La bombona de butano también sube un 6,6% a partir de hoy

La bombona de butano costará a partir de hoy un máximo de 12,45 euros, lo que supone un incremento del 6,6% con respecto al precio actual de 11,68 euros, según la subida de los gases licuados del petróleo acordada por el Ministerio de Industria y sumado el aumento del IVA del 16 al 18 por ciento.

La Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas establece que desde el 1 de julio de 2010 el precio máximo de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados en recipientes de entre 8 y 20 kilos será de 84,4041 céntimos por kilogramo.

Estos cambios suponen que la bombona de butano tradicional, que contiene 12,5 kilos de gas y que desde mañana se gravará con un IVA del 18 por ciento, se venderá durante los próximos tres meses a un precio máximo de 12,45 euros.

La revisión del precio del butano se realiza de forma trimestral mediante la aplicación de una fórmula automática que tiene en cuenta el coste de la materia prima, la evolución del flete y el tipo de cambio euro-dólar.

En los cálculos de la revisión de julio se han tenido en cuenta, según la Orden que publica el BOE, la revisión de los costes de comercialización, que bajan un 0,79%.

En lo que va de año, esta es el tercer encarecimiento que sufre la popular bombona, que usan unos ocho millones de hogares en España y que en enero subió el 3,36% y en abril el 5,75%.

La subida del butano se suma al incremento que registrarán las tarifas de último recurso del gas natural para hogares y pequeños negocios también a partir de mañana.

En concretó, el término variable de la T1 (sin calefacción a gas) subirá el 7,09%, hasta los 4,759404 céntimos de euros por kilovatio hora; en tanto que el de la T2 (con calefacción), aumentará el 8,1%, hasta los 4,195204 céntimos de euro por kWh.

Estos precios no incluyen impuestos, por lo que además, habrá que añadir la subida del IVA del 16 al 18%.

En ambos casos, se mantiene estable el término fijo, que es de 3,90 euros para la T1 y de 7,84 euros para la T2.

Por su parte, la tarifa eléctrica de último recurso se mantendrá estable, según lo acordado por el Gobierno y el PP en aras a poder alcanzar un pacto de Estado en materia energética.

El gas natural subirá el 1 de julio entre el 7,09 y el 8,1%

La tarifa de último recurso del gas natural subirá a partir del jueves en su término variable un 8,1 por ciento para los usuarios con calefacción a gas (T2) y un 7,09 por ciento para los clientes cuya calefacción utiliza otro tipo de energía (T1).

Tras la subida, el término variable de la T1 (consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año) se situará en 4,759404 céntimos de euro por kilovatio hora (kWh), según datos publicados hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de la T2 (consumos de entre 5.000 y 50.000 kWh/año), el término variable será a partir del jueves de 4,195204 céntimos de euro por kWh.

Estos precios no incluyen impuestos, por lo que además, habrá que añadir la subida del IVA del 16 al 18% que entrará en vigor el próximo jueves.

En ambos casos, se mantiene estable el término fijo, que es de 3,90 euros para la T1 y de 7,84 euros para la T2.

Esta subida se suma a la aplicada en abril, cuando el término variable se incrementó el 3,6% para los usuarios domésticos sin calefacción y el 4,1% para los clientes con calefacción a gas. En enero, los precios de la tarifa de último recurso del gas, la única que fija el Gobierno, se mantuvieron estables.

La lucha por la nómina de los clientes agudiza la guerra del pasivo

Uno-e regala el 20% del salario mensual

La captación de nuevos clientes y la mayor vinculación de los ya existentes se ha convertido en uno de los principales objetivos de la banca española para 2010. Las campañas que promueven la domiciliación de la nómina son, en la actualidad, uno de los ganchos preferidos para atraer la atención de los usuarios.

La última entidad por realizar una apuesta decidida por las campañas relacionadas con la nómina ha sido la filial online de BBVA, Uno-e. Así, el banco que opera por internet regalará el 20% de su salario mensual a aquellas personas que domicilien su sueldo, con una bonificación máxima de 400 euros. La campaña estará vigente hasta finales de este año. Su objetivo: 100.000 nuevos clientes en tres años.

Las campañas nómina han proliferado en los últimos meses entre las entidades financieras españolas, para las que la captación de clientes nuevos se ha convertido en una de las claves de su actividad durante este ejercicio. Caja Madrid y Banesto han sido algunas de las firmas que han lanzado recientemente productos de esta clase, como la Nómina 2038 y la Nómina Apple, respectivamente, en las que se ofrecen diversos obsequios a las personas que lleven sus ingresos mensuales a la entidad. Caja Madrid espera captar 100.000 nuevos clientes con esta campaña.

185.000 clientes en 90 días
La Caixa, que lanzó su campaña Nómina multiEstrella el pasado marzo, y que ha ampliado hasta finales de este mes, ha logrado la captación de 185.000 nuevas nóminas y pensiones. La firma asegura que ha sido una campaña de gran éxito y que ha permitido incrementar su cuota en el segmento de nóminas al 15,1% -con más de 2 millones de nóminas domiciliadas-.

CAM y Unicaja presentaron también recientemente sus campañas para la captación de pasivo por las que se obsequia con una televisión y un ordenador netbook. En el caso de la segunda entidad de ahorro, el regalo incluye a todos lo clientes con la nómina domiciliada en la entidad. La condición es contratar la tarifa plana Internet Plus de Movistar al menos durante 24 meses. La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda

El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.

