Las estadísticas sobre los precios de la vivienda no están ‘a la altura’

El Banco de España cree que «la calidad» de las estadísticas oficiales que ofrecen el INE y el Ministerio de Vivienda no está «todavía a la altura de la importancia que tiene el sector».

Esta valoración, que recoge del Informe Anual 2009 publicado hoy, alinea al regulador español con las opiniones de los analistas locales y foráneos que, como Fitch, ponen en duda la utilidad de las estadísticas sobre precios que publican los diferentes organismos españoles y desacredita la labor recopiladora del Ministerio de Vivienda, que desde hace años publica sus propias estadísticas y las defiende.

El Banco de España destaca en su informe que «el severo ajuste del sector inmobiliario» como una de las principales particularidades de la crisis española. El informe destaca la fuerte contracción de la oferta de vivienda y el amplio ‘stock’ a la venta, pero no se pronuncia sobre el ajuste del sector, cuya absorción requerirá «algún tiempo», en función de lo que «tarde en recuperarse la demanda o en completarse el ajuste en los precios».

Sobre la evolución de los precios, analiza que «la corrección de los precios ha sido menos acusada» de lo esperado, ya que únicamente han descendido en torno a un 12%, «dependiendo de las distintas fuentes».

«La continuación -añade el análisis- del proceso de ajuste en el sector inmobiliario hasta su culminación supondrá una fuente de detracción de gasto en los próximos trimestres», un factor que limitará el recorrido de la recuperación de la economía española en el corto plazo, pero constituye un elemento esencial para que el dinamismo económico se asiente sobre una base más sólida.
Una década de burbuja
Según el Banco de España, las altas expectativas de revalorización de los inmuebles alentó durante casi una década «una fase de auge», alimentada por una sustancial mejora en las perspectivas de renta futura y un entorno demográfico extraordinariamente dinámico.

Estos factores «alentaron la expansión del sector hasta unos niveles que resultarían excesivos, tanto desde el punto de los recursos productivos que se destinarían a la producción de inmuebles como de su valoración y del endeudamiento vinculado a la actividad residencial».

Ello «hacía inevitable y necesario» el ajuste, que comenzó a producirse de forma gradual primero, antes de la crisis de las hipotecas ‘subprime’ y abrupta, tras «el cambio de orientación de la política monetaria del BCE».

El Congreso abre la puerta a la cancelación total de la hipoteca si el banco se queda con el piso

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado con el voto en contra del PSOE una proposición no de ley pactada entre PP, ERC, IU e ICV que da al Gobierno un plazo de tres meses para evaluar las reformas normativas pertinentes para permitir que las ejecuciones hipotecarias se resuelvan completamente sólo con la entrega en pago de la vivienda sobre la que se operó el préstamo.
Aunque el PSOE ha expresado su radical rechazo a la medida a través de su portavoz, Higinio Almagro, el resto de grupos ha dado su aval a la propuesta, defendida por el diputado de ICV, Joan Herrera, y consensuada con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Si bien, éste ha rebajado desde la propuesta original, que reclamaba directamente modificar las leyes de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria.

Actualmente, el cliente tiene que hacer frente, además de haber perdido su casa en favor de la entidad financiera, a la diferencia que existe entre la cantidad del crédito hipotecario que le fue concedido y el valor actual de tasación del inmueble, que está, en la mayoría de los casos, por debajo. Es decir, si a un hipotecado le fue concedido un préstamo de 300.000 -valor de tasación del inmueble en ese momento- y hoy se le embarga su casa y se le tasa en 200.000, éste también tiene que abonar los restantes 100.000 euros.

La Comisión, además, ha dado su visto bueno a una proposición de ley del PP que insta al Gobierno a ampliar el plazo de la moratoria en la materialización de las cuentas ahorro para la compra de vivienda habitual en un año más, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Moratorias también para alquileres
La Comisión de Vivienda también ha dado luz verde, con el único rechazo del PSOE, a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) que, entre otras medidas, pide al Gobierno que impulse moratorias en el pago de las cuotas mensuales del alquiler así como medidas de apoyo financiero para cubrir esta mensualidad a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo o que dispongan de pocos recursos, como las perceptoras de una pensión de viudedad

El portavoz de Vivienda de CiU en la Cámara Baja, Pere Macias, ha argumentado la necesidad de establecer esta medida de forma temporal para ayudar a aquellas personas que tienen más dificultades para abonar su arrendamiento mensual. Con ello se pretende, explica, extender a los inquilinos que atraviesan una situación económica difícil las ayudas y moratorias que ya se vienen aplicando en el pago de la hipoteca a aquellas personas que se encuentran en paro.

