VIVIENDA. Corredor destina 7 millones a renovar o promover más 1.400 viviendas en Extremadura

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández vara, han firmado este lunes un total de 12 convenios con los alcaldes de diferentes localidades de la región, para el desarrollo de más de 1.400 actuaciones de urbanización de suelo y construcción y renovación de viviendas en Extremadura.
Dichos acuerdos se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que beneficiará a cerca de 29.000 familias extremeñas y que contará con una inversión total de 428 millones de euros.
En concreto, durante dicho periodo el Estado aportará 258 millones de euros y el Gobierno autonómico 170. Así lo ha explicado el responsable del Ejecutivo extremeño, quien además ha señalado que dicho volumen supone un incremento del 45% respecto al Plan anterior.
Durante su intervención, Guillermo Fernández Vara ha destacado que, aunque el sector de la construcción no puede volver a ser lo que fue, sí que hay que ponerlo en valor porque es una parte importante de nuestra economía, tanto en mano de obra directa como en lo que representa la industria auxiliar de la construcción, y porque hay gente sin vivienda, a pesar de las numerosas viviendas que permanecen vacías.
Asimismo, el titular del Gobierno regional ha subrayado el importante impulso que da el Plan a la rehabilitación, actividad que tiene que ser un elemento estratégico que en parte sustituya a la construcción de vivienda nueva, ha afirmado.
Por su parte, la ministra de Vivienda ha explicado que los acuerdos alcanzados en Extremadura impulsan la rehabilitación y la renovación que, junto con el alquiler, van a ser el eje de un sector inmobiliario más equilibrado y sostenible.
En este sentido, Beatriz Corredor ha destacado la potente mejora fiscal que la Ley de Economía Sostenible incorpora para el alquiler y la rehabilitación, incluyendo una nueva desgravación para obras de mejora de eficiencia energética, de accesibilidad o de ahorro de agua.
Los doce acuerdos firmados hoy en Mérida afectan a las localidades de Almendralejo, Zurbarán, Gévora, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Medellín, Villanueva de la Serena y Alcuéscar.

El mercado cree más arriesgado invertir en España que en sus multinacionales

La percepción que el inversor tiene sobre España se ha deteriorado a marchas forzadas en los últimos meses. Del tal manera que cubrirse del riesgo de impago del país es más caro que en el caso de las grandes empresas como Santander, BBVA o Telefónica. La diversificación geográfica de las multinacionales y la transmisión del riesgo de lo privado a lo público durante la crisis explican este anómalo fenómeno, que no ocurre en países como Alemania, Francia o Reino Unido.
España cuenta con mejor calificación crediticia que todas las empresas con sede social en el país. Sólo S&P ha rebajado el rating nacional en un escalón desde el máximo posible, la triple A. Santander cuenta con doble A otorgada por la misma, por lo que está un escalón por debajo de España. Sin embargo, el mercado cree que España tiene más posibilidades de incurrir en impago que el banco que preside Emilio Botín.

El CDS (credit default swap) de España se sitúa en 115 puntos básicos (pb), frente a los 70 de Santander, BBVA, Telefónica o Repsol o los 60 de Gas Natural e Iberdrola. Los CDS son derivados que sirven para cubrir un impago del emisor de deuda, y se utilizan además como guía para calcular el tipo de interés al que hay que emitir un bono. Cuanto mayor es el CDS de un emisor, más posibilidades de quiebra.

“Santander es una entidad global, no tiene la etiqueta de banco español, y a España la comparan con el resto de economías de Europa […] tiene la etiqueta de burbuja inmobiliaria y aquí no hemos sufrido nunca una crisis crediticia”, dice Juan Ramón Caridad, socio de Atlas Capital. Otras grandes multinacionales como BBVA, Iberdrola o Repsol desarrollan su actividad en muchas otras áreas geográficas aparte de España.

