La Seguridad Social enviará a las empresas borradores con las cotizaciones de sus empleados

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha presentado este martes el proyecto de Control de la Recaudación por Trabajador (Creta), por el que se informará a las empresas sobre las cotizaciones sociales que deben realizar. Por ahora, este sistema estará disponible para las empresas con menos de 15 trabajadores que voluntariamente quieran recibir estos «borradores».

Granado ha destacado que este sistema permitirá ahorrar gastos administrativos y de gestión «sin afectar a la calidad de la atención que presta la Seguridad Social». Por su parte, el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, ha apuntado que Creta «se irá extendiendo paulatinamente» a más empresas con el objetivo de que «en un futuro no muy lejano» sea obligatorio para todas.

El programa Creta ofrecerá mensualmente un documento similar al borrador de la declaración de la renta, en el que realizará la liquidación de las cotizaciones de las empresas. Asimismo, si las entidades consideran que hay algún error en los datos facilitados por la Seguridad Social, podrán corregirlos.

«Internet Explorer 9, más potente y seguro, no funcionará en Windows XP»

Hubo un tiempo en que navegar con el difunto Netscape o el recién salido Firefox era una rareza. Los maqueros seguían fieles a Safari y casi todo el mundo usaba Internet Explorer. De hecho, venía incluído con el sistema operativo Windows. En su última versión, por requerimiento de la Unión Europea, los clientes pueden elegir navegador. Gracias a esta medida y, en parte, al fiasco que resultó Internet Explorer 6, la cuota de uso de este programa fue mermando. Además, apareció Chrome, de Google. Ryan Gavin, responsable mundial de Internet Explorer, muestra algunas claves del nuevo navegador de Microsoft.

Pregunta: ¿Cuándo se publicará la versión definitiva de Internet Explorer 9 (IE9)?

Respuesta: Es sólo cuestión de días. La presentación preliminar dará paso a este nuevo programa. De momento, se puede usar una versión beta (de pruebas) que da una idea de cómo será la definitiva.

P: ¿Qué grandes cambios se podrán encontrar?

R: Muchos. Será radicalmente diferente. Antes de desarrollar la anterior versión de Explorer no se había dado la explosión de redes sociales, los buscadores no eran tan avanzados. Tampoco los mapas. Ni los vídeos. En cinco años esto ha estallado y nos hemos adaptado a ello. Es importante que la experiencia de navegación mejore. Nos hemos centrado en privacidad -sobre todo desde que hay redes sociales-, en la mejora de los estándares para adaptarnos a todas las páginas. Casi cualquier máquina -y lo enseña en un pequeño ordenador de viaje, de escasa potencia-, podrá ver vídeos en alta definición incrustados en la web sin que el procesador sufra más de lo debido.

P: ¿Por qué se lanza con tan poca diferencia con respecto a Internet Explorer 8?

R: Es cierto, salió hace poco más de año, pero queremos ir por delante. La versión definitiva de Explorer 9 supera la versión 8 en agilidad, ahorro de recursos, y facilidad de uso. El trabajo hecho por los desarrolladores es notable, aunque en muchos casos, el usuario no es consciente de ello.

P: ¿Sólo funcionará con Windows?

R: Sí, es hecho por Microsoft y para ordenadores con sistema operativo superior a Windows XP; en este sistema no funcionará. La red, hoy día, demanda un sistema operativo moderno, un navegador moderno y máquinas más preparadas. Funcionará en Vista y Windows 7. Por ejemplo, Internet Explorer 6 no se creó para el uso que se le dio después. No tenía aceleración por hardware, ni soporte para aplicaciones que salieron después. Nuestro compromiso ha de ser con el futuro. Además, el cuidado de la seguridad exige mejoras que un viejo sistema operativo no puede proporcionar.

P: Con el lanzamiento de IE 9, ¿quitarán del mercado algún navegador como hicieron con Explorer 6?