El precio del suelo urbano agudiza su descenso y cae un 14,3%

El precio del suelo urbano, que supone entre el 40% y el 60% del precio final de las viviendas, cayó un 14,3% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2009, informó hoy el Ministerio de Vivienda. Se trata de la mayor bajada desde el último trimestre de 2008. En las ciudades con más de 50.000 habitantes, el precio se desplomó un 25%.

El descenso del precio del suelo intensificó así su caída desde las reducciones del 7,5% y del 6,5% que registró en los dos últimos trimestres del pasado año, y cerró el pasado mes de marzo en un importe medido de 204,7 euros por metro cuadrado.

Por tipo de municipio, en el primer trimestre del año el metro cuadrado de suelo urbano sólo se encarece en aquéllos que cuentan con menos de 1.000 habitantes, donde se incrementó un 8,9% y se situó en 83 euros.

En el resto de localidades, los descensos oscilaron entre el 24,6% contabilizado en los municipios de más de 50.000 habitantes y entre el 3,3% que cayó en los que suman entre 1.000 y 5.000 ciudadanos.

Así, a la conclusión del primer trimestre del ejercicio el metro cuadrado de suelo más caro se localiza en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Madrid (902,4 euros), Vizcaya (817,2 euros), Salamanca (766 euros) y Barcelona (720,9 euros). Por contra, los precios más bajos se registraron en localidades de la provincia de Badajoz (131,6 euros) y Córdoba (234,6 euros).

Por su parte, el número de transacciones de suelo registradas en los tres primeros meses del año repuntaron un 3% en comparación a igual periodo de 2009, al sumar 5.758 operaciones, si bien esta cifra es inferior (un 6,4%) a las 6.150 del último trimestre del pasado año.

En estas transacciones compraron y vendieron 5,5 millones de metros cuadrados de terreno urbano (un 36,5% menos que entre enero y marzo de 2009), que suman un valor de 1.010,5 millones de euros (un 60,7% menos).

Castilla y León, Andalucía y Cataluña concentraron el 57% del total de transacciones de suelo cerradas en los tres primeros meses del año, dado que registraron el 25%, el 20% y el 12% del total de operaciones, respectivamente.

Los proveedores audiovisuales y los operadores se alían frente a Google

El enemigo a batir está plenamente detectado. Aunque desde perspectivas diferentes, las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos han dejado de lado sus batallas en Internet para hacer frente al poder que Google acapara en la red de redes.

Representantes de los dos sectores se sorprendieron ayer, durante el Encuentro de las Telecomunicaciones, organizado por el IESE, al encontrar posturas comunes en el debate sobre la neutralidad de red, que defienden desde la transparencia y la no discriminación.

El director de relaciones Institucionales de Telefónica, Carlos López Blanco, explicó que, en un escenario de crecimiento exponencial de tráfico, multiplicado por el vídeo, el negocio publicitario hace que empresas como Google se esfuercen por que crezca aún más, lo que altera el actual modelo de negocio y pone en riesgo las redes, que pueden llegar a saturarse.

Bajo el principio de la defensa del usuario, que debería repartir con las empresas de servicios de Internet, como Google, la factura de Internet, López Blanco pidió libertad en la gestión de las redes por las operadoras, bajo los principios de transparencia y no discriminación, con servicios diferentes de acuerdo con los niveles de calidad que quieran los usuarios, y también con precios distintos.

López Blanco lamentó las asimetrías regulatorias entre los operadores, intervenidos en precios, y las empresas de Internet, que actúan con libertad y alcance global.

