Solo el 6% de los contribuyentes tributarán por las herencias

• Los ingresos bajarán el 22% en el 2010, con el 83% de los declarantes exentos
• Al final del proceso, en julio del 2011, dejarán de pagar 94 de cada 100 legados

Solo el 6% de los contribuyentes tributarán por las herencias en Catalunya tras la rebaja fiscal aprobada ayer en el Parlament con los votos del tripartito. La primera fase entra en vigor el 1 de enero, con la cuarta parte de los nuevos mínimos exentos (125.000 euros para los cónyuges y 68.750 cada hijo, además de la vivienda habitual hasta 500.000 euros). Aunque será solo una parte de la rebaja, supondrá un salto sustancial frente a los 18.000 euros que ahora tienen los parientes más directos y que dejan fuera de gravamen solo al 55% de declarantes.

El segundo tramo, con el 62,50% de la reforma, entrará en vigor el 1 de julio; y el tercero –con el 100% de la rebaja–, a partir del 1 de julio del 2011. El año que viene, gracias a la graduación del recorte y a que el gravamen se liquida seis meses después de producido el fallecimiento, la Generalitat ingresará el 22,22% menos, hasta los 700 millones (200 millones menos que en el 2009). Pero, ya desde enero, quedarán exentos el 83% de los contribuyentes, según las previsiones de la Conselleria d’Economia.

La recaudación será de unos 360 millones en el 2012 –el primer ejercicio completo con la rebaja al 100%–, casi un tercio de la actual (540 millones menos). No es una suma muy diferente de los 327 millones que habían previsto la conselleria y ERC en su propuesta inicial a la que se opuso hasta anteayer ICV-EUiA, el tercer socio del tripartito.

«Con esta reforma quedan sin razón de ser las propuestas de suprimir el impuesto porque el 94% de los contribuyentes dejarán de pagarlo», sentenció tajante el conseller de Economia, Antoni Castells. En un mensaje directo a CiU y al PP, afirmó que «quienes proponen la supresión lo hacen en defensa del 6% que lo pagarán». Dijo no entender la negativa de la oposición a apoyar una reforma que supone que «las clases medias dejarán de pagarlo».

COMPARACIÓN CON MADRID / CiU mantiene su defensa de la supresión del gravamen, de la que ha hecho bandera. La diputada convergente Meritxell Ruiz puso como ejemplo un legado de 1.030.000 de euros recibido por un hijo mayor de 21 años –al margen de la vivienda habitual–. Pagará 194.600 euros, el 26,27% menos que ahora, pero casi 100 veces más que en la Comunidad de Madrid.

La reforma del impuesto, que se completará con una normativa específica el año que viene, se introdujo en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2010 a través de una enmienda que los miembros del tripartito lograron pactar tras arduas negociaciones, y con una imagen de desunión que, según Castells «hubiera sido preferible no dar».

Pero defendió el resultado: al final del proceso de implantación, los cónyuges, a la vivienda habitual –exenta ya actualmente hasta los 500.000 euros– podrán sumar otros 500.000 euros en segundas residencias, dinero y otros activos, además de un máximo de otros 150.000 más, lo que supone hasta 650.000 euros libres de impuestos.

En el caso de los hijos, la exención se eleva a 275.000 euros más un máximo de otros 175.000, lo que supondrá hasta 400.000 euros por cada hijo del matrimonio exentos del gravamen. Los nietos disfrutarán de una exención de 150.000 euros más un máximo de otros 50.000 y los padres y abuelos, de 100.000 más un máximo de otros 25.000.

Si el banco le niega el crédito, llame al facilitador financiero

La experiencia de grupos privados demuestra que la figura del mediador no es nueva en España.
Antonio Olivares se ríe de sí mismo diciendo que los jubilados tienen muchas ganas de trabajar y al mismo tiempo ninguna. Pero es una ocurrencia que, en su caso, no puede tomarse muy en serio. Después de haber trabajado 42 años en un banco, este simpático economista de 71 años no es precisamente el tipo de jubilado que prefiere quedarse en casa regando las plantas.

Desde que se retiró del mercado laboral hace siete años, ha dedicado parte de su tiempo libre a colaborar de manera desinteresada con Secot (Séniors Españoles para la Cooperación Técnica), una asociación de ejecutivos jubilados que asesora de manera gratuita a pequeñas empresas y personas de bajos ingresos, en la preparación de proyectos de negocio y solicitudes de crédito bancario.

