El número de hipotecas sobre viviendas sube un 0,2% en abril

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ralentizó su crecimiento en abril y aumentó tan sólo un 0,2% en relación a igual mes de 2009, hasta situarse en 50.342, encadenando así su cuarta subida interanual consecutiva, aunque a mucho menor ritmo que las de enero, febrero y marzo, meses en el que las viviendas hipotecadas avanzaron un 2,3%, 8,5% y 2,4%, respectivamente.

Respecto al mes anterior, las viviendas hipotecadas se redujeron un 5,9% respecto a marzo, frente a los mayores incrementos registrados en los meses anteriores.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en abril los 114.132 euros, un 1,1% menos que en igual mes de 2009, mientras que el capital prestado bajó un 1% en tasa interanual, hasta rozar los 5.744,6 millones de euros, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Caída total de las hipotecas del 4,3%
En abril se constituyeron 79.392 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un retroceso del 4,3% respecto a igual mes de 2009 y un descenso del 7,3% en tasa intermensual.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 14,5% en el cuarto mes del año en tasa interanual, hasta situarse en 10.299 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 129.734 euros, un 10,6% menos que en abril de 2009 y un 8,7% menos que en el pasado mes de marzo.

Las cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron en abril un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 50,4% del total, seguidas de los bancos (38,4%) y otras entidades financieras (11,2%).

En cuanto al capital prestado, los bancos concedieron el 45,3% del total, las cajas de ahorro el 42,8% y otras entidades financieras el 11,9%.

Condiciones hipotecarias
El tipo de interés medio en abril fue del 3,92%, lo que supone un descenso del 16,8% en tasa interanual y un aumento del 0,3% respecto a marzo de 2010.

En abril, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,07% y el plazo medio de 23 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 3,81% y el plazo medio de 21 años.

El 95,4% de las hipotecas constituidas en abril utilizó un tipo de interés variable, frente a 4,6% de tipo fijo. Entre los variables, el Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto en el 89,4% de los nuevos contratos.

En abril, el número total de hipotecas con cambios en sus modificaciones fue de 37.844, con un descenso interanual del 7,7%. En el caso de viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 23.372, un 12,2% menos que en abril de 2009.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en abril se produjeron 31.920 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 4,8%.

Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad fue de 4.059, un 22,8% menos en tasa interanual. Por su parte, en 1.865 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un descenso del 14,2%.

De las 37.844 hipotecas con cambios en sus condiciones durante el mes de abril, el 38,0% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Cae la opción del tipo fijo
El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones (desde el 3,8% hasta el 2,6% del total), ya que la mayoría de estos préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo variable.

Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euríbor fue la principal referencia. El interés medio más bajo antes del cambio fue el de otros tipos de interés (4,39%) y después del cambio fue el Euríbor (3,59%).

Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos disminuyó 0,89 puntos en las hipotecas a tipo fijo y 1,15 puntos en las hipotecas a tipo variable.

Además, en abril se cancelaron registralmente 46.182 hipotecas, un 9,1% más que en el mismo mes de 2009. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas aumentaron un 2,2% y las canceladas sobre fincas urbanas un 9,3%. Las cancelaciones de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentaron un 11,3% en tasa interanual.

Por regiones
El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (347) e Islas Baleares (279). Las comunidades con las mayores tasas de variación fueron Castilla-La Mancha (27,4%) y Principado de Asturias (19,7%).

Las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-42,6%) y Canarias (-26,1%). Las comunidades autónomas con mayor importe medio hipotecado fueron Comunidad de Madrid (187.931 euros) y Comunidad Foral de Navarra (169.133 euros).

Las únicas comunidades con tasas de variación positivas fueron Islas Baleares (26,1%) y Cataluña (12,0%). Las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-49,1%) y Aragón (-45,9%).

Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor son Comunidad Valenciana (191) y Castilla-La Mancha (147).

Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes fueron La Rioja (175) y Cantabria y Región de Murcia (ambas 156).

El euríbor cerrará junio en el 1,27%, su tasa más alta desde agosto de 2009

El euríbor a doce meses cerrará el mes de junio en el 1,27% su tasa más alta desde agosto de 2009, aunque aún abaratará las hipotecas suscritas hace un año que se revisen en julio en apenas 25 euros mensuales o cerca de 300 anuales.

El euríbor comenzó en octubre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, una racha bajista que se prolongó de forma ininterrumpida hasta noviembre de 2009 y se interrumpió en diciembre pasado.