Por su parte, el presidente del grupo audiovisual Lavinia, Antoni Esteve, definió el actual momento de Internet como una “batalla de intereses de distintas empresas, que se encuentran en sitios diferentes de los que vienen”, y se citan en la actividad del mundo audiovisual. En esta batalla, Google y Apple controlarán el mercado en abierto del audiovisual y la distribución de los contenidos, respectivamente, con la misma posición que Coca-Cola y Pepsi han logrado en el mercado de los refrescos, con el que Antoni Esteve comparó Internet. Para que la industria de los contenidos no sea fagocitada por estas dos plataformas, resulta fundamental la neutralidad de red.

En el debate, el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, y su vicepresidente, Marcel Coderch, coincidieron en mostrarse abiertos a la existencia de distintas calidades dentro de Internet que garanticen los servicios a los usuarios. Rodríguez es partidario de regular al mínimo los servicios de Internet.

Street View
Por otra parte, la Fiscalía de Nueva York investiga a Google por recabar datos de redes inalámbricas particulares, mientras tomaba imágenes para su programa de mapas Street View.

Eliminar las incertidumbres de la tasa de TVE
El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, apostó ayer por resolver la incertidumbre sobre la tasa de TVE, que obliga a los operadores de telecomunicaciones a aportar el 0,9% de sus ingresos y compensar la eliminación de la publicidad, para impulsar la inversión en el sector. Según Rodríguez “convendría eliminar las dudas que genera la fiscalidad asociada a las tasas de televisión con el objetivo de que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones con visibilidad”.

Alemanes, noruegos y daneses también se jubilan a los 67 años

Para evitar que el envejecimiento de la población ponga en riesgo las pensiones.

La propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero de ampliar la edad de jubilación, de manera progresiva, hasta los 67 años no es un conejo que se ha sacado de la chistera. Socios comunitarios han adoptado está medida o están en proceso de adoptarla para evitar que el envejecimiento de la población ponga en riesgo de supervivencia el sistema de pensiones.

La propuesta del Ejecutivo no afectará a los nacidos antes de 1947, que sí se podrán jubilar a partir de los 65 años. A partir de 1948, la edad se incrementará en dos meses para que a los nacidos en 1959 se les aplique la nueva edad: 67 años.

Es el mismo sistema que Alemania aplicó hace ahora dos años. El Gobierno de coalición de Angela Merkel logró que la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) sacara adelante, en marzo de 2007, su segunda gran medida económica. Los trabajadores alemanes pasarán a jubilarse a los 67 años desde los 65 a partir de 2029, tras aumentarse un mes más por año a partir de 2012. Hasta ahora, la edad media de jubilación se encotnraba en los 63,2 años.

‘El Club de los 67 años’ contará también con nuevos socios. Los noruegos y daneses verán como pasarán a jubilarse a partir de los 67 años desde 2007. Holanda lo hará en dos tramos. En octubre, su gobierno anunció su intención de aumentar la edad de jubilación un año, hasta los 66 años, de manera progresiva hasta 2020 para llegar a los 67 en 2025. Eso sí, con una salvedad: las personas con bajos ingresos o trabajos difíciles deberían estar al margen de esa regulación

Lo que cuesta la sanidad pública: parto, 1.600€; apendicitis, 2.500€; trasplante de corazón, 96.000€ @BuscoPisoCasa

Es posible que cuando vaya usted al hospital en un futuro no muy lejano, pueda consultar en la puerta el precio de los distintos procedimientos médicos a los que se va a someter, como si del menú del día se tratase. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado su intención de informar a partir de septiembre a los ciudadanos de lo que nos cuesta la sanidad a través de una factura informativa.

El anuncio, que pasó semidesapercibido a última hora de la tarde, entre el partido de la selección española de fútbol y el abaratamiento del despido, no tiene como objetivo cobrar a los ciudadanos (ni siquiera en forma de copago), sino informarles del precio de ir al médico y recordarles que ir al médico no es gratis mediante la llamada ‘factura en la sombra’.