«Nosotros mismos seleccionamos a los peticionarios, que por lo general son emprendedores, jóvenes, mujeres, inmigrantes o miembros de familia monoparental, y los ayudamos a que esa idea tan brillante que tienen quede plasmada en papel, en un proyecto de negocio», explica. A menudo, esto implica inducirlos a realizar un estudio de mercado donde el aspirante a empresario sustente con argumentos válidos por qué cree que su negocio va a tener éxito y, en última instancia, por qué una entidad financiera debería apostar por él.

Y en este punto, la autoridad de los asesores de Secot radica en su experiencia, pues, como Olivares, la mayoría de ellos procede del sector financiero. Aunque sus directivos han preferido no pronunciarse sobre el tema, el bagaje de Secot en el campo de la asesoría empresarial debería ser tomado en cuenta a la hora de implementar el sistema del facilitador financiero porque, con ligeras variaciones, el trabajo que realiza esta asociación es prácticamente el mismo que cumplirá la figura ideada por el Gobierno para facilitar el acceso de pymes y autónomos a las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En efecto, el objetivo del servicio, que se pondrá en marcha en enero, es que los autónomos y las empresas que tienenmenos de 250 empleados y una facturación máxima de 50 millones anuales tengan una segunda oportunidad cuando un banco rechace su solicitud de financiación. En ese caso, el empresario podrá recurrir a un mediador que lo ayudará a subsanar las observaciones de la entidad, misión que recaerá, entre otros, en prejubilados con experiencia en el sector de la banca, precisamente el tipo de perfil que cumple la mayoría de voluntarios de Secot.

De esta manera, elGobierno espera mover a los bancos a usar las líneas del ICO que no están llegando a los beneficiarios en lamedida de lo deseable. El ICO se ufana de que en los nueve primerosmeses del año ha concedido préstamos por 13.973 millones, importe que supera en más de 1.000 millones al entregado durante todo el año pasado. Sin embargo, según el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, este monto representa sólo un tercio de los 40.000 millones que, a comienzos de año, el organismo anunció que pondría a disposición de las empresas a través de sus 22 líneas de crédito.

Hay evidencias que respaldan la impresión de Bárcenas de que los fondos no están llegando a sus destinatarios. Según una encuesta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el 43,7% de las pymes que recurrieron a líneas del ICO en el último trimestre encontró obstáculos para obtener la financiación. Cuando se les preguntó por las causas, el 45,2% se quejó de que la entidad no quiso proporcionarles información y el 93,5% dijo que los trámites exigidos para acceder al dinero eran muy complejos. Para despejar el camino hacia los fondos, el Gobierno ha decidido crear el facilitador financiero, pero esta figura no es del todo nueva en España. Hay asociaciones privadas que llevan años prestando este tipo de servicio.

La más conocida es Secot, una asociación fundada en 1989 por el Círculo de Empresarios, el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y Acción Social Patronal. Sólo el año pasado Secot asesoró un total de 1.073 proyectos, algunos en el extranjero. Olivares, que se prejubiló del Santander a los 58 años con la categoría de subdirector general, es uno de sus más de 900 voluntarios. Si bien hace ya algún tiempo que no presta asesoría porque ninguno de los proyectos que llegan a la asociación despierta su interés; conocer su experiencia es importante. Durante los cuatro años que trabajó activamente en Secot asesoró una infinidad de proyectos, desde guarderías hasta bares, todos pequeños negocios que para implementarse necesitaban préstamos que iban desde los 6.000 hasta los 24.000 euros.

«No recuerdo haber tramitado menos de 15.000 euros», dice. Pese al empeño que este graduado del IESE ponía en que el expediente estuviera bien armado, reconoce que eran pocos los que conseguía que fuesen aprobados. Por eso, no es nada optimista con respecto a los resultados que pueda obtener el mediador financiero. «En Secot trabajábamos mucho y nuestro éxito era reducido. Éramos muy exquisitos para no presentar al banco una cosa que no tuviera hechura, pero de tres o cuatro proyectos que asesorábamos, el banco aceptaba uno o dos», recuerda. Al preguntarle cuáles eran las observaciones más frecuentes, Olivares dice que las entidades nunca dan explicaciones. «Para decir que no, los bancos no tienen un manual. Pero un negocio que no existe y está sólo en el papel tiene siempre muchos puntos débiles», aclara.