“España tiene un problema de cuentas públicas conocido, con una fuerte reducción de ingresos y aumento de la deuda, por eso S&P nos puso en perspectiva negativa para en un plazo de dos años volver a revisarnos el rating”, explica Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4. “El Ibex sube un 70% desde mínimos a pesar de la mala situación económica, pero es que sus empresas tienen fuera la mayor parte del negocio”.

España, que durante seis meses ocupará la presidencia de la Unión Europea, está en este momento entre los grandes países de la región con peor percepción por parte del mercado. Según información recopilada en Bloomberg, el CDS de Alemania es de 27 pb, frente al 115 español, los 35 pb de Francia, los 81 pb de Reino Unido o los 99 pb de Italia. Grecia, aquejada de fuertes problemas fiscales, tiene un CDS de 280 pb.

El fenómeno que se produce en España, donde la nación tiene más riesgo de impago que sus empresas, se repite en otros países del sur de Europa como Italia o Portugal, pero sin embargo no es así en Alemania, Francia o Reino Unido, economías que gozan de mejor salud relativa y en las que los CDS soberanos están por debajo de los empresariales.

COMPRAR CDS EMPRESARIAL Y BONO SOBERANO
Juan Ramón Caridad, de Atlas, señala también que otra de las razones que explica la anomalía es la transmisión del riesgo de las empresas privadas a los países. Para evitar una hecatombe financiera, los estados tuvieron que aportar ingentes cantidades de capital a los bancos, respaldar emisiones de deuda e, incluso, nacionalizar con todas sus letras, como en los casos de Royal Bank of Scotland o Lloyd´s.

El experto de esta firma explica que una de las estrategias que están siguiendo los gestores es comprar CDS de una empresa y adquirir al tiempo el bono del país correspondiente. “Cuando se deje de intervenir la economía, el bono perderá menos de lo que suba el derivado […] si sube el riesgo país también lo hace el CDS y ganas dinero”, resume Caridad.

Los CDS soberanos son por lo tanto un vehículo que sirve para expresar visiones negativas sobre la recuperación económica. Al contrario de lo que pueda parecer, el mercado de estos derivados es mucho más líquido que el de la deuda soberana. Además, no se tiene que desembolsar el 100% de la inversión, como sucede con los bonos, lo que le convierte en muy atractivo para los inversores, según el experto.

El 43% de los ciudadanos opina que ni Gobierno ni PP saben afrontar la crisis

Los ciudadanos tienen una visión muy negativa de la gestión del Gobierno sobre la crisis. Según una encuesta dirigida por Victor Pérez-Díaz, para Funcas, el 70% de los consultados piensa que ha informado tarde y mal. Además, un 76% que no está de acuerdo con las medidas adoptadas. Pero sólo el 30% cree que el PP lo haría mejor, mientras que el 43,3% desconfía tanto del Gobierno como del PP. La mayoría (el 64,5%) cree que ahora no conviene subir impuestos, sino bajarlos. Abaratar la contratación de futuros trabajadores reduciendo el coste del despido encuentra un rechazo amplio, del 75,5%.

Dieciséis cajas se encuentran en niveles de capital incómodos de cara a 2010

Las cajas se enfrentan a 2010 sabiendo que va a ser un año difícil. El Banco de España y el Gobierno quieren resolver cuanto antes la reconversión del sector con el apoyo del Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) y evitar nuevas intervenciones como la de Caja Castilla-La Mancha.

Mientras, las Comunidades Autónomas están poniendo todo tipo de trabas a las fusiones con sentido económico entre cajas de distintas regiones e, incluso, algunos gobiernos autonómicos están aprobando a toda prisa modificaciones en sus normativas de cajas para poder tener también derecho de veto sobre las «fusiones frías» o Sistemas Institucional de Protección (SIP).
Este tipo de uniones era la vía con la que contaba el Banco de España para remodelar el sector. No obstante, va a haber un factor que apremie los movimientos en las cajas: la presión de la cuenta de resultados y su solvencia.

