de los mismos. Aunque ha establecido un extenso calendario de adaptación, las entidades tienen una amplia tarea por delante, como por ejemplo, renovar todas sus emisiones de participaciones preferentes, cuyas características actuales han sido desechadas como componente de los ratios de capital.

Además, el cambio de cómputo, las mayores exigencias en varias partidas y, el efecto global de elevación de los ratios llevará, durante los próximos diez años, a que las entidades tengan que hacer un acopio de capital extra de más de 40.000 millones de euros, según las primeras estimaciones, lo que limita la capacidad de elevar su activo, es decir, sus créditos.

Las ayudas públicas
Menos margen de maniobra tendrán las entidades que han recibido ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por dos motivos. El primero es que en los cinco años siguientes deberán devolver la cantidad recibida con intereses anuales crecientes, del 7,75 por ciento el primer año.

El segundo, es que se ven limitadas, en teoría, para realizar campañas comerciales agresivas, lo que reduce su campo de acción, entre otras cosas, para captar pasivo del público, la fuente de financiación interna para disponer de recursos con los que dar préstamos.

Aún hay que considerar el efecto que tendría una subida de tipos. El euribor parece haber tocado suelo, y se espera que a medida que la economía europea se recupere registre subidas. Uno de sus efectos es que, según explica el BCE, se produce una menor disposición de cuentas corrientes y depósitos de baja retribución, en busca de activos más rentables.

«A menos que las entidades puedan compensar la disminución de los depósitos con otras fuentes de financiación induce, en última instancia, a una reducción de los préstamos bancarios», señala la autoridad monetaria.

Esta reducción que anticipan algunos, o congelación, que prevén otros, no tendrá el mismo impacto entre hogares y empresas. Éstas últimas tienen todas las papeletas para sufrir con más intensidad la escasez de crédito. Este punto es el que tanto gobiernos como instituciones consideran más preocupante ya que, si una vez pasado lo peor de la crisis no se satisface el crecimiento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, se corre el peligro de que se trunque la recuperación.

La reforma laboral echa a andar

La reforma laboral ya ha empezado a notarse en el mercado, aunque de forma dispar. Según los expertos consultados, mientras que las grandes empresas, por el momento, sólo se interesan por las posibilidades que abre la nueva legislación, las más pequeñas ya han comenzado a utilizarla en la dirección que era previsible: la de ampliar las justificaciones de los despidos objetivos.

En UGT Catalunya estiman que este septiembre algunas empresas se decantaron más por los despidos que por los expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales a causa de la entrada en vigor de la reforma laboral. El número de trabajadores afectados por los ERE presentados ante el Departament de Treball se redujo en septiembre cerca de un 80% respecto al 2009 pero creció el porcentaje respecto del total de perjudicados por despidos.

Así pues, de los afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en septiembre, un 34,5% eran de extinción, mientras que en el mismo mes del año pasado los afectados por extinciones eran sólo el 13,2% (véase gráfico). Son las cifras correspondientes al mes de septiembre, el primer mes hábil (descontando agosto) desde que la reforma está en vigor.

Lo único que demuestran los números es que se ha producido una reducción drástica del número de peticiones de ERE, si bien el descenso es mucho más acusado en los de suspensión que en los de rescisión. Lo cierto es que muchas de esas peticiones de ajuste son rechazadas por la autoridad laboral o retiradas por la propia empresa. Algunos expertos creen que ese incremento de la proporción de despidos se puede deber al agotamiento del uso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) temporales. Otros afirman que las variaciones mensuales pueden ser irrelevantes.

Camil Ros, secretario de política sindical de UGT Catalunya, afirma que esa mayor incidencia de los ERE de extinción se debe a la entrada en vigor de la reforma laboral. «Ahora las causas exigidas para aprobar un ERE son más amplias», dice Ros. El sindicalista cree que hay muchas empresas que antes presentaban ERE temporal porque no podían despedir y en cambio ahora al aceptarse como causa una previsión de pérdidas de ingresos optan por las rescisiones. «La clave es la ampliación de las causas y la consecuencia del abaratamiento del despido», subraya Ros. Ahora es algo más sencillo que un juez acepte un despido por causas objetivas, con lo que la indemnización será de 20 días por año trabajado frente a los 45 días de los despidos improcedentes.

No obstante, también puede haber una explicación más sencilla al mayor peso de los expedientes de rescisión respecto a los de suspensión, que es el agotamiento de este sistema. Salvador del Rey, abogado y socio de Cuatrecasas, recuerda que no hay un límite a su uso más allá del agotamiento de la prestación por desempleo, que según la legislación es de dos años. Y la crisis actual dura ya más de dos años.

En opinión de Salvador del Rey, «es muy difícil hacer hipótesis pero podemos afirmar que no hemos notado efecto alguno de la puesta en marcha de la reforma. La sensación que tengo es que las empresas están todavía a la expectativa y sólo preguntan».