Más dudas que certezas Los representantes de las pymes dudan también de que el mediador financiero vaya a ser la solución para el problema de la financiación. «En principio, todo aquello que sirva para facilitar el crédito, bienvenido sea. Pero no creemos que esta figura sirva para desatascar el crédito», dice Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA).

En su opinión, para que los bancos se arriesguen a usar las líneas del ICO es crucial que el porcentaje del crédito garantizado por el instituto aumente del 50% al 75%. La propuesta tiene sentido en un momento en el que los bancos tienen mucho miedo a prestar, como se constata en la encuesta de las Cámaras. De acuerdo con ésta, los bancos han aumentado las exigencias de garantías y avales para el 77,3% de las compañías.

Amor propone también que los fondos se distribuyan a través de canales diferentes como, por ejemplo, las sociedades de garantías recíprocas y los institutos de financiación de las comunidades autónomas. Ya el 7,5% de las pymes encuestadas por las Cámaras ha recurrido a sociedades de garantía recíproca en el último trimestre. Bárcenas, por su parte, coincide con Amor en que mientras no se incrementen sus coberturas y parámetros, las líneas de crédito oficial van a seguir sin llegar a sus destinatarios; pero, además, critica que el servicio del mediador se vaya a limitar a los préstamos rechazados.

«Revisar las solicitudes denegadas nos parece muy bien, pero nos preocupan más las nuevas operaciones. Cuando el facilitador logre que la solicitud sea aceptada, a lo mejor la empresa ya ha cerrado», dice. El ICO ha informado de que muchos de los asesores que prestarán el servicio serán prejubilados de la banca.Manuel Doblado, presidente de Jubique, una asociación demás de 1.600 prejubilados del sector con sede en Madrid, da por descontado que entre sus asociados habrá muchos interesados en asumir la tarea, pero duda que la figura vaya a tener éxito.

«Pensar que unos hombres buenos van a cambiar los criterios de los bancos es crear falsas expectativas que no conducen a nada». Olivares es igualmente pesimista. «Los créditos se han dado siempre a gente que tiene la capacidad de devolverlos. Que el facilitador sea la solución de España va a depender del esfuerzo que le quieran dedicar».

Una pareja sortea su casa por internet

Se venden participaciones de 50 euros en una web y también rifan un apartamento propiedad de unos tíos de la mujer.

Una pareja de Breda (Girona) acuciada por las deudas y que está sin trabajo, ha decidido sortear su casa y un apartamento propiedad de unos tíos de la mujer situado en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), vendiendo participaciones de 50 euros. El marido, un diseñador gráfico de 49 años que tenía una copistería en esta población, en la que también trabajaba su mujer, pretende recaudar suficiente dinero para liquidar la hipoteca, según publica hoy el Diari de Girona.
La pareja decidió ponerlo a la venta de esta forma «porque la situación es cada vez más complicada y antes de que se lo quede el banco preferimos sortearlo», según ha explicado a Efe Esther Espada, copropietaria de la vivienda, que ha contado que la idea se les ocurrió al enterarse de que una vecina de Llinars del Vallés (Barcelona) también lo había hecho.

El piso, de 110 metros cuadrados, en el que vive la pareja y sus dos hijas de 4 y 2 años, está en el centro de Breda y tiene 3 dormitorios, 2 baños completos, salón, cocina y dos terrazas con vistas al Montseny, y se puede ver en la pagina web sorteo2pisos.com.

Según Esther Espada, tienen una hipoteca de 260.000 euros que quieren cancelar y deudas de la copistería, que estaba en el centro del pueblo y que tuvieron que cerrar en noviembre por problemas de liquidez e impagos de los clientes, entre otras cuestiones. Para poder participar en el sorteo, cuyas bases las ha redactado una notaria de Llinars del Vallés (Barcelona) hay que hacer un ingreso en una cuenta que figura en la web.