Dieciséis cajas -de las 38 de las que hay datos- se encuentran por debajo del nivel de core capital en el que el consenso de los expertos cree que las entidades pueden moverse con comodidad, el 7%. Esta variable incluye el capital y las reservas de bancos y cajas y es una de las ratio que más en cuenta tienen ahora los analistas.

Argumento de peso
El conjunto del sector de cajas de ahorros seguirá ganando dinero en 2010, pero como ha augurado ya la patronal del sector (Ceca) habrá entidades que a título individual registren pérdidas, lo que podría erosionar su solvencia. Los números rojos impulsarán una segunda fase en el proceso de reestructuración, en el que las entidades se verán forzadas a diluir las pérdidas en un proceso de fusión (clásica o virtual) apoyándose en las ayudas del Frob.

Algunos observadores del sector señalan también que éste es un argumento de peso que puede tener el Banco de España frente a los gobiernos autonómicos contrarios a fusiones interregionales, ya que una caja deteriorada puede convertirse en un grave problema político.

Varias cajas con un core capital por debajo del 7% están ya inmersas en procesos de fusión regionales o en integraciones frías. Es el caso de Caja España y Caja Duero; las catalanas Manlleu, Penedés, Terrasa y Manresa; y la balear Sa Nostra, que estudia su entrada en el SIP de Caja Navarra.

Las pérdidas que puedan sufrir las entidades pueden venir derivadas de un factor coyuntural que va a tener un efecto decisivo en las cuentas desde enero: el recorte de tipos del año pasado. Debido a que los costes financieros del pasivo (como depósitos remunerados) se ajustan a mayor velocidad que los ingresos financieros (como los de las hipotecas, que se revisan año a año), el margen de intereses (imagen fiel del negocio típico bancario) de la cuenta de resultados de bancos y cajas ha tenido un comportamiento muy bueno en 2009.
De media, ha crecido en torno al 17,5% hasta junio en las cajas, lo que ha dado recursos a las entidades para afrontar las provisiones para cubrir la nueva morosidad. Pero hacia finales de año el ajuste del coste del activo de la banca ha comenzado a estrechar este margen.

La consultora Analistas Financieros Internacionales calcula que la caída del negocio bancario en 2010 puede llegar a ser del 25%, lo que, además de restar recursos para afrontar la morosidad, puede llevar a las entidades a pérdidas.

En un reciente estudio de AFI para la Fundación Alternativas del PSOE, se apunta que esta caída «supondría una reducción del 60% en el último escalón de la cuenta del resultados del sector». En este escalón están los beneficios de la entidad.

Daniel Manzano, uno de los autores del estudio y director general de AFI, apunta que hay que tomar estas estimaciones con precaución, al tiempo que señala que la morosidad, uno de los dolores de cabeza del sector, alcanzará su máxima cota en 2010, lo que reducirá la necesidad de provisiones. La previsión es que los impagos rocen el 7%. Ahora mismo la morosidad de las cajas está en el 5,27%. Si se hace la media, sumando a los bancos y a las cooperativas, queda en el 4,89%.

Manzano también señala que, aunque algunas entidades lleguen a tener pérdidas en 2010, no significará ninguna catástrofe, debido a que el conjunto del sector de cajas de ahorros sigue sano. Pero sí cree que este entorno más negativo pueda servir como impulsor de fusiones o integraciones.

Si se miran las principales variables del conjunto de cajas, hay varias entidades que tienen todas las papeletas para poder liderar estos procesos integradores. Las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital presentan excelentes ratios de capital -ver cuadro-, han tenido un buen año en cuanto al negocio y además gozan de una morosidad cercana a la mitad de la tasa del resto del sector.

Otras entidades como Caja Navarra «que está liderando la creación de un SIP junto a CajaCanarias, sin apoyo del Frob» gozan también de buenos niveles de solvencia, su negocio marcha bien y los impagos están controlados. En este grupo también está Ibercaja, una de las entidades que ha estado llamada a ser una de las principales actoras de este proceso (por ejemplo, en el caso de Caja Castilla-La Mancha).

