¿Qué determina el salario?

El tamaño de la compañía, los años de experiencia del profesional y su formación son algunas de las claves que marcan el volumen del salario, según un estudio de la firma de recursos humanos Randstad.

De acuerdo con el informe, además, cuanto mayor es la empresa, mayor es el salario. «Una persona puede llegar a cobrar hasta un 30% más en un mismo puesto en función de si la empresa cuenta con menos de 10 trabajadores o con más de 50. La diferencia de salarios por tamaño de empresa es más acusada cuanto mayor es la especialización del puesto».

En cuanto a la experiencia, una persona puede llegar a cobrar un 26% más en el mismo puesto y empresa si en lugar de contar con un año de trayectoria ha desarrollado 10 años de carrera. «Este aumento no es proporcional y se ralentiza con los años. La diferencia entre una persona con 10 o con 20 años de diferencia es un salario que puede ser hasta un 15% superior», dice el estudio.

Otro aspecto que influye notablemente en la remuneración final de un candidato es su nivel formativo. «Un empleado con educación básica puede llegar a percibir hasta un 24% menos que un titulado universitario».

Tener un equipo a cargo también suma. «Esta responsabilidad añadida supone un aumento adicional del salario, que puede ser hasta un 25% mayor», asevera Ranstad. Así como la ubicación del puesto. «La oferta y la demanda de una zona afecta de una forma muy significativa en la elasticidad de las bandas salariales de los empleos de la zona».

Guerra contra las cláusulas <> de las hipotecas

El PP propone acabar por ley con el «suelo» de las hipotecas.

En estos tiempos de crisis económica, el pago de la hipoteca se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza de la mayoría de los hogares españoles. Por eso, cada caída del Euribor –principal índice de referencia para este tipo de préstamos– es recibida con alegría por su efecto reductor en el recibo mensual, aunque sólo hasta alcanzar el nivel marcado por la llamada cláusula «suelo», un límite a partir del cual es imposible reducir el tipo de interés aplicable y que afecta a la mayor parte de las hipotecas a interés variables firmadas en España.

Numerosas asociaciones de consumidores y usuarios de banca llevan años intentando conseguir que este tipo de cláusulas, impuestas de forma prácticamente unilateral por las entidades financieras, sean declaradas abusivas. Ahora, el Partido Popular ha decidido sumarse a esa campaña y llevará al Pleno del Senado del próximo miércoles una proposición de ley para acabar con las cláusulas que imponen «suelos» y «techos» a las variaciones del tipo de interés en los préstamos hipotecarios.

El PP, que ya en septiembre de 2009 logró que se aprobara una moción que exigía esta misma reforma de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y que el Gobierno ha incumplido, pretende que se consideren abusivas todas las condiciones que limitan la posible bajada de los tipos de interés y, paralelamente, acotan una subida de los mismos hasta un tipo prefijado por la propia entidad. A diferencia de lo ocurrido con su anterior propuesta, si esta es aprobada, el Ejecutivo estará obligado a eliminar estas estipulaciones en sólo tres meses.

Asimismo, pide que se consideren «cláusulas abusivas» las estipulaciones no negociadas individualmente que fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés variable contratado que resulte mayor al 40% del valor de índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en contrato.
Afectará a dos de cada tres hipotecas

Los populares calculan que, de aprobarse, esta iniciativa beneficiará a dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca y no pueden beneficiarse, por ejemplo, de un Euribor más bajo. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el 96,7% de los préstamos hipotecarios pendientes de pago el pasado mes de abril estaban sujetos a un tipo de interés variable.

Según el senador popular Francisco Javier Vázquez, que denunció en un comunicado la «falta de transparencia» de estas estipulaciones, «los suelos se sitúan entre el 3% y 5%», mientras que el Euribor cerró el pasado mes de junio en el 1,28%.

En la actualidad, las cláusulas contractuales consideradas abusivas se encuentran recogidas en el artículo 82 del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, que las define como «todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato» y las declara nulas «de pleno derecho», es decir, se tendrán como no puestas.

La reforma laboral de Zapatero no vale para nada

La reforma laboral ya ha sido aprobada, aunque no contenta a sindicatos ni a empresarios, y ahora el que ha sido objetivo del Gobierno y la opinión pública durante esos meses de dura negociación (por los problemas que han experimentado sus empresas), Gerardo Díaz Ferrán, no tiene reparo en decir qué le ha parecido. El presidente de la CEOE se sincera en esta entrevista con María Jesús Pérez y Susana Alcelay, que podrán leer de forma íntegra mañana en el dominical económico de ABC, EMPRESA.