El otro piso que sortean es de un tío de Esther, cuya mujer está también en el paro, que está en venta desde hace un año y que no lo consiguen vender porque a los compradores que han aparecido el banco no les dan una hipoteca. La pareja ha calculado que tiene que vender 8.000 boletos por cada piso, y si lo consiguen antes de que acabe el año el sorteo se hará el 2 de febrero. En caso contrario, se ampliará la venta de participaciones dos meses y se sorteará el 2 de abril. Aseguran que toda su familia y sus amigos les apoya porque consideran que es una idea muy buena para lograr el dinero que necesitan, y muchos han ayudado a repartir folletos por la zona anunciando el sorteo.

En el momento de efectuar el pago, los que quieran participar deberán hacer constar su nombre y apellidos, el número de su carné de identidad y un teléfono de contacto, y guardar el justificante del ingreso que entrega la entidad bancaria, ya que será requisito indispensable para recoger el premio.

Hacienda estrechará el cerco a los contratos en negro en 2010

La crisis ha elevado las solicitudes de aplazamiento del pago de la deuda un 70,8% hasta noviembre.
Hacienda quiere estrechar aún más el cerco contra aquellos que defraudan, y para ello ha anunciado que en 2010 presentará un nuevo plan contra el fraude fiscal que recogerá un conjunto de actuaciones dirigidas a detectar aquellas empresas que no declaran a sus trabajadores mediante el impago de las cuotas a la Seguridad Social. Aunque la Agencia Tributaria ya ha empezado a dar sus primeros pasos en este sentido, con la reunión que el pasado 3 de noviembre mantuvo con miembros de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para establecer la forma de coordinar la inspección de Hacienda, de Aduanas, de Trabajo y de la Seguridad Social en la detección de posibles casos de economía sumergida, tal y como avanzó LA RAZÓN.
La Agencia Tributaria recaudó hasta noviembre, 6.217 millones de euros por actuaciones de control contra el fraude, un 5,9% más respecto al mismo periodo del año anterior, según avanzaron ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, en la presentación de resultados del Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal 2009. Hacienda prevé cerrar el año con unos ingresos de 8.200 millones por actuaciones de control, más que los 8.054 millones obtenidos en 2008. Sin embargo los efectos de la crisis se han dejado notar en las solicitudes de aplazamientos del pago de la deuda que de enero a noviembre crecieron un 70,8% hasta el millón de solicitudes por un importe de 14.137 millones de euros, un 48,7% más. El mayor porcentaje de solicitudes de aplazamientos se produjo en el IVA, con un crecimiento del 56,3% y del 86,4% en importe.

500 euros– Las investigaciones sobre el uso de grandes cantidades en efectivo con billetes de 500 euros permitieron recaudar a Hacienda 706 millones hasta noviembre de 2009, más del doble de lo recaudado en 2008.
– Hacienda está trabajando en la firma de convenios de intercambio de información fiscal efectiva y convenios de doble imposición con la mayoría de los países considerados paraísos fiscales.
– Ocaña calificó el plan de prevención contra el fraude fiscal puesto en marcha en 2005 de «éxito rotundo».

El número de viviendas iniciadas cae un 47,2% en el tercer trimestre

El número de viviendas que comenzaron a construirse durante el tercer trimestre del año alcanzó los 33.140 inmuebles, lo que supone una caída del 47,2% respecto al mismo periodo del año anterior y del 19,6% si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.

De las 33.140 viviendas iniciadas en el tercer trimestre, 16.674 eran viviendas libres y 16.466 viviendas protegidas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda.

Las primeras se redujeron un 60,8% respecto a igual periodo de 2008 y un 19,3% en relación al segundo trimestre, mientras que las protegidas cayeron un 20% en tasa intertrimestral y un 18,3% en comparación con el tercer trimestre de 2008.

Caen las viviendas libres terminadas
El Ministerio que dirige Beatriz Corredor señaló que en el último año se ha concluído la construcción de un total 444.544 viviendas, un 35,1% menos que en los doce meses anteriores.

Durante el tercer trimestre se finalizó la construcción de 83.524 viviendas libres, un 13,4% menos que en el trimestre precedente y un 40,5% menos que en el mismo periodo de 2008.

Respecto a las viviendas protegidas, en el tercer trimestre de 2009 se finalizó la construcción de 16.062 viviendas, un 13,1% menos que entre abril y junio y un 23,5% más en comparación con los mismos meses de 2008.