En esos catorce meses el indicador ha permitido a las familias hipotecadas ahorrarse en algunos casos casi 4.000 euros anuales, unos descuentos que, previsiblemente, llegarán a su fin este verano.

A lo largo de este año el indicador ha mantenido una tendencia variable, ya que bajó en enero al 1,232%, en febrero al 1,225% y en marzo al 1,215% -su cota más baja de todos los tiempos-, para repuntar posteriormente en abril (1,225%) y mayo (1,249%).

Durante todo el mes de junio ha seguido una trayectoria ascendente que lo situaba hoy en su tasa diaria más alta -1,303%- desde el 31 de agosto de 2009.

A falta de dos sesiones para que concluya el mes de junio la media provisional ascienda al 1,279%, la mayor desde agosto del año pasado, aunque las hipotecas contratadas hace un año que se revisen en julio aún experimentarán descuentos, dado que en junio de 2009 el euríbor se situaba en el 1,610%.

Los analistas consultados por EFE indican que los datos de mercado permiten anticipar que el euríbor seguirá al alza en los próximos meses, hasta concluir el año en torno al 1,5%.

No obstante, en julio aún se mantendrá por debajo del 1,412% con el que cerró el mismo mes del año pasado, aunque será casi imposible que se mantenga por debajo del 1,334% con el que cerró agosto.

El euríbor, que suele subir o bajar en función de las subidas o bajadas de tipos de interés, estaría así reflejando ciertas tensiones en el mercado interbancario, ya que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo en su última reunión los tipos de interés en la zona del euro en el 1%.

Nueva Ley de Morosidad: una reforma con efectos retardados

La recién estrenada reforma de la Ley de Morosidad supone un importante avance en nuestra legislación, pero no llega a tiempo para solucionar los problemas de impago actuales. El establecimiento de un período de transición, que pospone su aplicación completa hasta el año 2013, merma eficacia a un texto muy esperado en plena crisis económica.

Uno de los efectos más claros de los estragos que está causando la crisis económica en nuestro país es el incremento de la morosidad: aumento de los impagos o retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que están afectando a todos los sectores.

Este virus, que se está contagiando en cadena entre las empresas y que en muchos casos tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de la Administración, está provocando la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir más tiempo sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.

Las cifras no dejan lugar a dudas. Se calcula que la deuda de las Administraciones con las empresas privadas podría alcanzar los 38.000 millones de euros. Además, una de cada cuatro microempresas de las que se han visto obligadas a cesar en su actividad ha sido por culpa de la morosidad, tanto pública como privada, tal y como ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las pequeñas y medianas empresas son las más sensibles a esta situación ya que funcionan con gran dependencia del crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad.

En este contexto, el pasado 17 de junio se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley 3/2004,de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, al ratificar todas las enmiendas introducidas por el Senado salvo la relativa al último párrafo de la DisposiciónTransitoria Segunda.

Esta esperada reforma de la Ley de lucha contra la Morosidad introduce novedades muy importantes, que suponen un avance fundamental en la materia. Sin embargo, el período transitorio que se fija para su aplicación dan como resultado un texto descafeinado al retrasarse hasta 2013 algunas de las medidas más importantes, como, por ejemplo, el tope de 30 días para que la Administración pague sus facturas pendientes.

El Preámbulo del nuevo texto explica que la Ley 3/2004 incorporó a nuestro Derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cinco años después de la entrada en vigor de la ley española, se considera que la legislación ha de adaptarse a los cambios que se han producido en el entorno económico y modificarse para que sea ampliamente aplicable tanto en el ámbito de las empresas españolas como en el del sector público. Aunque todo apunta a que el texto aprobado distará mucho de poder ofrecer efectos inmediatos a causa del período transitorio establecido.

Cláusula polémica
Una de las principales conquistas de la nueva regulación aprobada es haber conseguido suprimir la cláusula «salvo acuerdo de las partes», que permitía ampliar los plazos de pagos por encima de los legalmente establecidos, asfixiando a la parte más débil del contrato que tenía que sucumbir a los deseos del más fuerte.

Concretamente, el artículo 9 de la nueva redacción, en su apartado 1, establece que «serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario».

Además, el artículo 9.2 establece que el juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

En este sentido, el bloque formado por el PSOE, aliado para la ocasión con las constructoras y los hipermercados, había intentado reintroducir en el Senado ese acuerdo entre partes que, en la práctica, había supuesto una legalización encubierta de la posición dominante y el abuso de las grandes empresas y las Administraciones sobre autónomos y pymes.