R: Me gustaría que todas las versiones anteriores desaparecieran. Que todo el mundo pasase a Explorer 9 porque es una experiencia radicalmente distinta. La diferencia con nuestros competidores es que son clientes de Windows y debemos darles soporte. Muchas empresas confían en nuestra labor, somos responsables. No es un capricho dejar un navegador, sino un compromiso.

P: ¿Soportará Flash?

R: Claro. La gente tiene que poder elegir y abrir la puerta a Adobe es una muestra de ello. Los desarrolladores crean la web y debemos darles oportunidades para ser libres.

P: ¿Qué tiene de nuevo Explorer 9?

R: Mejoras de velocidad, de gestión de procesos y facilidad de uso.

P: ¿Piensa que hará daño a su competencia con este lanzamiento?

R: No se trata de hacer daño, sino de permitir que la gente elija.

P: Ya, pero a ustedes la UE les obligó a incluir varios navegadores para que el usuario eligiese. Antes de Windows 7 su sistema operativo traía Internet Explorer por defecto. A raíz de este imperativo los usuarios descubrieron Firefox, Chrome y Opera.

R: Nos adaptamos a las peticiones de la UE y creemos que es bueno. En los últimos meses Internet Explorer 8 se ha puesto al mismo nivel que Firefox.

P: ¿Será posible tener instalado Internet Explorer 8 y 9?

R: Una vez que deje de ser una versión preliminar no tendrá sentido tener ambas. La últimas es mejor.

P: ¿Traerá su buscador, Bing, por defecto o dejará elegir al usuario?

R: Estamos volcados con Bing pero cada cual lo puede configurar como prefiera.

Caja Madrid-Bancaja prejubilará a sus empleados a partir de 55 años

La propuesta laboral que va a realizar el SIP que lideran Caja Madrid y Bancaja a los representantes de los trabajadores contempla prejubilaciones a partir de los 55 años, según fuentes no oficiales de la entidad, si bien la edad necesaria para que cuadren las cuentas a día de hoy sería de 53. Esta es la propuesta que van a llevar las siete cajas integrantes del SIP a las asambleas que celebran hoy y en las que debe aprobarse la operación. Aparte de las entidades madrileña y valenciana, integran esta fusión virtual las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Insular y Laietana.

«Tienen que salir 3.800 personas, 1.600 de las cuales vienen de Caja Madrid, y 53 años es la edad mínima para que salga justo esa cifra», explican las fuentes citadas. Ahora bien, lo que van a hacer las entidades es alargar las prejubilaciones durante varios años. De esta forma, empezarán por los empleados mayores de 55 años el primer año, seguirán al siguiente por los que cumplan esta edad y así sucesivamente.

No hay todavía un plazo definido para concluir este proceso, aunque otras fuentes hablan de tres años. En todo caso, sólo si cuando se llegue al fin de ese plazo no se ha llegado a la cifra de 3.800 empleados, se procederá a rebajar la edad, siempre según las fuentes. Oficialmente, un portavoz de Caja Madrid señala que «no hay ninguna edad mínima de prejubilación. Se están barajando posibilidades que aún no se han concretado».

El acuerdo inicial alcanzado con los sindicatos de las cajas establece que la reducción de plantilla prevista en el protocolo de fusión se hará exclusivamente a base de prejubilaciones y sin medida traumáticas, ni siquiera bajas incentivadas.

Prejubilados con el 80% del sueldo
Este acuerdo también estima que los empleados que serán obligados a prejubilarse percibirán el 95% de su salario base, lo que significa en torno al 80% de las percepciones reales, según han publicado distintos medios.

En general, las prejubilaciones -en las que el pago de la pensión se divide entre el Estado y la empresa- salen más baratas a las compañías que las bajas incentivadas. Pero esto es mucho más exagerado en el caso de la banca, donde las bajas suelen ofrecer enormes indemnizaciones a los trabajadores que se suman a ellas. El ejemplo más reciente es el de BNP-Fortis, donde el finiquito acordado ha sido de 70 días por año trabajado, frente a los 45 que contempla la legislación en caso de despido improcedente.