Ese documento podría informarle, por ejemplo:
de que su parto sin complicaciones le ha costado al Sistema Nacional de Salud unos 1.600 euros,
o hasta 3.000 si se ha sometido a una cesárea algo problemática
antes de salir del centro con una prótesis de cadera nueva, podrá saber que todo el procedimiento asciende a 13.000 euros
o que su operación de apendicitis cuesta unos 2.500 euros (que puede encarecerse hasta los 6.000 si hay complicaciones),
y hasta 96.000 si han tenido que realizarle un trasplante de corazón (unos 60.000 para un trasplante combinado de riñón y páncreas).
No son cifras al azar. Son algunos de los ejemplos que la directora general de planificación e innovación sanitaria de la Junta de Andalucía, Celia Gómez da a ELMUNDO.es según las medias de su comunidad correspondientes al año 2008. Precisamente en Andalucía está previsto implantar este tipo de factura informativa antes de final de año y su responsable aclara algunas de las peculiaridades de este sistema.

Diferencias entre hospitales
«Nuestra intención es que los costes de los que se informe al paciente sean los del propio centro, lo más aproximadas a la realidad. Porque no es lo mismo dar a luz en un hospital comarcal pequeño que en uno universitario más grande», aclara. Por eso, es probable que a partir del año que viene, dos andaluces que se sometan a la misma cirugía comprueben que no cuesta lo mismo en un centro que en otro. «En los grandes, por ejemplo, hay más posibilidad de aprovechar recursos. Y al sistema no le cuesta lo mismo atender una zona despoblada que otra más densamente poblada», aclara la responsable de la Junta.

Aunque el anuncio del Ministerio de Sanidad debe aún presentarse ante el Consejo Interterritorial de Salud que agrupa a las comunidades autónomas, Celia Gómez explica cómo se calculan aproximadamente estas cifras. «Partimos del presupuesto global de un hospital; y del número de procedimientos de cada tipo que realiza al año. Baremando estas pruebas y dividiendo el total sacamos el coste de cada intervención», aclara. Estos costes reales difieren un poco del precio que las administraciones están obligadas a hacer público, por ejemplo, para ‘cobrar’ a las mutualidaes o a otros países extranjeros.

El método de los hospitales privados para cobrar a sus clientes es un poco diferente, como explica a ELMUNDO.es el director general del Grupo Hospital de Madrid, Juan Abarca. «Nosotros facturamos por concepto e imputamos al paciente por gastos concretos, de manera que con el informe detallado se lleva una factura muy delimitada».

En dicha factura lo habitual es que la medicación y el material se lleven la mayor parte. A cambio, la sanidad privada no ‘carga’ con tantos gastos fijos como la privada (por ejemplo, en materia de personal sanitario), lo que le permite tener unos costes alrededor de un 30% más bajos que en el sistema nacional de salud. Una operación de cadera, por ejemplo, puede ascender en uno de estos centros a unos 5.000 euros.

En la lista de procedimientos, pruebas diagnósticas o tests complementarios que maneja la Junta de Andalucía, se mencionan también:
los 100 euros de una biopsia (incluidos los resultados del laboratorio)
los 35 de una ecografía abdominal
200 para una sesión de diálisis,
o los 100 euros de una de radioterapia.

Debatir con las comunidades
La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, no está descontenta del todo con la futura ‘factura en la sombra’ que prepara Sanidad. «Nos parece una buena medida, aunque llega muy tarde. Concienciar a los consumidores y pacientes de lo que cuesta el acto médico y las medicinas es básico porque el dinero que se utiliza para financiar ambas cosas es de todos y sale de los impuestos», ha señalado a ELMUNDO.es su portavoz, Ileana Izverniceanu. «Asimismo sería interesante recuperar el precio en los envases de los medicamentos. Ojalá esta medida sea efectiva pero reiteramos que llega tarde».

Fuentes de Sanidad han precisado a ELMUNDO.es que aún no hay ningún aspecto detallado, y que hará falta sentarse en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas para determinar en qué procesos y servicios se establece esta ‘factura’. Para ello se establecerá un grupo de trabajo a partir de septiembre y se tendrán en cuenta las experiencias piloto que ya hay en algunas regiones.

En este sentido, la responsable andaluza insiste en que es importante definir bien cómo se traslada esta información al paciente. «Porque, al fin y al cabo, ése es el principal objetivo de la medida. Que se sepa el esfuerzo que hacemos entre todos. Que la sanidad no es gratis, nos cuesta dinero». Un guante que probablemente Sanidad recogerá, ya que Jiménez insistió en que la factura en la sombra irá acompañada de «una campaña informativa para fomentar un adecuado uso de los servicios sanitarios».