En todo caso, 2010 se presenta como un año complicado, en el que la política y la realidad financiera tendrán que verse las caras.

El Gobierno ve problemas de viabilidad
La directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, cree que «podría haber algunas cajas de ahorros que vean comprometida su viabilidad en los próximos meses» debido a la interacción y a la persistencia de los problemas de liquidez y financiación, y al aumento de la morosidad.

También señala como problemas a afrontar por las entidades la reducción del negocio y el deterioro de sus activos. No obstante, Núñez subraya en una entrevista para una publicación de KPMG que, casi dos años después del estallido de la crisis financiera, «las entidades más determinantes del sistema han demostrado que mantienen una sólida posición» en el mercado.

Extremadura, Aragón y Madrid, las CCAA con más funcionarios

Extremadura, Aragón y Madrid son las comunidades autónomas con más empleados públicos por cada mil habitantes, según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) que recoge datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Melilla, más de la mitad de trabajadores en activo son funcionarios de las distintas administraciones públicas.

De cada mil personas que viven en Extremadura, 90 trabajan en las administraciones públicas, en tanto que en Aragón la tasa es de 77 y, en Madrid, de 74, frente a una media nacional de 64. En el caso de la ciudad autónoma de Melilla, la proporción aún es mayor, con 105 funcionarios públicos por cada mil habitantes, mientras que en Ceuta la cifra es de 86.

Frente a esas tasas, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares cuentan con el menor índice de empleados públicos por mil habitantes, con 50 en los dos primeros casos y 56 en el tercero.

Si se compara con el número de activos en cada comunidad, Extremadura es también la que tiene la tasa más alta, con 206 empleados por cada mil activos, es decir, que uno de cada cinco es funcionario. Es una tasa muy superior a la que tienen las dos comunidades que le siguen: Aragón (155 empleados por mil activos) y Castilla-La Mancha (154), si bien en los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el índice se dispara hasta los 264 y 370, respectivamente.

El estudio analiza, además, el número de empleados por cada mil ocupados, y en este parámetro, Extremadura se sitúa en cabeza, una vez más, con 243, por delante de los 174 de Castilla-La Mancha y los 170 de Canarias. Nada comparable, no obstante, a Melilla, donde más de la mitad (521) de sus ocupados trabaja en la administración.

El Gobierno incumple la Ley «Sostenible» antes de aprobarla

Ya conocemos el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. No depara sorpresas: el Gobierno vende humo y establece medidas intervencionistas. Además, incumple la norma antes de aprobarla: exige austeridad, algo que contrasta con el derroche de los Presupuestos aprobados hace un mes.
El polémico Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, y que ha generado todo tipo de debates en la Red al incluir varias modificaciones legales que permitirían el bloqueo de páginas web que faciliten la descarga de archivos ilegales, ya está disponible para que los ciudadanos puedan leerlo en su totalidad.

En el texto aprobado el pasado viernes se incluye la posibilidad de que tras varias denuncias ante el Ministerio de Cultura pueda llevarse a cabo un juicio «rápido» en la Audiencia Nacional y dictarse el cierre cautelar de cualquier web en tan sólo cuatro días.

Pero, a pesar del enorme revuelo generado por la cuestión de las descargas, la norma incluye multitud de iniciativas que conforman una cortina de humo para ocultar la inoperancia del Gobierno en materia económica. La Ley de Economía Sostenible es un paquete de pequeñas reformas con deducciones fiscales a las empresas que se vende como la panacea para «cambiar el modelo productivo».

La reducción de la morosidad del sector público se aplaza a 2013 y no hay medidas para reducir el desempleo.

Pero lo más destacable es que el Gobierno incumple la nueva Ley antes de su puesta en marcha. Uno de los núcleos argumentales de la normativa es la necesidad de lograr una mayor eficiencia en las Administraciones Públicas, garantizando su estabilidad, es decir, que no se gaste más de lo que se ingrese.

