Grecia desmiente que quiera vender sus islas: «Es un insulto»

«Se trata de una completa falta de exactitud…fuera de la realidad e incluso un insulto», aseguró Petalotís en una carta enviada a The Guardian, tras publicar este diario británico un artículo sobre «la venta de islas griegas del Estado».

El artículo afirma que Grecia vende sus tierras, debido «a la incapacidad del Estado para desarrollar la infraestructura básica o vigilar la mayoría de sus islas».

Petalotís señaló que «la compraventa de islas griegas privadas no es nada nuevo ni tampoco es una noticia tanto en Grecia como en cualquier otro lugar», tras confirmar que la de Nafsiká, en el mar Jónico, está en venta desde hace bastante tiempo.

Nafsiká es una isla de propiedad privada y, según los medios griegos, su precio es de 15 millones de euros. Petalotís también desmintió que su Gobierno negocie con empresarios chinos y rusos para vender tierra en la isla griega de Rodas y aludió a «transacciones del sector privado de venta de tierras».

Grecia cuenta con más de 6.000 islas e islotes, pero sólo 227 están habitados. Magnates y armadores griegos y extranjeros, incluidos el fallecido Aristóteles Onasis y miembros de la «jet set» mundial, son propietarios de islas privadas, de las que varias están en venta.

Ioanis Kriarás -dueño de Ktimatoemporikí, uno de los mayores agentes inmobiliarios, con sede en la isla de Creta- declaró a Efe que el artículo en cuestión «es una mentira. El Gobierno griego no vende sus tierras ni sus islas y las publicaciones al respecto son un golpe bajo contra Grecia».

«Lo único posible es que los ayuntamientos vendan o cedan los derechos de parte de sus tierras en subastas públicas para alquilarlas por muchos años o hacer negocios conjuntos con alguna empresa o dueño privado,» explicó Kriarás.

«The Guardian» también se refería a la venta de tierras en la isla de Mykonos, paraíso de los homosexuales y de la «jet set» y cuya tercera parte de la zona supuestamente en venta «pertenece al Estado griego».

Esta venta fue rechazada a Efe por el miembro del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Mykonos Antonis Kusazanás, quien calificó la eventual operación de «gran mentira».

Por su parte, el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, declaró hoy ante el Parlamento que ya respondió negativamente sobre la venta de terrenos nacionales durante su visita a la canciller alemana, Angela Merkel.

En marzo, durante su visita a Berlín, cuando buscaba apoyo europeo para sanear las finanzas estatales, Papandréu dijo que «las islas son libres y están bajo soberanía estatal».

Añadió entonces que, aunque Grecia vendiera sus islas, «sería una ganancia provisional» y que hay métodos más eficaces para cancelar la deuda soberana.

La subida del IVA podría «frenar» el desarrollo del comercio ‘online’

La subida de los tipos reducido y general del IVA, que pasan del 7% al 8% y del 16% al 18%, respectivamente, que entrará en vigor el próximo jueves, 1 de julio, podría frenar la tendencia al alza que ha experimentado el comercio electrónico en España, según el portal especializado en compras ‘online’ ‘Pixmania.com’.

En este sentido, ‘Pixmania.com’ explicó que el usuario ha encontrado en las transacciones a través de Internet un «refugio» donde poder rentabilizar mejor su dinero, por lo que la subida de impuestos en dos puntos porcentuales podría frenar «seriamente» esta tendencia al alza.

Asimismo, la web señaló que la medida aprobada por el Ejecutivo podría afectar al negocio electrónico más que el comercio tradicional, ya que los márgenes de beneficio en Internet son «muy reducidos».

Para el responsable del desarrollo de negocio de ‘Pixmania.com’ para el Sur de Europa, David Alvés, el incremento del IVA va a repercutir directamente en el consumo de los españoles, tanto en el tradicional como en el ‘online’, aunque con un impacto «más profundo» en este último debido el ajustado margen de beneficios que tiene el comercio electrónico.