Penedès y Laietana cancelan su fusión de forma temporal

La tercera fusión de cajas catalanas debía ser aprobada mañana por los consejos de administración de ambas entidades.
La tercera fusión de cajas catalanas, la que deberá unir Penedès y Laietana, no tendrá el mismo ritmo que el resto de operaciones. Mientras que las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa, por un lado, y Sabadell, Terrassa, Girona yManlleu, por el otro, encaran la última fase del proceso, Penedès y Laietana han cancelado temporalmente su unión para darse más tiempo para negociar.
Las discrepancias sobre los detalles de la fusión explican la decisión de posponer operación. Ambas entidades apuntan a la complejidad del proceso, que obliga a dedicar más tiempo para recabar información y analizar todos los detalles. Fuentes de Caixa Penedès reconocen además que la negociación “no iba a la velocidad adecuada”, informa Europa Press.

Por ahora no hay fecha para las próximas reuniones de las diferentes mesas negociadoras, que deben cerrar acuerdos en ámbitos como el administrativo y el laboral. El objetivo marcado por ambas entidades, siguiendo el consejo del Banco de España, era tener la operación ya aprobada antes de finalizar el año. De esta manera, las entidades podrían contabilizar los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) este mismo 2009 y poder solicitar así el visto bueno de la Comisión Europea.

De no haberse detenido el proceso, hoy mismo se hubiera producido una reunión con los representantes sindicales y mañana, martes, los consejos de administración de ambas entidades hubieran podido aprobar la operación. El siguiente paso hubiera sido la convocatoria de sendas asambleas generales y la emisión de participaciones preferentes convertibles en cuotas participativas. Las dos cajas catalanas, que presentaron su proyecto de fusión al Banco de España el pasado día 10, tenían previsto pedir 500 millones de euros del Frob, cerrar unas 160 oficinas y recortar su plantilla global en más de 600 empleos. La suma de las dos entidades daría como resultado una caja con más de 32.000 millones de euros en activos, unos recursos propios de 3.000 millones y más de 1,5 millones de clientes.

La unión de Penedès y Laietana, que cerraría el proceso de integración de las diez cajas catalanas, hubiera dado lugar a la cuarta mayor caja de Cataluña y a la duodécima española.

CiU pidió ayer al Gobierno que lleve a cabo con urgencia una reforma “puntual” de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas (Lorca) en lo relacionado con las fusiones frías.

En Galicia, la consejera de Hacienda se reunirá esta semana con los agentes sociales para debatir sobre la reforma de la Ley de Cajas.

Autores y editores dan por hecho que se aprobará el cierre de ‘webs’

Pese a las declaraciones de Zapatero, Cedro apoya la iniciativa antipiratería del Gobierno y expresa su deseo de que obtenga un respaldo mayoritario en el Congreso, durante el trámite parlamentario.

El proyecto del Gobierno de crear una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso vínculos a ficheros sujetos a derechos de autor, como películas, canciones y videojuegos ha desatado un duro enfrentamiento entre los internautas –encabezados por los más relevantes–, los representantes de la industria cultural y el Ejecutivo, que se ha visto envuelto en una polémica interna visible en declaraciones contradictorias.

La magnitud de la controversia surgida en torno a este asunto, que recoge la Ley de Economía Sostenible, llevó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a terciar en la polémica, en lo que en la práctica constituyó una desautorización a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de quien depende la iniciativa. “Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web”, dijo el jefe del Ejecutivo, abriendo así la puerta a una posible revisión de las medidas anunciadas contra las páginas que faciliten descargas no autorizadas. También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, abrió la puerta a esa posibilidad tras un Consejo de Ministros celebrado en plena polémica sobre este asunto, a finales de noviembre.

Sin embargo, éste no es el sentir del sector de la industria cultural, que ha recibido con moderada satisfacción la iniciativa del Ministerio de Cultura, aunque considera que se puede ir más allá. En su último boletín, difundido el pasado viernes, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) da por hecho que la iniciativa del Gobierno saldrá adelante como está redactada, en contra de lo que asegura el Ejecutivo.

Cita“Además de apoyar la iniciativa del Gobierno –en la confianza de que, con las modificaciones que se consideren oportunas, obtenga un respaldo mayoritario en el Parlamento– Cedro considera fundamental la formación y concienciación en materia de propiedad intelectual”, asegura en el último boletín. Cedro es la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial.