La revelación de los datos de hasta 1.500 clientes españoles de HSBC en Suiza, con cerca de 6.000 millones de euros, y la firma de convenios de doble imposición con países como Andorra han hecho que los grandes capitales que no quieren que afloren sus fortunas ocultas se fijen en mercados como Panamá –con especial hincapié–, Singapur, Costa Rica, Uruguay y Gibraltar.

“Algunos grandes patrimonios optan por llevar su dinero a estas jurisdicciones. Pero España sabe dónde están estos capitales y está negociando convenios”, explica Brian Leonard, socio de fiscalidad internacional de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, consultora que no trabaja con clientes que no revelen el cien por cien de sus datos fiscales.

De hecho, Hacienda mantiene actualmente negociaciones con Panamá, Gribaltar –en fases iniciales–, Hong Kong y Singapur para lograr acuerdos de intercambio fiscal. En los últimos años, ya los han alcanzado con Andorra, Suiza, Bahamas y Jamaica.

Ganar tiempo
Aunque el Gobierno español mantenga estas negociaciones con los centros offshore (como se conoce a los paraísos fiscales), con esta estrategia los defraudadores ganan tiempo para evitar tener que hacer frente incluso a delitos penales.

“Los países con un secreto bancario arraigado están viendo que los tiempos cambian hacia el intercambio información. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2011 probablemente Suiza intercambie información con otros países, con ciertos límites y requisitos estrictos, pero con mayor amplitud que ahora. Esta tendencia mundial puede generar incertidumbre en gente que tenga dinero en estos centros, y debería llevar a reflexionar sobre la conveniencia de regularizar su situación”, asegura Carlos Ferrer, socio de fiscalidad financiera de Cuatrecasas.

Aún así, los clientes que están tomando este camino son los menos. El principal destino de este dinero estaría siendo Panamá, a pesar de las negociaciones que tiene en marcha el Gobierno español. Este mercado ofrece dos principales ventajas a los clientes nacionales: el secreto bancario y unos costes muy inferiores a los de las entidades suizas; y el idioma. Como desventaja, tiene la distancia que hay entre Panamá y España.

Otros destinos
La misma pega tiene Singapur, otro de los paraísos fiscales que más atractivo ofrece a los grandes patrimonios españoles. Tanto este centro offshore como Hong Kong son dos de los paraísos que más han crecido en los últimos años de la mano del crecimiento de las grandes economías asiáticas.

Por su parte, Uruguay ha sido otro de los paraísos fiscales para grandes capitales españoles, sobre todo aquellos con intereses económicos en Latinoamérica, aunque una reforma propuesta recientemente por el Gobierno uruguayo podría acabar con el secreto bancario en el país.

El último destino preferido por los grandes capitales españoles es Costa Rica, que fue incluida en la lista de paraísos fiscales de la OCDE el año pasado y por parte de Francia a comienzos de 2010.

Sea como sea, los expertos advierten de que los nuevos paraísos fiscales que están seleccionando los grandes patrimonios suponen mayores riesgos que los que empleaban hasta ahora, como los europeos, por la posibilidad de un desestabilización del país (ver información adjunta).

Paraísos con riesgo país
El movimiento de capitales que están realizando los grandes patrimonios españoles lleva implícito un peligro añadido: el riesgo país. Muchos de los países en los que están refugiando su dinero estos inversores tienen una menor seguridad jurídica que otros como Suiza o Andorra, de forma que un cambio legal podría dejarles sin su capital. Hay que tener en cuenta además que, en muchas ocasiones, los grandes patrimonios llevan su dinero a estos países a través de sociedades en las que ellos figuran indirectamente, precisamente para evitar tributar por ello. “Se abre un nuevo panorama para los evasores de capitales: a partir de ahora si quieren dejar de tributar por su dinero van a tener que correr riesgos”, señalan fuentes de una entidad española.

Patrimonio
Se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.

El ‘busque y compare’ más efectivo a un solo clic

En tiempos de dificultades económicas surgen multitud de iniciativas que pretenden fomentar el ahorro en el gasto doméstico. La búsqueda de las ofertas se hace imprescindible y las marcas aprovechan el suculento «caramelo mediático» de la crisis. En el ámbito de los seguros no podía ser de otra forma y, por ello, desde hace algunos años han proliferado los comparadores online, un tipo de plataforma que ahora vive su momento de gloria.

«Los seguros de automóvil se valoran, cada vez más, como simples commodities, por ello han surgido los comparadores enfocados a un tipo de cliente», así es la explicación que la compañía Generali Seguros otorga al éxito de estos productos. Pero a los de coche se le suman también las plataformas que comparan productos de salud y hogar.

¿Cómo funcionan los comparadores? ¿Son realmente independientes estas páginas web? Preguntas que ya no se hacen, por ejemplo, en Reino Unido, donde las aplicaciones para obtener presupuestos simultáneos de seguros funcionan desde hace varios años.

Allí, las compañías de seguros centran sus esfuerzos e inversiones en estar presentes en el mayor número posible de plataformas online, dejando a un lado la publicidad propia, ya que carece de interés para un público acostumbrado a contratar servicios en la red. En España no contamos aún con un sector tan desarrollado, pero desde hace un año -coincidiendo con el desembarco de Rastreator.com en nuestro país- las perspectivas han cambiado por completo.