Álex Valls, socio de Baker & McKenzie, sostiene que «muchas empresas multinacionales se han interesado por los cambios que introduce la reforma».

El socio de Baker & McKenzie añade que «quizá las empresas pequeñas sí que estén aprovechando en mayor medida las posibilidades que abre la reforma».

Cómo cuadrar las cuentas de casa y no morir en el intento

De donde no hay no se puede sacar pero quizá con un cierto orden en las cuentas de casa y poniendo negro sobre blanco se pueda llegar mejor a fin de mes. Eso es, al menos, lo que cree Belén Monzón, titular del taller anticrisis «Sin lugar a deudas», puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, para ayudar a las familias en su economía doméstica, que no es poco, en medio de la actual crisis económica, con una tasa de paro rozando el 20% de la población activa, unos ingresos menguantes y unos gastos crecientes para la mayoría de los hogares.

Por eso, María José (nombre ficticio como el asignado a cada uno de los asistentes al taller anticrisis) ha llegado con tiempo para tomar asiento. «Vengo para poder llegar a fin de mes. Dispongo de 470 euros y soy madre soltera». Dolores es funcionaria de nivel bajo y divorciada. «¡ Qué más quisiera yo que mi ex me pasara una asignación y poder declararlo en el IRPF !». Aurora se ha separado hace sólo unos meses y necesita organizarse porque tiene un sueldo bajo. También está Paloma, en primera fila, casada, con un niño pequeño y su marido en el paro desde hace dos años. «La posibilidad de ahorrar sería un milagro, con llegar a fin de mes ya es suficiente».

Así una tras otra. Un total de 17 mujeres y entre todas ellas un hombre -«¡ a mí es que casi me han obligado a venir ¡»-. Son ellas, las que están al frente de los gastos de la casa, explica Belén Monzón. Saben lo que entra y lo que sale. «Las mujeres parecen estar más organizadas o necesitan estarlo» y por eso son mayoría las que acuden al taller en busca de respuestas. Rosa alza la voz de forma espontánea: «Es mi marido el que despilfarra y es él el que debería estar aquí. Yo, no».
Mercedes sobre todo quiere ahorrar. «Me han bajado un 5% el sueldo y no llego a final de mes». Carmen, también es del grupo que ha visto reducido un 5% sus ingresos, está divorciada y tiene dos niñas. «Yo soy un poco desastre y seguro que de aquí alguna idea clave me llevo». En cambio, Pilar lo tiene comprobado. «Por más números que haces nunca te cuadran y no se puede estirar más».

La profesora especialista en Economía familiar recomienda algo tan simple como elaborar un presupuesto familiar con carácter mensual que, «en contra de lo que pueda parecer, no es lo habitual. Da resultados inesperados». Y hacerlo a la vieja usanza con papel, bolígrafo y calculadora en mano o en una hoja de Excel y afrontar esta nueva tarea de una forma «realista y honesta» igual que cuando se quiere abordar un plan de adelgazamiento o de dejar de fumar o de aprender inglés. Y en los gastos, incluir sin falta los de «todo a un euro». Contabilizarlos todos por pequeños que sean.

Volver a la hucha
Eso es importante dice Isabel. «Mi marido cada vez que echa monedas de euro en las maquinistas tragaperras yo lo traduzco automáticamente en botes de leche para mi hijo». Un euro, más otro euro, más otro y otro llegan a dar cantidades sustanciosas. «En casa nos vamos de vacaciones con las monedillas que vamos metiendo en una hucha a lo largo del año. Os lo recomiendo, ¡ da una legría romper la hucha !». Otra asistente confiesa que la devolución de Hacienda por el IRPF son sus vacaciones.

«¿Qué significa presupuesto?», lanza Monzón. Todos saben lo que es pero ni la mitad de los asistentes lo elabora. Primero vendría la enumeración de los ingresos familiares. La más fácil de hacer. Después la de los gastos, la problemática. «Lo ideal es elaborar presupuestos mensuales y realizar un seguimiento continuo semanal», explica Belén Monzón, sabedora de que se ha enfrentado a peticiones de ¡ socorro qué hacer ! como los de una familia inmigrante de Palma de Mallorca de cuatro miembros con unos ingresos de 500 euros mensuales y «aquí poco se puede hacer ya». Cáritas acaba de dar buena fe de ello.

Los gastos deben catalogarse. Están los fijos que son los obligatorios, los que hay que pagar si o sí, y dependemos de ellos. Dentro de los fijos están los corrientes como la comida, ropa, luz, etc. De éstos no se puede prescindir pero sí reducir. «Se trata de comer panga en lugar de merluza», dice Isabel. Y los ocasionales, donde meteríamos ocio, salidas, bodas, tasa de basuras, IBI, seguros, comisiones de los bancos, etc. y, por último, los imprevistos, como averías varias, entre ellas las del coche, derramas de la comunidad, gastos de salud -«no hay mes que no me libre de un dentista o un logopeda», dice Pilar.