La asociación “apoya la iniciativa del Gobierno de luchar contra la vulneración real y creciente de los derechos de propiedad intelectual en Internet”. “Ninguna de las medidas propuestas supone actuaciones contra los usuarios, como las presentadas en otros países”. Asimismo, señalan que “la facilidad de acceso a todo tipo de servicios de Internet no justifica las expectativas de cultura gratis. ¿Por qué existe esta expectativa de la gratuidad respecto de los libros y otro tipo de obras de creación, y no existe, sin embargo, en relación con los productos y servicios que se utilizan para acceder a ellos –ordenadores o conexión a Internet–.

Los representantes de los editores españoles se reunieron con dirigentes del PP para expresarles su opinión.

Las empleadas del hogar cotizarán desde la primera hora trabajada

Las empleadas de hogar equipararán pronto sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores. El Gobierno pretende desterrar el régimen anacrónico que las regula actualmente y que exime de la obligación de cotizar a la Seguridad Social si la jornada es inferior a 72 horas mensuales. Con la nueva norma, empleadores y empleadas estarán obligados a cotizar «desde la primera hora», según el documento que el Ministerio de Trabajo ha remitido a los sindicatos y la patronal.
Tras un intento fallido a finales de 2007, el Ejecutivo pretende retomar ahora su intención de integrar a este colectivo -cada vez más numeroso- en el régimen general de la Seguridad Social. Oficialmente hay casi 300.000 personas afiliadas al régimen especial del hogar, pero los expertos creen que la cifra real al menos duplica ese registro.

Con la idea de que el nuevo marco legal esté listo para el año próximo, los agentes sociales han pedido al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, liquidar esta tarea pendiente antes de avanzar en otros cambios relativos al sistema de pensiones. Éstas son las novedades:

– Contrato de trabajo. La regulación desincentiva el contrato verbal, el más común hasta ahora. Si el empleador opta por esa modalidad, «el contrato se presumirá concertado por tiempo indefinido y a tiempo completo». Además, cualquiera de las partes «podrá exigir que el contrato se formalice por escrito» y el empleador estará obligado a comunicar su contenido a la Seguridad Social. En el lado negativo, el periodo de prueba podrá durar dos meses, frente a los 15 días que establece la norma actual.

– Despido. Se unifica en 20 días por año trabajado la indemnización prevista, tanto si es improcedente como si no (antes esa cuantía sólo se reservaba para los despidos improcedentes). El empleador deberá depositar el dinero al comunicar la decisión a la trabajadora y tendrá que avisarla con 20 días de antelación si ha prestado sus servicios durante más de un año. En ese periodo, la empleada tendrá derecho a una «licencia de seis horas semanales» para buscar trabajo.

– Salario. Al igual que hasta ahora, el salario mínimo (624 euros al mes en 2009) seguirá rigiendo esa relación laboral. El texto propuesto por Trabajo mantiene la discutible fórmula de poder detraer del sueldo el alojamiento o la manutención, aunque se introducen dos requisitos que limitan mucho su aplicación. En primer lugar, se rebaja del 45% al 30% el porcentaje que puede representar ese salario en especie. Además, el descuento estará prohibido si la empleada elabora los alimentos que ella misma consume y si el alojamiento en el domicilio es una condición impuesta por el empleador. Las dos medias pagas extraordinarias a las que la trabajadora tiene ahora derecho se convertirán en pagas completas en un plazo de cinco años.

– Jornada. El tiempo máximo ordinario será de 40 horas semanales. Podrá haber horas extraordinarias, pero se pagarán aparte. Entre una y otra jornada deberán transcurrir al menos 12 horas (ahora son 10). El descanso semanal será de 36 horas, que comprenderán el domingo completo y la tarde del sábado o la mañana del lunes.

– Vacaciones. No hay cambios. Las trabajadoras dispondrán de 30 días naturales, de los que al menos 15 se disfrutarán seguidos.

– Seguridad Social. Es el capítulo más novedoso del documento.Todos los empleadores deberán inscribirse en el Registro de Empresarios de la Seguridad Social. Además, se suprime el límite de 72 horas al mes por debajo del cual no había obligación de cotizar y se obliga a las dos partes a hacerlo «desde la primera hora». Aunque la empleada seguirá pagando parte de esa cantidad, la obligación de ingresar la cuota será del empleador (ahora la familia sólo tiene que hacerlo si precisa del servicio más de 80 horas al mes). El tipo de cotización será, en principio, el 22% vigente, pero irá subiendo hasta llegar al del resto de trabajadores por cuenta ajena (28,30%).