Santander obtiene la mejor nota de los bancos europeos en las pruebas de estrés

El Santander es el banco mejor calificado en las pruebas de estrés realizadas a las 30 mayores entidades de la Unión Europea, según aseguraron fuentes gubernamentales.
Esta información surgió durante la reunión bilateral entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro británico, David Cameron, durante la que se habló de la gran presencia del Santander en Reino Unido. Las fuentes consultadas no desvelaron qué posición ocupa el BBVA en este ranking europeo.

Las pruebas de estrés a los principales bancos europeos están siendo realizadas por los supervisores nacionales a partir de una metodología común elaborada por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS, por sus siglas en inglés). Su objetivo es comprobar la salud del sistema financiero en su conjunto y su grado de resistencia a un agravamiento de la crisis.

La primera ronda de pruebas de estrés se realizó el año pasado y su conclusión fue que, incluso en el peor escenario económico, los grandes bancos resistirían porque está suficientemente capitalizados, aunque podrían llegar a perder hasta 400.000 millones de euros entre 2009 y 2010. Los resultados individuales no se publicaron por la oposición de la mayoría de países, incluida España.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió este jueves al resto de líderes de la Unión Europea que se publiquen las pruebas de estrés de las entidades financieras para atajar las especulaciones del mercado sobre la salud de los bancos.

El presidente español quiere también una mayor «transparencia» para poner fin a los rumores que se suceden desde hace días sobre posibles rescates.

Zapatero abordó este asunto durante el desayuno que mantuvo con el presidente permamente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, poco antes del inicio de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en Bruselas.

En este encuentro, Zapatero explicó que el Banco de España ha anunciado su intención de publicar las pruebas de solvencia de las entidades financieras españolas siguiendo un sistema que obedece a principios «conservadores y exigentes». Van Rompuy, por su parte, defendió «combatir con transparencia los efectos de la especulación financiera», según las mismas fuentes.

El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, anunció este miércoles que la institución se proponía hacer público el resultado de las pruebas de estrés, justo un día después de que la patronal de la banca (AEB) solicitara la publicación de dichas pruebas al considerar que las continuas informaciones que aparecen en los mercados «causan perjuicios» al país y a la banca.

Fernández Ordóñez explicó que el Banco de España ha realizado unas pruebas de estrés para verificar que «todos los bancos, cajas y cooperativas tienen ya previsto disponer de suficiente capital, no solo para transitar los escenarios más razonables, sino para soportar escenarios de crecimiento complicados en el futuro».

Este jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, confirmó que los ‘stress test’ realizados a la banca se publicarán de manera individual, con el fin de que el mercado conozca la situación real de cada entidad y contribuir a generar confianza.

El Banco de España publicará las pruebas de solvencia de la banca para desmentir los rumores internacionales

El Banco de España hará público el resultado de las pruebas de estrés (como se denomina la auditoría de riesgos y rentabilidad) hechas para estimar la solvencia de bancos, cajas y cooperativas, con el fin de que los mercados internacionales conozcan «perfectamente» la situación del sistema financiero español.

Durante el discurso de presentación del informe anual del 2009, el presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dejado claro que la reforma del sistema financiero es una de las claves para que la economía española recobre su credibilidad. En este sentido, ha anunciado que el supervisor va a hacer públicas las pruebas de solvencia para que los mercados conozcan «perfectamente» la situación y fortaleza del sistema. Precisamente, los bancos españoles, muy atacados en los mercados, han reclamado a la Comisión Europea que revele las pruebas que ha realizado a toda la banca europea para demostrar su mejor situación comparativa.

El Banco de España considera que la reordenación de las cajas de ahorro ha quedado «prácticamente trazada» con las fusiones anunciadas. Sin embargo, el gobernador ha advertido de que el supervisor actuará antes de que finalice en mes si alguna de las uniones fracasa o alguna entidad queda «rezagada». Es decir, que forzará operaciones (como ya hizo obligando a Caixa Girona a quedar bajo el amparo de La Caixa) o, en último caso, optará por la intervención.