Mensualizar todos los gastos
Para abordar las cuentas caseras, Belén Monzón, pide «ser realista y honesto» porque si no será papel mojado. Lo más importante es «mensualizar» todos los gastos que hay que pagar en un momento determinado del año e ingresarlos cada mes en una cuenta aparte y «a la larga se agradece y cuando llegue la extra es toda para ti. No duele tanto».

Los gastos por comisiones de los bancos, intereses de créditos y préstamos son una partida nada desdeñable. Las tarjetas de crédito si es posible usarlas en caso de urgencia porque sus tipos de interés son muy elevados y las del cajero acudir a la red que no te cobra comisiones. Analizar muy bien las compras a plazos porque son muy atractivas a corto plazo pero muy caras a largo. Fijarse siempre a la hora de pedir un crédito personal en el TAE (Tasa Anual Equivalente) que es el que refleja el tipo real que vamos a pagar ya que incluye las comisiones.

Belén Mozón proyecta un presupuesto familiar en el que una pareja con ingresos conjuntos de 2.200 euros, llegan a final de mes con 11 euros libres. Se han endeudado por encima del 35% de sus ingreos, lo que no les permite ahorrar y llegan justitos. La hipoteca, el crédito personal y el crédito del coche, los tiene pillados. «Este perfil se está dando mucho entre treintañeros muy consumistas que con la crisis han visto reducidos sus ingresos mientras los gastos son los mismos». En este ejemplo habrá que reducir todo lo que se pueda los otros gastos para pagar cuanto antes deudas.

Una situación, la de esta pareja, que muchos de los asistentes al taller quisieran tener. «Yo estoy con un banco que me permite estar a menos mil todos los meses y sacar dinero del cajero porque me da anticipos. Es la única manera con la que yo he podido mantener mi casa y salvado de estar embargada y en la calle». En situación de déficit siempre hay que estudiar muy bien la posibilidad de refinanciar o renegociar deudas. Y antes de acudir al banco, mejor pedir dinero a la familia o a los amigos o incluso a la empresa para que te adelante nóminas.

El taller «anticrisis», gratuito, ha terminado al cabo de dos horas. Si los asistentes logran mejorar su economía doméstica no lo sabremos, de momento, lo que sí es que hablar en voz alta, contar tus miedos y preocupaciones y mirar al de al lado, siempre ayuda.

Detectives británicos utilizan Facebook y Twitter en su entrenamiento para atrapar delincuentes

Los detectives británicos recibirán entrenamiento acerca de cómo utilizar los sitios de redes sociales Facebook y Twitter para poder atrapar a asesinos y delincuentes peligrosos.

La Agencia de Mejoramiento de la Policía Nacional (NPIA, en sus siglas en inglés) quedó a cargo del entrenamiento de los detectives y agentes para el uso de las páginas web.

Los expertos sostienen que muchos criminales y delincuentes del país suelen utilizar los sitios Facebook y Twitter para contactar a sus víctimas.

Ese fue el caso del joven británico Marvin Henry, de 17 años, asesinado en el norte de Londres tras haber sido contactado por su asesino en Facebook.

Los funcionarios temen quedarse sin el privilegio de tener seguro privado

Muface, la mutualidad que presta asistencia sanitaria privada a los funcionarios civiles del Estado, podría estar en vías de extinción si se mantiene el modelo actual, sometido a incertidumbres económicas y de gestión y elevadas cifras de fraude. Apenas ha cambiado en 35 años y últimamente han renacido las preocupaciones por los vaivenes a causa de la salida de varias aseguradoras del concierto y la progresiva merma de fondos de la Administración para financiarlo.

Todos lo cuestionan: ni salen las cuentas ni convence a muchas compañías, algunas de las cuales ya decidieron no renovar el convenio de colaboración con la Administración. Hay compañías que defienden este modelo asistencial de gestión público-privada porque genera ahorro al sistema, pero otros expertos cifran entre 60 y 70 millones de euros el sobrecoste anual que genera a las arcas públicas, entre otros aspectos, por las elevadas cifras de fraude, que ronda el 40%, y el retorno de pacientes de cobertura privada a la Seguridad Social. Pese a las crecientes voces críticas, el servicio se seguirá prestando, al menos de momento, asegura el Gobierno. Lo que no se sabe con certeza es hasta cuándo.

El Modelo Muface es un sistema de prestación pública ejecutado por proveedores privados, con la libertad de elección de entidad y facultativo por parte de los beneficiarios. Cada año los mutualistas pueden cambiar de compañía, entre las que suscriben el concierto, que se renueva cada tres años, o bien decidir su cobertura a través del proveedor del sistema público.

Así, alrededor de 1,2 millones de funcionarios civiles del Estado y sus familiares pueden elegir entre la red sanitaria pública y la privada. El 85% de ellos eligen Muface de cabeza, dado que además de estar asistidos por la red privada, tienen otros beneficios como la cobertura en endodoncia y óptica o audífonos, que no cubre la Seguridad Social, además de prestaciones de pensiones en los supuestos de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, enfermedad o pérdida temporal de trabajo, entre otros.