Finalmente, los socialistas fueron derrotados en esta batalla que había suscitado el disgusto, sobre todo, de pymes y trabajadores autónomos. Eso sí, las constructoras han logrado sacar durante la tramitación algún beneficio en cuanto al período transitorio para los plazos de pago.

Plazos de pago
Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

Desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago, pero esta medida no se aplicará hasta e1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Así, para la Administración Pública se irá rebajando el plazo de pago a 50 días este año y el 2011, 45 días para el 2012, hasta llegar a los 30 de 2013.

En este ámbito, se propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se fija un plazo máximo de pago de 60 días por parte de las sociedades para los pagos a proveedores.Comoya se ha mencionado, este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago.

A este efecto, también aquí se contempla un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013: deberán pagar a sus proveedores en 85 días este año y elpróximo, 75 días en 2012 y 60 el último año del período.

Por otra parte, en lo que afecta a las empresas, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

Trato de favor a constructoras
Mención apartemerecen las constructoras de obra pública que, en este aspecto sí han logrado una pequeña victoria. Sus plazos serán distintos a la hora de saldar sus deudas con subcontratistas y proveedores, de tal forma que se les permite pagar en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, un plazo que se reducirá a 90 días el siguiente año y permanecerá en 60 del 2013 en adelante.

Una situación cuando menos preocupante si se tiene en cuenta que, actualmente, el tiempo en que este tipo de empresas paga sus facturas está en los 100 días.

Según explica el legislador, los plazos de pago establecidos en esta Ley se adecuan con lo preceptuado en la Directiva Europea.

El régimen general previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la misma se aplica a los pagos efectuados por las administraciones públicas, así como a los de productos de alimentación frescos y perecederos, mientras que se establece en 60 días el plazo de pago de las operaciones comerciales entre empresas conforme al apartado 2 del mismo artículo, con objeto de recortar las elevadas demoras en los cobros en sectores básicos.

Indemnizaciones
El artículo 8, relativo a la indemnización por costes de cobro, establece que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste.

En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal.

La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

Memoria de cuentas anuales
La nueva redacción hace hincapié en la transparencia y las buenas prácticas comerciales. En este sentido, el artículo 11 dice que, con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, las Administraciones promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de lamediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.

Además, el texto final incorpora una disposición en la que se exige a las sociedades la publicación de forma expresa de las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la auditoría contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentran dentro de los límites indicados en la Ley.

Crédito del ICO
En vista de las dificultades de liquidez de los ayuntamientos, la ley determina que elGobierno tendrá que establecer, a través del instituto de Crédito Oficial, una línea de crédito directo, en condiciones preferentes, dirigida a las entidades locales, para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. Para ello se le da un plazo de 30 días. La línea de crédito se cancelará caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo.

Pan, leche, queso, huevos, fruta y verdura mantendrán el precio

No todos los productos verán modificado su precio el próximo 1 de julio. El incremento impositivo anunciado por el Gobierno no afecta a aquellos productos grabados con el IVA superreducido (4%), lo que a la práctica significa que algunos alimentos, bienes culturales y medicamentos costarán lo mismo.

La mayoría de bienes alimentarios está grabado con un IVA del 7%, que a partir del jueves aumentará un punto. Sin embargo, el pan común (también la masa congelada), las harinas panificables, la leche producida por cualquier especie animal, los quesos, los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, tienen un IVA del 4% que no variará.

También entran en esta categoría los libros, periódicos y revistas; CD, DVD y programas informáticos; los vehículos para personas con movilidad reducida; las prótesis; las viviendas de protección oficial y los medicamentos.

GUERRA DE PRECIOS / Uno de los lugares donde antes comprobará el consumidor si los precios han aumentado es en los súper e híper. Sin embargo, el sector de la distribución está inmerso desde hace más de un año en una intensa guerra de precios para captar clientes, lo que puede acabar derivando en que la subida del IVA no se note en los lineales.

De hecho, cadenas como Mercadona o Carrefour ya anunciaron que no van a repercutir el incremento impositivo en los productos (siempre que no se incurra en venta a pérdida), al igual que Lidl (la alemana sí que subirá los precios de los alimentos frescos). Otras, como Alcampo, no se han pronunciado.