– Enfermedad y accidentes. Pagar más implicará también ampliar los derechos en caso de baja. Las empleadas cobrarán de la Seguridad Social a partir del 16º día como el resto de trabajadores (ahora la persona que contrata debe hacerse cargo hasta el día 29º). Se obligará, además, a cotizar por accidentes laborales.

Las empresas adelantan 1.900 millones en dividendos para eludir a Hacienda

El Gobierno subirá del 18% al 19% la tributación de los rendimientos del ahorro en el 2010
Los minoritarios de diez compañías cobrarán por adelantado este año
El Gobierno prevé incrementar 800 millones la recaudación en el 2010

Lluvia de pago de dividendos como aguinaldo de Navidad. Buen número de empresas españolas ha aprobado estos días –en sus respectivos consejos– adelantar el pago de parte del dividendo del 2010 a este ejercicio.
La explicación es sencilla: que el inversor logre sortear la subida fiscal impuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el año 2010, que se hizo pública cuando presentó los presupuestos generales del Estado y que pretendía recaudar 800 millones más.

En un principio, los inversores particulares tendrán que tributar al 18% si cobran en el 2009, frente al 19% que se establecerá en el 2010 con las modificaciones, excepto los 1.500 primeros euros obtenidos.

Además, las modificaciones tributarias van más allá. Si las ganancias patrimoniales superan los 6.000 euros, el pago a Hacienda se incrementará hasta el 21%, con lo que el desembolso al fisco aún sería superior si se cobrase el próximo año. O dicho de otro modo, lo que recibiría el inversor contante y sonante en su cuenta sería una cantidad inferior que si se le acaba pagando este año.

Este cambio afecta sólo a los inversores particulares (personas físicas) que tienen menos del 5% de una compañía, ya que las sociedades que suman más de ese porcentaje no tributan a Hacienda por su dividendo, sino que se rigen por el criterio de doble imposición establecido hace dos años y que se mantendrá sin modificaciones.

En un principio, Bolsa y Mercados Españoles (BME) abrió esta moda, a la que ya se han sumado otras compañías, como Repsol, Enagás, Catalana Occidente, Iberdrola, BBVA, Banco Popular, Viscofán e Iberpapel. Y ayer la constructora Acciona anunció que hace lo mismo, con un desembolso de 67,99 millones en total.

Entre todas las empresas que ya han comunicado el pago adelantado repartirán antes de fin de año 1.905,7 millones entre sus accionistas. No se descarta que de aquí a finales de año alguna más notifique adelantos.

El mayor reparto lo llevará a cabo la eléctrica Iberdrola, que pagará 751 millones. La petrolera Repsol YPF, a pesar de que ha rebajado el dividendo a cuenta, es la segunda sociedad que más desembolsará: 519 millones de euros.

Los 0,09 euros brutos propuestos por BBVA aún tienen que ser ratificados por el consejo de administración del propio banco que se celebrará el próximo 22 de diciembre, pero se espera que se ratifique el pago y se haga efectivo el abono el 28 de diciembre por un montante de 337,23 millones. El Banco Popular abonará también por adelantado 99,98 millones entre sus accionistas. Enagás ha adelantado la política de dividendo porque el 70% de su capital circula libremente en bolsa y justifica que los minoritarios lo habían solicitado. Además, «este avance permanecerá para siempre», explican fuentes de la empresa de transporte gasista.
Para la aseguradora Catalana Occidente, que también se ha sumado a esta tendencia, el desembolso será de 12,012 millones; mientras que para la sociedad navarra Viscofán el pago adelantado ascenderá a 12,11 millones y para la papelera Iberpapel supondrán 930.000 euros.