Con la normalización en sus negocios deja atrás un año para recordar.
-Todos los años son para recordar, porque todos son una experiencia. Unos se recuerdan con más cariño y otros con menos, pero recordarse se recuerdan todos los años.

–Pero se ha puesto en duda su buen hacer como empresario y su representatividad como presidente de CEOE? ¿No se ha sentido tocado?
-No me he sentido tocado como presidente de la CEOE. La inmensa mayoría de los empresarios han estado conmigo y creo que los buenos empresarios no sólo son los que tienen éxito, también los que tienen problemas en sus empresas, y no es pecar de no tener humildad. Desgraciadamente, en 2009 hubo grandísimos empresarios que tuvieron que cerrar su empresa y perdieron su patrimonio. Estamos pasando por una crisis de duración y profundidad desconocida. Muchos empresarios se han quedado en el camino y yo, por lo menos, he tenido la suerte de encontrar unos compradores para las empresas que tenían problemas. Espero que salgan adelante.

-¿Se sintió incómodo en la negociación sobre la reforma laboral?
-Nunca influyó el problema en las empresas en las que participaba con el diálogo social. Siempre separé la presidenciade CEOE de los temas empresariales. Como les dije antes, llevo más de 40 años como empresario y sé bien lo que es una empresa, pagar una nómina a final de mes, lo que necesitan los empresarios para contratar y la economía para crear empleo al mismo ritmo que los demás países de Europa. ¿Cuál es el problema? Unas relaciones laborales obsoletas.

-Más de dos años negociando para no llegar a nada. Al final, el Gobierno ha legislado y no ha convencido a nadie.
-Hay un real decreto en vigor que no satisface las necesidades empresariales, pero está en el Parlamento y tenemos que seguir confiando en que durante este trámite los partidos estén a la altura de las circunstancias e introduzcan las modificaciones las modificciones que necesita el país.

-¿Pero el presidente ha cumplido?
-Políticamente, ha cumplido, pero será una desgracia para España si Bruselas no le dicen que lo que ha hecho no vale para nada. CiU y PNV se sumarán a la reforma, el texto tendrá respaldo de la mayoría y al final nos quedaremos con una media chapuza que no sirve.

El precio de la vivienda continúa bajando aunque de forma más moderada

Se registra una caída del 3,6% interanual y del 0,9% respecto al primer trimestre de 2010.

El mercado inmobiliario continúa su ajuste pero de forma más moderada. Esta es la principal conclusión que se puede sacar de las estadísticas de precios de vivienda relativas al segundo trimestre de 2010 que ha publicado esta mañana el Ministerio de la Vivienda. Según los datos facilitados, la caída interanual se sitúa en un 3,6% frente a la bajada del 4,5% que hubo en el primer trimestre del ejercicio. Si comparamos ambos el descenso es de un 0,9%, significativamente más bajo que el intertrimestral anterior que marcaba un -1,7%.

Desde el gabinete de Beatriz Corredor, se sostiene que el proceso de adaptación de precios aún no se puede decir que haya terminado, aunque ha evitado realizar previsión alguna sobre hasta donde puede llegar este reajuste. Lo que si se ha afirmado desde vivienda es que esta moderación refleja una tendencia de «aproximación al reequilibrio entre la oferta y la demanda a valores más razonables».

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en el mercado libre se sitúa en 1.848,9 euros. Una cifra que nos coloca en niveles anteriores a 2006, de hecho para encontrar un valor menor habría que acudir al último trimestre de 2005 cuando marcaba 1.824,3 euros. En el caso de los pisos nuevos el valor medio se sitúa en los 1.846,7 euros frente a los 1.854,9 euros de la de segunda mano (con más de dos años de antigúedad). La variación trimestral de la primera se sitúa en el -1,2% mientras que la segunda sufre un descenso más suave que no supera el medio punto porcentual. Respecto a la variación interanual la caída es de un 4% y un 3,3% respectivamente.

En relación a la Vivienda de Protección Oficial (VPO) señalar que el valor es ligeramente superior al que se registró en el primer trimestre (0,7 de variación ), alcanzando los 1.141,4 euros. Un aumento que también se ve en el interanual con un alza del 4,1%.