«La pretensión de que una cadena de distribución absorba para siempre la subida es naif. Por un lado, seguro que intentan un descenso inicial de los precios por parte de los proveedores. Por otro, es una buena promoción. Pero la definición de promoción es algo que se acaba», explica el profesor de Esade, Gerard Costa. En Alemania, donde se subió el IVA del 16% al 19% en el 2007, las cadenas hard discount ganaron cuota, explica el profesor del IESE Marc Sachon. «Al mismo tiempo se detectó que algunos fabricantes utilizaron la subida del IVA como una oportunidad para subir precios: a primera vista mantuvieron el precio, pero en realidad redujeron el tamaño del producto», añade.

En España, de momento, los expertos coinciden en que probablemente las cadenas tratarán de asumir el aumento del impuesto, aunque poco a poco lo irán repercutiendo. «Sin embargo, hay que recordar que las cadenas estamos bajando los precios de los productos, por lo que a final de año los consumidores no estarán pagando más por la cesta de la compra que el 1 de enero», explica un alto ejecutivo de una cadena de supermercados.

El Plan de Vivienda de la Junta solo ha logrado vender ocho inmuebles en la Costa del Sol

Fracaso absoluto. El Gobierno andaluz pensaba que la iniciativa sería un éxito, pero la dura realidad del mercado inmobiliario se ha acabado imponiendo. Los promotores de la Costa del Sol sólo han vendido ocho pisos del Plan de Venta de Viviendas impulsado este año por la Junta de Andalucía. Lo certifica José Prado Seseña, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga.

El Gobierno andaluz, en joint venture con 27 entidades financieras, difundió el pasado mes de febrero un stock de 17.300 viviendas en toda la comunidad autónoma. La Junta tenía previsto gastarse en este plan 1.000 millones de euros. Los promotores confirman que no sólo supone un varapalo al Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán, sino también para los bancos y cajas de ahorros que pretendían conceder estos créditos.

En la provincia de Málaga, una de las pujantes de España en los años de la burbuja inmobiliaria, actualmente existen entre 20.000 y 25.000 inmuebles sin comprador. Y el mercado residencial se encuentra “paralizado”, según Prado, con apenas un volumen de 3.000 viviendas visadas, un 74% menos que en 2009. Hacía 50 años que no se llegaban a estas cifras tan cortas.

Según el informe Influencia del sector de la construcción en el resto de los sectores productivos de la provincia de Málaga, presentado el pasado viernes, el segmento residencial ha sido hasta ahora el principal motor del ladrillo, concentrando el 91,3% de las inversiones privadas en edificación. “Es el principal responsable del fuerte impacto de la construcción en la economía, concentrando la cuarta parte de la producción agregada de Málaga en el promedio 2000-2008, el 10,8% del VAB (Valor Añadido Bruto) promedio anual y la quinta parte del empleo equivalente a jornada completa”.

La licitación pública también está acusando gravemente la crisis. El negocio ha descendido un 6% en la Costa del Sol y apenas llegó a los 1.000 millones de euros. El sector de la construcción, con 42.000 desempleados en esta provincia, denuncia que las administraciones públicas deben a las constructoras más de 150 millones de euros.

Respecto a la producción de viviendas en la provincia de Málaga se prevé que se inicien en torno a las 4.200 unidades, lo que representa un notable retroceso respecto a 2008 (-21%), mientras que, en Andalucía, aunque se prevé que siga la misma trayectoria, el descenso puede ser algo más intenso (-37,7%).

En las viviendas terminadas, las estimaciones prevén que alcancen alrededor de las 15.000 viviendas, un descenso interanual del -12,6%, mientras que, en Andalucía, se prevé un descenso relativo más moderado, alrededor del -10,2%.

El sueldo de los trabajadores de la construcción subirá un 1,5% en 2010 y 1,5 puntos más del IPC en 2011

Según lo acordado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y UGT y CC.OO, informaron los sindicatos.

El convenio general del sector de la construcción, firmado en 2007 con vigencia hasta 2011, establece que la retribución de los empleados del sector se revisará durante cada uno de los ejercicios de este periodo, aplicando la fórmula del IPC más 1,5 puntos adicionales.

En el marco de este convenio, sindicatos y patronal suscribieron el pasado martes el acuerdo de revisión salarial para este año y el siguiente.

Así, según este acuerdo, para 2010 la subida de salario será 1,5%, dado que no se aplicará revisión alguna por la evolución de la inflación. No obstante, para 2011 se fija una actualización de los salarios en función del IPC real, además de los 1,5 puntos adicionales fijados por convenio.

El convenio de la construcción se firmó en 2007, antes de la crisis económica, que afecta especialmente al sector, lo que llevó a que el pasado año algunas patronales regionales solicitaran revisar las condiciones del documento para adecuarlas a las actuales circunstancias.