Este SIP cuenta con un total de 26.000 trabajadores. El acuerdo de garantías laborales suscrito el 10 de septiembre con los sindicatos recoge el mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores que pasen a la sociedad central, así como la apertura de un proceso de diálogo para la armonización de las condiciones laborales de los empleados de todas las cajas.

La plantilla de Sony se rebela

La paciencia de la plantilla de Sony ha llegado al límite. Los trabajadores de la fábrica de televisores de Viladecavalls convocaron ayer una huelga de 24 horas para el 21 de septiembre para reclamar garantías laborales por parte de la multinacional japonesa y de Ficosa y Comsa-Emte, los nuevos propietarios de la planta a partir de enero.

Después de dos años con el sueldo congelado, en principio para asegurarse un futuro próspero, los empleados siguen con el mismo temor que en el 2008. El plan de viabilidad que los trabajadores aceptaron como única vía de mantener sus puestos en la planta de Sony en Viladecavalls no tiene el final esperado por los empleados, que se ven desamparados.

Acuden a trabajar sin información. Esta es la realidad de los más de 1.000 trabajadores que la multinacional nipona Sony tiene en su planta vallesana, y que el pasado 7 de septiembre anunció que traspasará a las empresas catalanas Ficosa y Comsa-Emte.

Cambio en enero
El cambio de rutinas productivas es un mal menor ante la incertidumbre de quién seguirá el próximo 1 de enero. A partir de esa fecha, los trabajadores dependerán de los nuevos propietarios.

«Nos han asegurado que las personas competentes seguirán en la planta, y los que no sirvan los echarán», explica Ana, una trabajadora del turno de mañana que cada día tiene menos ambiciones dentro de la empresa.

Los miembros del comité les han asegurado que los nuevos propietarios de la planta se han comprometido a mantener la mayoría de los empleados, lo que supone la mitad más uno. «Eso solo beneficiaría a los fijos, que son unos 400, los demás, como yo, no tendríamos lugar en la nueva organización», lamenta otro trabajador, Carlos.

El presidente del comité de empresa, Iván Ramos, atribuyó el paro convocado al «nerviosismo» de los empleados. «El motivo principal es conseguir el mantenimiento del empleo y pactar salvaguardas en caso de que haya incumplimiento por parte de alguna de las empresas», insistió Ramos, que espera que la Generalitat convoque en breve una reunión de mediación que desencalle la situación y calme los ánimos de la plantilla. «Queremos algo más que buenas intenciones», advirtió. El principal temor de los sindicatos es que el traspaso de la planta de Sony no tenga detrás un plan industrial sólido.

Bajas sin indemnización
Marcharse no es una opción. Los empleados destacan que la dirección les ha advertido de que si se van ahora no les indemnizarán. «Nos dicen que somos personal con talento, y que si marchamos nos iremos a la competencia», dice Laura, tras acabar una larga jornada de trabajo.

Los nervios ya causaron un paro espontáneo de la producción el pasado miércoles con el fin de encontrar respuestas. En las dos reuniones mantenidas para discutir los planes y obtener garantías laborales, «no ha habido compromisos», según denunció CCOO.

«Desde el comité de empresa se nos ha dicho que harán lo necesario para defender nuestros derechos, si es necesario hasta cortaremos la autopista», advierte Joan. Él y cuatro compañeros más contemplan la situación entre el desánimo y la esperanza. Muchos de los trabajadores llevan más de 10 años en la planta, y en los últimos tiempos han tenido que soportar muchos cambios. «No tiene muy buena pinta», añade.

Los autónomos replican a Zapatero: «Que en el Inem ponga ‘Todo por la patria’»

El presidente de ATA no descarta que el Gobierno ponga en marcha toda una «ingeniería» de impuestos de diseño a nivel estatal y autonómico y cita como ejemplo el impuesto a las bolsas de plástico en Andalucía.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha tildado de «broma de mal gusto» las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que aseguraba que «los desempleados que estén recibiendo formación no deben ser considerados parados porque están trabajando para el país», al tiempo que ha ironizado con que «habrá que poner en la oficina del INEM el Todo por la Patria».