Respecto al año anterior se producen caídas practicamente en todas las Comunidades Autónomas, con descensos más acusados en Canarias (-6,4%), Comunidad Valenciana (-5,1%), Aragón (-4,8%) Navarra (4,4%), Andalucia, Baleares y Madrid (-4,3%) y País Vasco (-3,8%) que rebasan la media nacional (-3,6%). Las únicas que se salvan del rojo son Asturias (2,2%), Galicia (1,4%), Castilla- La Mancha (1,3%), Extremadura (0,4%) y Cantabria (0,1%). En cuanto a las ciudades más caras (en localidades con más de 25.000 habitantes) tenemos en cabeza a San Sebastián, 3.680,3 euros, Barcelona, 3.418,1 euros, Sant Cugat del Vallés, 3.351,1 euros, Getxo 3.277,5 euros y Madrid 3.275 euros.

El 70 % de las empresas extranjeras mantendràn su inversión en España

El 73% de las empresas encuestadas para el Barómetro del Clima de Negocios aseguran que aumentará o mantendrá su inversión en España durante este año, a la vez que el 21% tiene previsto incrementar su número de empleados, frente al 17% en 2009. Ahora bien, el 27% de estas compañías reconoce que tendrá que ajustar la plantilla para reducir costes el próximo año. Estas son las perspectivas de inversión y empleo que se desprenden del informe que han elaborado, por cuarto año consecutivo, Invest in Spain y el IESE Business School.

Dos de los aspectos que más valoran los directivos de las empresas extranjeras implantadas en España son el nivel de infraestructuras (aeropuertos y red ferroviaria) y la calidad de vida de los ciudadanos españoles. Sin embargo, en el barómetro se reflejan deficiencias con respecto al mercado laboral , el acceso a la financiación y la carga burocrática en el funcionamiento de la empresa.

Las 304 entidades que han participado en el estudio advierten de la necesidad de rebajar los costes del despido o las cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador; también señalan que conviene mejorar la rapidez y la eficacia de los juzgados mercantiles y aligerar las dificultades para obtener financiación en la banca comercial. De hecho, las compañías encuestadas aprueban con nota al país (2,9 sobre 5), pero con dos décimas menos que en 2008.

Prioridad: ser más competentes
A modo de receta para las administraciones públicas, la principal responsable del estudio, María Luisa Blázquez (investigadora del IESE) ha destacado los ámbitos en los que se debe trabajar. Para empezar, habría que potenciar, dice Blázquez, el dominio de varios idiomas por parte de los trabajadores y el hecho de que éstos acepten más responsabilidades y objetivos, así como habría que adecuar la legislación laboral a las necesidades de la empresa (entre ellas, la rebaja del despido) e invertir en innovación para poder ser más competitivos.

En España se cuentan 10.500 empresas foráneas en las que se emplean de manera directa a más de 1,37 millones de trabajadores, que producen el 40% de las exportaciones españolas.

El consejero delegado de Invest in Spain, Javier Sanz, se ha felicitado por las buenas valoraciones que ha recibido el país, a la vez que ha animado a mantener el compromiso del Gobierno en lo relativo a la inversión I+D+i y a la adaptación de las ayudas a estas empresas extranjeras, para garantizar su permanencia en nuestro país y favorecer nuevas inversiones.

Cuatro de cada diez españoles se jubilan antes de los 65 años

El 13% de las jubilaciones anticipadas son parciales y sólo 11.250 solicitaron la prestación con más edad de la establecida por ley en 2009.

La reforma de las pensiones debe incluir la obligación de cumplir con la edad legal de jubilación (65 años). Esta es una de las principales ideas que se desprende del estudio «Cambio demográfico y pensiones de la Seguridad Social» que ha elaborado Fidel Ferreras Alonso para la Fundación Anternativas. En palabras de Ferreras, durante 2009, un 41,39% de los españoles se retiraron antes de cumpir los 65 años.

De este porcentaje, el 13% se jubila de manera parcial (trabaja menos horas a la vez que cobra su pensión), y del total de jubilados en 2009 (271.000 españoles), sólo 11.250 accedieron a ella con más edad de la establecida por ley.

Precisamente las «fugas» del actual sistema es objeto de análisis de Ferreras. Por ejemplo, según publica en su estudio, aquellas personas que se jubilan de forma parcial, que son los que alternan pensión y trabajo, cobran una pensión media de 1.519,94 euros al mes, más el 15% del salario total que percibían cuando trabajaban a jornada completa.