Pese a todo, el colectivo de funcionarios, en general, se muestra satisfecho con el servicio, aunque también está inmerso en un mar de dudas respecto a su continuidad en un futuro próximo (algunos no le otorgan vida más allá de dos años). De hecho, los continuos cambios de mutualidad han llevado a miles de empleados públicos a decidirse por el cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El envejecimiento de los funcionarios, problema acuciante
La creación de este régimen de protección se recoge en la Ley 29/1975, de 27 de junio y la Ley que la regula, y contenida actualmente en el Real Decreto 4/2000 de 23 de junio, complementada por la legislación de Clases Pasivas del Estado y sus mecanismos de cobertura son el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen de Mutualismo Administrativo.

Muface proporciona asistencia sanitaria a cargo de las arcas del Estado a través de Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico, después de que el año pasado Caser, Mapfre y Nueva Equitativa decidieran no renovarlo, lo que provocó una profunda crisis -previamente, las aseguradoras Groupama, Aegón y Sanitas también habían emprendido la huida-.

El 92,87% de la financiación de este régimen de protección social procede de las cotizaciones sociales de los sueldos públicos de los mutualistas -que en el caso de un funcionario del grupo A1 ronda los 50 euros mensuales-. El resto lo paga el Estado, aunque cada vez menos: desde 2008, la aportación estatal se ha reducido en más de 10 puntos, pasando del 76% al 62,5%. Además, Muface no sólo presta atención sanitaria y farmacéutica, ya que 207 millones de euros se dedican a prestaciones no sanitarias como la cobertura de la incapacidad temporal y atención a personas mayores, por lo que es fácil imaginar la imparable carga para el Estado dado el progresivo envejecimiento de la población, y especialmente, del funcionariado.

Precisamente, las enmiendas conjuntas presentadas por la oposición esta semana a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno para 2011, recogen la situación de las pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de Muface después del 31 de diciembre de 2004. Cuando se aprueben las cuentas públicas, las pensiones de clases pasivas sufrirán un recorte del 20% entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.

Las aseguradoras concertadas también alegan costes disparados por el envejecimiento, a lo que se suma el retraso en la devolución de los pagos por parte de la Administración, algo que se ha acentuado durante la crisis, por lo que presionan al Gobierno para que establezca un compromiso del Estado que denote “más apoyo para el mutualismo” con el fin de no “incurrir en pérdidas”; es decir, un nuevo convenio que les permita cobrar más por cada asegurado mediante un aumento de la tarifa de las primas del 20%, aunque de momento, la Administración sólo ha accedido a aumentarlas en poco más de un 2%.

Según consta en el propio texto del concierto de la mutualidad para 2010 y 2011, debido a que la composición de la pirámide de edad de la población protegida por Muface “ha experimentado variaciones importantes” durante la vigencia del Concierto se reasignó el importe de la distribución de las primas, quedando en una prima mensual ponderada de 58,84 euros.

Alarma generalizada tras la marcha de Mapfre y Caser
La marcha el año pasado de las aseguradoras Mapfre y Caser produjo la alarma generalizada entre los funcionarios, los cuales están siendo notificados cada vez más con más frecuencia de la supresión o limitación de prestaciones y servicios por parte de las compañías privadas-. El año pasado, en total cambiaron de adscripción 167.233 titulares, un 17,5% del total. De ellos, 139.325 lo hicieron de forma obligada, con lo que Adeslas ganó 60.913 mutualistas; DKV, 41.334; Asisa, 33.305 e Igualatorio de Cantabria, 114, mientras que 3.654 mutualistas optaron por cambiarse al INSS.

La renuncia de las tres aseguradoras a renovar el concierto también afectó a 2.000 facultativos, según la Organización Médica Colegial (OMC): “El recorte de los cuadros médicos, la cancelación de convenios con hospitales y la aparición de listas de espera son otras de las consecuencias”, señalaban en un comunicado. El Consejo General de Colegios Médicos asegura que la desaparición de Muface supondría “un incremento del gasto sanitario y una carga para el sistema público muy difícil de asumir”.

Cada dos por tres, en la picota
La última vez que este sistema de prestación sanitaria salió a la palestra a comienzos de mes en un documento que Gaspar Llamazares llevó al debate de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el Pacto por la Sanidad. La propuesta del diputado de Izquierda Unida contemplaba la desaparición de Muface, Mugeju e Isfas, respectivos equivalentes para los jueces y Fuerzas Armadas, siguiendo el ejemplo de la supresión en 1993 de la antigua mutua de los funcionarios locales de ayuntamientos y diputaciones (Munpal), que asumió la Seguridad Social. Era la principal propuesta de este partido político para aumentar la financiación sanitaria junto con otras medidas como el copago de medicamentos o el aumento impositivo al tabaco y al alcohol, pero finalmente, la iniciativa no salió adelante.