Alvés explicó que, con el fin de reducir este impacto, Pixmania mantendrá su «tradicionales rebajas» de verano y rebajará un 4% todos nuestros productos para que el usuario.

Cinco ex-ministros diseñan el futuro de las pensiones españolas

Tras la reforma del mercado laboral, ya todo el mundo mira hacia el sistema de pensiones como el siguiente que tendrá que sufrir un lavado de cara. Incorporación más tardía al mundo del trabajo, jubilados que viven más años… las circunstancias hacen que, tarde o después, la jubilación en España vaya a cambiar respecto a como ha sido ahora. EMPRESA cuenta las opciones de reforma de nuestra Seguridad Social a través de cinco ex ministros de Trabajo (Arenas, Pimentel, Aparicio, Zaplana y Caldera) en este reportaje de Susana Alcelay que verán publicado mañana con ABC y del que hoy damos un adelanto.

«Es un sistema sólido, saneado, el único que a día de hoy registra superávit en sus cuentas, pero la evolución demográfica y la baja natalidad han encendido todas las alarmas, las alarmas que indican que, de no hacer nada, de dejar todo como está, el sistema de reparto entraría en riesgo en 2023, año en el que comenzaría a operar el Fondo de Reserva, y en un serio aprieto en 2030. Desde dentro y fuera de España se exigió al Gobierno de Zapatero que actuara y pusiera en marcha una reforma laboral y lo hizo; ahora le reclaman celeridad en la reforma del sistema público de pensiones y… está por ver si dará el paso, aunque ya perfila lo cambios.

Pero… ¿por qué ahora? ¿Qué ocurriría si no se introdujeran reformas? ¿Qué medidas hay que poner en marcha? ¿Con el aval del Pacto de Toledo o sin él? Javier Arenas, Manuel Pimentel, Juan Carlos Aparicio, Eduardo Zaplana y Jesús Caldera, cinco ex ministros de Trabajo explican para EMPRESA sus recetas para apuntalar el sistema de reparto y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, ahora en cuestión. Ninguno cree que haya prisa, pero coinciden en que es momento de ponerse manos a la obra.
Antes de ofrecer sus soluciones, Javier Arenas, primer ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar, quiere dejar claro que Zapatero se encontró una Seguridad Social con cuentas equilibradas, con un Fondo de Reserva para garantizar la pensiones y con 5 millones de nuevos cotizantes, sin pasar por alto que «tras años de demagogia anunciando incrementos de pensiones, ha congelado las pensiones de 6 millones de españoles por decreto, sin acercarse siquiera a informar de tan grave decisión a la Comisión del Pacto de Toledo».

Arenas: No cruzar los brazos
Dicho esto, Arenas recuerda que desde la Comisión Europea y desde el Banco de España, se insiste de modo reiterado en la necesidad de abordar aquellos cambios que la experiencia y la valoración de futuros factores recomienden. Y advierte de que «la prolongación de la esperanza de vida y la baja natalidad son datos que no cabe ignorar, lo mismo que la ampliación voluntaria de la vida activa. Estos parámetros no pueden meterse en un cajón y cruzarse de brazos». Y no pasa por alto que la propuesta de reformas que hizo Zapatero en enero (jubilación a los 67 años y 25 años para el cálculo de la pensión) fue enviada a la Comisión Europea y al propio tiempo desmentida en España. «El Gobierno tiene que activar la Comisión del Pacto de Toledo y, a ser posible, un acuerdo que garantice nuestro sistema de pensiones», señala.

Retraso voluntario
Dice tajante el ex ministro que cualquier cambio debe pasar por el Pacto de Toledo. «La experiencia del Pacto de Toledo ha sido extraordinariamente positiva, ya que ha permitido fortalecer nuestro sistema de Seguridad Social y hacerlo viable. Sus recomendaciones vienen orientando la política de Seguridad Social como un verdadero pacto de Estado, del que nadie debería salirse». Añade que el Acuerdo con los interlocutores sociales también es necesario ya que «mostró su utilidad cuando en 1996 permitió concretar y profundizar en los planteamientos que pactamos entre todos los grupos políticos».