En los cálculos de Ferreras, un trabajador que se jubila con 65 años cobra una pensión de entre 1.116 euros al mes (la pensión media para todo el sistema de pensiones) o 1.403 euros si pertence al régimen general de la Seguridad Social. Es decir, la persona que trabaja menos horas cobra más que la que se jubila con la edad legal. Una sugerencia que hace Ferreras para la próxima reforma es que se supriman las prejubilaciones con cargo a la Seguridad Social para aliviar las cuentas públicas.

Otra sugerencia. El hecho de que en casi todos países de la Unión Europea, incluida España, se incumpla la edad de la jubilación legal es «pernicioso» para el sistema según Fidel Ferreras, miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social. Por este motivo advierte que es más urgente corregir los mecanismos de jubilación anticipada que ampliar la edad legal para recibir esta prestación, como proponía la UE en su Libro Verde de las pensiones (la recomendación europea fijaba los 70 años en 2060).

La causa, la esperanza de vida
En el estudio se analizan los condicionantes demográficos, clave para entender el por qué de la reforma del sistema de pensiones. El gasto en prestaciones por jubilación depende de la evolución de la esperanza de vida (esta se amplía 48 días cada año), un factor que, a su juicio, no se puede controlar. En su opinión, tampoco se puede sostener con la población inmigrante (se necesitarían muchos nacimientos y esas personas tendrían también derecho a una pensión en el futuro). Y es que, para Ferreras, el sistema no está «para promover cambios en la sociedad, sino para atender los cambios que se producen en la sociedad y cubrir así sus necesidades». En definitiva, la reforma no es urgente pero sí hay que trabajar desde ya para proponer soluciones.

Catalunya acumula el 42% de la contaminación que se vierte en el litoral mediterráneo español

Greenpeace lamenta que cada día se degradan 7,7 hectáreas de costa en todo el Estado, y que sólo el 11% de la costa catalana no está edificada. La costa valenciana, la más degradada en la última década.

Catalunya acumula el 42% de la contaminación que se vierte directamente al litoral mediterráneo en España, según el informe Destrucción a Toda Costa 2010, presentado hoy por Greenpeace.

Así, la ONG denunció que entre 2000 y 2002 se acumularon 994 expedientes por realizar vertidos ilegales. En Tarragona, señala el informe, han sido muy graves los efectos negativos que ha provocado el desarrollo de la industria química y petroquímica durante estos diez años. En 2002, 2004 y 2009 se han producido fugas de combustibles de las plataformas situadas en su frente litoral. La existencia de dos nuevos proyectos asociados a la plataforma petrolífera Casablanca (conectada ya con ocho pozos) no auguran un buen futuro para el delta del Ebro y las costas de Castellón, sostiene Greenpeace.

Degradación de la costa
España degrada 7,7 hectáreas de costa cada día que pasa para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial, según el informe presentado por la ONG. En el caso Catalunya, salvo las partes protegidas de su litoral, el resto de su costa está edificada en un 89%

La ONG ecologista ha denunciado también que en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día y añade que «no hay ningún indicio de abandono» de la construcción masiva en el litoral, ni tampoco del «fin del acoso» a los últimos espacios vírgenes. Así, y según la misma fuente, desde 1987 a 2005 se han destruido un total de 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario).

Este fenómeno «imparable» en la última década se ha extendido hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rías Baixas, Cantabria y Asturias.

Según Greenpeace, de todas las comunidades destaca la Valenciana por ser la que más ha destruido su litoral en esta década.

Bruselas bendice la fusión de Iberia y British Airways

La Comisión Europea aprobó hoy la fusión entre las aerolíneas Iberia y British Airways al considerar que la operación, que dará lugar a la tercera compañía de Europa, por detrás de Lufthansa y de Air France-KLM, y a una de las cinco más importantes del mundo, no plantea problemas de competencia.

Las aerolíneas Iberia y British Airways (BA) recibieron hoy la autorización de la Comisión Europea para fusionarse, el último paso pendiente tras el visto bueno de las autoridades de la competencia estadounidenses el mes pasado.

El Ejecutivo comunitario no consideró necesario imponer condiciones a la operación a pesar de que las actividades de ambas compañías se solapan en ciertos ámbitos -transporte de pasajeros y mercancías, asistencia en tierra, mantenimiento, reparación y revisión- al considerar que seguirán teniendo que hacer frente a una competencia lo suficientemente fuerte en el sector.