En concreto, la Ley establece que, «para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las administraciones públicas aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia en los términos definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria».

Pues bien, esta exigencia es precisamente la que afecta a los Presupuestos Generales del Estado cada año. Es decir, que el Gobierno ya tiene que cumplir estos principios cuando elabora su previsión de gastos e ingresos. Y es aquí donde incumple la norma, ya que los Presupuestos de 2009 y los de 2010 carecen de toda estabilidad, ahondan en el agujero de la caja pública y obligan a aumentar el endeudamiento a una velocidad nunca vista en un país desarrollado.

De hecho, el sector público gasta un 75% más de lo que ingresa, lo que ha generado un déficit en 2009 cercano al 12% del PIB, superando en cuatro veces los mandatos de la Unión Europea en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En cuanto al resto de iniciativas del texto no hay sorpresas. Se confirman las intenciones del Gobierno de cambiar el patrón de crecimiento económico por Ley (como en los países totalitarios), dirigiendo las inversiones de las empresas y cercenando aún más la libertad de mercado. Eso sí, los ciudadanos ya sabemos lo que entiende e Ejecutivo por «Economía Sostenible»:

«Se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

La economía sumergida en España se sitúa entre el 16% y el 20% del PIB

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó hoy que la economía sumergida se sitúa en España entre el 16% y el 20% del PIB, y reconoció que las actividades irregulares suelen incrementarse en tiempos de crisis.
Durante la presentación de los resultados de 2009 de la lucha contra el fraude en materia laboral, Corbacho indicó que estas cifras sirven para mandar un mensaje, «que las administraciones no está ausentes delante de cualquier irregularidad».

Así, las inspecciones de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida supone un 40% de toda la actuación de inspección, que se completa con actuaciones en el ámbito de prevención de riesgos (20%), o en expedientes de regulación de empleo (15%), en los que las denuncias han aumentado «bastante».

Por sectores, las cifras arrojan un total de 49.903 actuaciones en la hostelería, ámbito en el que se han reducido las irregularidades relacionadas con permisos de trabajo de extranjeros por el ingreso de Bulgaria y Rumanía en la UE. A continuación se situó el comercio (44.937), la construcción (43.635), servicios (38.045) y agricultura (9.248).

Además, la inspección realizó 162.361 visitas diurnas en días laborables, 8.757 visitas nocturnas también en días laborables, mientras que en días festivos fueron 5.868 diurnas y 3.794 nocturnas.

Por otro lado, las visitas conjuntas con los cuerpos y fuerzas del Estado diurnas, nocturnas y en días festivos fueron 3.251 y las visitas individuales, 5.881, lo que supone un total de 9.132 y un incremento del 62% con respecto a 2008.

Aumenta la recaudación de la Seguridad Social
Dentro de estas inspecciones, las realizadas en materia de Seguridad Social sumaron 960,7 millones de euros por multas de expedientes liquidados de deuda, lo que representa un 12,4% más que en 2008.

Además, 48.762 personas pasaron a cotizar a la Seguridad Social como consecuencia de estas actuaciones, de las que 23.924 fueron altas propuestas (+10,52%) y otras 24.838 inducidas (+14,43%).

Asimismo, el objetivo del Gobierno era transformar 30.000 trabajadores temporales injustificados en indefinidos, que finalmente han sido 52.000 personas.

Igualmente, la Inspección de Trabajo denunció 29.357 infracciones por falta de alta a la Seguridad Social, localizó a 7.122 trabajadores que no tenían permiso de trabajo y a otros 8.148 que estaban cobrando prestación por desempleo y detectó 682 irregularidades vinculadas a otras prestaciones.

Por otro lado, Corbacho destacó que estos resultados, que consideró satisfactorios, se deben, en parte, al incremento de la plantilla de inspectores y subinspectores. En este sentido, de los 1.954 inspectores y subinspectores que actualmente están trabajando, 477 se han incorporado al cuerpo desde 2004.