Los bancos alemanes acumulan más del doble de créditos problemáticos que los españoles

Los créditos problemáticos concedidos por bancos alemanes son más cuantiosos que los de otros países europeos como España o el Reino Unido, según un estudio de la auditoría PricewaterhouseCoopers (PWC) publicado hoy en Fráncfort.

Los créditos problemáticos de los bancos alemanes ascienden, según el estudio, a 213.000 millones de euros mientras que los de los bancos británicos alcanzan los 155.000 millones y en España los 97.000 millones.

Se consideran problemáticos los créditos en los que el deudor no está en capacidad de pagar el servicio de la deuda o aquellos en los que a corto o mediano plazo exista el peligro de que no sean pagados.

Durante la crisis financiera, los créditos problemáticos aumentaron de manera considerable en todos los países considerados por el estudio.

El Alemania, el volumen de los créditos problemáticos se ha duplicado desde 2008.

Los bancos alemanes, pese al alto volumen de créditos problemáticos, cumplen con las exigencias de reservas de capital de los entes reguladores, en parte gracias al apoyo estatal.

Lo bueno de Cataluña es la tradición y la apertura de sus empresas, pero…

Tres economistas explican las virtudes y los defectos del modelo catalán

Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull; Josep Comajuncosa, de Esade; y Salvador Estapé, del IESE, coinciden en que la economía catalana no hizo los deberes antes de que estallara la crisis. Opinan que hay mucho por hacer para lograr que el modelo catalán vuelva a ser competitivo, pero no olvidan que hay una serie de elementos que juegan a favor de Cataluña.

«Los puntos fuertes radican en la proximidad de parte de su territorio a Francia, contar con un puerto muy potente, el que su costa se halle en el corredor Mediterráneo Sur, el que hayan clusters logísticos de importancia y el que exista una “experiencia burguesa”, empresarial, se diría hoy, desde hace seis siglos», dice Niño Becerra. Comajuncosa también destaca la «tradición emprendedora» de Cataluña y le añade su «buena capacidad exportadora». «Es la primera comunidad Autónoma en este aspecto», recuerda. «En términos relativos también destacaría la especialización de la industria. Cataluña tiene un sector turístico muy desarrollado», explica.

Estapé se suma a subrayar que Cataluña cuenta con «una tradición empresarial con un segmento de empresas dinámicas orientadas al exterior (y algunas pocas con dimensión internacional). Y agrega que Cataluña «tiene una base industrial diversificada, un alto grado de apertura de la economía, así como un nivel de capital humano bueno, y algunos centros avanzados de investigación y educación».

Hasta aquí, puede decirse que las bases de la economía catalanaestán bien cimentadas. Ningún análisis sobre la realidad empresarial de la comunidad puede ignorar que hay un enorme número de pymes –el 18,2 por ciento del total de las que hay en España–, lo cual conlleva algunas problemáticas. «Que la economía esté muy basada en pymes provoca una rigidez laboral que impide basar los salarios en función de la productividad», advierte Comajuncosa.
En este mismo sentido, Estapé comenta que «predomina un tejido de empresas pequeñas con baja productividad, falta de tradición de cooperación, así como ausencia de multinacionales de matriz local y, por tanto, la excesiva dependencia de multinacionales con sedes centrales en el extranjero».
Niño Becerra concluye que «muchas pymes y muy pocas empresas potentes y grandes son capaces de expandirse y de innovar». Sin embargo, Estapé celebra que Cataluña haya sido «capaz de mantener un núcleo de empresas de tamaño mediano muy dinámicas en la exportación».

