Zapatero anuncia un nuevo impuesto para los 4.600 españoles más ricos

El presidente del Gobierno ha vuelto a la carga con la subida de impuestos para los que más tienen. Hoy en el Congreso, a instancias de Mariano Rajoy ha ido un paso más allá y ha reconocido que la nueva figura tributaria se hará pública «en breves semanas». Zapatero ha recalcado que sólo afectará a «ciudadanos con alta capacidad económica», pero no ha aclarado cuál será la fórmula.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy ha forzado la máquina y ha urgido a Zapatero a precisar si la subida impositiva afectaría al IRPF, al impuesto de Patrimonio o al de Sucesiones. Zapatero no ha dado demasiados detalles pero todo indica que se tratará de un nuevo gravamen ya que, ha explicado, no afectará a los impuestos que pagan la mayoría de los ciudadanos.

El «99,99%» quedará exento del mismo, según aseguró Zapatero. De esta forma, la nueva carga tributaria recaerá en aproximadamente 4.600 españoles. Con estas palabras el presidente parece dejar al margen definitivamente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El líder de la oposición no se ha sentido satisfecho con estas precisiones y ha acusado una vez más al Gobierno de generar desconfianza y preocupación y, sobre todo, con su nuevo anuncio, «una gran inquietud» ya que en su opinión, recortar los ingresos de funcionarios, congelar pensiones, subir el IVA y además introducir un nuevo impuesto no hará sino afectar gravemente al consumo y con ello al crecimiento y a la creación de empleo.

Rajoy pidió al presidente que explicara hoy mismo los detalles de la nueva medida para no seguir generando «desconfianza» e «incertidumbre», a lo que Zapatero le replicó que los gobiernos tienen que tomar decisiones deprisa en este momento e incluso cambiar de opinión, algo que el líder del PP no puede «porque no tiene».

En los pasillos del Congreso, Zapatero ha calificado de «perfectamente comprensible» la corrección en el decreto ley antidéficit sobre la limitación de crédito a los ayuntamientos y ha añadido que «rectificar» es un buen principio para gobernar. «Que haya un cambio en una fecha me parece algo perfectamente comprensible cuando se toman tantas decisiones», ha declarado el presidente.

‘Ha fallado a todo el mundo’
A continuación, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha enfrentado a la ‘número dos’ del Gobierno reprochando que el decreto de ajuste aprobado por el Consejo de Ministros es «el del desengaño». La dirigente ‘popular’ ha acusado al presidente y a De la Vega de haber engañado «a todo el mundo: a los pensionistas, a los trabajadores y a los empleados públicos».

«Este decreto ley es el principio de su final. El suyo es ya un Gobierno de circunstancias», ha dicho Sáenz de Santamaría, quien ha añadido que «gobiernan sin pensar, si pensaran de verdad en España hace tiempo que no estarían en el Gobierno».

De la Vega ha contestado que el Gobierno cree «en este país y en sus ciudadanos». Además, ha insistido en que en este momento lo que hay que hacer es «generar confianza». En este sentido, ha reprochado al PP su falta de apoyo al decreto ley y le ha comparado con el resto de oposiciones en algunos de los países de la Unión Europea: «Tenemos una desgracia: el PP no ha pasado el test europeo. Mientras en Bruselas el Gobierno trabaja, ustedes están en de fiesta en Valencia aunque no sé muy bien lo que celebran».

La vicepresidente primera del Gobierno ha acusado al PP de ser «un partido que sólo es capaz de montar algaradas y de decir no a todo, para obtener rédito electoral, no se puede tener confianza». Y ha agregado: «Su ceguera electoral les tiene asilvestrados». De la Vega ha zanjado su intervención asegurando: «Ustedes nunca están donde tienen que estar los partidos responsables porque han optado por quedarse fuera, como pájaros de mal agüero, al acecho del botín electoral. ¡Qué lástima!»

Los visados para construir viviendas suben un 26,6% en marzo

Los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España subieron un 26,6% en marzo en comparación con el mes anterior, mientra que descendieron un 7,6% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Fomento.

En febrero, los visados aumentaron un 23,2% en el mes, mientras que en tasa interanual bajaron un 20,3%.

De este modo, en los tres primeros meses del año, los visados autorizados para construir viviendas alcanzaron las 23.559 unidades, lo que supone un descenso del 24,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se modera la caída, que llegaron a registrar descensos que rondaban el 60% hace unos meses.