En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, el presidente de ATA ha lamentado que «tras dos años de crisis continúan sin solución los grandes problemas que afectan a los autónomos y que destruyen tejido empresarial», y ha vuelto a denunciar que el 60% del colectivo se ha encontrado con la negativa de las entidades para acceder al crédito.

A dos semanas para la huelga general, Amor ha asegurado que el autónomo «no se puede permitir el lujo» de cerrar su empresa «ni una sola hora». «La cultura de la huelga no está en el autónomo», ha sentenciado, para después tachar de «disparate» la convocatoria para el próximo 29 de septiembre.

En cuanto a la miniserie lanzada por UGT para denunciar las «mentiras» de la crisis, el ‘número uno’ de los autónomos ha lamentado que «acuse de maltratadores, estafadores y acosadores» a los autónomos y pequeños empresarios. «Es muy triste que se hagan esas acusaciones porque los emprendedores no son los culpables», ha remarcado.

Por último, el presidente de ATA ha advertido de que el Gobierno «no sólo» subirá el IRPF, y no ha descartado una «ingeniería» de impuestos de diseño a nivel estatal y autonómico, para citar como ejemplo el impuesto a las bolsas de plástico en Andalucía.

La protección social genera desempleo crónico

Parece una perogrullada, pero los expertos en políticas de empleo no dejan de repetirla desde hace tiempo: lo más peligroso para un parado es, precisamente, seguir parado. De todos los factores que influyen a la hora de encontrar un empleo (edad, sexo, sector profesional, educación,…) el que más peso tiene es el tiempo que se haya permanecido en el paro. Es decir, que cuanto más tiempo permanece uno sin trabajar, menos posibilidades tiene de subirse de nuevo al tren del empleo.

El problema es que en España ha sido precisamente el colectivo de parados de larga duración el que más ha crecido durante esta recesión. A finales de 2007 había 434.000 personas que llevaban más de un año de desempleo; una cifra que se ha multiplicado por 4 desde entonces, hasta los 1.810.000 que marcaba la última EPA; mientras que el número total de parados «sólo» se ha multiplicado por 2,5. En los últimos doce meses, 716.000 desempleados entraron en esta categoría, lo que implica un aumento del 65% respecto a 2009.

Estos datos son preocupantes por sí solos, pero además, empeoran en el caso de España debido al sistema de prestaciones por desempleo. Según el último Observatorio Laboral de la Crisis que publica Fedea, «la duración del desempleo se manifiesta como el factor más relevante para una salida hacia el empleo» y el «cobro del subsidio se manifiesta como un freno a la salida del desempleo», algo que se relaciona con «la intensidad de búsqueda, que decrece claramente con la existencia del subsidio». Además, este mismo estudio resalta que son los más jóvenes (menores de 25 años) y los más mayores (por encima de 45) los que mayores dificultades encuentran para entrar en el mercado laboral.
La semana pasada, la Comisión Europea dio a conocer el documento que analiza el uso de los Fondos Europeos de Adaptación a la Globalización (FEAG). Según este informe, sólo 170 de los 1.589 trabajadores de Delphi en Puerto Real que se beneficiaron de las ayudas para la búsqueda de empleo han encontrado trabajo.

Las soluciones que proponen los expertos suelen apuntar a la reducción temporal de los subsidios, a la posibilidad de ligarlos a la búsqueda activa de empleo, el cambio de un subsidio estatal predeterminado por un seguro contra el paro individualizado y la flexibilización del mercado laboral, que permita al desempleado acceder a puestos en diferentes sectores y lugares. Nada de esto está planteado en la última reforma laboral, que únicamente ha supuesto un avance por cuanto admite la posibilidad de que el Inem colabore con las agencias de trabajo temporal privadas en determinadas circunstancias.