Ideas clave para el análisis
1. Pymes y productividad
«Predomina un tejido de empresas pequeñas con baja productividad, falta de tradición de cooperación»
2. Las bases de la economía
«En Cataluña el peso de la construcción ha sido monstruoso, y lo es el del turismo de bajo valor»
3. Cambio de modelo
«Toda la economía española dejó hace mucho de hacer los deberes»
4. Renovarse o morir
«No sé si el modelo de negocio tradicional sobrevivirá a la crisis»
5. El objetivo es cooperar
«El individualismo exacerbado catalán hace años fue positivo y hoy no lo es»
6. Nueva Economía
«La crisis actual es una oportunidad para reestructurar la industria y los servicios e inducir a un aumento sostenible de la productividad»
7. La inversión I+D
«El gasto total en investigación y desarrollo que se realiza en Cataluña es bajo (por ejemplo, en 2006 fue de 2.614 millones de euros, mientras que Nokia por sí sola gastó 3.712 millones de euros)»

Los artículos anulados

El Tribunal Constitucional (TC) ha revocado, totalmente o solo en parte, 14 artículos. Los preceptos más significativos que han sido modificados hacen referencia a la lengua y la financiación autonómica. El TC corta de raíz cualquier intento de tener un poder judicial catalán diferenciado.

1. Identidad
El carácter «preferente» de la lengua catalana

El fallo considera inconstitucional que el catalán sea considerado la lengua «preferente» de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya, tal como consta en el artículo 6.1. En cambio sanciona, como ya había hecho el Tribunal Constitucional (TC) en otras ocasiones, que el catalán sea lengua «vehicular» de la enseñanza, incluido en el mismo artículo.

Los ponentes del Estatut consideraron que declarar que el catalán es «la lengua normal y preferente» era la forma de desarrollar el concepto de lengua propia, avalado por el TC. De hecho, en la ley de política lingüística de 1998 se dice que el catalán deberá ser la lengua «preferentemente usada» por la Administración del Estado y que es la lengua «de uso» en el caso de la catalana.

El principal avance del Estatut en materia lingüística es la equiparación legal entre el catalán y el castellano y la introducción del concepto de preferencia en el ámbito público. Los expertos temen que ahora se puedan dar pasos atrás.

2. Instituciones
El incipiente poder judicial catalán queda en nada

El llamado bloque institucional del Estatut es el más afectado por el recorte, sobre todo el título tercero, dedicado al poder judicial de Catalunya, que queda profundamente desnaturalizado. Antes de eso la sentencia anula dos artículos que atañen a sendas instituciones de autogobierno, el Consell de Garanties Estatutàries (órgano de nueva creación que sustituyó al Consell Consultiu) y el Síndic de Greuges.

El tribunal no acepta el carácter vinculante que el artículo 76.4 otorga a los dictámenes del Consell en proyectos de ley o proposiciones de ley que afecten a derechos reconocidos por el Estatut. El legislador catalán quería evitar de esta manera cualquier laminación, vía legislativa, de los derechos de la ciudadanía. El TC no acepta esta visión garantista y lo considera un menoscabo de la competencia legislativa del Parlament.

También es declarado inconstitucional que el Síndic de Greuges supervise «con carácter exclusivo» la actividad de la Generalitat y los organismos que dependan de ella, tal como consta en el artículo 78.1. El tribunal considera fuera de la ley excluir al Defensor del Pueblo de esa supervisión. Este es uno de los artículos que constaba desde el principio en todas las quinielas sobre la anulación de preceptos.Pero el grueso de artículos que se caen del Estatut afectan al poder judicial, cuya descentralización queda en agua de borrajas. Incluso no se acepta que el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sea considerado como representante del poder judicial en Catalunya, como consta en el 95.5.

Uno de los pocos artículos que es anulado en su integridad es el 97, que es el que crea el Consell de Justícia de Catalunya (CJC) «como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». De hecho, para dar ese paso era necesaria una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Así, el TC se carga el intento de crear un órgano de gobierno de los jueces de ámbito catalán y reserva esa función solo para el CGPJ.