Según datos del Ministerio de Fomento publicados este jueves, del total, 17.557 visados fueron de pisos en bloque (con una caída interanual del 25,6%) y 5.991 de viviendas unifamiliares (-20,7%).

Mientras, los visados autorizados en otros edificios no destinados a viviendas familiares registraron una evolución diferente, pues pasaron de 4 entre enero y marzo de 2009 a 11 en el arranque de este año.

Ejercicios anteriores
El año 2009 cerró con 110.849 unidades visadas, un 58,1% menos que en el año anterior. El dato de visados es uno más de los que vienen a reflejar la coyuntura del sector inmobiliario español.

El descenso en el número de autorizaciones para construir fue ya patente en 2007. Ese año los visados autorizados se situaron en 651.427 unidades, un 24,7% menos que en 2006.

Sin embargo, fue en 2008 cuando los visados mostraron un desplome importante, con una caída del 59,3% respecto a 2007, hasta las 264.795 unidades.

En 2003 se visaron para construir 636.332 viviendas. Desde entonces la cifra no dejó de crecer año tras año, y llegó a su punto culminante en 2006, con 865.561 certificados autorizados.

El recorte de inversión que sufrirá Fomento generará 115.000 parados más en la construcción

Ya ha perdido un millón de empleos desde el inicio de la crisis.
Anci solicitó ayer al Gobierno que lo reconsidere.

La Asociación Nacional de Constructoras Independientes (Anci) solicitó ayer al Gobierno que reconsidere el recorte de inversión de 6.400 millones que sufrirá el Ministerio de Fomento, dado que, según sus cálculos, generará 115.000 parados más en la construcción, un sector que ya ha perdido un millón de empleos desde el inicio de la crisis.

La patronal advierte de que, además de elevar en un 11,5% el desempleo en la construcción, el ajuste inversor «pondrá además en grave riesgo la supervivencia de muchas empresas del ramo, que se verán abocadas a procesos concursales o a la quiebra».

«Todo ello sin perjuicio de generar una reducción del PIB, un aumento de la factura del subsidio de desempleo y una disminución de las cotizaciones sociales», señaló Anci en un comunicado, emitido después de que su junta directiva analizara el recorte presupuestario.

Además, Anci mostró su «inquietud» ante la posibilidad de que este recorte en el departamento que dirige José Blanco arroje «sombras de inseguridad» sobre los presupuestos futuros y «entorpezca» la financiación privada que se requiere para ejecutar el Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones de euros que ultima Fomento.

Por todo ello, la patronal de constructoras medianas solicita al Gobierno que reconsidere esta reducción de inversión pública y «busque en otros yacimientos de gasto corriente el importe que compete la cifra».

Asimismo, insta a «reformular» para ahora para los Presupuestos de 2011 medidas que «no pasen por el recorte de la inversión, sino del gasto no productivo».

La morosidad en alquileres urbanos aumenta un 17,61% en Cataluña

La morosidad en arrendamientos urbanos aumentó un 17,61% en Cataluña en el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior, con una cuantía media de 8.315,08 euros, según un estudio elaborado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

La cifra de morosidad alcanzada en Cataluña es ligeramente superior a la media nacional que asciende a los 8.182,55 euros, según ha informado en un comunicado el FIM.

Por provincias catalanas, Barcelona es la que mayor incremento porcentual registró en la morosidad de alquileres urbanos con un 20,08%, seguido por Girona con un 9,30%, Lleida con un 7,95%, y por último Tarragona con un 6,74%.

El FIM contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales en la gestión de arrendamientos.

Escepticismo ante la fusión de las cajas de ahorros

La última fusión anunciada por cuatro cajas españolas daría lugar a la quinta entidad financiera del país. Este último anuncio forma parte de la serie de fusiones y acuerdos de cooperación promovido por el Banco Central con objeto de reestructurar el sector financiero español. No obstante, el último acuerdo ha sido acogido con escepticismo por parte de los analistas bancarios, que cuestionaron la ausencia de un compromiso de recorte de costes o de limpieza de balances.

A diferencia de una fusión en una única comunidad autónoma, como las dos que se han aprobado en Cataluña, el nuevo plan no muestra un margen para el cierre de sucursales o posibles recortes de personal. «¿Qué se resuelve con esta operación?» se preguntaba un analista que prefirió mantenerse en el anonimato.