No obstante, según indican en fuentes del sector, la CNC siempre defendió mantener en la medida de lo posible los compromisos adquiridos con el sector.

SINDICATOS PIDEN QUE SE CUMPLA.
De su lado, los dos sindicaron pidieron que el cumplimiento del acuerdo no se vea obstaculizado por ninguna patronal provincial.

Así, el secretario general de Fecoma, Fernando Serrano, mostró su disposición a «vigilar la actitud de aquellas asociaciones patronales que pretendan incumplir con una mano lo que firman con la otra». «No descartamos ninguna acción sindical en las provincias en las que no se cumpla lo pactado», añadió.

Serrano destacó la importancia del acuerdo, al considerar que aporta estabilidad a las relaciones laborales en el sector y supone una «garantía del cumplimiento del convenio general y el desarrollo e implementación de las políticas laborales previstas en el seno de la Fundación Laboral de la Construcción».

Por su parte, el secretario federal y responsable de Construcción de MCA-UGT, Juan Carlos Barrero, solicitó que el acuerdo se traslade con «responsabilidad y sin demora a las tablas salariales de ámbitos negociales inferiores» y pidió asimismo «que no se repita lo ocurrido en 2009, cuando numerosas patronales provinciales matuvieron bloqueada la negociación por su negativa a cumplir con algunos puntos del convenio colectivo».

¡Que viene el IVA!

La subida del gravamen al consumo a partir del 1 de julio puede restar hasta un punto al crecimiento.

«Técnicamente, una subida de impuestos siempre tiene efectos contractivos en la economía». El incremento de dos puntos del tipo general del IVA, del 16% al 18%; y de un punto en el reducido, del 7% al 8%; a partir del jueves 1 de julio puede restar entre 0,75 y un punto al crecimiento, según un estudio del que es coautor el profesor del IESE, Javier Díaz-Giménez.

Tanto si el alza del tipo general se convierte en un encarecimiento del precio final del 1,72% (la subida máxima imputable al IVA) o del 0,93% en productos con tipo reducido, como si la absorben total o parcialmente las empresas, el saldo es menos crecimiento. La medida no afecta a los productos básicos sujetos al tipo superreducido del 4%.

Hasta hoy, numerosos sectores han hecho campañas del estilo «ahórrese el IVA». Algunos han decidido incluiso prolongarlas. Con eso han logrado adelantar compras que tal vez se hubieran hecho en el futuro. Tras el 1 de julio, muchas de esas adquisiciones dejarán de hacerse. Y el resultado, la suma de miles de pequeñas decisiones, será un menor crecimiento. El Gobierno reconoció que con la subida del IVA se producirá un ligero bache económico.

TRANSMISIÓN GENERAL / «El aumento se transmite por toda la economía. Al final, da igual quien lo pague, sea el consumidor final mediante un precio mayor o el vendedor mediante un menor margen; o entre ambos, el resultado es menos actividad», dice uno de los coautores del estudio.

«La subida encarece el consumo y reduce el valor de la hora trabajada, es decir, después del alza se pueden comprar menos bienes con el sueldo de una hora. Los hogares reaccionan a este cambio sustituyendo horas de trabajo remuneradas formalmente por tiempo dedicado a actividades sin remuneración formal», explican en el estudio. Ya se pronostica un ascenso de la economía sumergida, que algunos estudios sitúan en el equivalente al 23% del conjunto de la riqueza del país. La pregunta: «¿Le hago la factura con IVA o sin IVA?» serán aún más habitual, por si no lo es ya suficientemente.

Cuando se anunció la medida el otoño pasado, las críticas sobre su inoportunidad fueron casi unánimes. Tras la crisis de la deuda pública, las cosas han cambiado. Ni siquiera los autores del estudio lo ven tan claro. «En la actualidad se podría decir que hay más razones para subir los impuestos porque, en el fondo, hay un coste añadido de no subirlos que lo marca el precio al que el Estado tiene que pagar la deuda», apunta Díaz-Giménez. Pero lo cierto es que tiene efectos recesivos.

Finalmente hay que ver compensa o no. El ministerio de Economía, que se guarda en la recámara nuevas alzas tributarias en el futuro, estima que el incremento del IVA aportará más de 5.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a decir que con este dinero se pagará la prestación por desempleo de unos 500.000 parados.

Pero los expertos no son tan optimistas y ven claras contrapartidas. Aunque el tipo general del IVA sube el 12,5%, los ingresos apenas lo harán el 1,7% «porque la mayor recaudación por el impuesto sobre el consumo se compensa parcialmente con las reducción de la recaudación de los tributos sobre las rentas del capital y del trabajo», estiman los profesores del IESE .