Rastreator.com es, hoy por hoy, la estrella de los comparadores en cuanto a número de visitas y número de presupuestos realizados en este primer año de vida. Pero no es la pionera. Desde hace varios años, el canal especializado en motor Arpem ofrece también este servicio en España. Sin embargo, «es ahora cuando el sector se ha animado, en parte, gracias a nuestra repercusión», explica Ysabel Marqués, directora de marketing de Rastreator.com. Este portal de internet pertenece al grupo británico Admiral Group, que posee también cinco aseguradoras directas, entre ellas Balumba.

En contra de lo que pueda parecer, Marqués asegura que la independencia de los presupuestos que ofrecen «es total», ya que el principal activo es «ser una fuente de financiación para las aseguradoras». Esta circunstancia hace que ya trabajen con 13 de las principales compañías de seguros. Además, en la actualidad negocian con aquellas que aún no están en su lista.

La respuesta a aquellos que tachan de publicitario un servicio como éste es tajante; explica la directora que el secreto de su éxito reside en «un entramado tecnológico y un sistema que nos permite conectar con todas las aseguradoras que trabajan con nosotros a la vez. No hay más». Pero el principio básico en el que se basan los comparadores es analizar las particularidades que cada compañía valora de sus potenciales clientes, por ello, «no siempre lo aparentemente barato lo es tanto», añade Marqués.

Las cifras no mienten. Cada vez es más amplio el target de usuario que tienen los comparadores de presupuestos, y aunque en un principio iban dirigidos a un perfil entre 25 y 45 años, «cada vez son más los usuarios de 60 o 70 años que nos consultan», apunta Marqués.

La principal fuente de financiación de este tipo de empresas reside en una mínima comisión que reciben de las compañías de seguros por cada cliente que contrata una póliza a través de esta herramienta. Sin embargo, Rastreator.com, por ejemplo, no realiza contrataciones en su web, sino que deriva a la de la propia aseguradora. «Necesitamos generar grandes volúmenes de clientes para resultar rentables», comenta la directora, y añade: «Para ello nuestra principal inversión está en publicidad». Según Arce Media, especialista en investigación de medios, el desembolso publicitario de Rastreator desde septiembre de 2009 ha sido de más de siete millones de euros.

El <>ha supuesto un tercio del tijeretazo

En apenas dos años, el Ejecutivo socialista ha pasado de las ayudas a los recortes; del plan anticrisis, al plan de ajuste. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que ir deshilvanando cada una de las medidas que presentó en 2008 para hacer frente a la crisis económica que, por quel entonces, mostraba sus primeras consecuencias.
Medidas sociales, a la vez que electorales, daban luz verde a una serie de prestaciones económicas que actualmente se han suprimido para poder recortar un déficit que nunca debió crecer tanto.

La primera decisión que tomó el Gobierno ocho meses antes de las últimas elecciones generales pretendía mejorar los recursos económicos de las familias españolas, a la vez que favorecer la natalidad en nuestro país, que tiene una de las tasas más bajas del mundo.

El «cheque-bebé», una ayuda de 2.500 euros, se concedía a las parejas que hubieran tenido o adoptado hijos desde el 1 de julio de 2007. En 2009 benefició a casi medio millón de familias.

Pensiones y nóminas
La prestación se suprimió, por decisión del Consejo de Ministros, el 20 de mayo de este año, y habrá succionado casi 4.000 millones de euros desde su puesta en marcha hasta su cese. Nada más y nada menos que el equivalente a casi un tercio del «tijeretazo» presupuestario de 15.000 millones aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit.

Lo han pagado las pensiones congeladas, las nóminas recortadas de los funcionarios, las plazas públicas retiradas y las inversiones no realizadas. El propio presidente del Gobierno ya reconoció que el Estado se ahorraría cada año 1.250 millones con la supresión de una medida que anunció contra las cuerdas: durante una sesión plenaria en la que las pruebas de la cercanía de una crisis económica se hacían más que evidentes. Con su anuncio, el presidente intentó neutralizar las predicciones económicas del principal partido en la oposición con una medida que buscaba más votos que nacimientos.

No fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo al conocer la medida y anticipar la llegada de un periodo negro para la economía. Entre ellos, el propio ministro del ramo, Pedro Solbes, ignorante hasta el último momento del alumbramiento de la medida.

Pero no ha sido la única decisión cuya factura se está pagando ahora. Otra de las medidas clave de la hoja de ruta del Gobierno fue la deducción de 400 euros en la declaración de la renta para asalariados, jubilados y autónomos. Se comenzó a aplicar en junio de 2008 y pretendía inyectar 6.000 millones en la economía española. Según reconoció la Administración, la supresión de esta deducción reportaría 5.700 millones a las cuentas del Estado: ahí había ido otro tercio del ajuste.

Parados sin prestación
Y hubo más. En 2009, en plena recesión económica y con una tasa de paro que se incrementaba cada día, el Ejecutivo fijó una prestación de 420 euros durante seis meses a todos los desempleados a los que se les hubiesen agotado las ayudas económicas. La medida se incluía en el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción y pedía que el demandante cumpliera con un perfil: su renta, junto a la del resto de integrantes de la unidad familiar, no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional.

La ayuda se comenzó a pagar en el mes de agosto, aunque con carácter retroactivo a todos los parados que hubiesen perdido su prestación desde el 1 de enero de 2009. Esta medida supuso un desembolso de 1.340 millones de euros. Pero el Gobierno decidió ampliar esta ayuda otros seis meses, a petición de los sindicatos, para dar cobertura a 200.000 demandantes aproximadamente, diez días después de que anunciara un plan de austeridad para recortar en 5.000 millones el Presupuesto recién estrenado (y pocos meses antes de que estallara la crisis en los mercados financieros y las dudas sobre la solvencia de la deuda española).