En general, en todos los mercados analizados las características son las mismas: los parados de larga duración son el grupo con menos posibilidades de encontrar un empleo y los subsidios reducen aún más este porcentaje. En EEUU, los datos de desempleo de larga duración empiezan a ser preocupantes porque el siempre dinámico mercado laboral estadounidense muestra un número creciente de desempleados con varios meses en paro (ver gráfico). Así lo muestra el profesor Juan Rubio-Ramírez en su última entrada en Nada es Gratis, aunque viendo el gráfico se observa una «ligera» aunque significativa diferencia: al otro lado del Atlántico miden en semanas lo que aquí se mide en meses o, incluso, en años.

Sarkozy quiere más propietarios de viviendas, pero con menos ayudas

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha subrayado su voluntad de aumentar el porcentaje de propietarios de viviendas en al menos 15 puntos -del 58% actual, al 76%-, para equipararlo a la media europea, al presentar la reforma de la normativa de ayudas, que reduce los fondos públicos.

La nueva disposición se limita a un préstamo sin interés del que podrán beneficiarse aquellos que quieran adquirir su primera residencia principal, y no como hasta ahora cualquier comprador, a condición de no superar un determinado nivel de ingresos.
La cantidad del préstamo a tipo cero dependerá de cuatro criterios: la zona geográfica de la vivienda: se privilegian aquellas donde hay más demanda), el número de personas que forman la familia, el hecho de que la casa sea nueva o usada y su eficiencia energética.

El coste estimado para el Estado es de 2.600 millones de euros, frente a los 4.400 millones que hubiera costado el dispositivo de subvenciones en vigor hasta ahora.

Sólo un 58% es propietario
El principal cambio es la supresión de la exención de los intereses de los créditos inmobiliarios, medida estrella del «paquete fiscal» que había aprobado Sarkozy al inicio de su presidencia en 2007 y que habría representado un gasto público de 3.000 millones en 2013, tres veces más de lo constatado en 2009. También desaparece el «pass foncier» que permitía aplazar el pago del solar hasta que se hubiera pagado la construcción de la vivienda.

El presidente francés ha puesto el acento en que su «objetivo» es que haya un 76% de propietarios de vivienda, es decir alcanzar la media europea, muy superior al 58% que se da en Francia.

Corredor pide «prudencia» ante el repunte del precio de la vivienda en el segundo trimestre

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que el mercado inmobiliario «está más dinámico y tiende a normalizarse», si bien ha señalado que hay que ser «prudentes» ante la subida en un 1,6% de los precios de la vivienda durante el segundo trimestre, ya que en tasa interanual sigue cayendo un 0,9% y el comportamiento es «distinto según la localización geográfica».

«Habrá que estar atentos en los próximos trimestres a las decisiones de compra de los ciudadanos», ha indicado Corredor en declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la Comisión de Vivienda del Congreso, si bien ha señalado que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman los que maneja su departamento y acreditan que se mantiene la tendencia de moderación en el descenso de los precios.

Asimismo, ha señalado que los datos de transacciones muestran que el mercado «está más dinámico y tiende a normalizarse», si bien esto no implica que se vayan a llegar a las cifras de operaciones e iniciación de viviendas de hace unos años.

En este sentido, ha recalcado que la iniciación de viviendas debe «equilibrarse» a la evolución de la demanda y «estar cumplimentada» por el alquiler y la rehabilitación. «Con los datos que estamos conociendo parece que esta tendencia se está confirmando», ha señalado.

CatalunyaCaixa, la nueva Caixa Catalunya

La segunda caja catalana, Caixa Catalunya, y las de Manresa y Tarragona, que han protagonizado una de las fusiones más importantes de estas entidades de ahorro, se darán a conocer con la nueva marca comercial de «CatalunyaCaixa».