En cualquier caso, «la teoría económica y subidas anteriores indican que lo más normal es que el impacto se reparta al 50% entre el precio final y los márgenes», es decir, entre consumidores y empresas. Así, el precio final en los productos gravados a partir del 1 de julio con el 18% será el 0,86% superior y el 0,47% para los del tipo reducido, según expertos tributarios. Las organizaciones de consumidores estiman que el alza costará 300 euros por familia.

Las mismas fuentes se preguntan si la medida del Gobierno, que entrará en vigor junto con el inicio de las rebajas de verano, no tendrá efectos positivos. «Se supone que contribuirá a sanear la cuentas públicas y a fortalecer el euro», dicen. Los detractores aseguran que supondrá una ralentización de la actividad que se saldará con una menor recaudación.

En todo caso no estamos ante un invento español para combatir el déficit público. El gobierno de coalición conservadora-liberaldemócrata del Reino Unido subirá 2,5 puntos el tipo general del IVA a partir de enero. Eso lo situará en el 20%, dos puntos por encima del español. Rumanía lo aumentará cinco puntos, hasta el 24%. Y es que el gravamen al consumo en España, aun después de la subida, seguirá por debajo de la media de la UE, el 20%. Tras el alza del jueves, la media será del 20,1%.

Declaraciones positivas y de última hora

Las presentaciones fuera de plazo tienen recargo y sanciones cuando son reclamadas por Hacienda

La presente campaña de la declaración de la renta 2009 concluye el próximo miércoles, si bien al término del mes de mayo se habían presentado ya 7,1 millones de declaraciones, casi un tercio de los 19,5 millones de declaraciones que la Agencia Tributaria prevé recibir. A fecha de 31 de mayo, Hacienda había realizado devoluciones a 5,1 millones de contribuyentes. Pero junto a la mayoría de quienes ya han resuelto sus gestiones con el fisco, siempre hay un grupo de contribuyentes rezagados o que dejan la declaración para última hora y que deben tener en cuenta el precio de rendir cuentas fuera de plazo.

Por otro lado, no hay que olvidar las facilidades, aunque pequeñas, que ofrece Hacienda para realizar los pagos en las declaraciones positivas.

Declaración a pagar
Los problemas de liquidez de los contribuyentes con una declaración positiva cuentan con dos posibles soluciones, especialmente valiosas en tiempos de crisis como el actual. Por un lado, existe el pago aplazado, por el que se abona el 60% en el momento de presentar la declaración y el 40% restante, el próximo 5 de noviembre. La segunda opción, más difícil y escasa, es solicitar a Hacienda un aplazamiento en el pago. En tal caso, se aplicará un interés de demora, que en la actualidad es del 5% -del 7% en la renta de 2008-, inferior al tipo que aplicaría una entidad financiera si se optara por solicitar un crédito personal para realizar el pago. Según datos del Banco de España, el interés de los nuevos préstamos al consumo está en el 9,66%.

Para deudas con Hacienda inferiores a los 18.000 euros, la Agencia Tributaria puede conceder el aplazamiento del pago sin necesidad de presentar garantías, aunque sin renunciar a los intereses de demora. Y en todo caso, el aplazamiento suele ser bastante excepcional.

Penalización por retraso
El plazo para la presentación de la declaración de la renta finaliza el próximo miércoles día 30 de junio. Y si se presenta con retraso, Hacienda aplica una penalización. Si el contribuyente entrega su declaración de forma voluntaria, aun fuera de plazo pero no a requerimiento de la Agencia Tributaria, se aplica un recargo en función del tiempo transcurrido desde que finalizó el plazo reglamentario. Así, si la presenta al cabo de al menos tres meses, el recargo es del 5% sobre la cantidad a ingresar, un porcentaje que se amplía al 10% si el retraso es de hasta seis meses, al 15% si es de hasta un año y al 20% más intereses de demora si el retraso en la presentación supera el año. En las declaraciones negativas presentadas fuera de plazo, el recargo es de 200 euros.

Sanciones
En los casos en los que el contribuyente presenta la declaración fuera de plazo, estando obligado a ello, y después de que se lo haya requerido Hacienda, el recargo se convierte en sanción. Así, si la declaración es a ingresar, deberá pagar un mínimo del 26,25% de la cuota, más intereses de demora. Y si la declaración es a devolver, deberá pagar 200 euros o 150 euros, en el caso de que no recurra el requerimiento y pague en el periodo voluntario, al igual que sucede con las multas de tráfico.