Finalmente, la medida de 420 euros supondrá un coste total 1.853 millones: un nuevo «pellizco» del ajuste.
Otra de las ayudas que impuso Zapatero tres meses antes de las elecciones fue la Renta Básica de Emancipación que, por el momento, se mantiene vigente. El Ministerio de Vivienda transfiere 210 euros a los solicitantes en concepto de ayuda al alquiler y 600 euros de préstamo para el pago de la fianza. Desde el 1 de enero de 2008, 196.898 jóvenes de entre 22 y 30 años se han beneficiado de ella, para lo que el Estado ha aportado 375 millones en los últimos tres años.

Con todo, el plan anticrisis de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo se centró en ayudas sociales a familias y desempleados; también intentó crear puestos de trabajo con una medida tan criticada como ineficaz. El Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) se diseñó para impulsar los trabajos en infraestructuras a nivel local y supuso, en palabras del Gobierno, la movilización de unos recursos públicos sin precedentes.

Aceras y pistas de pádel
Según los dirigentes socialistas, el Plan E cuenta con 100 medidas basadas en las empresas, el fomento del empleo, medidas financieras y presupuestarias, y recursos para la modernización de la economía.

Aún así, para gran parte de la sociedad el Plan E ha quedado como una iniciativa para remodelar aceras, cementerios, construir piscinas, pistas de pádel y efectuar trabajos de mejora en las diferentes localidades del país. Una actuación que ha supuesto una inversión de 7.999 millones en 2009 y 5.000 millones en 2010. Tanto como todo el ajuste. ¿Han hecho la suma? Pues apunten: en 2011 anunciarán otro ajuste.

«Muchos inmigrantes y algunos españoles tendrán que buscar empleo en otro país»

Miguel Boyer Salvador (nacido en 1939 en San Juan de Luz, Francia, durante el exilio de sus padres) se ha ganado un hueco en la historia de España. Es un hombre reflexivo con fuerte carisma, cuyas opiniones suelen tenerse muy en cuenta, no exentas a veces de cierta polémica. Fue diputado del PSOE y ministro de Economía y Hacienda con Felipe González; se dio de baja por controversias sobre la incorporación al euro. Asesoró a José María Aznar y se incorporó a la Fundación FAES; también se dio de baja por ser contrario a la invasión de Irak. Ahora Zapatero le «escucha», aunque en su cabeza no cabe volver a la actividad política. En su tiempo se puso el embrión del contrato temporal y se inició una primera reforma de las pensiones que granjeó un vendaval entre PSOE y UGT. Defiende la reforma laboral y el alargamiento de la edad de jubilación, insta a profundizar en las reformas estructurales que precisamente impulsó con el denominado decreto Boyer de liberalización de horarios comerciales y actualización de alquileres. Cuando dejó de ser ministro en 1985, tras exigir sin éxito una vicepresidencia económica, pasó a presidir el Banco Exterior. Posteriormente, presidió CLH (la antigua Campsa) y trabajó para FCC. Ahora colabora en el grupo Hispania de José Ramón Carabantes y es consejero de Reyal Urbis y Red Eléctrica.

Pregunta. Quiera o no, su opinión se tiene muy en cuenta en este país, ¿cómo se lo toma?

Respuesta. Creo que los acontecimientos de la época de la transición del franquismo a la democracia siguen muy vivos y que se nos recuerda a los que tuvimos algún papel en ella y, en particular, a los ministros del primer Gobierno socialista. Por otra parte, la actual crisis me ha inducido a escribir y dar conferencias, por si puede ser útil mi experiencia, y eso me ha hecho reaparecer, modestamente.

P. Y desde esa modestia, ¿qué dice sobre la salida de la crisis?

R. Estados Unidos está ya en un ritmo de crecimiento del PIB del 2,5%, casi normal, y los principales países europeos en torno a un 1%, que indica el comienzo de la recuperación. Pero no se ha salido todavía de la crisis en cuanto al empleo y continuarán las altas tasas de paro, aunque hay signos alentadores recientes. En cuanto a España, tiene unos trimestres de retraso por el desplome casi total del sector inmobiliario y, también, muy fuerte en el resto de la construcción. Como son actividades intensivas en mano de obra, su caída ha generado una masa tremenda de parados, solo comparable a la de Irlanda, el otro país que había invertido excesivamente en aquellas: un 15% del PIB, frente al 9% de promedio en la eurozona.

P. ¿Es más dramática esta crisis que las anteriores?

R. Depende de en qué aspectos se enfoque la atención. Si consideramos el PIB, en las crisis del petróleo, casi no llegó a caer, mientras que el año pasado hubo un descenso del -3,6% en España (por cierto, el segundo menos malo después del de Francia). Pero en empleo, durante las crisis del petróleo (1974-1985), cayó 11 años consecutivos y en conjunto un 18%; mucho más que en la recesión actual. Además, se hundió una gran parte de la industria (acero, construcción naval, electrodomésticos, química…) y un buen número de entidades financieras. La inversión tuvo tasas negativas durante nueve años. Así es que ambas crisis son tremendas, aunque creo que las de los setenta y ochenta fueron más largas y penosas.