El Gobierno, por ahora, es tajante: «Muface no desaparecerá», asegura un portavoz del Ministerio de Sanidad a Expansión.com. No obstante, hay detractores del modelo en los otros departamentos implicados (Trabajo y Seguridad Social junto con Presidencia, del que dependían hasta la semana pasada las competencias de Función Pública y que ahora están en manos de Manuel Chaves).

Los funcionarios consultados por este periódico también dudan de su continuidad. “Hay rumores, aunque no son nuevos, de que este Gobierno lo tiene en su plan de futuro de la Sanidad Pública, pues quiere que desaparezca. En todo caso, su desaparición no sería bien acogida por los funcionarios. La prueba está en que, teniendo la posibilidad de cambiarse a la Seguridad Social, son muy pocos los que se lo han hecho. Eso sí, cada vez son menos las empresas sanitarias que suscriben contratos con Muface, alegando una escasa retribución”, señalan fuentes de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias.

Más de dos millones beneficiarios
La desaparición o bien una reestructuración de la mutua se especula desde hace tiempo incluso entre los propios militantes del PSOE, según señalaba recientemente el diario La Razón. Este rotativo asegura que entre los socialistas hay partidarios de eliminarla o al menos excluir de este régimen a los empleados públicos que se incorporen a la Administración a partir de una determinada fecha.

Esta situación conllevaría que sus usuarios pasaran a ser atendidos por los servicios públicos de salud, junto con sus familiares y beneficiarios, que elevarían la cifra de prestatarios a más de dos millones, según cifras del sindicato de funcionarios de prisiones, Acaip. “La desaparición de las mutualidades implicaría un coste añadido para el Sistema Nacional de Salud, que prácticamente duplica el coste por paciente, además de la necesidad de contar con más recursos materiales y humanos para atender a toda una parte de la población que ahora no consume recursos y que, en consecuencia, evita saturar más una red sanitaria ya suficientemente saturada, con grandes listas de espera para acceder tanto a las consultas de especialistas como a las intervenciones quirúrgicas y pruebas exploratorias”, argumenta el Sindicato de Administraciones Públicas (SAP).

“También implica un incremento sustancial de gasto farmacéutico, dado que este colectivo paga el 30% del precio de los fármacos durante toda su vida, frente al 40% que sufraga un ciudadano en activo del Sistema Nacional de Salud y la gratuidad de la que disfruta un pensionista del sistema general, con 187,2 euros por persona frente a los 260,5 euros del sistema público”.

Los sindicatos de Función Pública UGT, CCOO y la central independiente CSI-CSIF también se ha posicionado a favor de la continuidad del modelo y les preocupa que Muface pudiera someterse a discusión durante la próxima negociación de la reforma de las pensiones, tal como recomienda el Pacto de Toledo, o a través de las mencionadas enmiendas a los PGE, “por lo que quedaría en situación de colectivo cerrado y abocado a su extinción», señala UGT. Por ello, piden al Ejecutivo que concrete “un texto confuso”. Según las corporaciones sindicales, la salida de los funcionarios del sector privado repercutiría, además, en mayores cifras de paro entre el personal que trabaja en esta red sanitaria, (unas 300.000 personas).

Los motivos de las compañías para irse o quedarse
Caser, una de las dos aseguradoras que no acudió a la convocatoria del concierto de Muface para este año y el próximo, alega que no lo hizo porque “inició la reorientación estratégica del ramo de salud” y una “deficitaria perspectiva de financiación”, se limitan a explicar fuentes de la compañía a Expansión.com. La decisión no a afectó a Mugeju, mutualidad con la que sí renovó el concierto. Por su parte, Mapfre ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Una de las compañías que, en cambio, decidió quedarse, es DKV, aunque reconoce que fue una decisión “difícil”. En sus cuentas de 2009, la compañía logró un volumen de primas de 538 millones de euros, un 23% más que el año anterior. aunque no alcanzó previsiones, que estaban en 579 millones.

Su consejero delegado, Josep Santacreu, afirma que DVK “cree firmemente en el modelo de colaboración público-privada, porque garantiza el acceso a la asistencia sanitaria y la libertad de elección y ayuda a descongestionar el Sistema Nacional de Salud. De hecho, el Congreso de los Diputados ha rechazado la desaparición de Muface, decisión que celebramos, porque si se llevara a cabo, no sólo tendría un impacto importante en el gasto público y en la calidad de la prestación en los servicios públicos, sino que además generaría una perdida muy importante de empleos en el sector de clínicas, hospitales y centros privados”.

Sin embargo, Santacreu reconoce que “no podemos obviar que el sistema necesita cambios; en concreto, una mayor financiación». Según estudios de ICEA (Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión), citados por este ejecutivo, los gastos en prestaciones superaron ya el 100% de la prima y la siniestralidad, el 102%. «Sin embargo, las alertas se habían iniciado mucho antes. Hace siete años PriceWaterhouse reflejó en un informe que ya en aquel entonces existía una infrafinanciación de las prestaciones asistenciales en torno a un 35% para las entidades privadas», detalla.