Complementaria
Según explican en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el caso de verse expuesto a una sanción es preferible presentar una declaración de la renta complementaria, ya que entonces la penalización se limitará a los recargos por demora, de cuantía inferior a la sanción. La presentación de la declaración complementaria supone hacer de nuevo la declaración, con todos los datos correctos y utilizando el impreso que corresponde al ejercicio que se pretende regularizar.

Si se ha pagado de menos o le han devuelto de más, la OCU también aconseja no esperar a que Hacienda le remita una declaración paralela, pues existe el riesgo de una sanción de al menos el 26,25% de la cantidad no ingresada o devuelta indebidamente -suponiendo que no recurre la paralela ni la sanción o que paga en periodo voluntario-, más los intereses de demora, del 5% en 2010. El contribuyente debe saber que la Agencia Tributaria dispone de un plazo de cuatro años para revisar las declaraciones de la renta de 2009. Al cabo de ese tiempo, la declaración de la renta prescribe.

Compensación
Si el contribuyente con una declaración de la renta positiva está casado, puede rebajar la factura con la declaración de su cónyuge. Para ello es necesario que ambos hayan presentado declaraciones individuales. De este modo, si un cónyuge tiene derecho a devolución, puede renunciar a ella en la misma cuantía por la que deberá pagar su pareja en una declaración positiva. Y aquel de los dos que deba pagar impuestos, también tendrá que solicitar la suspensión del ingreso.

Es necesario que la deuda de uno y la devolución del otro correspondan al mismo ejercicio fiscal y que ambos cónyuges presenten la declaración de la renta a la vez y dentro del plazo reglamentario. Si la devolución de uno es superior a la deuda del otro, la Agencia Tributaria devolverá la diferencia entre ambos importes.

El IVA sube el jueves con la amenaza de recortar el consumo y extender el fraude

El Gobierno prevé que el tipo del 18% eleve en 0,4 puntos la inflación y permita recaudar 5.150 millones en los próximos 12 meses.

Se le echará de menos. Quince años después, el ya tradicional IVA del 16% desaparecerá de facturas y recibos y en su lugar surgirá a partir del jueves el nuevo tipo del 18%, el nivel más alto desde que se introdujo el impuesto indirecto por excelencia en 1986. Y el gravamen reducido del 7% -que se aplica a la compraventa de vivienda nueva o en bares y restaurantes- pasará al 8%.

Se trata de una medida arriesgada que puede retrasar la recuperación económica. La Comisión Europea, así como Funcas, prevén una recaída del PIB en el tercer trimestre, ya que el incremento del IVA agravará la atonía del consumo. De hecho, el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, siempre se mostró contrario a esta medida precisamente por el temor a que afectara al gasto de las familias. Y el equipo económico del Gobierno mantuvo el mismo discurso hasta que se impuso la necesidad de reconducir un déficit público que alcanzó en 2009 el nivel nunca visto del 11,2% del PIB.

Sin embargo, elevar impuestos siempre implica una gran incertidumbre y más si se realiza en un momento de crisis. Los más viejos en Hacienda aún recuerdan como en agosto de 1992 el entonces ministro Carlos Solchaga elevó del 13% al 15% del tipo general del IVA, provocando un descenso histórico de la demanda y una disminución de la recaudación.

El Gobierno confía en que eso no se repita y prevé que el aumento del IVA reportará unos ingresos adicionales de 5.150 millones en los primeros doce meses. Sin embargo, antes incluso de que se haga efectivo el incremento, ya ha habido consecuencias. Los consumidores han adelantado sus decisiones de compra para evitar aplicar los nuevos gravámenes del 18% y del 8%. Ello se ha notado especialmente en los productos más caros, como la vivienda o los automóviles. De hecho, la recaudación por IVA hasta mayo sufrió un incremento del 30%, un nivel que no se veía desde antes de la crisis.

Aun así, este efecto tiene los días contados y habrá que ver cómo evoluciona la recaudación y el consumo después del incremento del próximo jueves. En ese momento, y siempre que los empresarios opten por trasladar a precios el aumento fiscal, se encarecerá la cesta de la compra. Se salvarán los bienes que aplican el llamado IVA superreducido, que se mantiene en el 4%. Productos como el pan, la leche, los huevos, los libros, los periódicos, el material escolar, la vivienda de protección oficial, los medicamentos, las verduras, y las hortalizas no notarán el incremento fiscal.