Apoyo al Gobierno
Fernández Ordóñez ha avalado el «extraordinario esfuerzo de austeridad» aprobado por el Gobierno para recuperar la credibilidad económica. Pero ha advertido de que es «absolutamente imprescindible» cumplir con los objetivos comprometidos con la Unión Europea, incluso si la economía crece menos de lo que prevé el Gobierno. Lo contrario, ha alertado al Ejecutivo, tendría «graves consecuencias». Para evitarlas, ha pedido la colaboración de todas las administraciones territoriales.

El Banco de España juzga ineludible que antes del verano estén completadas la reforma financiera, la laboral, la de las pensiones y el ajuste fiscal. En particular, considera «primordial» acabar con las «deficiencias estructurales graves» del mercado de trabajo. El punto más importante, en su opinión, es acabar con la «particularmente perjudicial» estructura de la negociación colectiva.

Una vez afrontadas las reformas más urgentes, el supervisor considera imprescindible abordar otras, como las de la educación, la modernización de las administraciones y la eliminación de los solapamientos de las mismas, la orientación de las inversiones en infraestructuras hacia las que sean más competitivas, la privatización o racionalización de empresas públicas, y la liberalicación de sectores productivos como la energía.

Advertencia
Fernández Ordóñez advierte a las entidades de que si al cierre de junio algún proyecto de fusión fracasa o alguna entidad se ve rezagada, el Banco de España actuará «utilizando los mecanismos previstos en la ley del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria». Dicha ley da amplios poderes al organismo para intervenir una entidad si la considera inviable, al tiempo que permite también apoyar financieramente la reestructuración de entidades

¿Cómo recuperar seis puntos de nuestro exiguo permiso de conducir?

La primera advertencia es saber que sólo se imparten en 214 de las 7.500 autoescuelas que hay en España. Duran 12 horas y cuestan algo más de 186 euros

¿Cómo recuperar seis puntos de nuestro exiguo permiso de conducir? Ésta es la importante pregunta que se h lanzado a contestar hoy, el mismo día en el que el ministro del Interior ha perfilado en el Congreso la nueva estrategia de seguridad vial pergeñada para el periodo 2011-2020, la Confederación Nacional de Autoescuelas, conocedora de la gran horda de críticas que ha despertado la nueva Ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado 25 de mayo. Particulares que se han quejado del afán recaudatorio de la Administración y conductores que se lamentan por las nuevas infracciones como tocar el GPS mientras se está al volante pueden recuperar parte de los puntos detraídos a partir de un curso de recuperación parcial de puntos.

A continuación, te resolvemos todas las dudas que te pueden asaltar sobre estos cursos de recuperación parcial de puntos de tu carné:

1. ¿Cuánto dura el curso de recuperación de puntos? 12 horas.
2. ¿Qué precio tienen esas horas? La Confederación Nacional de Autoescuelas ha cifrado el precio por el curso en 186,46 euros, IVA incluido.

3. ¿Qué pasa si agotamos nuestro saldo total -que puede ser de hasta 14 puntos en la actualidad- de puntos? En primer lugar, que estamos un semestre entero sin poder ponernos al volante. Hay otra opción, que es cursar otro ciclo de formación para recuperar el permiso de conducción, que según las autoescuelas tienen mayor duración e importe que el de la recuperación de puntos. Y, finalmente, nos podemos volver a examinar ante la Dirección General de Tráfico.

4. ¿Cómo funcionan los cursos de recuperación parcial de puntos, para renovar ese máximo de seis puntos? Se pueden realizar estos cursos cada dos años, un año si el conductor acredita su profesionalidad al volante -como un transportista-, y con ellos se recuperan, por curso, seis puntos, doce en total y ocho si el conductor es novel.

5. ¿Dónde los cursamos? En alguna de las 214 autoescuelas autorizadas en el país para impartir estos cursos, de las 7.500 que existen en España.