No obstante, el Banco de España asegura que cualquier petición de dinero público del FROB sólo se concederá si las cajas involucradas introducen drásticos recortes y un profundo plan de reestructuración. Caja Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria declararon haber llegado a un acuerdo para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP) que contaría con unos activos superiores a los 135.000 millones de euros, y una ratio de capital Tier 1 del 9,4% de los activos.

Las entidades aseguraron que el SIP en este caso funcionaría como un banco que tiene su sede central en Madrid y solicita ayuda financiera del FROB. Las cuatro cajas anunciaron el acuerdo menos de tres días después de que el Banco de España interviniera CajaSur, ante el fracaso del intento de fusión con Unicaja.

La intervención de CajaSur desconcertó a los ya de por sí volátiles mercados financieros mundiales, a pesar de que la caja sólo representa el 0,6% de los activos del sector financiero español. Al igual que ocurrió el año pasado con Caja Castilla La Mancha, la operación de CajaSur saca a la luz el grave problema de la deuda de dudoso cobro al que se enfrentan las entidades crediticias del país.

La agencia de calificación crediticia Fitch aseguró que, sin la intervención del estado, CajaSur habría presentado suspensión de pagos. Muchas de las 45 cajas de ahorro españolas se enfrentan a un elevado nivel de deuda de dudoso cobro tras el colapso de la burbuja inmobiliaria y casi dos años de recesión económica derivada de la crisis global.

La concesión de hipotecas en el R.Unido, en el nivel más bajo desde 2001

La concesión de hipotecas en el Reino Unido se situó el pasado abril en el nivel más bajo desde febrero de 2001, según las cifras difundidas hoy por la Asociación Británica de Banqueros (BBA).

El montante total de las hipotecas concedidas ese mes fue de 1.830 millones de libras (2.137 millones de euros/2.637 millones de dólares), una cifra que no supuso una sorpresa para los expertos, ya que el número de aprobación de préstamos hipotecarios está también en niveles mínimos desde finales de 2009.

Los problemas del mercado hipotecario británico son consecuencia de una combinación de factores: la supresión de las exenciones fiscales a la compra de la primera vivienda, las duras condiciones meteorológicas durante el invierno y la incertidumbre creada por las elecciones generales y el cambio de Gobierno.

El número de hipotecas aprobadas se situó en 35.729 durante abril, un leve repunte con respecto a marzo, pero sustancialmente por debajo de las 45.822 que se concedieron en diciembre de 2009.

David Dooks, director de estadísticas de BBA, declaró que «las prioridades de los hogares se reflejan claramente en estos últimos datos, con gente reduciendo su deuda en vez de acumulando ahorro».

«La incertidumbre sobre el impacto de las políticas del Gobierno y sobre la economía de los hogares y las empresas seguirá perjudicando a la confianza de los consumidores y tendrá una influencia en la toma de decisiones», dijo Dooks.

Cataluña otorga 152 millones a municipios para combatir el paro

Mientras los ayuntamientos españoles todavía no habían acabado ayer de digerir el corte del acceso al crédito, finalmente a partir de 2011, el Gobierno catalán se sacó de la manga una medida que puede resultar un alivio. El Consell Executiu dio luz verde a un paquete de 151,8 millones de euros de ayudas destinados a los municipios catalanes para lo que queda de este año y para el próximo.

El dinero (75 millones cada año) tiene como destino financiar proyectos e iniciativas que persigan «la contratación, el asesoramiento y la orientación profesional de personas en situación de paro, y también (…) impulsar programas de promoción económica, desarrollo local y prospección empresarial que ayuden a fomentar el empleo».

El Ayuntamiento de Barcelona está excluido de estas ayudas porque por su dimensión ?y la dimensión del problema del paro que sufre? requiere ayudas aparte, por concretar. Es la segunda vez que el Gobierno catalán aprueba ayudas con este objetivo. En 2008-2009, se destinaron a los municipios un centenar de millones de euros, incluida Barcelona.

La consejera de Trabajo, Mar Serna, explicó tras la reunión de su Gobierno que con el presupuesto para 2010 las acciones de contratación, asesoramiento y orientación podrán beneficiar a cerca de 48.000 parados. Los ayuntamientos podrán contratar o formar desempleados para desarrollar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas, el medio ambiente o el fomento de la convivencia ciudadana, como asistentes contra la violencia sexista.