En consonancia con lo anterior, anula los preceptos 98.2 y 98.3, que regulan las atribuciones que debería haber tenido el CJC. La laminación de las competencias de este órgano todavía inexistente continúa en el artículo 95.6, donde se afirma que los nombramientos de los presidentes de sala del TSJC contarán con su participación. Ateniéndose a la misma lógica se anulan los artículos 99.1, que explicita su composición, organización y funcionamiento, y 100.1, que afirma que sus actos serán recurribles ante el CGPJ salvo que se dicten «en el ejercicio de competencias de la comunidad autónoma». También el 101.1 y 101.2, que regulan la participación del CJC en oposiciones y concursos para proveer las plazas vacantes de jueces y fiscales. No hace falta decir que con esta sentencia el CJC ha muerto incluso antes de nacer.

3. Autogobierno
Competencias compartidas y cajas de ahorro
Una de las paredes maestras del Estatut es la definición de la tipología de competencias en exclusivas, compartidas y ejecutivas, el intento más serio hasta la fecha para aclarar la potestad de cada administración en las diferentes materias. Especialmente significativo es el artículo 111, que hace referencia a las competencias compartidas. Pues bien, el tribunal considera inconstitucional el inciso «como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatut». Los magistrados consideran que esta redacción equipara la Constitución con el Estatut y, por tanto, no deja clara la preeminencia del Estado.

En materia competencial el fallo deroga los artículos 120.2, que regula las competencias de la Generalitat en materia de cajas de ahorro, y 126.2, que faculta a Catalunya para organizar sus entidades de crédito que no sean cajas de ahorro.

4. Financiación
Contra la igualdad en el esfuerzo fiscal

Otro de los pilares del Estatut que resulta dañado por la sentencia es el referente a la financiación autonómica. La sentencia suprime un inciso básico del artículo 206.3, aquel que después de aceptar que todas las comunidades deben poder disfrutar de unos servicios de educación, sanidad y servicios similares, lo condiciona a que «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». El principio de raíz federal que subyace en esta frase es que ninguna comunidad pueda beneficiarse de la solidaridad de las otras si no hace también el mismo esfuerzo recaudatorio, para evitar precisamente los agravios comparativos que se daban hasta ahora y que perjudicaban especialmente a Catalunya. Todavía en el ámbito económico cae también el artículo 218.2, que regula las competencias de Catalunya en materia de financiación local. El TC revoca la capacidad de la Generalitat para «establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales».

El TC da un zarpazo a la obligación del Estado de invertir en Cataluña

Zarpazo del Tribunal Constitucional a uno de los aspectos clave del ‘Estatut’. Y probablemente el de mayor recorrido en términos de autogobierno económico. El TC revisa y reinterpreta la polémica disposición adicional tercera, en la que se obliga al Estado a invertir en Cataluña una cantidad equivalente al peso de la comunidad autónoma en el conjunto del país. Es decir, a la luz de los datos de la Contabilidad Regional de 2009, el 18,6% de la inversión pública.

Dicha disposición establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años. Pero ahora lo que dice el TC es que para que ese precepto sea constitucional debe reinterpretarse “en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico”, y que será dado a conocer en los próximos días cuando esté redactada la sentencia.

Peor parada sale la pretensión de que la ‘solidaridad’ de Cataluña respecto del resto de territorios tenga límites basados en la expresión “siempre y cuando lleven a cabo [el resto de regiones] un esfuerzo fiscal también similar”. En este caso, el TC dice simplemente que es inconstitucional esa restricción, por lo que debe desaparecer del ‘Estatut’.

La norma catalana establece, en concreto, que los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás CCAA, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado. Ahora bien, matiza que “siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”, lo cual es tumbado por el Constitucional.