El consejo de administración de la nueva entidad aprobó ayer este nuevo nombre comercial, que hoy será presentado a los medios de comunicación y a la plantilla de trabajadores, según ha confirmado Caixa Catalunya.

La agencia de publicidad Clase y, en concreto, el arquitecto Claret Serrahima ha sido los encargados de crear la nueva marca, que no ha sorprendido demasiado ya que los responsables de las tres entidades de ahorro ya habían expresado su deseo de que mantener la palabra «Catalunya».

En el camino por cerrar la fusión, las tres entidades tienen todavía pendiente la elección del nuevo equipo de dirección, proceso que continúa abierto y que se prevé no finalice hasta finales del próximo mes de noviembre, según las mismas fuentes.

Zapatero busca cómo sacar de las listas de paro a 790.000 desocupados

La llama la encendió ayer en Oslo el presidente del Gobierno y desde entonces no ha dejado de alumbrar. Zapatero aseguró que los trabajadores sin empleo que reciban algún curso de formación deben dejar de ser considerados parados. Y utilizó un argumento: “Están trabajando para el país”, dijo.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que de llevarse a cabo este principio hasta sus últimas consecuencias casi 800.000 desempleados que hoy cursan algún estudio –reglado o no- dejarían de ser considerados parados. En concreto, 790.000 desocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de este año. De esa cifra, 274.200 parados cursan un estudio reglado y el resto lo hace al margen del sistema educativo. En total, el 17% de los 4,64 millones de parados quedaría fuera de las cifras de paro.

La idea de endurecer los requisitos para que un ciudadano sin empleo pueda ser considerado parado es vieja como el propio Inem. Y ya en 1985 se excluyó de esta consideración a los alumnos de formación profesional ocupacional siempre que superaran las 20 horas lectivas semanales, tuvieran una beca de manutención o fueran demandantes de primer empleo, como recuerdan en este artículo los profesores Toharia y Malo. Esta filosofía es la que se mantuvo en la última reforma del paro registrado (año 2004) en la que se excluyó a los demandantes de empleo que asistieran a un curso ocupacional. El argumento que se dio en su momento es que los estudiantes que asisten a cursos de formación no están disponibles para trabajar.

Ahora, por lo tanto, y en plena crisis del empleo, se quiere dar una vuelta de tuerca a la consideración oficial de parado. Y el instrumento elegido es la formación de los trabajadores mientras se encuentran en situación de desempleo. ¿Cuál es el problema? Más allá de las polémicas políticas, lo relevante es que España es uno de los países de Europa que menos dinero dedica a la formación de sus trabajadores mientras se encuentran en paro, como pone de relieve este estudio del profesor Felgueroso publicado en la web Nada es Gratis. Pero no sólo eso, gasta poco dinero (2.572 millones en el subsistema de formación para el empleo tanto para ocupados como parados) y también lo gasta mal.

Cursos de formación para parados cualificados
Mientras que el desempleo se ha cebado con especial intensidad en los sectores productivos menos cualificados (construcción) los parados que cursan estudios son, precisamente, los que tienen mayor cualificación, que en teoría son quienes tendrán menos dificultades para encontrar un empleo.
De los 790.800 parados que participan en cursos de formación, tan sólo el 10% tiene educación primaria o son considerados analfabetos, cuando representan el 25% de los parados. Sin embargo, 255.200 desempleados cursan estudios pese a contar con educación superior, muy por encima de su peso en el mercado de trabajo. Representan el 32% de los parados que cursan formación, cuando su peso en el conjunto del desempleo supone sólo un 17%.

Según Zapatero, la formación es la clave para salir de la crisis. Y no le falta razón. El problema es que, según los datos más recientes de la Fundación Tripartita (Gobierno, empresarios y sindicatos), tan sólo el 18% de las empresas realiza alguna actividad vinculada a la formación de sus trabajadores. El porcentaje baja incluso hasta el 14% en el caso de las empresas con menos de 10 trabajadores, que son la gran mayoría del tejido industrial del país.