Retirados casi medio millón de billetes falsos en el segundo semestre de 2009

El Banco Central Europeo destaca que los 447.000 billetes retirados suponen un aumento del 8,2% frente al mismo periodo que el año pasado.
El Banco Central Europeo retiró 447.000 billetes en euros falsos en el segundo semestre de 2009, lo que supone un aumentó del 8,2% frente a los 413.000 retirados en el primer semestre del año y un incremento de un 55, 7% respecto al segundo trimestre de 2004, donde el número de billetes recuperados alcanzó los 287.000, según informó la institución en un comunicado.
Sin embargo, el BCE destaca que, aunque la cantidad total de billetes falsos ha aumentado, lo ha hecho «en menor medida que en los semestres anteriores». En este sentido, señala que si se comparan estas cifras con el creciente número de billetes en euros auténticos en circulación, una media de 12.800 millones durante el segundo semestre de 2009, la proporción de billetes falsos en circulación «sigue siendo muy reducida».
El billete de 20 euros vuelve a ser de nuevo el más falsificado. Un 47% por ciento de los billetes falsos detectados fueron de 20 euros y un 39% de los recuperados de 50 euros. La suma de las tres denominaciones intermedias (20 euros, 50 euros y 100 euros) representó el 97% del total de billetes falsos. La proporción de falsificaciones de las denominaciones de mayor valor (200 euros y 500 euros) fue muy reducida (1% y 0,5% respectivamente).
Por otra parte, más del 98% de la mayoría de los billetes falsos retirados en el segundo semestre de 2009 se detectó en países de la zona euro mientras que en torno a un 1% fueron localizados en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la eurozona y menos del 0,5% recuperados en otros lugares del mundo.
El Eurosistema, que engloba al Banco Central Europeo (BCE) y los dieciséis bancos centrales nacionales de la zona euro, recomendó a los ciudadanos que se mantengan alerta en relación con los billetes que reciben en las operaciones en efectivo.
En este sentido, recalcó que el Eurosistema pone «gran empeño en garantizar que los ciudadanos estén debidamente informados sobre cómo reconocer un billete falso y, en el caso de los profesionales encargados del manejo del efectivo, que las máquinas de tratamiento y procesamiento de billetes puedan identificar con fiabilidad los billetes falsos y retirarlos de la circulación».
Así, recordó que los billetes auténticos «pueden reconocerse fácilmente utilizando el sencillo método ‘Toque-mire-incline'» y añadió que, en caso de duda, el billete sospechoso debe compararse directamente con un billete que se sepa que es auténtico. «Toda persona que sospeche que puede haber recibido un billete falso debe dirigirse a la policía o, en los casos en los que la práctica nacional lo permita, al banco central nacional correspondiente», agregó.

Siete de cada diez españoles rechazan abaratar el despido

Un sondeo de Funcas constata la oposición a las propuestas de la patronal y la falta de apoyo al Gobierno. – El empleo tardará diez años en volver al nivel de 2007.
Las propuestas de la patronal para abordar la reforma del mercado laboral no cuentan con mucha popularidad entre los ciudadanos. Según una encuesa de la Universidad Complutense y ASP (Analistas Socio Políticos) patrocinada por Funcas, siete de cada diez españoles están en contra de abaratar el despido, mientras un 52,3% rechaza la reducción de las cuotas a la Seguridad Social que pagan los empresarios, dos de los principales caballos de batalla de la CEOE en la mesa de negociaciones.
Según este sondeo, coordinado por los profesores Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, el 43% de los ciudadanos está en desacuerdo con las medidas del Ejecutivo para hacer frente a la crisis, si bien admiten que un gobierno del Partido Popular no lo haría mejor. La encuesta, recogida en el último número de Cuadernos de Información Económica de la fundación de cajas de ahorros (Funcas), está efectuada sobre a 807 individuos entre los meses de septiembre y octubre de 2009.