El número de viviendas hipotecadas sube en marzo pero el capital prestado vuelve a caer

El número de hipotecas constituidas sobre vivienda subió en marzo el 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, el capital prestado para la compra de casas totalizó 6.226 millones de euros en marzo y bajó a una tasa interanual del -0,3%, frente a un alza del 3,5% del mes anterior.

En el caso del número de hipotecas, la de marzo, es la tercera subida consecutiva, mientras que en cifra de capital total prestado, se vuelve a descensos tras una breve subida en febrero, cuando registró el primer dato positivo desde el incremento del 2,3% de julio de 2007, que además, fue el más alto desde la subida del 6,5% de abril de ese mismo año.

Según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas sobre vivienda fue de 116.345 euros en marzo, un 2,6% inferior a un año antes.

En total, en marzo se hipotecaron 85.669 fincas, con una caída del 3,5% en comparación con el mismo mes de 2009. De esa cantidad total, 4.438 eran rústicas (+5%) y 81.231 urbanas (-3,9%).

Detectives enmascarados: Así controlan los bancos sus operaciones

Detectives enmascarados. Así se pueden definir a bancos y cajas que, ante la entrada en vigor de las nuevas normas financieras y fiscales, tienen cada vez más poder para investigar las operaciones de sus clientes. Ahora, pueden pedir explicaciones incluso de los movimientos iguales o superiores a 1.000 euros.

Las entidades financieras van camino de convertirse en un nuevo «Gran Hermano», que todo lo vigila. Movimientos con tarjeta, traspaso de cuentas, transferencias… Con un claro afán de controlar cuanto les rodea, acaba de aprobarse en el Congreso una nueva Ley de Blanqueo de Capitales que estudia investigar los movimientos bancarios de 1.000 euros. En realidad, es la Administración la que quiere identificar y detectar operaciones sospechosas.

Pero para conseguirlo, da poder a los bancos y a las cajas para identificar a sus clientes y establecer procedimientos para detectar fraudes que deberán comunicar después al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. Es decir, que cuando un usuario decida realizar una transferencia por importe superior a esta cantidad, la entidad de la que extrae el dinero podrá pedirle explicaciones.

Con la norma, el cliente bancario ve cómo crecen las exigencias de la banca sin que mejoren los servicios (en noviembre de 2009 entró en vigor la Ley de Servicios de Pago que también intensifica las peticiones al cliente). Fernando Sanz, responsable de publicaciones de Adicae, estima que la última medida que trata de controlar la economía sumergida, desde el punto de vista bancario, supondrá más burocracia para el cliente que efectividad. En su opinión, los movimientos bancarios suelen ser problemáticos y motivo de queja entre los clientes bancarios, con lo que deberían mejorar. Pero, ¿en qué otros ámbitos tiene control la banca sobre el cliente? ¿Qué nos puede exigir y cuándo? ¿Qué puede reclamar, por su parte, el usuario?

Transferencias: Desde el pasado mes de abril, bancos y cajas tienen la obligación de identificar a sus clientes cada vez que realicen movimientos de dinero iguales o superiores a 1.000 euros. El objetivo no es más que el de intensificar la lucha contra el fraude y las operaciones de blanqueo de capitales y las relacionadas con el terrorismo y el tráfico de drogas. Hasta ahora, Hacienda exigía a los bancos información de movimientos desde 3.000 euros. El listón se rebaja un poco más. Ahora, las entidades deben pasar al Fisco información (nombre, apellidos y banco destino) de los movimientos que superen los 1.000 euros. Esto no sólo incluye las transferencias, sino también los ingresos, los reintegros en efectivo o, a través de tarjeta, en su caso y las compras realizadas con estos últimos instrumentos.

La obligación de información es mayor, no obstante, para transferencias al exterior o movimientos de dinero superiores a los 50.000 euros, que es límite establecido por los sistemas de intercambio, según explican desde el Banco de España. «Si usted no facilita alguno de los datos mínimos exigibles para poder tramitar la transferencia, la entidad puede negarse a realizar la operación, o bien advertirle de que su ejecución puede ser más lenta o tener comisiones más altas», añaden desde la institución.