Los límites a la solidaridad
En este mismo artículo (el 206), el Constitucional adelanta que pondrá límites a uno de los caballos de batalla del reciente modelo de financiación, la proporción entre lo aportado a las arcas públicas y lo recibido del Estado. El ‘Estatut’, en concreto, establece que el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación “no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”. Este punto es el que ahora se reinterpretará para aclarar las cosas.

La misma suerte corre una parte del artículo 218, el que regula la autonomía de los ayuntamientos. El TC considera inconstitucional la capacidad de la Generalitat “para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales”.

De la misma manera, declara contrario a derecho un párrafo del artículo 126 que regula las competencias de la Generalitat sobre las entidades de ahorros que no sean cajas. El artículo establece, en concreto, que corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito y de las entidades gestoras de planes de pensiones y de las entidades que actúan en el mercado asegurador, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales. Lo que declara no constitucional es este último párrafo subrayado en cursiva.

Mucho más calado político tiene la decisión de reinterpretar tres disposiciones adicionales que tienen que ver con el IRPF, la cesión de impuestos especiales y el IVA. El párrafo más controvertido se refiere al del Impuesto sobre la Renta, en el que se determina que se considera producido en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en ella. Este punto es ahora reinterpretado por el TC.

La deducción por vivienda se limita a partir de enero

Quedan solo seis meses para aprovechar el actual régimen de deducción por compra de vivienda habitual en el impuesto de la renta (IRPF). A partir del 1 de enero, solo disfrutarán de esta ventaja fiscal los contribuyentes con ingresos anuales inferiores 24.107,20 euros y todos aquellos que hubieran adquirido la residencia hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno está convencido de que la mitad de los asalariados podrá seguir beneficiándose de esta ventaja. La deducción actual del 15%, que supone hasta 1.352,25 euros anuales de rebaja en la factura del IRPF por contribuyente (fruto de aplicar el 15% a un máximo de 9.015 euros destinados a comprar la vivienda) solo será posible para las adquisiciones realizadas hasta el próximo 31 de diciembre y, a partir del 1 de enero, para las rentas de hasta 17.707,20 euros.

Las personas con ingresos anuales entre esa suma y los 24.107,02 euros también disfrutarán de la desgravación, pero será cada vez menor hasta quedar en cero. Según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), este cambio puede suponer para un contribuyente con ingresos de 24.107,20 euros la pérdida de más de 27.000 euros de rebaja fiscal a lo largo de los 25 años de vida de una hipoteca. Este colectivo debe sopesar si le compensa esperar a comprar o mejor, si tiene posibilidades, hacerlo antes de que acabe este año.

Según la Memoria Tributaria del 2007, el último ejercicio del que se tienen datos globales, un total de 6,1 millones de declaraciones de la renta disfrutaban de la deducción por compra de vivienda habitual. Alrededor de 2,4 millones superaron los 24.107,02 euros de renta anual.

«En todas las promociones posibles ajustamos precios al máximo»

«En todas las promociones posibles estamos ajustando al máximo el precio cara al comprador», afirma Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (APCE). Por eso, explica, no se bajarán más los precios. Si el promotor quiere hacer el 5% de descuento sobre el precio final, al cliente le dará igual que le haga una rebaja del 4% y que la subida del IVA la asuma el promotor o que este le aplique un descuento del 5% y luego tenga que pagar el IVA. Al final, el descuento será el mismo. «El descuento, en lugar de ir para el cliente, irá para el IVA», resume Reyna, por lo que concluye que «sale perdiendo el comprador, que pagará el 1% más».

Según el promotor inmobiliario, la decisión de subir el impuesto sobre el valor añadido hará que la gente se retraiga a la hora de comprar. «No se estimulan las ganas de comprar, al contrario», por lo que prevé que se produzca un «freno» en la compra de viviendas.