P. ¿Cree que España ha vivido por encima de sus posibilidades?

R. Yo no emplearía esa expresión. Si vivir por encima de nuestras posibilidades es consumir con exceso, digo que no. Las familias han gastado en consumo, en el periodo de auge 2003-2007, una proporción del PIB semejante a la de la eurozona (57%) y bastante menor a la de Estados Unidos (70%). Y hemos ahorrado un 22% del PIB -como la eurozona- y mucho más que el 12% de Estados Unidos. Donde sí cometimos un exceso fenomenal fue en la inversión: un 29% del PIB, año tras año, cuando en la Unión Monetaria fue un 21% y en Estados Unidos del 18%. La mitad fue a bienes de equipo y similares, y la otra mitad a la construcción. En esta se cometieron excesos perdonables en infraestructuras, pero completamente desmesurados a cuenta del ladrillo; pasamos de iniciar 300.000 viviendas en 1995 a 760.000 en 2006, y de emplear 1.100.000 trabajadores a 2.750.000 en 2008, para construir un número gigantesco de casas, cuya mitad no se podía vender, arrastrados por la burbuja especulativa. De modo que sí hemos invertido -no consumido- endeudándonos por encima de nuestras posibilidades y, lo que es aún peor, mucho más allá de nuestras necesidades. Hemos invertido demasiado y mal. A ello contribuyeron bancos y cajas de ahorros, dando crédito fácil y apalancamientos enormes, y las agencias de calificación -ahora tan rigurosas en apariencia- sobrevalorando las garantías para obtener créditos. Es una lección que no debemos olvidar.

P. Estamos en plenas tensiones financieras, ¿está cumpliendo bien el BCE?

R. A principios de año todos los países nos preparábamos para retirar paulatinamente los estímulos al crecimiento de la demanda y del empleo. Pero han irrumpido temores justificados e injustificados, tras el caso de Grecia, y los mercados financieros restringen los préstamos a los países de tamaño pequeño, medio e, incluso, del tamaño de España -cuya economía es solo un 20% menor que la italiana y la francesa-, además con unas primas de riesgo notablemente elevadas. En este punto de la crisis es absolutamente necesario mantener un flujo de crédito y de liquidez que permita funcionar el sistema productivo y desarrollar un proceso de desendeudamiento pausado del Estado y de las empresas. Ese es el papel del Banco Central Europeo que, tras unas presiones erróneas del Bundesbank alemán, está ya inyectando la liquidez suficiente.

P. ¿Ve lógicos los ataques a España y los rumores sobre un rescate financiero?

R. Son bulos interesados. Descarto un rescate. España está iniciando ya un proceso de ajuste, del cual hay signos bastante claros: se está desacelerando el crecimiento del gasto público y creciendo de manera notable los ingresos, de modo que el déficit de los primeros cinco meses del año es de un 6% inferior al del año pasado.

P. Viene a decir que la reacción de los mercados es irracional.

R. No, digo que es muy exagerada. Hay una sobrerreacción negativa, que es típica de las inversiones financieras en situaciones de incertidumbre o de crisis; pero hay también maniobras bajistas, interesadas en subir las primas de riesgo, propalando seudoanálisis excesivamente pesimistas.

P. Usted tuvo reticencias respecto al euro, ¿las sigue teniendo respecto a la incorporación de España a la eurozona?

R. Yo fui uno de los expertos independientes que junto a los 12 presidentes de los bancos centrales formamos el comité Delors que diseñó la Unión Monetaria y el euro. Era y soy muy consciente de las fortísimas restricciones que suponen una moneda única y un tipo de interés único. Y, además, temía que España no estuviera preparada -por su tendencia a una inflación mayor que las de Alemania y Francia- a integrarse en 1999. Me acordaba del gracioso, y alarmante, dicho de Paul Samuelson, dirigido a los países que iban a entrar en la UEM: «Van a meterse ustedes en la cama con un gorila, que es Alemania. Que tengan ustedes suerte». Desde luego ese país ha resultado bastante gorila. Ha hecho un gran negocio con un euro más débil que el viejo marco alemán: en 2008, sus exportaciones llegaron al 47% del PIB, mientras, las de Francia, Italia y España no pasaban del 26%. Pero cuando Alemania y Francia, más sus satélites del Benelux y Austria, decidieron formar la Unión Monetaria, me pareció inevitable que Italia y España se sumaran, ya que quedarse fuera tenía más riesgos políticos y económicos.

P. Usted trabajó para González, después se le acercó Aznar, ¿le ha pedido consejo Zapatero?

R. Durante cinco años de Gobierno de Zapatero no había tenido relación con él, aunque nos conocimos en una conferencia en la Academia de la Historia, creo que en 2002. A final del año pasado, escribí unos artículos en EL PAÍS, que interesaron al presidente y a Elena Salgado [vicepresidenta y ministra de Economía], a la que conozco desde mucho antes y por la que tengo gran estima profesional y personal. Desde entonces hemos hablado, esporádicamente Zapatero y yo, y con mayor frecuencia Salgado y yo. Cambiamos impresiones y les mando hojas sueltas por si les sirven para algo. Haría lo mismo con otro Gobierno en coyuntura semejante, y que tuviera interés por mis opiniones.

P. O sea, que le consultan.

R. Más bien, me escuchan, creo que con interés. Será por condescendencia con un veterano, ya que tienen un excelente equipo en el Ministerio de Economía.