DKV presta asistencia médica a más de 180.000 beneficiarios de Muface y Mugecu. «En este momento, la prima que recibimos las aseguradoras privadas es muy inferior a la necesaria para cubrir este gasto. “Es un sistema de gran satisfacción y muy eficiente para los asegurados, más barato que el sistema público tradicional, pero se le está dejando morir por falta de financiación. La eficiencia tiene un límite y la actual se aproxima a un 50% menos que el equivalente en el sistema público convencional”, afirma Santacreu.

Sobrecoste y fraude
Sin embargo, Manuel Martín, secretario general de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), asegura que dado que en España la asistencia sanitaria es universal y gratuita, “la contribución del Estado ha ido incrementándose hasta alcanzar en estos momentos una cuantía equivalente al gasto sanitario, lo que permite decir que, en cuanto a financiación de la sanidad, sí existe equidad entre el Sistema Nacional de Salud y Muface”.

Este médico explica que Muface, Isfas y Mugecu están financiadas en un 70% por dinero público y asignan el 90% de sus servicios asistenciales a las compañías aseguradoras privadas. “El 60,7% del negocio sanitario privado vive subvencionado por el sector público, lo que ocasiona un sobrecoste de entre 60 y 70 millones de euros”, asegura: ganan las empresas privadas, ganan los funcionarios en privilegios -y los sindicatos que los defienden- y el único que pierde es el erario público.

Muface es, en realidad, un modelo transitorio -que paradójicamente ya ha cumplido 35 años- para dar cobertura sanitaria a funcionarios, Fuerzas Armadas y Justicia y docentes que antes estaban cubiertos por las entidades de previsión social de cada cuerpo o unidad administrativa. «El mutualismo es una situación anacrónica que intentó corregir la Ley General de Sanidad el 15 de julio de 1997, pero al final no se llevó a cabo… el problema es que ahora entre un 30 y un 40% de mutualistas tienen doble cobertura público-privada -acuden indistintamente al seguro privado o a la Seguridad Social-, lo que genera un sobrecoste de 60-70 millones de euros al año”, denuncia Martín.

De hecho, Muface inició en mayo de 2005 un plan de «depuración» en sus bases de datos para luchar contra el fraude y eliminar las posibles «duplicidades» existentes entre sus registros y los de la Seguridad Social que causó la baja voluntaria de más de 12.000 mutualistas. Un informe publicado en el diario El País, constató por entonces que el uso de los servicios de Muface por parte de más de 100.000 titulares «indebidamente afiliados» costó al sistema cerca de 59 millones de euros extra en 2003, algo que había detectado y denunciado el Tribunal de Cuentas.

“Un trabajador tiene acceso a esta doble cobertura y la empresa aseguradora, por su parte, desvía hacia a la seguridad social los casos más costosos, ya que el SNS tiene más recursos para abordar las enfermedades más complicadas”, añade este facultativo. «Recordemos, también que la cobertura privada de Muface se concentra en comunidades autónomas: Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña. Estas cuatro autonomías abarcan el 60% del total del país, mientras que en el resto de las autonomías a la empresa privada no le interesa este dispositivo por los altos costes que genera cubrir el territorio, sobre todo en las zonas rurales. Como resultado, los médicos tienen que atender a estos pacientes, ya que están obligados a ello, a pesar de que esto no se traduce en facturación sanitaria, lo que genera, además de desigualdad, fraude».

Intereses y privilegiosA esto se añade que muchos médicos trabajan al mismo tiempo en lo público y lo privado, añade Martín, y pueden hacer mal uso del servicio, desviando pacientes según interese. «Los controles son escasos, y la adjudicación a las mutuas no se hace por concurso público, sin criterios de competencia. Cuando la Administración ha intentado fijar un presupuesto para Muface, las empresas asignadas protestan de que para ellos no es sostenible; sin embargo, sólo el 10% del negocio de estas aseguradoras se desarrolla en el ámbito estrictamente privado: por tanto el sistema público está financiando a estas empresas y los contribuyentes estamos sosteniendo en negocio privado. Ahora, que como consecuencia de la contención del déficit público, todo se está ajustando, debería aprovecharse para poner de en marcha medidas racionalizadoras, pero sobre todo, se debería cumplir la ley, que ya va siendo hora”.

Martín es partidario de que haya un proceso de modernización, algo que defiende FADSP: que la financiación sanitaria se cubra a través de impuestos y no de los salarios públicos. Para este médico, muchos funcionarios -y sindicatos que los representan- quieren mantener sus privilegios por el hecho de serlo y al mismo tiempo defienden lo público en voz alta. “Hay una puja para mantener los privilegios y no olvidemos que los mismos que toman las decisiones sobre Muface disponen de esta cobertura que les beneficia, mientras que a las empresas les es más cómodo como lo tienen ahora… si fuera tan ruinoso como dicen, no se sostendrían”. En definitiva, el modelo Muface beneficia tanto al usuario como la empresa, pero pierden las arcas públicas.