Los alimentos elaborados, las viviendas nuevas, los servicios en restaurantes y bares, en cambio, pasarán de pagar un IVA del 7% al 8%. Y bienes como la ropa, el tabaco, el alcohol, o los automóviles tributarán al 18%. El Gobierno prevé que el incremento del IVA explique 0,4 puntos de la inflación prevista para este año que, en cualquier caso, se situará por debajo del 2% que fija como deseable el Banco Central Europeo (BCE). Bajo la hipótesis de que en 2010 se siguiera el mismo patrón de consumo que en 2009, el incremento del IVA costará a cada hogar 135 euros sólo este año. Sin embargo, es difícil saber cómo reaccionarán los consumidores.

Por otro lado, la Organización de Inspectores de Hacienda teme que el aumento impositivo eleve el fraude fiscal ligado al IVA. Aseguran que ello ya sucedió en 1992 cuando la subida del IVA no se tradujo en un incremento de la recaudación.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda advierten que la subida no es una medida coyuntural y que se mantendrá en el tiempo.

Es decir, que nadie espere que cuando amaine la crisis económica el tipo retorne al 16%. La experiencia demuestra que subir el IVA es relativamente fácil, sin embargo, parece imposible bajarlo. De hecho, desde que se instauró en España en 1986, con un tipo del 12%, ningún Gobierno se ha atrevido a recortar el gravamen.

Las altas de autónomos aumentaron el 10,5% entre enero y mayo

El número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social hasta mayo fue de 215.810, lo que supone un aumento del 10,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

De acuerdo con un informe publicado hoy sábado por ATA, entre enero y mayo de 2010 se dieron de alta 20.505 trabajadores más que en los cinco primeros meses del año pasado, cuando se registraron 195.305 nuevos autónomos.

Por su parte, se dieron de baja 231.905 autónomos, lo que supone un descenso interanual del 14,3% frente a los 270.530 trabajadores por cuenta propia que cesaron en su actividad en 2009.

Precaución en el sector
No obstante, las bajas no han sido compensadas por las nuevas inscripciones, por lo que durante los cinco primeros meses de 2010 se han afiliado al RETA 16.095 personas menos que en el mismo periodo del año anterior.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es necesario «frenar el elevado número de bajas», y habrá que esperar a los datos de altas de autónomos en el segundo semestre de 2010 «antes de lanzar las campanas al vuelo y hablar de una recuperación de la economía».

Asimismo, Amor indicó que el aumento de las inscripciones se debe sobre todo a la dificultad de encontrar un trabajo por cuenta ajena, lo que «ha impulsado a muchos ciudadanos» a convertirse en autónomos.

A su juicio, otros dos factores a tener en cuenta son el incremento del número de trabajadores extranjeros por cuenta propia y la influencia de la campaña estival, que «se prevé mejor», en especial en «la hostelería y el comercio».

Baleares a la cabeza
Por comunidades, los mayores incrementos en el número de altas se registraron en Castilla-La Mancha (16,7%), seguida de Extremadura (15,8%), Cataluña (13,3%), La Rioja (13,3%), Comunidad Valenciana (13,1%), Murcia (11,7%), Andalucía (11%9) y Canarias (10,9%).

Por debajo de la media nacional se situaron en Baleares (9,3%), Galicia (9%), Asturias (8,2%), Castilla y León (7,5%), Comunidad de Madrid (7,5%), Cantabria (6,9%), Aragón (5,3%) y País Vasco (5,1%). A su vez, en la ciudad autónoma de Ceuta se registraron menos altas que el año pasado (-10,8%) , mientras que en Melilla aumentaron el 3,8%.

En cuanto a las bajas, descendieron en todas las comunidades, sobre todo en Castilla-La Mancha (20%), Comunidad Valenciana (19,9%), Comunidad de Madrid (18,8%) y Aragón (18,5%). Les siguieron Navarra (15,5%), Baleares (14,3%), Cataluña (14,1%), Canarias (13,4%), Castilla y León (12,7%), Murcia (12,5%), La Rioja (12,4%), Andalucía (11,8%), Cantabria (10,4%), País Vasco (9,9%), Asturias (5,8%), Galicia (4,6%) y Extremadura (5,3%). Asimismo, en Ceuta y Melilla se registraron disminuciones del 3,8% y el 5,4%, respectivamente.

La única comunidad en las que las altas superaron a las bajas fue Baleares, con 4.314 cotizantes más, mientras en Melilla hubo un incremento de 26 autónomos.