P. ¿La situación es tan grave como para hablar de un Gobierno de coalición?

R. No lo creo, salvo que todos los grupos de la oposición se concertaran para rechazar las propuestas de ley del Gobierno. Pero eso parece improbable, cuando se trata de leyes muy importantes para superar la crisis, y el sentido común cívico de los partidos les recomendará no bloquear la acción del Gobierno. Lo que corresponde en esta situación es que las oposiciones presenten sus propuestas y lleguen a acuerdos con el Gobierno. Los Pactos de la Moncloa, por ejemplo, no dieron lugar a un Gobierno de coalición, sino a una serie de acuerdos sobre asuntos muy importantes, entre el Gobierno y la oposición. El PSOE, que estaba en la oposición, no reclamó ministros, y se volcó para apoyar los acuerdos. A mí me mandaron a defender los pactos en la cuenca minera asturiana: no fue fácil ni agradable.

P. ¿Hace falta profundizar en reformas estructurales?

R. Ciertamente, hace falta en la liberalización de sectores de servicios y su adaptación a las directrices europeas. Por otra parte, hay que frenar la contratación de funcionarios, en el Gobierno central y en los autonómicos, e incluso dar marcha atrás. El peso en el PIB de la remuneración de los asalariados públicos es el 12% en España, mientras que en Alemania -país federal y descentralizado- es del 7,5%. Soy partidario de menos funcionarios en todos los niveles del Estado; pero mejor pagados para evitar la degradación de la función pública. Siguiendo con los problemas estructurales, existe una situación complicada en el sector de la energía, en el que se ha cometido un error promoviendo la técnica fotovoltaica antes de lograrse una situación competitiva, como ha ocurrido en la eólica. Por otra parte, aunque somos grandes defensores de la lucha contra el cambio climático, seguimos usando carbón, que es lo más nefasto en cuanto a emisiones de CO2.

P. No dice nada de la reforma educativa.

R. Su efecto es más a medio y largo plazo, aunque hay que empezarla cuanto antes. La mejora más inmediata de la formación profesional vendrá a través de la reforma laboral, mediante la formación de los trabajadores en la empresa. Eso debe mejorar notablemente la productividad. Desde luego, la educación necesita impulsos y reformas porque, contrariamente a los otros países europeos continentales, tenemos un porcentaje insuficiente de jóvenes que terminan la enseñanza secundaria, que es la formación más básica y necesaria.

P. ¿Qué opina de la reforma laboral?

R. El decreto ley del 16 de junio es un avance muy positivo en el camino de fomentar la contratación indefinida, especialmente para los jóvenes, que podrán tener una estabilidad que les permita formarse en las empresas. Se enfoca en el contrato llamado de fomento de la contratación indefinida, ampliando mucho el colectivo que puede beneficiarse de él, aunque se mantiene todavía una casuística innecesaria (parados de tres meses, mujeres entre 30 y 45 años, trabajadores con anteriores contratos temporales, etcétera). ¿Por qué no extenderlo a todos los trabajadores a los que se les ofrezca y que quieran aceptarlo?

P. ¿Usted que dice?

R. El contrato tiene una indemnización de 33 días de salario por año y 8 días son subvencionados por el Fondo de Garantía Salarial. Se ha dicho erróneamente que «se subsidia el despido», como si los empresarios fueran obsesos deseando despedir a sus empleados. Los empresarios deberían hacer el uso máximo de este instrumento ampliado, por mor de mejorar la formación de los empleados estables y la productividad. A ello contribuyen los retoques del contrato temporal, introduciendo el rigor en precisar qué obra o servicio y en qué tiempo se va a desarrollar para evitar los abusos.

P. ¿A qué se refiere?

R. La situación actual y la lógica económica impiden un solo contrato indefinido. Hay 15 millones de trabajadores con contratos indefinidos con indemnización de 45 días cuyos derechos adquiridos no pueden suprimirse jurídica ni éticamente. Y tampoco se puede prescindir del contrato temporal -esencial en la construcción y en el turismo-, ni de los contratos por tiempo determinado, etcétera. Pero si es efectivo el rigor sobre los contratos temporales, lo lógico es que los empresarios usen al máximo el contrato de fomento. Poco se ha avanzado, en cambio, en precisar cuándo un despido colectivo es procedente, ni se ha facilitado el descuelgue de empresas que no puedan llegar a los mínimos salariales que fijan los convenios colectivos de ámbito superior (de rama, etcétera). Por tanto, no se flexibiliza la negociación salarial haciéndola más próxima a las necesidades de las empresas.

P. ¿Dónde van a encontrar empleo todas las personas que se han quedado en el paro por el desplome del ladrillo?

R. Ese es para mí el problema más difícil de la economía española. Está claro que una parte importante de los inmigrantes que han venido a España encontraron trabajo en la construcción y que una parte muy considerable de ellos no van a volver a encontrarlo en dicho sector. Muchos de los que vinieron y, quizá, algunos españoles van a tener que buscar empleo en los otros países europeos. La esperanza es que haya un desarrollo muy importante de los servicios, que es el sector que va a crear empleo más dinámicamente.

P. ¿Y de la reforma de las pensiones?

R. Se ha trasladado razonablemente al Pacto de Toledo. El alargamiento de la vida laboral es inevitable tanto por razones de sostenibilidad económica como por razones humanas. Ahora que la vida alcanza una media de 85 años o más, ¿es soportable estar mano sobre mano 20 años salvo en el caso de trabajos muy duros?