Todo lo que debe saber sobre la cuenta vivienda

La cuenta ahorro vivienda está a punto de desaparecer para todos aquellos que ingresen más de 24.107,2 euros al año. Pero, al contrario que en el caso de la deducción por vivienda habitual, los derechos adquiridos no se prorrogarán en el futuro.

Los poseedores de una de estas cuentas no podrán disfrutar de la desgravación si compran un piso a partir del 1 de enero de 2011. Eso sí, no tendrán que devolver las cantidades deducidas hasta ahora. Los últimos cambios normativos son algo opacos en cuanto a esta figura financiera, y han dejado un reguero de dudas en los contribuyentes.

¿Qué es la cuenta vivienda?
Es una figura financiera de ahorro e impulso para quienes que planean comprar una vivienda o rehabilitarla a medio plazo. Su modelo de desgravación es similar al de la compra de la primera vivienda habitual. Durante cuatro años –prorrogables a seis hasta el 31 de diciembre de 2010–, quien dispone de una cuenta de este tipo puede desgravarse en el IRPF un 15% de las cantidades ingresadas.

El tope de esa base imponible es 9.015 euros, así que el máximo que reembolsa Hacienda es 1.352 euros. Si expira el plazo de cuatro años y no se compra una vivienda, se deberán devolver las deducciones disfrutadas.

¿Se elimina?
En puridad, no. La cuenta ahorro vivienda se mantiene, pero sólo para aquellos contribuyentes que ingresan menos de 24.107,2 euros al año. Al no llegar a tiempo la Ley de Economía Sostenible, esta modificación fiscal se introducirá en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El cambio afectaría a más de un tercio de los contribuyentes (38,4%), según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Mucho ojo, que quien cobre 23.000 euros apenas se va a desgravar algunos euros, porque la eliminación será escalonada para los que tienen unos ingresos de entre 17.707 (100% de deducción) y 24.107 (0%). Pero, claro, ¿quién se atrevería a lanzarse hoy en día a la compra de un piso cobrando 16.500 euros, por ejemplo? Con los tipos en la rampa de subida, pocos.

¿Y qué entidad de crédito financiaría esa adquisición? Aún menos. “La cuenta ahorro vivienda tiene un sentido de favorecer a los que más problemas económicos tienen, así que resultan paradójico estos topes”, señala Ana Martínez, asociada senior del bufete Cuatrecasas.

¿Y si ya tengo una cuenta vivienda pero no pensaba comprar aún?
Tiene usted un dilema o, directamente, un problema. Eche cuentas, porque quizás le merezca más la pena comprar ahora. Los ciudadanos que ya se desgravan la compra del piso seguirán manteniendo este privilegio fiscal, gracias a un régimen transitorio, pero no así los que propietarios de cuentas vivienda.

“Es la única modalidad de deducciones que queda fuera de ese régimen transitorio. No tiene mucho sentido, cuando la cuenta está destinada a clases bajas”, asegura José Luis Fernández-Picazo, senior manager del área fiscal de tributación directa de KPMG Abogados

¿Si pospongo la compra, perderé las cantidades deducidas hasta ahora?
Si usted no adquiere el inmueble antes del 1 de enero de 2011 no perderá las desgravaciones disfrutadas hasta ahora –siempre que las destine exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual–, pero no podrá deducirse en el IRPF el 15% por la compra posterior. Es decir, si no adquiere la vivienda, diría adiós a un tope de 1.352 euros al año.

¿Cuánto dinero puedo perder si no compro la casa antes de 2011?
En un piso con un préstamo hipotecario de 150.000 euros a pagar en 25 años, con un tipo de interés del 2,7% –son los datos medios oficiales del Banco de España–, usted paga una cuota hipotecaria de 688,13 euros al mes. Es decir, 8.256 euros como mínimo (si no amortiza nada más) al año.

La deducción que perdería usted si no compra la casa en los 62 días que quedan de 2010 es de 1.238,4 euros al año. O sea, 30.960 euros en los 25 años de vida de la hipoteca. Esta cifra podría aumentar hasta en 3.715 euros si usted ha abierto la cuenta vivienda este año, ya que perderá las deducciones que le iban a corresponder en los próximos tres ejercicios. La sangría alcanzaría entonces los 34.675 euros.

Pero hay más: si su hipoteca es de 150.000 euros (el 80% del valor del inmueble), el piso lo normal es que valga 187.500 euros, por lo que la pérdida por no ejecutar ya la cuenta vivienda equivaldría nada menos que entre el 16,5% y el 18,5% del valor de la casa. Una rebaja apetitosa (siempre para aquellos que ingresan más de 24.107,2 euros). Si cree que va a encontrar más adelante un descuento mayor, espere. Si no, compre.