El cliente no puede negarse a ocultar su identidad. No obstante, sí que puede solicitar una serie de servicios. Francisco Sanz, de Adicae, recuerda que no es una buena práctica bancaria que una entidad tarde en hacer efectiva la transferencia. «Si pasan más de dos días sin que esté disponible el dinero, un usuario debería reclamar, porque le estarían dando un mal servicio», comenta.
De igual modo, la nueva Ley de Servicios de Pago obliga a las entidades a que en los ingresos en efectivo, la fecha de valor y el día de recepción del dinero deben coincidir. La disponibilidad ha de ser instantánea.

En Adicae también opinan que no parece muy razonable el coste que aplican las entidades por realizar transferencias, unas comisiones que no han dejado de crecer en los últimos años. A cierre de abril de 2010, el coste medio por realizar una transferencia es de 3,56 euros, ya sea en la misma plaza o en otra, es decir, que ha crecido un 30 por ciento en los últimos cinco años. La comisión máxima, no obstante, se eleva a los 7,50 euros. Francisco Sanz estima que no parecen razonables estas cantidades y que son desproporcionados con el coste real del servicio.

Cuentas: Desde finales de 2009, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios de Pago, están más controladas las cuentas corrientes utilizadas en varios países. La normativa ha unificado la legislación bancaria en la Unión Europea. Ahora, ya es posible operar con una sola cuenta en todo el ámbito europeo, utilizar las tarjetas de débito o domiciliar pagos en cualquier país. Esto beneficia, sobre todo, a quienes trabajan o residen largas temporadas en el extranjero. No obstante, también ha servido para aumentar la colaboración entre los organismos fiscales de los distintos países, con el ánimo de investigar operaciones y movimientos de dinero sospechosos.

Divisas: Las entidades deben identificar a sus clientes e incluso el destino de los fondos cuando éstos reclamen cambio de moneda extranjera por importe superior a los 3.000 euros.

Domiciliaciones: Con el ánimo de prestar un mejor servicio al cliente, la Ley de Servicios de Pago ha incrementado las exigencias para domiciliar recibos. Hasta ahora, era el propio titular quien ordenaba a la entidad financiera domiciliar determinados pagos. Con la nueva norma, es obligatorio que el consumidor dé al emisor la autorización expresa de que acepta el cargo de esos pagos domiciliados. Como aspecto positivo, ha aumentado el plazo de tiempo para devolver una factura con la que se esté disconforme. Se reservan ocho semanas, frente a las cuatro anteriores.

Productos sofisticados: la nueva ley de Blanqueo de Capitales también obliga a las entidades a identificar a los titulares de productos de inversión (sobre todo los más sofisticados, como estructurados) que ofrece la banca privada.

Los empleados de las empresas públicas mantendrán el sueldo

La consellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, ha asegurado hoy que los empleados de las entidades privadas que trabajan para la Generalitat en ámbitos como los servicios sociales y la educación van a mantener su sueldo.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, sí indicó que los conciertos que estas entidades reciben del Govern se van a reducir, aunque ello no implicará una reducción del salario de sus trabajadores. El recorte «no puede afectar a los convenios colectivos del sector privado», ha dicho.

Serna ha dejado claro que el Govern tiene el objetivo de aprobar el próximo martes las concreciones de cómo la Generalitat procederá al recorte presupuestario, cumpliendo así con la «fecha límite» que se había marcado.

Para la consellera, el decreto del Gobierno sobre el recorte no acaba de dejar claros determinados conceptos, como el de empleado público, en el sentido de si el recorte debe afectar solo a los funcionarios o también al personal laboral.

Derrota de Castells
La decisión de no aplicar la rebaja salarial a los asalariados de la Administración en empresas concertadas es un varapalo para el conseller de Economia, Antoni Castells, que no estaba dispuesto a ceder a las presiones de los sindicatos y quería aplicar la rebaja a todos los salarios procedentes de la administración.

Iniciativa también se oponía a la posición de Castells. Los ecosocialistas insisten en que antes de tocar estos salarios es preferible aumentar impuestos a las rentas más altas, una medida que Castells ha descartado.

La Generalitat paga la nómina de los profesores y de médicos y enfermeros de centros concertados. Pero hay diferencias. La mayoría de los 27.000 enseñantes de la enseñanza concertada cobran menos que los de la pública porque, aunque se está cerca de equipararles el sueldo, los complementos por conceptos como cargos y tutorías y las antigüedades hacen que los de la pública ganen más.