P. ¿Hay motivos para una huelga general?

R. En absoluto. El ajuste es inexorable y, si no se hace, la situación empeoraría. Es comprensible humanamente, pero es inútil política y económicamente.

P. ¿Se ve con Felipe González?

R. Con cierta frecuencia, solemos cenar. Hemos sido muy amigos desde los años sesenta del siglo pasado. A pesar de algún desencuentro de antaño, que lamento, tengo una gran admiración y un gran afecto por él, que ha sido un dirigente político extraordinario. Poder charlar de los avatares de la política y de la economía españolas, con él y con viejos amigos como Carlos Solchaga, Fernández Ordóñez y Guillermo de la Dehesa es un placer inacabable y rejuvenecedor. Me produce mucha satisfacción sentir que nos apreciamos unos y otros, y recordar las cosas que pudimos hacer para contribuir a vivir en democracia. Y soy también afortunado por tener un contrapeso a la deriva política en mis amigos de la historia, de la filosofía, de la ciencia, Jesús Mosterín, Manuel Sánchez Ron y Cayetano López.

P. ¿Qué le parece el Estatuto catalán?

R. Que estábamos más contentos con el Estatuto de Sau [aprobado en 1979 y vigente hasta 2006].

Las hipotecas se estancan

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística difundidos hoy, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en abril fue de 114.132 euros, lo que significa una bajada del 1,1% respecto a un año antes y del 1,9% frente a marzo.

El número de hipotecas sobre vivienda constituidas en abril fue de 50.342, el 0,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un estancamiento de este indicador después de tres meses de subidas consecutivas superiores al 2 por ciento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística difundidos hoy, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en abril fue de 114.132 euros, lo que significa una bajada del 1,1% respecto a un año antes y del 1,9% frente a marzo.

Por lo que respecta al capital prestado para este fin, en abril alcanzó los 5.745,6 millones de euros, una disminución del 1% respecto a un año antes y el 1,9% menos que el mes anterior.

Según la misma fuente, el importe medio del total de hipotecas sobre fincas constituidas en abril se situó en 129.734 euros, cifra inferior en un 10,6% a la de un año antes y en un 8,7% a la registrada en marzo.

El número de fincas hipotecadas bajó el 4,3% en abril con respecto al mismo mes de 2009 y se situaron en 79.392.

Este retroceso se debió principalmente a la caída 31,6% en el segmento de fincas rústicas, hasta 3.664, en tanto que en el caso de fincas urbanas el descenso fue del 2,4%, hasta 75.728.

El valor de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas fue de 9.593 millones y el de las rústicas de 706 millones, el 10,4% y el 47,2% menos que un año antes.

Por tipos de entidades, las cajas de ahorros fueron una vez más las que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios, el 50,4 por ciento del total, seguidas de los bancos, con el 38,4 por ciento, y de otras entidades financieras, que concedieron el 11,2 por ciento.

Sin embargo, por importe prestado, los bancos se situaron en primera posición con el 45,3 por ciento del total, mientras las cajas prestaron el 42,8 por ciento y el resto de entidades el 11,9 por ciento.

El tipo de interés medio para las hipotecas que se constituyeron en abril se situó en el 3,92%, lo que implica un retroceso interanual del 16,8% y una subida del 0,3% en comparación con marzo.

Las cajas de ahorros ofrecieron a sus clientes un tipo de interés medio del 4,07% en abril para las hipotecas y un plazo medio de 23 años, en tanto que en los bancos este plazo fue inferior, de 21 años, y el interés medio, más bajo, del 3,81%.

Según el INE, el 95,4% de los préstamos hipotecarios constituidos en el cuarto mes del año se referenció a un tipo de interés variable, y el 4,6% restante lo hizo a tipo fijo.

Asimismo, el número de hipotecas en las que se modificó alguna de sus condiciones se situó en abril en 37.844, con un descenso interanual del 7,7%.

En el caso de las hipotecas sobre viviendas, el número de préstamos con cambios en sus condiciones fue de 23.372 en abril, el 12,2% menos que en igual mes de 2009.

Con respecto a qué tipo de modificaciones se introdujeron en las condiciones de las hipotecas, hubo 31.920 novaciones (modificaciones pactadas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 4,8%.

El número de préstamos hipotecarios que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 4.059, el 22,8% menos que un año antes, mientras que en otras 1.865 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado, lo que supuso un descenso del 14,2%.

De las hipotecas que cambiaron sus condiciones en abril, en el 38% de los casos se varió el tipo de interés.

Por otra parte, durante el cuarto mes del año se produjeron 46.182 cancelaciones registrales de hipotecas, el 9,1% más que un año antes.

En tasas interanuales, las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas aumentaron el 2,2%, sobre las urbanas, el 9,3%, y sobre viviendas, el 11,3%.

Por comunidades autónomas, La Rioja y las Islas Baleares concentraron el mayor número de fincas con hipotecas constituidas en abril por cada 100.000 habitantes, 347 y 279, respectivamente.

Las comunidades en las que más crecieron estos préstamos fueron Castilla-La Mancha (27,4%) y Principado de Asturias (19,7%), mientras que La Rioja y Canarias fueron las que más vieron caer el número de hipotecas, con bajas del 42,6 y del 26,1%, respectivamente.

Lo que debe saber sobre cómo se aplicará la subida del IVA

Ante la subida del IVA, las organizaciones de consumo se preparan ya para una avalancha de consultas y reclamaciones y, de momento, intentan aclarar al consumidor cuánto debe pagar y cuándo. La subida puede dar lugar a controversia, especialmente en el caso de las compras o servicios contratados antes del día 1 de julio y que tengan que abonarse después de esa fecha.