¿Qué pasa si aún no he comprado pero ya he adelantado cantidades al promotor?
Los abogados de KPMG y Cuatrecasas son claros: usted tendría derecho a toda la deducción. El régimen transitorio de las desgravaciones que incluye la ley de los Presupuestos incluye a quienes hubieran “satisfecho cantidades para su construcción” con anterioridad a 2011. Es decir, si se le ha adelantado algo al promotor, con un contrato privado. “Aunque sea sobre plano”, subraya Fernández-Picazo.

¿Cómo hemos llegado aquí?
La deducción fiscal por la compra de un inmueble nació en 1978. Entonces se estableció un incentivo de deducción por la compra de vivienda habitual que era del 15%, pero el límite de la base imponible sobre la cual aplicar la deducción no era fijo. En 1998, el Gobierno de José María Aznar contribuyó decisivamente a inflar la burbuja inmobiliaria creando los “porcentajes incrementados” de deducción.

Durante los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación, los contribuyentes se desgravaban el 25% de los primeros 4.507 euros, y 15 % en el resto (hasta un máximo de otros 4.507 euros). A partir del tercer año, la porción para el tenedor de la cuenta era del 20% para los primeros 4.507 euros, y el resto al 15%.

Los promotores aprovechaban la gran expectativa de desgravación para adjuntarla a sus precios de venta, así que la deducción dejó de ser un instrumento de abaratamiento del acceso a la vivienda. En 2006, Zapatero quitó los porcentajes incrementados –compensando a los afectados–, pero desaprovechó la oportunidad de eliminar la deducción del 15%.

Ahora el Gobierno ha querido matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, reactivar el mercado inmobiliario durante unos meses. Por otro, evitar futuras burbujas inmobiliarias.

La reestructuración financiera destruirá hasta 40.000 empleos en los próximos seis meses

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Javier Gómez-Navarro, ha alertado de que la reestructuración del sector financiero español destruirá entre 30.000 y 40.000 empleos en los próximos seis meses.

Durante su intervención en el XIX Congreso de Auditoría, Gómez-Navarro ha afirmado que la integración de las cajas de ahorro «va retardadísima» y que los recortes de empleo que estaban previstos en los planes de reestructuración «van a comenzar ahora».

Gómez-Navarro ha añadido que aún hay sectores de la economía española que «no se han ajustado» y ha destacado que el sector de la construcción «también va a expulsar a trabajadores» en los próximos meses a causa de la caída de la obra pública.

«Desde que empezó la crisis, el sector privado ha hecho un ajuste no completo, pero sí importante, de 2 millones de trabajadores, mientras que el sector público ha crecido en cerca de 250.000 empleos», aseguró.

Crítica a Zapatero
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España ha insistido en su condición de militante socialista. Sin embargo, ha criticado la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero al frente a la crisis económica. «El Gobierno lo ha hecho mal», afirmó y añadió que el Ejecutivo ha sido «inconsciente ante la crisis». En su opinión, pesar de las medidas económicas emprendidas, España «no se está desapalancando, sino que sigue creciendo la deuda».

También criticó que el Gobierno suba los impuestos a las clases medias-altas y no luche contra «el cólera» del fraude fiscal, que supone el 10% de la economía española y afecta a «sectores enteros», sobre todo, a las pymes, donde es «evidente».

Gómez-Navarro ha considerado que España tienen que abordar muchas reformas para recuperar la competitividad y, entre ellas, renovar el sistema fiscal rebajando los 13 puntos que hay de diferencia entre el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Mango abrirá 570 tiendas en 2011

La estrategia de Mango es imparable. La crisis no ha disminuido su ritmo de crecimiento ni de expansión internacional, aventura que iniciaron en 1992. En 2000 estaban presentes en 50 países y el 40% de su facturación correspondía a España, hoy lo están en 105 y el 17% de su facturación procede del mercado nacional.
Su presidente Isak Andic está viendo cumplir su sueño: abrir una tienda al día. Lo contó hoy durante su intervención en la asamblea anual de antiguos de alumnos del IESE, que este año reunió en Barcelona a unos 2.000 asistentes, bajo el lema Transformando modelos (Shifting Paradigms): «Este año cerraremos con más de 400 tiendas abiertas». Para 2011 espera abrir 570 locales. En metros cuadrados, según Andik, suponen 530.000 metros cuadrados de superficie de venta, un 18% más que los 450.000 metros cuadrados actuales.

El actual éxito de Mango se debe, entre otras razones, a que «la crisis nos ha cogido con liquidez, de esta manera hemos podido seguir con el proceso de internacionalización, aprovechando oportunidades favorables», agregó este empresario, que ve en los momentos de dificultad una oportunidad.

Y aseguró que hacer lo deberes es primordial. Mango, dice su presidente, que los ha hecho. «Hemos mejorado la imagen de marca, es ahora mucho mejor que hace cinco o seis años, también hemos mejorado la producción, la calidad y controlamos la distribución», aseguró. Y lo que es más importante: «hemos socializado la moda y hemos hecho marca».