Las aerolíneas, miembros de la alianza Oneworld, formarán la que será la tercera compañía de Europa, por detrás de Lufthansa y de Air France-KLM, y una de las cinco más importantes del mundo.

La Bolsa de Valores de Londres ya ha reaccionado a la noticia con una subida del 0,48% de las acciones de BA, hasta 208 peniques.

Ambas compañías celebraron la autorización comunitaria y adelantaron que la operación podría materializarse antes de finales de año.

El acuerdo con BA supone «un elemento vital en el proceso de consolidación del sector aéreo en el que Iberia está desempeñando un papel protagonista» para el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, quien aseguró que «beneficiará a todos nuestros pasajeros, ya que dispondrán de más opciones de viaje».

El consejero delegado de BA, Willie Walsh, por su parte, consideró la autorización comunitaria un paso importante que permitirá una excelente «compenetración geográfica», entre las redes a Norteamérica, Asia y África de la aerolínea británica y las de África y Latinoamérica de Iberia.

La Comisión Europea examinó el impacto que la fusión tendría en las actividades que se solapaban entre estas dos compañías y concluyo que en ningún caso tendrá una repercusión significativa que perjudique a consumidores o competidores.

Según el acuerdo al que llegaron ambas compañías en abril, mantendrán su marca y respetarán sus operaciones de dimensión nacional, pero juntas tendrán una flota de más de 420 aviones y abarcarán destinos en más de cien países.

Iberia y BA esperan ahorrar alrededor de 400 millones de euros anuales a partir del quinto año de funcionamiento de la nueva aerolínea.

La fusión fue notificada a la CE el pasado 10 de junio, unos dos años después de que ambas aerolíneas revelasen por primera vez sus intenciones de colaborar.

En paralelo, el Ejecutivo de la UE autorizó bajo estrictas condiciones la alianza entre Iberia, British Airways y American Airlines (AA), lo que permitirá la explotación conjunta de las rutas del Atlántico Norte.

La Comisión Europea había manifestado su temor a que algunos aspectos de esta operación pudiesen suponer una violación de las normas antimonopolio de la UE y perjudicar a los consumidores en las rutas transatlánticas.

Para evitar los posibles problemas de competencia, las aerolíneas sugirieron remedios como ceder franjas horarias de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de Heathrow o de Gatwick (Londres), a elección del nuevo operador, para las rutas a Boston, Nueva York, Dallas y Miami.

Asimismo, ofrecieron a la competencia franjas horarias en el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy, así como facilitar el acceso a sus programas de fidelización en ciertas rutas, lo que permitirá a los pasajeros de los nuevos operadores autorizados por la CE acumular y canjear puntos.

Permitirán, por otro lado, la combinación de tarifas y la fijación de acuerdos especiales para las rutas afectadas a fin de que sus competidores puedan vender billetes para vuelos de las partes y facilitar el acceso al tráfico de conexión.

Se compromete, por último, a informar a la CE regularmente sobre su cooperación para continuar evaluando el impacto de la alianza en los mercados.

Los remedios propuestos por las compañías tendrán a partir de ahora carácter vinculante para los próximos diez años.

El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, aseguró que estas precauciones permiten llevar a cabo la operación sin perjudicar a los 2,5 millones de pasajeros que anualmente utilizan las rutas afectadas, que podrán seguir beneficiándose de frecuencias y precios competitivos.

Bruselas estudia en estos momentos proyectos similares entre los socios de Star Alliance (Lufthansa, Continental, United y Air Canada), así como entre los miembros de Sky Team (Air France/KLM y Delta/Northwest).

España tendrá que devolver más de 7 millones en ayudas agrícolas por irregularidades

Nueve Estados miembros deberán devolver un total de 265 millones de euros de las ayudas recibidas a través de la PAC; 224 corresponden al Reino Unido.

La Comisión Europea reclama 7,2 millones de euros en ayudas agrícolas recibidas por España al considerar que hubo irregularidades en los controles de las autoridades del país para garantizar el buen uso de estos fondos.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, declaró en un comunicado que su departamento «trabaja duro para lograr el mejor control posible del gasto agrícola y garantizar que el dinero del contribuyente no se malgasta».