En opinión de Luis de Lamo, secretario técnico del Registro de Economistas de Asesores Fiscales, «es lógico este adelanto por la subida de los tipos impositivos». No obstante, este cambio tendrá un doble efecto para las arcas del Estado. El positivo es que recaudará más de lo previsto inicialmente en el 2009. El negativo es que sus previsiones de captar 800 millones más en el 2010 se verán menguadas porque parte ya lo habrá recaudado este año

UGT y CCOO acusan a Zapatero de echar una mano a la banca y a los promotores

Lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, según consta en un documento remitido el pasado viernes a la vicepresidenta Elena Salgado al que ha tenido acceso El Confidencial, los sindicatos critican abiertamente la Ley de Economía Sostenible, iniciativa estrella del Gobierno en su intento por cambiar el modelo productivo. Insuficiente, carente de reformas estructurales, sin un calendario de actuaciones a largo plazo, llena de dificultades de comprensión, generadora de inseguridad jurídica y, lo que es peor, incapaz de garantizar la financiación privada que quiere movilizar. Y eso sólo son las valoraciones genéricas.

UGT y CCOO cuestionan también la moratoria en la entrada en vigor de la nueva valoración del suelo urbanizable. Según la Ley de Suelo de 2007, los promotores tenían tres años para actualizar el valor de los terrenos urbanizables delimitados, esto es, listos para construir. Si no se acometían las promociones en los plazos recogidos por la planificación urbanística, tenían que ajustar la valoración a la baja en tres años. La Ley de Economía Sostenible eleva a seis años el plazo para echar cuentas, lo que supone un alivio para las cuentas de resultados de la banca y los promotores, que ya en junio de 2010 tendrían que retocar el valor de solares que con la debacle del sector constituyen un activo fuertemente depreciado.

“Esta medida concede un plazo a los afectados (propietarios del suelo y entidades financieras) para poder esquivar en unos casos o periodificar en otros las pérdidas derivadas de la depreciación de sus activos de suelo. (…) Esta medida retrasa y aminora los necesarios ajustes a la baja de los precios de la vivienda, tanto actuales como futuros, al conceder una prórroga a los agentes que han obtenido beneficios desmesurados con la materia prima sobre la que se edifican las viviendas”, apuntan los sindicatos en sus observaciones al anteproyecto.

También tiene sus propias recetas UGT y CCOO sobre los problemas de los mercados financieros. En este sentido, consideran que el Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades, pero sin recurrir a la deuda pública. Es más, estiman que “cuando estas medidas no sean suficientes, el Estado debiera recapitalizar directamente entidades para garantizar su viabilidad”. También subrayan que las ayudas públicas deben condicionarse a que el sector haga “el máximo esfuerzo” en reforzar sus reservas y a la “promoción de sistemas de cooperación o integración estables” entre las cajas de ahorros.

¿Quién paga la fiesta?
Lo más inquietante es que los sindicatos no ven claro cómo se financiará la iniciativa de Zapatero. Primero, en lo que toca al sector privado. “Se desconoce cuál será el mecanismo por el que, en un escenario de recorte de crédito y falta de liquidez para el funcionamiento de la economía real, aportará los 10.000 millones que, según la propuesta del Gobierno, le corresponden”, reza el documento. En cuanto a la parte pública, los agentes sociales lamentan que no se hayan concretado las características del Fondo para la Economía Sostenible que anunció el Gobierno y que financiaría las propuestas recogidas en la ley. De hecho, apuntan que “se dotará, en lo que respecta a recursos propios, reordenando las partidas no consumidas de la actuales líneas” del ICO.

Peor si se tiene en cuenta que se desarrolla en un marco de inseguridad jurídica. “El anteproyecto recoge principios económicos conjuntamente con principios normativos, lo que genera inseguridad jurídica”, se expone. Los sindicatos inciden igualmente en el olvido del sector sanitario en la ley y denuncian que el reciente Consejo Estatal de Medios Audiovisuales no se incluye en la reforma planteada de los organismos reguladores, en los que la norma genera “una situación de prolongación en la transitoriedad”. En algunos ha pasado más de un año desde que se tenían que haber renovado sus consejeros.

Finalmente, aprovechan para pedir mayor presencia sindical en la toma de decisiones socioeconómicas, precisamente en el día en que arranca de nuevo el diálogo social, tras su ruptura a finales de julio. “El diálogo social no debe, no puede, quedarse en los estrechos márgenes de la información y consulta”, aseveran, pidiendo que se dé continuidad a los ámbitos del diálogo social reforzado, como las políticas de infraestructuras, industriales y energéticas, o educativas y sanitarias.