¿Cuántos puntos perdemos si…?
Perdemos dos puntos si… circulamos con un menor sin sillita.
Perdemos tres puntos si… realizamos cambios de dirección prohibidos, conducimos sin cinturón, sin casco, sin alumbrado o hablando por el móvil.
Perdemos cuatro puntos si… conducimos con un exceso del 50% o más en el número de plazas autorizadas, conducimos sin carné, borrachos, arrojamos objetos a la vía, no respetamos un stop, un semáforo o un ceda el paso, adelantamos peligrosamente, ponemos en peligro a los ciclistas, maniobramos marcha atrás en autopistas o autovías, conducimos con el carné suspendido, no respetamos la distancia de seguridad, aumentamos la velocidad e impedimos un adelantamiento.
Perdemos seis puntos si… conducimos borrachos (a partir de 0,50 miligramos por litro en sangre) o bajo los efectos de las drogas, no queremos someternos a un test de alcoholemia, conducimos temerariamente, circulamos en sentido contrario, alteramos el funcionamiento del limitador de velocidad, usamos sistemas de detección de radares y, en el caso de conductores profesionales, no respetan los tiempos de descanso.

Uno de cada cuatro bancos mantienen las restricciones de antes de la crisis

Las entidades financieras y las compañías aseguradoras tienen hasta final de año para adaptarse a las normas regulatorias del Banco de España y la CNMV.

El Banco de España ha reconocido el efecto que las malas prácticas remunerativas han tenido sobre el sector financiero y en la crisis económica. Así los famosos bonus que recibían los directivos, consejeros o empleados de alguna entidad financiera tendrán que adaptarse a las directrices impuestas por los organismos de control, que comenzarán a sancionar por incumplimiento a partir de 2011. Ya no se permitirán altas retribuciones por alcanzar objetivos a corto plazo (un año), sino que los altos directivos o comerciales deberán perseguir la calidad y unos resultados a medio y largo plazo. La crisis económica ha provocado un giro en las estrategias de negocio: antes de 2008 se centraban en el crecimiento y, actualmente, trabajan en la gestión del riesgo.
Según un estudio elaborado por la empresa auditora KPMG y la Escuela de Negocios IESE, el 76% de las compañías encuestadas (el 70% de los bancos españoles, el 50% de cajas de ahorro y el 21% de compañías aseguradoras) ya se están adaptando a las exigencias de control de riesgo y ajuste de retribuciones. Sin embargo, no todas las entidades financieras ven necesario esta cambio de estrategia y, todavía, alrededor del 24% no han iniciado modificaciones en su política de retribuciones variables.

En palabras del profesor de IESE y uno de los autores del estudio, Sandalio Gómez, hay «una autodefensa a que alguien de fuera te regule». En la otra cara de la moneda, existen entidades que ajustan sus retribuciones independientemente de que exista un organismo regulador. Esta estrategia a seguir por la mayoría de bancos o cajas de ahorro hace pensar que «las retribuciones variables sí tienen mucho que ver con la actual crisis económica». Hasta ahora, los miembros de la alta dirección de la entidad recibía el 72% de las retribuciones variables y los integrantes del área comercial, el 81%.

Bajo lupa
A partir de 2011, cada entidad tendrá que articular un Comité de Retribuciones que trabaje estrechamente con el Comité de Riesgos. El objetivo es aportar mayor transparencia en el pago de primas a los miembros de gobiernos corporativos para garantizar una gestión sólida. Por este motivo, el Banco de España velará por el cumplimiento de la nueva normativa en materia de remuneraciones y podrá sancionar en caso de que no se sigan los requisitos establecidos.
En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (que denunciaba ayer la falta de transparencia en cuanto a las retribuciones de consejeros en las empresas del Ibex-35) quiere actualizar el Código Unificado de Buen Gobierno para que todo lo relacionado con las políticas retributivas se incorporen al ordenamiento jurídico. Esta supervisión facilitará el cumplimiento de los cambios regulatorios en el ámbito del capital y liquidez que se estipulan en Basilea III.

En cuanto al coste que conllevará esta adaptación a las entidades, desde KPMG aseguran que dependerá del nivel de riesgo que actualmente asume cada compañía financiera

Temperatura de fusión
Las cajas de ahorro que hayan acordado fusiones con otras entidades tendrán que revisar sus estatutos para cumplir con la norma de retribuciones y, además, sufrirán el impacto con la nueva directriz que requiere una profesionalización de los consejos de administración, según ha matizado el director de Performance de KPMG, Eduardo Gómez. En opinión de los autores del estudio, la unión de cajas de ahorro facilitará el cumplimiento en cuanto a retribuciones; más aún en aquellas que han solicitado ayudas al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), ya que se garantiza la supervisión de su estrategia de negocio durante cinco años.