Los datos muestran que el 20,4% está de acuerdo con cómo lo hace el Gobierno, mientras que el 40,8% está «poco de acuerdo» y el 35,2% «nada de acuerdo». Entre los votantes del PSOE, sólo el 38,1% respalda la actuación del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, frente al 2,8% de los votantes del PP.Para casi el 75% de los encuestados, el Ejecutivo ha informado «tarde» o «muy tarde» sobre la crisis económica.

Sobre la salida de la crisis, el 32,5% estima que será antes de un año y medio, de los que 6,5% dicen que menos de un año y 26% entre un año y año y medio. Otro 31,3% asegura que se tardarán dos años y un 33,8% más de dos años.

Diez años para recuperar el empleo
Sin salir de las previsiones macroeconómicas, la publicación de las cajas de ahorros añade una revisión de las proyecciones de Funcas. Según sus cálculos, la economía española retrocedió un 3,6% en el conjunto del año pasado, y seguirá cayendo este ejercicio, aunque en mucha menor medida, con un 0,5%. En 2011, por fin, entrará en terreno positivo con un avance del 1,3%. Además, prevé una tasa de paro del 19,4% tras cerrar 2009 en el 18%, aunque el ritmo de contracción del empleo también se reduce: del 6,8% del pasado año al 2,8%.

Sin salir del empleo, el director del Gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas, Ángel Laborda ha vaticinado que España tardará más de diez años en volver a las tasa de desempleo anteriores a la crisis, en torno al 8% en 2007, en lugar de los cinco años que prevé el Gobierno. «Nos va a costar bastante salir de la crisis porque la economía debe crecer al menos un 2% para empezar a crear empleos», ha argumentado en oposición a las palabras del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.

«Ojalá fuera en un lustro», ha sentenciado el directivo de Funcas. No obstante, Laborda ha situado el «tope» de parados en los cuatro millones de personas, que se alcanzaría en la primavera de 2010, para luego estabilizarse y descender «unas décimas», aunque las «caídas significativas» del paro no llegarían hasta 2012 ó 2013.

Los promotores reclaman un plan territorial para el mercado del suelo

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, pidió hoy a las diferentes administraciones territoriales un plan coordinado que permita a los empresarios conocer la calidad y ubicación de los suelos disponibles antes de entrar en el mercado. El precio de la vivienda libre cayó un 6,6% interanual en diciembre, según Tinsa.

En un debate sobre suelo industrial organizado por la empresa editorial Contenidos Económicos Verticales, Galindo señaló que el mercado del suelo necesita una normativa más estable, ya que en la actualidad factores determinantes como la calificación de los terrenos «dependen de decisiones políticas sin tener en cuenta las inversiones realizadas por los empresarios».

La patronal trabaja en una propuesta al respecto, con la que pretende armonizar las diferentes regulaciones sobre suelo de las administraciones estatal, autonómica y local, para que sea más transparente y permita a los inversores tener una mayor visibilidad sobre la calificación final que podrán obtener sus terrenos.

Para Galindo esta reforma de la política del suelo ayudaría a reducir los plazos en la transformación del terreno, lo que a su vez solucionaría el problema de la falta de rotación y animaría a los empresarios a invertir en este sector.

Añadió que los procesos de transformación del suelo deben ser «más ágiles, más transparentes y más seguros» para solucionar el problema de los altibajos en el precio y garantizar «un crecimiento más sostenible basado en la rentabilidad y no en la especulación».

Rehabiliotación y el fin de la caída de los precios
Por otra parte, Galindo aseguró que la rehabilitación de edificios será una de las principales actividades de las promotoras en los próximos años, aunque son procesos «complicados» y «costosos», especialmente cuando afectan a barrios completos, por lo que van a necesitar la ayuda de la financiación pública.

El presidente de la patronal constructora volvió a insistir en que el precio de la vivienda ya se ha ajustado y que las estadísticas oficiales van retrasadas respecto al mercado, de manera que reflejan una bajada en los precios inferior a la real, lo que desincentiva a los potenciales compradores que esperan mayores descuentos.