En concreto, España deberá pagar cerca de 6 millones de euros por deficiencias en el control de las ayudas a la superficie concedidas en Aragón y otras partes del territorio nacional (5,7 millones de euros) y en Galicia (141.193 euros). Bruselas también obliga a España a recuperar 1,29 millones de euros al aceite de oliva. Además, tendrá que devolver 42.000 euros por fallos en el control de las ayudas especiales a las ayudas a la carne y al sacrificio de animales en el sector bovino.

Junto a España, otros nueve Estados miembros deberán devolver parte de las ayudas comunitarias recibidas a través de la Política Agraria Común (PAC). Con la decisión adoptada este viernes, Bruselas prevé recuperar más de 265 millones de euros de los que la mayor parte corresponden a Reino Unido (223,7 millones). También deberán devolver ayudas Hungría (13), Alemania (9,3 millones), Dinamarca (5 millones), Eslovenia (2 millones), Austria (1,7), Finlandia (1,6 millones), Luxemburgo (832.000 euros) y Eslovaquia (46.000 euros).

La Audiencia Nacional admite los recursos contra el recorte salarial de los funcionarios

El PSOE, que ahora ve necesario el recorte, juzgó que la congelación decretada por Aznar era una «cacicada».

La historia se repite. Como ya hiciera en 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar congeló los sueldos de los funcionarios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió el pasado día 9 a trámite los recursos presentados por CC OO y UGT contra el recorte salarial de los empleados públicos aprobado por el Gobierno el pasado 20 de mayo. El Ejecutivo decretó entonces una reducción de entre un 0,56 por ciento y un 7 por ciento de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos para ahorrar 4.500 millones de euros en el marco del plan de ajuste aprobado por el Ejecutivo para reducir el déficit público.

La decisión, que Comisiones Obreras calificó ayer en un comunicado como «confiscación» de los salarios de los empleados públicos, ha afectado no sólo al personal de la Administración General del Estado, sino también a los empleados de las administraciones autonómicas y locales y al personal estatutario.

Más afectados
A ellos se suman, entre otros, el personal docente universitario y dependiente del Ministerio de Educación, el personal militar profesional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Secretarios Judiciales y los distintos cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Tras este movimiento, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene veinte días para remitir a la Audiencia Nacional el expediente administrativo completo que ha motivado el recurso.

Pese a que los sindicatos se felicitaron ayer por la decisión de la Audiencia, el antecedente de 1997 no es nada halagüeño para sus intereses. Aquel año, tras la congelación salarial aprobada por el Ejecutivo de Aznar, las centrales también recurrieron y la Audiencia Nacional les dio la razón en primera instancia. El tribunal dictó en 2001 una sentencia en la que anulaba la congelación y condenaba al Gobierno del Partido Popular a pagar a los funcionarios más de 3.000 millones de euros, con sus respectivos intereses, como compensación por las cantidades dejadas de percibir entonces por estos empleados.

Pero la batalla no terminó ahí. El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo y éste le dio la razón e invalidó la sentencia de la Audiencia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional denegó la admisión de los recursos de amparo de Comisiones Obreras y UGT contra la decisión del Supremo. El Alto Tribunal estimó que el Plan de Convergencia de la Unión Monetaria y Económica, en el que se asumieron una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria, justificaba que el Gobierno de José María Aznar aplicara en 1997 una medida «tan drástica» como la de congelar los sueldos de los funcionarios, pese a que en 1994 el Ejecutivo de Felipe González firmó un acuerdo de revisión salarial del 2,6% para un periodo de tres años.

Las razones de peso esgrimidas por el Constitucional no le parecieron entonces suficientes a los socialistas. Si ahora han justificado el recorte como necesario para reconducir el elevado déficit, en aquel momento aseguraron que la congelación aprobada por Aznar era una «cacicada».

Defensor del Pueblo
La vía judicial no es la única a la que han recurrido los sindicatos para intentar paralizar el recorte. Ambas centrales también han solicitado la ayuda del Defensor del Pueblo. Así, las Federaciones Estatales de Servicios Públicos (FSP), de Transportes (TCM), de Servicios (FES) y de Enseñanza (FETE) de UGT presentaron el pasado 21 de junio un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de medidas antidéficit, en concreto a las referidas al empleo público.

Por su parte, el Área Pública de Comisiones Obreras, que integra las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, emplazaron el pasado día 29 de junio al Defensor del Pueblo a interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en el que se recorta el salario de los funcionarios.