Básicamente, la norma establece que la tasa de IVA aplicable debe ser la vigente en el momento en que se realiza la compra. Cuando se contrate un servicio o se realice una compra que será pagada a plazos o a crédito en el plazo de un mes, el importe que debe abonar el consumidor será el que figuraba el día de la compra. Es decir, que cualquier compra o servicio contratado antes del 1 de julio debería aplicar un IVA del 16 por ciento o del 7 por ciento, según proceda, y los que se contraten después de esa fecha llevarán el nuevo tipo impositivo, según informa Efe.

Ejemplos
Muchos consumidores y proveedores pueden tener dudas en casos concretos como en compras, facturas, o contratación de servicios.

– En el caso de las facturas de suministros de servicios como el gas, la telefonía, la electricidad o el arrendamiento, el IVA aplicado será el vigente en el momento de emitir la factura, aunque el consumo corresponda al mes anterior.

– Si el presupuesto previo aceptado –de un viaje o de la obra de una vivienda, por ejemplo– se ha hecho con un precio cerrado, que incluye el IVA sin desglosar, la cantidad que figura en la factura es la que debe pagar el consumidor, tanto si realiza la compra con pagos parciales anticipados o cantidades a cuenta o si liquida una vez concluido el servicio, aunque sea después del 1 de julio.

– Si en el presupuesto previo se detalla el coste del servicio y se añade «+ IVA», se interpreta que el gravamen a pagar será el vigente en el momento del pago, que si se realiza después del 1 de julio será del 8 o del 18 por ciento.

– Si en el presupuesto consta el precio del servicio, aunque se especifique el porcentaje del impuesto –por ejemplo, más el 16% de IVA–, se aplicará éste a las cantidades abonadas antes del 1 de julio y el IVA caro a los pagos que se realicen después, ya que cuando se hizo el presupuesto se desconocían los cambios que se iban a producir.

– Otro caso es el de un presupuesto que establece una fecha concreta –anterior al 1 de julio– para la entrega de un producto o la realización de un servicio –la compra de un coche, por ejemplo–. Si éste se retrasa por causas ajenas al usuario que ha aceptado el presupuesto con el 7 o el 16% de IVA, al recibir el coche el servicio después del 1 de julio y emitirse la factura con el nuevo tipo impositivo, es la empresa la que, en ese caso, por incumplimiento del contrato, tiene que asumir el sobrecoste.

Consulta sobre dudas
No obstante, ante cualquier duda, las organizaciones de consumidores recomiendan a los consumidores y empresas consultar los problemas de interpretación en la Agencia Tributaria y dirimirlos ante las Juntas Arbitrales de Consumo. Dado que el pago de este impuesto es obligatorio, los consumidores no pueden dejar de abonarlo, aunque algunos comercios, como Inditex, Mercadona o Lidl, ya han anunciado que no trasladarán el alza a los precios finales.

El gasto medio en rebajas desciende un 27% respecto a 2009 hasta los 65 euros

Madrid, Catalunya y Valencia serán las autonomías más consumistas, mientras que Canarias, Galicia y Extremadura las que menos.

El gasto medio de los españoles en las rebajas de este año será de 65 euros por persona, el 27,7 por ciento menos que el año pasado, cuando el gasto medio se elevó hasta los 90 euros, según un estudio de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).

El estudio, realizado mediante una encuesta a más de 2.500 consumidores, refleja el desembolso económico que tienen previsto hacer los españoles en esta temporada de rebajas que, salvo en Madrid, Baleares, Extremadura y Valencia, comenzará en todo el territorio nacional el próximo jueves, 1 de julio.

Madrid, Catalunya y Valencia serán las autonomías más consumistas, y Canarias, Galicia y Extremadura las que menos. Sólo uno de cada tres españoles comprará algo en rebajas, y serán más mujeres (63%) que hombres (35%).

Para ahorrar algo más, el 34% de los consumidores evitará las marcas, el 27% comprará lo que está más rebajado y el 35% sólo lo que necesita, según FUCI.

La ropa y los complementos serán los artículos más demandados por los consumidores, aunque los hombres muestran un interés creciente en artículos de informática. Según FUCI, un año más, los consumidores muestran un «importante desconocimiento» de sus derechos y deberes, ya que sólo el 22% conoce cuál es la garantía de los bienes de carácter duradero y únicamente el 36% sabe qué hacer para presentar una reclamación.

Para la presidenta de FUCI, Agustina Laguna, estos datos muestran el impacto de la crisis sobre los consumidores y su «maltrecha» situación económica, que además se unirá al incremento del IVA de dos puntos que «supondrá unos 260 euros anuales» para el consumidor. En este sentido, FUCI advierte que «los productos que se encarguen antes del 1 de julio y se entreguen con posterioridad a esa fecha no pueden ser penalizados con la subida del IVA».

FUCI recomienda realizar un consumo racional y calculado, y para ello, aconseja fijar un presupuesto previo y respetarlo, revisar con atención las etiquetas, y vigilar que en cada producto se indica, de forma clara, el precio anterior y el precio rebajado. Además, FUCI recuerda que los bienes de carácter duradero tienen una garantía de dos años y que el establecimiento debe aceptar las devoluciones o cambios, aunque para ello el consumidor debe guardar siempre el justificante de compra.