El economista Gonzalo Bernardos opina que las promotoras acabarán «perdonando el IVA», siempre que el comprador sea hábil y lo negocie. No obstante, el profesor de la UB afirma que, si bien la subida de este impuesto es importante, lo es más la supresión de la desgravación fiscal a partir del 2011.

Corbacho dice que intentará mantener la ayuda de 420 euros

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que su voluntad y también «la sensibilidad» del Gobierno es de intentar salvar la partida de los 420 euros mensuales para los parados que hayan perdido la prestación «por encima de cualquier otra».

Durante una entrevista en Radio Nacional, Corbacho ha subrayado que el ajuste tan duro que lleva a cabo el Gobierno hace que prácticamente no haya ni una sola partida que no se analice por el Ejecutivo, pero ha indicado que esta medida está cumpliendo una función social muy importante, por lo que ha asegurado que seguirá defendiendo su mantenimiento.

«Los ajustes son muy duros pero espero que no se toque esta partida», ha dicho Corbacho, quien ha añadido que no puede garantizar que sea así cuando se hagan los presupuestos para 2011.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el ministro ha afirmado: «no deberíamos tocarlas de ninguna manera» porque, junto con otros tipos de prestación constituye la red de protección social para quienes se han quedado en el paro sin las cuales «el clima social en la calle sería radicalmente diferente».

No obstante, ha dicho que cuando España empiece a salir de la crisis debe hacer una revisión en profundidad de las políticas pasivas de empleo en relación con las activas. En este sentido, ha recordado que la situación de desempleo es de transición y que «a veces» ha existido la cultura de que se tiene derecho a la prestación por paro de forma pasiva y estática.

En su opinión, si se cobra el paro durante dos años se entra en riesgo de desincentivar la búsqueda de empleo y de que el trabajador se convierta en un parado de larga duración.

Preguntado si la tramitación de la reforma laboral hace que los empresarios hayan cerrado el mercado de trabajo a la espera de que se produzcan las modificaciones, Corbacho ha respondido que «no sucede» y que no existe inseguridad jurídica, porque la reforma tiene eficacia desde que se publicó en el BOE.

Despido objetivo
En relación a las causas del despido objetivo, uno de los puntos más polémicos de la reforma, ha dicho que durante la tramitación del decreto ley se enriquecerá el texto actual. En este sentido ha explicado que cuando una causa económica sobrevenida obligue a una empresa a hacer todos los ajustes pertinentes y después corra el riesgo de cerrar si no ajusta la plantilla de forma «objetiva, razonada y razonable» y el juez lo certifica «estaríamos delante de un despido objetivo.

Corbacho ha pedido un debate sereno y se ha mostrado partidario de que se mantenga la tutela judicial efectiva porque es un «elemento muy determinante». Con respecto a la reforma de las pensiones, ha insistido en que el objetivo es lograr que el máximo de personas estén el máximo tiempo en el mercado laboral con medidas como acercar la edad real de jubilación a la legal o incentivar el alargamiento de la vida laboral.

Advirtió al PP de que haría mal en «enrocarse por decir que ahora no toca» hablar de pensiones, ahora que el Gobierno ha tenido «la valentía» de plantear el debate. También ha avisado a Bruselas para que no obligue a España a tomar una decisión mañana mismo, ya que es el Pacto de Toledo donde corresponde hacerse.

Ha recalcado que pasar ya a alargar la vida laboral a los 67 años y mantener la política de prejubilaciones es «contradictorio» por lo que las empresas con beneficios que quieran hacerlo «están en su derecho» pero que paguen ellas a la Seguridad Social.

Además, en una entrevista en «La Razón» Corbacho ha señalado que si sigue siendo ministro de Trabajo cuando acabe la crisis propondrá que las pensiones suban por encima de la inflación. Preguntado en este periódico si el Fogasa tendrá dinero suficiente para pagar todas las extinciones de contratos, ha respondido que tiene un recorrido de ocho años para asumirlas «sin problemas».